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RODEMA
RODEMA, Abogada
Categoría: Derecho Civil
Clientes satisfechos: 51
Experiencia:  divorcios, alquileres, herencias, morosos
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1 .- Ante una ejecuci n de TOMA DE POSESION del inmueble Local

Pregunta del cliente

1ª.- Ante una ejecución de TOMA DE POSESION del inmueble Local bajo, por adjudicación mediante AUTO JUDICIAL y habiendo fallecido el demandado titular y quedando la esposa del demando, que en la práctica de la Diligencia, manifiesta que el local está alquilado y que ella está en régimen de BIENES GANACIALES, con su fallecido esposo. Resultando la Diligencia mediante EXHORTO, y después de recoger las manifestaciones de la esposa por la Comisión Judicial y aplicando el art. 704.2 de la LEC, la cierran en NEGATIVA.
La pregunta, cabe IMPUGNACION, RECURSO, REPOSICION, TERCERIA, NULIDAD o COMPETENCIA DE LAUDO, ante esta situación nueva, tanto por los BIENES GANANCIALES que le son usurpados a la esposa, como por la situación de terceros que pagan alquiler y con OPCION A COMPRA, y que no tienen nada que ver con el DEMANDADO, ya fallecido. GRACIAS
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Derecho Civil
Experto:  José M escribió hace 5 año.

Hola:

 

le indico el artículo al efecto:

 

661. 2 LEC

 

El ejecutante podrá pedir que, antes de anunciarse la subasta, el tribunal declare que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que éste se haya enajenado en la ejecución. La petición se tramitará con arreglo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 675 y el tribunal accederá a ella y hará, por medio de auto no recurrible, la declaración solicitada, cuando el ocupante u ocupantes puedan considerarse de mero hecho o sin título suficiente. En otro caso, declarará, también sin ulterior recurso, que el ocupante u ocupantes tienen derecho a permanecer en el inmueble, dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro adquirente para desalojar a aquéllos.

 

Si ya tienen el auto de ejecución que les obliga a abandonar el inmueble deben hacerlo. No cabe recurso



Editado por JoseMagadan el 30/01/2011 a las 22:15 EST
Cliente: escribió hace 5 año.

Creo que no se ha leido bien, la pregunta formulada.

La subasta ya fue. No habido personacion en los Autos.

Le digo que es a partir de la toma de posesión y habiendo sido NEGATIVA.

y le pregunto sobre la opcion de BIENES GANANCIALES.

Todo lo que me ha respondido, se ha referido a lo pasado y lo que ya se por la LEC

Esperaba una respuesta, mas amplia y profesional, ya que hay que leerse bien lo preguntado.

ESPERO MAYOR ACLARACION

Experto:  José M escribió hace 5 año.

Bueno, pues le responderé que no, no cabe ya la tercería, ni IMPUGNACION, ni RECURSO, ni REPOSICION, ni TERCERIA, ni NULIDAD ni COMPETENCIA DE LAUDO.

 

Todo eso se debió alegar en tiempo y forma, el momento procesal ha pasado, y no cabe recurso. previamente se pudieron alegar esos aspectos, obviemante, pero ahora no.

 

Si ya existe, y ya lo había leido, el auto de puesta a disposición, no cabe alegar ahora ninguno de los argumentos por ud esgrimidos.

 

Si ya conoce el contenido de la LEC, sabrá que es en ella donde sacar la misma solución que le estoy dando. Y entiendo que busque algo diferente, y le deseo suerte en su búsqueda.

 

 



Editado por JoseMagadan el 30/01/2011 a las 23:02 EST
Cliente: escribió hace 5 año.
Volver a incluir en lista: Respuesta incompleta..
Cliente: escribió hace 5 año.
Volver a incluir en lista: Respuesta imprecisa..
Cliente: escribió hace 5 año.
Volver a incluir en lista: Respuesta incompleta..
Tiene que ser un experto en LEC y en asuntos INMOBILIARIOS y BIENES GANANCIALES
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

La pregunta, cabe IMPUGNACION, RECURSO, REPOSICION, TERCERIA, NULIDAD o COMPETENCIA DE LAUDO, ante esta situación nueva, tanto por los BIENES GANANCIALES que le son usurpados a la esposa, como por la situación de terceros que pagan alquiler y con OPCION A COMPRA, y que no tienen nada que ver con el DEMANDADO, ya fallecido.

 

La respuesta:

 

Sobre arrendatarios no cabe terceria de domino, adjunto sentencia:

 

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil).Sentencia núm. 840/1999 de 18 octubre

RJ\1999\7336

TERCERIA DE DOMINIO: IMPROCEDENCIA: arrendamientos urbanos: el arrendador no puede ser en ningún caso titular del derecho de traspaso del local que tiene arrendado, careciendo, por tanto, de legitimación activa para promover demanda de tercería con respecto al mencionado derecho; DERECHO DE TRASPASO: no puede ser materia de una tercería de dominio, lo que no implica indefensión, puesto que el tercero puede ejercitar el derecho que le asista contra quien y como le corresponda sin entablar tercería.

 

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 319/1995

Ponente: Excmo Sr. francisco morales morales

 

«La Viñina, SA» formuló demanda, en juicio de menor cuantía sobre tercería de dominio, contra la Agencia Estatal Tributaria de la Delegación de Cáceres y contra «Sobrinos de Gabino Díez, SL».El Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Cáceres dictó Sentencia el 29-3-1994, desestimando la demanda.En grado de apelación, la Audiencia Provincial dictó Sentencia el 16-11-1994, estimándola.El TS declara haber lugar al recurso de casación, casa y anula la Sentencia recurrida y confirma en su lugar la dictada por el Juzgado.

 

Recurso de Casación Núm.: 319/1995

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales

Votación y Fallo: 30/09/99

Secretaría de Sala: Sr. Bazaco Barca

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA NUM. 840/1999

Excmos. Sres.:

D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta

D. Pedro González Poveda

D. Francisco Morales Morales

En la Villa de Madrid, a dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el presente recurso de casación, contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, como consecuencia de autos de juicio de tercería de dominio, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de dicha ciudad; cuyo recurso ha sido interpuesto por Agencia Estatal de la Administración Tributaria, representada por el señor Abogado del Estado; siendo parte recurrida «La Viñina, SA» representada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig Mauri, sustituido por la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El Procurador de los Tribunales don Jorge Campillo Alvarez en nombre y representación de «La Viñina, SA», formuló ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Cáceres, demanda de tercería de dominio, contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Delegación de Cáceres y contra «Sobrinos de Gabino Díez, SL», alegó los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que se acuerde la suspensión de las actuaciones de apremio, declarando en su día que el dominio de los bienes embargados descritos pertenecen en propiedad a su principal, liberándolos de las trabas efectuadas, dando traslado a las partes ejecutantes y ejecutada de esta demanda, y sustanciándola por los trámites del juicio de menor cuantía.

SEGUNDO.-Admitida la demanda y emplazados los demandados, se personó en autos el Abogado del Estado en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, quien contestó a la demanda, alegó los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando se dicte sentencia desestimando la demanda e imponga al actor el pago de las costas del procedimiento.

Habiendo transcurrido el término del emplazamiento sin que la demandada entidad «Sobrinos de Gabino Díez, SL», haya comparecido en autos, fue declarada en rebeldía.

TERCERO.-Convocadas las partes para comparecencia, se celebró en el día y hora señalados con los resultados que constan en autos. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes para su instrucción.

CUARTO.-El Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia dictó Sentencia en fecha veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo fallo es el siguiente: «Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador señor Campillo Alvarez en representación de la parte actora, absolviendo a los demandados Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Delegación de Cáceres, y a "Sobrinos de Gabino Díez, SL" de los pedimentos contra ellos solicitados dimanantes de la acción de tercería de dominio ejercitada. Ello con imposición en costas a la parte actora».

QUINTO.-Apelada la Sentencia de primera instancia, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, dictó Sentencia en fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, cuya parte dispositiva a tenor literal dice así: «Que acogiendo el recurso de apelación entablado por la representación de la sociedad "La Viñina, SA" contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Cáceres de fecha 29 de marzo de 1994, en los autos de tercería a que este rollo se contrae, debemos revocar y revocamos la misma, y en su consecuencia estimando en su totalidad la demanda rectora del proceso, deducida por aquella sociedad, mandamos que se levante el embargo trabado sobre el derecho de traspaso del local núm. ... de la Avenida de Alemania núm. ... de Cáceres, en el procedimiento de apremio en vía administrativa seguida a instancia de Agencia Estatal Tributaria contra la empresa "Sobrinos de Gabino Díez, SL", al declarar la pertenencia de dicho derecho en comunidad, a la entidad demandante con la preceptiva imposición de costas en la instancia a los demandados y sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas en esta alzada».

SEXTO.-El Abogado del Estado en la representación que le otorga el art. 447.1 de la LOPJ, comparece en nombre de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, interponiendo recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: I.-Que se formula al amparo del art. 1692.4º de la LECiv, modificada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, sobre Medidas Urgentes de Reforma Procesal, la Sentencia recurrida infringe las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicables para resolver la cuestión objeto de debate, y concretamente lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Texto Refundido aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, en relación con el art. 1532 de la LECiv, así como la jurisprudencia del TS contenida en las Sentencias de 14 de junio de 1988 (RJ 1998, 4929) y 17 de junio de 1993 (RJ 1993, 5375). II.-Al amparo del art. 1692.4º de la LECiv, modificada por la Ley núm. 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, la Sentencia recurrida infringe la doctrina del TS, reflejada, entre otras, en las Sentencias de 20 de marzo (RJ 1992, 2212) y de 24 de abril (RJ 1992, 3410) ambas del año 1992. III.-Que se formula al amparo del art. 1692.4º de la LECiv, modificada por la Ley núm. 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, la Sentencia recurrida infringe las normas del ordenamiento jurídico y concretamente el mencionado art. 1227 del CC. IV.-Que se formula al amparo del art. 1692.4º de la LECiv, modificada por la Ley núm. 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, la Sentencia recurrida infringe las normas del ordenamiento jurídico y concretamente los arts. 6.4 y 7.2 del CC, así como la jurisprudencia del TS, citándose entre otras, la de 15 de abril de 1992 y 24 de abril de 1992, citada antes.

SEPTIMO.-Admitido el recurso por Auto de fecha 29 de septiembre de 1995, se entregó copia del escrito a la entidad recurrida, conforme al art. 1710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que en el plazo de 20 días pudiera impugnarlo.

OCTAVO.-El Procurador don José Luis Ortiz Cañavate y Puig Mauri en nombre de la entidad mercantil «La Viñina, SA», sustituido más adelante por doña Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld, presentó escrito de impugnación al recurso de casación, y tras alegar los motivos que estimó pertinentes, terminó suplicando se dicte sentencia por la cual se desestimen los cuatro motivos de casación invocados, confirmando la sentencia recurrida y con expresa condena en costas al promotor del remedio.

NOVENO.-No habiendo solicitado las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día treinta de septiembre del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Los presupuestos fácticos que, de momento, han de ser aquí consignados, son los siguientes: 1º doña Amelia y doña Carmen G. R. son (o eran) copropietarias, en proindiviso y por mitad cada una, del local comercial núm. 1, sito en la Avenida de Alemania, núm. ..., de Cáceres. 2º Con fecha 1 de octubre de 1983, doña Amelia y doña Carmen G. R., arrendaron el referido local comercial (cada una por su mitad indivisa) a la entidad mercantil «Sobrinos de Gabino Díez, SL». El referido contrato de arrendamiento contiene la cláusula adicional cuarta, a la que más adelante nos referiremos. 3º Con fecha 11 de diciembre de 1987 se constituyó la entidad mercantil «La Viñina, SA», suscribiendo las acciones de la misma doña Amelia G. R., para cuyo desembolso aportó a dicha sociedad, aparte de otros bienes, su mitad indivisa del expresado local comercial. Por tanto, a partir de entonces, la entidad mercantil «La Viñina, SA» pasó a ser arrendadora (en una mitad indivisa) de dicho local comercial, en unión de doña Carmen G. R. (copropietaria y arrendadora de la otra mitad indivisa). 4º Como ya antes dejamos anunciado, el contrato de arrendamiento (de fecha 1 de octubre de 1983) del referido local comercial contiene la cláusula adicional cuarta, que literal e íntegramente dice así: «La arrendataria no podrá ceder, traspasar o subarrendar en todo ni en parte el objeto de este contrato, sin la previa autorización escrita del arrendador. Por ello, la arrendataria renuncia, formal y expresamente, a cualquier derecho que la Ley de Arrendamientos Urbanos ( RCL 1964\2885; RCL 1965\86 y NDL 1844) le pudiera otorgar con relación al traspaso, a la cesión o al subarriendo del objeto arrendado. Asimismo, renuncia a sus derechos de tanteo y retracto». 5º En expediente administrativo de apremio 852/1992, seguido por deudas fiscales de la arrendataria del referido local comercial, entidad mercantil «Sobrinos de Gabino Díez, SL», la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la Delegación de Cáceres, con fecha 10 de noviembre de 1992, trabó embargo sobre el derecho de traspaso de la entidad mercantil deudora («Sobrinos de Gabino Díez, SL») con relación al repetido local comercial arrendado. 6º La entidad mercantil «La Viñina, SA» (arrendadora de la mitad indivisa del local comercial) interpuso ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de Cáceres, tercería de dominio administrativa con respecto al embargo trabado sobre el derecho de traspaso del local comercial arrendado, habiendo transcurrido el plazo legal sin recaer resolución expresa acerca de la misma.

SEGUNDO.-

Con base en dichos presupuestos fácticos, la entidad mercantil «La Viñina, SA» promovió contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de Cáceres (ejecutante en el antes referido procedimiento administrativo de apremio) y contra la entidad mercantil «Sobrinos de Gabino Díez, SL» (ejecutada en el mismo) el proceso de tercería de dominio del que este recurso dimana, en el que, alegando, al parecer, que ella (la demandante-tercerista) es la titular del derecho de traspaso del local arrendado y no la arrendataria entidad mercantil «Sobrinos de Gabino Díez, SL», postuló (según se dice textualmente en el «petitum» de la demanda) se dicte sentencia «declarando en su día que el dominio de los bienes embargados descritos pertenecen en propiedad a mi principal, liberándolos de las trabas efectuadas».

La codemandada «Sobrinos de Gabino Díez, SL» no se personó en el proceso, por lo que, en su momento, fue declarada en rebeldía, haciéndolo solamente la codemandada Agencia Estatal de Administración Tributaria, representada por el Abogado del Estado, que se opuso a la demanda y pidió la desestimación de la misma.

La Sentencia de primera instancia desestimó la demanda.

En el correspondiente recurso de apelación, interpuesto por la demandante-tercerista entidad mercantil «La Viñina, SA», la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres dictó Sentencia de fecha 16 de noviembre de 1994, por la que, revocando la de primera instancia, estimó la demanda y mandó «que se levante el embargo trabado sobre el derecho de traspaso del local núm. ... de la Avenida de Alemania núm. ... de Cáceres, en el procedimiento de apremio en vía administrativa seguida a instancia de Agencia Estatal Tributaria contra la empresa "Sobrinos de Gabino Díez, SL", al declarar la pertenencia de dicho derecho en comunidad a la entidad demandante».

Contra la referida Sentencia de la Audiencia, el Abogado del Estado, en representación de la demandada Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ha interpuesto el presente recurso de casación, que articula a través de cuatro motivos.

TERCERO.-

La Sentencia aquí recurrida basa, sustancialmente, la «ratio decidendi» de su pronunciamiento estimatorio de la demanda de tercería de dominio en que considera justificada la titularidad de la tercerista-arrendadora «La Viñina, SA» sobre el derecho de traspaso del local comercial arrendado, a virtud de la renuncia que a dicho derecho de traspaso hizo la arrendataria entidad mercantil «Sobrinos de Gabino Díez, SL» en la cláusula adicional cuarta del contrato de arrendamiento de fecha 1 de octubre de 1983 (que ha sido transcrita -dicha cláusula- en el apartado 4º del fundamento jurídico primero de esta resolución).

CUARTO.-

En el motivo primero, al amparo del ordinal cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia textualmente que «la Sentencia recurrida, cuando afirma en el inicio del cuarto de sus fundamentos jurídicos que "la entidad actora es tercerista con justo título, sobre los derechos de traspaso del local litigioso, por pertenecerle al renunciar el arrendatario a ellos", infringe las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicables para resolver la cuestión objeto del debate, y concretamente lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Texto Refundido aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, en relación con el art. 1532 LECiv, así como la jurisprudencia de esa Excma. Sala Primera del Tribunal Supremo, contenida en las Sentencias de 14 de junio de 1988 ( RJ 1988\4929) y de 17 de junio de 1993 ( RJ 1993\5375)». En el alegato integrador de su desarrollo, la entidad pública recurrente viene a sostener, en esencia, que del derecho de traspaso de un local arrendado no es titular, en ningún caso, el arrendador, por lo que siempre carece de legitimación activa «ad causam» para ejercitar una tercería de dominio con respecto a dicho derecho de traspaso.

El tratamiento casacional que ha de corresponder al expresado motivo es el que se desprende de las consideraciones que seguidamente se exponen. Condición esencial, básica e ineludible para la prosperabilidad de cualquier tercería de dominio es la de que el tercerista sea titular del derecho que, mediante dicha tercería, pretende liberar del embargo trabado sobre el mismo (que es la teleología o finalidad institucional de toda tercería de dominio). El derecho de traspaso de los locales de negocio arrendados es un derecho del que única y exclusivamente puede ser titular el correspondiente arrendatario, pues dicho derecho consiste «en la cesión mediante precio de tales locales, sin existencias, hecha por el arrendatario a un tercero, el cual quedará subrogado en los derechos y obligaciones nacidos del contrato de arrendamiento» (artículo 29 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, que es el aplicable a este supuesto por razones cronológicas). Si el arrendatario renuncia a su exclusivo derecho de traspaso (renuncia que es legalmente factible conforme al artículo 6.3 de la citada Ley Locativa), el expresado derecho se extingue o deviene inexistente, pero no pasa a ser titular del mismo el arrendador, ya que éste (una vez extinguido el arrendamiento) puede volver a arrendar a otra persona, pero no a virtud del expresado derecho de traspaso (extinguido o inexistente como consecuencia de la renuncia que hizo al mismo el anterior arrendatario), sino simplemente con base en su derecho de propiedad sobre el local que nuevamente se propone arrendar. Por tanto, y resumiendo lo anteriormente dicho, el arrendador no puede ser en ningún caso titular del derecho de traspaso del local que tiene arrendado, y, por tanto, carece siempre de legitimación activa «ad causam» para promover, una tercería de dominio con respecto a dicho derecho de traspaso

. Si, no obstante la renuncia hecha por el arrendatario a su derecho de traspaso, un acreedor de tal arrendatario (no debidamente informado o maliciosamente intencionado) traba embargo sobre dicho inexistente derecho de traspaso, tanto el propio arrendatario, como el mismo arrendador, podrán hacer valer sus derechos, a través del proceso adecuado o por la vía de los recursos correspondientes, para que se alce dicho embargo indebidamente trabado, pero en ningún caso a través de una tercería de dominio ejercitada por el arrendador, el cual, volvemos a decir, no es titular de ese inexistente (por renunciado por el arrendatario) derecho de traspaso. Esto es lo que ya tiene declarado esta Sala, en su Sentencia de 14 de junio de 1988, que luego reitera la de 17 de junio de 1993, cuando la primera de ellas proclama que «... el derecho de traspaso de un local comercial no puede ser materia de una tercería de dominio

, que requiere siempre el ejercicio de una acción real sobre cosa corporal de la pertenencia del demandante, lo que no implica indefensión, puesto que el tercero puede ejercitar el derecho que le asista contra quien y como corresponda, sin entablar tercería»

. Por todo lo hasta aquí razonado, el presente motivo primero ha de ser estimado, con lo que deviene innecesario el examen de los tres restantes, que tienen la misma finalidad impugnatoria que el aquí examinado, aunque desde otras perspectivas jurídicas.

QUINTO.-

El acogimiento del motivo primero con las consiguientes estimación del recurso y total casación y anulación de la sentencia recurrida, obliga a esta Sala a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate (núm. 3º del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), lo que, con base en los razonamientos expuestos en el fundamento jurídico anterior de esta resolución, ha de hacerse en el sentido de confirmar íntegramente el «fallo» de la sentencia de primera instancia, en cuanto desestima la tercería de dominio ejercitada, aunque no por los razonamientos expuestos en dicha sentencia sino por los que han sido desarrollados en el fundamento jurídico anterior de la presente; en aplicación de lo establecido en los artículos 523.1 y 710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de imponerse expresamente a la demandante-tercerista «La Viñina, SA» las costas de primera y segunda instancia; al haber sido estimado el presente recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas del mismo, sin que haya lugar a acordar la devolución del depósito, al no haber sido constituido el mismo, por hallarse el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, exento de la obligación de constituirlo.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Que con estimación del presente recurso, interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ha lugar a la total casación y anulación de la recurrida Sentencia de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres en el proceso a que este recurso se refiere (autos núm. 212/1993 del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de dicha capital) y, en total sustitución de lo en ella resuelto, esta Sala acuerda que debemos confirmar y confirmamos íntegramente el «fallo» de la Sentencia de primera instancia, de fecha veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por el mencionado Juzgado en el referido proceso; con expresa imposición a la demandante «La Viñina, SA» de las costas de primera y de segunda instancia; sin expresa imposición de las costas de este recurso de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente de esta sentencia, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Ignacio Sierra y Gil de la Cuesta.-Pedro González Poveda.-Francisco Morales Morales. Rubricados.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 

Respecto bienes gananciales, he encontrado una sentencia muy interesante que recoje que si la mujer no se opuso a negocios durante matrimonio no cabrá tercería alguna:

 

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 1ª).Sentencia núm. 207/2002 de 29 abril

JUR\2002\221911

TERCERIA DE MEJOR DERECHO: PROCEDENCIA: bienes gananciales: responden directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por uno de los cónyuges: no consta la oposición de la esposa al ejercicio mercantil profesional del marido: el aval no debe de ser calificado como verdadera operación a título gratuito cuando va a facilitar el desenvolvimiento negocial de la sociedad deudora de la que el marido avalista es partícipe.

 

Jurisdicción: Civil

Recurso núm. 14/2002

Ponente: Ilmo. Sr. D. eugenio santiago dobarro ramos

 

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife declara no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por doña María T. C. y otros contra la Sentencia de fecha 15-10-2001 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife.

 

En Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de abril de dos mil dos.

Visto, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. Sres antes reseñados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Núm. UNO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, tercería de mejor derecho. Seguido entre partes, como demandante PREFABRICADOS MAHER, SA, representado por el Procurador DOÑA RENATA M. V., y dirigido por el Abogado DOÑA MONICA MARIA C. H., como demandados DOÑA MARIA DE LOS ANGELES T. C. y XXXXX XXXXX MANUEL B. P., representados por la Procuradora DOÑA CARMEN BLANCA O. R., y dirigidos por el Abogado DOÑA TERESA P. C. G., y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS (CAJACANARIAS), representada por el Procurador DON ANTONIO D. M. O., y dirigida por el Abogado DON ANTONIO L. B., ha pronunciado EN NOMBRE DE S. M. EL REY, la presente sentencia siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON EUGENIO -SANTIAGO DOBARRO RAMOS, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En los autos indicados por la ILMA. SRA. MAGISTRADO-JUEZ DOÑA RAQUEL ALEJANO GOMEZ, se dictó sentencia el día 15 de octubre de 2001, en cuya parte dispositiva se contiene, a los efectos del recurso, el siguiente

FALLO « Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora DOÑA RENATA M. V. en nombre de la entidad PREFABRICADOS MAHER, SA, debo declarar la preferencia del crédito de dicha entidad con respecto al de la demandada CAJACANARIAS, en el orden de su satisfacción y acordando que con el producto de la realización de los bienes embargados se haga pago al actor del crédito preferente que ostenta por la cantidad de 4.679.347 ptas., más intereses legales y costas, todo ello con imposición de las costas causadas en la presente tercería a los demandados.

Así por esta mi sentencia, frente a la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de CINCO días, mediante escrito presentado en este Juzgado en el que deberá citarse la resolución apelada manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que se impugnan y que deberá ir suscrito por Letrado y Procurador, para ante la Audiencia Provincial de esta capital, lo pronuncio mando y firmo. «

SEGUNDO

Notificada la anterior sentencia, por los demandados DOÑA MARIA DE LOS ANGELES T. C. y XXXXX XXXXX MANUEL B. P., representados por la Procuradora DOÑA CARMEN BLANCA O. R., y dirigidos por el Abogado DOÑA TERESA P. C. G., y CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS (CAJACANARIAS), representada por el Procurador DON ANTONIO DUQUE M. O., y dirigida por el Abogado DON ANTONIO L. B., se preparó el recurso y por preparado formuló el correspondiente recurso de apelación por ambas demandadas, evacuándose el respectivo traslado por la otra parte actora, remitiéndose seguidamente lo actuado a esta Sección.

TERCERO

Así, iniciada la alzada y seguidos todos sus trámites se señaló día y hora para la votación, que tuvo lugar el día veintitrés de abril de 2002 conforme fue acordado.

CUARTO

En la tramitación del recurso se han observado la prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Por la parte demandada apelante representada por la Procuradora DOÑA CARMEN BLANCA O. R., se solicita la revocación en base a lo ya alegado, y, sustancialmente que no todo bien embargado puede hacer efectiva cualquier débito, pues el titular del bien trabado sólo ha de soportar la ejecución del crédito del que resulta deudor, por lo que no es de aplicación lo relativo a la concurrencia y prelación créditos, y la sociedad de gananciales no tiene obligación de soportar una obligación legal de una sociedad con personalidad jurídica propia, además que no está comprendida dentro de los casos en la actuación de un solo cónyuge vincula al patrimonio consorcial. Por la codemandada apelante representada por el Procurador DON ANTONIO DUQUE M. O., se solicita la revocación con base en lo ya alegado y, sustancialmente, que la actora no era titular de ningún crédito contra MARIA DE LOS ANGELES T. C., sino solo contra CONSTRUCCIONES BARRO, SL, y su avalista JOSE M. B. P.; y que se trata de un inmueble privativo de la esposa.

SEGUNDO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia de primera instancia apelada.

TERCERO

De lo actuado aparece que: a) La parte actora obtiene sentencia estimatoria en fecha 28 de noviembre de 1991 en juicio ejecutivo en la que se manda seguir adelante la ejecución contra los bienes de Don José Manuel B. P. y Construcciones Barro s. I., por importe de 4.679.347 ptas., por letras impagadas a sus respectivos vencimientos; b) Don José Manuel B. P. y Doña María de los Angeles T. C. estaban casados en régimen legal de gananciales, y en fecha 14 de julio de 1992 otorgan escritura pública de capitulaciones matrimoniales, adjudicando a la esposa la finca que es objeto ahora de ejecución, modificación que ha impedido la efectiva realización del crédito en dicho procedimiento; c) El 11 de enero de 1990 la Caja General de Ahorros de Canarias suscribe una póliza de crédito con Construcciones Barro, SL, como titular principal, y don José Manuel B. P. y Doña María de los Angeles T. C. como fiadores solidarios, que se liquida el saldo acreedor con fecha 12 de noviembre de 1992 y que da lugar al ejecutivo al que corresponde la presente tercería de mejor derecho. De todo ello resulta que la sentencia judicial de remate del actor de fecha 28 de noviembre de 1991, es crédito preferente respecto de la póliza de crédito de la codemandada cuya liquidación se efectuó el 12 de noviembre de 1992. A ello las partes codemandadas apelantes oponen que la sociedad de gananciales no tiene obligación de soportar una obligación legal de una sociedad con personalidad jurídica propia, además, que no está comprendida dentro de los casos en la actuación de un solo cónyuge vincula al patrimonio consorcial, y, de otra parte, que la actora no era titular de ningún crédito contra MARIA DE LOS ANGELES T. C., sino solo contra CONTRUCCIONES BARRO, SL, y su avalista JOSE M. BARROSO PADILLA; y que se trata de un inmueble privativo de la esposa.

CUARTO

Como puntos especialmente relevantes deben de destacarse que a) La finca objeto de ejecución a la fecha de la sentencia de la actora -28 noviembre de 1992- es bien perteneciente a la sociedad de gananciales que integran los esposos Don José Manuel y Doña María de los Angeles; b) Que la entidad Construcciones Barro, SL, desarrolla una actividad respecto a la que está efectivamente vinculado el matrimonio, y, es dato significativo en tal sentido, que en la póliza de crédito suscrita con Cajacanarias que se ejecuta, figura Construcciones Barro, SL, como titular principal, y don José Manuel B. P. y Doña María de los Angeles T. C. como fiadores solidarios c) En las letras de cambio que se ejecutaron en el procedimiento seguido a instancia de Prefabricados Maher, SA -tercenista-, libradas por Construcciones Barro, SL, figura como avalista Don José Manuel B. P. Puestos en relación tales puntos, y atendiendo a que «el aval no debe de ser calificado como verdadera operación a título gratuito cuando va a facilitar el desenvolvimiento negocial de la sociedad deudora de la que el marido avalista es partícipe» ( STS 14/5/1984 [ RJ 1984, 2410] ), y que no consta la oposición de la esposa al ejercicio mercantil profesional del marido (arts. 1.365 C.Civil 6 y 7 C. de Comercio), todo ello supone que los bienes gananciales en estos casos responden directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por uno de los cónyuges; posición que se recoge entre otras sentencias del Tribunal Supremo de fechas 13/3/1987 y 29/12/1987 ( RJ 1987, 9656) . Consecuentemente a lo expuesto, y a que la valoración que se hace en la sentencia apelada debe de estimarse acertada, y que no ha sido desvirtuada por las alegaciones hechas en el recurso por todo ello, y sin olvidar que, conforme a reiterada doctrina constitucional (STC 28/6/1993; 15/1/2001 [ RJ 2001, 1310] ), «la motivación exigible no implica un tratamiento pormenorizado de todos los aspectos sugeridos por la partes, siempre que permita conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión, independientemente de su brevedad o concisión, e incluso en supuestos de remisión», es claro que procede la desestimación de ambos recursos y confirmación de la sentencia de primera instancia.

QUINTO

La desestimación de los recursos de apelación lleva a la imposición de las respectivas costas de la alzada a las partes apelantes

FALLO

Por todo lo anteriormente expuesto, y vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, LA SALA DECIDE:

1

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por DOÑA MARIA DE LOS ANGELES T. C. y XXXXX XXXXX MANUEL B. P., representados por la Procuradora DOÑA CARMEN BLANCA O. R., y dirigidos por el Abogado DOÑA TERESA P. C. G., con imposición de las correspondientes costas de la alzada.

2

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS (CAJACANARIAS), representada por el Procurador DON ANTONIO DUQUE M. O., y dirigida por el Abogado DON ANTONIO L. B. Con imposición de las correspondientes costas de la alzada.

3

Confirmar la sentencia de primera instancia.

Así por esta sentencia definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

Tendria que probar oposición mujer negocio marido fallecido....lo tiene complicado.

 

Si esta conforme,puede aceptar respuesta.

Gómez Nix Abogados



Editado por http://www.gomeznix.miweb.pro/ el 30/01/2011 a las 23:49 EST
Experto:  RODEMA escribió hace 5 año.
disculpe pero su pregunta es mas complicada de lo que piensa
para estudiar bien su caso necesitaria saber en que momento procesal murio el demandado y si se le comunico al juzgado en algun momento y ya que le gusta leerse la lec lease el articulo 16 lec de la sucesion procesal por muerte y vea si se han cumplido los requisitos para pedir la suspension del proceso. y ver si puede existir un incidente de nulidad de actuaciones 228lec.
si el fallecido hizo o no testamento habra que hacer la liquidacion de la sociedad de gananciales, la declaracion de herederos y particion de herencia. yo aconsejaria aceptar herencia a beneficio de inventario( por las deudas que pudieran haber y de hecho las hay ya que hay un inmueble subastado).
la fecha del fallecimiento es muy importante ya que la subasta se la han tenido que notificarcon anterioridad y si estaba ya muerto aquien y como se la han notificado.
otro aspecto hablas de la esposa hay hijos que puedan ser herederos?
la esposa estaba tambien demandada o solo era el demandado el fallecido?por el tema del embargo de los bienes gananciales.
ten en cuenta de que en la herencia los bienes tendran que destinarse a alguien y si fallecio antes de la subasta ese bien entra en dicha herencia asi como la deuda
no quiero alargarme mas porque hay mas puntos todavia.
lo mas importante es ver si en todo el procedimiento se ha seguido al pie de la letra la lec o ha habido alguna incorreccion sobre todo a partir del fallecimiento lo digo algunas veces en estos casos de fallecimiento a mitad de un procedimiento hay algun error del juzgado. compruebelo todo para ver si puede haber una nulidad de actuaciones creo que es lo unico que le queda.

RODEMA, Abogada
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Cliente: escribió hace 5 año.

En primer lugar muchas gracias XXXXX XXXXX respuesta. Efectivamente es bastante compleja mi pregunta, pero quería saber un poco antes de aconsejar a la viuda, el que fuera a bufete de abogados y a paso a decirle lo siguiente:

 

1º.- Ha habido un abandono total por parte del demandado, dada su delicada enfermedad con complicaciones medicas y vitales, y por tanto de su esposa permanente al cuidado e internamientos.

Yo, me he enterado en este mes de Enero y fuí con la viuda, 2 días antes de la última DILIGENCIA de POSESION Y LANZAMIENTO, juzgado nº 2 de Primera Instacia de Elche, con la pretensión de que me enseñaran los AUTOS.

Me dijeron que no había habido ninguna PERSONACION de letrados, por tanto y sin ser abogado, debían consultar con el Secretario para ver si autorizaba a ver los Autos.

Yo alegué que era amigo de familia y la viuda quería saber de las actuaciones, a través de mi informe. Accedió la Secretaria y estuve 2 horas tomando fechas, notas, traslados, requerimientos y notificaciones. (POR LO QUE ME GUSTARIA MANDARSELO POR EMAIL son 2 paginas extractadas)

 

2º.- El demandado murió el 20 Julio de 2010 y no se comunicó al juzgado por lo que dije antes, nunca se personaron en el PROCEDIMIENTO y lo último que hay en Autos, es el 5/2/10 NOTIFICACION de la RESOLUCION del 24/06/09, mediante exhorto a Alicante y recibida por la viuda y el 11/02/2010 el Auto de ADJUDICACION a una empresa Subastera. y ya la última Diligencia de POSESION Y LANZAMIENTO practicado mediante exhorto el 27/01/2011 y que dicha Diligencia salió NEGATIVA.

 

3º.- Por que el LOCAL adjudicado, está dividido en dos, mitad por mitad, aunque no está segregado en el Registro de la Propiedad y con 2 contratos de Alquiler diferentes y vigentes, uno de ellos con OPCION A COMPRA, pero la viuda en aquel momento no los tenía, ya que los tenía el hijo y en otro lugar, por tanto dijo los nombres de los arrendadores y no se dió la POSESION DE DERECHO, hasta que el juez Dictamine.

 

4º.- En cuanto a la NULIDAD por defectos de forma en el procedimiento, lo tendria que ver un abogado. . . y lo que si yo he visto o no entiendo mucho, es que el Registro de la Propiedad, no comunica al cónyuge, la situación de la finca, ante las anotaciones, tanto marginales, como de subasta y adjudicación (también es verdad que el único titular era el demandado).

 

5º.- El TESTAMENTO lo tienen hecho el 1/12/1983, por igual el matrimonio, legando a su esposa el usufructo universal de su herencia y relevándole de las obligaciones de hacer inventario y segú lo establecido en pfo. 3º del artículo 820 del Código Civil e instituye heredero a su único hijo.

 

6º.- Solo era DEMANDADO el fallecido, por avalista de su hijo y que dimana de un Juicio Verbal del 2006, por alquileres.

 

7º.- En cuanto si el procedimiento se ha seguido al pie de la letra de la LEC, antes o después del procedimiento, como decía antes lo tendría que ver un letrado (POR ESO INSISTO EN MANDAR MI EXTRACTO DE LO QUE HE PODIDO YO ANOTAR a través de email)

 

8º.- Lo que si me dijo el Oficial del Juzgado, conocedor del procedimiento y sabiendo que no había personación alguna, viendo el interés que tuve en ver los Autos, y oyendo las circunstancias, del porqué del demandado, enfermedad, muerte y la viuda con desconocimiento y en esta primera vez, y la adjudicación por 8.500 €uros QUE SE BUSCARA UN ABOGADO SE PERSONARA E HICIERA UN ESCRITO DE ALEGACIONES CONCURRIDAS y se PASARA AL JUEZ, para ver si anulaba las ACTUACIONES.

 

9º.- He observado y es ANOMALIA TOTAL, que después de adjudicarse la propiedad del Local febrero 2010 y Registrarse en la Propiedad (por tanto subrogarse en la hipoteca que había), no la ha pagado y ha estado la Viuda pagando TODO EL AÑO, hasta el mes de Diciembre del 2010 incluido, cosa que ya no es suya. . .ES NORMAL ESTO???

 

ESPERO SU EMAIL y de SU AMABILIDAD Y CONOCIMIENTO, su respuesta.

Muchas gracias

José María

Cliente: escribió hace 5 año.

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Cliente: escribió hace 5 año.

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Cliente: escribió hace 5 año.

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Experto:  RODEMA escribió hace 5 año.
voy a serle muy sincera por mucho que usted me pase las notas, no dejan de ser unas simples notas y se le ha podido pasar cosas importantes que usted mismo pueda no haberle dado importancia no por nada sino solo porque us no mira el expediente con los ojos de un abogado.lo mejor en su situacion es que siga el consejo de la funcionaria y que inmediatamente se personen con abogado y procurador en la causa para que el abogado pueda ver la totalidad del expediente y compruebe todo lo que ha pasado en el mismo.
lamento no poderle darle mi email pero es que lo tenemos prohibido se supone que todo esto es confidencial y anonimo y no podemos tener un trato directo con los clientes.
le voy a sacar de algunos errores que hay en su contestacion
punto 4 respecto del registro de la propiedad el no es que tiene que notificar a la esposa nada es el juzgado cuando despacha ejecucion tendria que haber notificado a la esposa para que ella se pudiera haber opuesto por estar casado en regimen de ganaciales.
punto 5 el testamento us dice que lega a su esposa el usufructo le expligo el legado es una cosa y la legitima de la viuda o que le deje el tercio de libre disposicion es otra me imagino que le habra dejado la legitima eso es seguro es extraño que le haya dejado un legado pero no imposible. como vera aqui una simple palabra puede hacer cambiar todo de sentido. por eso mismo yo le decia ante lo de sus notas que a lomejor cambia alguna palabra y puede llevar a confusion.
6 he entendido que era demandado solo el fallecido como avalista me imagino que su hijo tambien estara demandado. a partir de que hubo sentencia del juicio verbal luego se tuvo que ejecutar esa sentencia y en el momento de que el juez dictara el auto despachando ejecucion esto junto con la demanda de ejecucion se la tiene que notificar el juez a la viuda.(es lo que le he comentado antes de que entonces hay un plazo de oposicion de 10 dias que puede alegar la viuda.

sinceramente el caso hay que revisarlo desde el principio mirando todo con lupa y para ello es mejor que busque un abogado y que el abogado lea y se fotocopie el procedimiento entero para poder estudiarlo y que cuanto antes lo hagan mejor es decir mejor hoy que mañana, cuanto mas tiempo espere peor lo tendra el abogado para poder obtener la nulidad .si la viuda no cobra mas de 1282€ al mes puede solicitar justicia gratuita.
por cierto seria conveniente que reuniera toda la documentacion medica del fallecido y tambien su declaracion de fallecimiento y una copia del testamento ( que por cierto el impuesto de sucesiones ya le ha prescito el plazo lo tenian que haber presentado hasta el 20 de enero de 2011 o en diciembre tenian que haber solicitado el aplazamiento)y tambien se la diera al abogado.
por cierto los docuemntos que ha publicado no los puedo leer bien

Editado por RODEMA el 01/02/2011 a las 0:27 EST

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