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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
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quiero abonar la manutencion directamente a mis hijos tienen

Pregunta del cliente

quiero abonar la manutencion directamente a mis hijos tienen 26-23 -y casi 18.
una hija esta en polonia. su madre se guarda el dinero y nos le ha mandadado ni cinco euros desde septiembre pasado. a las hijas solo le compra ropa interioir y pijama. nada mas. quiero que la manutencion que abono mensualmente le llegue directamente a ellas, sin que la ex pueda reclamarme impago de manuutencion
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Derecho Civil
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En respuesta a su consulta:

Abrir a cada uno de sus hijos , mayores de edad, un número de cuenta y realizar ingresos con el concepto pensión de alimentos. Su mujer no podrá hacer nada además quienes tendrían que reclamarle a usted son sus hijos mayores de edad no su ex mujer en nombre de ellos.

No obstante se ha planteado solicitar la extinción de alguna de las pensiones de alimentos dada la edad de dos de sus hijos mayores de 21 años ?(jurisprudencialmente se concede hasta esta edad) a través de un proceso de modificación de medidas??

 

Si lo solicita estoy convencido de que el juez dictaría una sentencia extinguiendo pensión de alimentos.... si los demás hijos estan fuera de España también podría solicitar la modificación de medidas de pensión y su extinción al haber un cambio sustancial (estan fuera de España con independencia)... Meditelo si quiere solicitar extinciones de pensiones....

Si esta conforme ruego acepte respuesta para poder continuar asesorando a más usuarios.

Atentamente,

R. Gómez



Editado por R.Gomez el 17/02/2011 a las 12:07 EST
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Cliente: escribió hace 5 año.
me puedes mandar la jurisprudencia
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Ahora mismo tengo que marcharme pero esta tarde apartir de las 16h30 le envio sentencia.

Un saludo.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Analizada jurisprudencia he de manifestarle que su mujer si podrá reclamarle pensión de alimentos si conviven con ella sus hijos, así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo aunque respecto a su hija que esta en Polonia tengo mis serias dudas de que pudiera.

Le adjunto una sentencia sobre la cuestión de legitimación de la madre:

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 22ª).Sentencia de 15 abril 1998

AC\1998\731

MATRIMONIO: EFECTOS COMUNES A LA NULIDAD, SEPARACION Y DIVORCIO: Alimentos a los hijos: Supresión: estimación: mayoría de edad: existencia de ingresos económicos que revelan la innecesariedad de la pensión alimenticia: aunque no le permitan una absoluta independencia y la integración en el mercado de trabajo sea precaria y temporal.

 

Jurisdicción: Civil

Rollo de Apelación núm. 741/1997

Ponente: Ilmo. Sr. D. eduardo hijas fernández

 

La Sección Vigésimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de apelación deducido por don Gerardo G. R., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Collado Villalba, en autos de divorcio, con fecha 14 de diciembre de 1996, la cual revoca parcialmente en el sentido declarar no haber lugar a señalar alimentos en pro de la primera de las hijas del matrimonio.

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección Vigesimosegunda

Rollo Núm.: 741/1997

Autos Núm.: 407/1995

Procedencia: Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 1 de Collado Villalba

Demandante/Apelante: Gerardo G. R.

Procurador: Carlos Riopérez Losada

Demandado/Apelado: María Luisa V. G. y María Luisa G. V.

Procurador: Javier Fernández Estrada

Ponente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Hijas Fernández

SENTENCIA

Ilmos. Sres.:

D. Eduardo Hijas Fernández

D. Francisco Javier Correas González

D.ª Carmen Val Suárez

En Madrid, a quince de abril de mil novecientos noventa y ocho.

La Sección Vigesimosegunda de esta Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, los Autos de Divorcio seguidos, bajo el núm. 407/1995, ante el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de los de Collado Villalba, entre partes:

De una, como apelante, don Gerardo G. R., representado por el Procurador don Carlos Riopérez Losada y asistido por el Letrado don Manuel Pérez Cañamares.

De la otra, como apeladas, doña María Luisa V. G. y doña María Luisa G. V., representadas por el Procurador don Javier Fernández Estrada y defendidas por la Letrado doña Isabel Torres Sánchez.

Visto, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Eduardo Hijas Fernández.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada.

SEGUNDO.-Con fecha 14 diciembre 1996 por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de los de Collado Villalba se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Gerardo G. R. contra doña María Luisa V. G. y estimando parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por doña María Luisa G. V. y doña María Luisa V. G. contra don Gerardo G. R., debo declarar y declaro disuelto el matrimonio, por divorcio, de los litigantes, con todos los efectos legales y en especial los siguientes: 1. En concepto de pensión alimenticia, don Gerardo G. R. abonará a sus dos hijos hoy mayores de edad, la cantidad mensual de veinte mil pesetas (20.000 ptas.) para cada uno de ellos, más la actualización correspondiente al IPC desde el año 1991 (fecha en que se dictó sentencia de separación), con efectos desde la fecha de esta resolución. Dicha cantidad se verá incrementada con efectos de primero de enero de cada año, con arreglo al porcentaje de variación de las retribuciones fijas del obligado al pago o, en su defecto, según el IPC que publica el INE u organismo que lo sustituya en el futuro. Esta cantidad deberá ser ingresada en la cuenta corriente que al efecto designen los hijos, dentro de los cinco primeros días de cada mes. 2. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas. Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto día. Firme que sea esta resolución, comuníquese al señor Encargado del Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo».

Dicha sentencia fue aclarada mediante Auto de fecha 6 febrero 1997, cuya parte dispositiva dice así: «Ha lugar a aclarar la sentencia dictada en el sentido de modificar los apellidos de la demandada y de la reconviniente, no habiendo lugar a aclarar la misma en la petición de que se estime totalmente la demanda reconvencional, quedando el párrafo primero del fallo de la sentencia dictada como sigue: "Estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Gerardo G. R., contra doña María Luisa V. G. y estimando parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por doña María Luisa V. G. y doña María Luisa G. V. contra don Gerardo G. R....". Notifíquese esta resolución a las partes.»

TERCERO.-Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la representación legal de don Gerardo G. R., el que fue admitido en ambos efectos y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se han remitido los autos a esta superioridad, ante la que han comparecido ambas partes, sustanciándose el recurso por sus trámites legales y celebrándose la vista de la apelación el día 14 de los corrientes, con la asistencia de los letrados de las partes expresadas, que informaron cuanto creyeron conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones.

CUARTO.-En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Es objeto de debate en esta alzada el derecho de alimentos que a la mayor de las hijas del matrimonio pudiera corresponder, en cuanto, sancionado positivamente en la sentencia de instancia, es impugnado por el hoy apelante que aduce que la referida descendiente viene trabajando desde los 16 años, estando perfectamente integrada en el mundo laboral.

De contrario se afirma que los ingresos de la hija no son suficientes para permitirle una vida independiente, a lo que se añade que en el convenio regulador de la separación matrimonial se fijaron alimentos en pro de aquélla, no obstante estar trabajando, por lo que, en definitiva, no se han modificado, desde entonces, las circunstancias.

SEGUNDO.-

El artículo 39.2 de la Constitución Española ( RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) distingue, en orden a la obligación alimenticia de los padres, la asistencia debida de los hijos durante su minoría de edad, y la que corresponde en los demás casos en que legalmente proceda; en el primero de los supuestos, y en cuanto derivada de la patria potestad, la referida obligación ofrece unos perfiles legales de práctico automatismo, conforme se infiere de la redacción del artículo 154.1.º del Código Civil, y con mucho mayor rigor aún, del artículo 93, párrafo 1.º del mismo Texto Legal, en cuanto dentro de la regulación de la crisis matrimonial, el Juez «en todo caso» habrá de determinar la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos de los hijos sometidos a la patria potestad.

Sin perjuicio de los matices que atenuarían en supuestos excepcionales, dicho aparente rigor formal, es lo cierto que el legislador marca una notable diferencia con los alimentos que pueden ser debidos a los hijos que han superado los 18 años de edad, y que, arrancando del antedicho texto constitucional, tiene una primera plasmación en el propio artículo 142 del Código Civil, en el que tras sancionar de modo incondicional la obligación respecto del descendiente menor de edad, la extiende al que ha superado dicho momento cronológico, en orden a los gastos de educación e instrucción, cuando el hijo no haya terminado su formación, siempre que ello obedezca a causas no imputables al mismo.

De modo más concreto, y en lo que se refiere a la regulación judicial de los efectos de la separación, el divorcio o la nulidad del matrimonio de los progenitores, el artículo 93 del antedicho texto legal, y frente al estudiado mandato ineludible del párrafo 1.º, que debe determinar la sanción de los alimentos inclusive de oficio, establece, en su párrafo 2.º, determinados condicionantes para que, respecto de los hijos, mayores de edad o emancipados, pueda recogerse en la sentencia que pone fin a dicha litis matrimonial la referida obligación de alimentos. Y así, además de su imprescindible rogación, al contrario de lo que acaece en el supuesto anterior, se hace preciso que tales descendientes convivan en el domicilio familiar y carezcan de ingresos propios.

No ofrece especiales dificultades la aplicabilidad del primero de los referidos requisitos, a salvo de haberlo de entender en un sentido amplio de convivencia con uno de sus progenitores, aunque sea en inmueble distinto del que constituyó la sede de la vida familiar, en tanto se mantuvo la unidad de dicho grupo.

Puede, por el contrario, dar lugar a interpretaciones diversas el segundo de los antedichos condicionantes, en cuanto una aplicación meramente literalista del mismo conduciría a la exclusión, dentro de la litis matrimonial, de los alimentos cuando el hijo dispusiera de recursos propios, por mínimos que éstos fueran, dado que el precepto examinado se refiere tan sólo a la carencia de ingresos, que no a su insuficiencia, lo que obligaría, en tales hipótesis, al común descendiente a reclamar judicialmente su derecho por una vía autónoma, en cuanto distinta del antedicho procedimiento matrimonial, y ya en nombre propio. No parece ser ésta la finalidad perseguida por el legislador al introducir en el artículo 93 su párrafo 2.º que, aunque con evidentes imperfecciones técnicas, debe ser interpretado en armonía con la finalidad perseguida y la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado (art. 3 CC), lo que impone la sanción judicial de los alimentos en los casos en que el hijo, aun disponiendo de recursos propios, sean éstos insuficientes para la cobertura de sus necesidades en el seno de la convivencia con uno de sus procreadores.

TERCERO.-

Es a estos términos a los que debe reconducirse la problemática litigiosa sometida a la consideración del Tribunal, dado que la hija, respecto de la que se debate la procedencia de la obligación de alimentos, dispone de recursos propios, producto de su trabajo, que el órgano «a quo» ha considerado «claramente insuficientes para su subsistencia».

Ha de destacarse, al respecto, que María Luisa, según reconoce en su confesión, ha venido desempeñando actividades laborales desde el mes de mayo de 1991, tanto en la empresa «Eurolimp, SA», y ello hasta el mes de noviembre del mismo año, como en la entidad «M y B Gigante, SA», cuya relación se prolongó desde el 1 de julio de 1991 hasta el 2 de enero de 1995, no constando en autos la causa por la que se extinguió dicha relación laboral. Posteriormente dicha descendiente ha estado percibiendo la prestación por desempleo, en el período de 3 de enero de 1995 a 2 de marzo de 1996, la que, al menos en su primer tramo, le suponía la suma de 80.520 ptas. al mes. De igual modo reconoce, en prueba de confesión, que en la actualidad está cuidando a un niño, lo que le reporta unos ingresos de 65.000 ptas. al mes.

Tal devenir, revela que, desde hace años, María Luisa está adecuadamente integrada en el mercado de trabajo, aún con las notas de precariedad y temporalidad que no son elementos extraños a la actual coyuntura sociolaboral. Es cierto que el montante de los recursos ulteriormente citados, aunque no tienen contraste documental alguno, no le permiten una absoluta independencia del entorno materno, pero ello habría de predicarse igualmente de los distintos miembros que se integran en aquél, y cuya aportación económica conjunta permite la cobertura digna de las necesidades de todos ellos. No puede tampoco olvidarse, al contrario de lo que afirma la parte apelada, y así parece recogerse en la sentencia de instancia, que los alimentos no implican una aportación económica que deba permitir una vida absolutamente independiente, en todos los órdenes, en cuanto ello confronta, en términos generales, con la opción permitida al alimentante en el artículo 149 del Código Civil respecto del mantenimiento del beneficiario en su propia casa, así como con las evidentes limitaciones marcadas por el artículo 142, al hablar de lo que es «indispensable», y el 152.3.º, en cuanto previene la mejora de fortuna del alimentista, de suerte que no le sea necesaria la pensión para su «subsistencia».

Con carácter mucho más concluyente, y en lo que al caso concierne, el párrafo 2.º del artículo 93 exige la convivencia del hijo en el seno del domicilio familiar, lo que, en casos cual el que nos ocupa, no deja de excluir una plena autonomía pecuniaria que le permitiera vivir con absoluta independencia, incluso locativa, de sus progenitores, y a cuya finalidad parece responder la petición de la reconviniente, que, en consecuencia, rebasa, de manera inequívoca, los condicionantes legales de la obligación alimenticia en general, y de la sancionable en los procedimientos matrimoniales, que, por lo dicho, no contempla, ni podría hacerlo, ayudas económicas susceptibles de procurar una plena autonomía del hijo, sino tan sólo aquellas que sean indispensables para la digna cobertura de sus necesidades en el entorno familiar en que sigue integrándose.

Y estimándose que en caso las mismas ya quedan amparadas por los recursos que la descendiente viene generando, de forma autónoma, desde el año 1991, aunque ello no le permita, de momento, independizarse totalmente, debe llegarse a la conclusión de la no concurrencia, en las actuales circunstancias, de los condicionantes susceptibles de integrarse en las previsiones del artículo 93.2 del repetido texto legal, lo que ha de excluir la obligación alimenticia del padre, sin que ello implique el prejuzgar la posible situación de futuro, ante un hipotético cambio de circunstancias, que podría generar el surgimiento del derecho, en tal caso reclamable por vía procesal distinta ya de la litis matrimonial de los progenitores.

CUARTO.-

La estimación, por lo expuesto, del recurso formulado, determina la no especial condena de las costas procesales devengadas en la alzada, de conformidad con la doctrina emanada del artículo 896 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación formulado por don Gerardo G. R. contra la Sentencia dictada, en fecha 14 diciembre 1996, por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de los de Collado Villalba, en Autos de Divorcio seguidos, bajo el núm. 407/1995, entre dicho litigante y doña María Luisa V. G., debemos revocar y revocamos parcialmente el pronunciamiento contenido en el apartado 1 de la parte dispositiva de dicha resolución y, en su lugar, declaramos no haber lugar, en el presente cauce procesal, a señalar alimentos en pro de doña María Luisa G. V. primera de las hijas del matrimonio.

Todo ello sin hacer especial condena de las costas procesales devengadas en esta alzada.

Al notificar esta resolución a las partes hagáseles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, con excepción del de casación, en interés de ley y a instancia del Ministerio Fiscal.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-En el mismo día de la fecha, fue leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Eduardo Hijas Fernández; doy fe.

 

Siguiente sentencia sobre mayoría de edad y pensión alimentos:

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 22ª).Sentencia de 15 abril 1998

AC\1998\731

MATRIMONIO: EFECTOS COMUNES A LA NULIDAD, SEPARACION Y DIVORCIO: Alimentos a los hijos: Supresión: estimación: mayoría de edad: existencia de ingresos económicos que revelan la innecesariedad de la pensión alimenticia: aunque no le permitan una absoluta independencia y la integración en el mercado de trabajo sea precaria y temporal.

 

Jurisdicción: Civil

Rollo de Apelación núm. 741/1997

Ponente: Ilmo. Sr. D. eduardo hijas fernández

 

La Sección Vigésimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de apelación deducido por don Gerardo G. R., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Collado Villalba, en autos de divorcio, con fecha 14 de diciembre de 1996, la cual revoca parcialmente en el sentido declarar no haber lugar a señalar alimentos en pro de la primera de las hijas del matrimonio.

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección Vigesimosegunda

Rollo Núm.: 741/1997

Autos Núm.: 407/1995

Procedencia: Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 1 de Collado Villalba

Demandante/Apelante: Gerardo G. R.

Procurador: Carlos Riopérez Losada

Demandado/Apelado: María Luisa V. G. y María Luisa G. V.

Procurador: Javier Fernández Estrada

Ponente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Hijas Fernández

SENTENCIA

Ilmos. Sres.:

D. Eduardo Hijas Fernández

D. Francisco Javier Correas González

D.ª Carmen Val Suárez

En Madrid, a quince de abril de mil novecientos noventa y ocho.

La Sección Vigesimosegunda de esta Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, los Autos de Divorcio seguidos, bajo el núm. 407/1995, ante el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de los de Collado Villalba, entre partes:

De una, como apelante, don Gerardo G. R., representado por el Procurador don Carlos Riopérez Losada y asistido por el Letrado don Manuel Pérez Cañamares.

De la otra, como apeladas, doña María Luisa V. G. y doña María Luisa G. V., representadas por el Procurador don Javier Fernández Estrada y defendidas por la Letrado doña Isabel Torres Sánchez.

Visto, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Eduardo Hijas Fernández.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada.

SEGUNDO.-Con fecha 14 diciembre 1996 por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de los de Collado Villalba se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Gerardo G. R. contra doña María Luisa V. G. y estimando parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por doña María Luisa G. V. y doña María Luisa V. G. contra don Gerardo G. R., debo declarar y declaro disuelto el matrimonio, por divorcio, de los litigantes, con todos los efectos legales y en especial los siguientes: 1. En concepto de pensión alimenticia, don Gerardo G. R. abonará a sus dos hijos hoy mayores de edad, la cantidad mensual de veinte mil pesetas (20.000 ptas.) para cada uno de ellos, más la actualización correspondiente al IPC desde el año 1991 (fecha en que se dictó sentencia de separación), con efectos desde la fecha de esta resolución. Dicha cantidad se verá incrementada con efectos de primero de enero de cada año, con arreglo al porcentaje de variación de las retribuciones fijas del obligado al pago o, en su defecto, según el IPC que publica el INE u organismo que lo sustituya en el futuro. Esta cantidad deberá ser ingresada en la cuenta corriente que al efecto designen los hijos, dentro de los cinco primeros días de cada mes. 2. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas. Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto día. Firme que sea esta resolución, comuníquese al señor Encargado del Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo».

Dicha sentencia fue aclarada mediante Auto de fecha 6 febrero 1997, cuya parte dispositiva dice así: «Ha lugar a aclarar la sentencia dictada en el sentido de modificar los apellidos de la demandada y de la reconviniente, no habiendo lugar a aclarar la misma en la petición de que se estime totalmente la demanda reconvencional, quedando el párrafo primero del fallo de la sentencia dictada como sigue: "Estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Gerardo G. R., contra doña María Luisa V. G. y estimando parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por doña María Luisa V. G. y doña María Luisa G. V. contra don Gerardo G. R....". Notifíquese esta resolución a las partes.»

TERCERO.-Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la representación legal de don Gerardo G. R., el que fue admitido en ambos efectos y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se han remitido los autos a esta superioridad, ante la que han comparecido ambas partes, sustanciándose el recurso por sus trámites legales y celebrándose la vista de la apelación el día 14 de los corrientes, con la asistencia de los letrados de las partes expresadas, que informaron cuanto creyeron conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones.

CUARTO.-En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Es objeto de debate en esta alzada el derecho de alimentos que a la mayor de las hijas del matrimonio pudiera corresponder, en cuanto, sancionado positivamente en la sentencia de instancia, es impugnado por el hoy apelante que aduce que la referida descendiente viene trabajando desde los 16 años, estando perfectamente integrada en el mundo laboral.

De contrario se afirma que los ingresos de la hija no son suficientes para permitirle una vida independiente, a lo que se añade que en el convenio regulador de la separación matrimonial se fijaron alimentos en pro de aquélla, no obstante estar trabajando, por lo que, en definitiva, no se han modificado, desde entonces, las circunstancias.

SEGUNDO.-

El artículo 39.2 de la Constitución Española ( RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) distingue, en orden a la obligación alimenticia de los padres, la asistencia debida de los hijos durante su minoría de edad, y la que corresponde en los demás casos en que legalmente proceda; en el primero de los supuestos, y en cuanto derivada de la patria potestad, la referida obligación ofrece unos perfiles legales de práctico automatismo, conforme se infiere de la redacción del artículo 154.1.º del Código Civil, y con mucho mayor rigor aún, del artículo 93, párrafo 1.º del mismo Texto Legal, en cuanto dentro de la regulación de la crisis matrimonial, el Juez «en todo caso» habrá de determinar la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos de los hijos sometidos a la patria potestad.

Sin perjuicio de los matices que atenuarían en supuestos excepcionales, dicho aparente rigor formal, es lo cierto que el legislador marca una notable diferencia con los alimentos que pueden ser debidos a los hijos que han superado los 18 años de edad, y que, arrancando del antedicho texto constitucional, tiene una primera plasmación en el propio artículo 142 del Código Civil, en el que tras sancionar de modo incondicional la obligación respecto del descendiente menor de edad, la extiende al que ha superado dicho momento cronológico, en orden a los gastos de educación e instrucción, cuando el hijo no haya terminado su formación, siempre que ello obedezca a causas no imputables al mismo.

De modo más concreto, y en lo que se refiere a la regulación judicial de los efectos de la separación, el divorcio o la nulidad del matrimonio de los progenitores, el artículo 93 del antedicho texto legal, y frente al estudiado mandato ineludible del párrafo 1.º, que debe determinar la sanción de los alimentos inclusive de oficio, establece, en su párrafo 2.º, determinados condicionantes para que, respecto de los hijos, mayores de edad o emancipados, pueda recogerse en la sentencia que pone fin a dicha litis matrimonial la referida obligación de alimentos. Y así, además de su imprescindible rogación, al contrario de lo que acaece en el supuesto anterior, se hace preciso que tales descendientes convivan en el domicilio familiar y carezcan de ingresos propios.

No ofrece especiales dificultades la aplicabilidad del primero de los referidos requisitos, a salvo de haberlo de entender en un sentido amplio de convivencia con uno de sus progenitores, aunque sea en inmueble distinto del que constituyó la sede de la vida familiar, en tanto se mantuvo la unidad de dicho grupo.

Puede, por el contrario, dar lugar a interpretaciones diversas el segundo de los antedichos condicionantes, en cuanto una aplicación meramente literalista del mismo conduciría a la exclusión, dentro de la litis matrimonial, de los alimentos cuando el hijo dispusiera de recursos propios, por mínimos que éstos fueran, dado que el precepto examinado se refiere tan sólo a la carencia de ingresos, que no a su insuficiencia, lo que obligaría, en tales hipótesis, al común descendiente a reclamar judicialmente su derecho por una vía autónoma, en cuanto distinta del antedicho procedimiento matrimonial, y ya en nombre propio. No parece ser ésta la finalidad perseguida por el legislador al introducir en el artículo 93 su párrafo 2.º que, aunque con evidentes imperfecciones técnicas, debe ser interpretado en armonía con la finalidad perseguida y la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado (art. 3 CC), lo que impone la sanción judicial de los alimentos en los casos en que el hijo, aun disponiendo de recursos propios, sean éstos insuficientes para la cobertura de sus necesidades en el seno de la convivencia con uno de sus procreadores.

TERCERO.-

Es a estos términos a los que debe reconducirse la problemática litigiosa sometida a la consideración del Tribunal, dado que la hija, respecto de la que se debate la procedencia de la obligación de alimentos, dispone de recursos propios, producto de su trabajo, que el órgano «a quo» ha considerado «claramente insuficientes para su subsistencia».

Ha de destacarse, al respecto, que María Luisa, según reconoce en su confesión, ha venido desempeñando actividades laborales desde el mes de mayo de 1991, tanto en la empresa «Eurolimp, SA», y ello hasta el mes de noviembre del mismo año, como en la entidad «M y B Gigante, SA», cuya relación se prolongó desde el 1 de julio de 1991 hasta el 2 de enero de 1995, no constando en autos la causa por la que se extinguió dicha relación laboral. Posteriormente dicha descendiente ha estado percibiendo la prestación por desempleo, en el período de 3 de enero de 1995 a 2 de marzo de 1996, la que, al menos en su primer tramo, le suponía la suma de 80.520 ptas. al mes. De igual modo reconoce, en prueba de confesión, que en la actualidad está cuidando a un niño, lo que le reporta unos ingresos de 65.000 ptas. al mes.

Tal devenir, revela que, desde hace años, María Luisa está adecuadamente integrada en el mercado de trabajo, aún con las notas de precariedad y temporalidad que no son elementos extraños a la actual coyuntura sociolaboral. Es cierto que el montante de los recursos ulteriormente citados, aunque no tienen contraste documental alguno, no le permiten una absoluta independencia del entorno materno, pero ello habría de predicarse igualmente de los distintos miembros que se integran en aquél, y cuya aportación económica conjunta permite la cobertura digna de las necesidades de todos ellos. No puede tampoco olvidarse, al contrario de lo que afirma la parte apelada, y así parece recogerse en la sentencia de instancia, que los alimentos no implican una aportación económica que deba permitir una vida absolutamente independiente, en todos los órdenes, en cuanto ello confronta, en términos generales, con la opción permitida al alimentante en el artículo 149 del Código Civil respecto del mantenimiento del beneficiario en su propia casa, así como con las evidentes limitaciones marcadas por el artículo 142, al hablar de lo que es «indispensable», y el 152.3.º, en cuanto previene la mejora de fortuna del alimentista, de suerte que no le sea necesaria la pensión para su «subsistencia».

Con carácter mucho más concluyente, y en lo que al caso concierne, el párrafo 2.º del artículo 93 exige la convivencia del hijo en el seno del domicilio familiar, lo que, en casos cual el que nos ocupa, no deja de excluir una plena autonomía pecuniaria que le permitiera vivir con absoluta independencia, incluso locativa, de sus progenitores, y a cuya finalidad parece responder la petición de la reconviniente, que, en consecuencia, rebasa, de manera inequívoca, los condicionantes legales de la obligación alimenticia en general, y de la sancionable en los procedimientos matrimoniales, que, por lo dicho, no contempla, ni podría hacerlo, ayudas económicas susceptibles de procurar una plena autonomía del hijo, sino tan sólo aquellas que sean indispensables para la digna cobertura de sus necesidades en el entorno familiar en que sigue integrándose.

Y estimándose que en caso las mismas ya quedan amparadas por los recursos que la descendiente viene generando, de forma autónoma, desde el año 1991, aunque ello no le permita, de momento, independizarse totalmente, debe llegarse a la conclusión de la no concurrencia, en las actuales circunstancias, de los condicionantes susceptibles de integrarse en las previsiones del artículo 93.2 del repetido texto legal, lo que ha de excluir la obligación alimenticia del padre, sin que ello implique el prejuzgar la posible situación de futuro, ante un hipotético cambio de circunstancias, que podría generar el surgimiento del derecho, en tal caso reclamable por vía procesal distinta ya de la litis matrimonial de los progenitores.

CUARTO.-

La estimación, por lo expuesto, del recurso formulado, determina la no especial condena de las costas procesales devengadas en la alzada, de conformidad con la doctrina emanada del artículo 896 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación formulado por don Gerardo G. R. contra la Sentencia dictada, en fecha 14 diciembre 1996, por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de los de Collado Villalba, en Autos de Divorcio seguidos, bajo el núm. 407/1995, entre dicho litigante y doña María Luisa V. G., debemos revocar y revocamos parcialmente el pronunciamiento contenido en el apartado 1 de la parte dispositiva de dicha resolución y, en su lugar, declaramos no haber lugar, en el presente cauce procesal, a señalar alimentos en pro de doña María Luisa G. V. primera de las hijas del matrimonio.

Todo ello sin hacer especial condena de las costas procesales devengadas en esta alzada.

Al notificar esta resolución a las partes hagáseles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, con excepción del de casación, en interés de ley y a instancia del Ministerio Fiscal.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-En el mismo día de la fecha, fue leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Eduardo Hijas Fernández; doy fe.

 

Otra sentencia:

Audiencia Provincial de Valencia (Sección 10ª).Sentencia núm. 726/2008 de 18 noviembre

JUR\2009\61147

MATRIMONIO: EFECTOS COMUNES A LA NULIDAD, SEPARACION Y DIVORCIO: alimentos a los hijos: extinción de la pensión: estimación: hijos mayores de edad e incorporados al mundo laboral; pensión por desequilibrio: en favor de la esposa: desestimación: acuerdo consensuado entre las cónyuges para el no establecimiento de pensión.

 

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 770/2008

Ponente: IIlma. Sra. maría pilar manzana laguarda

 

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN DÉCIMA

VALENCIA

ROLLO Nº 770/08

SENTENCIA 726/08

Ilustrísimos Sres.:

Presidente:

D. José Enrique de Motta García España

Magistrados:

Dña. Mª Pilar Manzana Laguarda

D. Carlos Esparza Olcina

En Valencia a dieciocho de noviembre de dos mil ocho.

Vistos ante la Sección Décima de la Iltma. Audiencia Provincial, en grado de apelación, los autos de DIVORCIO nº 1106/2007, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia VALENCIA-9, entre partes, de una como demandante-apelado D. Rodrigo , representado por el Procurador D. Fernando Modesto Alapont y defendido por el Letrado D. Alejandro Varona Monrabal, y de otra como demandada-apelante Dª Rebeca , representada por el Procurador D Antonio García-Reyes Comino y defendido por la Letrada Dª Rosario Aranegui Gascó.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Mª Pilar Manzana Laguarda .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia VALENCIA-9, en fecha 29-4-2008 , se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando en parte la demanda interpuesta por la representación procesal de Rodrigo contra Rebeca debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio, por divorcio de los expresados, con todos los efectos legales en especial el mantenimiento de las medidas anteriores, a excepción de la pensión a favor de los hijos, que queda extinguida. Comuníquese esta resolución, una vez firme el pronunciamiento de divorcio al Registro Civil en que conste inscrito el matrimonio. Así por esta mi sentencia, contra la que cabe preparar recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, la pronuncio, mando y firmo".

SEGUNDO

Contra dicha Sentencia por la representación procesal de la parte demandada se interpuso recurso de apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso o impugnación a la sentencia se remitieron los autos a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo, señalándose el día de hoy para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista, al no haberse considerado necesaria ésta ni instado por las partes el recibimiento del pleito a prueba.

TERCERO

Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO

Por la dirección letrada de la parte recurrente se impugna la sentencia de instancia en cuanto a dos de sus pronunciamientos: a) la extinción de la pensión alimenticia establecida en su día -sentencia convenida de separación en fecha 26 de septiembre de 1996 - a favor de sus hijos Jorge, nacido el 9 de julio de 1979 y Marina, nacida el 20 de julio de 1978, y b) el no establecimiento a su favor de una pensión compensatoria de 500 euros mensuales. Además se pretende sean modificados determinados pedimentos contenidos en los antecedentes de hecho de la sentencia, a lo que no procede acceder pudiendo haberse limitado aquéllos a remitir a lo solicitado en los escritos de las partes, y siendo sucinto pero rigurosa su constatación.

SEGUNDO

Conforme al art. 93 del Código Civil en su redacción dada por la reforma operada por Ley 11/90 de 15 de octubre los alimentos perduran mientras los hijos a favor de los cuales se ha constituido la obligación alimenticia: 1) sean mayores o emancipados, 2) convivan en el domicilio familiar y 3) carezcan de ingresos propios. Además tratándose de la partida destinada a su formación es preciso que si no han completado su formación lo sea por causas a ellos no imputables conforme dispone el art. 142 del C.Civil al que aquél se remite. En consecuencia la mayoría de edad no es causa per se suficiente para poder inducir que disponen de medios más que suficientes para cubrir sus necesidades, sino que será necesario probar que disponen de recursos económicos bastantes. Y finalmente el art. 152-3 del mismo cuerpo legal, dispone que cesará la obligación alimenticia cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia.

 

La hoja histórico laboral de Jorge, obrante a los folios 81 y siguientes de los autos, pone de manifiesto, no sólo su edad actual, 29 años sino que su incorporación al mundo laboral lo ha sido de forma ininterrumpida desde el año 2000, esto es alcanzados los 22 años, y la hoja histórico laboral de Marina, que cuenta ya con 30 años de edad, obrante a los folios 140 y ss de los autos pone de manifiesto que dicha incorporación tuvo lugar ya en el año 1999, por lo tanto procede confirmar la extinción de dichas pensiones alimenticias cual ha sido acordado por la sentencia de instancia.

TERCERO

Por lo que se refiere a la pensión compensatoria que se solicita, los cónyuges obtuvieron sentencia de separación en fecha 26 de septiembre de 1996 en dicha sentencia no se convino por las partes, dado que era consensuada, el establecimiento de pensión compensatoria alguna. Pues bien la pretensión de establecerla hoy es improsperable en esta alzada, pues por tratarse la pensión compensatoria de un derecho esencialmente renunciable y regido por el principio dispositivo (sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de Noviembre de 1999, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 14 de Noviembre de 2000 y de la de Santa Cruz de Tenerife de 16 de Marzo de 1998, así como las del Tribunal Supremo que ésta última cita, de 2 de Diciembre de 1987 y de 24 de Julio de 1989 ), no habiéndose solicitado con ocasión de la separación o habiéndose denegado su establecimiento con ocasión de aquella separación, o no habiendo sido expresamente pactada por las partes en la sentencia de separación consensuada, no procede volver a plantearla con ocasión del divorcio y ello por cuanto es el momento de la ruptura -en este caso de la separación- aquél al que hay que referir la existencia del desequilibrio. Si ello es así, esto es si la pensión compensatoria trata de remediar el desequilibrio producido a consecuencia de la ruptura de la convivencia, las circunstancias posteriores a esa ruptura no pueden ser causa de la fijación de la pensión porque entonces se desvirtuaría su finalidad legal.

CUARTO

La desestimación del recurso debería conllevar conforme al art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que remite al general art. 394 la imposición de costas a la parte recurrente habida cuenta de la desestimación de su recurso, ello no obstante, la Sala siguiendo el criterio mantenido por esta y otras Audiencias en atención a la naturaleza de las pretensiones deducidas en materia matrimonial y paterno filial, acuerda la no imposición de las costas y en consecuencia el que cada parte deberá asumir las causadas a su instancia corriendo por mitad las comunes.

FALLAMOS

En atención a todo lo expuesto, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre de Su Majestad del Rey

Ha decidido:

Primero

PRIMERODesestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª Rebeca .

Segundo

SEGUNDOConfirmar íntegramente la sentencia de instancia.

Tercero

TERCERONo hacer imposición de las costas de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Décima de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

A modo de resumen:

Criterios para poder solicitar SUPRESIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS HIJOS MAYORES DE EDAD

a).- Petición de supresión de la pensión alimenticia porque el hijo ha alcanzado la mayoría de edad

Alcanzar la mayoría de edad no supone de forma inminente la supresión o disminución de la pensión alimenticia. La mayoría de los jóvenes al alcanzar dicha edad siguen viviendo en el hogar familiar, dependiendo de sus padres. Eso llevó al legislador a incluir la opción del derecho a alimentos de los mayores de dieciocho años.

Para que se suprima la pensión será necesario que concurran algunas de las exigencias recogidas en los artículos 150 y 152 del Código Civil.

Podemos distinguir dos supuestos, que suponen el común denominador de la realidad:
- Mayores de edad que han terminado sus estudios pero no tienen empleo.
Contarán con la pensión alimenticia si se dedican a la búsqueda activa del empleo y aún así no lo encuentran.
Como el período de enseñanza ha llegado a su fin sería lógico que se disminuyera la cantidad a la que asciende la pensión.

 

- Mayores de edad que no han terminado su etapa de formación.
Se debe analizar cada caso concreto y demostrar que hay un rendimiento y esfuerzo óptimo en el desarrollo de la formación, y que se pone diligencia en las obligaciones como estudiante. De ser esto cierto no hay motivo para reducir la pensión aunque esto suponga gastos añadidos mientras dura ese período formativo.

b).- Petición de supresión de la pensión alimenticia por falta de convivencia

La cuestión se centra en saber que ocurre si el mayor de edad deja de convivir en el domicilio familiar, si esto es causa de extinción o no de la pensión.

No hay criterio unánime, hay un sector que opina que será causa suficiente de extinción de la pensión argumentando que la pensión se fijó en atención a la convivencia en el domicilio familiar, si esta circunstancia viene modificada posteriormente lógico es pensar que deba extinguirse esa obligación de alimentos. En apoyo de esta postura se encuentra el artículo 93.2 del Código civil que señala la fijación de la pensión para aquéllos hijos que conviven en el domicilio.

Otro sector piensa que no es causa de extinción el cese de dicha convivencia, pues ésta es un requisito procesal y la pensión sólo podrá extinguirse si concurre alguna de las causas recogidas en los artículos 150 y 152 del Código Civil.

 

Quizá la cuestión sería fijar quién recibe dicha pensión, algo que normalmente recibe el progenitor custodio. De mantenerse la obligación lo lógico sería que cambiase el administrador y en su lugar apareciese el hijo emancipado.

 

No obstante la cuestión no es pacífica y caben situaciones intermedias, como por ejemplo la situación del hijo que estudia en otra ciudad, o el cumplimiento del servicio militar fuera de casa.

 

Por último señalar que si en el momento de fijar la pensión se hizo por una cantidad global para todos los descendientes el cese de la convivencia de uno implica la revisión para realizar un nuevo estudio de la proporcionalidad con la que contribuirá cada progenitor, valorando de nuevo las necesidades de los hijos y las capacidades económicas de los padres.

c).- Limitación temporal de la pensión alimenticia

Este punto ofrece diferentes opciones:

No se puede fijar un límite temporal a la obligación económica.

En principio es difícil conocer a priori el tiempo que el hijo va a necesitar alimentos. Éstos se mantendrán en tanto en cuanto persistan las circunstancias en las que se fundamenta la pensión y no se produzca ninguno de los motivos de los artículos 150 y 152 del Código civil.

Caso de darse unas determinadas circunstancias cabe la posibilidad de establecer un límite temporal a la pensión en hijos mayores de edad.

Quienes abogan por esta postura dicen que la pensión no puede ser incondicional e ilimitada en el tiempo, sólo mientras subsistan las necesidades del descendiente. Esto hay que ponerlo en relación con el artículo 152 en su apartado 5º el cuál señala que es causa de cese la mala conducta o falta de aplicación en el trabajo. Por analogía puede entenderse que la "dejadez" en los estudios puede ser motivo suficiente para la modificación de la pensión. La obligación de alimentos por tanto no es perpetua y sólo se prolongará por un tiempo, estimado como necesario y prudencial.

 

Ambas posturas pueden aceptarse, pero parece más acertada la segunda, teniendo en cuenta que si las circunstancias del hijo, una vez transcurrido el plazo fijado, permanecen idénticas y reúne los requisitos legales que marca nuestro ordenamiento, la obligación al pago continuará.


La Sentencia de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha de 24 de Septiembre de 1992, (Ponente Sr. Correas González), establece:
"Por lo que se refiere a la pensión de alimentos solicitada para la hija S., procede desestimar este motivo, pues el órgano a quo hace un perfecto razonamiento de la negativa a conceder esta pensión. Explica dicha resolución que la hija C. tiene una edad superior a los 26 años, por lo que no procede fijar a su favor pensión de alimentos, toda vez que a su edad es práctica social admitida haber concluido los estudios y acceder: al mercado de trabajo.
En efecto dicha resolución está en consonancia con la doctrina emanada de la denominada pequeña jurisprudencia de la Audiencias, que de manera constante y pacífica viene sosteniendo que no parece oportuno establecer con carácter indefinido, en supuestos de separación matrimonial y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 91 y 93 del Código Civil la obligación del padre de contribuir al sostenimiento de su hija; si no que, por el contrario, resulta conveniente la fijación de un límite temporal, sin perjuicio de su posible modificación por variación sustancial de las circunstancias (articulo 91 del Código Civil), y, en su caso, del derecho de la hija de solicitar la correspondiente pensión de alimentos si, concluido el tiempo por el que se establece, se encuentra en situación de reclamarlos; límite temporal que debe alcanzar en principio la edad de 23 años. LE DIJIMOS 21 PERO SON 23 A 25. AUNQUE SON SENTENCIAS QUE POCO A POCO LO ESTAN LIMITANDO.

 

La Sentencia de 15 de octubre de 1992, dictada por la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid (ponente Sr. Correas González), establece:
"La cuestión de los alimentos de menores emancipados y los que alcanzaren la mayoría de edad no resulta de un automatismo determinado exclusivamente por este hecho cronológico y, ni siquiera, con la concurrencia del factor adicional de que los mismos tuvieren un trabajo remunerado, pues habrá de analizarse la naturaleza y las circunstancias de tal actividad laboral, tanto en lo referente a las condones de trabajo como en orden a su remuneración, puesto que el artículo 142 del Código Civil, en su redacción dada por Ley 11/1981, de 13 de mayo, establece con toda claridad la persistencia de la obligación alimenticia, aún después de la mayoría de edad, cuando el alimentista no hubiere terminado su formación por causa que no le sea imputable, precepto que no solo no puede aplicarse a los procesos específicos sobre alimentos, sino también en los derivados de separación Y divorcio, dada la adición de un segundo párrafo al articulo 93 del Código Civil, realizado por la Ley 11/1990, de 15 de octubre.
Pues bien, esto ocurre en el caso de autos: existen dos hijas mayores de edad que conviven en el domicilio familiar y sin independencia económica; es decir, en principio el artículo 93 es aplicable perfectamente al caso.
Ahora bien, surge el problema, conforme a los artículos 142 y siguientes, de si las citadas hijas son merecedoras a dichos alimentos, y en este senado, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 152.4 y conforme a reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1960, 24 de junio de 1950, 31 de diciembre de 1942), procede estimar el recurso y declarar el cese de la obligación de pasar alimentos, pues las necesidades de las alimentistas derivan, dada su edad y retraso escolar, de su propia falta de aplicación en los estudios y al poco afán en buscar trabajo.

d).- Petición de supresión de la pensión alimenticia por la realización de trabajos remunerados por parte del hijo

Esto se señala como causa de extinción de la pensión en el artículo 152.3º del Código Civil. En ningún momento marca el precepto la cantidad que debe percibir el hijo, ni tampoco señala el tipo de contrato, si fijo o temporal. Ante esta falta de concreción pueden darse diversos supuestos, y entre los más frecuentes podemos reseñar los siguientes:
- Si el hijo no ha terminado el período de formación y de vez en cuando realiza trabajos ocasionales.
Se trata de un caso habitual entre los jóvenes de hoy en día que simultanean los estudios con trabajos esporádicos.


La mayoría de tribunales no ven esto causa suficiente para modificar o extinguir la pensión, teniendo además en cuenta que en muchos ocasiones el montante de la pensión no resulta generoso y hay que realizar notables esfuerzos para salir adelante.

 

- El hijo tras haber trabajado y pasar a una situación de desempleo decide terminar su formación.
Si el descendiente se encuentra en esta situación en principio no habría base para modificar la pensión o extinguirla. Sin embargo habrá de tenerse en cuenta en que punto de su etapa de formación se encuentra, en definitiva si de lo que se trata es de finalizar los estudios para luego poder acceder a un puesto de trabajo mejor cualificado.
El tiempo de formación ha finalizado y el hijo se encuentra desempeñando un trabajo de carácter temporal.
En principio se reputaría como causa de extinción de la pensión al estar recibiendo unos ingresos para cubrir sus necesidades. No obstante y debido a la diversidad de circunstancias concretas y si esas llevan a modificar o no la pensión.

e).- Petición de suprimir la pensión alimenticia si el hijo mayor de edad contrae matrimonio

Cuando el hijo mayor de edad contrae matrimonio el deber de alimentos que pesaba sobre el padre o la madre se deja sin efecto. Se basa en la presunción de que el hijo que contrae matrimonio y se independiza dispone de medios económicos suficientes ya sean suyos o del cónyuge. Hay que señalar que a tenor del art. 144 del Código Civil se altera el orden de prelación en la relación de alimentos, puesto que dicho artículo afirma: "La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos, se hará por el siguiente orden: 1º al cónyuge, 2º a los descendientes de grado más próximo, 3º a los ascendientes de grado más próximo...

f).- Petición de suspensión temporal del pago de la pensión alimenticia

Cuando el obligado a prestar la pensión deja de obtener ingresos o dichos ingresos se reducen al mínimo, se suele solicitar la suspensión temporal del pago de la pensión.

Dicha petición no prospera cuando el hijo es menor de edad puesto que la obligación de prestar alimentos es inherente a la patria potestad. Sin embargo si el hijo es mayor de edad la petición puede prosperar a tenor del art. 146 del Código Civil: "La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe" y del art. 147 del Código Civil: "Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos".

 

Por lo tanto, cabe que prospere la petición de suspensión temporal de la pensión puesto que el obligado puede verse imposibilitado a prestarla, lo cual es muy distinto a que no desee pagarla. La diferencia radica en la prueba que acredite la reducción o la falta de ingresos y en la propia solicitud que se refiere a una suspensión temporal no a la supresión definitiva.

 

Desconozco la situación particular de sus hijos y quizas me haya precipitado al animarle que interponga demanda de modificación de medidas solicitando supresión pensión alimentos, pero entiendo que si sus hijos no conviven en hogar, al menos uno, y si la madre esta usando pensión alimentos para sus gastos sí que deberia plantearse solicitar la modificación (dismuirla, suprimir respecto a la que esta en Polonia si no es por estudios y si no puede pagarlas solicitar en modificación la suspensión pago hasta que mejore su economía).

Si esta conforme con asesoramiento y trabajo ruego acepte respuesta.

Un saludo,

R. Gómez



Editado por R.Gomez el 17/02/2011 a las 17:15 EST
Experto:  xiaasun0367 escribió hace 5 año.
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