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José M
José M, Abogado ejerciente
Categoría: Derecho Civil
Clientes satisfechos: 5736
Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS
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Hola mi nombre es Fernando Crespo,tengo un contrato de adquisiciónde

Pregunta del cliente

Hola mi nombre es Fernando Crespo,tengo un contrato de adquisiciónde derecho personal de aprovechamiento por turno de alojamientos turísticos,con Sol Melia Vacaction Club.
Debido a problemas personales no me interesa seguir. Como puedo rescindir el contrato ,he pagado por adelantado el total del importe 14500€.
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Derecho Civil
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Buenas tardes,

Los requisitos para rescindir el contrato son los generales de la Ley de multipropiedad, así como los que contemple en su contrato.

Le informo que lo más relevante que establece la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, sería RESOLVER EL CONTRATO EN TRES MESES, si dicho contrato presenta algún tipo de irregularidad, por no contener toda la información legal exigible. En otro caso, sólo tendría 10 DÍAS desde la firma.




Artículo 9. Contenido mínimo del contrato.

1. El contrato celebrado por toda persona física o jurídica en el marco de su actividad profesional y relativo a derechos de aprovechamiento por turno de alojamientos deberá constar por escrito y en él se expresarán, al menos, los siguientes extremos:

La fecha de celebración del contrato, los datos de la escritura reguladora del régimen, con indicación del día del otorgamiento, del notario autorizante y del número de su protocolo, y los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad.

Referencia expresa a la naturaleza real o personal del derecho transmitido, haciendo constar la fecha en que el régimen se extinguirá de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

Descripción precisa del edificio, de su situación y del alojamiento sobre el que recae el derecho, con referencia expresa a sus datos registrales y al turno que es objeto del contrato, con indicación de los días y horas en que se inicia y termina.

Expresión de que la obra está concluida o se encuentra en construcción. En este último caso, habrá de indicarse:

Fase en que se encuentra la construcción.

Plazo límite para la terminación del inmueble.

Referencia a la licencia de obra e indicación y domicilio del Ayuntamiento que la ha expedido.

Fase en que se encuentran los servicios comunes que permitan la utilización del inmueble.

Domicilio indicado por el adquirente donde habrá de notificársele la inscripción de la terminación de la obra y la fecha a partir de la cual se computará la duración del régimen.

Una memoria de las calidades del alojamiento objeto del contrato.

Relación detallada del mobiliario y ajuar con que contará el alojamiento, así como el valor que se le ha atribuido a efectos del aval o del seguro a los que se refiere el artículo 4.2.

Referencia expresa a dicho aval o seguro, con indicación de la entidad donde se ha constituido o con quien se ha contratado y que el mismo podrá ser ejecutado o reclamado por el adquirente en el caso de que la obra no esté concluida en la fecha límite establecida al efecto o si no se incorpora al alojamiento el mobiliario establecido.

El precio que deberá pagar el adquirente y la cantidad que conforme a la escritura reguladora deba satisfacer anualmente, una vez adquirido el derecho, a la empresa de servicios o al propietario que se hubiera hecho cargo de éstos en la escritura reguladora, con expresión de que se actualizará con arreglo al índice de precios al consumo que pública el Instituto Nacional de Estadística, salvo que las partes hayan establecido otra forma de actualización, que no podrá quedar al arbitrio de una de ellas, indicando, a título orientativo, cuál ha sido la media de dicho índice en los últimos cinco años. También se hará expresión del importe de los impuestos que, conforme a lo establecido en la presente Ley, lleva aparejada la adquisición, así como una indicación somera de los honorarios notariales y registrales para el caso de que el contrato se eleve a escritura pública y se inscriba en el Registro de la Propiedad.

Inserción literal del texto de los artículos 10, 11 y 12, haciendo constar su carácter de normas legales aplicables al contrato.

Servicios e instalaciones comunes que el adquirente tiene derecho a disfrutar y, en su caso, las condiciones para ese disfrute.

Si existe o no la posibilidad de participar en servicios de intercambio de períodos de aprovechamiento. Cuando exista esta posibilidad, se expresarán los eventuales costes y se hará referencia al documento acreditativo sobre el intercambio previsto en el artículo 8.2.k) de esta Ley.

Expresión del nombre o razón social, con los datos de la inscripción en el Registro Mercantil en el caso de que se trate de sociedades, y el domicilio:

Del propietario o promotor.

Del transmitente, con indicación precisa de su relación jurídica con el propietario o promotor en el momento de la celebración del contrato.

Del adquirente.

De la empresa de servicios.

Del tercero que se hubiera hecho cargo del intercambio, en su caso. Este tercero, si es una persona jurídica, deberá tener sucursal abierta e inscrita en España.

Duración del régimen, con referencia a la escritura reguladora y a la fecha de la inscripción de ésta. Si el inmueble está en construcción, con referencia a la fecha límite en que habrá de inscribirse el acta de terminación de la obra.

Expresión del derecho que asiste al adquirente a:

Comprobar la titularidad y cargas del inmueble, solicitando la información del registrador competente, cuyo domicilio y número de fax constará expresamente.

Exigir el otorgamiento de escritura pública.

Inscribir su adquisición en el Registro de la Propiedad.

Lugar y firma del contrato.

Si existe la posibilidad de participar en un sistema organizado de cesión a terceros del derecho objeto del contrato. Cuando exista esa posibilidad, se expresarán los eventuales costes, al menos aproximados, que dicho sistema supondrá para el adquirente.

2. El inventario y, en su caso, las condiciones generales no incluidas en el contrato, así como las cláusulas estatutarias inscritas, figurarán como anexo inseparable suscrito por las partes.



Artículo 10. Desistimiento y resolución del contrato.

1. El adquirente de derechos de aprovechamiento por turno tiene un plazo de diez días, contados desde la firma del contrato, para desistir del mismo a su libre arbitrio. Si el último día del mencionado plazo fuese inhábil, quedará excluido del cómputo, el cual terminará el siguiente día hábil. Ejercitado el desistimiento, el adquirente no abonará indemnización o gasto alguno.

2. Si el contrato no contiene alguna de las menciones o documentos a los que se refiere el artículo 9, o en el caso de que el adquirente no hubiera resultado suficientemente informado por haberse contravenido la prohibición del artículo 8.1, o incumplido alguna de las obligaciones de los restantes apartados de ese mismo artículo, o si el documento informativo entregado no se correspondía con el archivado en el Registro, el adquirente podrá resolverlo en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha del contrato, sin que se le pueda exigir el pago de pena o gasto alguno.



POR FAVOR, NO OLVIDE ACEPTAR LA RESPUESTA Y SOLICITAR MÁS ACLARACIONES SI NECESITA
Cliente: escribió hace 4 año.
Volver a incluir en lista: Respuesta imprecisa.
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.
¿Qué necesita que le explica con más detalle? Exponga su duda, por favor.
Existen unas causas en la Ley que le permiten a usted desistir del contrato de aprovechamientos por turnos, hasta un plazo de 3 meses desde la fecha del contrato.
SI ESTÁN AUSENTES ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY QUE LE CITÉ, PUEDE USTED DESISTIR DE ESE CONTRATO COMUNICÁNDOLO PREVIAMENTE Y SIEMPRE QUE NO HAYAN PASADO MÁS DE TRES MESES DESDE LA FIRMA. Es decir, es necesario que el contrato no sea completo en su formulación, que no contenga toda la información que la ley indica como necesaria, para que usted pueda rescindir el mismo.
Otra causas civiles para rescindir o anular ese contrato, habría que verificar si concurren. En otro caso, sólo le queda acogerse a esa opción para recuperar lo anticipado.
Cualquier duda, puede consultarla. Un saludo cordial.
Experto:  José M escribió hace 4 año.

Debe buscar en el contrato ó en la actitud de la otra parte alguna falta de cumplimiento a sus obligaciones para poder salirse del contrato

 

El socio no recibe un servicio adecuado

No le dan lo que ofrecieron

Los socios reciben información negativa del tiempo compartido

 

Si no encuentra nada de ésto deberá ver en su contrato la penalidad subsiguiente a la rescisión unilateral

 

Si nos traslada su contrato podremos darle opciones, pero en principio si ellos no han faltado a sus obligaciones Ud no tiene derecho de rescindir ese contrato unilateralmente porque la normativa no le concede ese derecho

 

Le dejo sentencia de ejemplo de qué buscar

 

SP/SENT/542436
AP Madrid, Sec. 8.ª, 510/2010, de 7 de diciembre
Recurso 709/2009. Ponente: MARIA VICTORIA SALCEDO RUIZ.
EXTRACTOS
La nulidad del contrato de compraventa del aprovechamiento por turno implica la nulidad del contrato de préstamo asociado
"... la nulidad de los contratos de compraventa, no cabe duda que debe declararse la nulidad de los contratos de préstamo suscritos por los adquirentes del derecho de aprovechamiento por turno con las entidades financieras demandadas y ello por cuanto la sentencia de instancia en su fundamento de derecho cuarto declara que los citados contratos -compraventa y préstamo- no son autónomos sino que están estrechamente ligados, de suerte que la nulidad de los primeros (los que denomina principales) debe alcanzar a los segundos (accesorios).
Coincide la Sala con la vinculación declarada en la instancia; no cabe duda que fue la entidad Vacaciones Alternativas del Mediterráneo, S. L. la que gestionó los préstamos que habrían de sufragar el precio de las respectivas adquisiciones; ello queda demostrado con la documentación aportada a los autos, habida cuenta que los reclamantes suscribieron la financiación con las entidades y oficinas que la vendedora les indicó en los documentos de "financiación bancaria", a que antes nos referimos (documentos 39 a 50 de la demanda).
El artículo 12 de la Ley reguladora del derecho de aprovechamiento por turno, acoge la prevención que hace el artículo 7 de la Directiva 94/47 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994 , relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, al respecto de los avatares que debe seguir el contrato de financiación una vez declarada la ineficacia del contrato de compraventa -por resolución o nulidad-, y que no es otro que el pronunciamiento de nulidad que aquí debe ser acordado; en consecuencia, procede la estimación del recurso y con ello de la demanda. ..."
Incumplimiento del contenido mínimo del contrato, así como de la información a suministrar y de la transcripción de los preceptos legales
"... se menciona por los recurrentes el relativo al "contenido mínimo del contrato" -ya lo mencionaban en el escrito de demanda, página 10- y lo concretaban en la no inserción en los contratos de los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad, la fecha en la que se extinguiría el régimen, la media del IPC en los últimos cinco años y la inserción literal de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley a la que nos venimos refiriendo, presupuestos todos estos que deben contenerse en los contratos, a tenor de lo previsto en el artículo 9-1 de la Ley 42/98. En cuanto al primero de los datos mencionados, no parece haberse incumplido, ya que en todos y cada uno de los contratos se mencionan "los datos de la escritura reguladora del régimen, con indicación del día del otorgamiento, del notario autorizante y del número de su protocolo", como indica el artículo mencionado y en cuanto a "los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad" a los que también alude el citado precepto, en todos ellos se dice que tal régimen ha quedado inscrito en el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar, precisándose en los documentos 2 a 6 que los datos con los que ha sido inscrito son los mencionados al describir la finca a la que se refiere la venta; por lo que ningún incumplimiento ha de observarse al respecto. Es cierto, sin embargo, que los otros presupuestos -el relativo al señalamiento del plazo por el que se ha constituido el régimen y el relativo a la fijación a título orientativo de la media del IPC en los últimos cinco años a los efectos de la retribución de los servicios que han de pagarse una vez adquirido el derecho de aprovechamiento- no figuran en el contrato, aunque su ausencia, a los efectos de resolver la cuestión que se somete a debate, evidentemente, deberá ser examinada en el conjunto de la relación negocial, debiendo tener en cuenta si el conocimiento de tales presupuestos -en principio no lo parece- eran determinantes para la emisión del consentimiento. En cuanto al presupuesto ineludible de que en el contrato se incluya el texto integro de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley ya citada (inserción literal dice la misma), resulta curioso que en algunos contratos sí aparezcan y en otros no. En los dos últimos, los firmados, en fecha 21 de agosto de 2005, por D. Juan Pablo y Sagrario , uno de ellos, y por D. Borja y Dª Apolonia , el otro, aportados con los números 5 y 6 de los documentos incorporados a la demanda y pese a la trascripción casi literal del texto legal por el que se rige el aprovechamiento objeto del negocio, no se incorporan los citados preceptos, saltándose del artículo 9 al 12 sin explicación alguna (páginas 21 y 22 de los referidos contratos).
En este punto podemos señalar, entrando ya a examinar el tercero de los incumplimiento que se invocan ("Vulneración de la prohibición de anticipos") que la mera trascripción de preceptos legales dentro del contrato (en algunos casos incompleta, como hemos visto), no puede reputarse información válida y eficaz para el consumidor, ya que alguna de las cláusulas contenidas en el contrato contradicen claramente las previsiones legales; así frente a lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 42/98 , que regula la "prohibición de anticipos", la vendedora presentó a la firma de los compradores letras en blanco por importes que van desde los 2.600 a los 3.000 euros (documentos números 28 a 32 de la demanda), así consta en la estipulación IV de los referidos contratos (página 46 de los mismos), en la que además se pacta una indemnización en caso de rescisión, en contra de lo dispuesto en el artículo 10.1 del texto legal ya citado. Letras de cambio que luego les fueron devueltas a los adquirentes por la entidad Vacaciones Alternativas del Mediterráneo (documentos números 33 a 38 de la demanda), una vez ésta hubo cobrado el importe total de las operaciones correspondientes a los distintos contratos de compraventa (documentos nº 72 a 77 de la demanda). Cobros todos ellos que se produjeron antes de los diez días que prevé la ley ya mencionada para que los adquirentes puedan desistir del contrato a su libre arbitrio, según dispone el artículo 10 de la Ley 42/98 , en cuyo caso se dispone que "el adquirente no abonará indemnización o gasto alguno".
En cuanto al cuarto de los incumplimientos que se achacan a la entidad Vacaciones Alternativas del Mediterráneo "Errónea información sobre el derecho transmitido", debe señalarse que no cabe duda que la firma del contrato privado se realizó sin una lectura pormenorizada del mismo, ya que de otra forma los compradores hubieran observado las contradicciones existentes en los mismos. Nos estamos refiriendo a que en el III o IV Exponen, según los casos, de cada uno de los contratos (página dos) y después de reseñar el nº de apartamento sobre el que se dice versará el contrato (851 A, 821 A, 962 B, 824 B, 821 A y 821 A, respectivamente) y fijarse el nº de turno (17, 14, 40, 37, 51 y 52, respectivamente), se indica en negrilla y en todos ellos "dentro de la temporada roja, lo que permite disfrutar del derecho en los meses de julio y agosto", cuando lo cierto es que, en ninguno de ellos, tal afirmación parece cierta, a la vista del contenido de la Estipulación I de cada uno de los contratos (página 45). También pueden reseñarse otros errores que con una lectura detenida y sosegada de los contratos hubieran sido advertidos; en el contrato firmado por D. Torcuato y Dª Joaquina (documento nº 4 de la demanda) el turno al que se refiere el Exponen III es el nº 37, cuando lo cierto es que en la Estipulación I se dice que la compra se refiere al aprovechamiento sobre el turno nº 10; lo mismo ocurre con el contrato suscrito por D. Borja y Dª Apolonia (documento nº 6 de la demanda) al hacerse referencia en el Exponen citado al turno nº 52 y en la Estipulación mencionada al nº 51. Otro error se observa en el contrato firmado por D. Juan Pablo y Dª Sagrario (documento nº 5 de la demanda) donde en la Estipulación I se fija el periodo de tiempo que corresponde al turno adquirido (nº 51) del 24 de diciembre del año en curso al 31 de diciembre del mismo año, ya que ello se contradice con el Exponen III que señala que ese periodo se corresponde con el turno nº 52.
No cabe duda que el motivo que se ha examinado debe prosperar, habida cuenta que ha quedado probado que la vendedora incumplió las obligaciones legales antes examinadas y según el punto 3 del artículo 9.4 de la Ley 42/98 , el incumplimiento de ellas "implica el del deber de información a los efectos del artículo siguiente".
El artículo 10 de la citada Ley establece en su párrafo 2 punto 2 "En el caso de que haya falta de veracidad en la información suministrada al adquirente, éste podrá, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir el transmitente y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior (relativo a la resolución del contrato), instar la acción de nulidad del contrato conforme a lo dispuesto en los arts. 1.300 y siguientes del Código Civil ", que es la acción que se ejercita en la presente litis. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Madrid, en fecha 8 de junio de 2009, se dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
"DESESTIMO la demanda interpuesta por D/ña MARIA LUISA BERMEJO GARCIA, en nombre y representación de D/ña Melisa , Visitacion , Maximo , Torcuato , Joaquina , Juan Pablo , Sagrario , Borja , Apolonia contra VACACIONES ALTERNATIVAS DEL MEDITERRANEO S.L., CAIXA CATALUNYA , CAJA DE MADRID y, en su virtud debo declarar y declaro no proceder la pretensión de la parte actora, con imposición de costas a los demandantes."
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 1 de diciembre de 2010.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En nombre y representación de Dª Melisa , Dª Visitacion , D. Maximo , Dª Casilda , D. Torcuato , Dª Joaquina , D. Juan Pablo , Dª Sagrario , D. Borja y Dª Apolonia se interpuso demanda de Juicio Ordinario, que ha sido tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Madrid con el nº 647/07, contra las entidades VACACIONES ALTERNATIVAS DEL MEDITERRANEO, S . L., CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID y CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA (actualmente CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA), en la que se solicitaba la declaración de nulidad de los contratos de compraventa de derecho de aprovechamiento por turno formalizados por los demandantes con la primera de las demandadas, así como la vinculación entre los referidos contratos de compraventa y los respectivos contratos de préstamo, con la consiguiente declaración de nulidad de estos, condenando solidariamente a VACACIONES ALTERNATIVAS DEL MEDITERRANEO, S. L. y a CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID a devolver las cantidades abonadas hasta la formalización de la demanda a Dª Melisa la cantidad de 10.050,26 euros, a Dª Visitacion la cantidad de 4.253,66 euros y a D. Maximo y Dª Casilda la cantidad de 3.954,65 euros y condenando solidariamente a VACACIONES ALTERNATIVAS DEL MEDITERRANEO, S. L. y a CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA (actualmente CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA) a devolver a los demandados D. Torcuato y Dª Joaquina la cantidad de 4.887,25 euros, a D. Juan Pablo y Dª Sagrario la cantidad de 3.633,99 euros y a D. Borja y Dª Apolonia la cantidad de 3.871,76 euros, y a todos ellos cuantas cantidades por intereses, comisiones y cualesquiera otros conceptos hayan pagado desde la interposición de la demanda hasta la total devolución a los mismos, con las costas procesales causadas.
Frente a la citada pretensión, sólo formularon oposición la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID y CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA (actualmente CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA), ya que la codemandada VACACIONES ALTERNATIVAS DEL MEDITERRANEO, S. L. fue inicialmente declarada en situación legal de rebeldía, aunque, posteriormente, se personó en autos.
La sentencia de instancia, dictada en fecha 8 de junio de 2009 , desestimó la demanda e impuso las costas causadas a la parte demandante.
SEGUNDO.- La citada sentencia fue notificada a las partes, interponiendo contra la misma recurso de apelación los demandantes, quienes sustentan el mismo en ocho alegaciones o motivos: 1) Incongruencia omisiva sobre las irregularidades de los contratos de compraventa, conforme a las exigencias de la Ley 42/98, 2) Error en la valoración de la prueba sobre la garantía de reventa, 3 ) Error en la valoración de la prueba sobre el no ejercicio de los derechos de desistimiento, vulnerando el principio de buena fe, de la Ley 42/98 y de la Ley de Consumidores, 4) Error en la valoración de la prueba sobre las declaraciones del legal representante de VACACIONES ALTERNATIVAS DEL MEDITERRANEO, S. L. y de la codemandante Dª Melisa , 5) Error en la valoración de la prueba con vulneración de la Ley de Consumidores y sus principios inspiradores, 6 ) Error en la valoración de la prueba sobre el consentimiento viciado de los actores, vulneración de los artículos 1.265, 1.266, 1.269 y 1.270 del Código Civil, 7 ) Sobre la vinculación de los préstamos y su consiguiente nulidad o resolución y 8) Sobre la condena en costas.
Son varios los incumplimientos que, con base en el primero de los motivos, atribuyen los recurrentes a la entidad vendedora de los derechos de aprovechamiento por turno objeto de litigio; incumplimientos que dicen no han sido apreciados por la Juzgadora de instancia. Todos ellos se refieren a obligaciones que la Ley 42/1998, de 15 de diciembre , sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, impone al propietario registral del inmueble objeto del contrato. El primero de ellos es el "Incumplimiento del deber de información precontractual"; efectivamente no alude a la citada cuestión la sentencia de instancia, sin duda alguna por cuanto la Juzgadora a quo ha entendido que los demandantes fueron informados en las reuniones a las que voluntariamente acudieron y que duraron entre cuatro y seis horas; sin embargo, no cabe duda de que la parte actora denunció el citado incumplimiento en el escrito rector del procedimiento, así consta en el fundamento de derecho VI apartado A) de la demanda (página 9) y de contrario no se ha desvirtuado tal alegación. El artículo 8 del texto legal antes citado establece en su apartado 2 "El propietario, el promotor o cualquier persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la transmisión de derechos de aprovechamiento por turno, que se proponga iniciar la transmisión de estos derechos, deberá editar, de acuerdo con la normativa que, en su caso, apruebe la Comunidad Autónoma competente en materia de consumo, un documento informativo con el carácter de oferta vinculante, que entregará gratuitamente, después de haber sido archivado en el Registro de la Propiedad correspondiente, a cualquier persona que solicite información". El contenido del citado documento informativo también se describe en el citado precepto y tiene como finalidad la de dar a conocer al consumidor las características del producto que se le ofrece y garantizar al mismo sus derechos. En el caso que nos ocupa, no cabe duda de que las reuniones con los clientes existieron y parece ser que la duración de las mismas no puede tacharse de escasa, también los contratos pueden considerarse lo suficientemente extensos (46 páginas), sin embargo a juicio de la Sala no parece que la información ofrecida a los compradores fuera adecuada y conforme a las prescripciones de la Ley 42/1998 , ya que ni consta que se haya entregado a la compradora el documento informativo antes citado -el propio representante legal de la vendedora reconoció en el acto del juicio desconocer el mismo-, ni el contrato suscrito obedece a las previsiones de la ley citada. La extensión de los contratos, aportados con la demanda con los números 1 a 6 de los documentos, en los que se incluyen la Directiva 94/47 del Parlamento Europeo , la Ley 42/98, de 15 de diciembre y la Ley 7/98 de 13 de abril , los hacen farragosos e incomprensibles, al menos para unas personas a las que se les exigió firmarlos de forma inmediata y sin posibilidad de examinarlos con detenimiento; así lo ha manifestado en el acto del juicio la codemandante Dª Melisa .
Como segundo incumplimiento se menciona por los recurrentes el relativo al "contenido mínimo del contrato" -ya lo mencionaban en el escrito de demanda, página 10- y lo concretaban en la no inserción en los contratos de los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad, la fecha en la que se extinguiría el régimen, la media del IPC en los últimos cinco años y la inserción literal de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley a la que nos venimos refiriendo, presupuestos todos estos que deben contenerse en los contratos, a tenor de lo previsto en el artículo 9-1 de la Ley 42/98. En cuanto al primero de los datos mencionados, no parece haberse incumplido, ya que en todos y cada uno de los contratos se mencionan "los datos de la escritura reguladora del régimen, con indicación del día del otorgamiento, del notario autorizante y del número de su protocolo", como indica el artículo mencionado y en cuanto a "los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad" a los que también alude el citado precepto, en todos ellos se dice que tal régimen ha quedado inscrito en el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar, precisándose en los documentos 2 a 6 que los datos con los que ha sido inscrito son los mencionados al describir la finca a la que se refiere la venta; por lo que ningún incumplimiento ha de observarse al respecto. Es cierto, sin embargo, que los otros presupuestos -el relativo al señalamiento del plazo por el que se ha constituido el régimen y el relativo a la fijación a título orientativo de la media del IPC en los últimos cinco años a los efectos de la retribución de los servicios que han de pagarse una vez adquirido el derecho de aprovechamiento- no figuran en el contrato, aunque su ausencia, a los efectos de resolver la cuestión que se somete a debate, evidentemente, deberá ser examinada en el conjunto de la relación negocial, debiendo tener en cuenta si el conocimiento de tales presupuestos -en principio no lo parece- eran determinantes para la emisión del consentimiento. En cuanto al presupuesto ineludible de que en el contrato se incluya el texto integro de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley ya citada (inserción literal dice la misma), resulta curioso que en algunos contratos sí aparezcan y en otros no. En los dos últimos, los firmados, en fecha 21 de agosto de 2005, por D. Juan Pablo y Sagrario , uno de ellos, y por D. Borja y Dª Apolonia , el otro, aportados con los números 5 y 6 de los documentos incorporados a la demanda y pese a la trascripción casi literal del texto legal por el que se rige el aprovechamiento objeto del negocio, no se incorporan los citados preceptos, saltándose del artículo 9 al 12 sin explicación alguna (páginas 21 y 22 de los referidos contratos).
En este punto podemos señalar, entrando ya a examinar el tercero de los incumplimiento que se invocan ("Vulneración de la prohibición de anticipos") que la mera trascripción de preceptos legales dentro del contrato (en algunos casos incompleta, como hemos visto), no puede reputarse información válida y eficaz para el consumidor, ya que alguna de las cláusulas contenidas en el contrato contradicen claramente las previsiones legales; así frente a lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 42/98 , que regula la "prohibición de anticipos", la vendedora presentó a la firma de los compradores letras en blanco por importes que van desde los 2.600 a los 3.000 euros (documentos números 28 a 32 de la demanda), así consta en la estipulación IV de los referidos contratos (página 46 de los mismos), en la que además se pacta una indemnización en caso de rescisión, en contra de lo dispuesto en el artículo 10.1 del texto legal ya citado. Letras de cambio que luego les fueron devueltas a los adquirentes por la entidad Vacaciones Alternativas del Mediterráneo (documentos números 33 a 38 de la demanda), una vez ésta hubo cobrado el importe total de las operaciones correspondientes a los distintos contratos de compraventa (documentos nº 72 a 77 de la demanda). Cobros todos ellos que se produjeron antes de los diez días que prevé la ley ya mencionada para que los adquirentes puedan desistir del contrato a su libre arbitrio, según dispone el artículo 10 de la Ley 42/98 , en cuyo caso se dispone que "el adquirente no abonará indemnización o gasto alguno".
En cuanto al cuarto de los incumplimientos que se achacan a la entidad Vacaciones Alternativas del Mediterráneo "Errónea información sobre el derecho transmitido", debe señalarse que no cabe duda que la firma del contrato privado se realizó sin una lectura pormenorizada del mismo, ya que de otra forma los compradores hubieran observado las contradicciones existentes en los mismos. Nos estamos refiriendo a que en el III o IV Exponen, según los casos, de cada uno de los contratos (página dos) y después de reseñar el nº de apartamento sobre el que se dice versará el contrato (851 A, 821 A, 962 B, 824 B, 821 A y 821 A, respectivamente) y fijarse el nº de turno (17, 14, 40, 37, 51 y 52, respectivamente), se indica en negrilla y en todos ellos "dentro de la temporada roja, lo que permite disfrutar del derecho en los meses de julio y agosto", cuando lo cierto es que, en ninguno de ellos, tal afirmación parece cierta, a la vista del contenido de la Estipulación I de cada uno de los contratos (página 45). También pueden reseñarse otros errores que con una lectura detenida y sosegada de los contratos hubieran sido advertidos; en el contrato firmado por D. Torcuato y Dª Joaquina (documento nº 4 de la demanda) el turno al que se refiere el Exponen III es el nº 37, cuando lo cierto es que en la Estipulación I se dice que la compra se refiere al aprovechamiento sobre el turno nº 10; lo mismo ocurre con el contrato suscrito por D. Borja y Dª Apolonia (documento nº 6 de la demanda) al hacerse referencia en el Exponen citado al turno nº 52 y en la Estipulación mencionada al nº 51. Otro error se observa en el contrato firmado por D. Juan Pablo y Dª Sagrario (documento nº 5 de la demanda) donde en la Estipulación I se fija el periodo de tiempo que corresponde al turno adquirido (nº 51) del 24 de diciembre del año en curso al 31 de diciembre del mismo año, ya que ello se contradice con el Exponen III que señala que ese periodo se corresponde con el turno nº 52.
No cabe duda que el motivo que se ha examinado debe prosperar, habida cuenta que ha quedado probado que la vendedora incumplió las obligaciones legales antes examinadas y según el punto 3 del artículo 9.4 de la Ley 42/98 , el incumplimiento de ellas "implica el del deber de información a los efectos del artículo siguiente".
El artículo 10 de la citada Ley establece en su párrafo 2 punto 2 "En el caso de que haya falta de veracidad en la información suministrada al adquirente, éste podrá, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir el transmitente y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior (relativo a la resolución del contrato), instar la acción de nulidad del contrato conforme a lo dispuesto en los arts. 1.300 y siguientes del Código Civil ", que es la acción que se ejercita en la presente litis. TERCERO.- El segundo de los motivos se arbitra sobre la existencia de "Error en la valoración de la prueba sobre la garantía de reventa". Considera la Juez a quo, a juicio de la Sala de forma equivocada, que la entidad Vacaciones Alternativas del Mediterráneo asumió la obligación de gestionar la reventa del derecho adquirido por los demandantes pero no de garantizar la misma y la recuperación del dinero por parte de los ahora apelantes; se considera, por tanto, en la sentencia, que la citada obligación -meramente de gestión- es de medios y no de resultados y para ello se detiene en el examen de los documentos nº 25 a 27 bis aportados con la demanda.
Los citados documentos deben ponerse en relación con otros también incorporados con la demanda, de los que indudablemente se desprende que la entidad vendedora de los derechos de aprovechamiento por turnos, se comprometía a revender tales derechos y a garantizar la venta; así consta en cada uno de los seis documentos que se entregaron a los compradores (documentos nº 14 a 19 de la demanda) y que precisamente se denominan "GARANTÍA DE REVENTA", en los que expresamente y bajo cuatro condiciones se señala "Vacaciones Alternativas del Mediterráneo, S. L. contrae en este acto el compromiso, con eficacia entre las partes, y sin eficacia alguna frente a terceros, de garantizar la reventa de la cuota indivisa de propiedad, al mismo previo de venta". No consta en tales documentos la fecha, por lo que se desconoce el momento en el que fueron entregados a los adquirentes, pero no cabe duda de que lo fueron al tiempo de firmar los contratos, por lo que los adquirentes estuvieron en el convencimiento de que, en caso de no interesarles el producto, podían desprenderse de él y recuperar lo pagado. Dicho de otro modo consideraron que la compra se hacía "a prueba", información que parece les ofreció la vendedora, ya que así consta en los documentos que entregó la vendedora con las condiciones de financiación bancaria, en los que se reseña "cuotas periodo de prueba"; estos documentos, que se aportan con la demanda con los números 39 a 44 sí llevan la misma fecha en que se suscriben los respectivos contratos.
Hemos de concluir que en este punto sí se ha valorado en la instancia la prueba de forma errónea y el motivo debe ser estimado.
CUARTO.- Al formular el tercero de los motivos bajo la rúbrica de "Error en la valoración de la prueba sobre el no ejercicio de los derechos de desistimiento, vulnerando el principio de buena fe, de la Ley 42/98 y de la Ley de Consumidores", atacan los recurrentes la afirmación contenida en el tercero de los fundamentos de derecho de la sentencia combatida, respecto a la falta de manifestación expresa de voluntad por parte de los reclamantes de resolver los contratos de forma fehaciente con posterioridad a su suscripción.
Es evidente que en este punto también se equivoca la Juzgadora de instancia. Consta en autos que la codemandada Dª Melisa , que suscribió el contrato en fecha 6 de julio de 2003 (documento nº 1 de la demanda), remitió a la entidad "Vacaciones Alternativas del Mediterráneo, S. L. carta en fecha 9 de julio de 2003, esto es, tan solo tres días después de la referida firma, solicitando sin demora concertar una entrevista con la persona que la atendió en el acto de "la compra a prueba de unas vacaciones" (documento nº 87 de la demanda); es cierto que en la citada misiva nada se dice acerca de la intención de la adquirente, pero su deseo de desligarse del contrato suscrito se pone de manifiesto en la carta de fecha 11 de julio de 2003 remitida a la codemandada, en la que solicita la anulación del contrato (documento nº 88 de la demanda). No cabe duda que la entidad vendedora del derecho de aprovechamiento por turno se negó a la anulación pretendida, a la vista del contenido de la carta que nuevamente, en fecha 14 de julio de 2003, le remite la Sra. Melisa a Vacaciones Alternativas del Mediterráneo, donde ante la penalización que, al parecer, ésta le impone para desligarse del contrato, la adquirente manifiesta su voluntad de firmar el préstamo, pero le adelanta a la vendedora su intención de revender su derecho en el plazo de un año, acogiéndose al compromiso garantizado de reventa ofrecido por la vendedora (documento nº 89 de la demanda).
En los mismos o parecidos términos actuaron D. Borja y Dª Apolonia ; estos suscribieron el contrato de compraventa en fecha 21 de agosto de 2005 (documento nº 6 de la demanda) y unos días después (29 de agosto de 2005) remitieron a la vendedora un fax que ahora aportan con la demanda con el nº 110 de los documentos, en el que le comunican a ésta su decisión de subrogarse en su préstamo de Caixa Cataluña y de exigir la reventa de su derecho ante la negativa de Vacaciones Alternativas del Mediterráneo de anular el contrato si no se abonaba el importe de la letra de cambio firmada (2.600 euros).
Los demandantes comunicaron su deseo de que la entidad vendedora efectuara la reventa de sus derechos conforme se acredita con los documentos aportados con la demanda con los nº 90 (Dª Melisa ), 94 y 98 (Dª Visitacion ), 108 y 109 (D. Maximo y Dª Casilda ); solicitudes que no fueron atendidas por la vendedora bajo pretexto de no cumplirse los requisitos pactados y derivando a los compradores a otras empresas dedicadas a esos menesteres (documentos nº 91, 92, 100 y 101 de la demanda).
En suma no puede, por tanto, mantenerse, como se hace en la instancia, que los compradores no mostraron voluntad de desligarse del cumplimiento de los contratos, por lo que el motivo, como los anteriores, debe prosperar.
QUINTO.- Consideran los apelantes en el cuarto de los motivos contenidos en su escrito de interposición del recurso, que en la instancia se ha cometido error al valorar la prueba de interrogatorio de parte, concretamente del representante legal de Vacaciones Alternativas del Mediterráneo, S. L. y de la codemandante Dª Melisa ; es cierto que de la mera afirmación del legal representante de aquella de que en las reuniones mantenidas con los futuros adquirentes se les daba información y del reconocimiento de la Sra. Melisa del disfrute de una semana del objeto contratado, no se pueden extraer las conclusiones a las que se llega en la instancia, esto es, que la vendedora dio oportuna información y de que la demandante mostró su conformidad con lo adquirido. Estas pruebas deben ser puestas en relación con las demás obrantes en autos y examinadas por la Sala al resolver los anteriores motivos, de las que se desprende, como ha quedado reseñado, que la información ofrecida no se adaptó a las prescripciones legales y que, en cualquier caso, no fue veraz. Tampoco se puede ver en el disfrute de una semana de vacaciones por la Sra. Melisa o por cualquier otro de los demandantes, conformidad en el objeto adquirido, ya que ello se debió al deseo de cumplimentar los presupuestos bajo los que la vendedora decía garantizar la reventa de los derechos.
SEXTO.- El motivo quinto que se esgrime en el recurso "Error en la valoración de la prueba con vulneración de la Ley de Consumidores y sus principios inspiradores" se formula reiterando argumentos expuestos en los motivos ya examinados y resueltos. Los incumplimientos que de la Ley 42/98 se invocan respecto de la vendedora y la falta de veracidad de la información ofrecida son la base sobre la que se asienta el presente motivo, que debe darse por resuelto con lo expuesto hasta ahora.
También el sexto de los motivos, con el que se pretende hacer valer que el consentimiento de cada uno de los actores estaba viciado cuando suscribieron los respectivos contratos, ya ha tenido cumplida respuesta en la presente resolución; al resolver el primero de los motivos se hizo constar que la acción de nulidad entablada lo era al amparo de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 42/98 . El incumplimiento de la codemandada sobre el que ya nos hemos detenido, implica, como también hemos dicho, el del deber de información por parte de la misma y ello autoriza a ejercitar la acción de nulidad, según el último de los preceptos citados, que, sin duda, debe prosperar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.265 y 1.266 del Código Civil , al entender que el consentimiento de los compradores estaba viciado por error.
SEPTIMO.- Entrando ya a conocer del séptimo de los motivos esgrimidos, debemos señalar que declarada la nulidad de los contratos de compraventa, no cabe duda que debe declararse la nulidad de los contratos de préstamo suscritos por los adquirentes del derecho de aprovechamiento por turno con las entidades financieras demandadas y ello por cuanto la sentencia de instancia en su fundamento de derecho cuarto declara que los citados contratos -compraventa y préstamo- no son autónomos sino que están estrechamente ligados, de suerte que la nulidad de los primeros (los que denomina principales) debe alcanzar a los segundos (accesorios).
Coincide la Sala con la vinculación declarada en la instancia; no cabe duda que fue la entidad Vacaciones Alternativas del Mediterráneo, S. L. la que gestionó los préstamos que habrían de sufragar el precio de las respectivas adquisiciones; ello queda demostrado con la documentación aportada a los autos, habida cuenta que los reclamantes suscribieron la financiación con las entidades y oficinas que la vendedora les indicó en los documentos de "financiación bancaria", a que antes nos referimos (documentos 39 a 50 de la demanda).
El artículo 12 de la Ley reguladora del derecho de aprovechamiento por turno, acoge la prevención que hace el artículo 7 de la Directiva 94/47 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994 , relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, al respecto de los avatares que debe seguir el contrato de financiación una vez declarada la ineficacia del contrato de compraventa -por resolución o nulidad-, y que no es otro que el pronunciamiento de nulidad que aquí debe ser acordado; en consecuencia, procede la estimación del recurso y con ello de la demanda. OCTAVO.- Estimado el recurso de apelación y estimada, en consecuencia, la demanda, las costas causadas en la primera instancia se imponen a las demandadas, sin que quepa hacer pronunciamiento de las causadas en esta alzada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 398 en relación con el artículo 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que estimando el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de Dª Melisa , Dª Visitacion , D. Maximo , Dª Casilda , D. Torcuato , Dª Joaquina , D. Juan Pablo , Dª Sagrario , D. Borja y Dª Apolonia contra la sentencia dictada, en fecha 8 de junio de 2.009, por el Juzgado de Primera Instancia nº 49 de Madrid , en los autos de Juicio Ordinario nº 647/07, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución, para dictar otra con el siguiente pronunciamiento:
"Que estimando la demanda interpuesta en nombre y representación de Melisa , Dª Visitacion , D. Maximo , Dª Casilda , D. Torcuato , Dª Joaquina , D. Juan Pablo , Dª Sagrario , D. Borja y Dª Apolonia contra las entidades VACACIONES ALTERNATIVAS DEL MEDITERRANEO, S. L., CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID y CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA (actualmente CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA) debemos declarar y declaramos la nulidad de los contratos de compraventa de derecho de aprovechamiento por turno formalizados por los demandantes con la primera de las demandadas, así como la vinculación entre los referidos contratos de compraventa y los respectivos contratos de préstamo, con la consiguiente declaración de nulidad de estos, y debemos condenar y condenamos solidariamente a VACACIONES ALTERNATIVAS DEL MEDITERRANEO, S. L. y a CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID a devolver las cantidades abonadas a los actores hasta la formalización de la demanda en los siguientes términos: 1) a Dª Melisa la cantidad de 10.050,26 euros, 2) a Dª Visitacion la cantidad de 4.253,66 euros y 3) a D. Maximo y Dª Casilda la cantidad de 3.954,65 euros; condenando solidariamente a VACACIONES ALTERNATIVAS DEL MEDITERRANEO, S. L. y a CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA (actualmente CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA) a devolver: 1) a los demandados D. Torcuato y Dª Joaquina la cantidad de 4.887,25 euros, 2) a D. Juan Pablo y Dª Sagrario la cantidad de 3.633,99 euros y 3) a D. Borja y Dª Apolonia la cantidad de 3.871,76 euros, y a todos ellos cuantas cantidades por intereses, comisiones y cualesquiera otros conceptos hayan pagado desde la interposición de la demanda hasta la total devolución a los mismos, con imposición a las demandadas de las costas causadas en la instancia.
Sin hacer especial pronunciamiento de las costas causadas en esta alzada".
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , póngase en conocimiento de las partes que, en su caso, contra esta resolución cabe recurso de casación o infracción procesal si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado, en el plazo de cinco días y ante esta misma Sala.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia fue hecha pública por los Magistrados que la han firmado. Doy fe. En Madrid, a
Experto:  José M escribió hace 4 año.

Vea también los plazos de acuerdo a los artículos 10 y 11 de la ley

 

Artículo 10.Desistimiento y resolución del contrato.
  • El adquirente de derechos de aprovechamiento por turno tiene un plazo de diez días, contados desde la firma del contrato, para desistir del mismo a su libre arbitrio. Si el último día del mencionado plazo fuese inhábil, quedará excluido del cómputo, el cual terminará el siguiente día hábil. Ejercitado el desistimiento, el adquirente no abonará indemnización o gasto alguno.
  • Si el contrato no contiene alguna de las menciones o documentos a los que se refiere el artículo 9, o en el caso de que el adquirente no hubiera resultado suficientemente informado por haberse contravenido la prohibición del artículo 8.1, o incumplido alguna de las obligaciones de los restantes apartados de ese mismo artículo, o si el documento informativo entregado no se correspondía con el archivado en el Registro, el adquirente podrá resolverlo en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha del contrato, sin que se le pueda exigir el pago de pena o gasto alguno.

    En el caso de que haya falta de veracidad en la información suministrada al adquirente, éste podrá, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiera podido incurrir el transmitente y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, instar la acción de nulidad del contrato conforme a lo dispuesto en los artículo 1300 y siguientes del Código Civil.

    Completada la información antes de que expire el citado plazo, el adquirente podrá desistir dentro de los diez días siguientes al de la subsanación, según lo establecido en el apartado 1 de este artículo.

    Transcurridos los tres meses sin haberse completado la información y sin que el adquirente haya hecho uso de su derecho de resolución, éste podrá igualmente desistir dentro de los diez días siguientes al de expiración del plazo, según lo establecido en el citado apartado 1 de este artículo.

  • El desistimiento o resolución del contrato deberá notificarse al propietario o promotor en el domicilio que a estos efectos figure necesariamente en el contrato. La notificación podrá hacerse por cualquier medio que garantice la constancia de la comunicación y de su recepción, así como de la fecha de su envío. Tratándose de desistimiento, será suficiente que el envío se realice antes de la expiración del plazo.

    Si el contrato se celebra ante notario en el caso del artículo 14.2, el desistimiento deberá hacerse constar en acta notarial. Esta será título hábil para reinscribir el derecho de aprovechamiento a favor del transmitente.

Artículo 11.Prohibición de anticipos

  • Queda prohibido el pago de cualquier anticipo por el adquirente al transmitente antes de que expire el plazo de ejercicio de la facultad de desistimiento o mientras disponga de la facultad de resolución a las que se refiere el artículo anterior. No obstante, podrán las partes establecer los pactos y condiciones que tengan por convenientes para garantizar el pago del precio aplazado, siempre que no sean contrarios a dicha prohibición y no impliquen que el transmitente reciba, directa o indirectamente, cualquier tipo de contraprestación en caso de ejercicio de la mencionada facultad de desistir.
  • Si el adquirente hubiera anticipado alguna cantidad al transmitente, tendrá derecho a exigir en cualquier momento la devolución de dicha cantidad duplicada, pudiendo optar entre resolver el contrato en los tres meses siguientes a su celebración o exigir su total cumplimiento.
Experto:  R.Gomez escribió hace 4 año.

Ciertamente la Ley 42/98 de 15 de diciembre ( RCL 1998, 2916) en su artículo 10, distingue claramente entre los derechos que asisten al adquiriente de este tipo de productos, entre la facultad de desistir del contrato, la facultad de resolverlo y la acción en petición de nulidad. Con arreglo a la regulación citada, la Ley concede al adquiriente la facultad de manifestar su voluntad de desistir del contrato, sin necesidad de alegar causa justificativa alguna, pero siempre que ello se haga dentro del plazo perentorio de 10 días desde la firma del contrato. Igualmente faculta al adquiriente a resolver el contrato conforme al artículo 10 citado, si el contrato no contiene alguna de las menciones o documentos a los que se refiere el artículo 9, o cuando el adquiriente no hubiere resultado suficientemente informado o por haberse contravenido la prohibición del artículo 8-1 de la Ley o incumplido alguna de las obligaciones de los restantes apartados de ese mismo artículo o si el documento informativo entregado no se correspondiera con el archivado en el Registro, facultad que habrá de ejercitarse en el plazo de tres meses a contar desde la fecha del contrato y, por último la Ley contempla la posible petición de nulidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.300 y siguientes del Código Civil ( LEG 1889, 27) , en el caso de que haya falta de veracidad en la información. En el caso de autos, como bien resuelve la juzgadora a quo, el desistimiento que contempla el artículo 10-1 de la Ley Especial, que debe ejercitarse en un plazo de 10 días, contados desde la firma del contrato, ha caducado, por cuanto que el contrato se celebró en 29 de junio de 2003 (documento núm. 1 de la demanda), y la facultad de desistimiento se ejerció por medio de Fax que remitió al letrado de los actores, como mandatario de los mismos, el día 11 de julio de 2003 (documento cinco de la demanda), por lo tanto, fuera del plazo de diez días naturales que marca la ley.

 

Al respecto señalamos sentencia en la que se recoge expresamente:

Por lo que se refiere a la facultad resolutoria, que los apelantes entienden también caducado el plazo para su ejercicio, conforme al artículo 10 citado, era de tres meses contados desde la fecha del contrato y como el contrato de aprovechamiento se celebró en 29 de junio de 2003 y el Fax comunicando a los demandados la voluntad de resolver el contrato de aprovechamiento y el de préstamo a él vinculado, son de fecha 11 de julio de 2003 y 16 de julio de 2003, remitiéndose después varios Faxes más, queda claro que la voluntad resolutoria se comunicó dentro de plazo legal, por lo que la alegación de caducidad debe perecer, más aún cuando no puede ser admitida la alegación de que no consta que el Fax llegase a conocimiento del destinatario, ni en qué fecha lo fue, pues ello queda plenamente desvirtuado por el contenido del documento núm. 6 de los adjuntados con la demanda, en virtud del cual CAT, S.L, en respuesta al Fax enviado por el abogado de los actores en 11 de julio de 2003, manifiesta a los mismos que el plazo de 10 días para desistir unilateralmente del contrato ha transcurrido y por tanto su escrito está fuera de plazo, que el contrato contiene el 100/% de los requisitos mínimos estipulados por la Ley y que por tanto, no procede la resolución contractual, de lo cual resulta que conocía el contenido del Fax de julio, y que su contenido llegó a su conocimiento, en fecha anterior a su contestación que tuvo lugar en 23 de julio, y por ello, está claro que los actores ejercitaron su derecho dentro del plazo legal marcado y que la voluntad resolutoria de los mismos llegó a cumplido conocimiento de los demandados dentro de ese plazo legal señalado a la misma."

 

Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6ª).Sentencia núm. 128/2007 de 27 febrero

JUR\2007\174165

MULTIPROPIEDAD: contrato: resolución: procedencia: ausencia de caducidad: voluntad resolutoria comunicada dentro de plazo legal; no inseción literal del contenido de los artículos 10,11 y 12 de la Ley reguladora en el contrato: XXXXX XXXXX satisface cumplidamente por el hecho de que el texto de los citados artículos figure transcrito en el anexo que se dice entregado a los actores: ausencia de firma de los actores;

 

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 919/2006

Ponente: IIlma. Sra. inmaculada suárez bárcena florencio

 

La Audiencia Provincial de Málaga declara no haber lugar al recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 30-09-2005 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Marbella.

 

En Málaga a veintisiete de febrero de 2007.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Ordinario núm. 308/06 procedentes del Juzgado de Primera Instancia NÚM. Cinco de Marbella, sobre Resolución de Contratos, seguidos a instancia de D. Jose Pablo Y Dª Frida, representados en el recurso por el Procurador D. Jesús Raul Pérez Segura y defendidos por el letrado D. Damián Vázquez Jiménez, contra COMERCIALIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO POR TURNO, SL, representada en el recurso por la Procurador Dña. Ana de los Ríos Santiago y defendida por el Letrado D. Iñigo de Lecea Grávalos, y contra BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO, SA, representada en el recurso por la Procuradora Dña. Marta Payá Nadal y defendida por el Letrado D. Manuel Conejo Doblado, pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por los demandados contra la sentencia dictada en el citado juicio.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Juzgado de Primera Instancia NÚM. Cinco de Marbella dictó sentencia de fecha 20 de septiembre de 2005, en el juicio Ordinario núm. 308/04, del que este rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así: "FALLO.- Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Don JULIO MORA CAÑIZARES, en nombre y representación de XXXXX XXXXX Pablo y DOÑA Frida, declarando la resolución del contrato celebrado entre los actores y COMERCIALIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO POR TURNO, SL el 29 de junio de 2003 que figura como documento núm. 1 de la demanda y del contrato de préstamo suscrito entre los actores y BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO el 7 de julio de 2003 que figura como documento núm. 2 de la demanda; desestimando el resto de las pretensiones ejercitadas por la parte actora contra COMERCIALIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO POR TURNO, SL

Cada parte deberá abonar las costas ocasionadas a su instancia y, en su caso, las comunes por mitad."

SEGUNDO

Contra la expresada sentencia interpusieron, en tiempo y forma, recursos de apelación los demandados, los cuales fueron admitidos a trámite y sus fundamentaciones impugnadas de contrario, remitiéndose los autos a esta Audiencia donde, al no haberse propuesto prueba ni estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala que tuvo lugar el día 27 de febrero de 2007, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.

TERCERO

En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Ilma. Sra. Dña. INMACULADA SUAREZ BARCENA FLORENCIO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Los demandados Comercialización de Aprovechamiento por turno, SL y Banco de Santander Central Hispano, SA, frente al Fallo dictado en la anterior instancia, estimatorio en parte de la demanda, y declaratorio de la resolución del contrato celebrado entre los actores y Comercialización de Aprovechamiento por Turno, SL el 29 de junio de 2003, y del contrato de préstamo suscrito entre los actores y el Banco de Santander Central Hispano el día 7 de julio de 2003, piden la revocación del mismo, y en su lugar se dicte otra sentencia en virtud de la cual sea desestimada íntegramente la demanda y ellos absueltos de las pretensiones en la misma deducidas.

SEGUNDO

Alegan los apelantes, en sus respectivos recursos de apelación, idénticos argumentos, que por ello han de resultar conjuntamente analizados por esta Sala. Alegan que la Sentencia dictada en la instancia incide en incongruencia, por haber resuelto cosa distinta de la pedida en la demanda, pues la misma declara resueltos los contratos de aprovechamiento y de préstamo, pese a que la petición de la parte actora, conforme a la acción ejercitada en la demanda era la de declaración de nulidad de los mismos y que, además, declarada la resolución contractual, nada decía ni resolvía sobre las consecuencias jurídicas de tal declaración de resolución, que no podían ser otras que la restitución de las recíprocas prestaciones, y, en concreto por lo que se refiere a la entidad crediticia la inmediata devolución a la misma de la cantidad prestada a los actores, incurriendo así en incongruencia de tipo omisivo. Entrando a resolver sobre la primera cuestión planteada, la doctrina jurisprudencial tiene reiterado que el deber judicial de congruencia o atenimiento a las peticiones de las partes no se viola cuando, respetándose el hecho o hechos, se aplican a los mismos la norma o normas que justamente les conviene, ya porque tales hechos lo exijan de modo natural, ya porque el ordenamiento jurídico contenga disposiciones de carácter imperativo o prohibitivo que por su propia naturaleza hagan obligatoria su observancia, incluso de oficio y como integrante también del deber judicial preferente según las reglas de la jerarquía normativa, que subordinan el principio de la autonomía de las partes al interés social o al orden público- artículo 1.255 y 6.3 del Código Civil ( LEG 1889, 27) ( SSTS 29 de marzo de 1932 [ RJ 1932, 976] y 27 de noviembre de 1984 [ RJ 1984, 5665] ), siendo potestad de los jueces y tribunales aplicar las normas adecuadas en virtud de los principios "iura novit curia" y " dabo tibi ius", sin estricta o rígida acomodación a la literalidad de los escritos de las partes, teniendo como único límite infranqueable al respecto "la causa petendi", no pudiéndose aportar de oficio hechos o circunstancias decisivas distintas ni ampliar su decisión a extremos no controvertidos, no propuestos o no tenidos en cuenta por las partes, tanto en la acción como en la defensa y excepción, pues sería una extralimitación que impediría el normal uso de la defensa jurídica, causando indefensión ( SSTS 15 de octubre de 1984 [ RJ 1984, 4865] ; 28 de febrero de 1981 [ RJ 1981, 635] , 30 de junio de 1982 [ RJ 1982, 3449] y 8 de julio de 1983 [ RJ 1983, 4118] ), y trasladando esta doctrina al supuesto de autos, no es dable tachar de incongruente la Sentencia que declara resueltos ambos contratos, por cuanto que, ciertamente, si bien en el suplico de la demanda se pide la declaración de nulidad tanto del contrato de aprovechamiento, como del contrato de préstamo vinculado al mismo, integrando dicho suplico, con la relación de hechos de la demanda, los fundamentos jurídicos de la misma y la documentación adjunta, fundamentalmente los documentos consistentes en los Fax remitidos por el letrado de los actores a ambos demandados, se puede concluir, de forma clara, que las acciones que se ejercitaban en la demanda eran las acciones de resolución de ambos contratos, obedeciendo la utilización del vocablo nulidad en el suplico de la demanda, a un mero error de transcripción, sin que de ello se pueda derivar indefensión de tipo alguno para los demandados, pues basta leer los hechos de la demanda, en la cual los actores relatan que se entregó el precio durante el período de desistimiento, y que en el contrato no se insertó literalmente el contenido de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 42/1998 de 15 de diciembre ( RCL 1998, 2916) , y todas las menciones legales, que se reiteran en los fundamentos de derecho, insistiendo los actores en la procedencia de la resolución, y los documentos adjuntos a la misma, en las cuales se comunicaba a los demandados el ejercicio por parte de los actores de su voluntad de desistir y resolver el contrato conforme la faculta la cita de ley, para comprender que, pese a que en el suplico se empleaba el vocablo nulidad, las acciones ejercitadas eran en realidad las de desistimiento y resolución, sin que el hecho de la utilización del término nulidad en el suplico, puedo conducir como pretende la parte apelante a una resolución desestimatoria de la demanda pues, como ya se ha reiterado, tanto de los hechos de la demanda, como de los fundamentos de la misma, se desprende que lo que se denuncia es el incumplimiento por parte de C.A.TSL. de las obligaciones que la Ley impone para el contrato celebrado con los actores, en cuanto a su contenido mínimo, de lo que fácilmente se concluye que no era la acción de nulidad la instada, por más que en el suplico se haya hecho uso de ese vocablo. Por ello se puede afirmar que la juzgadora a quo, al haber respetado la causa petendi y los hechos alegados, y haciendo uso de los principios iura novit curia y da mini factum, dabo tibi ius, al determinar cuáles hayan sido las acciones ejercitadas en la demanda, no se excedió en su cometido, ni incidió al resolver la resolución contractual, en incongruencia por citra petita, más aún cuando si se hubiera declarado la nulidad, en lugar de la resolución, las consecuencias jurídicas de una a otra hubieran sido las mismas por cuanto que ambas hubieran implicado que las cosas habrían vuelto al momento anterior a la celebración de los contratos.

TERCERO

Por lo que respecta a la cuestión relativa a la incongruencia de tipo omisivo en la que se alega incide la Sentencia, en cuanto que si bien se declara la resolución del contrato de aprovechamiento y la del préstamo vinculado, se dice, no se resuelve sobre las consecuencias jurídicas de dicha resolución, basta la sola lectura reposada del fundamento de derecho sexto de la Sentencia recurrida, para comprender como la misma sí analiza y resuelve la aludida cuestión, fundamentando que si bien la resolución contractual que se declara conlleva la restitución de las recíprocas prestaciones y, por tanto, que los actores tendrían que devolver al banco la cantidad entregada y, previamente CAT devolver a los actores la cantidad pagada, de forma que todo quedara en la misma posición económica de antes de la celebración de los contratos, no obstante ello, concluye que en cuanto a este extremo la demanda no puede estimarse, pues al haberse pagado en realidad el precio del contrato de aprovechamiento, directamente por el Banco a CAT, si se condenara a CAT a devolver su importe a los actores, se produciría un enriquecimiento injusto de los mismos que nada han pagado, por lo que el Fallo desestima la demanda en cuanto a este extremo, si bien precisando en el fundamento jurídico sexto que quedan a salvo las acciones que puedan corresponder a B.S.C.H., SA contra CAT, SL, por lo que cabe concluir, la imposibilidad de tildar la resolución recurrida de incongruente por omisión, lo que conduce al perecimiento del motivo de apelación.

CUARTO

Ciertamente la Ley 42/98 de 15 de diciembre ( RCL 1998, 2916) en su artículo 10, distingue claramente entre los derechos que asisten al adquiriente de este tipo de productos, entre la facultad de desistir del contrato, la facultad de resolverlo y la acción en petición de nulidad. Con arreglo a la regulación citada, la Ley concede al adquiriente la facultad de manifestar su voluntad de desistir del contrato, sin necesidad de alegar causa justificativa alguna, pero siempre que ello se haga dentro del plazo perentorio de 10 días desde la firma del contrato. Igualmente faculta al adquiriente a resolver el contrato conforme al artículo 10 citado, si el contrato no contiene alguna de las menciones o documentos a los que se refiere el artículo 9, o cuando el adquiriente no hubiere resultado suficientemente informado o por haberse contravenido la prohibición del artículo 8-1 de la Ley o incumplido alguna de las obligaciones de los restantes apartados de ese mismo artículo o si el documento informativo entregado no se correspondiera con el archivado en el Registro, facultad que habrá de ejercitarse en el plazo de tres meses a contar desde la fecha del contrato y, por último la Ley contempla la posible petición de nulidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.300 y siguientes del Código Civil ( LEG 1889, 27) , en el caso de que haya falta de veracidad en la información. En el caso de autos, como bien resuelve la juzgadora a quo, el desistimiento que contempla el artículo 10-1 de la Ley Especial, que debe ejercitarse en un plazo de 10 días, contados desde la firma del contrato, ha caducado, por cuanto que el contrato se celebró en 29 de junio de 2003 (documento núm. 1 de la demanda), y la facultad de desistimiento se ejerció por medio de Fax que remitió al letrado de los actores, como mandatario de los mismos, el día 11 de julio de 2003 (documento cinco de la demanda), por lo tanto, fuera del plazo de diez días naturales que marca la ley.

Por lo que se refiere a la facultad resolutoria, que los apelantes entienden también caducado el plazo para su ejercicio, conforme al artículo 10 citado, era de tres meses contados desde la fecha del contrato y como el contrato de aprovechamiento se celebró en 29 de junio de 2003 y el Fax comunicando a los demandados la voluntad de resolver el contrato de aprovechamiento y el de préstamo a él vinculado, son de fecha 11 de julio de 2003 y 16 de julio de 2003, remitiéndose después varios Faxes más, queda claro que la voluntad resolutoria se comunicó dentro de plazo legal, por lo que la alegación de caducidad debe perecer, más aún cuando no puede ser admitida la alegación de que no consta que el Fax llegase a conocimiento del destinatario, ni en qué fecha lo fue, pues ello queda plenamente desvirtuado por el contenido del documento núm. 6 de los adjuntados con la demanda, en virtud del cual CAT, S.L, en respuesta al Fax enviado por el abogado de los actores en 11 de julio de 2003, manifiesta a los mismos que el plazo de 10 días para desistir unilateralmente del contrato ha transcurrido y por tanto su escrito está fuera de plazo, que el contrato contiene el 100/% de los requisitos mínimos estipulados por la Ley y que por tanto, no procede la resolución contractual, de lo cual resulta que conocía el contenido del Fax de julio, y que su contenido llegó a su conocimiento, en fecha anterior a su contestación que tuvo lugar en 23 de julio, y por ello, está claro que los actores ejercitaron su derecho dentro del plazo legal marcado y que la voluntad resolutoria de los mismos llegó a cumplido conocimiento de los demandados dentro de ese plazo legal señalado a la misma.

QUINTO

Descartada pues la caducidad, el párrafo 1º del apartado segundo del tan citado artículo 10 de la Ley especial dispone que si el contrato de aprovechamiento no contiene alguna de las menciones o documentos a los que se refiere el artículo 9, o que el adquiriente no hubiera resultado suficientemente informado por haberse contravenido la prohibición del artículo 8-1, o incumplido alguna de las obligaciones de los restantes apartados de ese mismo artículo, o si el documento informativo entregado no se corresponde con el archivado en el registro, el adquiriente podrá resolverlo en el plazo de tres meses a contar desde la fecha del contrato, sin que se le pueda exigir el pago de pena o gasto alguno. Este precepto ha de ser relacionado con el contenido del artículo que le precede, el 9, que pormenoriza el contenido mínimo del contrato, expresando su apartado 1.1º-6º, que en el contrato debe figurar inserto literalmente el texto de los artículos 10, 11 y 12, haciendo constar su carácter de normas legales aplicables al contrato. En el contrato de autos, tras detenido análisis del mismo, se constata que no figura inserto literalmente el contenido de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley, y si bien se aportó por la demandada CAT, SL un anexo que dice entregó a los actores en el que figuran todas las menciones legales, incluido el texto de la Ley, lo cierto es que de la dicción literal del artículo 9, se colige que lo que la Ley exige es que el contenido de dichos preceptos está inserto en el contrato mismo, no en el anexo aparte, por lo que se pude afirmar que la exigencia legal no se satisface cumplidamente por el hecho de que el texto de los citados artículos figure transcrito en el anexo que se dice entregado a los actores, por lo que solo por ello, puede accederse ya, conforme al artículo 10 de la ley, a la resolución pretendida, pero aún cuando pudiera darse una interpretación amplia de la Ley y por ello se considerarse que por el hecho de figurar en el documento informativo anexo al contrato el contenido de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley, se cumpliare con la exigencia legal del artículo 9, lo cierto es que en el documento apartado no figura firma de los actores, a la sazón compradores, por lo que no consta que llegaran a tener acceso y conocimiento del mismo por más que en el contrato se afirme lo contrario, por lo que ello no permite estimar que se cumpla con la exigencia legal que impone el artículo 9. 1. 6º de la ley, lo que permite concluir que CAT, SL no ha respetado el contenido mismo del contrato exigido por la Ley, vulnerando el contenido del artículo 9-1º 6º, por lo que entra en juego, indudablemente la previsión del artículo 10.2 y por consiguiente el derecho de los actores de exigir la resolución del contrato, derecho que ejercitaron dentro del plazo de tres meses que señala la ley, por lo que la sentencia ha de ser confirmada en cuanto a este particular.

SEXTO

Por último cabe señalar que la Sentencia recurrida estima acreditada la vinculación existente entre el contrato de aprovechamiento y el contrato de préstamo, y en base a ello estima procedente la resolución de ambos pactos y como la Sentencia no ha sido recurrida en cuanto a este particular, esta Sala ha de atenerse a ello. Partiendo pues de la procedencia de la resolución de ambos contratos, la consecuencia que de ello se deriva es la restitución inter partes de sus recíprocas prestaciones, pero como en el caso de autos, los actores no pagaron el contrato de aprovechamiento, porque el importe del préstamo obtenido del B.S.C.H. y gestionado por CAT, SL, se ingresó por la entidad crediticia directamente a CAT, S.L, resulta claro, como con acierto resolvió la juzgadora a quo, que no se puede condenar a CAT, SL a devolver a los actores el precio, porque se produciría para las mismas un enriquecimiento injusto, ni, por supuesto se puede imponer a los actores la devolución a B.S.C.H. del importe del préstamo, porque el contrato está resuelto y no recibieron el dinero, por lo que en este punto es de imposible estimación la demanda, sin perjuicio ello de los derechos que se hagan valer en el procedimiento de ejecución que B.S.C.H., SA sigue frente a los actores y de las acciones que puedan corresponder a B.S.C.H. SA frente a CAT, solución ésta que acoge la sentencia dictada en la instancia y que no ha sido objeto de recurso pues lo que al respecto alega la entidad crediticia es solo que dicha cuestión no ha sido resuelta, lo que no es verdad como ya se ha tratado en anteriores fundamentos de derecho.

SÉPTIMO

Por último, a efectos meramente polémicos, se puede señalar a los apelantes, que aunque se considerase que la acción que se ejercitó en la demanda es la de nulidad, la cuestión resulta intrascendente a los efectos de esta apelación, pues por lo que luego se dirá, la acción de nulidad habría resultado estimada y los efectos que de ello se derivarían son los mismos que los que se derivan de la resolución contractual declarada. En efecto resulta acreditado en autos, porque así lo manifiestan los actores y no lo niegan los demandados, que los actores firmaron el contrato de aprovechamiento, tras haber mantenido con CAT una reunión para la que fueron captados, en la cual se les ofreció la posibilidad de tal contrato, siendo además notorio, que es la forma normal de proceder por las empresas dedicadas a tal objeto. El día 29 de marzo de 2003 los actores firmaron el contrato con CAT, SL, en virtud del cual adquirían una participación que les confiere un derecho real que les atribuye la facultad de disfrutar de 7 noches de alojamiento anuales en el complejo Atlantic Club reserva de Marbella, con las condiciones establecidas en el citado contrato. Esta Sala no alberga duda alguna de que los demandantes firmaron el contrato bajo la presión psicológica de técnicas de captación de la voluntad que de todos es sabido emplean estas empresas, como son el ofrecimiento de descuentos, como se observa en el contrato, regalos por su mera afiliación etc; en el mismo contrato se induce a los compradores a pagar, sin respetar el plazo de diez días que conforme a la Ley tienen para desistir del contrato en cuanto se establece que el bono descuento (482 euros) por pronto pago se entregará mediante cheque bancario a nombre de los adquirientes. Además en el contrato propiamente dicho no se hace mención alguna al derecho que tienen los adquirientes de desistir unilateralmente del contrato en el plazo de 10 días, sino que sobre ello, el contrato se remite al anexo que por cierto consta de 280 páginas, que se dice entregado a los adquirentes, pero que en el caso de autos no consta tal entrega, siendo así que dicha posibilidad debería estar recogida expresamente en el contrato, a fin de que los adquirientes pudieran reflexionar, después de firmado, sobre la posibilidad de desistir del mismo sin necesidad de pagar cantidad alguna, una vez estudiado con tranquilidad el contrato, y no solo ello no figura en el contrato, sino que, además CAT, les induce a pagar antes del transcurso de ese plazo de 10 días, aún a sabiendas de que está vetado legalmente cualquier pago durante ese período de diez días que puede llamarse de reflexión, siendo así que, en el caso de autos, el importe del préstamo que les concedió B.S.C.H., gestionado por CAT, S:L:, fue ingresado casi de forma automática en la cuenta de CAT, SL, lo que permite pensar que los demandantes estaban constreñidos por esa entrega de dinero. Todas estas consideraciones revelan que en la formación del consentimiento de los actores, concurrió una voluntad viciada por unas técnicas agresivas de venta, desconociendo los mismos cuál era el contenido real del contrato y privándoseles del período de reflexión, es decir, una serie de argucias, oscuridades e imprecisiones suficientes como para generar confusión en los adquirentes e inducirles a la sucripción del contrato, que permiten considerar viciado el consentimiento de los mismos y, en consecuencia sería procedente la declaración de nulidad del contrato de, aprovechamiento, así como del préstamo vinculado al mismo, conforme a las disposiciones generales del Código Civil ( LEG 1889, 27) sobre nulidad de los contratos, nulidad que en el caso de autos y en cuanto a sus consecuencias jurídicas, compartiría idénticos efectos que los derivados de la resolución que han sido tratados en anteriores fundamentos de derecho, a cuya fundamentación procede la remisión al objeto de evitar innecesarias repeticiones.

OCTAVO

La íntegra desestimación de ambos recurso de apelación comporta, conforme a los artículos 398-1 y 394-1 ambos de la LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , la imposición de las costas de esta alzada a los apelantes.

Vistos los preceptos citados y los demás de legal y oportuna aplicación.

FALLAMOS:

Desestimar los recursos de apelación formulados por las representaciones procesales de Banco de Santander Central Hispano, SA y de Comercialización de Aprovechamiento por Turno, SL ambos frente a la sentencia dictada por la Ilma. SRª Magistrada Juez de Primera Instancia NÚM. 5 de Marbella, en los autos de juicio ordinario núm. 308/04 a que este rollo se refiere y, en su virtud, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución, con imposición a los apelantes de las costas procesales correspondientes a esta alzada.

Devuélvanse los autos originales con certificación de esta sentencia, al Juzgado del que dimanan para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Un cordial saludo,

R. Gómez

 

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