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vivo con mi pareja que esta separado legalmente de su exmujer.Tiene

Pregunta del cliente

vivo con mi pareja que esta separado legalmente de su exmujer.Tiene dos hijas menore de edad y le esta pagando 400E para las hijas y 400E a la exmujer.Hase 2 años dejo de pagarle a ella y paga solo por las hijas teniendo en concideracion que elle de cuando se han separado tiene un novio por cual era el motivol de separacion.Ahora su exmujer le ha denunciado motivando que quiere que le pague su pencion.My pareja de cuando se han separado ha suportado todo los gastos de las niñas incluiendo el oculista , dentista,paga las horas de muzica, ropas y todo que le hasian falta.En la separacion ha dejado a la exmujer la casa,el coche y dinero.Haora el tiene 2 casas que le ha comprado despues de separacion y esta pagando la ipoteca.no se puede permitir pagarle a su exmujer y tampoco quiere,porque ella tiene el novio. La pregunta es:que puede pasar el en el caso que ella lo va a denunciar para pagarle la pencion y como puede defenderse de ella. MUCHIAS GRACIAS
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Derecho Civil
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Buenos días,

Su pareja debe instar una modificación de medidas a fin de que se le extinga la pensión a su mujer porque las circunstancias personales y económicas han cambiado.

Es decir, su pareja debe presentar una demanda civil, con firma de abogado y procurador, para que un juez decrete la extinción de esa pensión. Esto lo debe realizar a la mayor urgencia porque mientras que un juez no decreta la extinción de la pensión compensatoria, ésta no se extingue por sí sola. Existe la obligación de abonar la pensión compensatoria hasta que un juez decreta que no existen motivos económicos para seguir abonando la misma.

Si las circunstancias económicas han cambiado, su pareja tiene menos ingresos y la ex mujer tiene una vida nueva con otra persona, es probable que el juez le extinga la pensión. Pero como les dije, deben instar esto judicialmente. Si su pareja gana menos de 1288 euros brutos al mes podría conseguir abogado y procurador de oficio si lo desea, con lo que no incurriría en gastos.

Si su mujer denuncia por el impago, a su pareja podría imputársele un delito del siguiente precepto legal:

227. 1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.


Si su pareja carece de antecedentes penales, en ningún caso correría el riesgo de ingreso en prisión pero tendrían que afrontar una pequeña multa y el pago de las pensiones atrasadas.

Los mejores argumentos para oponerse a la imputación de ese delito serían la imposibilidad económica de hacer frente al mismo pago, algo que le correspondería acreditar y probar a su pareja.

Por todo ello, le reitero la conveniencia de instar una modificación de medidas ante el juez, a fin de que éste extinga la pensión.

POR FAVOR, NO OLVIDE ACEPTAR LA RESPUESTA Y ASIMISMO PODRÁ SOLICITARME MÁS ACLARACIONES SI DESEA. Saludos cordiales.



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Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.


Le facilito sentencia donde se absuelve a un sujeto por impago de pensiones por acreditar la imposibilidad de hacer frente a los mismos,

Quedo a su disposición, no olvide aceptar aquella respuesta que haya sido de su interés, sólo así el experto cobra si cargo para usted.

Saludos cordiales,





Audiencia Provincial de Valencia (Sección 1ª)
Sentencia núm. 88/2004 de 6 abril JUR 2004\162934







ABANDONO DE FAMILIA, MENORES O INCAPACES: Dejar de pagar cualquier tipo de prestación económica establecida en convenio judicialmente aprobado, en los supuestos de separación, divorcio, proceso de filiación o de alimentos a favor de los hijos: inexistencia: impago de pensión compensatoria: acusado que se hace cargo de la pensión de alimentos y el pago de la casa en la que éstos viven, habiéndose acreditado cierta imposibilidad económica derivada del año de baja laboral en el que ha estado: ausencia de dolo.

Jurisdicción: Penal
Recurso de Apelación núm. 205/2004

Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio Ferrer Gutiérrez

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN PRIMERA

VALENCIA

---------------

ROLLO NUM. 205/04

PROCEDIMIENTO ABREVIADO NUM. 167/02

JGDO. DE LO PENAL NUM. 9 VALENCIA.

INSTRUCTOR: SAGUNTO-1; P.A. 37/00

ILMO SR FISCAL D VICTOR MONTES

SENTENCIA Nº 88/04

___________________________

Presidente

Don Carlos Climent Duran

Magistrados

Don Antonio Ferrer Gutiérrez

Doña María José Julia Igual

___________________________

En Valencia a 6 de abril de 2004

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Iltmos. Sres. anotados al margen, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos interpuesto contra la Sentencia de fecha 26 de julio de 2003, pronunciada por el Juzgado de lo Penal numero 9 de Valencia, en procedimiento abreviado seguido en el expresado Juzgado con el numero 167/02, por delito de abandono de familia.

Han intervenido en el recurso, en calidad de apelante, Dª Leonor , representada por el Procurador de los Tribunales Dª ELISA PORTILLO ROYO y dirigido por el Letrado Dª ANA MARIA ESTEVE OLIVARES; como apelado, D. Miguel Ángel representado por el Procurador de los Tribunales Dª ROSARIO ARROYO CABRIA y dirigido por el Letrado D. JORGE BARRACHINA JIMENO; y ha sido Ponente el Iltmo. Sr. D. Antonio Ferrer Gutiérrez, quien expresa el parecer del Tribunal.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida, declara probados los hechos siguientes:

Se declara probado, como resultado de la prueba practicada en estos autos consistente en interrogatorio del acusado, testifical y documental que en fecha 27 de julio de 1999 se dictó sentencia por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de los de Sagunto en los autos nº 328 bis/98 incidentales de oposición a las medidas provisionales de separación en la que se acordaba la modificación de las medidas provisionales adoptadas por auto de 26 de marzo de 1999 acordando en su lugar que Miguel Ángel debía abonar a su esposa Leonor la cantidad de 90.000 ptas mensuales. El marido permanecería en el domicilio conyugal con las dos hijas del matrimonio, sin que desde enero de 2000 haya satisfecho Miguel Ángel el pago de esta pensión.

Los hechos fueron denunciados por Leonor el 8 de marzo de 2000.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal lleva fecha de 22 de noviembre de 2001.

SEGUNDO.- El fallo de la sentencia apelada dice:

Que debo absolver y absuelvo a Miguel Ángel del delito de abandono de familia que se le imputaba en este procedimiento, declarando las costas de oficio. Una vez firme esta sentencia déjense sin efecto las medidas cautelares, de naturaleza real y personal, que se hubieren adoptado.

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de Dª Leonor se interpuso contra la misma recurso de apelación ante el órgano judicial que la dicto, por los motivos que desarrolla ampliamente en su correspondiente escrito.

CUARTO.- Recibido el escrito de formalización del recurso, el Juez de lo Penal dio traslado del mismo a las demás partes por un plazo común de diez días para la presentación, en su caso, de los correspondientes escritos de impugnación o de adhesión al recurso. Transcurrido dicho plazo, se elevaron a esta Audiencia Provincial los autos originales con todos los escritos presentados.

QUINTO.- En la tramitación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

II. HECHOS PROBADOS

Se aceptan los hechos declarados probados en la Sentencia apelada, que han quedado anteriormente transcritos.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Pudiendo calificar la sentencia objeto de recurso como totalmente correcta, tanto por lo que se refiere a la valoración que efectúa de la prueba obrante en la causa, de la cual obtiene unas conclusiones que en modo alguno se nos muestran como contrarias a las reglas de la lógica y el sentido común, tras su análisis conjunto sobre la base de una practica de la misma bajo el principio de inmediación, que sitúa al Juez de instancia en una especial posición a fin de valorarla adecuadamente de conformidad a las reglas de la sana critica. Como son igualmente aceptables, las consecuencias de índole jurídico que liga a los hechos previamente aceptados como probados, tal como en ella misma se desarrolla, procederá sin mayor dilación su integra confirmación, en la medida que estas consideraciones en modo alguno quedan desvirtuadas ni afectadas por las razones en que se funda el recurso.

SEGUNDO.- Como bien se dice no podemos olvidar que nos encontramos ante un procedimiento de naturaleza penal, ante un delito, que como tal exigirá la necesaria concurrencia de un elemento intencional, que en el presente caso nos obligaría a afirmar que no basta la mera constatación objetiva del impago que se recoge en el tipo, sino que además será preciso ese impago se haya producido precisamente por propia voluntad del acusado, es decir, por una voluntad rebelde al cumplimiento de las obligaciones que le fueron establecidas en el procedimiento civil previo. Lo que indudablemente no supondrá que en cada caso debemos dejar constancia de la solvencia del acusado, dado que precisamente por la existencia de ese procedimiento civil previo, donde ambas parte tuvieron la ocasión, con todas las garantías legales y sus correspondientes recursos, de acreditar tanto sus obligaciones como sus necesidades, hemos de presumir que el acusado se encuentra en disposición económica de atender las obligaciones que en su día le fueron impuestas, incumbiéndole a el de forma directa el acreditar que sino las ha atendido, ha sido por causas sobrevenidas no tenidas en cuenta en el referido procedimiento.

Así en el supuesto de autos, tal como ya recoge el Juez de instancia, existen una serie de circunstancias que nos impiden afirmar que concurre ese necesario elemento intencional, dado que ya en su día los ingresos sobre cuya base se partió fueron fijados de forma presunta, al no poderse determinar de forma objetiva cuales fueran, habiéndose hoy llegado a acreditar documentalmente que tras la referida determinación ha sufrido un periodo de baja laboral superior al año, lo que por su profesión necesariamente le ha de haber supuesto una importante perdida de ingresos por una paralela perdida de clientela, sin que conste documentación alguna que nos permita contradecirlo, dado que a la prueba testifical practicada no puede atribuírsele valor a estos efectos, desde el momento que el Juez bajo cuya inmediación se practico no le reconoce la suficiente credibilidad. A lo que debemos unir una circunstancia muy importe, cual seria que el pago de la pensión compensatoria, no constituye la única carga familiar, sino que junto a ella existe otra, a la que además la ley en todo caso atribuye una total preferencia, cual es atender a las necesidades de los hijos comunes y el mantenimiento en su beneficio de la vivienda familiar, de lo cual se esta ocupando en su integridad el acusado, sin que por lo visto reciba colaboración alguna por parte de la recurrente, pese a que la sentencia que declaro su separación le impuso el pago de una pensión por tal concepto. Por lo que ante ello no podremos afirmar que el acusado se haya desatendido completamente de sus obligaciones familiares, dado que de hecho atiende las necesidades de sus hijas y de la vivienda que ellas han de ocupar, a lo que hemos de unir que efectivamente se ha producido una reducción de sus ingresos, así como, la necesidad de establecer una suerte de compensación por las pensiones que la recurrente haya dejado satisfacer. Cumulo de circunstancias que en su conjunto nos impedirán afirmar que concurre ese necesario elemento intencional que exige el delito, al surgir la duda de si realmente ante esa reducción de ingresos no esta ahora atendiendo las cargas familiares en la proporción que su nueva situación se lo permite, apareciendo mas conveniente reservar la cuestión a la esfera civil, donde de un lado, en el correspondiente incidente de ejecución podrán determinar concretamente el débito real y ejecutarlo en su caso por la vía de apremio, y de otro lado, visto que en definitiva según moderna doctrina no debe considerarse la pensión compensatoria como una suerte de pensión llamada a perpetuarse, exonerando a su beneficiario de, vencido el momento inicial de desorientación, normalizar su situación hasta alcanzar una relativa independencia, el que pueda reconsiderarse el importe de esas pensiones a través del procedimiento de divorcio que se dice iniciado, dado que al parecer puede que la recurrente, según los alegatos que de contrario se nos efectúan, en alguna medida se haya normalizado económica y patrimonialmente.

TERCERO.- En consecuencia procederá desestimar el presente recurso y confirmar la resolución a que afecta, imponiendo, de existir, el pago de las costas procesales correspondientes a esta alzada a la parte apelante.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia

ha decidido:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª Leonor .

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia a que el presente rollo se refiere, imponiendo, de existir, el pago de las costas procesales correspondientes a esta alzada a la parte apelante.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, y notificada esta sentencia a las partes, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, para su ejecución­.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevara certificación al rollo, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Buenas tardes,

Cualquier duda puede exponerla, no quede con dudas.

Ruego acepte la respuesta si fue de su interés,

Saludos cordiales.

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