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José M
José M, Abogado ejerciente
Categoría: Derecho Civil
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Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS
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Se puede denunciar a alguien que coge tu correo sin tu permiso

Pregunta del cliente

Se puede denunciar a alguien que coge tu correo sin tu permiso y te abre las cartas
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Derecho Civil
Experto:  José M escribió hace 4 año.

Hola:

 

Abrir correspondencia ajena es un delito de violacion de correspondencia castigado en el artículo 197 del código penal. Es un delito y perfectamente denunciable.

 

Artículo 197.

1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

3. El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33.

4. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

5. Si los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo se realizan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años, y si se difunden, ceden o revelan los datos reservados, se impondrá la pena en su mitad superior.

6. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.

7. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años.

8. Si los hechos descritos en los apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organización o grupo criminales, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado.

 

Le dejo una sentencia muy aproximada a su caso con una condena de dos años.

 

Procede que denuncie en policia o guardia civil, aportando las pruebas que tenga

Si gana menos de 1288 euros puede solicitar abogado de oficio en el colegio de su provincia que le lleve el proceso judicial contra su ex, si no le recomiendo que busque un abogado con éste objeto.

 

 

AP Barcelona, Sec. 8.ª, de 17 de octubre de 2001 Recurso 493/2001. Ponente: D. JACOBO VIGIL LEVI. EXTRACTOS Abrir correspondencia de persona con la que has convivido para utilizarla en procedimiento en su contra supone delito de violación de correspondencia "... La acusada abrió una carta dirigida a la denunciante que había sido remitida por una entidad bancaria y que contenía el saldo del deposito que en la misma había realizado la recurrente. Actuó en la forma descrita con la finalidad de conocer la información contenida en la misiva y para valerse de la misma en el procedimiento que pensaba promover contra la denunciante. La inviolabilidad de la correspondencia es una de las garantías básicas de toda sociedad, consagrada en los textos constitucionales históricos de nuestro país y en el actual artículo 18 de la Constitución. La reserva asociada a la correspondencia integra así mismo una norma de convivencia cívica, sobradamente conocida por los ciudadanos por escasa que sea su formación. El Código Penal sanciona en su artículo 197 la conducta de quien, para descubrir los secretos de otros, se apodere, sin su consentimiento, de sus cartas, es decir prevé precisamente la conducta que nos ocupa. Para afirmar, como se hace en la sentencia de instancia, que la conducta no reviste entidad bastante para ser penalmente relevante, haríamos de considerar que en la misma concurre un elemento que la distinga de los supuestos ordinarios de violación de correspondencia que, como se ha expuestos, son típicos. No advertimos en que elementos del hecho pueda estar esta especialidad, en tanto que la conducta de la acusada coincide plenamente con la descrita en el tipo y el objeto de la misma, la correspondencia violada, reunía todos los elementos de privacidad que le son propios y contenía información especialmente sensible como es aquella relativa al estado patrimonial de su destinatario. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal indicado en el encabezamiento y con fecha 493/01 se dictó Sentencia en cuya parte dispositiva textualmente se dice: " FALLO Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a María Cristina del delito de que venía acusada por la presente causa corriendo de oficio las costas del juicio". SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a todas las partes interesadas, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de Dª. Elisa, en cuyo escrito tras expresar los fundamentos del recurso que tuvo por pertinentes, interesó la revocación de la sentencia recurrida. TERCERO.- Admitido a trámite dicho recurso se dio traslado del mismo al resto de las partes personadas para que en el término legal formularan alegaciones que tuvieren por conveniente a sus respectivos derechos, tramite que fue evacuado por las mismas ante esta Sección Octava de la Audiencia de Barcelona. CUARTO.- Recibidos los autos y registrados en esta Sección y sin celebrase vista pública al no solicitarse ni estimarse necesaria, quedaron los mismos para Sentencia. ÚNICO-. Se acepta en su integridad el relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO-. La recurrente interesa la revocación de la resolución recurrida alegando como motivos de impugnación los de error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto legal. Alega en primer lugar la recurrente que en la resolución de instancia se ha incurrido en un error en la apreciación de la prueba. La apelante no indica a qué extremos del relato de hechos probados se refiere el error alegado y la Sala observa que dicho relato coincide en esencia con el propuesto por la acusación recurrente y por el Ministerio Fiscal en sus respectivos escritos de calificación. En efecto en la resolución de instancia se considera acreditado que la acusada Dª. María Cristina en fecha no determinada pero en todo caso entre abril y julio de 1.997, abrió una carta dirigida a la denunciante Dá. Elisa, que había residido en el domicilio de aquella, y posteriormente la aportó a un procedimiento de Juicio de Cognición promovido contra la Sra. Elisa. Los hechos expuestos coinciden en lo fundamental con lo expuesto por la acusación recurrente, sin que entre el relato referido y el propuesto por la apelante exista elemento alguno de divergencia que pueda incidir en la calificación del hecho. SEGUNDO-. Alega la recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículo 197.1 del Código Penal. El motivo ha de prosperar. En efecto, según se ha expuesto, se considera probado en la resolución de instancia que la acusada se apoderó de una carta remitida a la denunciante y la abrió, aportándola posteriormente a un procedimiento civil promovido por aquella. Razona, la Juzgadora de instancia que nuestro ordenamiento jurídico proporciona protección a la intimidad a través de distintos cauces, estableciendo para las violaciones que al referido derecho puedan producirse sanciones de tipo penal o civil. Se argumenta que la sanción penal debe estar reservada a aquellas violaciones del bien jurídico más significativas en virtud del principio de intervención mínima que informa el derecho penal. Finalmente se concluye que la violación cometida por la acusada no reviste entidad bastante para merecer una sanción penal y que en todo caso deberá ser sancionada civilmente. Comparte la Sala la primera parte de la exposición referida, más no la conclusión alcanzada en virtud de la misma. La acusada abrió una carta dirigida a la denunciante que había sido remitida por una entidad bancaria y que contenía el saldo del deposito que en la misma había realizado la recurrente. Actuó en la forma descrita con la finalidad de conocer la información contenida en la misiva y para valerse de la misma en el procedimiento que pensaba promover contra la denunciante. La inviolabilidad de la correspondencia es una de las garantías básicas de toda sociedad, consagrada en los textos constitucionales históricos de nuestro país y en el actual artículo 18 de la Constitución. La reserva asociada a la correspondencia integra así mismo una norma de convivencia cívica, sobradamente conocida por los ciudadanos por escasa que sea su formación. El Código Penal sanciona en su artículo 197 la conducta de quien, para descubrir los secretos de otros, se apodere, sin su consentimiento, de sus cartas, es decir prevé precisamente la conducta que nos ocupa. Para afirmar, como se hace en la sentencia de instancia, que la conducta no reviste entidad bastante para ser penalmente relevante, haríamos de considerar que en la misma concurre un elemento que la distinga de los supuestos ordinarios de violación de correspondencia que, como se ha expuestos, son típicos. No advertimos en que elementos del hecho pueda estar esta especialidad, en tanto que la conducta de la acusada coincide plenamente con la descrita en el tipo y el objeto de la misma, la correspondencia violada, reunía todos los elementos de privacidad que le son propios y contenía información especialmente sensible como es aquella relativa al estado patrimonial de su destinatario. SEGUNDO-. La conducta de la acusada constituye un delito previsto en el artículo 197 apartados 1 ° y 3° del Código Penal. Concurren en la acusada los elementos propios de la infracción, en concreto el apoderamiento de una carta del sujeto pasivo con animo de descubrir el contenido de la misma. Concurre así mismo el párrafo 3° del precepto citado en tanto que la acusad reveló a terceras personas el contenido descubierto. El legislador utiliza en el artículo 197.3° el verbo "revelar", lo que ha generado un debate a cerca de la equivalencia del dicha acción con la de "divulgar", utilizada históricamente y mantenida también en el artículo 197 del Código Penal. En todo caso el TS ha afirmado que divulgar es "la acción de comunicar por cualquier medio, sin que se requiera que se realice a una pluralidad de personas toda vez que la lesión al bien jurídico intimidad se produce con independencia del número de personas que tenga el conocimiento". (TS 2ª S 04-04-2001, núm. 574/2001, rec. 2338/1999. Pte: Martínez Arrieta, Andrés). De esta forma, habiéndose probado la comunicación de la información al menos a quienes han tenido intervención en la causa a la que fue aportada (Abogados, Procuradores y personal del órgano jurisdiccional) se ha integrado la acción típica. Así el T.S. ha considerado en Sentencia de 23-10-2000, (núm. 1641/2000, rec. 465/1999. Pte: Ramos Gancedo), que la aportación de información reservada a un proceso, constituye revelación, e integra el párrafo comentado. En el mismo sentido esta Sala en auto de 1 de octubre de 2001, Rollo n°. 173/01. TERCERO-. Procede imponer a la acusada la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN. Se impone la pena en su extensión mínima en atención a la ausencia de circunstancias agravantes y a la gravedad de la sanción misma que, en la intensidad referida, entiende la Sala que guarda mejor proporción a la lesión causada al bien jurídico protegido. CUARTO-. Procede condenar a la acusada a indemnizar a la denunciante con la cantidad de 50.000 pesetas. El art. 109 del Código Penal establece que la ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar en los términos previsto en las Leyes los daños y perjuicios por él causados. El art. 116.1 del Código Penal establece que toda persona Criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. La indemnización referida es adecuada para reparar el daño moral causado a la denunciante, en atención al contenido de los datos revelados y a la extensión de la revelación causada. QUINTO-. El artículo 123 del Código Penal señala que las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta, por lo que resultando condenado el acusado, lo será también al pago de las costas causadas en ambas instancias. VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. Rey y en virtud de las atribuciones que nos confiere la Constitución Española FALLAMOS Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª. Elisa contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n°-. 23 de Barcelona, con fecha 30 de mayo de 2.001 y en consecuencia REVOCAMOS aquella Sentencia en todas sus partes, CONDENANDO a Dª. María Cristina, como autora de un delito CONTRA LA INTIMIDAD precedente definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y a indemnizar a Dª. Elisa con la cantidad de CINCUENTA MIL pesetas -50.000-, así como al pago de las costas procesales causadas en ambas instancias. Notifíquese a las partes la presente sentencia, haciéndoles saber que contra ala misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. Líbrese testimonio de esta sentencia y remítase juntamente con los autos principales al Juzgado de su procedencia para que se lleve a efecto lo acordo. Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia en el mismo día de su fecha por el Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública, de lo que yo la Secretaria Judicial doy fe.

Experto:  R.Gomez escribió hace 4 año.

En este caso Usted puede deunciar pero me temo que se archivará por ser la casa de los dos, es muy dificil que se condene.

 

 

 

Si Usted acepta esta respuesta percibié ingresos de just answer si acepta la respuesta de otro abogado percibirá el otro letrado y no yo, Usted decide

Experto:  José M escribió hace 4 año.

Puede ver en la sentencia que aporto que se le condena a dos años por abrir una sola carta.

No es relevante la titularidad del inmueble si no el derecho a la intimidad del destinatario

 

Copio y pego

 

La inviolabilidad de la correspondencia es una de las garantías básicas de toda sociedad, consagrada en los textos constitucionales históricos de nuestro país y en el actual artículo 18 de la Constitución

Experto:  R.Gomez escribió hace 4 año.

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 1ª).Sentencia núm. 529/2011 de 22 diciembre

JUR\2012\54206

DESCUBRIMIENTO Y REVELACION DE SECRETOS: Apoderarse de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico, interceptar sus telecomunicaciones o utilizar artificios técnicos de escucha para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro: existencia: apropiarse de las facturas telefónicas de su expareja y presentarlas en juicio con el objetivo de intentar demostrar el incumplimiento del régimen de visitas.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 198/2011

Ponente: Ilmo. Sr. D. alejandro mª benito lópez

 

La Sección 1ª de la AP de Madrid estima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 16-10-2010 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 19 de Madrid, en el sentido de condenar al imputado como autor de un delito de revelación de secretos.

 

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

MADRID

SENTENCIA: 00529/2011

Procedimiento abreviado nº 39/2009

Juzgado de lo Penal nº 19 de Madrid

Rollo de Sala nº 198/2011

BENITO

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha pronunciado en el nombre de SU MAJESTAD EL REY, la siguiente:

S E N T E N C I A Nº 529/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID )

SECCIÓN PRIMERA )

Presidente )

D ALEJANDRO Mª BENITO LÓPEZ )

Magistrados )

D EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA)

D LUIS CARLOS PELLUZ ROBLES )

 

En Madrid, a veintidós de diciembre de dos mil once.

Visto en segunda instancia por esta Sección Primera de la Audiencia Provincial, el recurso de apelación contra la sentencia de 16 de marzo de 2010 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 19 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 39/2009 , seguido contra don Epifanio .

Habiendo sido partes en la sustanciación del recurso, como apelante la acusadora particular doña María Consuelo , representada por la procuradora doña Dolores Jaraba Rivera y defendida por el letrado don Álvaro Morales Lozano, y como apelados el Ministerio Fiscal y el mencionado acusado representado por la procuradora doña Mª Pilar López Revilla y defendido por la letrada doña Almudena Bueno Fernández; siendo ponente el Ilmo. Sr. don ALEJANDRO Mª BENITO LÓPEZ.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal dictó sentencia en la causa indicada cuyo relato fáctico y parte dispositiva dicen:

HECHOS PROBADOS.- "ÚNICO.- Probado y así se declara que el acusado Epifanio , mayor de edad sin antecedentes penales, en fecha 12-6-2007 aportó escrito ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 24 de Madrid para acreditar los incumplimientos del régimen de visitas de su excónyuge en el que se decía que a través de la factura de teléfono de su excónyuge, María Consuelo , se enteró que ese fin de semana su excónyuge e hija común del matrimonio viajaron a París, aportando copias de la factura la cual obtuvo abriendo la correspondencia a ésta dirigida, sin su consentimiento."

FALLO.- "Que debo absolver y absuelvo libremente al acusado Epifanio , del delito de descubrimiento y revelación de secreto del artículo 197.3 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , declarando de oficio las costas procesales."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución la representación de la representación de la acusadora particular se interpuso el recurso de apelación, que fue estimado parcialmente por esta Sala en la sentencia nº 337/2011, de 20 de julio , en la que se condenaba al Sr. Epifanio como autor responsable de un delito de revelación de secretos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas procesales de la primera instancia, incluidas las de la acusación particular, y se declaran de oficio las costas de esta alzada.

TERCERO.- La sentencia de esta Sección fue anulada por auto de 23 de noviembre de 2011 , estimando en incidente de nulidad formulado por la representación del Sr. Epifanio , disponiendo la reposición de actuaciones al momento inmediatamente anterior, para que se dictar otra respetuosa con el derecho al proceso con todas las garantías.

II. HECHOS PROBADOS

Se aceptan los contenidos en la sentencia impugnada.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

En nuestra sentencia anulada dijimos en los fundamentos jurídicos:

"PRIMERO.- El recurso pretende la condena del Sr. Epifanio por un delito de revelación de secretos del art. 197.3 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) a la pena de 2 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, y abono de costas.

El Juzgado absuelve al acusado porque, aún reconociendo que la factura telefónica la abrió sin consentimiento de la apelante, cuando ésta había abandonado el domicilio familiar, no se trataba de una carta privada en el sentido que no había sido remitida por un particular, sino por la operadora de telefonía, sin que conste la finalidad de conocer datos privados, porque mediante ella difícilmente podría conseguirlos, pudiendo obedecer a razones diferentes, como resolver cuestiones pendientes sobre el suministro u otros sin especificar, aunque luego la utilizase en el procedimiento de separación.

SEGUNDO.- La jurisprudencia constitucional señala que es contrario a un proceso con todas las garantías que el órgano judicial de apelación condene a quien ha sido absuelto en la instancia o agrave su condena, como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen a presencia del órgano judicial ( STC 167/2002, de 18 de septiembre ( RTC 2002, 167 ) ; 272/2005, de 24 de octubre ( RTC 2005, 272 ) ; 80/2006, de 13 de marzo ( RTC 2006, 80 ) ; 207/2007, de 24 de septiembre ( RTC 2007, 207 ) ; 64/2008, de 26 de mayo (RTC 2008, 64); y 108/2009, de 11 de mayo ( RTC 2009, 108 ) ).

Puntualizando que no se vulnera el principio de inmediación cuando:

a) La alteración el sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia de instancia no resulte del análisis de medios probatorios personales que exijan presenciar su práctica para su valoración, como la prueba documental ( STC 40/2004, de 22 de marzo ( RTC 2004, 40 ) ; 59/2005, de 14 de marzo ( RTC 2005, 59 ) ; y 75/2006, de 13 de marzo ( RTC 2006, 75 ) ). Entre la que se encuentra la pericial, cuando por escrito estén expuestas las razones que pueden hacer convincentes las conclusiones a las que el informe llegue, salvo que el perito haya prestado declaración en el acto del juicio con el fin de explicar, aclarar o ampliar su informe, en cuyo caso se convierte en un medio de prueba de carácter personal ( STC 10/2004, de 9 de febrero ( RTC 2004, 10 ) ; 360/2006, de 18 de diciembre ( RTC 2006, 360 ) ; y 21/2009, de 26 de enero ( RTC 2009, 21 ) ).

b) La separación del pronunciamiento fáctico del juez de instancia sea por no compartir el proceso deductivo empleado, partiendo de los hechos base tenidos por acreditados en su sentencia y no alterados en la de apelación, en la que se obtiene otra conclusión distinta ( STC 64/2008, de 26 de mayo ).

c) Sin modificar el relato histórico de la sentencia de instancia, el órgano de apelación alcance una conclusión jurídica diferente ( STC 170/2002, de 30 de septiembre ( RTC 2002, 170 ) ; 170/2005, de 20 de junio ( RTC 2005, 170 ) ; y 60/2008, de 26 de mayo ( RTC 2008, 60 ) ).

A su vez, el visionado por parte de la Audiencia de la grabación audiovisual del juicio oral celebrado ante el Juzgado no puede suplir la inmediación desde el prisma de la credibilidad de los declarantes ( STC 120/2009, 18 de mayo ( RTC 2009, 120 ) ; y 2/2010, de 11 de enero ( RTC 2010, 2 ) ).

La traslación de dicha doctrina al caso de autos, en opinión de esta Sala constituye una cuestión jurídica enmarcada en el tercer supuesto anteriormente referido en relación con la imputación del delito de descubrimiento de secretos del art. 197.1CP , no así respecto del delito de revelación de secretos del nº 3 del mencionado precepto.

TERCERO.- La STS 358/2007 de 30 de abril ( RJ 2007, 3724 ) , indica que el bien jurídico protegido del delito de descubrimiento de secretos es la intimidad individual, siendo el secreto, según la STS 666/2006, de 19 de junio ( RJ 2006, 4929 ) , el "ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás" ( STC 73/1982 (RTC 1982, 73) y 57/1994 (RTC 1994, 57)), requiriendo un acto de apoderamiento, sin necesidad de que el autor llegue a descubrir los secretos o a vulnerar la intimidad, aunque con la finalidad descubrirlos.

En consecuencia, indiscutido el apoderamiento de la factura telefónica sin consentimiento del titular de la línea, lo primero que debe determinarse es si puede o no contener datos que afecten a la privacidad.

La STC 123/2002, de 20 de mayo ( RTC 2002, 123 ) , que señala:

"...el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas garantiza a los interlocutores o comunicantes la confidencialidad de la comunicación telefónica que comprende el secreto de la existencia de la comunicación misma y el contenido de lo comunicado, así como la confidencialidad de las circunstancias o datos externos de la conexión telefónica: su momento, duración y destino; y ello con independencia del carácter público o privado de la red de transmisión de la comunicación y del medio de transmisión -eléctrico, electromagnético u óptico etc...- de la misma.

Por ello, la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas requiere la interferencia directa en el proceso de comunicación ("mutatis mutandi" respecto de las comunicaciones postales STC 70/2002 (RTC 2002, 70)) mediante el empleo de cualquier artificio técnico de captación, sintonización o desvío y recepción de la señal telefónica como forma de acceso a los datos confidenciales de la comunicación: su existencia, contenido y las circunstancias externas del proceso de comunicación antes mencionadas. De modo que la difusión sin consentimiento de los titulares del teléfono o sin autorización judicial de los datos de esta forma captados supone la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones.

"...la entrega de los listados por las compañías telefónicas a la policía sin consentimiento del titular del teléfono requiere resolución judicial, pues la forma de obtención de los datos que figuran en los citados listados supone una interferencia en el proceso de comunicación que está comprendida en el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas del art. 18.3 CE (RCL 1978, 2836) . En efecto, los listados telefónicos incorporan datos relativos al teléfono de destino, el momento en que se efectúa la comunicación y a su duración, para cuyo conocimiento y registro resulta necesario acceder de forma directa al proceso de comunicación mientras está teniendo lugar, con independencia de que estos datos se tomen en consideración una vez finalizado aquel proceso a efectos, bien de la lícita facturación del servicio prestado, bien de su ilícita difusión. Dichos datos configuran el proceso de comunicación en su vertiente externa y son confidenciales, es decir, reservados del conocimiento público y general, además de pertenecientes a la propia esfera privada de los comunicantes. El destino, el momento y la duración de una comunicación telefónica, o de una comunicación a la que se accede mediante las señales telefónicas, constituyen datos que configuran externamente un hecho que, además de carácter privado, puede asimismo poseer un carácter íntimo."

La factura telefónica, como es de notorio conocimiento público, además del importe durante el periodo facturado, contiene un desglose donde se detallan las llamadas efectuadas, tipo y destino, incluido el número de teléfono, día y hora en que se realizaron, su duración y coste, en consecuencia resulta evidente que contiene datos privativos que afectan a la intimidad personal.

La segunda cuestión es determinar la intención perseguida mediante el apoderamiento fue descubrir o no dichos datos.

La respuesta afirmativa viene dada por la propia información contenida en la factura y su posterior aportación en la ejecución del proceso matrimonial para tratar de acreditar un incumplimiento del régimen de visitas, según la documentación incorporada a la causa, lo que demuestra que su interés fue buscar un elemento de apoyo a su favor en el conflicto con la recurrente.

Por lo tanto, los hechos declarados probados integran el delito de revelación de secretos.

CUARTO.- Respecto del delito de descubrimiento de secretos, como se reconoce en el recurso, su imputación no descansa en la aportación de la factura telefónica en el proceso judicial, sino en la remisión de dicha factura a su letrado, a través del fax de una ONG para la que trabaja la hermana del acusado, permitiendo a ésta y otras personas que trabajasen en dicha organización conocer su contenido.

Sobre este hecho imputado nada dice la sentencia del Juzgado, sin que la recurrente pretendiera que se subsanase su omisión por el Juzgado mediante el recurso de aclaración ( art. 267.5 LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) ), y no puede considerarse acreditado por esta Sala porque los datos que la factura aportada en el proceso civil, que reflejan su envío por fax a las 09:48 del 14 de junio de 2007 a Entreculturas con número deNNN-NN-NNNN son insuficientes para ello, sin entrar a tomar en consideración la declaraciones del acusado y apelante, lo que este tribunal tiene vedado al tratarse de pruebas personales.

QUINTO.- Del delito de revelación de secretos es criminalmente responsable en concepto de autor don Epifanio por haber realizado los hechos que lo integran directa, material y voluntariamente.

SEXTO.- En la ejecución de dicho ilícito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

En atención al grado de afectación de la intimidad de la perjudicada por el dato de privacidad revelado (estancia en Francia) debe imponerse la pena de 1 año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, sin que quepa conjuntamente la de multa por aplicación del principio acusatorio al no pedirse esta pena en la primera instancia.

SÉPTIMO.- Las costas de la primera instancia, incluidas las de la acusación particular, cuya actuación no ha sido distorsionadora, deben imponerse al Sr. Epifanio , según el art. 123CP . Y declararse de oficio las de esta segunda instancia ante la estimación parcial del recurso."

SEGUNDO

En el auto 23 de noviembre de 2011 por el que estimando parcialmente el incidente de nulidad anulamos dicha sentencia, disponiendo la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior, para que se dictar otra respetuosa con el derecho al proceso con todas las garantías, indicamos en los fundamentos de derecho:

"PRIMERO.- En el incidente de nulidad se alegan infracciones del art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (RCL 1979, 2421) , y de los arts. 24.1 y 2 y 25 CE (RCL 1978, 2836) , por infracciones del principio de inmediación al haberse condenado en la apelación sin celebración de audiencia, de legalidad penal no aplicar analógicamente le ley penal a un supuesto no contemplado, porque acceder a la factura telefónica de otra persona no constituye delito de revelación de secretos, y de la presunción de inocencia por ausencia de prueba de cargo, basándose la condena en consideraciones morales ajenas al ordenamiento jurídico.

SEGUNDO.- El art. 241.1 LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) dispone: "No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 de la Constitución , siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario".

Este precepto, como señala la exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 mayo 2007 ( RCL 2007, 1000 ) , aumenta las facultades de la jurisdicción ordinaria para tutelar los derechos fundamentales, cuya protección y garantía tiene inicialmente encomendada, sin perjuicio del ulterior control del Tribunal Constitucional, ampliando la configuración del incidente de nulidad al permitir su solicitud con base en cualquier vulneración de alguno de los derechos fundamentales referidos en el art. 53.2 CE .

TERCERO.- En este caso, sin celebrar previa vista con audiencia del acusado, dictamos sentencia estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra la sentencia de 16 de marzo de 2010 del Juzgado de lo Penal nº 19 de Madrid en la que se absolvía libremente al ahora impugnante, condenándole como autor responsable de un delito de revelación de secretos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de un año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas procesales de la primera instancia, incluidas las de la acusación particular, a la vez que se declaraban de oficio las del recurso.

CUARTO.- Las postuladas vulneraciones de la presunción de inocencia y de la legalidad penal no pueden ser acogidas.

En el primer caso, porque el acusado reconoció que abrió la factura telefónica de su ex cónyuge sin autorización de ésta, cuando ya no residía en el domicilio familiar, y se encontraba documentada su aportación al Juzgado que conocía del procedimiento de familia para tratar de acreditar incumplimiento por parte de su ex mujer del régimen de visitas respecto de la hija común por la estancia de ambas en el extranjero.

En el segundo, por las razones expuestas en el tercer fundamento de la sentencia, que a continuación reproducimos:

"La STS 358/2007 de 30 de abril ( RJ 2007, 3724 ) , indica que el bien jurídico protegido del delito de descubrimiento de secretos es la intimidad individual, siendo el secreto, según la STS 666/2006, de 19 de junio ( RJ 2006, 4929 ) , el "ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás" ( STC 73/1982 (RTC 1982, 73) y 57/1994 (RTC 1994, 57)), requiriendo un acto de apoderamiento, sin necesidad de que el autor llegue a descubrir los secretos o a vulnerar la intimidad, aunque con la finalidad descubrirlos.

En consecuencia, indiscutido el apoderamiento de la factura telefónica sin consentimiento del titular de la línea, lo primero que debe determinarse es si puede o no contener datos que afecten a la privacidad.

La STC 123/2002, de 20 de mayo ( RTC 2002, 123 ) , que señala:

"...el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas garantiza a los interlocutores o comunicantes la confidencialidad de la comunicación telefónica que comprende el secreto de la existencia de la comunicación misma y el contenido de lo comunicado, así como la confidencialidad de las circunstancias o datos externos de la conexión telefónica: su momento, duración y destino; y ello con independencia del carácter público o privado de la red de transmisión de la comunicación y del medio de transmisión -eléctrico, electromagnético u óptico etc...- de la misma.

Por ello, la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas requiere la interferencia directa en el proceso de comunicación ("mutatis mutandi" respecto de las comunicaciones postales STC 70/2002 (RTC 2002, 70)) mediante el empleo de cualquier artificio técnico de captación, sintonización o desvío y recepción de la señal telefónica como forma de acceso a los datos confidenciales de la comunicación: su existencia, contenido y las circunstancias externas del proceso de comunicación antes mencionadas. De modo que la difusión sin consentimiento de los titulares del teléfono o sin autorización judicial de los datos de esta forma captados supone la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones.

"...la entrega de los listados por las compañías telefónicas a la policía sin consentimiento del titular del teléfono requiere resolución judicial, pues la forma de obtención de los datos que figuran en los citados listados supone una interferencia en el proceso de comunicación que está comprendida en el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas del art. 18.3 CE . En efecto, los listados telefónicos incorporan datos relativos al teléfono de destino, el momento en que se efectúa la comunicación y a su duración, para cuyo conocimiento y registro resulta necesario acceder de forma directa al proceso de comunicación mientras está teniendo lugar, con independencia de que estos datos se tomen en consideración una vez finalizado aquel proceso a efectos, bien de la lícita facturación del servicio prestado, bien de su ilícita difusión. Dichos datos configuran el proceso de comunicación en su vertiente externa y son confidenciales, es decir, reservados del conocimiento público y general, además de pertenecientes a la propia esfera privada de los comunicantes. El destino, el momento y la duración de una comunicación telefónica, o de una comunicación a la que se accede mediante las señales telefónicas, constituyen datos que configuran externamente un hecho que, además de carácter privado, puede asimismo poseer un carácter íntimo."

La factura telefónica, como es de notorio conocimiento público, además del importe durante el periodo facturado, contiene un desglose donde se detallan las llamadas efectuadas, tipo y destino, incluido el número de teléfono, día y hora en que se realizaron, su duración y coste, en consecuencia resulta evidente que contiene datos privativos que afectan a la intimidad personal.

La segunda cuestión es determinar la intención perseguida mediante el apoderamiento fue descubrir o no dichos datos.

La respuesta afirmativa viene dada por la propia información contenida en la factura y su posterior aportación en la ejecución del proceso matrimonial para tratar de acreditar un incumplimiento del régimen de visitas, según la documentación incorporada a la causa, lo que demuestra que su interés fue buscar un elemento de apoyo a su favor en el conflicto con la recurrente.

Por lo tanto, los hechos declarados probados integran el delito de revelación de secretos.

QUINTO.- Por el contrario, debe acogerse la alegada infracción del principio de inmediación al haberse condenado en la apelación sin celebración de audiencia.

El relato fáctico de la sentencia del Juzgado no fue modificado, y en el fundamento segundo de la sentencia dijimos:

"La jurisprudencia constitucional señala que es contrario a un proceso con todas las garantías que el órgano judicial de apelación condene a quien ha sido absuelto en la instancia o agrave su condena, como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen a presencia del órgano judicial ( STC 167/2002, de 18 de septiembre ( RTC 2002, 167 ) ; 272/2005, de 24 de octubre ( RTC 2005, 272 ) ; 80/2006, de 13 de marzo ( RTC 2006, 80 ) ; 207/2007, de 24 de septiembre ( RTC 2007, 207 ) ; 64/2008, de 26 de mayo (RTC 2008, 64); y 108/2009, de 11 de mayo ( RTC 2009, 108 ) ).

Puntualizando que no se vulnera el principio de inmediación cuando:

a) La alteración el sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia de instancia no resulte del análisis de medios probatorios personales que exijan presenciar su práctica para su valoración, como la prueba documental ( STC 40/2004, de 22 de marzo ( RTC 2004, 40 ) ; 59/2005, de 14 de marzo ( RTC 2005, 59 ) ; y 75/2006, de 13 de marzo ( RTC 2006, 75 ) ). Entre la que se encuentra la pericial, cuando por escrito estén expuestas las razones que pueden hacer convincentes las conclusiones a las que el informe llegue, salvo que el perito haya prestado declaración en el acto del juicio con el fin de explicar, aclarar o ampliar su informe, en cuyo caso se convierte en un medio de prueba de carácter personal ( STC 10/2004, de 9 de febrero ( RTC 2004, 10 ) ; 360/2006, de 18 de diciembre ( RTC 2006, 360 ) ; y 21/2009, de 26 de enero ( RTC 2009, 21 ) ).

b) La separación del pronunciamiento fáctico del juez de instancia sea por no compartir el proceso deductivo empleado, partiendo de los hechos base tenidos por acreditados en su sentencia y no alterados en la de apelación, en la que se obtiene otra conclusión distinta ( STC 64/2008, de 26 de mayo ).

c) Sin modificar el relato histórico de la sentencia de instancia, el órgano de apelación alcance una conclusión jurídica diferente ( STC 170/2002, de 30 de septiembre ( RTC 2002, 170 ) ; 170/2005, de 20 de junio ( RTC 2005, 170 ) ; y 60/2008, de 26 de mayo ( RTC 2008, 60 ) ).

A su vez, el visionado por parte de la Audiencia de la grabación audiovisual del juicio oral celebrado ante el Juzgado no puede suplir la inmediación desde el prisma de la credibilidad de los declarantes ( STC 120/2009, 18 de mayo ( RTC 2009, 120 ) ; y 2/2010, de 11 de enero ( RTC 2010, 2 ) ).

La traslación de dicha doctrina al caso de autos, en opinión de esta Sala constituye una cuestión jurídica enmarcada en el tercer supuesto anteriormente referido en relación con la imputación del delito de descubrimiento de secretos del art. 197.1 CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , no así respecto del delito de revelación de secretos del nº 3 del mencionado precepto."

Y ello, conforme a la jurisprudencia constitucional ( STC 45/2011, 11 de abril ( RTC 2011, 45 ) ), que siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera que la exigencia de la garantía de la audiencia del acusado en fase de recurso depende de las características del proceso en su conjunto, en función de las particularidades del procedimiento, teniendo en cuenta la naturaleza del sistema de apelación, la índole de las cuestiones que han de resolverse, el alcance que la decisión del recurso puede tener y la medida en que los intereses del afectado han sido realmente satisfechos y protegidos. Concluyendo que en nuestro sistema procesal cuando el tribunal de apelación ha de conocer de cuestiones de hecho y de derecho, estudiando en general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el proceso, resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha cometido el hecho delictivo que se le imputa; con la única excepción a partir de los hechos declarados probados en la primera instancia, el núcleo de la discrepancia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria sea una cuestión estrictamente jurídica, para cuya resolución no resulta necesario oír al acusado en un juicio público, sino que el tribunal puede decidir adecuadamente sobre la base de lo actuado.

No obstante, debemos reconocer que al analizar el elemento subjetivo del ilícito penal, es decir, si la intención del acusado al abrir la factura fue tratar de descubrir datos personales que pudieran interesarle en el conflicto con su ex mujer, que el negó y el Juzgado no consideró acreditado, hechos entrado en el tema de culpabilidad o inocencia que excede la mera cuestión jurídica, para lo cual se requería la celebración de vista con su audiencia, que no fue interesada por la recurrente.

Por lo tanto, debe estimarse una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías generador de indefensión del impugnante, y en consecuencia declararse la nulidad de la sentencia de esta Audiencia, debiendo reponerse las actuaciones al momento inmediatamente anterior, a fin de dictar otra que respete el mencionado derecho ( art. 238.3LOPJ ).

SEXTO.- Las costas de este incidente deben declararse de oficio, ante la estimación de la nulidad."

TERCERO

Por las razones expuestas en el mencionado auto debemos ratificarnos en la sentencia anterior, excepto en los párrafos penúltimo y último del tercer fundamento, y sus fundamentos quinto, sexto y séptimo, porque no podemos entrar en el análisis de la intencionalidad del acusado al abrir la factura telefónica de la recurrente, al incidir en la culpabilidad o inocencia de aquél, que excede la mera cuestión jurídica, para lo cual se requería la celebración de vista con su audiencia, que no fue interesada por la apelante.

En consecuencia, el recurso debe rechazarse.

CUARTO

Las costas de esta segunda instancia deben declararse de oficio al no apreciarse temeridad en la formulación del recurso.

F A L L A M O S

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación de la acusadora particular doña María Consuelo contra la sentencia de 16 de marzo de 2010 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 19 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 39/2009 , debemos CONFIRMAR dicha resolución, con declaración de oficio de las costas de esta alzada.

Contra esta sentencia no cabe recurso.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA : Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

 

 

Experto:  José M escribió hace 4 año.

Como verá en la sentencia del compañero, tenemos una excepción a la norma.

 

Copio y pego:

 

 

El Juzgado absuelve al acusado porque, aún reconociendo que la factura telefónica la abrió sin consentimiento de la apelante, cuando ésta había abandonado el domicilio familiar, no se trataba de una carta privada en el sentido que no había sido remitida por un particular, sino por la operadora de telefonía, sin que conste la finalidad de conocer datos privados, porque mediante ella difícilmente podría conseguirlos, pudiendo obedecer a razones diferentes, como resolver cuestiones pendientes sobre el suministro u otros sin especificar, aunque luego la utilizase en el procedimiento de separación.

 

Excepción que como todas confirma, la regla.

 

Desanimar a que no denuncie, cuando denunciar no le cuesta nada, y puede ponder a su ex en un serio problema, honestamente no lo considero una buena opcion.

Será trabajo de la defensa tratar de rebatir unos cargos tan importantes como los que se denuncian y tartar de exonerar a su ex de su responsabilidad penal, pero desde luego que no se lo pondrá Ud fácil.

Y desde luego que es muy temerario afirmar que fiscalía archivará el caso, por el hecho de convivencia previa, puesto que ésto carece de habilitación legal.

Será la defensa de su ex en el juicio quien debe defenderle, y no el fiscal antes del mismo....

 

 

Pero Ud decide.Desde luego mi consejo es que denuncie.

Si lo hace pondrá asu ex en un serio problema penal

 

Experto:  letrado14 escribió hace 4 año.
Estimada cliente:

Usted puede denunciarle puesto que es un hecho constitutivo de delito, gravemente sancionado por el Código Penal, con pena de hasta cuatro años de prisión y una elevada multa.

Sin embargo, usted deberá probar que se ha cometido el delito. Esto será muy difícil para usted, por lo que le recomiendo no hacerlo si no tiene pruebas que pueda presentar ante un tribunal. Su mera declaración no tendrá mucho valor.

Si usted denuncia sin pruebas, podrán a su vez denunciarle a usted por presentar denuncia falsa.

Le recomiendo cambiar la cerradura del buzón, ya que tiene derecho a hacerlo por tener atribuido el uso y disfrute. Solicite además que las "cartas confidenciales" que le envíen, se las manden por certificado. De esta manera, siempre será usted quien recoja la correspondencia.

Si se repite con frecuencia el hecho de que le abran las cartas, puede plantearse tomar medidas más serias como instalar cámaras de seguridad, buscar testigos que estén vigilando quién abre su buzón, etc.

Si la respuesta le ha sido útil, le ruego la acepte para que la página me bonifique.
Experto:  José M escribió hace 4 año.
Como ve el compañero me da la razón y lo más recomendable es denunciarlo
Experto:  R.Gomez escribió hace 4 año.

Por denunciar no le van a acusar por falsa denuncia.....lo único es que con mucha seguridad se archive el asunto por no tener relavancia penal.....

Ruego que acepte la respuesta que más información le haya dado de entre todas.

Un saludo,

R. Gómez

Experto:  José M escribió hace 4 año.

Será fiscalía quien decida lo que hacer con la denuncia, pero es cuando menos temerarioo decir que se archivará haciendo de la escepción norma.

La norma es que NO se archive

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