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Categoría: Derecho Civil
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Un saludo: Tengo un problema con un constructor, cuya sede

Pregunta del cliente:

Un saludo:
Tengo un problema con un constructor, cuya sede social está en La Coruña, y mi obra está en Cantabria ( el litigio debería de ser en la Coruña según contrato ).
Necesito el romper éste contrato ( de 230 mil euros en total ) porque no ha pagado a suministradores y subcontratas ( 40 mil euros que tengo en facturas para probarlo ) y porque además me cobra unos 74 mil euros de excesos de obra y obras extras ( a pesar de que habíamos pactado unas cantidades verbalmente mucho menores ).
Tengo dos informes ( uno de aparejador y otro del arquitecto de la obra ) que me dicen que tengo un sobrecoste ( exceso de mediciones, reparación de defectos, precios abusivos,etc. )en lo que yo he pagado de más unos 40 mil euros ( además de otros temas de contrato de menor cuantía ), he pagado hasta ahora unos 146mil + IVA ( total 162mil, hay 6 mil en negro, con un papel firmado de 5 mil a modo de recibo...todo en cheques nominativos y con facturas, pero sin certificaciones de la aparejadora ).
El constructor ( chetina interiorismo y construcción 7 de 7 s. l. ) me pide 40 mil euros + 20 de daños y perjuicios para salir de la obra ( tiene la posesión por contrato de la obra, se fueron en noviembre y sigo sin poder entrar en mi casa....está cerrada por ellos con candados ).Tiene un informe o certificación de la ex-aparejadora de la obra que está a favor del constructor.
¿ideas de medidas a tomar?
gracias
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Derecho Civil
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Buenos días,

En primer lugar, si su domicilio está en Cantabria, puede intentar interponer allí la demanda de resolución del contrato. La razón es que la LEC establece la nulidad de cláusulas de fuero territorial en los contratos con cláusulas con condiciones generales de contratación o entre consumidores y usuarios. Esto le facilitaría la tarea.

Le dejo la referencia legal:

54. 2. No será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios.

Por otra parte, para solicitar un resolución por incumplimiento contractual, el incumplimiento ha de ser grave y el objeto que se entrega, en este caso la obra, adolecer de vicios o defectos constructivos graves que hagan inservible el objeto.

Si el constructor no abona salarios a las subcontratas esto no es motivo de resolución del contrato, las subcontratas tiene acción contra usted, pero solo en la cantidad que usted adeude al constructor principal ex art. 1597 del Código Civil. Por tanto, a usted esto no le causa un perjuicio y no es motivo de resolución contractual.

Sin embargo, sí puede ser motivo de resolución contractual la forma de actuación dolosa del vendedor, no ajustándose al precio pactado, poniendo precios abusivos, excesos de obra, etc. que, por lo que usted comenta, está acreditado en sendos informes periciales.

Por lo tanto, usted puede solicitar la resolución del contrato por esa actuación dolosa del contratista, incumpliendo sus obligaciones.

Por la cuantía del proceso necesitará obligatoriamente de abogado y procurador que dirijan la dirección jurídica del asunto.

Considero que usted debería interponer demanda para reclamar aquél exceso de precio abonado por usted a tenor de como está hoy día el estado de la obra, algo que deberá quedar acreditado en los informes periciales, además del daño o perjuicio moral por no poder acceder a su propiedad. Hay que recordar que la facultad de retener una obra hasta el pago del precio solo está contemplada para los bienes muebles y no para los inmuebles.

Con carácter subsidiario se puede plantear una acción de quanti minoris, para solicitar usted una indemnización porque el producto final tiene un precio abusivo y superior al marcado. En todo caso, la actuación dolosa del constructor entiendo que le favorece para solicitar una resolución contractual.

Jurídicamente no hay otro camino para resolver ese contrato. El mutuo acuerdo firmado parece difícil de acordar por lo que usted me comenta y las peticiones de la constructora.

POR FAVOR, NO OLVIDE ACEPTAR LA RESPUESTA Y ASIMISMO PODRÁ SOLICITARME MÁS ACLARACIONES SI DESEA. Saludos cordiales.

Cliente: escribió hace 5 año.

Gracias, XXXXX XXXXX estoy de acuerdo con lo siguiente:

  • que no haya pagado a subcontratas y suministradores, y aduzca para ello que primero le tengo que pagar yo, me parece suficientemente grave para resover el contrato ( es el primer abogado que me indica ésto...me extraña que varios no estén de acuerdo con usted )
  • en el tema de foro, le suena que pueda existir una ley de ocnsumidores y usuarios del 2009 ( creo ) que hable tambien sobre este tema ( ¿o es lo mismo que dice usted? )
  • no le parece que tambien es motivo el que se niegue a avalarme las cantidades que aquedan por abonar segun ley 38/99(loe) y 57/68
  • el tema de los precios excesivos o actuacion dolosa no me ha sido nombrada hasta ahora
  • ¿me podria explicar o anotar la referencia legal sobre la posesion de los muebles y no inmuebles?
  • ¿lo mismo para quanti minoris? ¿referencia legal? aunque lo sigo viendo muy dificil de demostrar.
  • ¿usted no cree que puede haber segun ese art. 1597 accion directa sobre mi ( como promotor )?...me están amenazando variso con hacerlo, porque la constructors es s.l. y ven mas facil el ir a por mi
  • le parece oportuno que mi abogado me diga que lo mejor es que hagamos un requerimiento notarial, y despues vayamos a la obra y tomemos la posesion de la obra con un notario y continue la obra..."a ver si él no dice nada y puedes acabarla sin tener que ir a juicio"...¿no quedaré para siempre a expensas de que me denuncie.
  • cree que es posible aducir para la roitua contractual el tema juridico de "interdicto de obra nueva" art 250 LEC( el grave estado de la obra y el no continuarla es tan grave problema para la seguridad de la misma que tomo posesion de la misma para continuar y arreglar esta situacion
  • le parece valida esta opción....Si el promotor es el poseedor de la obra podría actuar de dos formas:

    a)Interponer un juicio verbal (acción interdictal) contra el constructor
    considerando su negativa al abandono como un despojo de la posesión por la víadel artículo 250.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

    b)Interponer una demanda exigiendo el cumplimiento contractual o su resolución así como una medida cautelar que pretenda el desalojo del constructor y la reanudación de los trabajos por la vía del artículo 727. 7ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil

  • le escribo algo que he encontrado en internet a ver si la parece valido....El art. 653 del Código procesal Civil establece: "Las acciones
    posesorias legisladas en el Código Civil se tramitarán con sujeción a las
    normas establecidas en el presente título para retener reintegrar (recuperar)
    la posesión".

    Los interdictos son las pretensiones que surgen por la turbación o despojo de la posesión de un bien mueble o inmueble, o de obra nueva que afecta a un bien inmueble, y su fin es lograr que el Juez se expida sobre su amparo o restitución, en el caso de obra nueva, lograr su suspensión y/o destrucción en su caso.
    Los interdictos legislados en el CPC. Son los siguientes:
    d) Interdicto de OBRA NUEVA:
    Procede cuando se hubiere comenzado una obra que afectare a un inmueble y elposeedor del inmueble afectado puede dirigir la demanda contra el dueño de laobra y si fuere desconocido contra el director o encargado de la obra. Su
    objeto es poner fin a los actos de turbación o despojo de que es objeto el
    poseedor como consecuencia de una obra nueva que se esta realizando en su
    propio terreno por otro en el terreno ajeno pero que afecta a su propio
    inmueble. Se tramita como interdicto de retener o recobrar según se trate de
    turbación o despojo.....¿le parece que se puede aplicar sin llegar a tener que necesitar el ir a juicio y poder seguir con la obra?.....










Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Buenas tardes,

En relación a sus dudas, no considero que el hecho de no abonar dinero a las subcontratas sea causa de resolución de contrato. Esto no le afecta a usted porque usted solo responde de esto en la medida que usted tenga deudas con el constructor principal. Por lo tanto, esto no le produce ningún perjuicio económico a usted. Si otro abogado le ha dicho otra cosa, lo respeto pero en absoluto lo comparto. NO TIENEN ACCIÓN DIRECTA CONTRA USTED SINO EN LA PARTE DE LA DEUDA QUE USTED LE DEBA AL CONSTRUCTOR PRINCIPAL.


Los anticipos a cuenta de la ley del 57 están pensados para las cantidades que usted entrega a cuenta de la construcción no "para cantidades que quedan por avalar" ¿Cómo van a avalar una cantidad futura que usted no ha entregado todavía?
Loa avales son sobre anticipos a cuenta que usted abona, como nos dice literalmente la norma:

"1ª Garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el 6 por 100 de interés anual"

Los avales son sobre cantidades ya entregadas, no sobre cantidades futuras.


Por otra parte, considero que la Ley 68 del 57 es muy discutible que sea aplicable a su caso, pues está pensada en estos supuestos:

"Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de viviendas que no sean de protección oficial, destinadas a domicilio o residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, accidental o circunstancial y que pretendan obtener de los cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción o durante la misma, deberán cumplir las condiciones siguientes.."


En el tema del foro territorial, le he citado la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que regula el fuero competencial, no otras y que podría defenderse en fuero cántabro.

Respecto a sus dudas sobre la retención del bien, la ley lo establece claramente para bienes muebles. Le dejo la referencia legal:

Artículo 1600.

El que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague.

POR TANTO, EL CONSTRUCTOR CARECE DE HABILITACIÓN LEGAL PARA RETENER LA POSESIÓN DEL INMUEBLE.

Respecto al consejo de su abogado:

"me diga que lo mejor es que hagamos un requerimiento notarial, y despues vayamos a la obra y tomemos la posesion de la obra con un notario y continue la obra..."a ver si él no dice nada y puedes acabarla sin tener que ir a juicio"...¿no quedaré para siempre a expensas de que me denuncie"

Estoy bastante de acuerdo con su abogado y es la vía más rápida para tomar la posesión de la finca. La otra sería a través de una acción de protección sumaria de la posesión por perturbación de la posesión. Aquí no cabe interdicto de obra nueva alguno ni tampoco medidas cautelares. Cabría, a lo sumo, la acción del artículo 250.1.4 que usted mismo cita.

Usted puede ejercitar esa acción o bien tomar posesión de la finca, arriesgándose que el constructor le demande civilmente, con muy escasas probabilidades de éxito por parte del constructor. Por lo tanto, ambas opciones son válidas a mi juicio.


Créame que este consejo u opinión jurídica no es lo más importante de lo que le voy a decir. Probablemente no le gustará lo que le voy a decir ahora. Usted debe confiar en el criterio de su abogado y no pretender hacer cuentas ni estrategias por su cuenta. Eso, a la larga, sólo es perjudicial para sus intereses. Usted cita muchas normas que en absoluto son aplicables al caso y algunas que no existen o serán de otros países como el artículo 653, no existe en España ningún "Código Procesal Civil" Le recomiendo que bucee menos en internet y que confíe más en su abogado. Es como si yo trato por mi cuenta y riesgo de curarme un cáncer, el resultado sería un desastre, debo confiar en mi facultativo médico.
Espero que no le parezca mal el consejo y lo atienda.


Quedo a su entera disposición para cualquier duda,
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

En relación a la acción quanti minoris y sus requisitos de aplicación le copio sentencia del TS:

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª)
Sentencia núm. 757/2007 de 21 junio RJ 2007\3782







COMPRAVENTA MERCANTIL: SUMINISTRO: vicios y defectos: defectos de calidad en el producto que no lo hacen inhábil para su destino: sujeción a la acción «quanti minoris» determinante de una reducción en el precio: inexigibilidad de una indemnización complementaria admisible sólo en la acción redhibitoria: improcedencia: caducidad de la acción.
DAÑOS Y PERJUICIOS: inexistencia: falta de prueba: defectos en producto suministrado sólo justificativos de una reducción del precio a través de la acción «quanti minoris».
SENTENCIA: INCONGRUENCIA: determinación: términos que deben compararse: correlación del fallo con el suplico de los escritos rectores del proceso; inexistencia: cuestiones que no guardan relación con la congruencia: revisión general de la prueba en correspondencia con los intereses de la parte.
RECURSO DE CASACION: NATURALEZA Y ALCANCE: no es una tercera instancia: no cabe hacer supuesto de la cuestión: INFRACCION DE LAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO: normas en las que puede basarse: no lo son las genéricas.

Jurisdicción: Civil
Recurso de Casación

Ponente: Excmo Sr. Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares

Los antecedentes necesarios para el estudio de la Sentencia se relacionan en su primer fundamento de derecho.

El TS declarano haber lugaral recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada el19-09-2000por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid.

En la Villa de Madrid, a veintiuno de junio de dos mil siete.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, de fecha 19 de septiembre de 2000 , como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 de esta Capital, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por la mercantil "TELFORD IBÉRICA, SA", representada por la Procuradora de los Tribunales, Doña Laura Lozano Montalvo, siendo parte recurrida la mercantil, "HORMIGONES DEL JARAMA, SA", que no ha comparecido ante esta Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid se siguen los autos, juicio de menor cuantía núm. 678/96, promovidos a instancia de HORMIGONES DEL JARAMA, SA, representada por el Procurador de los Tribunales, Don Francisco Javier Rodríguez Tadey contra TELFORD IBÉRICA, SA Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual se solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia "por la que se condene a la entidad demandada al pago a mi representada de la cantidad de VEINTE MILLONES TRESCIENTAS DIEZ MIL CIENTO ONCE PESETAS (20.310.111 ptas.), mas los intereses legales y las costas del procedimiento" interesando también, por otrosí digo, el embargo preventivo de los bienes de la demandada.

Admitida a trámite la demanda, la entidad demandada, TELFORD IBÉRICA, SA compareció representada por el Procurador de los Tribunales, Don Francisco José Abajo abril y contestó oponiéndose, formulando reconvención y suplicando se dicte sentencia "desestimando la petición de la parte actora, declarando no haber lugar a lo reclamado por la misma y que por ello sea condenada en costas, imponiéndoselas expresamente". Pedía en reconvención que se condenase a la otra parte a pagarle la cantidad de 17.531.652 ptas., más intereses legales y al pago de las costas derivadas de la misma. La actora se opuso a dicha reconvención, pidiendo, tras contestar en tiempo y forma a la misma, que se desestimara, y se impusieran las costas derivadas de ella a la parte reconviniente.

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el 7 de enero de 1998, cuya parte dispositiva es la siguiente: "FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por Hormigones del Jarama, SA contra Telford Ibérica, SA debo condenar y condeno al demandado a pagar a la actora la cantidad de 20.310.111 pesetas (VEINTE MILLONES TRESCIENTAS DIEZ MIL CIENTO ONCE PESETAS) más los intereses legales de dicha suma desde la interpelación judicial, con expresa condena en costas de la demandada Telford Ibérica, SA"

En fecha 10 de febrero de 1998 se dictó auto aclaratorio a la sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "DISPONGO: aclarar la sentencia dictada con fecha 7 de enero de 1998, en cuanto al fundamento jurídico sexto, en el sentido de adicionar que las costas de la reconvención se imponen a la entidad reconviniente Telford Ibérica, SA y el fallo de la misma queda redactada como sigue: que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Hormigones del Jarama, SA contra Telford Ibérica, SA debo condenar y condeno al demandado a pagar a la actora la cantidad de 20.310.111 ptas. (veinte millones trescientas diez mil ciento once pesetas), más los intereses legales de dicha suma desde la interpelación judicial, con expresa condena en costas a la demandada Telford Ibérica, SA; desestimando íntegramente la pretensión reconvencional deducida por la Entidad Telford Ibérica, SA contra la Entidad actora Hormigones del Jarama, SA, declaro no haber lugar a la misma, absolviendo a la demandada de todos los pedimentos en ella contenidos, con expresa imposición de costas a la reconviniente".

SEGUNDO

Dicha sentencia fue recurrida en apelación por la parte demandada y reconviniente, recurso que fue admitido en ambos efectos. Sustanciada la alzada, con núm. de rollo 778/98, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª) dictó Sentencia con fecha 19 de septiembre de 2000 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: NO HA LUGAR al recurso de apelación, articulado por la representación procesal de TELFORD IBÉRICA, SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 8 de los de esta Villa, en sus autos núm. 678/96, de fecha siete de enero de mil novecientos noventa y ocho. Confirmamos íntegramente dicha resolución, e imponemos las Costas de esta alzada al apelante".

TERCERO

La Procuradora de los Tribunales, Doña Laura Lozano Montalvo, en representación de TELFORD IBÉRICA, SA, formalizó el recurso de casación previamente preparado, que funda en los siguientes motivos: Primero.- Al amparo del artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEG 1881, 1) , por considerar que la sentencia infringe el artículo 359 de la LECiv. Segundo.- Al amparo del artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por considerar que la sentencia recurrida infringe el artículo 1091 del Código Civil ( LEG 1889, 27) en relación con el artículo 1101 del mismo cuerpo legal. Tercero.- Al amparo del artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por considerar que la sentencia recurrida infringe el artículo 1101 del Código Civil en relación con los artículos 1184 a 1486 y 1490 del mismo texto legal.

CUARTO

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, por HORMIGONES JARAMA, SAno se realizó tal impugnación en tiempo y forma, caducándole dicho trámite.

QUINTO

No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 12 de junio, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA CASCAJARES

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El actual recurso se plantea en un proceso donde la controversia giró en torno a los efectos del contrato de suministro de hormigón celebrado por los litigantes, y en particular, a las consecuencias que para ambos habían de derivarse del respectivo incumplimiento de los deberes impuestos, como resulta de los escritos rectores del pleito, encontrando la entidad suministradora, Hormigones Jarama, SA, en el incumplimiento de la compradora, consistente en la falta de pago del precio, razón para reclamar en la demanda principal, tanto el importe no satisfecho por ésta, como los gastos originados a la actora por la devolución de las letras aceptadas; y la compradora, Telford Ibérica, SA, en el cumplimiento defectuoso de la contraparte, por entregar un cemento de calidad inferior al pactado, causa para ejercitar en vía reconvencional, sendas acciones tendentes a obtener una rebaja del precio pactado, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, concretados en el "recálculo" de comprobación de la estructura, paralización de las obras, gastos y ensayos, demora en la entrega de la obra, alquiler de maquinaria y penalizaciones.

La sentencia de primera instancia comienza analizando las acciones ejercitadas por vía reconvencional, partiendo de la compatibilidad entre las acciones edilicias y las derivadas del incumplimiento, (artículos 1101 y 1124 del Código Civil [ LEG 1889, 27] ) cuando hay un "aliud pro alio", pero concluye, tras valorar la prueba obrante, que no es esto lo que acontece en el caso enjuiciado, toda vez que el hormigón, pese a carecer de la calidad estipulada, había sido recepcionado por la compradora y empleado en la ejecución de la obra, por lo cual, en el peor de los casos, se trataría de un caso de entrega de producto con características específicas defectuosas o de calidad diferente a la pactada, pero en ningún caso del incumplimiento contractual al que se refiere el supuesto de hecho de los artículos 1101 y 1124 del Código Civil, rechazando también la acción edilicia dirigida al saneamiento de los vicios por ejercitarse una vez hubo transcurrido el plazo de caducidad previsto en el artículo 1490 del mismo cuerpo legal, así como la de resarcimiento de los daños y perjuicios con base en el 1101, por no ser aplicable tal precepto general sino el específico art. 1486, que restringe la posibilidad de pedir responsabilidad a los casos en que el comprador insta la rescisión del contrato y no cuando opta por su cumplimiento, apoyándose finalmente en la falta de prueba de los retrasos para desestimar íntegramente la demanda reconvencional y estimar la demanda principal.

Interpuesto recurso de apelación por la demandada y reconviniente, la Audiencia centró el objeto del mismo a juzgar si existió defecto de calidad y las consecuencias de ello en el ámbito del contrato de suministro celebrado entre ambas entidades, estimando que, si bien es incuestionable el hecho de que el hormigón servido por HORMIGONES JARAMA, SA, no tenía las condiciones estipuladas, considera que estamos ante un caso de incumplimiento contractual por entrega de material de calidad inferior a la pactada, no obstante lo cual, tras afirmar que en el presente caso el incumplimiento consistente en defecto de calidad no tuvo la entidad suficiente para provocar la inhabilidad del objeto, pues a diferencia del supuesto de la sentencia de esta Sala de 21 de marzo de 1994 ( RJ 1994, 2559) , no tuvo que demolerse la obra construida con ese material, la Sala concluye que en el presente supuesto se ejercitó la acción " quanti minoris " y que no le está permitido a la parte el alterar la causa de pedir, ni al Tribunal conceder algo por vía de incumplimiento basado en referida inhabilidad del objeto cuando lo que se pide es únicamente una rebaja del precio , debiendo, pues, según se dice, limitarse la Audiencia a examinar la viabilidad de esta última acción respecto de la cual confirma el pronunciamiento de primera instancia al apreciar que estaba caducada, rechazando también que pueda concederse indemnización por los daños y perjuicios derivados del cumplimiento defectuoso porque el párrafo segundo del artículo 1486 contempla la posibilidad de reclamarlos bajo la premisa de que se ejercite la acción resolutoria del contrato y no la quanti minoris , y también por falta de acreditación de los daños.

La representación procesal de la parte demandada y apelante, planteó, contra la anterior Sentencia, Recurso de Casación, conforme a los motivos que a continuación se exponen.

SEGUNDO

El primer motivo, con apoyo procesal en el ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEG 1881, 1) , denuncia la vulneración del artículo 359 de la misma Ley procesal, aduciendo que la sentencia incurre en vicio de incongruencia. En síntesis sostiene la parte recurrente que, si bien la demanda principal contenía una acción simple de condena, en el suplico de la reconvención se acumulaban dos acciones compatibles, una dirigida a obtener una minoración en el precio a pagar por el suministro, y otra a lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios producidos a consecuencia del incumplimiento contractual de la actora, de manera que la sentencia, además de haber debido rechazar la demanda en base al acreditado incumplimiento contractual de la parte actora, debería también haber estimado las dos pretensiones acumuladas en la demanda reconvencional, todo lo cual no implicaría incongruencia al partir de los hechos probados sin tener que variar la "causa petendi".

Visto su planteamiento, el motivo no puede prosperar. Necesariamente ha de comenzarse señalando que el mismo presenta defectos de técnica casacional porque, como ha dicho reiteradamente esta Sala (por todas, Sentencia 18 de enero de 2007 [ RJ 2007, 1299] ) la incongruencia «es una cuestión procesal y no sustantiva, y el cauce adecuado para recurrir la misma es el número 3º del art. 1692 LECiv. ( LEG 1881, 1) , y no el 4º», sin que pueda prosperar la denuncia que busca apoyo procesal en ordinal distinto.

No obstante, en aras a preservar al máximo la tutela judicial, es procedente analizar si concurre realmente la infracción procesal que se invoca, y, a la vista de lo alegado, es claro que debe descartarse, toda vez que la tesis casacional esgrimida obvia la doctrina jurisprudencial que centra el concepto de la congruencia en la relación entre el suplico de la demanda y, en su caso, de la contestación y reconvención, con el fallo de la sentencia; doctrina recogida entre otras muchas en sentencias de 21 de julio de 2000 ( RJ 2000, 5500) , 17 de diciembre de 2003 ( RJ 2003, 9293) , 6 de mayo de 2004 ( RJ 2004, 2100) , 31 de marzo de 2005 ( RJ 2005, 2741) , 17 enero ( RJ 2006, 12) y 18 de julio de 2006 ( RJ 2006, 4948) , y que establece que la incongruencia existe cuando se concede más de lo pedido por el actor o menos de lo aceptado por el demandado, se aprecian excepciones no opuestas por la parte demandada, salvo que resulten estimables de oficio, o se altera por el tribunal la «causa petendi» como fundamento jurídico-fáctico de las peticiones deducidas en el proceso, generando la consiguiente indefensión para la otra parte; supuestos a los que cabe añadir la falta de resolución sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso (artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [ LEG 1881, 1] ), lo que no concurre en el caso analizado. Examinando la correspondencia entre el suplico de los escritos rectores y el fallo de la sentencia impugnada, se aprecia que en la demanda se ejercita acción interesando el cumplimiento del contrato, y el pago del precio adeudado más los gastos derivados de la devolución de las cambiales libradas con aquella finalidad, y en la contestación, además de oponerse a la pretensión principal, se formula reconvención, que, tal y como reconoce la parte recurrente, contiene dos pretensiones acumuladas, expresamente calificadas por la parte como "acciones de minoración del precio por vicios ocultos y de resarcimiento de daños y perjuicios", de manera que, formado así el objeto de debate, éste encuentra oportuna respuesta en el fallo de la sentencia de instancia, confirmada en apelación, que, en consonancia con la doctrina de esta Sala, se pronuncian a favor del derecho de la actora a percibir el precio , pero rechazando, simultáneamente, que la actitud renuente al pago de la compradora se compadezca en el hecho de que la vendedora entregara cosa de calidad inferior a la pactada, ya que tal conducta, aunque pudiera integrar un cumplimiento defectuoso, no se combatió con el ejercicio de una acción resolutoria o redhibitoria, única acción compatible con una indemnización, sino que se pretendió compensar con la obtención de una rebaja en el precio , al amparo del artículo 1486 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , acción ésta que estaba caducada al amparo del artículo 1490, y que no permitía una indemnización adicional, pues, según se ha dicho reiteradamente, la " quanti minoris " "no tiene una finalidad indemnizatoria, sino de restablecimiento de la equidad contractual" ( STS 23 de septiembre de 2003 [ RJ 2003, 6434] ), siendo por ello incompatible con una indemnización complementaria ("si se ejercita la acción « quanti minoris », no se puede obtener más que una reducción o rebaja en el precio , no una indemnización de daños y perjuicios complementaria; esta acción indemnizatoria la reserva única y exclusivamente el art. 1486 CC para cuando se ejercite la acción redhibitoria", STS 14 de junio de 1996 [ RJ 1996, 4770] ). Además, debe añadirse que soslaya el recurrente que los daños y perjuicios por los que reclama carecen de acreditación en autos, tal y como manifiesta la sentencia en su fundamento jurídico quinto, sin que quepa reprochar a la Sala de instancia que en aplicación del principio "iura novit curia" hubiera debido conceder la indemnización que se pide, por vía de incumplimiento contractual, principalmente por lo considerado respecto a la falta de acreditación de los daños, pero además, porque de apartarse el Juzgador del examen de la acción edilicia habría supuesto una alteración de la "causa petendi", determinante de indefensión para la contraparte, que no habría tenido oportunidad de alegar y probar al respecto. En conclusión, por vía de la incongruencia que denuncia, lo que pretende el recurrente es obtener una resolución favorable a sus intereses, cuestión que nada tiene que ver con la congruencia, ni con la falta de motivación, y que, por implicar también una revisión general de la prueba, resulta ajena al recurso de casación, razones que determinan la desestimación del presente motivo.

TERCERO

En el segundo motivo, al amparo asimismo del ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEG 1881, 1) , se invoca como infringido el artículo 1091 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , en relación con el artículo 1101 del mismo cuerpo legal, argumentándose en el desarrollo del motivo que es cuestión de hecho, plenamente acreditada, la existencia de incumplimiento contractual por entrega de hormigón de calidad inferior y que dicho incumplimiento trajo consigo unos daños y perjuicios, vinculados a la existencia de retrasos en la entrega de la obra, incrementos en los costes por la necesidad de llevar a cabo análisis de resistencia, y la pérdida de credibilidad frente al dueño de la obra (Ayuntamiento de Madrid).

El motivo debe correr la misma suerte desestimatoria que el anterior por las razones que se exponen a continuación:

a) En primer lugar, citados como infringidos los artículos 1091 y 1101 del Código Civil, debe hacerse notar que se trata de preceptos genéricos cuya invocación, sin más concreción, va en contra de las insoslayables exigencias de claridad y precisión en la formulación de los recursos de casación que resultan de lo establecido en el artículo 1707 de la LECiv de 1881, acordes con la naturaleza extraordinaria y la finalidad del recurso, siendo obligación de la parte la exposición clara, ordenada y separada de las infracciones que denuncia, sin que incumba a esta Sala suplir los defectos expositivos en que se incurra en la formulación del recurso. Con relación al artículo 1091, referido a la fuerza vinculante de los contratos, innumerables sentencias, entre las más recientes, las de 26 de enero ( RJ 2007, 1689) y 4 de mayo de 2007 ( RJ 2007, 2820) , descartan su idoneidad para fundar un motivo casacional por su carácter genérico, constituyendo ello razón suficiente y determinante por sí sola para decretar su desestimación ( Sentencias de 23-4-1966, 5-6-1976, 23-10-1990 [ RJ 1990, 8038] , 20-3-1991 [ RJ 1991, 2419] , 21-7-1993 [ RJ 1993, 6176] , 22-6-1996, 8-7-1998 [ RJ 1998, 5545] , 24-1-2000 y 10-10-2000 [ RJ 2000, 7718] ). Sobre el artículo 1101, sienta la Sentencia de 22 de junio de 2006 ( RJ 2006, 3083) , citando la de 19 de febrero de 2000 ( RJ 2000, 1296) , que "es doctrina reiterada de esta Sala ( SSTS de 30 de enero de 1993 [ RJ 1993, 352] , 6 de octubre de 1995 [ RJ 1995, 7023] , 19 de noviembre de 1996 [ RJ 1996, 7923] , 22 de febrero [ RJ 1997, 1190] y 29 de septiembre de 1997 [ RJ 1997, 6668] ) que el precepto citado, al limitarse a enumerar las causas que hacen surgir el deber de indemnizar daños y perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, no puede servir, dada la generalidad de su contenido, para fundamentar un recurso de casación por transgresión de la normativa en él contenida, a no ser que se armonice con los específicos que, para cada uno de los supuestos concretos, establece el Código Civil", lo que no acontece.

b) En segundo lugar, toda pretensión indemnizatoria precisa de la acreditación del quebranto patrimonial que se pretende resarcir, constituyendo la prueba del mismo o la falta de prueba una cuestión de hecho ajena al ámbito del recurso de casación. La función de la casación es la de velar por la aplicación del derecho, revisar el juicio jurídico emitido sobre el fondo del asunto y comprobar que las leyes adjetiva y material se han aplicado correctamente, de lo que deriva que no es una tercera instancia, ni cabe entrar en los hechos, revisar la prueba, o mantener una versión fáctica favorable a sus intereses, ni, en suma, hacer supuesto de la cuestión en el sentido de partir de datos fácticos distintos a los declarados probados en la instancia (por todas, Sentencia de 19 de abril de 2007 [ RJ 2007, 2071] ). El respeto a los hechos probados supone que los mismos deban permanecer incólumes en casación, «salvo que previamente se logre su sustitución por el cauce de error de derecho en la valoración de la prueba, que exige, su planteamiento a través del correspondiente motivo de casación, con la cita, como infringida, de la norma que contenga la regla de prueba que se considere vulnerada, y la subsiguiente exposición de la nueva resultancia probatoria según el recurrente» ( Sentencia de 8 de marzo de 2007 [ RJ 2007, 1525] ), lo que no se ha hecho en este caso. Examinada la prueba en su conjunto, estima la Audiencia que los daños y perjuicios no han sido acreditados, y en tal sentido negativo se pronuncia expresamente en el fundamento jurídico quinto, por un lado, al decir que la obra se entregó en plazo, por otro, al no apreciar el supuesto retraso o demora a que alude el recurrente, y, por último, sin hacer alusión alguna a incrementos de costes o a penalizaciones que justifiquen tal pretensión indemnizatoria. Estos hechos probados integran la base fáctica de la sentencia, sin que quepa, como pretende el recurrente, cuestionar en casación la consecuencia jurídica alcanzada por el tribunal, sin combatir previamente, por la única vía adecuada, la base fáctica que la sustenta, y no pudiendo por contra cuestionar toda la resultancia probatoria, por medio de ofrecer a la Sala lo que no es más que una conclusión fáctica subjetiva como alternativa a la expuesta en la sentencia impugnada.

y c) En tercer lugar, el artículo 1101 del Código Civil ( LEG 1889, 27) contempla el derecho que faculta a la parte que corresponda a ser indemnizada cuando la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales, siendo el precepto al que debe acudirse, en el lugar de las acciones redhibitoria y " quanti minoris ", a que se alude, el artículo 1486 del mismo cuerpo legal cuando el incumplimiento implica la entrega de cosa distinta, y provoca la inhabilidad del objeto y la completa frustración del comprador ( STS 10-10-2000 [ RJ 2000, 7718] ), pero no pudiendo buscarse amparo en el aquí denunciado cuando se trata de compensar los vicios o defectos de la cosa, pues tal supuesto determina que entren en juego las opciones recogidas en el artículo 1486, pudiendo el comprador elegir entre la resolución o el cumplimiento con rebaja del precio . Y es en el supuesto en que se ejercita una acción por vicios ocultos, cuando esta Sala ha reiterado que la indemnización a que alude el párrafo segundo de dicho artículo, sólo resulta compatible si se opta por el ejercicio de la acción resolutoria (redhibitoria) pero no cuando la opción elegida es la estimatoria o quanti minoris , dirigida únicamente a restablecer el equilibrio contractual mediante una rebaja en el precio , pretensión que fue la solicitada por la recurrente en vía reconvencional partiendo para ello de la existencia de vicios ocultos de una entidad tal, que no llegaron a provocar la inhabilidad del objeto, por cuanto consta probado que el hormigón fue recepcionado y empleado en la construcción, no pudiendo por ello alegarse como infringida la doctrina fijada por esta Sala en la sentencia de 21 de marzo de 1994 ( RJ 1994, 2559) , en cuanto que recayó en un caso en que no se ejercitó acción para el saneamiento de los vicios ocultos.

CUARTO

El tercer motivo, con apoyo procesal asimismo en el ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEG 1881, 1) , denuncia la vulneración del artículo 1101 Código Civil ( LEG 1889, 27) en relación con los artículos 1184 y 1486 a 1490 del Código Civil, centrándose en defender la compatibilidad de la acción indemnizatoria con las edilicias por vicios o defectos ocultos.

El rechazo de los motivos precedentes conlleva necesariamente la desestimación de éste último, y ello por idénticas razones a las antes expuestas, pues a través del mismo se insiste nuevamente en la estimación de la pretensión indemnizatoria acumulada por vía reconvencional, ya que, y pese a que no existe prueba de los perjuicios, no resulta tampoco viable tal petición en los supuestos de existencia de vicios determinantes de un cumplimiento defectuoso, y dado que se optó por la reclamante en base al cumplimiento con una rebaja en el precio para compensar la pérdida de calidad del material entregado.

QUINTO

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEG 1881, 1) , procede la imposición del pago de costas causadas en este recurso a la parte recurrente, respecto de la parte recurrida comparecida, con pérdida del depósito constituido, dándosele al mismo el destino legal procedente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación formulado por la Procuradora de los Tribunales, Doña Laura Lozano Montalvo. en nombre y representación de "TELFORD, SA", contra la sentencia dictada por la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 19 de septiembre de 2000 , con imposición del pago de las costas causadas en este recurso a la parte recurrente, respecto de la parte recurrida comparecida, y con pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal procedente.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- FRANCISCO MARÍN CASTÁN.- ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS.- RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA CASCAJARES.- Firmado y Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SRD Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.


Si tiene más dudas, es el momento de exponerlas.

En todo caso, agradecería aceptase la respuesta y así la página me bonifica sin coste para usted.

Sigo a su entera disposición,

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Cliente: escribió hace 5 año.


Mil gracias XXXXX XXXXX ayuda....pero sigo necesitando precisiones ( el problema con mi abogado es que en 7 meses he mantenido con él menos comunicación qué la que he realizado con usted....y le pago para qué me escuche y me explique, no para qué me orden hacer una cosa u otra....me juego mi patrimonio, el sólo ganar un juicio más o menos ).


  • El problema de su respuesta.....
    "NO TIENEN ACCIÓN DIRECTA CONTRA USTED
    SINO EN LA PARTE DE LA DEUDA QUE USTED LE DEBA AL CONSTRUCTOR PRINCIPAL".....
    es qué el sinvergüenza del constructor cuando le dije...o pagas a esta gente o no sigo pagándote dinero....les dijo a todos qué no les pagaba porque yo no pagaba.
    Pero aquí hay un problema ( el mayor el qué soy un "bobo" qué no buscó asesoría antes de firmar un contrato "basura" ) durante toda la obra he estado dando dinero adelantado según un calendario de pagos anexionado al contrato qué certificaba qué tenía
    unas fechas y unos pagos ( por supuesto , le dije qué debería de ser según certificaciones de los técnicos....me dijo que si...qué lo añadíamos al contrato después sin problemas....hasta hoy) por lo cual se trata de pagos por adelantado...y cuando me negué a seguir es porque al fin comprendí qué este señor iba a coger mi dinero...no pagar a nadie y al final de la obra decirme al pedirle el fin de obra...para, para que todavía me debes estos "extras"...y al negarme a pagar...hacer lo qué ha hecho...largarse sin pagar y además amenazarme con demandarme.


Ahora dice qué le debo dinero...porque ha "cambiado" el presupuesto "aumentando" lo qué le ha parecido (
según él con permiso de la aparejadora qué me "trajo" asociada ) y resulta qué la cantidad es muy parecida a la qué él debe....luego está dando razones para qué se
me demande, tenga qué pagar abogados y demás....y es más fácil demandar a una persona física qué vive en tu pueblo, qué a una S.L. situada a 500km de tu
hogar. Cierto qué tengo el "apoyo" del arquitecto y del informe del aparejador "externo"....pero siempre quedaré a expensas de un tercer informe, del "perito" qué me toque, qué vaya usted a saber qué le parece mi "historia".




  • Segundo tema, relacionado con lo qué le he dicho.....yo me opuse a seguir "adelantando" el dinero sin aval,
    para la reforma - rehabilitación integral de mi hogar ( con proyecto, sólo se dejaron parte de las paredes externas y lo demás se tiró ). A esto, tras pedírselo
    por burofax, me dice en enero qué el dinero entregado ya se ha gastado en los "extras" y qué además le debo 40 mil más....y qué siga pagando - adelantando dinero....ahí fue cuando dije....vale, sigo cumpliendo el plan de pagos....si tú me avalas el dinero qué te dé...creo qué ahora el problema es saber si es aplicable la ley 68/57 o no.



  • Tercer tema, en el contrato yo firmé la posesión de la obra....hasta la entrega de la misma....¿ese art. 1600
    es de la ley de enjuiciamiento criminal...LEC ...o de otra ley?¿es aplicable a una casa qué se rehabilita y amplia....que no es una casa nueva a hacer sino qué ya
    estaba habitada por mí desde hacía años?



  • ¿acción de protección sumaria de la posesión por perturbación de la posesión?....eso se puede hacer sin ir al juzgado a demandar...mi problema es qué en el momento en qué tenga qué ir al juzgado a cualquier demanda qué no pueda plantear yo....el abogado me cobra como si ya fuéramos a querellarnos....otro contrato qué debía haber leído mejor...ya hablamos de 20 mil euros....



  • ¿en el juicio verbal sobre despojo de la posesión del art 250.1.4 se necesita abogado?



  • "Usted puede ejercitar esa acción o bien tomar posesión de la finca, arriesgándose que el constructor le demande civilmente, con muy escasas probabilidades de éxito por parte del constructor"....pero en ese caso, él me demandaría en La Coruña....¿podría pedir el cambio de fuero por la LEC?¿le suena qué también haya algo sobre este tema en la ley de consumidores y usuarios qué le dije del 2009?



  • Respecto al "quanti minoris" lo veo difícil, estaríamos necesitando probar qué ha hecho las cosas "muy mal"...si es cierto qué hay temas mal hechos qué los informes valoran, para su arreglo o subsanación...pero
    no parece qué sea algo qué se ha hecho para "timarme" y poner algo de peor calidad.



  • Otro compañero suyo me dejó esta contestación sobre el mismo tema.... Si el promotor es el poseedor de la obra podría actuar de dos formas:


a)Interponer un juicio verbal (acción interdictal) contra el constructor considerando su negativa al abandono como un despojo de la posesión por la vía del artículo 250.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



b)Interponer una demanda exigiendo el cumplimiento contractual o su resolución así como una medida cautelar que pretenda el desalojo del constructor y la reanudación de los trabajos por la vía del artículo 727. 7ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil



¿Qué le parece esta segunda opción?¿Por qué me dice qué no ve posibilidad de aplicar ninguna medida cautelar? Para mi entender, estoy ante unos "timadores" ( investigando he conocido al menos a otra persona a la qué han hecho el mismo timo ) qué han
dejado a deber en varios sitios ( pero siempre consiguen qué nadie les demande porque se temen gastarse un dinero en juicios para no poder cobrar nada de una SL de 3000 euros de capital ) y qué tienen un despacho de abogados en Madrid qué "a comisión" no tiene problema en demandar para ver si consiguen qué algún "juez" se crea sus "películas" y poder seguir exprimiendo si ven la posibilidad. Por ello, si en estos 7 meses no me han demandado, es porque no lo ven claro ( o eso creo) y si yo les demando me puede salir "el tiro por la culata" si el perito y juzgado se pliegan a sus mentiras...porque lo qué es seguro es qué no creo qué tengan dinero...¿o si?




  • Usted qué es abogado....tiempo atrás me comentó el constructor qué tenía una serie de juicios pendientes ( uno de la empresa isolux- corsán, y los demás me imagino qué de pobres "autopromotores - ignorantes" como yo a los qué quiere exprimir )...y haciendo un poco de abogado del diablo...podría ser qué esta s.l. cobrara algún retraso o así...¿cómo podría saber a ciencia cierta si les demando qué voy o no a cobrar?



  • Por último, me parece triste qué la justicia no nos permita quitar de en medio a sinvergüenzas como estos....pero ya dos de sus colegas me han dicho qué lo mejor es qué les pague un dinero y me deje de juicios...pero me llega la duda...¿es mejor pagarles 20 mil euros a ellos para qué me dejen en paz qué al abogado para qué les interponga una demanda?...
Cliente: escribió hace 5 año.
  • ¿podría de alguna forma conocer si esta empresa tiene más demandas?¿cree que si llamara a isolux - corsan, sus abogados me explicarían su litigio?¿hay alguna forma legal de saber el estado economicoa de esta empresa?¿se puede pedir una medida cautelar contra sus cuentas?
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.
De nuevo encantado de saludarle,

En relación a sus dudas:

1º. Lo que el sinvergüenza del constructor haya dicho a los subcontratistas a usted no le afecta porque usted puede acreditar los pagos que usted ha realizado al constructor y, por tanto, si ellos interpusieran acción contra usted, usted podría defenderse muy fácilmente acreditando los pagos efectuados.

2º. Tema. Gracias XXXXX XXXXX aclaración en este punto en relación a las cantidades adelantadas. Este es un contrato con cláusulas bastante abusivas, no es práctica común realizar este tipo de cláusulas. Tengo dudas de la aplicación de la norma, esta pensado para que promotores garanticen cantidades entregadas a cuenta, pero no para que los constructores avalen cantidades a un promotor (este es su caso, difiere del supuesto legal) Por tanto, me parece muy arriesgado basar un argumento para resolver el contrato solo en esta circunstancia.

3º. El artículo 1600 es del Código Civil, aplicable a todo contrato de arrendamiento de bien mueble. Ellos no tiene derecho de retención de un bien inmueble, salvo que usted lo pactara en el contrato. No existe ninguna ley que les habilite a ello.

4º. ¿en el juicio verbal sobre
despojo de la posesión del art 250.1.4 se necesita abogado? Necesitaría abogado y podría demanda en Cantabria, por existir un fuero especial en ese caso.

5º. Comenta sus dudas entre estos dos pleitos:

a)Interponer un juicio verbal (acción
interdictal) contra el constructor

considerando su negativa al abandono como un despojo de la posesión por la vía
del artículo 250.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


b)Interponer una demanda exigiendo el
cumplimiento contractual o su resolución así como una medida cautelar que
pretenda el desalojo del constructor y la reanudación de los trabajos por la
vía del artículo 727. 7ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil

A mi juicio, como le indiqué, no procede medida cautelar alguna. Las medidas cautelares exigen que exista un peligro en la demora procesal, es decir, un riesgo de que si espera la sentencia no se pueda realizar lo solicitado por el demandante. Esta causa a mi juicio de concurre, le echarían atrás una medida cautelar. Esta es la razón.

¿cómo podría
saber a ciencia cierta si les demando qué voy o no a cobrar?

Solo con una investigación patrimonial previa (registros de la propiedad, tráfico, etc.) podría saber si existen bienes en la empresa para cobrar. No es posible conocer de los juicios pendientes de la empresa, no son datos públicos ni están en un registro.

8º. ¿es mejor pagarles 20 mil euros a ellos
para qué me dejen en paz qué al abogado para qué les interponga una demanda?

Esta cuestión que me plantea es complicada e imposible de preveer. Yo creo que una demanda puede ser una buena vía para presionar y llegar a un acuerdo durante la misma. No descarte esta opción si además tiene informes favorables a sus intereses.

Sigo a su disposición para las dudas que tenga,

Saludos,

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  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
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  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

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