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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE REGULAN O DEFINEN LOS CONTRATOS

Pregunta del cliente:

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE REGULAN O DEFINEN LOS CONTRATOS ""DE COMISION BURSATIL"" EN LA MEDIACION O INTERMEDIACION EN LOS MERCADOS BUIRSATILES
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Derecho Civil
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Buenas tardes y gracias XXXXX XXXXX Just Answer,

Le dejo algunas sentencias referidas al tema en cuestión:


Sentencia Tribunal Supremo 28/2003 de 20 enero

Recurso de Casación núm. 1755/1997

Ponente: Excmo Sr. José Almagro Nosete

 

Los antecedentes necesarios para el estudio de la Sentencia se relacionan en su primer fundamento de derecho.

El TSdeclara haber lugaral recurso interpuesto, casa y anula la Sentencia dictada el02-04-1997, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia y condena a la demandada a restituir el importe de los «pagarés», en cuanto no satisfechos, a cada uno de los demandantes por su respectiva inversión, más los intereses legales de las dichas cantidades desde la fecha de interposición de la demanda.

En la Villa de Madrid, a veinte de enero de dos mil tres. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen el recurso de casación contra la sentencia ( AC 1997, 666) dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Octava, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Valencia, sobre indemnización de daños y perjuicios, cuyo recurso fue interpuesto por doña I. M. S., doña M. V. O., doña J. G. L., doña M. T. A, doña N. S. A, don E. R. T., doña M. D. P., don V. L. M., doña D. C. V., don F. S. T., don J. M. R., doña A. M. y don J. M. G. y doña A. P. S. representados por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel J. C., en el que es recurrida la entidad Inverban Sociedad de Valores y Bolsa, SA representada por el Procurador de los Tribunales don Manuel O. C.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Valencia, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de doña I. M. S., doña M. V. O., doña J. G. L., doña M. T. A, doña N. S. A, don E. R. T., doña M. D. P., don V. L. M., doña D. C. V., don F. S. T., don J. M. R., doña A. M. y don J. M. G., doña A. P. S., doña F. F. P., doña A. C. P. y Doña A. C. P. contra la entidad Inverban Sociedad de Valores y Bolsa, SA, sobre indemnización de daños y perjuicios.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que se condenara a la demandada a abonar a los demandantes la cantidad que se determinara en ejecución de sentencia por los importes dejados de percibir por los actores a causa del impago de los pagarés de «Prima Inmobiliaria, SA», a más de los intereses legales de sus importes desde el vencimiento de los mismos, y costas del presente procedimiento.

Admitida a trámite la demanda el demandado contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que se desestimara totalmente la demanda e impusiera las costas a los demandantes.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 18 de mayo de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: «Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Higinio R. G. en nombre y representación de doña I. M. S., doña M. V. O., doña F. F. P., doña J. G. L., doña A. C. P., doña A. C. P., doña M. T. A., doña N. S. A., don E. R. T., doña M. D. P., don V. L. M., doña D. C. V., don F. S. T., don J. M. R., doña A. M. y don J. M. G. y doña A. P. S., imponiendo a éstos el pago de las costas procesales».

SEGUNDO

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Octava, dictó sentencia con fecha 2 de abril de 1997 ( AC 1997, 666) , cuyo fallo es como sigue: «Que, desestimando el recurso de apelación planteado contra la sentencia dictada por el señor Juez de Primera Instancia núm. 1 de Valencia, en autos de menor cuantía núm. 566/1994, debemos confirmarla y la confirmamos y condenamos a los apelantes a pagar las costas de esta alzada».

TERCERO

La Procuradora doña Isabel J. C., en representación de Doña I. M. S., doña M. V. O., doña J. G. L., doña M. T. A, doña N. S. A, don E. R. T., doña M. D. P., don V. L. M., doña D. C. V., don F. S. T., don J. M. R., doña A. M. y don J. M. G. y doña A. P. S., formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

«I.–Al amparo del número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEG 1881, 1) , infracción del artículo 241 del Código de Comercio ( LEG 1885, 21) .

II.–Al amparo del número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los artículos 1726 del Código Civil ( LEG 1889, 27) y 255 del Código de Comercio.

III.–Al amparo del número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 1214 del Código Civil.

IV.–Al amparo del número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los artículos 78 y 81 de la Ley 24/1988 de 28 de julio ( RCL 1988, 1644 y RCL 1989, 1149, 1781) del Mercado de Valores».

CUARTO

Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, el Procurador señor O. C. en nombre de la entidad Inverban Sociedad de Valores y Bolsa, SA, presentó escrito con oposición al mismo.

QUINTO

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 13 de enero de 2003, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Según los antecedentes fácticos, los actores, con voluntad de invertir ahorros en valores, o activos financieros, acudieron a «Inverban, Sociedad de Valores y Bolsa, SA», para que les indicara cuáles eran los mas seguros y convenientes y ésta les aconsejó que adquirieran pagarés emitidos por «Prima Inmobiliaria, SA», y no se opusieron a ello, porque carecían de conocimientos en cuanto a la situación y funcionamiento del mercado financiero, y confiaban en los servicios de «Inverban», pues, con anterioridad, ya habían invertido su dinero, según las indicaciones que ésta les suministró y, en su momento, recibieron el importe que les correspondía al vencimiento; y en 1992, para adquirir productos financieros, como se dice, pidieron a la sucursal de Inverban en Valencia, que les indicara los más convenientes y ésta les propuso pagarés de «Prima». Los referidos «pagarés» los compraron, por medio de la citada entidad, entre marzo y mayo del año 1992 con vencimiento en los mismos meses de 1993, pero no pudieron cobrarlos, en su momento, porque la entidad emisora solicitó suspensión de pagos el 12 de diciembre de 1992. La reclamación a la expresada sociedad intermediaria se basa en el comportamiento negligente de ésta en su gestión y piden que les abone la suma que se determine en ejecución de sentencia por el importe dejado de percibir a causa del impago por «Prima» de los pagarés que libró y adquirieron los actores, con intereses, desde cada vencimiento. Desestimada la demanda, la sentencia de apelación ( AC 1997, 666) , objeto del presente recurso de casación considera, asimismo, que no cabe, apreciar negligencia en la demandada ni, en consecuencia, se puede aplicar la norma del artículo 1726 del Código Civil ( LEG 1889, 27) para el mandatario, ni tener al perjuicio sufrido por los suscriptores de pagarés, como efecto de la conducta del intermediario financiero. Por ello desestima la alzada.

SEGUNDO

Los motivos primero y segundo del recurso (artículo 1692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil [ LEG 1881, 1] precedente) apoyados en infracciones de los artículos 244 del Código de Comercio ( LEG 1885, 21) , y 1726 del Código Civil ( LEG 1889, 27) y 255 del expresado Código de Comercio, se encaminan, frente a la referencia genérica al «mandato» (artículo 1726) de la sentencia ( AC 1997, 666) de segunda instancia, a precisar, la calificación específica de comisión mercantil que tienen las relaciones contractuales habidas y, concretamente, a la determinación de la especial diligencia exigible a la entidad comisionista , en el cumplimiento de sus obligaciones. En efecto, los encargos conferidos por los ahorradores a la entidad demandada, están en función de la complejidad de los mercados de valores que, prácticamente, obliga a los inversores a buscar personas especializadas en los referidos mercados que les asesoren y gestionen lo mejor posible sus ahorros; de ahí, el nacimiento y reconocimiento legal, de empresas inversoras, cuya actividad básica, consiste en prestar, con carácter profesional y exclusivo, servicios de inversión a terceros. Ya la Ley del Mercado de Valores de 1988 estableció, superando la arcaica legislación existente hasta el momento, las nuevas bases del régimen jurídico español en la materia y de su regulación, en lo que al tema respecta, ha de concluirse, desde una perspectiva general, que el contrato que vincula a los compradores con la sociedad intermediaria, encargada de la adquisición, siguiendo instrucciones del principal, responde a la naturaleza del contrato de comisión mercantil (artículo 244 del Código de Comercio), y desde una perspectiva más concreta, que toma en cuenta sus relaciones con el «mercado de valores», al llamado contrato de « comisión bursátil »; de manera, que, en el desempeño de su mandato, el comitente debe actuar con la diligencia y lealtad que se exigen a quien efectúa, como labor profesional y remunerada, una gestión en interés y por cuenta de tercero, en el marco de las normas de la Ley del Mercado de Valores, establecidas para regular la actuación profesional de las empresas de servicios de inversión en los dichos mercados, y, por ello, muy especialmente observar las «normas de conducta» (Título VII) que disciplinan su actuación, entre las que destacan, dentro del deber de diligencia, las de asegurarse que disponen de toda la información necesaria para sus clientes, manteniéndoles siempre adecuadamente informados y la de cuidar de los intereses de sus clientes, como si fueran propios, todo ello potenciado por un exquisito deber de lealtad. En este sentido, pues, de claridad y precisión, deben acogerse los motivos examinados.

TERCERO

El motivo tercero (artículo 1692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEG 1881, 1) citada) denuncia la infracción del artículo 1214 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , infringido por el concepto de errónea interpretación, al no aplicarse al presente supuesto la inversión de la carga de la prueba. Para ponderar la cuestión que se plantea, debe partirse de los hechos y criterios que fijan la posición de la Sala «a quo»: «no se puede evaluar y no se puede reclamar al intermediario por el descalabro económico que sufre el adquirente del pagaré, fundándolo en que, en el caso de autos, sociedades mayoritarias en el capital de la entidad emisora, como “Grupo Torras, SA”, meses después solicite suspensión de pagos y que participantes en el capital del agente intermediario fueran acreedores de la emitente, porque no se ha acreditado que efectuaran actos para poner a salvo sus intereses en “Prima” y si tales accionistas pueden comportarse maliciosa o negligentemente y procuran precaver el daño que les pueda sobrevenir, como se dice de “Caja de Ahorros de Madrid” y “Caixa”, no puede su posición ser llevada al intermediario financiero que es persona jurídica distinta y cuya oferta de valores a los inversores descansa en la correcta situación contable de la emitente, que, en años anteriores, había atendido a sus compromisos con los adquirentes de sus pagarés». La sentencia ( AC 1997, 666) de segunda instancia razona, asimismo, acerca de las funciones que desempeña la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del marchamo de garantía que implica su obligada intervención ya que no opuso reparos a la emisión de los pagarés, e igualmente, hace hincapié en el resultado favorable de la «auditoría de cuentas» a Prima, la emitente de los pagarés, acerca de la «cuenta de pérdidas y ganancias». En definitiva, entiende, que la demandada consideró que los pagarés emitidos por Prima eran seguros en su rendimiento porque tal empresa era de conocida solvencia en el mercado. Sin duda, que la asepsia empleada por los razonamientos de la sentencia impugnada son, con lógica apariencial, intachables, pues todos los organismos y sociedades citados, actuaron, formalmente, dentro de sus competencias y con las separaciones funcionales que sus personificaciones jurídicas autónomas manifiestan. Mas, a tales razonamientos que presuponen una confianza total en las actuaciones concretas de la Comisión Nacional de Valores y de las auditorías, en ocasiones, defraudada, por la práctica, escapa, desde la perspectiva de las realidades interactuantes, la valoración del núcleo de las alegaciones y de su relación con la carga de la prueba. En efecto, lo que se afirma es que los socios mayoritarios de la entidad comisionista, socios tan importantes como «la Caixa» y «Caja de Madrid», prestamistas, ambas, en cantidades muy significativas de la sociedad emisora de los pagarés, hubieron de tener por su posición, como acreedores cualificados, conocimiento de la situación de alto riesgo que sufría la sociedad prestataria, y emisora de los pagarés, esto es, de «la demasiada interconexión entre las sociedades del grupo al que pertenecía Prima, a las relaciones entre las filiales y la sociedad matriz y a la falta de diversificación del riesgo», que, entre otras circunstancias, afloran como causas de la suspensión de pagos en el informe de los interventores. Este conocimiento –sugieren– debió proyectarse sobre la sociedad en la que participaban de modo sustancial, de manera, que no se instara a sus clientes para «colocar» sus ahorros como valores seguros o de escaso riesgo en los «pagarés» de referencia.

CUARTO

Probado como ha quedado en autos, la condición de socios copropietarios de las entidades financieras de referencia, su carácter de acreedores sustanciales de la entidad emisora, se impone como «máxima de experiencia» a tomar en cuenta, según la realidad del mercado crediticio, que ambas tenían conocimiento de la situación económica, presente en el momento y previsible, de la deudora y, por tanto, del riesgo de los emisores de los pagarés, en circulación, para mantener la fluidez de su tesorería. La participación de este conocimiento con los gestores de la sociedad comisionista, debe presumirse, por razón de la dependencia de los órganos de administración que responden, en principio, según el patrón de las sociedades de capital a la conveniencia de los de las mayorías sociales. Es, en este sentido, que la carga de probar lo contrario, esto es, la absoluta independencia de los órganos de administración de la sociedad comisionista, inversora en fondos por cuenta ajena y la desvinculación de la decisión de «colocar» los pagarés, de intereses que beneficiaban directamente, a los socios mayoritarios, en su afán, por mantener con vida sana comercial a la prestataria, sociedad emisora de los pagarés, correspondía a la demandada, simplemente, por aplicación del principio, reconocido jurisprudencialmente, de su mejor posición en relación con las fuentes de pruebas, lo que hubiera facilitado la adquisición de los datos probatorios oportunos. En suma, como establece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) en su párrafo seis, recogiendo criterios jurisprudenciales anteriores a la propia Ley, en la distribución de la carga de la prueba «el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes en litigio», regla que, indudablemente, desplaza la carga de la prueba hacia la entidad demandada. Por todo ello, debe acogerse el motivo.

QUINTO

La estimación de los tres motivos examinados resulta suficiente, para, a partir de la declaración de haber lugar al recurso, recuperar las funciones de instancia, sin perjuicio de la ilustración que proporciona el tercer motivo, relativo a la infracción de las «normas de conducta en la actuación de los mercados de valores», al seleccionar la demandada los «pagarés» por «Prima Inmobiliaria, SA» como valores rentables y seguros haciendo que invirtieran ellos, los actores. Conforme a la calificación, dada al contrato, la entidad comisionista debe responder de los daños y perjuicios, causados a los inversores por la mala inversión, según el patrón de la culpa leve en concreto a que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1943 ( RJ 1943, 574) en relación con la diligencia exigible al «comerciante experto» ( sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1988 [ RJ 1988, 5717] ) que utilizan como pauta el cuidado del negocio ajeno como si fuera propio. En este sentido, no aparecen desvirtuados, con la contundencia requerida, las graves imputaciones que se formulan en el hecho cuarto de la demanda: «al mismo tiempo que la Dirección General de la Compañía “Inverban SV y B, SA” en Madrid les recomendaba y garantizaba la colocación a sus clientes de pagarés de la entidad “Prima Inmobiliaria, SA”, dicha Dirección General se deshizo del paquete de dichos pagarés que tenía en autocartera, ante la mala situación económica por la que en aquellos momentos atravesaba la entidad “Prima Inmobiliaria, SA”. En prueba de cuanto decimos, adjunto se acompañan como documentos números veinticinco y veintiséis, copias de los informes trimestrales correspondientes a los trimestres segundo y tercero de 1991, elaborados por la entidad “Gescaixa II, SA”, sociedad Gestora del fondo de Inversión en Activos del Mercado Monetario Brokerdiner, en los que se puede apreciar que dicha entidad se deshizo del paquete de Pagarés de Prima Inmobiliaria que tenía en cartera».

SEXTO

De acuerdo con los criterios, ya manifestados, sobre la carga de la prueba, no puede por menos de llamar la atención, la escasa fuerza argumentativa y nula actividad probatoria, desarrollada por la demandada, acerca de la información facilitada por los actores en el «hecho quinto» de la demanda: «esta participación de “Caja de Madrid” y “La Caixa” en la mercantil “Inverban, SV y B, SA” se refleja incluso, en las hojas impresas, utilizadas por esta última, en el tráfico mercantil, lo que puede comprobarse con las aportadas junto con esta demanda. Asimismo, adjunto se acompañan como documentos números veintisiete, veintiocho y veintinueve, respectivamente, información aparecida en la prensa sobre los extremos que acabamos de relatar, así como un extracto del “Folleto de Emisión” de los controvertidos Pagarés, en el que puede comprobarse, en primer lugar, que “Caja de Madrid” tenía una línea de crédito con la entidad “Prima Inmobiliaria” por importe de dos mil millones de pesetas, “materializada en Pagarés que se van renovando mes a mes y que se pueden cancelar en cualquier momento”; y, en segundo lugar, que “Caja de Barcelona” (“La Caixa”) había concedido un préstamo por aquel entonces de setecientos cincuenta millones a la referida entidad, con vencimiento el 27 de abril de 1992; y, por último, que “Prima Inmobiliaria” y “Caja de Madrid” participaban en –entre las empresas filiales de “Prima Inmobiliaria, SA”–, la mercantil “Urbanor, SA”, de la que es prácticamente accionista único (95,07%) esta entidad, que como luego se describe, en el propio extracto era la titular de los inmuebles conocidos como “Torres de Kio”, sitas en la Plaza de Castilla de Madrid. Pues bien, “Caja de Madrid” se hizo con estos inmuebles en el correspondiente procedimiento concursal, como se desprende de la información aportada bajo el documento número veintiocho, lo que acredita el grado de conocimiento e interés de esta entidad bancaria en la sociedad emisora de los pagarés que resultaron impagados tras haber sido “colocados” negligentemente a mis patrocinados por la demandada, participada, como se ha dicho, por la propia “Caja de Madrid”.».

SEPTIMO

Los datos y consideraciones ya expuestos permiten concluir que la demandada actuó, al menos con «ligereza», esto es, sin el cuidado exigible al demandado comerciante, pues las noticias que circulaban en su entorno más directo, hacían presumible la existencia de un alto riesgo que impedía estimar la inversión de los pagarés como segura y fiable, lo que determina, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1726 del Código Civil ( LEG 1889, 27) ; 255 del Código de Comercio ( LEG 1885, 21) y normas señaladas por el artículo 81 de la Ley de Mercados de Valores ( RCL 1988, 1644 y RCL 1989, 1149, 1781) , la responsabilidad civil de la demandada, por los daños y perjuicios causados, que se concretarán en ejecución de sentencia y consistentes en la restitución reparatoria, por el daño, de las cantidades invertidas en los citados pagarés no recuperadas, más, por los perjuicios, el importe de los intereses legales, desde la fecha de interposición de la demanda. Las costas de primera y segunda instancia no se imponen a ninguna de las partes, teniendo en cuenta la complejidad y dificultad del asunto (artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [ LEG 1881, 1] precedente). Las costas del recurso deberán satisfacerse por cada parte las suyas (artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil precedente).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de doña I. M. S., doña M. V. O., doña J. G. L., doña M. T. A, doña N. S. A., don E. R. T., doña M. D. P., don V. L. M., doña D. C. V., don F. S. T., don J. M. R., doña A. M. y don J. M. G. y doña A. P. S. contra la sentencia de fecha dos de abril de mil novecientos noventa y siete ( AC 1997, 666) dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Octava, en autos, juicio de menor cuantía número 566/1994 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Valencia por doña I. M. S., doña M. V. O., doña J. G. L., doña M. T. A, doña N. S. A., don E. R. T., doña M. D. P., don V. L. M., doña D. C. V., don F. S. T., don J. M. R., doña A. M. y don J. M. G., doña A. P. S., doña F. F. P., doña A. C. P. y doña A. C. P. contra la entidad Inverban Sociedad de Valores y Bolsa, SA, y, en consecuencia, mandamos casar y anular la sentencia recurrida, condenando a la demandada a restituir el importe de los «pagarés», en cuanto no satisfechos, a cada uno de los demandantes por su respectiva inversión, más los intereses legales de las dichas cantidades desde la fecha de interposición de la demanda. No se imponen las costas de ninguna de las instancias. Las del presente recurso deberán satisfacerse por cada parte las suyas. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–José Almagro Nosete.–Antonio Gullón Ballesteros.–Xavier O'Callaghan Muñoz.– Rubricados .

PUBLICACION.–Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.


Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 307/1998 de 4 abril

Recurso de Casación núm. 476/1994

Ponente: Excmo Sr. Eduardo Fernández-Cid de Temes

 

Los antecedentes necesarios para el estudio de la sentencia se resumen en su primer fundamento de derecho.

Doña Ascensión Margarita C. A. promovió juicio de menor cuantía contra don Jaime Z. U. en reclamación de cantidad.

El Juzgado de 1ª Instancia dictó el 1-10-1991 Sentencia desestimatoria de la demanda que la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó mediante Sentencia de 13-1-1994.

La actora interpuso recurso de casación.

El TSdeclara no haber lugaral recurso interpuesto.

Recurso de Casación Núm.: 476/1994

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes

Votación y Fallo: 17/03/98

Secretaría de Sala: Sra. Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA NUM.: 307/1998

Excmos. Sres.:

D. Alfonso Villagómez Rodil

D. José Almagro Nosete

D. Eduardo Fernández-Cid de Temes

En la Villa de Madrid, a cuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Octava de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número cinco de dicha capital, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por doña Ascensión Margarita C. A. , representada por el Procurador de los Tribunales D. Enrique Hernández Tabernilla, en que es recurrido don Jaime Z. L. , representado por la Procuradora de los Tribunales doña Laura Lozano Montalvo.

ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO. -Ante el Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Madrid, fueron vistos los Autos de Menor Cuantía número 1147/1990, seguidos a instancias de doña Ascensión Margarita C. A., contra don Jaime Z. Ll., sobre reclamación de cantidad.

Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «...se sirva dictar sentencia condenando al demandado a pagar a mi representada daños y perjuicios en la cuantía expresada, imponiendo asimismo al demandado las costas de este pleito».

Admitida a trámite la demanda, por la representación de la parte demandada se contestó a la misma, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, alegando falta de legitimación activa, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «... y en su día, previos los trámites correspondientes en derecho, dicte sentencia desestimando la demanda y absolviendo a mi representado de las peticiones formuladas en su contra, con expresa condena en costas a la aparte actora».

Por el Juzgado se dictó Sentencia en fecha 1 octubre 1991, cuyo fallo es como sigue:

FALLO:

«Que desestimando la excepción de falta de legitimación activa, alegada por la representación de don Jaime Z. Ll., y entrando a conocer del fondo de la cuestión debatida, debo desestimar y desestimo la demanda formulada pro el Procurador de los Tribunales señor Hernández Tabernilla, en nombre y representación de doña Ascensión Margarita C. A., sobre reclamación de cantidad, contra don Jaime Z. Ll., con expresa imposición de las costas procesales devengadas».

SEGUNDO. -Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido, y sustanciada la alzada, la Sección Octava de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia en fecha 13 enero 1994, cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLAMOS:

«Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por el Procurador señor Hernández Tabernilla, en nombre y representación de doña Ascensión Margarita C. A., contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Jueza de Primera Instancia número 5 de los de esa capital, en los autos originales de que el presente rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos susodicha resolución, imponiendo las costas del recurso a la parte apelante».

TERCERO. -Por el Procurador de los Tribunales don Enrique Hernández Tabernilla, en nombre y representación de doña Ascensión Margarita C. A., se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

I.-«Infracción del artículo 1278 del Código Civil».

II.-«Mi representada, doña Ascensión C. A., y, el recurrido, don Jaime Z. Ll., suscribieron un contrato de comisión que, fue resuelto unilateralmente por el señor Z. Ll., sin que cumpliese con lo dispuesto en el artículo 279 del Código de Comercio».

CUARTO. -Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, por la Procuradora señora Lozano Montalvo, en nombre y representación de la parte recurrida, se presentó escrito impugnando el mismo.

QUINTO. - No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día diecisiete de marzo , a las 10.30 horas, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.-

Conformes de toda conformidad las sentencias de instancia, la Audiencia acepta los fundamentos jurídicos del Juzgado, que en modo alguno se oponen a los suyos propios. Ambos órganos jurisdiccionales parten de la existencia de relaciones comerciales entre los litigantes desde 1975, incardinables en el contrato de comisión , pues que la actora, doña Ascensión Margarita C. A., como comisionista, gestionaba la colocación, distribución y venta de los productos del actor, titular de la Agencia de Prensa que gira con el nombre comercial «Zardoya», como comitente, cobrando un porcentaje del precio de venta del material, consistente en fotografías, reportajes, artículos, entrevistas etc., sin que existiese contrato por escrito que regulase de modo especial sus relaciones, que se resolvieron por carta de 28 de febrero de 1990 dirigida por el demandado a la actora, quien reclamó, como indemnización de daños y perjuicios, con base en los artículos 1902 y 1106 del Código Civil, por la resolución unilateral, la suma total de 8.842.999 pesetas, desglosada en 388.050 pesetas por las comisiones correspondientes a las ventas realizadas durante el mes de febrero de 1990, que afirma no le fueron abonadas, y 8.454.949 pesetas como indemnización por lo que dejaría de percibir en los cinco años siguientes a dicha resolución.

Como en el recurso de casación planteado por la actora no se ataca la base fáctica de la sentencia impugnada, que por ello permanece incólume, inconcusa, bueno será consignar desde ahora que tal como sienta la Audiencia, no se fijó tiempo de vigencia para el contrato, la resolución no se hizo en fraude o perjuicio del comisionista, al no haberse acreditado dichos supuestos y, en lo que atañe a las comisiones que se decía dejadas de percibir, como correspondientes al mes de febrero de 1990, ninguna prueba se había realizado al respecto.

SEGUNDO.-

El recurso, sin citar siquiera el precepto de amparo procesal, acusa en el primer motivo infracción del artículo 1278 del Código Civil pues, precisamente por ser válido el contrato, dice, tal como establece la sentencia recurrida, no puede dejarse al arbitrio de una sola de las partes su resolución, que considera abusiva; y en el segundo, incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 279 del Código de Comercio, puesto que, afirma, «el comitente queda siempre obligado a las resultas de las gestiones practicadas antes de haber hecho saber la revocación al comisionista» y esta disposición fue incumplida por el hoy recurrido, sin que así se apreciase por la Audiencia. Esto es todo lo que se alega en el brevísimo recurso.

En honor a tal brevedad, que sin duda ha de agradecerse, la respuesta jurisdiccional podría quedar reducida a lo siguiente: se hace supuesto de la cuestión, puesto que se parte de una base fáctica contraria a la sentada por la sentencia recurrida , ya que el abuso del derecho y el fraude de ley presuponen carencia de buena fe (Sentencia de 14 febrero 1986 [ RJ 1986\680 ]), concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de los hechos (Sentencia de 29 noviembre 1985 [ RJ 1985\5915 ]), de manera que la existencia o inexistencia de buena fe había de combatirse antes de la reforma introducida por Ley 10/1992, de 30 abril ( RCL 1992\1027 ), por error en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos (Sentencias de 5 abril y 18 diciembre 1986 [ RJ 1986\1794 y RJ 1986\7677 ]), y después, suprimido tal motivo, por error de derecho en su valoración, con cita de la norma de hermenéutica que se considerase infringida, carácter del que sin duda carece el artículo 1278 del Código Civil , respetado escrupulosamente al darse validez al contrato verbal, ya que el de comisión tiene naturaleza consensual y se perfecciona por el mero consentimiento, manifestado de cualquier forma, expresa o tácita ; y si dicho precepto no puede haberse infringido, el motivo ha de decaer, al haberse declarado que la resolución del contrato no se probó se realizase en fraude o perjuicio del comisionista. Tampoco se ha infringido el artículo 279 del Código de Comercio, pues si el comitente puede revocar la comisión conferida al comisionista, en cualquier estado del negocio, poniéndolo en su noticia, como se hizo, pero quedando siempre obligado a las resultas de las gestiones practicadas antes de haberle hecho saber la revocación, también se declaró por la sentencia recurrida que ninguna prueba se había realizado al respecto; y es que la comisión es contrato «intuitu personae», fundado, como el mandato, en la mutua confianza entre los contratantes y por ello puede el comitente, según el propio precepto , cual conviene a la libertad de movimientos, según tiene declarado esta Sala, revocar la comisión a su voluntad, sin otra obligación que la expresamente indicada en el mismo de responder de las gestiones practicadas anteriormente, y sin que puedan exigírsele los daños y perjuicios que al comisionista, por la revocación, le sucedan , de manera tal que no acreditado que quede algo por liquidar a la comisionista, ésta nada puede reclamar y el precepto no aparece infringido, debiendo desestimarse el motivo, porque el recurso extraordinario que nos ocupa es simplemente un remedio procesal encaminado a determinar si, dados unos hechos que han quedado incólumes, por no haberse impugnado adecuadamente, las consecuencias jurídicas o soluciones obtenidas son las procedentes, cosa que ocurre en el caso examinado, en el que, respetados por la Audiencia los preceptos que se dicen infringidos, ninguno otro puede considerarse vulnerado, cual lo prueba que la recurrente, ni aun con su posición subjetiva, partidista e interesada, pudiera citarlo, debiendo recordarse que la casación no es una tercera instancia que permita una impugnación abierta y libre de lo acordado por el Tribunal de apelación, ni faculta para revisar todo lo actuado . Si nada queda pendiente de liquidar, si no hay clientela creada por el comisionista que pueda aprovechar el comitente, si no hubieron de crearse infraestructuras pendientes de amortizar y, en fin, si cada negocio u operación en que se intervino, medió o concluyó aparece remunerado, nada hay que reclamar.

TERCERO.-

Por imperativo legal (artículo 1715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil) las costas han de imponerse a la recurrente, con pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don Enrique Hernández Tabernilla, en nombre y representación de doña Ascensión Margarita C. A., contra la Sentencia dictada, en trece de enero de mil novecientos noventa y cuatro, por la Sección Octava de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid; condenamos a dicha recurrente al pago de las costas; decretamos la pérdida del depósito constituido; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Alfonso Villagomez Rodil.-José Almagro Nosete.-Eduardo Fernández-Cid de Temes.-Rubricados .

PUBLICACION. -Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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