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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
Categoría: Derecho Laboral
Clientes satisfechos: 272
Experiencia:  ABOGADO ESPECIALISTA EN DESPIDOS Y ASESORAMIENTO ONLINE
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Hola!Estaba de baja por depresion ya que mi madre se esta

Pregunta del cliente

Hola! Estaba de baja por depresion ya que mi madre se esta muriendo de cancer y vive a 620 km de donde trabajaba y me vi forzada a firmar esto despido por incumplimiento de mis obligaciones laborales conforme a lo establecido en el articulo 54.2 apartado d lo que puede motivar la exencion del contrato arti 54.1. Mas una carta en la me notifican despido disciplinario renunciando a impugnarla y tan solo me han liquidado las pagas extras.Ya que en la carta dice que q estoy de acuerdo con la percepcion de las mismas.Yo estou bajo tratamiento psicologivco y psiquiatrico.y ellos sabian que por ley no podia moverme de Barcelon a Madrid a ver a mi madre que ya esta muy mal.y con eso jugaron.Mi pregunta es si tengo posibilidad de denunciar y reclamar mi indemnizacion. yA QUE LLEVABA 4 AÑOS Y MEDIO TRABAJANDO ALLI. [email protected]

Enviada: hace 5 año.
Categoría: Derecho Laboral
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 5 año.
Usted puede impugnar ese despido como improcedente aunque en la carta de despido diga que renuncia al ejercicio de acciones legales contra la empresa. Usted todavía puede demandar a la empresa por despido improcedente y solicitar una indemnización de 45 días de salario por año trabajado más los salarios de tramitación desde el dia del despido hasta la fecha de la sentencia.

Antes de interponer la demanda debe interponer una conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación por despido improcedente solicitando la indemnizaciópn más los salarios de tramitacion que hayan transcurrido desde el despido.
Para esto tiene solo 20 días desde la fecha del despido, por lo que debe acudir a una abogado laboralista para que le redacte la papeleta de conciliación.

Y si usted gana menos de 1288 euros mensuales tiene derecho a solicitar un abogado de oficio para que interponga la demanda de despido improcedente contra la empresa. Esto puede solicitarlo en el Colegio de Abogados más proximo a su domicilio.

Pero en todo caso, aunque usted haya firmado una carta de despido en la que renuncia al ejercicio de acciones, usted puede ejercitar las acciones laborales que le competan en cualquier momento pues la Ley, el Estatuto de los Trabajadores la faculta para ello. Por ello puede demandar a la empresa para que el despido se declare improcedente y la readmitan o le abonen la indemnización de 45 días por año trabajado, más los salarios de tramitación en su caso.
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Si usted ha firmado la aceptación de la carta no tiene nada que hacer si por el contrario lo que ha firmado es la recepción de la carta de despido entonces disponde de 20 días para interponer demanda por despido improcedente.

Un cordial saludo, y le deseo mucha suerte!

Atentamente,

R. Gómez

Ruego que acepte la presente respuesta para premiar el trabajo que hay detrás de élla.

 

 

 

Si Usted acepta esta respuesta percibié ingresos de just answer si acepta la respuesta de otro abogado percibirá el otro letrado y no yo, Usted decide

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 5 año.
Discrepo con mi compañero, ya que aunque usted haya firmado una carta en la que se declare que el despido disciplinario es procedente y usted renuncia al ejercicio de acciones legales, esta renuncia no le vincula y usted puede interponer las acciones oportunas contra ese despido en la vía laboral ante el Juzgado de lo Social. Y el Juez no inadmitirá su demanda sobre la base de una comunicación elaborada por la empresa que usted ha firmado sin ninguna garantía.

El Estatuto de los Trabajadores en su art. 3.5 establece que los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.

Por lo que usted puede acudir al Juzgado de lo Social y solicitar la tutela de los derechos que le reconoce el Estatuto de los Trabajadores y en su caso el Convenio Colectivo aplicable para interponer una demanda solicitando se reconozca su despido como improcedente con la indemnización y salarios de tramitación en su caso.
Experto:  José M. escribió hace 5 año.

Le confirmo la respuesta dada por el compañero Gomez, y si ud ha firmado la conformidad con el despido y con la liquidación y que se compromete a nada más pedir ni reclamar, por supuesto que le vincula y sólo podría alegar falsedad o coacción con dicha aceptación.

 

Ruego al experto Diego que exponga la habilitación legal de su afirmación para mantener que la firma en ese despido a Ud no la vincula para poder así mantener su opinión en contra de la de dos conmpañeros que con la base legal del acuerdo entre las partes mantenemos que a Ud si la vincula dicha firma.

 

Personalmente no conozco ninguna norma que a Ud la desvincule de un compromiso libremente aceptado, y dicha svinculación sólo cabe por la vía de mantener la falta de acuerdo, la coacción o la falsedad.

 

Si ha habido acuerdo y Ud así lo ha corroborado y firmado sólo le queda respetarlo, o probar coacción, ó falsedad.

Experto:  garmelu escribió hace 5 año.

Hola, buenas tardes.

No cita la fecha en que la despiden, en que le ponen los efectos del despido. Le recuerdo que tiene 20 días hábiles para formular la demanda ante el Juzgado de lo Social (no computan sábados, domingos ni festivos nacionales o de la comunidad autónoma del centro de trabajo).

Dicho ello, hay derechos contenidos en el Estatuto de los Trabajadores, así como en nuestra propia Constitución de 1978 que son IRRENUNCIABLES.

En todo caso sería más que oportuno -salvo que usted hubiera firmado la percepción de una indemnización, y aún así-, formular papeleta de conciliación por DESPIDO, y en su argumentación deberá incluir la coacción para la firma de los documentos de extinción y de liquidación. Si la liquidación, y el propio despido -no se exáctamente qué firmó- los firmó bajo coacciones y amenazas, y teniendo presente su situación de baja por incapacidad temporal, la demanda por despido es viable, si bien habrá que probar que efectivamente existieron tales amenazas, sin perjuicio de lo cual, y si usted no ha firmado percido de indemnización alguno, es oportuno, conveniente y necesario formalizar dicha demanda (previamente papeleta de conciliación ante la unidad de mediación y arbitraje correspondiente). Este trámite inicial lo puede realizar Ud mismas, sin profesional específico, pero es conveniente y aconsejable que utilice los servicios de especialista, dada la situación generada.

No lo dude, formalice demanda en el plazo de 20 días hábiles.

Espero que la respuesta sea satisfactoria.

Saludos

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Adjunto sentencias que resuelven cualquier género de dudas al respecto sobre la firma voluntaria de un cese y el efecto del finiquito:

 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 8623/2008 de 19 noviembre

JUR\2009\74112

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO: causas generales: mutuo acuerdo: finiquito: XXXXX XXXXX consentimiento: coacción empresarial para su firma: desestimación: alegación no probada.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 6048/2008

Ponente: Ilmo. Sr. D. josé quetcuti miguel

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2008 -(NNN) NNN-NNNN/p>

F.S.

ILMO. SR. JOSÉ DE QUINTANA PELLICER

ILMO. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL

ILMO. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

En Barcelona a 19 de noviembre de 2008

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 8623/2008

En el recurso de suplicación interpuesto por Bruno frente a la Sentencia del Juzgado Social 33 Barcelona de fecha 7 de mayo de 2008 dictada en el procedimiento Demandas nº 114/2008 y siendo recurrido/a -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial y Gesnova Inmuebles, S.L.. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 13.2.08 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 7 de mayo de 2008 que contenía el siguiente Fallo:

"Desestimar la demanda interposada per Bruno contra GESNOVA INMUEBLES, SL en demanda en reclamació per ACOMIADAMENT."

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

1.- L'actor treballa per la demandada des del 19.6.06 com a representant de comerç, amb una retribució diària de 39,62 euros.

2.- En data 27.12.07 ha estat acomiadat per mitjà de comunicació escrita del següent tenor literal (foli 9):

"El motivo de la presente es el de comunicarle que la dirección de esta empresa ha tomado la decisión de rescindir su contrato de trabajo, procediendo a su despido con efectos del día 27.12.07. Así mismo, le comunicamos que esta empresa reconoce la improcedencia de su despido, por lo que pone a su disposición la liquidación correspondiente y la indemnizacíon legal de 45 días de salario por año de servicio, que asciende a la cantidad de 2.763,35 euros".

3.- El mateix día 27.12.07, a les 13:50 hores, la demandada retirà del seu compte corrent l'import de 3.000 euros en metàl·lic. (foli 75).

4.- En la mateixa data, l'actor signà un document de "liquidación y finiquito", segons els qual rebia l'esmentada indemnització de 2.763,55 euros i es declarava "saldado y finiquitado por todos los conceptos con la referida empresa, por lo que se compromete a nada más pedir ni reclamar" (foli 76).

5.- En data 27 de febrer s'intentà la conciliació prèvia, amb el resultat de sense avinença.

TERCERO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Que pese a anunciar el recurrente que pretendía en el recurso, tanto la revisión de los hechos probados como examinar las infracciones normativas, lo cierto es que el recurso únicamente se formula atendiendo al motivo de la letra c) del art. 191 de la LPL , por lo que a Sala deberá obviar las consideraciones fácticas que se contienen en el desarrollo argumental del motivo y centrarse en su examen partiendo del contenido del relato fáctico de la resolución de instancia que pro incombatidas devienen verdad judicial.

SEGUNDO

Que se denuncia por el recurrente que en la sentencia se ha infringido lo dispuesto en e art. 56.2 del ET , por entender que:

a.- el abono directo de la indemnización al trabajador no es ajustado a derecho.

b.- el actor no percibió la cantidad indemnizatoria pese ha haber firmado el documento de saldo y finiquito.

c.- el actor fue coaccionado por la empresa para que firmara el documento mencionado.

En cuanto a la primera de las cuestiones señalar que, ciertamente se había venido considerando por el TS ad exemplum en sus sentencias de 25-05-05 y 21-3-2006 al examinar el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores , que tal precepto comienza supeditando la extinción del contrato de trabajo en la fecha misma del despido a, entre otros requisitos, que el empresario ofrezca la indemnización "depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste", y que literalmente establece la norma como único método de poner la indemnización a disposición del trabajador su depósito judicial, reiterándolo en el párrafo siguiente al limitar los salarios de tramitación "desde la fecha del despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad alguna", siempre que el trabajador hubiera aceptado la indemnización o el despido se declare improcedente si no la hubiera aceptado".

Partiendo de tal criterio hermenéutico se señalaba en tales resoluciones que por tanto, la transferencia bancaria de la indemnización a la cuenta corriente del trabajador no sólo carece de previsión normativa, ni siquiera indirecta o tácita, como método alternativo de poner aquélla a disposición del trabajador, en lugar de proceder a su depósito judicial, sino que debe entenderse que el legislador ha querido garantizar de esta única forma el cumplimiento de la requerida actuación de la empresa, con certeza de su fecha y con la concesión al trabajador de las opciones de contestar a través del Juzgado o por otro medio su aceptación o rechazo, o no contestar, y recoger la indemnización o mantenerla en depósito a su disposición, sin necesidad de actuar en distintos términos y mediante alguna gestión bancaria, pero en su reciente sentencia de 6-3-2008 ha señalado "dicha doctrina, no es aplicable a supuestos de hecho como el contemplado en la recurrida en donde el pago de la indemnización se hizo directamente, mediante cheque bancario entregado en mano al trabajador, una vez que el empresario reconoció la improcedencia del despido, firmando el trabajador el finiquito, existiendo, por tanto, un pago directo, pasando lo percibido al patrimonio del trabajador.

Se trata de un supuesto alternativo al contemplado en el artículo 56.2 del ET ya que en lugar de depositar en el Juzgado de lo Social, a disposición del trabajador, la indemnización correspondiente al despido improcedente, tras reconocer la improcedencia del mismo, se entrega directamente al trabajador dicha indemnización, mediante cheque bancario, lo que hace innecesario el depósito judicial ya que se cumple la finalidad de la norma. Este supuesto es diferente a los resueltos por esta Sala en las sentencias de 21-3-06 con cita de la de 22-5-05 , en las que se entendió que la transferencia bancaria no cumplía la finalidad del artículo 56.2 ET ya que no garantizaba el cumplimiento de la actuación de la empresa con la certeza de su fecha y con la concesión al trabajador de las opciones de aceptar o rechazar la oferta y mantener o no la indemnización.".

En el caso de autos, si se acredita que el trabajador percibió la cantidad no discutida y que se recoge en la sentencia, sería plenamente de aplicación esta última doctrina.

TERCERO

Que es preciso pues, examinar el resto de circunstancia de las que la parte hace depender la vulneración denunciada.

Se señala por el recurrente que no percibió cantidad alguna y que sí firmó el documento en el que reconoce haber recibido la citada cantidad, lo fue por haber sido coaccionado por el empresario.

Es cierto que el art. 1156 del Código Civil , señala que la extinción de las obligaciones se lleva a cabo por el pago o cumplimiento, e igualmente se señala que la prueba del cumplimiento de la obligación puede documentarse a través de documentos privados, entre ellos indudablemente debe caber el denominado documento de saldo y finiquito.

Que el Tribunal Supremo ha señalado en la reciente sentencia de 26 de febrero de 2008 que :

"Esta Sala, entre otras en sentencia de 26/06/07 , viene sosteniendo a propósito del problema planteado lo siguiente:

"a) el finiquito es, según el Diccionario de la Lengua española, "remate de cuentas o certificación que se da para constancia de que están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas" (s. de 24-6-98, rec. 3464/97). No esta sujeto a "forma ad solemnitatem". Y su contenido, que es variable, puede hacer referencia bien al percibo de una determinada cantidad salarial, bien a la liquidación de las obligaciones, principalmente de carácter patrimonial, que se realiza con motivo de la extinción de la relación laboral; o, por último, a la propia extinción de la relación contractual, a la que, usualmente, se une una manifestación de las partes de no deberse nada entre sí y de renuncia a toda acción de reclamación (ss. de 28-2-00 (rec. 4977/98) de Sala General y 24-6-98 (rec. 3464/97 ) entre otras).

b) Por lo que se refiere a la liquidación de obligaciones, se conceptúa el finiquito como aquel documento que incorpora una declaración de voluntad del trabajador expresiva de su conformidad de que mediante el percibo de la "cantidad saldada" no tiene ninguna reclamación pendiente frente al empleador (ss. de 11-11-03 (rec. 3842/02) y 28-2-00).

c) En lo que concierne a la extinción del vínculo laboral, el finiquito es la manifestación externa de un mutuo acuerdo de las partes -que constituye causa de extinción de la relación laboral, según el artículo 49.1.a) ET -; es decir expresión de un consentimiento, que, en principio, debe presumirse libre y conscientemente emitido y manifestado -por lo tanto sin vicios que lo invaliden- y recaído sobre la cosa y causa, que han de constituir el contrato, según quiere el artículo 1.262 del Código Civil EDL 1889/1 (s. de 28-2-00 ).Y por ello, para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato, debería incorporar una voluntad unilateral del trabajador de extinguir la relación, un mutuo acuerdo sobre la extinción, o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario (ss. de 24-6-98 antes citada y 26-11-01, rec. 4625/00).

d) Por regla general, debe reconocerse a los finiquitos, como expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia liberatoria y extintiva definitiva que les corresponda en función del alcance de la declaración de voluntad que incorporan. (cfr. las referidas sentencias de 11-11-03, 28-2-00 y 24-6-98 y de 30-9-92 (rec. 516/92 ) entre otras)."

Por ello los vicios de voluntad, la ausencia de objeto cierto que sea materia del pacto, o la expresión en él de una causa falsa, caso de acreditarse, privarían al finiquito de valor extintivo o liberatorio (ss. de 9-3-90, 19-6-90, 21-6-90 y 28-2-00), al igual que ocurrirá en los casos en que el pacto sea contrario a una norma imperativa, al orden público o perjudique a terceros (s. de 28-2- 00) o contenga una renuncia genérica y anticipada de derechos contraria a los arts. 3.5 ET y 3 LGSS (s. de 28-4-04, citada). Para evitar, en lo posible, que se produzcan tales situaciones, el trabajador cuenta con los mecanismos de garantía que instrumentan los arts. 49.1 y 64.1.6º ET (s. de 28-2-00 ).

En el caso examinado, nos encontraríamos tras el reconocimiento de la empresa de la existencia de un despido y de su calificación de improcedente, con un documento que sólo puede ser conceptuado como liquidación de obligaciones, en el que se incorpora la declaración de voluntad del trabajador expresiva de su conformidad en cuanto a la percepción de la cantidad a que se contrae y especifica en dicho documento y además de que mediante el percibo de dicha cantidad saldad no tiene ninguna reclamación que hacer.

En el caso de autos, el actor ha reconocido que las firmas que obran al pie de los documentos son suyas, pero para obviar los efectos extintivos de dichos documentos, el recurrente alega que fue coaccionado por la empresa, acudiendo pues a uno de los elementos esenciales para la validez del documento ( art. 1261CC ), supuestos recogidos en el art. 1265 del Código Civil cuando se refiere que el consentimiento será nulo si fue prestado con intimidación.

Que dicha argumentación que de ser cierta, implicaría la estimación del recurso, en el caso de autos no puede ser tomada en consideración, pues parte de una circunstancia fáctica que ni ha sido objetivada por el juzgador en la declaración de hechos probados, ni tampoco se ha interesado siquiera por el trabajador su inclusión mediante el motivo de la letra b) del art. 191 de la LPL .

Por todo ello debe desestimarse el motivo del recurso.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Bruno contra la sentencia de fecha 7 de mayo de 2008 dictada por el Juzgado de lo Social nº 33 de los de Barcelona , dimanante de autos 114/08 seguidos a instancia del recurrente contra la empresa GESNOVA INMUEBLES S.L., y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos dicha resolución.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del Artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

 

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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga (Sala de lo Social, Sección Unica).Sentencia núm. 1757/2003 de 10 octubre

JUR\2003\276282

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO: dimisión del trabajador: estimación: baja voluntaria o firma de finiquito: XXXXX XXXXX vicios del consentimiento: coacción.

DESPIDO: existencia: desestimación: dimisión del trabajador: inexistencia de coacción.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 1217/2003

Ponente: Ilmo. Sr. D. josé manuel gonzález viñas

 

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la demandante, contra la Sentencia de 14-01-2003 del Juzgado de lo Social núm. 9 de los de Málaga, dictada en autos recaídos en reclamación de despido.

 

En Málaga, a diez de Octubre de dos mil tres.

La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente:

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación interpuesto por Dª Celestina contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº NUEVE, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. JOSE MANUEL GONZALEZ VIÑAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Que según consta en autos se presentó demanda por Dª Celestina sobre DESPIDO siendo demandado CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. y MINISTERIO FISCAL habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 14 de enero de 2003 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO

En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

1º.– La actora, Dª Celestina, mayor de edad, ha venido prestando servicios por cuenta de la empresa Centro Comerciales Carrefour, S.A. desde el 12-2-01 con la categoría profesional de grupo profesional de coordinadores y un salario de 1.003,36 euros mensuales incluida prorrata de pagas extraordinarias.

2º.– Que la actora firmó los siguientes contratos temporales:

El 27-5-99 al 19-6-99 eventual por circunstancias de la producción.

El 13-9-99 al 9-10-99 eventual por circunstancias de la producción.

Del 3-12-99 al 12-3-00 interinidad por institución.

El 11-3-00 interinidad por sustitución de I.T. de Yolanda .

El 14-4-00 interinidad por sustitución de Dª Yolanda .

Del 16-8-00 al 31-8-00 eventual por circunstancias de la producción.

Del 7-10-00 al 4-11-00, eventual por circunstancias de la producción. Prórroga hasta el 20-11- 00.

Del 23-11-00 al 5-1-01 eventual por circunstancias de la producción.

El 12-2-01 eventual por circunstancias de la producción.

3º.– Que en el Centro Comercial Carrefour Alameda, vienen faltando tarjetas de telefonía móvil desde febrero de 2002, siendo más sensible dicha falta en agosto de 2002.

4º.– Que el 25-9-02 la actora fue llamada por el DIRECCION000 del Centro comercial D. Héctor a una reunión con el DIRECCION001 de Recursos Humanos Sr. Juan Antonio y D. Gerardo DIRECCION001 de Recursos Humanos en prácticas para pedirle explicación sobre 13 tarjetas de telefonía móvil que desaparecieron el 30-8-02.

5º.– Que la actora firmó el 25-9-02 escrito de baja voluntaria en la empresa que obra al folio 31 y se tiene por reproducido.

6º.– Que la empresa ofreció a la actora la firma de carta de suspensión de empleo no de sueldo hasta que se comunique la decisión extintiva el 30-9-02.

7º.– Que el 30-8-02 la actora entro al lugar donde se encontraban las tarjetas de telefonía, al igual que otros compañeros destinados a Caja Central y cogió un objeto, al parecer tarjeta, sin que conste su número ni el destino de los mismos.

8º.– Las tarjetas de telefonía móvil eran manejadas por los trabajadores de Caja Central que las entregaban a las cajeras u otras las vendían directamente al público.

9º.– Que a diario por la mañana y por la noche se hacía recuento de tarjetas de telefonía, habiendo dos grupos, el destinado a la venta por las cajeras y las de estocaje, faltando tarjetas de este último grupo el 30-8-02 y constando que, en ocasiones, estas tarjetas se pueden coger para venta en caja central.

10º.– El 27-9-02 la actora formuló denuncia por coacciones y amenazas que obra al folio 77.

11º.– Que el día 18-10-02 tuvo lugar en el C.M.A.C. acto de conciliación celebrado en virtud de demanda de 2-10-02 con el resultado de intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa.

12º.– La demanda se presentó el 25-10-02.

TERCERO

Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandante, recurso que formalizó, siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO

Al amparo del apartado b) del artículo 191 LPL ( RCL 1995, 1144, 1563) articula la actora ahora recurrente su primer motivo de suplicación, para la revisión de los hechos declarados probados por la sentencia de instancia, en primer lugar de su ordinal quinto, con la finalidad de que el mismo se complete con la siguiente adición: Dicho escrito ya había sido preparado por la empresa con carácter previo a la reunión a la que se llamó a la actora.

Propuesta de revisión fáctica que no puede prosperar, pues como tiene señalado con reiteración esta Sala, la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación, frente a la ordinaria que puedo suponer el recurso de apelación, se pone de manifiesto fundamentalmente por medio de la limitación de lo que constituye el objeto o contenido de la impugnación en alguna de las causas taxativamente señaladas por la Ley, que es lo que tradicional y técnicamente viene denominándose motivos o finalidades del recurso.

La existencia de motivos o finalidades específicas para poder impugnar resoluciones judiciales por vía del recurso de suplicación es otro de los importantes elementos que permiten caracterizarlo como un recurso de naturaleza extraordinaria. No es suficiente con la mera disconformidad de las partes litigantes con el pronunciamiento obtenido en la sentencia, sino que se requiere su justificación en alguna de las causa taxativamente señaladas en la Ley, lo que conduce a la limitación de las facultades del Tribunal Juzgador en orden al conocimiento mismo del recurso, los cuales se circunfieren a los motivos concretos que se corresponden con los previstos por la Ley.

La nueva Ley de Procedimiento Laboral en el art. 191 recoge los tres motivos fundamentales del recurso; el segundo motivo legal es el siguiente: revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas. La doctrina jurisprudencial elaborada en torno a este motivo se puede resumir sistematizándola, por un lado, sobre las declaraciones atinentes al hecho probado objeto de revisión; por otro, sobre las declaraciones referentes a la forma en que dicha revisión debe llevarse a cabo. En relación con el hecho probado se exigen como requisitos: a) La concreción exacta del que haya de ser objeto de revisión; b) La provisión del sentido en que ha de ser revisado, es decir, si hay que adicionar, suprimir o modificar algo. En cualquier caso, y por principio se requiere que la revisión tenga trascendencia o relevancia para provocar la alteración del fallo de la sentencia; y c) La manifestación clara de la redacción que debe darse al hecho probado, cuando el sentido de la revisión no sea la de su supresión total.

Por lo que se refiere a la forma de instrumentalizar la revisión: a) Se limitan doblemente los medios que pongan en evidencia el error del Juzgador; por una parte, porque de los diversos medios probatorios existentes únicamente puede acudirse a la prueba documental, sea ésta privada –siempre que tenga carácter indubitado– o pública, y a la prueba pericial; por otra, porque tales medios de prueba, como corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos; b) No basta con que la revisión se base en un documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión; c) El error ha de evidenciarse esencialmente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad de que el recurrente realice conjeturas, hipótesis o razonamientos; por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada. Esto significa que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el juzgador "a quo" y d) No pueden ser combatidos los hechos probados si éstos han sido obtenidos por el Juez del mismo documento en que la parte pretende amparar el recurso.

Por tanto, a través de este recurso no puede pretenderse que el Tribunal Superior entre a efectuar una nueva valoración de la globalidad y conjunto de la prueba practicada, sino que la revisión de los hechos probados debe efectuarse mediante nuevo o nuevos documentos idóneos que patenticen fehacientemente el error de hecho cometido y que por tanto no sea necesario acudir a operaciones deductivas o razonamientos lógicos para descalificar los hechos probados sentados por el juzgador. Igualmente, siempre se ha señalado que el juicio valorativo sobre la globalidad y conjunto de la prueba practicada corresponde en exclusiva al Tribunal "a quo", puesto que así le viene atribuido por Ley.

En caso de duda acerca de las conclusiones fácticas que han de extraerse en el examen y valoración de un documento, en la medida en que de su lectura puedan sacarse conclusiones contradictorias o incompatibles entre sí, debe prevalecer la conclusión fáctica sentada por el juzgador en virtud de la naturaleza excepcional del propio recurso que impide la valoración "ex novo" por el Tribunal Superior de la globalidad y conjunto de la prueba practicada. El documento en que se sustenta la revisión de hecho postulada en el recurso ha de ser hábil e idóneo y con una fuerza probatoria inmediata y evidente, sin necesidad de acudir a razonamientos o nuevos análisis u operaciones jurídicas, salvo que se acuda a algún precepto legal valorativo de la prueba practicada, que no es el caso. No aceptar estas reglas clásicas implica que el decisionismo o discrecionalidad judicial que siempre ha de existir en alguna medida, puede desbordarse y extralimitarse hasta el punto de transformar y alterar las propias reglas imperativas de orden público que rigen el proceso y los recursos y convertir en la práctica un recurso excepcional como es el de especial suplicación en un recurso de apelación.

Sentado cuanto antecede, la adición postulada no puede prosperar como se dijo, pues se sustenta en prueba inhábil como es la testifical.

Tampoco puede prosperar la revisión-supresión que se postula del ordinal sexto, por considerarlo la recurrente predeterminante del fallo y en el que el Juzgador de instancia hace constar, que la empresa ofreció a la actora la firma de carta de suspensión de empleo no de sueldo, hasta que se le comunicase la decisión extintiva el 30.9.02.

Pues como pone de relieve la impugnante del recurso, lo en dicho ordinal consignado no contiene concepto jurídico alguno predeterminante del fallo, sino pura y simple constatación de un hecho que el Juzgador de instancia estima acreditado, tras la valoración de la prueba ante el mismo practicada en el legítimo ejercicio de las facultades que en exclusiva le corresponden como se dijo y en particular, como razona en su fundamento jurídico tercero, de la prueba testifical practicada tanto a instancia de la actora como de la demandada, siendo el resto de argumentos contenidos en el motivo en este caso, verdaderas deducciones o razonamientos que la recurrente extrae de su particular visión de los hechos, pero que aparecen totalmente huérfanos de cualquier sustento fáctico en el relato de probados de la sentencia de instancia.

El fracaso de dicha revisión, acarrea en consecuencia idéntico fin a la última de las postuladas, consistente en que tal ordinal sexto sea sustituido por otro con el siguiente tenor: Que la actora, disconforme con lo sucedido la noche del 25.9.02, presentó al día siguiente denuncia po los hechos ocurridos la noche anterior ante la Policía Nacional, denuncia por coacciones y amenazas que dio lugar al Juicio de Faltas 690/2002 ante la Jurisdicción penal, así como demanda por despido improcedente ante la Jurisdicción Social.

A mayor abundamiento, el hecho o conducta del cual la recurrente pretende extraer la conclusión o valoración que se refleja en tal ordinal, cual es que al día siguiente presentó denuncia por los hechos ocurridos la noche anterior ante la Policía Nacional, aparece recogido en el ordinal décimo del relato de probados, con lo que la adición ahora postulada deviene además improcedente.

SEGUNDO

Ya por la vía del apartado c) del artículo 191 LPL ( RCL 1995, 1144, 1563) se denuncia acto seguido por la recurrente, infracción de lo dispuesto en el art. 49.1 apartados a) y d) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , que estima cometidas por cuanto en definitiva, la resolución recurrida parte de la consideración de que no ha resultado probado, que la recurrente firmara su baja voluntaria en la empresa bajo amenazas o coacciones, sino por el contrario que la misma fue firmada voluntariamente.

Para la justificación de la denunciada infracción, parte sin embargo la recurrente de una serie de circunstancias, que la misma desglosa en "intimidación lícita seguramente" y "otras varias que no lo son tanto y que se desprenden de la jactancia del abuso de poder de la intimidación ilícita", supuestamente acontecidas en el transcurso de la reunión a que se alude en el ordinal cuarto del relato de probados, que sin embargo no vienen reflejadas en dicho relato, por lo que difícilmente podían ser ignoradas por el Juzgador de instancia como se le reprocha ahora y sí por el contrario, como se desprende del mismo y de las afirmaciones con valor fáctico contenidas en la fundamentación jurídica de la resolución combatida, que en el desarrollo de la reunión mantenida el día 25.9.02 para pedirle explicaciones sobre 13 tarjetas de telefonía móvil que desaparecieron el 30.8.02, la actora firmó escrito de baja voluntaria, causa por tanto de extinción de la relación laboral contemplada en el art. 49.1.d) ET concurrente en el presente caso, que al haber sido apreciado así por el Juzgador de instancia impide que el mismo haya incurrido en las infracciones que se denuncian en el motivo y sin que sea óbice para tal consideración, el que como aduce la recurrente, con fundamento en su conducta observada al l formular denuncia por coacciones y amenazas, al día siguiente se mostrara disconforme con lo sucedido la noche anterior, pues a falta de constatación de violencia o intimidación en la adopción de tal decisión extintiva como se ha dicho, la retractación ulterior del trabajador no surte ya efecto alguno en orden al restablecimiento de la relación ya extinguida si a tal fin no concurre también la voluntad del empresario (entre otras STS 26-2-90 ( RJ 1990, 1234) y las que cita).

Razones que comportan el fracaso del motivo y por ende del recurso y consiguiente confirmación de la sentencia recurrida.

FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación promovido por la representación letrada de Dª Celestina contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº NUEVE de Málaga de fecha 14 de enero de 2003 en autos seguidos a instancias de dicha parte recurrente contra CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. y MINISTERIO FISCAL, sobre DESPIDO, y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

 

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Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 643/2004 de 25 junio

AS\2004\1907

DESPIDO: acuerdo transaccional por el que se suscribe una baja voluntaria.

INTIMIDACION: inexistencia: requisitos.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 395/2004

Ponente: IIlma. Sra. mª del carmen sánchez-parodi pascua

 

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 10-02-2004, en autos promovidos sobre despido.

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2004. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias en Santa Cruz de Tenerife formada por los Ilmos. Sres. Magistrados D./Dña. Jose Manuel Celada Alonso (Presidente), D./Dña. Jose Mª del Campo y Cullen y D./Dña. Mª Carmen Sánchez Parodi Pascua (Ponente), ha pronunciado.

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm.(NNN) NNN-NNNN2004, interpuesto por Clara, frente a la Sentencia del Jdo. de lo Social núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife en los Autos(NNN) NNN-NNNN2003 en reclamación de despido

, ha sido Ponente el Ilmo./a. Sr./a. D./Dña. Mª Carmen Sánchez Parodi Pascua.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Que según consta en Autos, se presentó demanda por Clara, en reclamación de despido

siendo demandado Bancofar, SA y celebrado juicio y dictada Sentencia, el día 10 de febrero de 2004, por el Juzgado de referencia, con carácter desestimatorio.

SEGUNDO

Que en la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes:

I.–La actora Doña. Clara ha prestado servicios para la empresa demandada desde el 23.12.00 como Auxiliar Administrativo, percibiendo un salario mensual prorrateado de 1.348,65 euros.

II.–El día 16.09.03 dos directivos de la empresa vinieron desde Madrid para entregar a la actora y a su compañero de trabajo (los dos únicos empleados en la sucursal de Santa Cruz de Tenerife), carta de despido que decía: «Ponemos en su conocimiento la decisión adoptada por la Dirección de este Banco de proceder a su despido

con efectos del día de la fecha. Motiva esta decisión los hechos siguientes: La desobediencia reiterada a las órdenes emanadas por la Dirección del Banco de remitir a la Central en Madrid, con carácter mensual, el estadillo de gestión comercial, visitas a clientes, etc., que, como forma de control, está establecido en el Banco y que, a pesar de las distintas reclamaciones que la Dirección del Banco le ha efectuado en relación con dicho estadillo, durante el presente año no ha elaborado alguno, alegando como única excusa la falta de tiempo para su confección. La importancia de dicho estadillo mensual es determinante como control laboral y de la misma Sucursal que gestiona, dado el carácter comercial exclusivo de la misma. La ausencia de dicha información no ha permitido al banco establecer las medidas correctoras precisas y, de esta forma, evitar que, al mes de junio de 2003, la Sucursal que, en unión de XXXXX XXXXX Francisco, gestiona no haya cumplido los objetivos comprometidos a esa fecha de 18.804.000 euros, con un importante descenso en la captación de nuevas operaciones y de clientes durante el transcurso de este año. En consecuencia, la Dirección del Banco considera que los anteriores hechos constituyen un incumplimiento grave y culpable y se encuentra sancionados con el despido en la legislación vigente y en el Convenio Colectivo de aplicación. Tiene a su disposición la liquidación de salarios que le corresponda así como la documentación necesaria para obtener, en su caso, la prestación por desempleo correspondiente».

III.–No obstante, y al tiempo de entregarles dicha carta la empresa les ofreció negociar el despido, bien conjunta o separadamente, prefiriendo los dos la primera modalidad.

IV.–Asimismo la empresa les propuso posponer la negociación por si deseaban recabar asistencia legal, optando ambos por ese momento y redactando cada uno de ellos de su puño y letra su propio finiquito, documento núm. 1 al ramo de la demandada el de la actora, que dice literalmente: «Que recibido de Bancofar, SA la cantidad de nueve mil cuatrocientos veintinueve con ochenta y nueve euros como indemnización, saldo y finiquito de mi relación laboral que a todos los efectos queda extinguida, saldada y liquidada a mi conformidad sin que tenga más que reclamar. Reconociendo adeudar al Banco el préstamo hipotecario de 24.02.2003 en la forma y modo que consta en la escritura otorgada en tal día. En Santa Cruz de Tenerife, a 16.09.03».

V.–Durante la redacción del citado documento la empresa les advirtió que podían introducir las condiciones que estimaran convenientes, entregándoles a continuación las indemnizaciones pactadas mediante transferencia bancaria a sus respectivas cuentas corrientes en la propia entidad bancaria (demandada).

VI.–El embarazo incipiente de la actora no era conocido por la empresa hasta que el día 15.09.03 ella se lo comunicó por la tarde a su compañero, quien remitió a Madrid un fax con la noticia que fue recibido a las 18:36 horas de ese día.

VII.–El 27.09.03 otra empleada de la empresa vino a hacerse cargo de la Oficina de Tenerife, de lo que fue avisada con una semana de antelación.

VIII.–Se ha intentado sin efecto conciliación ante el SMAC.

TERCERO

Que por el Jdo. de lo Social núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, se dictó Sentencia, cuyo Fallo literal dice: Que desestimando la demanda interpuesta por Doña. Clara debo absolver y absuelvo a la empresa Bancofar, SA de las pretensiones en su contra formuladas.

CUARTO

Que contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por parte de Clara, siendo impugnado de contrario. Recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente. Señalándose para votación y fallo el día 17 de junio de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Al amparo del art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) recurre la presentación de la parte actora por infracción de los arts. 3.5 y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) y 1262, 1265, 1274 y 1283 del Código Civil ( LEG 1889, 27) .

Del examen de hechos probados se desprende: «Primero.–La actora Doña. Clara ha prestado servicios para la empresa demandada desde el 23.12.00 como Auxiliar Administrativo, percibiendo un salario mensual prorrateado de 1.348,65 euros. Segundo.–El día 16.09.03 dos directivos de la empresa vinieron desde Madrid para entregar a la actora y a su compañero de trabajo (los dos únicos empleados en la sucursal de Santa Cruz de Tenerife), carta de despido que decía: "Ponemos en su conocimiento la decisión adoptada por la Dirección de este Banco de proceder a su despido

con efectos del día de la fecha. Motiva esta decisión los hechos siguientes: La desobediencia reiterada a las órdenes emanadas por la Dirección del Banco de remitir a la Central en Madrid, con carácter mensual, el estadillo de gestión comercial, visitas a clientes, etc., que, como forma de control, está establecido en el Banco y que, a pesar de las distintas reclamaciones que la Dirección del Banco le ha efectuado en relación con dicho estadillo, durante el presente año no ha elaborado alguno, alegando como única excusa la falta de tiempo para su confección. La importancia de dicho estadillo mensual es determinante como control laboral y de la misma Sucursal que gestiona, dado el carácter comercial exclusivo de la misma. La ausencia de dicha información no ha permitido al banco establecer las medidas correctoras precisas y, de esta forma, evitar que, al mes de junio de 2003, la Sucursal que, en unión de XXXXX XXXXX Francisco, gestiona no haya cumplido los objetivos comprometidos a esa fecha de 18.804.000 euros, con un importante descenso en la captación de nuevas operaciones y de clientes durante el transcurso de este año. En consecuencia, la Dirección del Banco considera que los anteriores hechos constituyen un incumplimiento grave y culpable y se encuentra sancionados con el despido en la legislación vigente y en el Convenio Colectivo de aplicación. Tiene a su disposición la liquidación de salarios que le corresponda así como la documentación necesaria para obtener, en su caso, la prestación por desempleo correspondiente". Tercero.–No obstante, y al tiempo de entregarles dicha carta la empresa les ofreció negociar el despido, bien conjunta o separadamente, prefiriendo los dos la primera modalidad. Cuarto.–Asimismo la empresa les propuso posponer la negociación por si deseaban recabar asistencia legal, optando ambos por ese momento y redactando cada uno de ellos de su puño y letra su propio finiquito, documento núm. 1 al ramo de la demandada el de la actora, que dice literalmente: "Que recibido de Bancofar, SA la cantidad de nueve mil cuatrocientos veintinueve con ochenta y nueve euros como indemnización, saldo y finiquito de mi relación laboral que a todos los efectos queda extinguida, saldada y liquidada a mi conformidad sin que tenga más que reclamar. Reconociendo adeudar al Banco el préstamo hipotecario de 24.02.2003 en la forma y modo que consta en la escritura otorgada en tal día. En Santa Cruz de Tenerife, a 16.09.03". Quinto.–Durante la redacción del citado documento la empresa les advirtió que podían introducir las condiciones que estimaran convenientes, entregándoles a continuación las indemnizaciones pactadas mediante transferencia bancaria a sus respectivas cuentas corrientes en la propia entidad bancaria (demandada). Sexto.–El embarazo incipiente de la actora no era conocido por la empresa hasta que el día 15.09.03 ella se lo comunicó por la tarde a su compañero, quien remitió a Madrid un fax con la noticia que fue recibido a las 18:36 horas de ese día. Séptimo.–El 27.09.03 otra empleada de la empresa vino a hacerse cargo de la Oficina de Tenerife, de lo que fue avisada con una semana de antelación».

SEGUNDO

Tiene establecido esta Sala respecto al art. 1256 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , que: «Pues bien, siguiendo el orden sistemático, procede pasar ahora a estudiar lo que la doctrina sostiene respecto a la intimidación y sus circunstancias concurrentes. Así la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de enero de l999 ( AS 1999, 880) indica que: "Como establece el art. 1265 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. La Sentencia de instancia estima la plena validez del consentimiento al no haber mediado intimidación por parte de la empresa.–El art. l267 del Código Civil, enseña que hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes al temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave, en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Especificándose a continuación, que para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la persona, para significar con ello que no cualquier amenaza o condicionamiento esgrimido por la otra parte es susceptible de entenderse como intimidación, si la edad o condición de la persona, le permiten resistirse a la misma.–De acuerdo con la doctrina jurisprudencial, para que la intimidación definida en el art. l267.2 Código Civil pueda provocar los efectos previstos en el art. l265 del mismo Cuerpo Legal y conseguir la invalidación de lo convenido, es preciso que uno de los contratantes o persona que con él se relaciona, valiéndose de un acto injusto y no del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, ejerza sobre el otro una coacción o fuerza moral de tal entidad que, por la inminencia del daño que pueda producir y el perjuicio que hubiera de originar, influya en su ánimo induciéndole a emitir una declaración de voluntad no deseada y contraria a sus propios intereses; es decir, que consiste en la amenaza racional y fundada de un mal grave, en atención a las circunstancias personales y ambientales que concurran en el sujeto intimidado y, no un temor leve y que, entre ella y el consentimiento otorgado medie un nexo eficiente de causalidad ( SSTS 27 febrero l964 [ RJ 1964, 1153] , l5 diciembre l966 [ RJ 1967, 5] , 21 marzo 1970 [ RJ 1970, 1582] , 22 abril l99l [ RJ 1991, 3014] ). Es por ello que la concurrencia de intimidación exige un doble requisito: 1º) una actitud o comportamiento tendente a inspirar el temor de sufrir un daño distinto al legítimo ejercicio de un derecho que pudiera perjudicar a la contraparte; y 2º) que las circunstancias de edad y condiciones personales del sujeto, permitan afirmar que este temor es racional y fundado y, a la vez, suficientemente grave como para doblegar su voluntad. Sin la conjunta concurrencia de ambos elementos no puede concederse relevancia suficiente para anular el consentimiento a la actitud o comportamiento que el interesado pretende hacer valer a tal efecto".

Estos criterios también se reflejan como doctrina general en las Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y Madrid, respectivamente, de 31 de diciembre de l998 ( AS 1999, 4674) y 21 de octubre de l999 ( AS 1999, 4625) ».

Conforme a tal doctrina y observando las argumentaciones esgrimidas en la sentencia de instancia, en el fundamento segundo, nos encontramos que tal y como viene el relato fáctico no hay constancia que la demandante firmara el finiquito coaccionada y que exista vicio en su firma, toda vez que se desprende la voluntariedad con que lo llevó a cabo y hay acreditación de las facilidades dadas por la empresa, siendo ello avalado por la prueba testifical efectuada en el acto del juicio, por lo que el despido debe ser procedente sin que exista indicio alguno para calificarlo de nulo, por estar embarazada, dado la plena validez que se le da al finiquito.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación, interpuesto por Clara contra la sentencia del Juzgado de lo Social de referencia de fecha 10 de febrero de 2004, en virtud de demanda interpuesta por la parte aquí recurrente contra Bancofar, SA en reclamación de despido

y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

Devuélvanse los autos originales al Jdo. de lo Social núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, con testimonio de la presente una vez notificada y firme a las partes y con advertencia a las mismas de que contra la presente Resolución podrá interponer sólo Recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los diez días

siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , advirtiéndose, en relación con los dos últimos preceptos citados, que el depósito de los 300,51 euros (50.000 ptas.) deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella y en su cuenta núm. 2410 del Banco Español de Crédito, Oficia nº 1006 de la calle Barquillo núm. 49, 28004 de Madrid, por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c núm. 3777 que esta Sala tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1101, de la calle Villalba Hervás, 12, 28002 de Santa Cruz de Tenerife, haciendo constar el código núm. 66 (Recursos de Casación Laboral) y a continuación número y año del rollo de suplicación, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Remítase testimonio a la Fiscalía de la Audiencia Provincial y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que es firme, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.–Leída y publicada la anterior Sentencia, por el Ilmo./a. Sr./a. Magistrado/a Ponente, que la suscribe en el Sala de Audiencias de este Tribunal. Se envía testimonio a la Audiencia Provincial, en unión del correspondiente oficio de remisión. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

 

Un cordial saludo,

R. Gómez

Ruego que acepte respuesta como recompensa al trabajo realizado.

 

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