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eduardolm, Licenciatura
Categoría: Derecho Laboral
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Mi problema es con los vecinos. Es una casa con sólo 2 viviendas,

Pregunta del cliente

Mi problema es con los vecinos. Es una casa con sólo 2 viviendas, por lo que no tiene constituída comunidad de vecinos. La nuestra es una vivienda de una familia formada por matrimonio y un hijo. El vecino de al lado, que compró la casa de un embargo, la tiene hecha un desastre. Construyó encima una especie de piso (con planchas de uralita) donde vive él, y abajo, la vivienda propiamente dicha, la tiene alquilada por habitaciones. Los inquilinos son gente muy problemática. Hemos tenido una en prisión domiciliaria, peleas de todo tipo, aparcacoches con actividades 'dudosas', borrachos que se caen por la escalera, uno que como se le mojó la casa con la lluvia (normal con el techo que tienen) barrió el agua hacia la escalera y mojó todo, gente que espera en el portal a oscuras (nos asustan cuando abrimos), etc.etc. Han roto la cerradura de la puerta de la calle y abren de un empujón, y todos en el barrio (especialmente todos los indeseables) saben cómo se abre. El dueño es un pasota integral. Ya no vale hablar más con él, porque siempre nos da la razón y nos promete llamarles la atención. Estamos hartos de policía, ambulancias, protección civil, etc. que siempre llaman a nuestra casa porque la suya no está operativa.
Muchos de los que vienen (protección civil, bomberos, policía, etc) nos comentan que existe una miseria importante, que está llena de bichos de toda clase. Llamamos a Servicios Sociales del ayuntamiento y su informe fue que hay pobreza pero no insalubridad. No quisieron meterse en problemas, está claro.
VIVIMOS CON MIEDO. Nunca hemos tenido ninguna amenaza directa, pero entre ellos sí que hay problemas -los propios, derivados del hacinamiento- y nunca sabemos cómo nos puede afectar. Esta tarde bajaba mi hija con su bebé y yo iba detrás con mi otra nietita de la mano, cuando uno abrió la puerta de un empujón y casi le da..... No sabemos qué hacer y nos come la impotencia.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Derecho Laboral
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Buenas noches,

Entiendo su situación pero de antemano le advierto que es una situación díficil de atacar jurídicamente, ya que las denuncias donde no hay amenazas directas a menudo se archivan y servicios sociales es posible que no actúe. No obstante, les sigo animanda a que sean insisten en la línea de denuncias que han tomado y que no cesen en su empeño de denunciar esas actividades molestas que tienen lugar en el piso contiguo.

Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, les puede aconsejar lo siguiente y es demandar en vía civil al arrendador y propietario de esa vivienda, pues él es corresponsable de las actividades que en la misma y en el edificio realicen los inquilinos que habitan en su piso. Sólo con una demanda dirigida contra el propietario, puede éste tomar cartas en el asunto y modificar su actitud pasiva y benevolente hacia esos comportamientos. Para ello, ustedes deben acreditar (las denuncias presentadas, testigos del edificio, etc, pueden servir de prueba) que en dicha vivienda se realizan actividades insalubres y molestas, ruidos, sujetos en estado de embriaguez, etc. Es decir, que se realizando actividades ciertamente molestas que afectan a la convivencia en el inmueble. Es muy importante el dato que me da de la insalubridad general del inmueble, siendo releventa la existencia de insectos basura, etc.
La vía civil que le propongo es una demanda judicial que deberá firmar abogado y procurador donde usted podrá efectuar la petición al juez para que cesen esas actividades y para que desalojen a esas personas indeseables. Si las denuncias a servicios sociales, policía, etc. han sido en vano, esta es una via alternativa que les propongo, amparada en el artículo 1908 del CC que nuestra jurisprudencia entiend aplicable a casos como el suyo.

Para contratar un abogado y procurador, puede elegir uno de su confianza o bien optar a una abogado de oficio si sus ingresos no superan los 1288 euros brutos mensuales.

Por otra parte, otra solución puede venir de presentar una denuncia en urbanismo en el Ayuntamiento para denunciar el "cobertizo", presumiblemente ilegal, donde vive esta persona y servir esto como vía para presionarle.

POR FAVOR, NO OLVIDE ACEPTAR LA REPUESTA Y ASIMISMO PODRÁ SOLICITARME CUANTAS ACLARACIONES ESTIME.

Saludos cordiales.

Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Si tiene dudas, consulte en esta misma pregunta y sin cargo adiccional.

En todo caso, agradecería su aceptación, pues así la página me bonifica por mi respuesta sin coste adiccional para usted.

A su disposición.
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Le adjunto sentencia ilustrativa encontrada revisando su caso,

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, (Sala de lo Civil y ...

Sentencia núm. 12/2004 de 3 mayo RJ 2004\3724

NAVARRA: FUENTES DEL DERECHO NAVARRO: Derecho supletorio: inaplicabilidad del CC a supuestos regulados por el Fuero Nuevo; LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD POR RAZON DE VECINDAD: carácter civil de los límites intrínsecos establecidos en contemplación al goce de los derechos concurrentes de los vecinos: distinción de las limitaciones impuestas a los usos y actividades en consideración a los intereses generales, urbanísticos y medioambientales: coexistencia de la normativa civil y la administrativa; regla general de vecindad: antecedentes y significado de la norma que la sanciona: alcance: comprende los derechos reales y personales de los vecinos afectados abstracción hecha del título por el que se hallan en el uso o posesión del inmueble; conflicto entre vecinos: criterios de solución: examen de la licitud, racionalidad y prioridad de los usos enfrentados: inmisiones procedentes de granja porcina en viviendas y centros docentes próximos: acción de cesación: procedencia: omisión de medidas higiénico-sanitarias de preceptiva observancia: perturbaciones y molestias incompatibles con las necesidades y exigencias de salubridad, habitabilidad y calidad medioambiental inherentes al uso residencial del entorno que las padece: incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el ámbito domiciliario: irrelevancia del previo establecimiento de la granja: originaria cercanía al núcleo urbano y natural expansión del mismo hacia ella.
PROPIEDAD: ACCION NEGATORIA: origen y evolución: aptitud para reprimir, junto a las perturbaciones pretendidamente amparadas en un derecho real, las perturbaciones de hecho e inmisiones por encima de los límites de la normal tolerancia; procedencia: perturbaciones y molestias superiores a las debidas por razón de vecinal: condena a introducir medidas correctoras y subsidiaria condena al cierre del establecimiento inmitente.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DERECHO A LA INTIMIDAD: incidencia de las inmisiones industriales en propiedades vecinas de uso domiciliario: doctrina del TEDH y del TC.
JURISDICCION CIVIL: COMPETENCIA: acción de cesación de inmisiones molestas: no obsta a ella su procedencia de granja en explotación con licencia administrativa.
LEGITIMACION ACTIVA: existencia: defensa frente a inmisiones molestas e insalubres: ejercicio por los vecinos afectados en su condición de tales: falta de ejercicio de una «acción de grupo».
RECURSO DE CASACION (LECIV/2000): ALCANCE: facultad del tribunal de casación para integrar los hechos probados.

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación

Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández Urzainqui

 

Los antecedentes necesarios para el estudio de la Sentencia se relacionan en sus dos primeros fundamentos de derecho.

El TSJ de Navarradeclara haber lugaral recurso interpuesto, casa y anula la Sentencia dictada el24-06-2003por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra y, con revocación de la pronunciada en primera instancia, estimando la demanda interpuesta, condena a los demandados a que adopten en la granja porcina de su propiedad las medidas técnicas e higiénico-sanitarias que, en correspondencia con las deficiencias e insuficiencias detectadas, que se reseñan en el fundamento jurídico octavo de la sentencia, eliminen o reduzcan a límites objetivamente tolerables las inmisiones olorosas que produce la explotación en su entorno, condena que llevará aparejado el cese en la actividad industrial inminente si, transcurrido el plazo de ocho meses, no se adoptaran tales medidas o las aplicadas fueran ineficaces, inoperantes o insuficientes a tal fin; habiéndose aclarado el término «olorosas» del fallo, a instancia de los recurrentes, por Auto de19-05-2004.

En Pamplona, a tres de mayo de dos mil cuatro.

Visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, integrada en la forma al margen indicada, el Recurso de Casación Foral núm. 50/03, contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, el 24 de junio de 2003 ( JUR 2004, 40504) , en autos de juicio ordinario núm. 755/01 (rollo de apelación civil núm. 233/02) sobre cesación de inmisiones y relaciones de vecindad, procedentes de Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Pamplona, siendo recurrentes los demandantes, Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón (Padres Corazonistas), Comunidad de Propietarios «URBANIZACIÓN000 ZONA NUM000» de Puente la Reina e Inmobiliaria Puente la Reina, SA, representados ante esta Sala por el Procurador D. Javier Castillo Torres y dirigidos por el Letrado D. Rafael Izco Cabezon, y recurridos los demandados D. Gustavo y Dª Sonia, representados en este recurso por la Procuradora Dª. Yolanda Apezteguía Elso y dirigidos por el Letrado D. Juan Luis Apezteguia Elso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El procurador Sr. D. Javier Castillo Torres en nombre y representación del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, de La Comunidad de Vecinos URBANIZACIÓN000 ZONA NUM000 y de Inmobiliaria Puente la Reina, SA en la demanda de juicio ordinario seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Pamplona contra D. Gustavo y su esposa Dª. Sonia estableció en síntesis los siguientes hechos: el demandado Sr. Gustavo posee y explota directamente una granja porcina ubicada en el paraje de la Regata de Gromacín de Puente la Reina (Navarra). Dicha granja tiene al menos una media anual de más de 400 cerdos de engorde. El Sr. Gustavo tiene una licencia irregular administrativa de cría de cerdos, almacén agrícola y depósito de estiércol líquido. El demandado inicia tres expedientes de licencia administrativa, de los que resultan dos concesiones de licencias irregularmente tramitadas. La primera licencia alcanza aproximadamente a la mitad de la superficie destinada a la explotación porcina y la segunda, alcanza a la superficie restante. Entre estas dos licencias se solicitó otra, que se denegó entendemos que por la oposición de los vecinos, trámite éste el de notificación a los vecinos que no se cumplió en las licencias tramitadas irregularmente. La actividad o explotación para el engorde de cerdos está clasificada como una actividad «molesta, insalubre y peligrosa» en el decreto de 30 de noviembre de 1961 ( RCL 1961, 1736, 1923 y RCL 1962, 418) y legislación concordante. En el expte. de licencia del año 1975 consta que la instalación proyectada está a una distancia superior a 800 metros del casco urbano, craso error ya que en el Registro de la Propiedad consta a menos de 35 metros, la vivienda del Sr. Carlos José, a unos 200 metros las Hermanas del Verbo Divino y entendemos que a menos de 800 metros el centro del pueblo. Tampoco se ha dotado hasta la fecha de los elementos correctores necesarios para evitar molestias al vecindario ni se cumplen las condiciones higiénico-sanitarias de desinfecciones y desinsectación que paliarían enormemente las molestias que produce. Existe asimismo un riesgo de contaminación de las aguas ya que a menos de 10 metros de la granja existe un curso natural de agua que se conoce como La Regata. No se cumple con la regularización para la correcta tramitación de la licencia o autorización administrativa que debía realizarse antes de agosto de 2000. Además, el Sr. Gustavo que es la persona que hasta el presente ha trabajado directamente en la granja tiene más de 71 años y está cobrando la pensión de jubilación. El Ayuntamiento de Puente la Reina hace años que recalificó el terreno del Sr. Gustavo como urbanizable, al parecer una de las causas determinantes de tal recalificación era solventar el problema de salubridad que produce la granja porcina. Ésta ha sido un obstáculo para el desarrollo urbanístico del pueblo ya que los promotores que han estado interesados en polígonos cercanos, han visto cercenada su voluntad por el asunto de la granja de cerdos. El Ayuntamiento ha intentado que los Sres. Gustavo cambiasen de ubicación la citada granja concediendo para ello diferentes soluciones, negándose éstos a tales traslados. Desde la instalación de la granja, las quejas y reclamaciones de los vecinos han sido constantes y sucesivas, es decir, que existió y existe disconformidad vecinal con tal situación. Después de alegar los fundamentos jurídicos que estimó pertinentes terminaba suplicando «se dicte sentencia condenando al demandado a estar y pasar por la siguiente declaración: a) que el demandado cumpla y se adopten las medidas oportunas (conforme a F.D.X. a) para evitar los perjuicios que causa la granja porcina a sus vecinos; a) y caso de que no se haga o no sea posible, a que cese la actividad ganadera que produce las inmisiones o perjuicios que resulten perturbadoras para los vecinos; b) que el Órgano Juzgador determine y fije un plazo para el cese de la actividad ganadera, considerando el plazo conforme al Fund. Derecho X.b); c) y todo ello con expresa condena de costas del procedimiento a la parte demandada».

SEGUNDO

Admitida a trámite la demanda y emplazados los demandados, compareció la Procuradora Sra. Dª. Yolanda Apezteguía Elso en nombre y representación de D. Gustavo y Dª. Sonia, oponiéndose a la misma dentro del plazo legal en base a unos hechos que resumidamente son los siguientes: es cierto que el Sr. Gustavo posee y explota directamente una granja porcina con la colaboración de su esposa de la que viven éstos y su familia. Mi representado posee su granja con anterioridad a las construcciones de los demandantes, quienes cuando construyeron conocían la realidad del terreno y la legalidad expresa de las instalaciones y actividades a las que mis mandantes se dedican. Referente a la licencia administrativa decir que mi mandante ha iniciado no tres sino dos expedientes de licencia administrativa. Uno en el año 1969, momento en el que construyó la granja y otro posterior en 1973 sobre ampliación de la misma que fue denegado. Pero lo que denota una absoluta mala fe es pretender que el expte. al que se refiere el correlativo del año 1975, tramitado a instancia del Sr. Gustavo y de su cuñado tenga algo que ver con este litigio, pues se trata de una licencia concedida para otra granja situada alrededor de un kilómetro de la hoy litigiosa y que actualmente es propiedad de su cuñado. En la tramitación del expte. de 1969 hubo exposición pública, los dictámenes necesarios y se cumplió con todo lo que determina el Decreto de 1961 ( RCL 1961, 1736, 1923 y RCL 1962, 418) sobre actividades insalubres, nocivas y peligrosas y aparte de ello en aquel entonces no había edificaciones cercanas ni, lógicamente oposición alguna. Es incierto que mi mandante no haya dotado hasta la fecha a su granja de los elementos correctores necesarios para evitar molestias al vecindario ya que tal y como nos certifica Dª. Lina en su calidad de veterinaria responsable de la granja Los Alecos, dicha empresa suministra periódicamente al demandado productos desinfectantes, raticidas e insecticidas para su aplicación en la nave de engorde de porcino y asimismo incorpora en el pienso que le suministra durante el período estival, «vitaodor», producto destinado a la reducción de olores de los purines. Asimismo y ante la resolución de la Alcaldía de Puente la Reina de fecha 20 de junio de 2000 a la que se alude en la demanda, mi representado, dentro del plazo prefijado por la Corporación presentó en fecha 20 de julio de 2000 la consulta que se acompaña avalada por un Ingeniero Técnico Agrícola, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta alguna por parte de nadie. Por tanto, la granja propiedad de mi mandante no necesita regularizar absolutamente nada dado que cuenta con todos los permisos y autorizaciones en regla. La verdadera situación es que nos encontramos ante una granja absolutamente legalizada que con motivo del desarrollo urbanístico se encuentra en la actualidad con edificaciones cercanas. Se aporta al respecto la documentación acreditativa de que todos a los que se refiere el hecho decimotercero de la demanda han edificado con posterioridad a la granja construida en 1969. Mis mandantes siempre han puesto el máximo empeño en minimizar las molestias que pudieran causar y aparte de ello han acudido veloces a cualquier requerimiento que en tal sentido les haya podido efectuar el Ayuntamiento. Después de alegar los fundamentos jurídicos que estimó pertinentes terminaba suplicando «se dicte sentencia por la que desestimando íntegramente la demanda, se absuelva a mis representados de todos y cada uno de los pedimentos deducidos contra ellos en la demanda, con expresa condena en costas a los demandantes».

TERCERO

Por el Juzgado de 1ª Instancia se dictó sentencia en fecha 19 de junio de 2002, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: « Fallo : Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón (Centro puente), la Comunidad de Vecinos URBANIZACIÓN000 núm. NUM000 y de Inmobiliaria Puente la Reina, SA contra Don Gustavo y Doña Sonia condenando en costas al actor. Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco días ante este Juzgado».

CUARTO

Interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia, la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Navarra dictó nueva resolución en fecha 24 de junio de 2003 ( JUR 2004, 40504) cuya parte dispositiva dice textualmente: « Fallo : Que desestimando el recurso de apelación al que el presente, confirmamos la sentencia dictada por el Juzgado de origen en el procedimiento referenciado en el encabezamiento de esta resolución, en cuyo antecedente de hecho primero se transcribe su fallo, imponiendo las costas de esta instancia a la parte apelante».

QUINTO

Preparado recurso de casación contra la mencionada sentencia por la parte demandante, éste se interpuso posteriormente dentro del plazo legal mediante escrito de fecha 2 octubre 2003 en base a los siguientes motivos:

I.–Por infracción de la Ley 367 del Fuero Nuevo de Navarra ( RCL 1973, 456 y RCL 1974, 1077) .

II.–Por infracción al no interpretar Ley 367 del Fuero Nuevo de Navarra conforme imponen las sentencias del TS de fecha 12-12-1980 ( RJ 1980, 4747) y del TSJ de Navarra de fecha 22-1-1993 ( RJ 1993, 347) .

III.–Por infracción de los arts. 589 y 590 del Código Civil ( LEG 1889, 27) .

IV.–Por infracción del art. 1908 del Código Civil.

V.–Por infracción de los arts. 7.3 y 11.3 de la LOPJ ( RCL 1985, 1578, 2635) .

VI.–Porque las sentencias del TS de fecha 2-2-2000 ( RJ 2000, 279) y de la A. Provincial de Girona de 24-12-1994 no son interpretadas conforme a Derecho.

VII.–Igualmente respecto de las sentencias del TS de 30-3-1997 sic y de la AP de Segovia de 28-5-1993 ( AC 1993, 957) .

VIII.–Ya que sentencias posteriores a la sentencia del TS de fecha 30-5-97 ( RJ 1997, 4331) ratifican la tradicional tendencia de responsabilidad del agente emisor en cuanto a la obligación y pertinencia de medidas correctoras, acción negatoria, etc. entre otras se citan las del TS de fechas 2-2-2001 ( RJ 2001, 1003) , 19-9-2002 ( RJ 2002, 7919) y 9-3-2001 ( RJ 2001, 5963) .

IX.–la sentencia recurrida se opone también a la doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales entre otras de la de Barcelona de fecha 14-1-2002 ( JUR 2002, 110540) , de Murcia de 13-2-2001 ( AC 2001, 730) , de Alicante de 15-3-2002 ( JUR 2002, 140080) y de Segovia de 11-12-2001 ( JUR 2002, 83722) .

X.–A los efectos prevenidos en el art. 481.2 de la LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) se acompaña el texto completo de las sentencias alegadas.

XI.–en cuanto a las costas, no existe un atisbo de temeridad por la parte actora, ni judicial ni extrajudicial, sí existe sin embargo, temeridad por la parte adversa.

SEXTO

Recibidos los autos en esta Sala, ésta, en fecha 19 diciembre 2003, dictó resolución, declarándose competente para conocer del recurso interpuesto, admitiendo los motivos de casación primero, tercero y cuarto y como motivos de infracción procesal, el quinto y el undécimo e inadmitiendo los restantes motivos, sin perjuicio de tener por invocada la jurisprudencia que en ellos se cita como apoyo de los motivos de casación articulados y acordando dar traslado del mencionado recurso a la parte recurrida para que en el plazo de veinte días formulara por escrito su impugnación, lo que efectivamente hizo ésta mediante escrito de fecha 16 de enero de 2004, en el que después de hacer todas las alegaciones y consideraciones que estimó oportunas terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se desestime el recurso de casación interpuesto y se confirme la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente.

SÉPTIMO

El día treinta de marzo de dos mil cuatro, tuvo lugar la vista del recurso, en la que los letrados de las partes informaron en apoyo de sus respectivas pretensiones, en concordancia con lo alegado en los escritos antes referenciados.

OCTAVO

En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Fernández Urzainqui.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La acción ejercitada en autos y la resolución recaída en la instancia

El Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón (Padres Corazonistas), titular del «Centro Puente», dedicado a actividades docentes, la Comunidad de Vecinos «URBANIZACIÓN000, Zona NUM000», integrada por los moradores de un conjunto de viviendas adosadas e «Inmobiliaria Puente la Reina, SA», hoy recurrentes, promovieron el juicio ordinario de que la presente casación dimana contra don Gustavo y doña Sonia, propietarios de una granja pecuaria con 500 cabezas de ganado porcino de engorde mayor de dos meses, sita en las inmediaciones de sus domicilios, en ejercicio de una acción negatoria de inmisiones molestas e insalubres , dirigida con carácter principal a la adopción de medidas correctoras impeditivas de las perturbaciones que sufren los vecinos y, subsidiariamente, para el caso de no adoptarse o ser imposible tal corrección, al cese de la actividad ganadera que las genera. Fundaba el litisconsorcio accionante su demanda en los artículos 15, 24 y 43 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) , 589, 590 y 1908 del Código Civil ( LEG 1889, 27) y en la Ley 367 del Fuero Nuevo de Navarra ( RCL 1973, 456 y RCL 1974, 1077) , así como en la jurisprudencia que citaba relativa a la tutela vecinal frente a inmisiones molestas.

La sentencia recurrida, dictada el 24 de junio de 2003 ( JUR 2004, 40504) por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, confirmando la pronunciada en primer grado el 19 de junio de 2002 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Pamplona, desestimó la demanda interpuesta, argumentando en síntesis: a) que el cese de la actividad ganadera ejercida en la granja próxima a las viviendas de los actores con licencia administrativa no compete a la jurisdicción civil sino a la Contencioso-Administrativa, al dilucidarse en ella la interpretación y aplicación de normas puramente administrativas; b) que los demandados no se hallan incursos en abuso del derecho, al no haberse acreditado que ejerzan la actividad ganadera con la única finalidad de causar un mal a sus vecinos, contando como cuentan con todas las licencias administrativas; y c) que, aun siendo deducibles del informe acompañado a la demanda las medidas correctoras cuya adopción se solicita, su aplicación resultaría inútil y superflua para solucionar el problema denunciado, pues, dada la proximidad de la granja al núcleo de Puente la Reina, las molestias por olores seguirían produciéndose, y sólo su traslado lejos del núcleo urbano, fuera de los vientos dominantes propios de la localidad, permitirían eliminarlas, por lo que la imposición judicial de unas medidas correctoras inútiles para la solución del problema no sería justa ni equitativa.

SEGUNDO

La realidad fáctica sometida a enjuiciamiento

La sentencia recurrida, que tiene por ciertas las molestias por olores denunciadas en autos y su procedencia de la granja porcina de los demandados próxima al núcleo de Puente la Reina, no entra en otras constataciones o consideraciones de hecho sobre los particulares debatidos, no obstante la amplia prueba documental y testifical practicada en autos. Sí lo hace la sentencia de primer grado, con apreciaciones que la de apelación parece implícitamente asumir, al no desautorizarlas con otras de signo contrario.

1. Hechos declarados probados en la instancia.

La sentencia de primera instancia declara probado, con implícita aceptación de la resolución recurrida: a) que el demandado señor Gustavo solicitó a través del Grupo Sindical de colonización núm. 10.773 en el año 1969 autorización para la edificación de una nave destinada al engorde de cerdos, autorización que, tras la calificación de la actividad como molesta, insalubre y nociva, y la tramitación del oportuno expediente, le fue concedida mediante licencia municipal de 14 de noviembre de 1969, siéndole en cambio denegada la autorización para ampliación de la granja que solicitó en el año 1973; b) que, con posterioridad fueron edificándose las viviendas hoy situadas en sus inmediaciones, siendo por tanto anterior la construcción de la granja a la del resto de los edificios ubicados en la zona; c) que son reales y efectivas las molestias denunciadas en la demanda, siendo coincidentes los testimonios de los vecinos en que la granja produce mucho olor e insectos que les obligan en la época de verano a cerrar las ventanas, y también constantes las quejas por tal problema de los alumnos que en el verano acuden a la colonia del «Centro Puente»; y d) que, en virtud de informe emitido por el Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra, la Alcaldía del Ayuntamiento de Puente la Reina acordó en el año 2000 requerir al titular de la explotación señor Gustavo para la adopción de determinadas medidas correctoras, como la ampliación de las instalaciones de almacenamiento de purines, requerimiento al que éste contestó con la consulta-propuesta de ampliación de la fosa Este de la nave y de construcción de una balsa abierta, a la que el Ayuntamiento no ha dado respuesta.

2. La integración del «factum» en casación.

La parquedad del relato fáctico de las sentencias de instancia, que en el recurso no se combate ni impugna, hace obligada su integración, en uso de la facultad que a los tribunales de casación corresponde ( SS. 19 junio 2000 [ RJ 2000, 5291] , 28 mayo 2001 [ RJ 2001, 3437] y 22 noviembre 2002 [ RJ 2002, 10272] , del Tribunal Supremo y 28 junio 2000 [ RJ 2000, 8816] , 27 noviembre 2002 y 24 junio 2003 [ RJ 2003, 5437] de este Tribunal Superior de Justicia), para complementar, con pleno respeto a los hechos ya declarados probados en la instancia y sin contradicción con ellos, una relación fáctica insuficiente, para un mejor sustento de la respuesta casacional, en consonancia con la realidad enjuiciada. A estos últimos efectos puede decirse probado: a) que la granja, dedicada a la explotación intensiva de ganado porcino de cebo, se encuentra situada en el paraje de «La Regata», junto al cauce de agua de la Regata de Gomacín, a unos 400 metros de la calle del Cerco Viejo de Puente la Reina cuyas viviendas son de tiempo inmemorial; b) que, aunque en el año 1969 en que se autorizó la construcción de la granja los terrenos de su ubicación eran suelo rústico, la progresiva expansión del núcleo urbano hacia la zona fue determinando la edificación de viviendas y establecimientos educativos en sus inmediaciones, al punto de constituir en el vigente planeamiento de la localidad suelo «urbanizable»; c) que la granja porcina, hoy «fuera de ordenación», dista tan sólo 30 metros del chalet y finca de recreo más cercana, 100 de las denominadas «casas rojas» en que habitan unas treinta familias, parecida distancia de los primeros chalets de la Comunidad de Vecinos URBANIZACIÓN000, unos 120 metros del «Centro Puente» del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón dedicado a la docencia y a la acogida de grupos de convivencia y colonias de verano, 200 metros del Colegio Público Comarcal dedicado a la docencia escolar, y similar distancia al Cuartel de la Guardia Civil y a otras viviendas unifamiliares del entorno; habiéndose otorgado licencia para la construcción del chalet más cercano a la granja en 1972, adjudicado la construcción del Colegio Público Comarcal en 1975, autorizado la construcción de 52 viviendas en «Sabalzagain» en 1978 y la de las demás viviendas próximas de las que hay constancia documental en autos entre 1983 y 1987, siendo de 1998-1999 las concedidas a Inmobiliaria Grana; d) que si bien consta en el proceso la existencia de al menos una granja porcina cuya construcción y explotación se autorizó al hoy demandado señor Gustavo y otro en la «carretera del monte» –a distancia del casco urbano que la contestación de la demanda sitúa en más de 800 metros–, no se acredita, ni alega siquiera en autos, que a igual o inferior distancia de la que media entre la litigiosa granja y las viviendas y centros educativos antes mencionados existan otras granjas porcinas o establecimientos pecuarios generadores de inmisiones semejantes o parecidas a las procedentes de aquella explotación, ni se acredita o alega tampoco que las inmisiones denunciadas en la demanda tengan otra procedencia o se vean agravadas o reforzadas por la acumulación de las originadas en otras explotaciones, aun situadas a distancia superior; e) que la granja de los demandados, proyectada para dieciséis celdas de engorde y ocho de reproducción, consta de una nave de unos 520 metros cuadrados de superficie, con un pasillo de servicio central y veintiocho cochiqueras a ambos lados, cuyo suelo se halla parcialmente emparrillado para la recogida de purines en fosas con una capacidad de almacenamiento de entre 127 y 132 metros cúbicos; hallándose la nave rodeada por un muro de bloque de hormigón que deja en su interior un patio de aproximadamente 400-450 metros cuadrados; e) que desde hace varios años –al menos desde 1994– son constantes y repetidas las quejas expuestas al Ayuntamiento de Puente la Reina por los vecinos de la zona, el Consejo Escolar del Colegio Público Comarcal y el «Centro Puente» por los continuados, intensos y molestos olores procedentes de la granja porcina y por la abundancia de mosquitos que genera en su entorno y que, de manera particularmente acusada en verano y con vientos de componente Norte, causan perturbación a moradores y alumnos, al punto de hacer obligado el cierre de ventanas, con el consiguiente impedimento para la ventilación y aireación de viviendas y locales; y f) que a causa de las quejas y protestas vecinales, se han girado en 1997, 2000 y 2002 por el Servicio Navarro de Salud y el Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra visitas de inspección a la granja porcina de referencia, constatando la última de ellas que las fosas de purines no tienen la capacidad requerida para tres y aun dos meses de actividad continuada; que fuera del perímetro de la granja aparecen acumulados residuos o estiércoles (purín seco) procedentes de la limpieza de las cohiqueras; que algunas de las mallas mosquiteras que protegen las ventanas de aireación de la nave se hallan rotas y que la nave tiene también parte del techo y tejado roto, con comunicación al exterior.

Las sentencias de instancia sí se hicieron eco de los informes elaborados a raíz de estas inspecciones, particularmente del emitido en 2000. En todos ellos se hace una relación de medidas correctoras que podrían atenuar los olores y las consiguientes molestias constatadas: pero –como indican las sentencias de instancia– también en los dos primeros se advierte que, dada la proximidad de la granja al núcleo habitado, la aplicación de la mejor tecnología no haría desaparecer las molestias y quejas vecinales, que con el desarrollo urbanístico se acentuarán, por lo que la solución definitiva a los problemas pasa por la asignación a la granja de un nuevo emplazamiento alejado del núcleo urbano y fuera de los vientos dominantes que afectan a la localidad.

TERCERO

La tutela efectiva de los derechos e intereses ejercitados y la desestimación total de la demanda

En el quinto motivo del recurso, admitido como motivo de infracción procesal, que por su naturaleza se examina con carácter preliminar, denuncia el litisconsorcio demandante la infracción de los artículos 7.3 y 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578, 2635) , desde el entendimiento –compendiosa y confusamente expresado– de que tal infracción se ha producido al no dar lugar siquiera la sentencia recurrida a la adopción de las medidas correctoras que se solicitaban en el petitum de la demanda de manera gradual.

El motivo no merece favorable acogida.

El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, superando el sistema clásico de vinculación de la tutela jurisdiccional a la defensa de derechos e intereses propios o ajenos, por representación, la amplía en este precepto, actualmente desarrollado en los artículos 6.1.7º y 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , a la defensa procesal de intereses colectivos o supraindividuales mediante el reconocimiento de la legitimación de los grupos de afectados para constituirse en parte procesal e impetrar su tutela.

Pero el invocado precepto no ha sido infringido ni desconocido por la sentencia de instancia, pues, aunque el número de afectados por las inmisiones denunciadas en la demanda pueda ser superior al de sus promotores, éstos no ejercitan en ella una «acción de grupo», sino la acción de que individualmente se hallan todos y cada uno de ellos asistidos como «propietarios vecinos» de la granja de los demandados y «perjudicados» por sus inmisiones, tal como así lo hicieron constar en el fundamento jurídico cuarto de su demanda; y la sentencia de instancia no niega ni cuestiona siquiera su personalidad y legitimación para ejercitar la acción deducida en defensa de sus derechos e intereses, limitándose a desestimarla por consideraciones de fondo ajenas a ellas.

El artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciéndose por su parte eco de una reiterada doctrina constitucional, establece en aras al principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de nuestra Constitución ( RCL 1978, 2836) , que los Juzgados y Tribunales «deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido»; exigencia que se satisface con la obtención de una respuesta judicial razonada, motivada y fundada en Derecho, tanto si resuelve acerca del fondo de la pretensión de las partes, como si inadmite la acción en virtud de la aplicación razonada jurídicamente y no arbitraria de una causa legal debidamente acreditada ( SS. 220/1993, de 30 de junio [ RTC 1993, 220] ; 194/1997, de 11 de noviembre [ RTC 1997, 194] y 198/2000, de 24 de julio [ RTC 2000, 198] , entre otras muchas, del Tribunal Constitucional).

Pues bien, la sentencia de instancia, abstracción hecha de su efectivo acierto en el enjuiciamiento de la cuestión litigiosa, desestima la demanda interpuesta, pero no por motivos formales susceptibles de subsanación, sino por razones materiales claramente expuestas y fundadas en Derecho, como la incompetencia del orden jurisdiccional civil para ordenar el cese de una actividad industrial ejercida con licencia administrativa y la inequitativa e improcedente imposición de unas medidas correctoras estimadas inútiles para la efectiva eliminación o corrección de las inmisiones producidas por ella.

Ciertamente, las dos sentencias de instancia parecen reprochar a la parte actora no haber especificado en la demanda las medidas correctoras cuya imposición instaba. Si tal omisión fuera la causa de su desestimación, quizá el motivo de infracción procesal mereciera otra respuesta, pues, según opinión comúnmente compartida, la concreción de las medidas correctoras vendrá de ordinario determinada por el oportuno juicio pericial; y, desde luego, no incumbe al perjudicado sino al responsable de la inmisión la elección de las medidas correctoras a aplicar de entre las varias susceptibles de adopción para la eliminación o atenuación de las perturbaciones o molestias denunciadas. La parte actora cumplía pues con la carga procesal de su incumbencia instando la supresión o cesación de las inmisiones, sin necesidad de especificar las medidas adecuadas para conseguirlo. Pero –como se ha dicho– no es su omisión la razón determinante de la desestimación de la demanda, pues la sentencia de instancia, entendiéndola salvada con la implícita asunción de las medidas correctoras enunciadas en el informe del veterinario de Salud Pública acompañado a ella, pasa a analizar la procedencia y oportunidad de su adopción para terminar descartándola por «inútil y superflua para solucionar el problema», al considerar «inevitables las molestias por malos olores que la granja pueda producir», dada su proximidad al núcleo de Puente la Reina, a la vista de los informes que, aun proponiendo la imposición de medidas correctoras, dudan de la efectiva eliminación con ellas de las perturbaciones constatadas.

CUARTO

Las limitaciones en el goce de la propiedad inmobiliaria por razones de vecindad

La sentencia de instancia desestima la acción negatoria de inmisiones ejercitada en la demanda, no porque las molestias e incomodidades que ocasionan a los actores sean por su entidad, intensidad o discontinuidad, normal o socialmente asumibles y por ende de obligada tolerancia vecinal, ni porque la actividad que las produce corresponda a un uso razonable de la propiedad inmobiliaria teniendo en cuenta la naturaleza y destino de las fincas en conflicto y los usos del lugar, sino porque, dada la proximidad o cercanía del foco inminente a las viviendas y establecimientos vecinos, la incorporación de medidas correctoras no evitaría la persistencia de inmisiones molestas y porque la autorización administrativa de la actividad industrial que las genera impide a los tribunales del orden jurisdiccional civil decretar su cese.

A través del motivo primero, de casación, denuncia el litisconsorcio recurrente la infracción, por inaplicación, de la Ley 367 del Fuero Nuevo de Navarra ( RCL 1973, 456 y RCL 1974, 1077) , ya invocada en la demanda como fundamento legal de su pretensión y reproducida en la apelación como fundamento de su recurso, argumentando en síntesis que, a tenor de la doctrina y la jurisprudencia que la han interpretado, de la que cita las sentencias de 12 diciembre 1980 ( RJ 1980, 4747) , del Tribunal Supremo y 22 enero 1993 ( RJ 1993, 347) , de este Tribunal Superior de Justicia, la citada norma civil foral establece límites específicos a la propiedad sobre los inmuebles cuya contravención faculta al perjudicado por las inmisiones de su vecino para impedir la persistencia de las molestias e incomodidades padecidas mediante el ejercicio de una acción negatoria dirigida a obtener el cese de la actividad o del modo de ejercicio que las genera.

La sentencia recurrida, como la de primera instancia, no aplica ni llega a tomar en consideración esta norma, ciertamente aplicable a las relaciones de vecindad entre propietarios y usuarios de predios radicados en Navarra (art. 16.1, en relación con el art. 10.1, del Código Civil [ LEG 1889, 27] ), dejando de este modo imprejuzgada la racionalidad del uso que provoca las perturbaciones denunciadas y la permanencia de sus inmisiones dentro de los límites de la tolerancia normal u ordinariamente debida por razón de vecindad.

1. El carácter civil de la normativa delimitadora.

En el goce de la propiedad inmobiliaria y en el aprovechamiento de sus recursos, el propietario se halla sujeto no sólo a las limitaciones que en interés general establece la legislación sectorial, en particular, la urbanística y medioambiental, sino también a los límites intrínsecos que asimismo se derivan del necesario respeto a los concurrentes derechos de goce y aprovechamiento de otras fincas vecinas por parte de sus dueños o usuarios. Y es que la precisa delimitación perimetral de los inmuebles y aun su mismo cierre, si bien definen el ámbito material a que alcanza la facultad de exclusión de su propietario, no siempre llegan a contener en él los efectos consecuentes a su uso y explotación, ni alcanzan a preservarlo o salvaguardarlo de los procedentes de actividades desarrolladas en otros vecinos.

Precisamente porque ello es así, el Derecho se ha visto en la precisión de fijar, más allá o por encima de los límites físicos de las fincas, los jurídicos del goce que a sus titulares les es dable obtener, a fin de posibilitar el disfrute o aprovechamiento de los bienes sin que la proyección exterior de sus efectos impida a sus vecinos el disfrute o aprovechamiento en igual medida de los suyos, ni les imponga más incomodidades ni molestias que las tolerables en el contexto de una equilibrada relación vecinal, teniendo por tal la debida no ya, o no sólo, entre predios colindantes o contiguos, sino también entre predios próximos o tan cercanos que puedan verse sometidos en su utilización y explotación a mutuas y recíprocas interferencias, pues la «vecindad» es hoy un concepto relativo que depende, más que de la contigüidad de las fincas, de su ubicación en el área de influencia de los usos o actividades que en ellas se desarrollan.

La definición de esos límites jurídicos en el goce de la propiedad inmobiliaria por razón de vecindad no pertenece al Derecho público, sino al privado y, más en particular, al civil, regulador de las relaciones entre particulares, en cuanto tales límites afectan al ejercicio del derecho de propiedad y se establecen en contemplación a otros derechos subjetivos, no sólo de contenido económico-patrimonial sino también personal, como la salud o la intimidad. Ciertamente, en su definición la norma civil puede recurrir –como lo hace el artículo 590 del Código Civil ( LEG 1889, 27) – a la heterointegración con disposiciones administrativas a fin de asegurar su permanente acomodación a las circunstancias de cada tiempo y lugar o, como esta Sala señaló en sentencia de 25 de abril de 2002 ( RJ 2002, 8782) , puede ser complementada con ellas a fin de fijar el preciso sentido de alguno de sus contenidos o conceptos jurídicos indeterminados; pero con ello no queda sustraída al ámbito del Derecho civil la norma básica que los define e impone.

Coexiste desde luego con la normativa civil propiamente vecinal una profusa regulación administrativa de usos y actividades desarrollada en consideración a los intereses generales, urbanísticos y medioambientales, que pueden verse comprometidos con ella. Sin embargo, tal como ha declarado con reiteración la jurisprudencia ( SS. 12 diciembre 1980 [ RJ 1980, 4747] y 16 enero 1989 [ RJ 1989, 101] , del Tribunal Supremo) ha de distinguirse lo relativo a la tutela preventiva de los intereses generales o públicos, de inequívoca naturaleza administrativa, de lo que atañe a la propiedad y a la tutela de los derechos subjetivos e intereses privados, de incuestionable carácter civil.

2. La norma civil foral rectora de las relaciones de vecindad.

A diferencia del Código Civil ( LEG 1889, 27) español, que –como el francés– no contiene una norma general rectora de las relaciones de vecindad, el Fuero Nuevo de Navarra la formula a modo de «principio general», dentro del contexto de las «limitaciones de la propiedad», proclamando en el párrafo primero de la Ley 367 que «los propietarios u otros usuarios de inmuebles no pueden causar riesgos a sus vecinos ni más incomodidad que la que pueda resultar del uso razonable de su derecho, habida cuenta de las necesidades de cada finca, el uso del lugar y la equidad».

Como esta Sala declaró en su sentencia de 3 de junio de 1997 ( RJ 1997, 4900) , la norma, síntesis del casuismo jurisprudencial romano (Digesto 8, 5, 8, 5 y 6; 8, 2, 19 y 8, 5, 17, entre otros textos) viene a conjugar los principios, inspirados en aquella doctrina, aunque fruto de una reelaboración doctrinal tardía, de normalidad en el uso y normal tolerabilidad de las molestias (cfr. SS. 12 diciembre 1980 [ RJ 1980, 4747] , del Tribunal Supremo y 22 enero 1993 [ RJ 1993, 347] , de este Tribunal Superior de Justicia), a que asimismo responden otras formulaciones legales, como las de los Códigos Civiles italiano (art. 844), portugués (art. 1346), suizo (art. 684) o alemán (pgfo. 906) y, en nuestro país, la de la Ley catalana 13/1990 ( RCL 1990, 1617 y LCAT 1990, 274) (art. 3). Si bien el texto legal navarro carga el acento más sobre el aspecto activo de la relación vecinal –el del uso del derecho– que sobre el pasivo –de las perturbaciones y molestias–, en sentido coincidente con el de algunas soluciones romanas (cfr. Digesto 8, 5, 8, 6), no deja de prestar a este último atención, al calibrar la racionalidad del uso no sólo en función o consideración a las necesidades de la finca en que se ejerce, sino también en contemplación a las de la finca que padece sus influjos y al uso del lugar; uso que con la equidad cobran un especial relieve cuando las necesidades de las fincas difieren o entran en colisión.

Por otra parte, aunque el Fuero Nuevo ( RCL 1973, 456 y RCL 1974, 1077) inserta esta regla de vecindad en sede de propiedad, en consonancia con su tratamiento como límite al goce o ejercicio de la misma, no la refiere exclusivamente a los propietarios u otros titulares de derechos reales limitados sobre inmuebles, como tampoco la establece solamente en su beneficio, al hacerla extensiva, tanto desde el lado activo como desde el pasivo, a cuantos se encuentren, por cualquier título, en su uso o posesión; de suerte que la tutela por ella dispensada no se limita al derecho de propiedad, sino que comprende la de cuantos otros derechos reales y personales de los vecinos puedan verse afectados por las inmisiones derivadas de un uso no razonable del derecho sobre el inmueble de procedencia, entre los que cobran actualmente un acusado relieve ciertos derechos de la personalidad, de protección reforzada, como los derechos a la salud, a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario, a una digna calidad de vida y a una vivienda digna y adecuada.

La inaplicación de la norma civil foral por la sentencia recurrida lleva aparejada su infracción y, con ella, la estimación del motivo de casación que la denuncia, al derivarse de su aplicación al caso consecuencias jurídicas distintas de las apreciadas en aquélla.

QUINTO

El uso de su derecho por los propietarios demandados

Sobre la premisa de la normal y obligada tolerancia entre vecinos de ciertas perturbaciones o inmisiones derivadas de la misma vecindad, la Ley 367 del Fuero Nuevo de Navarra ( RCL 1973, 456 y RCL 1974, 1077) declara indebida e inexigible la tolerancia de las que puedan resultar de un uso no razonable del derecho que a los propietarios u otros usuarios del inmueble inminente pueda corresponder sobre el mismo, legitimando a los perjudicados por ellas para su rehúse, impedimento o prohibición.

A tenor de esta disposición legal, la tolerancia debida por razón de vecindad presupone el uso lícito y razonable del derecho desencadenante de las inmisiones, habida cuenta de las necesidades de cada finca, el uso del lugar y la equidad.

1. La licitud del uso.

Si bien es incuestionable la licitud administrativa de la actividad industrial ganadera ejercida por los demandados e irrevisable en este orden jurisdiccional civil la legalidad y regularidad de la licencia y del expediente que autorizó su establecimiento, por venir atribuida su revisión a la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo ( SS. 23 septiembre 1988 [ RJ 1988, 6853] y 20 marzo 1989 [ RJ 1989, 2187] , entre otras, del Tribunal Supremo), sí es civilmente enjuiciable –y ha sido enjuiciada en la instancia– la licitud de su ejercicio desde la óptica del interés jurídico que mueve al titular al desarrollo de una actividad evidentemente molesta para sus convecinos.

Y es que es efectivamente ilícito, por abusivo o contrario a las exigencias de la buena fe ( Ley 17 del Fuero Nuevo de Navarra [ RCL 1973, 456 y RCL 1974, 1077] ) el desarrollo de una actividad, legal e incluso autorizada administrativamente y acorde a las prescripciones reglamentarias, sin utilidad apreciable para quien la ejerce, con el fin de causar perturbación o molestia a sus vecinos; lo que vendría a constituir un acto de emulación, hoy subsumible en la vertiente sujetiva del abuso del derecho. Las sentencias de las dos instancias abordan, para rechazarla, esta eventualidad en respuesta a la invocación del artículo 7.2 del Código Civil ( LEG 1889, 27) en la demanda; pero al analizarla, se detienen en esa vertiente subjetiva del abuso del derecho, sin incidir en la objetiva derivada del exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho con perjuicio para terceros, que, desde la conocida sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1944, se ha considerado en el Derecho civil general un válido criterio de referencia para la solución de los conflictos de vecindad por inmisiones (cfr. S. 3 diciembre 1987 [ RJ 1987, 9176] , del Tribunal Supremo), ante la carencia de una normativa específica sobre la vecindad y su aptitud para sustentar en él la regla de la «normalidad en el uso>>

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