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DiegoAbogado
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Buenos días, soy Jefe de Sección comercial en carrefour actualmente

Pregunta del cliente

Buenos días, soy Jefe de Sección comercial en carrefour actualmente estoy de baja por depresión provocada por mi trabajo, bueno mas que por mi trabajo por el director que hay en mi centro, diariamente nos somete a vejaciones a todo el equipo en los brifing y luego a cada uno personalmente nos trata como si no valiéramos nada anulando os como personas y trabajadores, es una persona que sus exigencias las lleva a limites insospechados y continuamente nos amenaza con " la que esta cayendo o haces o a la calle" en mi caso que soy muy exigente con mi trabajo y el me exigía mas todavía, mi exceso de responsabilidad me ha llevado a dejar de lado a mi familia, mi vida, todo, ltomaba pastillas para la ansiedad durante 1 año aproximadamente, hasta que llego el día en que no pude mas y me tome una caja y media de tranxilium, a raíz de ahí al hospital y al día siguiente de baja. Se podría hacer algo con este Señor para que no haga mas daño a la gente y lo despidan? también es verdad que tanto el responsable de rrhh del centro o el director regional de rrhh lo saven y no hacen nada. Espero que me podáis dar una respuesta pues a parte de mi caso hay otro jefe de sección de baja por lo mismo en mi centro y los que sobreviven todavía trabajan en un infierno. Un saludo
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Derecho Laboral
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Buenos días,


La situación que usted describe es la de un mobing o acoso laboral en toda regla y contra esta situacion se pueden utilizar varias vías de acción.


Una posibilidad es poner en conocimiento de los superiores a ese director del centro que se produce esa situacion de acoso y desde cuando para que tomen cartas en el asunto. Y también habría que ponerlo en conocimiento del comité o sección de prevención de riesgos laorales. Si no toman medidas y ustedes ejercitan acciones judiciales la empresa seria responsable civil.


En el caso de que no se tomen medidas disciplinarias contra ese director, habría que presentar una denuncia ante a Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social describiendo los hechos que estan sucediendo para que sea inspeccionada la empresa y se le sancione.


Otra vía es interponer una demanda por vía laboral o incluso por vía civil solicitando una indemnizacion por los daños y perjuicios que le ha provocado el maltrato y acoso de su jefe. Podría iniciar un proceso por vulneracion de derechos fundamentales en el ambito laboral. Para ello es importante que otros compañeros estén dispuestos a testificar en un juicio y contar todo lo que esta ocurriendo. Y usted debe solicitar que se le realicen informes médicos que acrediten la situacion de ansiedad, stress, etc, que le ha provocado esta situacion y que ha desencadenado en su baja laboral, así como en la de otros compañeros.


Y en ultimo lugar tendría la opción de denunciar por via penal a ese jefe por las faltas o incluso delitos que haya podido haber cometido contra usted y de los que han sido testigos sus compañeros, o podrían unirse y denunciarlo entre varios afectados. Podría haber cometido faltas o delitos continuados de injurias, coacciones, maltrato, etc.


Mi consejo es que se pongan en contacto formalmente con responsables del centro tanto usted como otros compañeros afectados, pues tendrán mas fuerza si se unen y le expliquen la situacion a la empresa dejándoles claro que o cesa la actitud de ese jefe contra ustedes o procederán a interponer denuncias y las demandas oportunas ante los Juzgados competentes e incluso acudiendo a los medios de comunicación. Deben intentar forzar a la empresa para que solucione ya la situacion, pero si no lo hacen no duden en presentar una denuncia ante la Inspección y acudir a la vía judicial, para la cual pueden solicitar Abogados de Oficio al ser trabajadores por cuenta ajena o Abogados de su confianza.


Además tendría tambien la opción de extinguir su contrato de trabajo debido a ese acoso que no ha sido erradicado por la empresa teniendo derecho a una indemnizacion de 45 dias por año de trabajo en la empresa, pero debe ser ejercida esta accion en via judicial. Pues es el Juez el competente para determinar si existe ese incumplimiento grave por la empresa que le da derecho a extinguir el contrato con esa indemnizacion. Pero tendría que acreditarse en el juicio que existe la situacion de acoso y que la empresa no hizo nada al respecto.



Le dejo una sentencia a modo de ejemplo de un caso similar en la que se condena por acoso a un jefe intermedio de la empresa:





Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Social

Recurso de Suplicación núm. 2613/2008

Ponente: Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariño Cotelo

 

El TSJestima en parteel recurso interpuesto por los codemandados contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Santiago de Compostela, de fecha02-01-2008, dictada en autos promovidos en reclamación de tutela de derechos fundamentales, que es revocada en el sentido reseñado en la fundamentación jurídica.

A CORUÑA, diecisiete de julio de dos mil ocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número (NNN) NNN-NNNN/2008 interpuesto por GESHOSTEL CATERING SL y D. José Miguel, contra la sentencia del Jdo. de lo Social núm. 001 de SANTIAGO DE COMPOSTELA siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL MARIÑO COTELO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Que según consta en autos se presentó demanda por Dª Luisa, en reclamación de DERECHOS FUNDAMENTALES, siendo demandado GESHOSTEL CATERING SL. Y D. José Miguel. En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm.(NNN) NNN-NNNN/2007 sentencia con fecha dos de enero de dos mil ocho por el Juzgado de referencia que estimó la demanda.

SEGUNDO

Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes: PRIMEIRO.- Que a demandante Dona. Luisa, suscribe con data de 14 de setembro do 2004, contrato de traballo ca demandada entidade Geshostel Catering SL, ca categoría profesional de camarera. O soldo da demandante con prorrateo das pagas extras ascende á cantidade de 1.133,99 euros. - SEGUNDO.- A actora presta servizos para a demandada no ámbito do contrato suscrito por esta ca entidade "Viajes atlántico", á sua vez concesionaria do concello de Santiago, na explotación do palacio de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela, sito en San Lázaro, e no caso da entidade demandada Geshostel Catering SL., adicado ós servizos de cafetería e restauración.- TERCEIRO.- No centro laboral da actora presta servizos como encargado-xefe de sala o demandado, D. José Miguel, que se encarga de chamar por medio de ETT ós extras necesarios en caso de traballo extraordinario, así como organizar os servizos, e no caso de congresos determina tamén os horarios do empregados.- CUARTO.- A actora realizaba os traballo referidos a camarera, limpiar cafetería e servir ós clientes, cando había congresos era a que atendía a cafetería así como controlaba a asistencia e horarios do empregados de ETT, incluso asinando os partes, e incluso contacta cas ETT por delegación de Sr. José Miguel.- QUINTO.- Inicialmente a relación entre a actora co Sr. José Miguel é afable, e boa, incluso o Sr. José Miguel realiza certas delegacións das suas facultades hacia a demandante, así como se apoia nela para o control de toda a organización dos distintos eventos, chegando encerta ocasiónb Sr. José Miguel regalalle un bolso, á actora.- SEXTO.- Con posterioridade, o Sr. José Miguel, retíralle todas esas facultades anteriores á actora, así como ur¡ día chega incluso a mandala de volta para a. casa despois de que a actora acudise óseu posto de Jraballo conforme o previsto, chegando a non falarlle direCtarjíEmteáa9tora, así como mantendo discusións ca mesma.- SEPTIMO.- A sra. Magdalena, auxiliar administrativa do centro laboral da actora, coñece que nun primeiro momento a relación entre a parte actora e o Sr. José Miguel, delegando na mesma, mentres despois este último, retíralle determinadas concesións anteriores, así como, que incluso nunha ocasión a actora serveu dous pratos primeiros, e esto provocou una reprimenda por parte do Sr. José Miguel, así como nunha ocasión o Sr. José Miguel, e refiríndose ó marido da actora, indica que este tiña a sangue de horchata.- OITAVO.- A sra. Teresa, directora do centro, acude xunto cos seus fillos a unha actuación dos Lunnis no centro de traballo, acudindo igualmente as fillas da actora así como os do os do Sr. José Miguel, cando ó día seguinte, a actora lle pregunta como se portaron as fillas dela, dado que o Sr. José Miguel, lle manifestara que estas se portaran mal durante a actuación.- NOVENO.- Nunha ocasión, o Sr. Jesús Manuel, cociñeiro do Palacio de Congresos, e compañeiro da actora, así como a sra. Asunción, cociñeiro do mesmo centro e compañeira da actora, así como a actora mésma, acuden ó lugar de Sada donde ten a sua sede o xefe superior Sr. Rodrigo, en donde todos expuseron o seu descontento hacia o Sr. José Miguel, en relación á sua capacidade organizativa ca cal estaban descontentos, así como o Sr. Jesús Manuel, puxo de manifesto, que o Sr. José Miguel facía críticas sobre a súa comida.- DECIMO.- Con data de 4 de decembro do 2006, a actora, inicia un período de incapacidade temporal, con diagnóstico de 11 cuadro ansioso depresivo reactivo a su puesto de trabajo" situación na que continua na actualidade, sendo tratada na unidade de saúde mental de núm. 2 de Area sanitaria de Santiago de Compostela.- UNDECIMO.- A actora ten una amplia implicación laboral, padecendo secuelas psíquicas referidas ó posto de traballo, e relacionadas ca actuación do Sr. José Miguel; presentando depresión, ansiedade, somatización, pensamentos obsesivos compulsivos e psicoticismo, existindo una relación causal entre esta descripción e o seu posto de traballo desempeñado no palacio de Congresos.- ÚLTIMO.- Con data de 21 de novembro do 2007, realízase pola acto de conciliación ante o Smac, con respecto os demandados, e constando como domicilio para notificacións da entidade demandada Geshostel Catering SL, Plaza de Alfonso XII, esquina Ronda de Outeiro núm. 1 da Coruña, rematando intentada sen efecto.

TERCERO

Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Acollo a demanda interposta pola actora Dona. Luisa, declarando a vulneración do dereito fundamental á integridade da actora, declarando a nulidade da acción do empleador e do Sr. José Miguel, con reposición ó estado anterior con cese inmediato da conducta, e condenando ós responsables de dita vulneración os demandados entidad e Geshostel Catering SL, e D. José Miguel de forma solidaria ó pago á actora da cantidade de 50.000 euros que como indemnización lle corresponde.

CUARTO

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santiago de Compostela con fecha 2/2/2008 en autos núm. 872/07, que estimando en los términos "ut supra" reseñados la demanda interpuesta por Luisa contra Geshotel Catering, SL y José Miguel sobre tutela de derechos fundamentales, se alza en suplicación los codemandados -la actora, en principio, interpuso recurso pero éste fue declarado desierto por auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Santiago de fecha 29/2/2008- articulando, respectivamente, sus recursos con apoyo procesal en el artículo 191.b) y c) para solicitar que se revoque la sentencia "a quo" y se les absuelva de las pretensiones de la demanda. Por su parte, la demandante impugnó los recursos formulados por los codemandados e interesó la confirmación de la resolución de instancia.

SEGUNDO

El codemandado, José Miguel, articula su recurso interesando, en primer lugar, la revisión del relato histórico de la resolución "a quo" a cuyo efecto en el apartado primero del motivo primero solicita la "rectificación y adición del ordinal sexto de la sentencia recurrida" ofreciendo texto alternativo del siguiente tenor: "Que en ningún momento el Sr. José Miguel retiró las funciones que delegara a la actora, desempeñando las mismas funciones hasta la fecha de su baja por incapacidad temporal del día 4 de diciembre de 2006, siendo las citadas funciones delegadas las siguientes: 1.- Concertar con la ETT Nortempo el número y nombre de los camareros extras necesarios para realizar los eventos en el Palacio de Congresos, los cuales son contestados por la citada ETT vía fax remitido a la atención de la actora. 2.- Llevar a cabo el control de las horas realizadas por los extras proporcionados por la ETT Nortempo que se documentaban por ella misma es (sic) unos partes de trabajo semanal.3.- Llevar el control de los consumos en Cafetería que se realizaban en los citados eventos", invocando en apoyo de sus pretensiones la documental obrante a los folios 703 a 756, muestreo de faxes confirmación de camareros extras que acudían a los servicios remitidos por la ETT del año 2006, parte superior derecha apartado A/Att de la actora; folios 303 a 702, muestreo de hojas de control de partes de trabajo semanal de las horas realizadas por los camareros extras del año 2006, añadiendo que en su parte interior constan firmados por la actora; folios 174 a 302, hojas de confirmación de catering que, afirma, son elaboradas por la actora de forma manuscrita, referidos al año 2006 y, al efecto, conviene tener presente que, como en anteriores ocasiones ha tenido oportunidad de expresar esta Sala de lo Social, al efecto, entre otras, las sentencias 10/6/1999 , 11/6/1999 , 3/3/2000, 26/10/2000 ( JUR 2001, 26960) , 19/1/2001 ( JUR 2001, 82276) , 10/1/2001 ( JUR 2001, 81623) y 3/5/2002 ( AS 2002, 3411) , el recurso de suplicación no tiene la naturaleza de la apelación ni de segunda instancia, sino que está revestido de naturaleza extraordinaria, cuasi casacional, en el que el Tribunal "ad quem" no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada en autos, sino que es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción concepto más amplio que el de medios de prueba, al incluir también la conducta de las partes en el proceso para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) y esta atribución de la competencia valorativa al Juez de instancia es la que determina que el Tribunal "ad quem" ha de limitarse normalmente a efectuar un mero control de la legalidad de la sentencia y sólo excepcionalmente pueda revisar sus conclusiones de hecho, precisamente para cuando algún documento y/o pericia obrante en autos, invocado por el recurrente, pongan de manifiesto, de manera incuestionable, el error del Juez a quo, rechazándose toda potencialidad revisoria de los posibles argumentos y las conjeturas e interpretaciones valorativas más o menos lógicas del recurrente, de manera que si la parte recurrente no aduce un hábil medio de revisión y el mismo no acredita el error de interpretación de la prueba del Juzgador, no tendrá éxito la pretensión de revisión, a lo que cabe añadir que el error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial y/o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios - sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18/11/1999 ( RJ 1999, 8742) - pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia, que aprecia "los elementos de convicción" «ex» artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , concepto más extenso que el de medios de prueba, pues no sólo abarca a los que enumera el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , sino también el comportamiento de las partes en el transcurso del proceso e incluso sus omisiones por el de la parte, lógicamente parcial e interesado, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar que tanto el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578, 2635) como el artículo 117.3 de nuestra Constitución ( RCL 1978, 2836) otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales, siendo así que la aplicación de tal doctrina al caso que nos ocupa determina el rechazo de la pretensión de revisión auspiciada, en primer lugar, por el codemandado Sr. José Miguel, pues el contenido de los folios que invoca no atesora virtualidad para integrar un documento en tanto que se trata de diversos faxes que no devienen suficientes al efecto y no solo éstos sino también partes de trabajo mensual, v. gr. folios 723, 724, 725, 735, e incluso facturas, como la obrante al folio 740, que, curiosamente, va dirigida a la atención del codemandado Sr. José Miguel, en los que ni siquiera se hace mención a la actora, así como partes de trabajo semanal que por sí no evidencian lo que pretende la recurrente y hojas de confirmación en muchos de los cuales no aparece firma alguna en el apartado de "firma responsable" y en otros se plasman signaturas ilegibles, sin que se haya puesto de relieve la concurrencia de error de la Juzgadora de instancia en la valoración y hermenéutica de la prueba practicada que avalase la modificación fáctica postulada en el citado motivo de recurso, habiendo hecho uso aquella de las facultades que le otorga el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y llegando a las consideraciones que plasma en el ordinal controvertido a través del análisis de lo actuado, valorando no solo la documental y pericial, sino también los declaraciones testificales y testimonios de las partes en litigio, de manera que no siendo facultad de la parte sustituir por su propio e interesado parecer el objetivo criterio de la Juzgadora de instancia, deviene procedente el rechazo de la pretensión de revisión interesada por el citado codemandado en el apartado primero del motivo primero de su recurso.

TERCERO

En el apartado segundo del motivo primero, se postula por el recurrente la "rectificación y adición del hecho probado séptimo" de la sentencia recurrida ofreciendo texto alternativo al original de dicha resolución, en los siguientes términos: "Sra. Magdalena, auxiliar administrativa da empresa Viajes Atlántico concesionaria del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, reconoce la existencia de una buena relación entre a parte actora y el Sr. José Miguel y que el Sr. José Miguel delegaba en la actora determinadas funciones que ésta vino desempeñando de forma ininterrumpida hasta la fecha de baja laboral -4 de diciembre de 2006- por enfermedad común", apoyando su pretensión de revisión en "la misma documentación obrante en autos reseñada de forma pormenorizada en la revisión del hecho probado sexto anterior y con los mismos efectos revisorios y de trascendencia para el fallo", sin que haya de tener acogida la pretensión del recurrente pues la remisión que hace a la documentación que invocó en el apartado primero del motivo primero no constituye base hábil y asaz a tales efectos en tanto que, por mas que la modificación del hecho sexto interesada por la empresa recurrente no tuvo éxito por las razones que "ut supra" expusimos, tampoco ha de tener acogida la modificación que ahora postula habida cuenta de que no se cumplen los requisitos que, a efectos de revisión, exige un recurso extraordinario como el de suplicación que nos ocupa pues, como es sabido, los hechos declarados probados pueden ser objeto de adición, supresión o rectificación, en el ámbito del recurso de suplicación si concurren diversas circunstancias, a saber, que se concrete con precisión el hecho objeto de la revisión, así como que lo que se pretende incorporar o modificar resulte de forma clara, evidente y directa de la prueba documental y/o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas -no siendo cauce para demostrar el error de hecho, la «prueba negativa», consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente- sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del Juzgador; asimismo, que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se califica de errónea y que el hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación de la sentencia recurrida y que, en modo alguno, ha de tratarse de la nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso, siendo de tener en cuenta que ni siquiera se determina cual o cuales sean los concretos documentos que, entre los numerosos que cita, determinen específicamente y sin necesidad de conjeturas o hipótesis lo que pretende quien recurre sin que pueda soslayarse que, a tenor de la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación, el recurrente está obligado a determinar con exactitud y precisión el documento o documentos concretos y particularizados en que se apoya su pretensión revisora, de manera que, en los motivos en que se denuncia error en la apreciación de la prueba, a quien los formula no le basta con aludir al documento o documentos en que se basa tal error, sino que además ha de exponer en forma adecuada las razones por las que esos documentos acreditan o evidencian la existencia de ese error que se denuncia, siendo por consiguiente necesario que el recurrente explique suficientemente los motivos o argumentos por los que esos documentos conducen a la convicción de que el Juzgador "a quo" ha incurrido en ese específico error, siendo totalmente inaceptable, y por tanto ineficaz, la mera enumeración o cita de tales documentos -sentencia, entre otras, del Tribunal Supremo de 15/7/1995 ( RJ 1995, 6261) - siendo obligado para la parte recurrente, señalar de modo preciso la evidencia del error en cada uno de los documentos sin referencias genéricas -sentencias del Tribunal Supremo, por todas, de 26/9/1995 ( RJ 1995, 6894) , 27/2/1989 ( RJ 1989, 944) y 19/12/1988 ( RJ 1988, 9853) - esto es, la parte recurrente debe señalar el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone - sentencia de 23/9/1998 ( RJ 1998, 7301) - sin que, en el motivo de recurso que nos ocupa, se cumplen, en forma alguna, tales exigencia, por lo que no desvirtuados los criterios de la Juzgadora de instancia deviene procedente el rechazo de la pretensión de revisión auspiciada en el apartado segundo del motivo primero del recurso que interpuso el codemandado Sr. José Miguel.

CUARTO

En el apartado tercero del propio motivo primero del recurso, el codemandado Sr. José Miguel, interesa la "modificación del hecho probado décimo de la sentencia objeto del presente recurso", para que se redacte con arreglo al siguiente texto alternativo: "Con fecha 4 de diciembre de 2006, la actora, inicia un período de incapacidad temporal, con diagnostico de trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo (F. 43.22 DSM IV-TR) que según relata la actora se refiere a situaciones vividas en su trabajo. En su evolución se vio afectada perjudicialmente por la muerte repentina de su madre, siendo tratada en la Unidad de Salud Mental núm. 2 del Área Sanitaria de Santiago de Compostela. La actora no acudió a las revisiones establecidas por la Mutua Intercomarcal impidiendo su control médico, motivo por el cual se le extinguió su derecho al subsidio por incapacidad temporal con fecha de efectos de 26 de marzo de 2006. Durante el período de baja por incapacidad temporal la actora prestó servicios de camarera y cocinera en la Cervecería Larada sita en la Rúa París, Polígono de Fontiñas, Santiago de Compostela. Desde febrero de 2008, según informe de la Inspección de Traballo e Seguridade Social la actora es titular de dicho establecimiento", invocando la documentación obrante en autos así como las fotocopias de los documentos que se acompañan al recurso de la empresa codemandada, citando expresamente los folios 105 a 108, informe médico de síntesis; folio 793, informe de la Unidad de Salud Mental núm. 2 del CHUS; folios 153 a 172, informe de detectives; sentencia que, dice, acompaña al recurso, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santiago, sobre extinción de subsidio de incapacidad temporal e informe de la Inspección de Trabajo, de 22/2/2008, pretendiendo demostrar, en síntesis, que la actora simulaba su patología al no estar impedida para realizar el mismo puesto de trabajo que efectuaba en la empresa codemandada, siendo así que, aun teniendo en cuenta los documentos que cita, presentados por la empresa codemandada con su recurso y que no hay inconveniente en incorporar a autos en atención a lo establecido en el artículo 231 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , cabe dejar patente que la consideración de los informes de la Inspección de Trabajo como prueba hábil a efectos de revisión no es cuestión pacífica, antes bien, reiterada Jurisprudencia, cuya cita deviene ociosa, asevera que los informes de la Inspección de Trabajo no son documentos hábiles a los efectos de revisar los hechos probados, ni las manifestaciones en el acto del juicio de la persona que los confecciona es prueba pericial sino testifical, pues el inspector se limita a recoger en su informe determinados hechos que le constan, bien por percepción directa, bien por manifestaciones de terceras personas o a la vista de documentos que le son presentados, por lo que la valoración de dicha prueba corresponde en exclusiva al Juez de instancia en virtud de las facultades que le confiere el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , mientras que los informes de detectives, aún ratificados en juicio, se ofrecen como una suerte de "testifical documentada" que no constituye medio hábil para la modificación de los hechos declarados probados, habiendo establecido al efecto la Jurisprudencia - sentencias del Tribunal Supremo de 10/2/90 ( RJ 1990, 889) , 6/10/90 ( RJ 1990, 7928) , entre otras- que "tal medio de prueba de habitual utilización y, en ocasiones, instrumento dotado de exclusividad para el eficaz control por el empresario del exacto cumplimiento de los deberes exigibles al trabajador, no constituye, sin embargo, modalidad fedataria alguna susceptible de conformar una prueba documental con garantía pública. En este sentido es de señalar, reiterando un criterio unánimemente compartido por la doctrina y la Jurisprudencia, que dicha prueba no merece sino el calificativo de testifical", en tanto que conforme reiterada Jurisprudencia sobre la materia, de ociosa cita, las sentencias dictadas en otro proceso carecen de naturaleza fáctica a los fines revisorios propuestos, de modo que los medios de prueba aportados a un proceso pueden reflejar una realidad no acreditada en la contienda resuelta y el informe médico de síntesis no deviene asaz para acreditar lo que pretende el recurrente en tanto que el informe de la Unidad de Salud Mental tampoco es suficiente para desvirtuar las consideraciones sentadas por la Juzgadora de instancia en el ordinal cuya modificación se postula que, en atención a lo expuesto, ha de mantenerse inalterado en su redacción original.

QUINTO

Aún en el ámbito de la revisión fáctica, integrando el apartado cuarto del motivo primero de su recurso, el codemandado Sr. José Miguel, solicita la modificación del ordinal undécimo ofreciendo el texto siguiente: "Si bien la actora se encuentra de baja por incapacidad temporal desde el día 4 de diciembre de 2006, se le retira el subsidio por incomparecencia a las revisiones médicas de la Mutua Intercomarcal desde el 26 de marzo de 2006, constando que trabajó durante el período de incapacidad temporal y, asimismo, consta que desde febrero de 2008 regenta un negocio de Hostelería Cervecería Larada, según informe de la Inspección de Trabajo", remitiéndose, en apoyo de sus pretensiones de revisión, a "los mismos documentos y argumentaciones que en la revisión anterior", lo que determina que tal pretensión haya de seguir la misma suerte desestimatoria que el anterior apartado, excepto en la supresión de un párrafo a que hemos de referirnos más adelante, pues como establece inveterada doctrina, "en recta aplicación de lo prevenido por el invocado apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , cualquier modificación o alteración en el relato de hechos consignados como acreditados por el Juzgador "a quo" no sólo ha de resultar trascendente a efectos de la solución del litigio sino que, en todo caso, ha de apoyarse en concreto documento auténtico o prueba pericial que, obrante en los autos, patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable y sin necesidad de acudir a argumentaciones lógicas, naturales o razonables el error de aquel juzgador, cuya facultad de apreciación conjunta que respecto de los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- aportados a los autos, le otorga el artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, no puede verse contradicha ni desvirtuada por valoraciones distintas o conclusiones directas de parte interesada", lo que determina que no haya de tener éxito la incorporación del texto que propone la parte recurrente pero si ha de modificarse, en parte, el ordinal controvertido pues debe suprimirse los párrafos relativos a "... relacionadas ca actuación do Sr. José Miguel" y "existindo unha relación causal entre esta descripción e o seu posto de traballo desempeñado no Palacio de Congresos", no solo por coherencia con lo que razonaremos con posterioridad sino, esencialmente, porque tales asertos integran un supuesto de predeterminación del fallo que no es propio de plasmarse en el relato histórico, ya que, precisamente, el objeto del proceso es el análisis y sustanciación de la actuación del codemandado y, en su caso, su influencia en la situación de la actora, por lo que implicando la citada frase una valoración jurídica la misma ha de tenerse por no puesta, de manera que el ordinal undécimo quedará redactado como sigue: "A actora ten una amplia implicación laboral, padecendo secuelas psíquicas referidas ó posto de traballo, presentando depresión, ansiedade, somatización, pensamentos obsesivos compulsivos e psicoticismo".

SEXTO

Ya en sede jurídica, con amparo procesal en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , el recurrente denuncia la infracción del artículo 24 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) y Jurisprudencia aplicable, y, asimismo, la infracción de los artículos 10 y 15 de la Constitución Española en relación con el artículo 4.2.d) y e) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) y de la Jurisprudencia aplicable así como del artículo 5.c) del Estatuto de los Trabajadores y doctrina que lo desarrolla y la infracción por aplicación indebida de los artículos 96, 179.2 y 181 de la Ley de Procedimiento Laboral y la Jurisprudencia de aplicación, arguyendo, en esencia, que en el caso presente, no tuvo forma de defenderse frente a los hechos por no estar descritos con detalles y precisión en la demanda y que pese a haberse denunciado la comisión de hechos muy graves supuestamente cometidos por el Sr. José Miguel, la propia Juzgadora de instancia reconoce expresamente en el fundamento jurídico quinto que no quedó acreditado que el demandado profiriese insultos o comentarios obscenos o de contenido sexual ni que le hiciese referencias constantes, a la actora, acerca de su físico con ánimo de vilipendiar, ni tampoco quedó acreditado que en el momento de viajar a Sada la actora pusiera en conocimiento de su superior tales actos, además de que se demostró su capacidad laboral al regentar otro establecimiento estando de baja y, en definitiva, que no hay duda acerca de la inexistencia del acoso denunciado, por lo que interesa la revocación de la sentencia de instancia.

SÉPTIMO

Al respecto, cabe señalar que, en línea con lo que esta misma Sala ha venido manteniendo en atención a inveterada doctrina del Tribunal Supremo y resoluciones del Tribunal Constitucional, cuando se alegue por un trabajador la concurrencia de una conducta empresarial supuestamente vulneradora de derechos fundamentales, es carga del empresario la demostración de que su actuación responde a causas razonables y desprovistas de toda intención de vulnerar los derechos de su empleado, lo que se identifica no solo con el interés de proteger tales derechos fundamentales, sino que también responde a la dificultad que, en la práctica, tiene el trabajador, parte más "débil", con carácter general, de la relación laboral, para probar la existencia de una actuación lesiva a aquellos derechos, pero, por otra parte, tampoco se ha de situar al empresario ante la prueba diabólica de un hecho negativo, como es la inexistencia del referido móvil lesivo, y que sólo se le puede exigir que acredite que su proceder obedece a motivos razonables ajenos a cualquier propósito contrario al derecho fundamental en cuestión, a lo que cabe añadir que, para imponer dicha carga probatoria al empleador, no es suficiente la mera alegación por parte del trabajador, sino que ha de comprobarse la existencia de indicios de que la causa atentatoria a un derecho fundamental se hubiera producido, y a ello se refieren, precisamente los artículos 96, 179.2 y 181 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , que determinan que de lo alegado por la parte actora se ha de deducir la existencia de indicios de discriminación por razón de sexo, por motivos sindicales o por vulneración de los demás derechos fundamentales, siendo así que, en el caso que nos ocupa, no consideramos que la demanda rectora del proceso esté viciada de inconcreción o falta de descripción detallada de los hechos que se le imputan a la parte demandada pues, en esencia, se ajusta y cumple los requisitos a que se contrae el artículo 80.c) de la Ley de Procedimiento Laboral, la enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas, sin que puedan aducirse hechos distintos a los establecidos en conciliación o reclamación previa, estimando el recurrente que el demandante no ha cumplido tales prescripciones y que ello le ha causado indefensión a la hora de articular los medios de defensa de que necesitaba valerse, a juicio de esta Sala la lectura del escrito rector del proceso determina que no existe la inconcreción de hechos que se pregona, pues refleja con claridad suficiente lo que se pide y el motivo por el que se pide, plasmándose en el suplico las concretas pretensiones de la parte actora con los que, en esencia, se identifica la resolución impugnada a excepción del alcance de la indemnización allí postulada sin que, por otra parte, sea acogible la invocación de indefensión que efectúa quien, no solo se opuso a las pretensiones de la actora, sino que tuvo oportunidad de solicitar, y así lo hizo, la práctica de las pruebas que consideró procedentes en pro de sus intereses, de manera que no ha de tener acogida la denuncia de infracción normativa a que se contrae el apartado primero del motivo segundo del recurso, antes meritada.

OCTAVO

Por lo que atañe a la censura jurídica reflejada en los restantes apartados del propio motivo segundo, cabe establecer que, si en la demanda rectora del presente litigio la parte actora hizo mención, a efectos de poner de relieve la concurrencia de una situación de " mobbing ", en esencia, a que "en la prestación de su trabajo... es sometida a continuas vejaciones y maltratos psíquicos de forma sistemática y recurrente por el encargado de la misma José Ramón (sic)", añadiendo que "por parte de éste se le dirigen comentarios obscenos y ofensivos en presencia de otros trabajadores de la misma empresa, incluso ajenos a la propia demandada pero que prestan servicios en el ámbito de la concesión principal, tanto referidos a su aspecto físico como a otros ámbitos de su vida privada o familiar, el desempeño de sus funciones en el ámbito laboral o vinculadas a su condición de mujer, tales como bromas sexistas o comentarios soeces de contenido sexual. El mismo encargado le retira gran parte de las funciones que venía realizando, variando habitualmente su horario de trabajo y procurando que no permaneciera en la empresa en momentos de gran actividad laboral , como celebración de eventos tales como congresos o convenciones u ordenándole que realizara funciones que habitualmente no realizaba y por el contrario sustrayéndole otras, en contra de los usos y hábitos precedentes. Se censura de forma pública su trabajo. Se difunden rumores en el ámbito empresarial que afectan a su honorabilidad imputándole culpabilidad de determinados acontecimientos en la empresa. Y todo ello en un contexto de relación laboral asimétrica entre el encargado y la trabajadora precedida de una relación personal entre ambos cordial y próxima y, como es propio en muchos de estos episodios, con cierto consentimiento por los demás trabajadores de la empresa demandada en el ámbito de la concesión que, además, desarrollan conductas hostiles hacia la demandante por indicación del encargado de la empresa demandada", así como que "la trabajadora había puesto en conocimiento del empresario la situación antes descrita y la negativa influencia de la misma en su estado psíquico. Por el empresario no se adoptó medida alguna", es procedente recordar que, en el relato histórico de la sentencia de instancia se deja patente, en lo esencial, que "Inicialmente a relación entre a actora co Sr. José Miguel e afable, e boa, incluso o Sr. José Miguel realiza certas delegacións das suas facultades hacia a demandante, así como se apoia nela para o control de toda a organización dos distintos eventos, chegando en certa ocasión o Sr. José Miguel regalalle un bolso, á actora" -ordinal quinto- y que "Con posterioridade o Sr. José Miguel retiralle todas esas facultades anteriores a actora así como un día chega incluso a mandala de volta para a casa despois de que a actora acudise ó seu posto de traballo conforme o previsto, chegando a non falarlle directamente a actora así como mantendo discusións ca mesma" -ordinal sexto-, así como que "Sra. Magdalena auxiliar administrativa do centro laboral da actora coñece que nun primeiro momento a relacion entre a parte actora e o Sr. José Miguel delegando na misma, mentres despois este último retíralle determinadas concesions anteriores, asi como que incluso nunha ocasión a actora serveu dous pratos primeiros e esto provocou unha reprimenda por parte do Sr. José Miguel asi como nunha ocasión o Sr. José Miguel e referindose ó marido da actora indica que este tiña sangue de horchata" -ordinal séptimo- y "Sra. Teresa directora do centro, acude xunto cos seus fillos a unha actuación dos Lunnis no centro de traballo, acudindo igualmente as fillas da actora así como os do Sr. José Miguel, cando ó día seguinte, a actora lle pregunta como se portaron as fillas dela, dado que o Sr. José Miguel lle manifestara que estas se portaran mal durante a actuación" -ordinal octavo- y "nunha ocasión o Sr. Jesús Manuel, cociñeiro do Palacio de Congresos e compañeiro da actora así como Sra. Asunción cociñeiro do mismo centro e compañeira da actora así como a actora mesma, acuden ó lugar de Sada donde ten a sua sede o xefe superior Sr. Rodrigo en donde todos espuxeron o seu descontento hacia o Sr. José Miguel en relación a sua capacidades organizativa ca cal estaban descontentos así como o Sr.Jesús Manuel puxo de manifesto que o Sr. José Miguel facía criticas sobre a sua comida" -ordinal noveno- en tanto que en el ordinal décimo se hace mención al inicio de un período de incapacidad temporal por parte de la actora con diagnostico de "cuadro ansioso depresivo reactivo a su puesto de trabajo" y en el undécimo se hace mención a secuelas psíquicas referidas al puesto de trabajo, mientras que en el fundamento jurídico cuarto, después de aseverar que quedó acreditado que la actora con el beneplácito del Sr. José Miguel disponía de cierta capacidad de organización y responsabilidad dentro de la empresa, se afirma que con posterioridad le fueron retiradas esas facultades por aquel con repercusión ante sus compañeros y asimismo, que quedó acreditado que el citado Sr. José Miguel recriminó a la actora de forma pública por haber servido dos primeros platos y que "en una ocasión" la hizo regresar para su casa cuando la actora acudió a su trabajo y que le hizo comentarios acerca de la mala conducta de sus hijas en una actuación de los Lunnis en el centro laboral , para en el fundamento jurídico quinto, tras establecer que la baja de la actora era derivada de una reacción depresiva al puesto de trabajo y relacionada con la actuación del Sr. José Miguel, la Magistrada de instancia asevera, rotunda e inequívocamente, que no queda acreditado -lo cual resulta ser bastante llamativo porque lo más lógico hubiera sido que, apreciada la credibilidad subjetiva y objetiva de la declaración de la trabajadora, la persistencia en la incriminación y la existencia de corroboraciones periféricas en orden a determinados extremos de su declaración, que son, a la postre, los únicos que declara probados, no hubiera declarado probada la totalidad de los extremos fácticos especificados con mayor amplitud, como hemos señalado "ut supra", en la demanda rectora de actuaciones, y porque esa consecuencia se derivaría asimismo de la aplicación de la prueba de indicios o del principio de prueba en materia de acreditación de la lesión de derechos fundamentales en los términos reiteradamente expuestos en Jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, así como en la propia de esta Sala- que el demandado profiriese contra la actora insultos o comentarios obscenos o de contenido sexual ni que le hiciese referencias constantes acerca de su físico con ánimo de vilipendiar ni tampoco quedó acreditado que en el momento de viajar a Sada, la actora pusiese de manifiesto ante su superior tales actos, es decir, en el fundamento jurídico quinto "in fine" de la resolución de instancia, la Juzgadora "a quo", haciendo uso de las facultades de valoración e interpretación de los elementos de prueba llevados a cabo en autos, "ex artículo" 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , llega a la consideración de que los actos aparentemente mas relevantes de entre los que se le imputaban al codemandado, y por ende, a la empresa empleadora, no han sido acreditados, esto es, a los efectos de la sustanciación del presente litigio la Sala debe partir de la base de que no han acaecido, lo cual será trascendental a los efectos de aminorar el quatum indemnizatorio, aunque sigamos entendiendo, como lo hizo la Juzgadora de instancia, que los hechos recién relatados y declarados probados son suficientes en grado asaz para considerar la existencia de una actitud empresarial de acoso moral, siquiera no tan grave como el que se derivaba de las alegaciones expresadas en la demanda rectora de actuaciones, y ello es así, en primer lugar, porque, aunque es verdad que la modificación de facultades de la actora que le habían sido otorgadas por el propio Sr. José Miguel en modo alguno se correspondían o eran inherentes a la categoría profesional de camarera que, a tenor de lo actuado, ostenta la actora, de manera que, en principio, no parece que hubiera obstáculo alguno para que el encargado, en aras del poder de dirección que le adorna por delegación del titular de la empresa, pudiera disponer la modificación de las facultades de organización y responsabilidad de que, en términos de la propia sentencia, disfrutaba la actora "bajo el beneplácito del Sr. José Miguel", no es menos cierto que ninguno de los demandados ha expresado una causa justificativa, en términos racionales y objetivos, suficientemente probados, y conforme a un criterio de proporcionalidad, del cambio de criterio, o que, aunque pudiera ser insuficiente a los fines de justificar el cambio de criterio, permitiera alejar la sospecha de actuación maliciosa por parte del Sr. José Miguel, como directivo de la empresa y en contra de la trabajadora ahora demandante; en segundo lugar, porque -siguiendo el orden de los hechos recogido en el relato fáctico judicial- "o Sr. José Miguel... un día chega incluso a mandala de volta para casa despois de que a actora acudise ó seu posto de traballo conforme o previsto", lo cual, a la vista de nuevo de la total ausencia de justificación y atendiendo a las circunstancias concurrentes, demostrativas de un claro cambio de actitud del Sr. José Miguel con respecto a la actora, nos sitúa en un acto empresarial arbitrario en la medida en que, encontrándose la trabajadora puesta a disposición de la empresa en los términos previstos en la normativa laboral aplicable, se rechaza su prestación sin expresar ninguna causa justificativa, en el fondo porque al Sr. José Miguel le da la gana; en tercer lugar, porque se llega a una situación de "non falarlle directamente á actora", actuación de "ninguneo" que es conducta típica del hostigamiento moral, con la cual se degrada la autoestima de la víctima, al extremo de hacerle sentir su prescindibilidad dentro de la propia empresa, en una línea de ataque semejante a la derivada de la anterior actuación de mandarla de vuelta a casa que demuestra que, más allá de las actuaciones individuales, se produce un móvil de hostigamiento que les da sentido unitario a todas esas actuaciones individuales; en cuarto lugar, porque el mantenimiento de discusiones que se declara probado con carácter genérico -ordinal sexto "in fine"- se utiliza, dentro de un plan perverso de hostigamiento, como mecanismos de descrédito profesional de la víctima del acoso moral, y ello se consigue no sólo con discusiones irracionales o sin motivo alguno aparente, sino incluso con amonestaciones verbales o llamadas de atención que pudieran estar justificadas en previos incumplimientos del trabajador hostigado, pero a las que se les da una difusión inapropiada o un exceso en el ejercicio del poder disciplinario, que las permite alcanzar esa misma finalidad de descrédito, como es lo que, a juicio de la Sala, efectivamente ocurre con la "reprimenda" de que fue objeto la actora por servir dos primeros platos -se supone que en lugar de un primero y un segundo platos-, porque, aunque acaso se justifica en un previo incumplimiento de la actora, no es menos cierto que -tal como se redacta el hecho probado- ese incumplimiento posibilita una actuación de "reprimenda" que es vista como tal por Sra. Magdalena, auxiliar administrativa del centro laboral de la actora, quien si se ha enterado de ella ha sido, sin duda alguna, porque quien reprendió quiso que su "reprimenda" tuviese esa publicidad, totalmente ineficaz a los efectos de ejercicio del poder disciplinario, pero totalmente eficaz a los fines de descrédito de la trabajadora que, de nuevo, se demuestra laten detrás del comportamiento del Sr. José Miguel; asimismo, en quinto lugar, porque en una ocasión el Sr. José Miguel dice que el marido de la actora tiene "sangue de horchata", desde luego un comentario de mal gusto y que sigue en la línea de atacar la dignidad de la propia trabajadora y tales circunstancias aquí referenciadas, apreciadas en su conjunto, constituyen claramente el acoso moral vulnerador de derechos fundamentales esenciales de la persona trabajadora a que se contrae la demanda rectora de la litis, pues, si el acoso moral en el ámbito laboral , como se colige de la doctrina Jurisprudencial y de los autores, consiste en la existencia de situaciones de hostigamiento a un trabajador a través de la concurrencia reiterada de actitudes de presión o violencia psicológica que provocan en el trabajador situaciones de stress. o ansiedad, desembocando en su aislamiento en el marco laboral , ello acaece en el caso de autos, y esa conclusión se compadece con la concurrencia de un "cuadro ansioso depresivo reactivo a su puesto de trabajo", cuya existencia opera como nuevo indicio de la existencia de la vulneración de derechos fundamentales, lo cual nos lleva, en conclusión, a la desestimación de los motivos de suplicación en cuanto pretendían llevar a la Sala el convencimiento de inexistencia de lesión de derechos fundamentales, pero no impide aminorar el quantum indemnizatorio, pues si no es cierto que, como afirma la Juzgadora de instancia, el demandado profiriese contra la actora insultos o comentarios obscenos o de contenido sexual, ni que le hiciese referencias constantes acerca de su físico con ánimo de vilipendiar, debemos concluir como correcta la cantidad de 18.000 euros atendiendo a la propia gravedad objetiva de los hechos relatados, que no es tanta como la de los hechos expresados en la demanda, y atendiendo a las secuelas que recién hemos expresado, siendo de dejar patente que la emisión de opiniones, elucubraciones o conclusiones de carácter jurídico o valorativo que no sean estrictamente relativas a las dolencias o secuelas de la actora, no devienen vinculantes para la sustanciación del caso, pues los Jueces y Tribunales, sin perjuicio de la inestimable colaboración y asesoramiento que prestan los distintos profesionales de las distintas ramas del saber, pueden, y deben, formar sus propios criterios y razonamientos en orden al alcance que haya de otorgársele en cada caso a tales informes, y siendo también de tener presente que, como se desprende de un análisis complementario e integrador de la documental de autos, obran informes médicos, en concreto el de la USM 2 del Área de Santiago, que se refiere a un diagnostico de trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, destacando que la evolución se vio afectada por el fallecimiento de su madre.


NOVENO

En lo atinente al recurso que interpuso la empresa codemandada, Geshostel Catering, SL, la mera lectura de los términos del mismo pone de relieve que coincide casi literalmente -excepción hecha del idioma en que están redactadas las solicitudes de revisión fáctica- con el que acabamos de sustanciar, interpuesto por el codemandado Sr. José Miguel, de manera que, articulando la empresa, en el motivo primero del recurso con amparo procesal en el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , los mismos apartados relativos a la revisión fáctica para lo que ofrece igual redacción alternativa en cada uno de ellos y denunciando, en sede jurídica con amparo procesal correcto, las propias vulneraciones normativas y de la Jurisprudencia a que se refirió el recurso del codemandado, coincidiendo, asimismo, los argumentos y razonamientos que esgrime en pro de sus intereses, solicitando, como aquel, la revocación de la sentencia impugnada y la desestimación integra de la demanda con absolución de los pedimentos formulados en su contra, no cabe sino referirnos a lo establecido "ut supra" para evitar inútiles repeticiones, añadiendo, en todo caso, que la responsabilidad de la empresa -que, por cierto, no se cuestiona en un apartado separado en el escrito de interposición del recurso de suplicación- se deriva de la actuación desidiosa de la empresa frente a las situaciones de violencia, ya que, ni, con carácter general, consta la existencia de medidas de prevención del acoso moral dentro de la empresa, ni, con carácter concreto, consta que la empresa haya hecho nada cuando la trabajadora y otros dos compañeros se dirigieron al jefe superior al Sr. José Miguel para manifestar su descontento en cuanto a la capacidad organizativa de éste, pues si bien la actora no comentó nada sobre su problema, una actuación empresarial mínimamente diligente hubiera llevado a comprobar los términos de esa queja de los subordinados del Sr. José Miguel, y hubiera permitido aflorar dicho problema.

DÉCIMO

En consonancia con lo resuelto hasta el momento, estimando parcialmente los recursos de suplicación respectivamente formulados por Geshotel Catering, SL y José Miguel contra la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santiago de Compostela con fecha 2/2/2008 en autos núm. 872/08, sobre tutela de derechos fundamentales y con revocación parcial de dicha resolución, procede reducir la indemnización a 18.000 euros, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia. Ha de darse a los depósitos y consignaciones, si hubiere, el destino legal correspondiente.

FALLAMOS

Por todo ello,

Estimando en parte los recursos de suplicación articulados, respectivamente, por la empresa Geshotel Catering, SL y José Miguel contra la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santiago de Compostela con fecha 2/2/2008 en autos núm. 872/08, sobre tutela de derechos fundamentales, y con revocación parcial de dicha resolución, aminoramos la cuantía indemnizatoria fijándola en la cantidad de 18.000 euros manteniendo inalterados los demás pronunciamientos de la citada resolución. Ha de darse a los depósitos y consignaciones, si hubiere, el destino legal correspondiente.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.

&
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El mobbing se caracteriza por el resultado, el abandono del puesto de trabajo por acoso laboral, al igual que se caracteriza por la falta de apoyo a la misma del resto de compañeros, no sea que ocupen su "sitio".

Así las cosas le informe que puede seguir el siguiente protocolo.

1-Presentar denuncia, por escrito, ante la dirección de la empresa.
2-Ante la ausencia de movimientos por parte de la empres, que es lo habitual, debe pensar en interponer denuncia por coacciones ante la Policía, Guardia Civil o Juzgado, única forma de eliminar de golpe la impunidad con la que siente que le están tratando.
3-Ante cualquier duda acudir a los servicios que sobre su problema llevan a cabo los sindicatos, no dude en acudir en demanda de ayuda.

Acepte la respuesta y reciba un cordial saludo.


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