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José M.
José M., Abogado ejerciente
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Querría saber el porcentaje de exito de que declaren nulo o

Pregunta del cliente

Querría saber el porcentaje de exito de que declaren nulo o improcedente un despido disciplinario donde en la carta de cargos y en la carta de despido introducen temas relacionanados con la relación con un cura del pueblo o con la ideologia política del trabajador. El acto de conciliación puede ser viable o es mejor esperar sentencia.
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Derecho Laboral
Experto:  José M. escribió hace 4 año.

Hola

 

Son muchas las sentencias que han declarado nulo ó improcedente un despido por basarse en la ideología política, la intimidad, y en conclusión no respetar los derechos fundamantales del trabajador. No es tanto un problema de porcentajes como de habilidad de su abogado de defender su postura y saber hacer valer la realidad de los hechos

 

Si el despido incide en ideoliogías políticas, la intimidad, o similares, las posibilidades de que el despido sea declarado nulo es muy alta

 

Respecto de su duda sobre el acto de conciliación, debe saber que es un trámite de obligado cumplimiento antes de poder intreponer la demanda y que no es posible acceder a interpnerla sin efectuar el trámite

 

Depende de la estrategia de su abogado de Ud o el de ellos, poner mayor o menor interés en el acto de conciliación y que se llegue en él a un acuerdo y ésto es así porque se juegan los salarios de tramitación, es decir, que si lo vemos fácil, no tenemos que acceder a negociar, y nos interesa que pase más tiempo para cobrar sin trabajar esos salarios de tramitación

 

le dejo un ejemplo de despido improcedente por discordancia en la ideología política, Hay muchos ejemplos similares

 

TSJ Galicia, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 2625/2008, de 9 de julio Recurso 2452/2008. Ponente: RICARDO PEDRO RON LATAS. EXTRACTOS Despido improcedente y no nulo: inexistencia de discriminación por razones de ideología política: cese por disconformidad con la gestión del anterior gobierno municipal en cuanto a su contratación "... Y el que caso que nos ocupa, no existe en autos indicio alguno valorable de la existencia de móvil discriminatorio en la decisión extintiva empresarial de 31 de octubre de 2007. Por un lado, no consta probado que la demandante tuviera una ideología política distinta a la del nuevo equipo de gobierno de la corporación local demandada, ni tampoco que, de existir, esa diferente ideología política le constara a los nuevos dirigentes locales. Y por el otro, según resulta de la relación fáctica de la resolución de instancia, el informe del Consello de Contas señala que la plaza que ocupa la actora no tiene cobertura legal, debiendo ser cubierta por funcionario mediante procedimiento de selección, lo que permite sostener que una de las posibles razones por las cuales el nuevo equipo de gobierno no siguiera con la contratación de la actora no fueron las diferencias ideologicas, sino la disconformidad con la gestión del anterior gobierno municipal (que resulta de la normal alternancia política en las instituciones democráticas), que contrató a la actora de manera irregular (en claro fraude de ley), debiendo ponerse de manifiesto a este respecto que "el empleador de carácter público «ha de actuar siempre con objetividad y plena sumisión a la legalidad (arts. 103.1 y 106.1 CE ), sin asomo alguno de arbitrariedad (art. 9.3 CE )»" (STCo 49/2003, de 17 de marzo). En definitiva, habiendo señalado con anterioridad que, cuando se alegue que una determinada medida encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales, incumbe al autor de la medida la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental, si bien, para imponer la carga probatoria expresada la parte actora ha de aportar un indicio razonable de que el acto impugnado lesiona sus derechos fundamentales, sin que sea suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional, correspondiendo a la parte demandante aportar un indicio razonable de que la alegada lesión se ha producido, esto es, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquel acto para, una vez aclarado, hacer recaer sobre la parte demandada la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable su decisión. Sin embargo, en esta ocasión no existen esos indicios necesarios para obligar al organismo demandado a que acredite que su actuación obedece a motivos extraños a la lesión del derecho fundamental. Debe así decaer, en fin, la fundamentación que se arguye en el recurso, no existiendo causa discriminatoria a los efectos pretendidos. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Carmela en reclamación de DESPIDO DISCIPLINARIO siendo demandado CONCELLO DE VALDOVIÑO (A CORUÑA). En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm.(NNN) NNN-NNNN/2007 sentencia con fecha trece de Febrero de dos mil ocho por el Juzgado de referencia que estimó la demanda. SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes: "PRIMERO: La demandante es Técnica de Gestión Municipal. desde 26-7-2000, con salario bruto mensual de 1823,77 euros; no es representante legal del personal; el objeto de su contrato de trabajo, "por Obra o servicio determinad era: Gestión Municipal de Apoyo a Secretaría e intervención; en su cláusula adicional se indica que cesará, una vez finalicen los trabajos a realizar gestión municipal de apoyo a la Secretaría e Intervención (fol. 21-22) . En fecha 1-7-01 se le prorrogó por un año; luego devengó y se le abonaron trienios. .- SEGUNDO: La carta de cese, firmada por la Sra. Alcaldesa (fol 31) señala que han decidido proceder a la finalización de su relación contractual con efectos de 31 de octubre(en este día se recibe). Se menciona el informe del Consello e Contas (folio 45) sobre la plaza de técnica de Apoyo Secretaría e Intervención es puesto de personal laboral fijo pero que no tiene cobertura legal, que tiene fraude de ley, que debería ser puesto en verdad de Funcionario con procedimiento de selección de funcionario interino. .-Finaliza dicha carta indicando que al ni ser personal fijo de plantilla sino ocasional y transitorio y que los puestos de Secretaría e Intervención están cubiertos por funcionarios con habilitación estatal, no hay justificación para la prestación de la Sra. Carmela. .-TERCERO: La demandante realizaba esencialmente tareas relacionadas con Subvenciones; esta actividad supone un presupuesto aproximado de 3 millones de euros en dos años el presupuesto anual aproximado del Concello es también de tres millones de euros. .-CUARTO: XXXXX XXXXX anterior período de Gobierno existió un concejal (que había intervenido en la contratación inicial de la demandante) que en 2003 realizaba manifestaciones en el Pleno referidas a la demandante considerando que ella no era competente para el trabaj o que tenía asignado, que había sido un error cuando la contrató; en 2004 dicho Sr .-Concejal hace mención a un informe de la Diputación, Provincial suficiente para que deje el puesto; en 2005 que se debía solucionar el problema de la demandante. .-QUINTO: XXXXX XXXXXábado 16-6-07 toma posesión la nueva Sra Alcaldesa, tuvo el voto de apoyo, entre otros del concejal que en la anterior etapa formuló las anteriores manifestaciones. .-El lunes 18 por la Secretaria y un concejal se requiere a la demandante para que entregue los documentos que tenga del área de Intervención. Y los entregó. .-SEXTO: XXXXX XXXXX días 20 a 22 de junio la demandante tuvo baja médica; estando cerrado y no encontrando la llave del armario donde se guarda documentación municipal del área de trabajo de la demandante, se abre por un operario con un destornillador, existiendo también vasos y botella se hace ir a un Policía Local. .-La demandante tiene nueva baja médica, durante la cual es telefoneada por la Sra. Alcaldesa en relación con expedientes que había tramitado; cuando se reincorpora el 18-9-07 en el lugar que había ocupado estaba la Sra. Interventora Municipal que se había incorporado tras, baja de 9 meses, en julio; otro despacho próximo estaba ocupado por un Asesor jurídico contratado a mediados de julio, aunque esencialmente tenía como cometido temas de Urbanismo, también se le encargaba el análisis de otros documentos de tipo jurídico que pasasen desde Secretaría a Alcaldía. .-SEPTIMO: Cuando la actora se incorpora tras baja médica, el 18 de septiembre se le da ocupación en la sección de Registro de Entrada y Atención al público y con tareas de transcribir actas y algunas subvenciones pues otras las llevarán en otros Servicios; Siendo Técnica del Concello ahora es la única que no tiene despacho individual. Su equipo informático carece de conexiones que antes tenía y cuando necesita utilizarlas debe hacerlo con ordenadores de las otras personas. .-OCTAVO: El 17-2-2004(folio 56)se realiza informe por parte del Area de Asistencia a Municipios (fol 46 y ss) donde se señala, sobre reclamación de la demandante, que se deberían concretar las tareas, que los puestos de Secretaria e Intervención deben ser cubiertos por funcionarios con habilitación nacional, que el contrato de la demandante es para obra o servicio transitorio y ocasional y que se extinguiría cuando acabasen los servicios para los que había sido contratada. .-NOVENO: En Informe del Consello e Contas además de hacer referencia a la demandante, también lo hace respecto a la Trabajadora Social y Auxiliar de Servicios Sociales (folio 84); de la primera se indica que existe una realización laboral irregular; de la segunda que su contrato se hizo de manera irregular. Llegó al Concello el 13-8-07. Respecto a la demandante se indica que su contrato es fraude de Ley, aquellas otras dos personas siguen trabajando en el Concello. .-DÉCIMO: El 17-2-2004 el Área de Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña realizó informe para el Concello sobre escrito de la demandante y reclamación retributiva donde se indica que las funciones de Secretaría e Intervención no se pueden hacer por personal laboral como es la Sra. Carmela y no considera justificado el incremento de un 64,85 hecho en 2001 respecto a 2000 (f. 17 de la documental del demandado) y que habrá de notificársele la finalización de su contrato cuando concluya la obra o servicio para la que fue contratada (que no pueden ser "de apoyo a la Secretaría e Intervención").-DÉCIMOPRIMERO: Durante el tiempo que la demandante prestó servicios los puestos de Secretario/a y de Interventor/a se cubrían de diversos modos y tiempo no ininterrumpido. Desde antes del cambio de Equipo del Gobierno ya hay funcionaria fija como Secretaria, y la Interventora se incorporó en Julio 2007..-DÉCIMO SEGUNDO: En grabación televisiva (localia) del 25-X07 la Sra. Alcaldesa indica que las necesidades de personal y plazas a crear dependerán de la situación de tesorería pendiente de concretar." TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimando la petición subsidiaria de la demanda presentada Ir Dª Carmela contra el CONCELLO DE VALDOVIÑO declaro que la decisión de cese es un despido improcedente, debiendo el Concello en 5 días tras recibir la sentencia aunque recurra, optar entre readmitirla o indemnizar con 20.060 ,70 €. Abonándole en todo caso los salarios dejados de percibir desde el día siguiente al despido hasta a aquél en que reciba la sentencia a razón de 60, 79€ diarios, y que hasta hoy son 6.382,95 €. .- De no optar se entiende que elige la readmisión en cuyo caso se ejecutará provisionalmente si hay recurso y si se optó por indemnizar procederá la situación legal de desempleo conforme al art. 112.1 de la L.P.L." CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, que estimó subsidiariamente la demanda, declarando improcedente el despido de la actora, interpone recurso su representación letrada, interesando, en primer lugar, al amparo del art. 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral , la revisión de los hechos declarados probados en la resolución de instancia, con el fin de que el HDP 12º quede redactado como sigue: "En grabación televisiva (localia) de 25-X-07 la Sra. Alcaldesa indica que el personal del concello es insuficiente y las necesidades de personal y plazas a crear dependerán de la situación de la tesorería pendiente de concretar". La revisión se apoya en la grabación televisiva de la cadena de televisión Localia que figura en el DVD que consta unido a los autos. Sin embargo, la misma no prospera, puesto que según doctrina constante de esta Sala la Suplicación es un recurso extraordinario y no una apelación, que habilite para examinar nuevamente toda la prueba obrante en autos, de manera que sólo permite excepcionalmente fiscalizar la labor de valoración probatoria llevada a cabo por el juzgador a quo, lo que se traduce, entre otras cosas, en que no sea admisible la prueba testifical, el interrogatorio de las partes (incluida la ficta confessio) o la prueba indiciaria, porque contraen su eficacia a la instancia, ni tampoco la declaración de las partes o la testifical cuando aparezcan enmascaradas de documental, como sería el caso de un DVD en el que aparecen manifestaciones de la Sra. Alcaldesa en un programa de televisión, no resultando así medio hábil para lograr una modificación de los hechos declarados probados, al no perder su verdadera naturaleza de prueba testifical incapaz de demostrar la equivocación evidente del juzgador conforme a lo prevenido por el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral . El DVD, por su parte, tampoco resulta ser medio probatorio hábil para lograr una modificación de los hechos declarados probados, al no poder admitirse su carácter de prueba documental (la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia debe fundarse en prueba pericial o en una verdadera prueba documental, y no de otra clase); y es que, si bien los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten el archivo y conocimiento de datos son admitidos como prueba en los artículos 90.1 de la LPL y 382 y siguientes de la LEC, lo cierto es que cuando éste última norma los reconoce lo hace como medios autónomos de prueba, esto es, como un medio de prueba distinto de los documentos públicos y privados que tipifica el art. 299 de la LEC , de ahí que, al carecer el disco de DVD del carácter de prueba documental a efectos de recurso, y resultando únicamente medios hábiles para la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia la prueba pericial o en una verdadera prueba documental, la revisión (ya se dejó escrito) no prospera. SEGUNDO.- Con sede en el art. 191, apartado c), de la Ley Rituaria Laboral , la parte recurrente formula los restantes motivos de suplicación, en los que denuncia infracción del art. 14 CE (y demás normativa y jurisprudencia concordante) y art. 179.2 LPL , por estimar, en esencia, que existió una discriminación por razones de ideología política. El motivo no prospera. En primer lugar, conviene indicar que el invocado art. 14 CE no puede, por sí solo, fundamentar un motivo de suplicación, dada la generalidad del precepto; y es que, si bien es cierto que la CE es nuestra Ley Fundamental, ello no impide que para lograr la plena efectividad de sus Derechos y Libertades corresponda (cuando menos, en los supuesto de despido disciplinario) al poder legislativo acordar en situaciones específicas como la que aquí nos ocupa la medida adecuada para lograr la plena efectividad del principio de igualdad o de no discriminación. Y siendo ello así, resulta evidente que la mera alegación del art. 14 CE no puede fundamentar sin más un recurso de suplicación a la vista de su generalidad, debiendo para ello haber citado la parte recurrente como infringido algún concreto precepto positivo de norma sustantiva laboral (o jurisprudencia que lo desarrolle), en el que arraigue la protección concreta del principio constitucional, así como el mandato de dicho signo cuya transgresión se alega, puesto que es la norma sustantiva (el ET y la LPL) la que, en esta concreta ocasión, configura la extensión y contenido del principio proclamado en el art. 14 CE en los supuestos de extinción del contrato de trabajo. En segundo término, conviene poner de manifiesto igualmente que, según ha reiterado este Tribunal en anteriores ocasiones (entre otras, sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2004 [rec. núm. 3166/2001 ]), el recurso de Suplicación no tiene la naturaleza de la apelación ni de una segunda instancia, sino que resulta ser de naturaleza extraordinaria, casi casacional, lo que se traduce, entre otras consecuencias, en que legalmente se imponga (art. 194 LPL : "en todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas") la necesidad de denunciar y razonar adecuadamente la infracción de una específica disposición legal, siendo constante la doctrina jurisprudencial que afirma que la falta de una correcta denuncia de vulneración de disposiciones legales o Jurisprudencia, determina que el recurso devenga estéril y deba ser desestimado; es más, incluso tenemos señalado en la interpretación de aquel precepto que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende conculcado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido; doctrina que obedece a la razonable consideración de que la Sala no puede indagar de oficio cuál sea la norma sustantiva vulnerada, porque con ello se desconocerían los principios de igualdad de partes, rogación e imparcialidad que deben de presidir las actuaciones de Tribunales de Justicia, y porque la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE ) no ampara la inacción de la parte ni puede conducir a que la actividad procesal que a aquélla corresponde sea suplida por el órgano judicial, abocado a la neutralidad y a velar por el equilibrio procesal y tutela judicial en los términos exigidos por el art. 75.1 LPL , admitiéndose tan sólo la iniciativa de la Sala cuando la cita de preceptos sea un claro error material o cuando el defecto de cita específica no represente obstáculo alguno para sobreentender -por obvio- el precepto que se considera conculcado y cuya falta de referencia obedece a una simple omisión, sin que el formalismo exigible pueda llegar al extremo de obstaculizar el éxito del recurso. Y aplicada tal doctrina al caso de autos, es claro que debemos rechazar la alegada vulneración de la normativa y jurisprudencia concordante con el art. 14 CE por ser indebidamente genérica. En cualquier caso, el recurso tampoco prosperaría igualmente. A este respecto, resulta doctrina incontrovertida del Tribunal Constitucional aquella que indica que el indicio de trato discriminatorio o atentatorio contra derechos fundamentales desplaza al empresario la carga de probar causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión adoptada (SSTCo 266/1993 [RTC 1993, 266] y 38/1981 [RTC 1981, 38]), tanto por la primacía de los derechos fundamentales y libertades públicas, cuanto por la dificultad que el trabajador tiene para acreditar la existencia de una causa de despido discriminatoria o lesiva de otros derechos fundamentales. Cierto que no basta la mera afirmación de la existencia de una causa atentatoria contra derechos fundamentales, sino que ha de probarse indiciariamente la existencia de aquella causa, tal como expresamente disponen los arts. 96 y 179.2 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral ; y una vez acreditados tales indicios, el empresario no tiene que demostrar el hecho negativo -verdadera prueba diabólica- de que no haya móvil lesivo de derechos fundamentales, sino tan sólo probar que el despido obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito contrario al derecho fundamental en cuestión (SSTCo 266/1993 y 135/1990 [ RTC 1990, 135]) y con entidad desde el punto de vista de la medida adoptada, en el bien entendido de que no cualquier motivo sirve para justificar el despido, porque, de lo contrario, el empresario podría muy bien cubrir un despido discriminatorio bajo el pretexto de pequeños incumplimientos contractuales. La decisión empresarial será, así, válida, aun cuando sin completar los requisitos para aplicar la potestad sancionadora en su grado máximo, se presenta ajena a todo móvil discriminatorio o atentatorio de un derecho fundamental. En este mismo sentido, este Tribunal ha dejado dicho en múltiples ocasiones (por todas, sentencia de 25 de noviembre de 2005 [rec. núm. 4928/2005 ]) que "en torno al despido nulo por presunta vulneración de derechos fundamentales, siguiendo precedentes sentencias de este Tribunal, en concreto sentencia de 20/5/05 ( Recurso 1843/05 ) que es cierto que en los casos de alegada discriminación o vulneración de derechos fundamentales se invierte la carga de la prueba, sin llegar a la probatio diabólica; pero para que opere este desplazamiento al empresario del onus probandi no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio ( STC 266/1993, de 20/septiembre [ RTC 1993\ 266] , F. 2 ), sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una «prueba verosímil» ( STC 207/2001, de 22/octubre [ RTC 2001\ 207] , F. 5 ) o «principio de prueba» revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación por razón de sexo, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación ( STC 308/2000, de 18/diciembre [ RTC 2000\ 308] , F. 3 ) ( STC 41/2002, de 25/febrero [ RTC 2002\ 41] , f. 3 ). Con la consecuencia de que ese indicio de trato discriminatorio o atentatorio contra derechos fundamentales desplaza al empresario la carga de probar causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión adoptada, tanto por la primacía de los derechos fundamentales y libertades públicas, cuanto por la dificultad que el trabajador tiene para acreditar la existencia de una causa discriminatoria o lesiva de otros derechos fundamentales ( SSTC 101/2000, de 10/abril [ RTC 2000\ 101] ; 308/2000, de 18/diciembre; 136/2001, de 18/junio [ RTC 2001\ 136] ; 14/2002, de 28/enero [ RTC 2002\ 14] ; 41/2002, de 25/febrero, f. 3; 48/2002, de 25/febrero, f. 5; 66/2002, de 21/marzo [ RTC 2002\ 66] ; 84/2002, de 22/abril [ RTC 2002\ 84] , f. 3, 4 y 5; 5/2003, de 20/enero [ RTC 2003\ 5] , f. 6 )". Y el que caso que nos ocupa, no existe en autos indicio alguno valorable de la existencia de móvil discriminatorio en la decisión extintiva empresarial de 31 de octubre de 2007. Por un lado, no consta probado que la demandante tuviera una ideología política distinta a la del nuevo equipo de gobierno de la corporación local demandada, ni tampoco que, de existir, esa diferente ideología política le constara a los nuevos dirigentes locales. Y por el otro, según resulta de la relación fáctica de la resolución de instancia, el informe del Consello de Contas señala que la plaza que ocupa la actora no tiene cobertura legal, debiendo ser cubierta por funcionario mediante procedimiento de selección, lo que permite sostener que una de las posibles razones por las cuales el nuevo equipo de gobierno no siguiera con la contratación de la actora no fueron las diferencias ideologicas, sino la disconformidad con la gestión del anterior gobierno municipal (que resulta de la normal alternancia política en las instituciones democráticas), que contrató a la actora de manera irregular (en claro fraude de ley), debiendo ponerse de manifiesto a este respecto que "el empleador de carácter público «ha de actuar siempre con objetividad y plena sumisión a la legalidad (arts. 103.1 y 106.1 CE ), sin asomo alguno de arbitrariedad (art. 9.3 CE )»" (STCo 49/2003, de 17 de marzo). En definitiva, habiendo señalado con anterioridad que, cuando se alegue que una determinada medida encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales, incumbe al autor de la medida la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental, si bien, para imponer la carga probatoria expresada la parte actora ha de aportar un indicio razonable de que el acto impugnado lesiona sus derechos fundamentales, sin que sea suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional, correspondiendo a la parte demandante aportar un indicio razonable de que la alegada lesión se ha producido, esto es, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquel acto para, una vez aclarado, hacer recaer sobre la parte demandada la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable su decisión. Sin embargo, en esta ocasión no existen esos indicios necesarios para obligar al organismo demandado a que acredite que su actuación obedece a motivos extraños a la lesión del derecho fundamental. Debe así decaer, en fin, la fundamentación que se arguye en el recurso, no existiendo causa discriminatoria a los efectos pretendidos. TERCERO.- Por todo lo que queda escrito procede, previa desestimación del recurso, dictar un pronunciamiento confirmatorio del suplicado. En consecuencia, FALLAMOS Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada de doña Carmela, contra la sentencia de fecha trece de febrero del año dos mil ocho, dictada por el Juzgado de lo Social número dos de los de Ferrol , en proceso por despido promovido por la recurrente frente al Ayuntamiento de Valdoviño, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida. Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para unificación de doctrina que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado de lo Social de procedencia. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.

 

Experto:  José M. escribió hace 4 año.

No se le puede responder que posibilidades reales tiene su caso, porque se desconocen los datos del mismo y porque cada caso a fin de cuentas es diferente

Pero por lo que adelanta si le podemos decir que tiene bastantes posibilidades, y que el acto de conciliación es en todo caso obligatorio para poder interponer la demanda posteriormente

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