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José M.
José M., Abogado ejerciente
Categoría: Derecho Laboral
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Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS
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Buenas tardes, he estado trabajando en una empresa durante

Pregunta del cliente:

Buenas tardes, he estado trabajando en una empresa durante 3 años, y dentro de un mes hará un año que ya no estoy en la empresa porque decidieron despedirme. El caso es que la categoría profesional que me pusieron era la de auxiliar administrativo, pero tengo un escrito firmado por el propio director gerente de la empresa que detalla mis funciones, las cuales son las propias de un técnico en PRL, (inspecciones en obra, inspecciones de nave, documentación PRL, elaboración de evaluaciones de riesgo, investigación de accidentes, etc). Pienso que he estado cotizando por una categoria que realmente no desempeñaba y además, mi salario, mi indemnización y finiquito no corresponden a mis reales funciones como detalla el escrito, ¿puedo interponer denuncia y que prospere a mi favor según las pruebas que poseo? (contratos con categoria de aux adm desde inicio de actividad, escrito que detalla funciones en PRL desde inicio de actividad hasta fin)
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Derecho Laboral
Experto:  Mariatf19 escribió hace 5 año.
Hola buenas tardes. En contestación a su concreta pregunta le diré que si usted tiene pruebas de que realmente ha desempeñado una categoría profesional diferente de aquella por la que tenía el contrato, usted está en su derecho de denunciar a la empresa y exigirle lo que por esa categoría profesional le corresponde, ahora bien si usted ha firmado el finiquito y ha mostrado su conformidad con el mismo, tengo que decirle que lamentablemnete usted ya se ha conformado con el finiquito que le han dado y con las consecuencias que ello implica, es decir, usted ya ha reconocido sus derechos y que estaba conforme con lo que el empresario le ha concedido con lo que si reclama iría en contra de sus propios actos, es decir, estaría reclamando algo de lo que cuando firmó estaba conforme. Siento ser tan clara y decirle una respuesta que seguro no es lo que usted esperaba pero si ya ha firmado el finiquito y ha pasado un tiempo lo tiene muy díficil por no decir imposibile aunque usted como trabajador tiene derecho a un abogado del turno de oficio y por tanto, no tendrái que pagar nada por interponer la demanda contra la empresa pero siendo realista y conforme a la ley las posibilidades de ganar son escasas o nulas. Espero haberle orientado y aclarado y si es así espero que acepte mi respuesta pues es la única forma que tengo de recibir una bonificación por mi tiempo sin perjuicio de seguir respondiendo a todo lo que precise y reciba un cordial saludo.
Experto:  José M. escribió hace 5 año.

Le dejamos sentencia que corrobora que precisa al menos 6 meses en ese puesto

Sin esto no tiene demasiadas opciones

Necesita demostrar derecho consolidado en ese puesto y ésto requiere un plazo no menos r de seis meses en el puesto

 

TSJ Asturias, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 791/2010, de 12 de marzo Recurso 113/2010. Ponente: ISOLINA PALOMA GUTIERREZ CAMPOS. EXTRACTOS Reconocimiento de salario superior a efectos de indemnización por despido ya que la trabajadora desarrollaba funciones de dependienta que exceden de su categoría de auxiliar de caja: no provoca indefensión "... En este caso como en aquel, la sentencia impugnada considera que el salario correcto es el correspondiente a la categoría de dependienta a la vista de las funciones desempeñadas por la trabajadora y que en consecuencia, la consignación de la indemnización es incorrecta y por tanto, no opera la limitación de salarios de tramitación prevista en el artículo 56.2 ET . Resulta evidente a la vista del relato fáctico que las funciones desarrolladas por la actora excedían de las propias de una auxiliar de caja por cuanto no se limitaba a cobrar las ventas, revisar talones o redactar facturas sino que también orientaba al público, realizaba ventas, reponía mercancía, colocaba estanterías y escaparates o hacía pedidos, tareas que se corresponden con la categoría de dependienta, por lo que la confirmación del salario reconocido no ofrece dudas. ..." No queda limitado el devengo de salarios de tramitación en proceso de despido al consignarse cantidad por indemnización y finiquito sin delimitación de la cuantía que corresponde a cada concepto "... En definitiva, aunque el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores no requiere ninguna formalidad específica en cuanto a la oferta empresarial que el mismo contempla, sí que exige que la misma sea "lo suficientemente clara como para que el trabajador pueda aceptarla o rechazarla sin más, deviniendo contraria a tal exigencia una oferta condicionada a la aceptación del saldo y finiquito de la relación laboral". En consecuencia con la anterior doctrina jurisprudencial debe confirmarse la sentencia de instancia, pero no por la diferencia en la cuantía indemnizatoria al tomar como cómputo para su determinación el salario que correspondería percibir a la actora en el momento del despido, no el que viniera percibiendo, sino por incluir en la consignación, sin aclaración alguna, la cantidad correspondiente a la indemnización y al finiquito, "que impide el efecto liberatorio del abono de los salarios de tramitación". Procede por lo expuesto la desestimación del recuro y la confirmación de la sentencia impugnada. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Según consta en autos del mencionado Juzgado de lo Social se dictó sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil nueve por la que se estimaba parcialmente la demanda. SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados figuran los siguientes: 1º.- La actora doña Antonieta , con DNI NUM000 , nacida el 26 de marzo de 1978, prestó servicios para la empresa MERCADO DE PAPEL SL, con una antigüedad desde el 5 de noviembre de 2007, en virtud de contrato de trabajo por tiempo indefinido, en el que se recogía que su categoría era la de Auxiliar de Caja y con un salario de 946,39 euros mes con inclusión de pagas extras. El centro de Trabajo de la actora está sito en la calle Foncalada de Oviedo. Ahora bien la categoría profesional que corresponde a la actora es de dependienta mayor de 25 años y su salario por tanto es de 1118,47 euros mes incluida la parte proporcional de pagas extras. 2º.- El actor no ostenta ni ha ostentado cargo de representación sindical. El convenio colectivo aplicable a la relación de trabajo del actor es de Comercio. 3º.- El día 22 de junio de 2009 la empresa entregó a la actora comunicación escrita cuyo tenor es el siguiente: "Por la presente ponemos en su conocimiento que el próximo día 3 de julio de 2009 causará baja en nuestra empresa por vernos en la necesidad de amortizar un puesto de trabajo debido a la disminución de ventas, por lo que reconocemos en este acto la improcedencia del despido poniendo a su disposición la correspondiente indemnización lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos." 4º.- La empresa remitió burofax a la actora en fecha 3 de julio de 2009 del siguiente tenor literal: "Como continuación a la comunicación de cese en la que se extingue su contrato con fecha de hoy, reconociendo en la misma la improcedencia del despido, le comunico que ponemos a su disposición mediante cheque bancario la cantidad de 2876,96 euros en concepto de indemnización a razón de 45 días por año trabajado prorrateados por meses los períodos inferiores al año y finiquito, incluyendo en el mismo los tres días de salario que le corresponden al mes de Julio, así como certificado de empresa. Podrá recoger todo ello en la sede social de la empresa sita en la Calle Foncalada 11 Bajo de Oviedo. Asimismo, si no pasa a recoger el cheque y resto de documentación procederemos según establece el art 56.2 del ET a depositar las cantidades en la cuenta designada al efecto por el Decanato en los Juzgados de Oviedo...". La actora fue dada de baja en la TGSS el 3 de julio de 2009. 5º.- En fecha 6 de julio de 2009 la empresa consignó en la cuenta del Juzgado decano de Oviedo la cantidad de 2876,96 euros. En fecha 6 de julio de 2009 la empresa presentó escrito ante el Decanato de Oviedo comunicando la consignación de la cantidad citada en concepto de indemnización y finiquito, a los efectos del art 56.2 del ET . 6º.- La actora prestaba sus servicios en la tienda sita en Foncalada, junto con otra compañera llamada doña Reyes , que también fue despedida. Ellas atendían y asesoraban a los clientes, realizan la venta, recepcionan la mercancía, hacen los pedidos.... La empresa vende material de oficina, impresoras, destructoras de papel, archivadores, sillas, taquillas... existiendo una revista en la que aparecen los productos que ofertan y en la que aparece su página web. La tienda tiene escaparate, y dentro de la misma hay estanterías a los lados, en las que se encuentra la mercancía (bolígrafos, papeles, cartulinas....) de fácil acceso. El cliente puede coger la misma. A la entrada de la tienda de Foncalada hay un mostrador en el que está un ordenador y la caja. Existe un almacén al lado de la tienda. La recaudación de la tienda se entregaba a don Mauricio . El gerente de la empresa es el que da las directrices, reside en León, y viene una vez a la semana por las tiendas. 7º.- Consta aportado en autos y se da por reproducido el Análisis y evaluación del Puesto de trabajo del centro Foncalada sección Tienda Almacén efectuado por FREMAP en fecha 14 de julio de 2008. Consta aportada en autos y se da por reproducida fotocopia del Libro de Visitas, en el que se recoge una visita en fecha 24.2.05. 8º.- Constan aportados y se dan por reproducidos los contratos de todos los trabajadores que han prestado servicios para la entidad demandada desde el 1 de abril de 2007 al 1 de agosto de 2009. Hay 4 trabajadores con categoría de Auxiliar de Caja, 1 con la de auxiliar administrativo, y 3 con la de repartidor. 9º.- Que en fecha 20 de julio de 2009 fue celebrado acto de conciliación con la empresa demandada, con el resultado de intentado sin efecto. Habiendo sido presentada la papeleta de conciliación el 6 de julio de 2009. TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación de la parte demandada, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase a ponente para su examen y resolución. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que estimando parcialmente la demanda formulada por Doña Antonieta declara la improcedencia del despido acordado por la empresa Mercado de Papel S.L., es recurrida por la representación letrada de esta última interesando la revisión de los hechos probados y el examen del derecho aplicado. Al amparo del artículo 191 b) LPL se solicita la revisión de los ordinales sexto y séptimo para con la redacción alternativa que se propone quede constancia en el primero que de los pedidos realizados sobre el catálogo de productos no se encargaba la actora y en el segundo que en la evaluación del puesto realizada por Fremap se describen las tareas realizadas por la demandante. Ambas revisiones han de ser rechazadas, la primera porque un catálogo de venta, carece de fuerza revisoria, pues el hecho de que en un papel de esta clase aparezcan relacionados determinados productos ofertados por la empresa demandada, no indica qué funciones realmente realizaba la trabajadora y carece de trascendencia por su propia esencia y finalidad para descartar que aquella realizara los pedidos que según la Juzgadora de instancia sí realizaba; y en cuanto a la segunda, porque en el hecho que pretende modificarse ya se hace referencia al informe del Servicio de Prevención de Fremap, informe del que resulta que como auxiliar de caja cobra las ventas realizadas, revisa talones y redacta facturas y recibos pero también que el puesto tiene riesgo de caídas, de golpes con materiales trasportados y de lesiones por la manipulación de cargas, además requerir frecuentemente subirse a escaleras y andamios, tareas que a la vista de las exigencias físicas y riesgos que suponen no resultan muy acordes con la categoría asignada. SEGUNDO.- Por el cauce procedimental del artículo 191 c) LPL se denuncia infracción, por interpretación errónea, de los artículos 80, 97, 104, 108 y 110 LPL en relación con los artículos 14 y 24 CE y 218 y 426 LEC. Considera la parte recurrente que la sentencia es incongruente pues la cuestión de la categoría profesional superior no fue planteada por la actora, quien no reclamó tampoco un salario superior, generándose con ello una evidente indefensión a la parte que se ve sorprendida por una cuestión nueva. La denuncia ha de ser rechazada, pues primero, ya en la demanda -hecho primero- se hace referencia a la categoría reconocida y la que realmente debía ostentar en función de las tareas desarrolladas por lo que no cabe hablar de cuestión nueva, y segundo, el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de octubre de 2007 declara, "La cuestión relativa a la procedencia de incluir en el debate sobre el despido el relativo a la categoría y salarios que efectivamente corresponden al trabajador, ha sido reiteradamente resuelto por la doctrina unificada. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2007 y 25 de febrero de 1993 , recordaba a otras anteriores (SSTS de 7 de diciembre de 1990 y de 3 de enero de 1991 ) en las que se ha establecido que: "el debate sobre cuál debe ser el salario procedente es un tema de controversia adecuado al proceso de despido", pues se trata de un elemento esencial de la acción ejercitada sobre el que debe pronunciarse la sentencia y, en consecuencia, es "en el proceso de despido donde debe precisarse el salario que corresponde al trabajador despedido sin que se desnaturalice la acción ni deba entenderse que se acumula a ella en contra de la ley una reclamación inadecuada". En la misma línea, la sentencia de 12 abril 1993 reiteró que solamente en el proceso de despido puede discutirse la cuantía de la retribución que ha de tomarse en cuenta para establecer la indemnización y los salarios de tramitación, que no pueden reclamarse en proceso posterior. Es cierto que en algunos casos esta doctrina se ha establecido en supuestos, en los que se habían producido reducciones unilaterales del salario antes del cese o del ejercicio de la acción resolutoria del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores . Pero se trata de un dato accidental, porque, como ya se ha dicho, lo que se plantea aquí es un problema estrictamente procesal en orden a determinar el alcance de la regla del artículo 27.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y lo que se establece es que no es acción distinta de la propia del despido la fijación de los datos sobre los que deben determinarse las indemnizaciones que han de reconocerse en ese proceso cuando es estimada la pretensión del trabajador. Este criterio se ha reiterado en sentencias posteriores, entre las que pueden citarse las 8 de junio de 1998 y 21 de septiembre del mismo año y 27 de marzo de 2000 ; éstas últimas destacando la falta de contenido casacional de una pretensión impugnatoria que mantenía que había que estarse en la determinación de la indemnización al salario percibido en el momento del despido, sin poder plantear en el proceso de despido el cálculo de las indemnizaciones en función del salario que debió percibir el trabajador. Más recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2006 razonaba lo siguiente: "SEGUNDO.- La sentencia de contraste y la parte recurrente tratan de excluir esta doctrina, argumentando que se trata de un criterio que rige cuando se produce una reducción unilateral del salario anterior al despido o cuando hay discrepancias sobre el régimen salarial aplicable, pero sostiene que tal criterio no puede aplicarse cuando el salario a computar depende de una decisión sobre la clasificación profesional correcta o sobre circunstancias que exceden por su complejidad del objeto propio del proceso de despido. Estos argumentos no pueden aceptarse. En primer lugar, es obvio que no hay ninguna acumulación indebida de acciones. Para ello basta, como dice la sentencia recurrida, examinar el suplico de la demanda, en el que se pide "la nulidad o, subsidiariamente, la improcedencia del despido y que se condene a la demandada, a su opción, a la readmisión en idénticas circunstancias ostentadas o a abonar a la actora una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de antigüedad prorrateándose por meses la fracción del año y equiparándose a mes completo las fracciones inferiores y en todo caso al abono de los salarios dejados de percibir". No se ejercita ninguna acción de clasificación profesional, porque no se pide el reconocimiento a favor de la actora de una categoría profesional superior en virtud del llamado principio de equivalencia función/categoría. Lo que se pide es algo muy distinto en el plano jurídico: que las indemnizaciones por despido se calculen sobre el salario que, en virtud de las normas aplicables, correspondía a las funciones que efectivamente venía desempeñando la trabajadora. Y ésta es una pretensión propia del proceso de despido que ha de resolverse en él. Lo que se produce en estos casos no es una acumulación de acciones, sino la presencia en el orden de las decisiones propio de una controversia por despido de una cuestión prejudicial en la que han de tomarse en cuenta las normas sobre clasificación profesional: tiene que decidirse si, conforme a estas normas, los trabajos realizados son los propios de la categoría reconocida o corresponden a otra categoría con retribución superior. Pero obsérvese que, tal como está planteado el pleito, no se trata de una decisión prejudicial de clasificación, pues no se pide que a efectos del despido se considere que la trabajadora tiene la categoría de encargada; de lo que se trata es de que se tomen las retribuciones de encargada. El problema real podría producirse en relación con la condena a la readmisión -a readmitir como encargada, en este caso-. Pero este problema ya no se plantea en este proceso, porque la condena a la readmisión se ha excluido y el único tema de debate que subsiste es el del cálculo de la indemnización y el de los salarios de tramitación. Ahora bien, aun en el caso de que se tratara de una condena a readmitir como encargada, en la que sí se solaparía una decisión con vigencia futura sobre clasificación profesional, no se estaría ante una acumulación indebida de acciones, sino de una pretensión que ha de ser resuelta sobre el fondo dentro de los límites propios de la condena por despido improcedente; condena que supone la readmisión "en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido", es decir, con la categoría de dependienta y las funciones de encargada, si el desarrollo de estas funciones se ha probado y sin perjuicio de que en el proceso correspondiente pueda instar el reconocimiento de su categoría profesional. El enjuiciamiento a efectos de las indemnizaciones es distinto, porque en ellas no se trata de decidir de presente ni de futuro sobre la categoría de la trabajadora, sino de calcular dentro del despido el importe de las indemnizaciones procedentes no en función de la categoría profesional, sino de los salarios que debió de percibir por el trabajo efectivamente realizado en un efecto que se agota en el proceso de despido. Por otra parte, esta solución no tiene ningún efecto negativo sobre las garantías procesales de las partes, pues en el proceso de despido no hay ninguna restricción de esas garantías, ni existen limitaciones de alegación y prueba respecto a los datos que puedan ser relevantes para pronunciarse sobre los elementos de decisión propios de un despido -trabajo realizado y salario-. La única limitación será la ausencia del informe previsto en el artículo 137.2 de la Ley de Procedimiento Laboral . Pero ello no limita el empleo de otros medios de prueba. La solución de impedir la discusión sobre el salario procedente sí que podría producir consecuencias contrarias a la tutela efectiva o al principio de economía procesal. El trabajador despedido, que no pudiera reivindicar la aplicación en el proceso de despido del salario superior que le corresponde, vería calculadas las indemnizaciones en un salario inferior y cuando tratara de reclamar el cómputo de ese salario en otro proceso, pidiendo las diferencias en la indemnización y los salarios de tramitación, se encontraría con que la sentencia por despido ha producido el efecto negativo de cosa juzgada, como ya declaró nuestra sentencia de 12 de abril de 1993 . Por otra parte, si se admitiera la reclamación de esas diferencias en otro proceso, la solución sería claramente contraria a la economía procesal, pues tendrían que seguirse dos procesos para decidir algo que podría haberse resuelto en el proceso de despido". TERCERO.- Por le mismo cauce procedimental se denuncia en los dos últimos motivos del recurso infracción de los artículos 22 ET y 97 LPL, en relación con el Anexo I del Convenio Colectivo del Comercio de Asturias vigente durante los años 2.006-2.008 , 16 de la Ordenanza Laboral de Comercio, 3.1 CC y 56.1 y 2 ET. Como ya declaró esta Sala en sentencia de fecha 5 de marzo de 2010 , en supuesto idéntico en el que se enjuiciaba el despido de la compañera de la actora, "Dos son las cuestiones debatidas: una, el salario que debería percibir la trabajadora en el momento del despido, no la declaración de su categoría profesional, y dos, la validez o no de la consignación efectuada por la empresa para eximirse del abono de los salarios de tramitación". En este caso como en aquel, la sentencia impugnada considera que el salario correcto es el correspondiente a la categoría de dependienta a la vista de las funciones desempeñadas por la trabajadora y que en consecuencia, la consignación de la indemnización es incorrecta y por tanto, no opera la limitación de salarios de tramitación prevista en el artículo 56.2 ET . Resulta evidente a la vista del relato fáctico que las funciones desarrolladas por la actora excedían de las propias de una auxiliar de caja por cuanto no se limitaba a cobrar las ventas, revisar talones o redactar facturas sino que también orientaba al público, realizaba ventas, reponía mercancía, colocaba estanterías y escaparates o hacía pedidos, tareas que se corresponden con la categoría de dependienta, por lo que la confirmación del salario reconocido no ofrece dudas. CUARTO.- En cuanto a la segunda cuestión, esto es, si la consignación de la indemnización calculada de acuerdo con el salario realmente percibido es válida a los efectos de limitar el devengo de los salarios de tramitación, el Tribunal Supremo en la sentencia antes citada de 19 de octubre de 2007 se pronuncia sobre ella: "La cuestión por lo tanto se centra en determinar si concurre una de las causas que la jurisprudencia ha venido incluyendo como error excusable, la nacida de una discrepancia razonable y si posee ese carácter la controversia sobre la categoría y el salario que le corresponde, zanjada en este procedimiento acogiendo lo postulado por el trabajador. La cuantificación de la diferencia, entre 4.485,88 euros, la cantidad depositada y 5.394,42 euros, la que se debió depositar en aplicación de los nuevos parámetros, supone un importe lo bastante elevado como para que de haber contemplado tan sólo la existencia de error de cálculo, considerarlo como no excusable. Sin embargo, el responder a una controversia traída a los Tribunales por vez primera con posterioridad a los actos de ofrecimiento y puesta a disposición, configura un iter procesal que no es irrelevante a la hora de establecer los presupuestos sobre los que actúa el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores . Sin que la ausencia de reclamaciones, ya sea ante la Inspección de Trabajo, ya se planteen en la vía judicial implique una renuncia del trabajador a sus legítimas aspiraciones de ver reconocidas y satisfechas las pretensiones de retribución y promoción que por su trabajo realmente desempeñado le corresponden y sin que exista mala fe en una ulterior reclamación, es lo cierto que tan peculiar disposición como es el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores deberá operar sobre unas bases anteriores a su puesta en aplicación. El precepto tiende a conseguir una agilización de los procedimientos y un abono en salarios de tramitación tanto a los sujetos particulares como al Estado, de ahí esa extraordinaria posibilidad de que, aun llegándose a debatir acerca de lo adecuado del despido, el límite a los salarios de tramitación se establezca hasta la fecha de la conciliación, o inclusive se excluyan en su totalidad si el depósito se hizo en las cuarenta y ocho horas siguientes. Ni se excluye la posibilidad de que el trabajador combata el acto del despido, que ya había sido reconocido como improcedente, ante la posibilidad de que merezca ser declarado nulo ni que se suscite el oportuno debate sobre antigüedad, categoría y salario. Pero ninguna de estas cuestiones salvo obviamente, la primera, deberá afectar a los parámetros de la oferta, que es anterior y que se formula en los términos en los que la relación ha discurrido pacíficamente, a falta de otra noticia fehaciente sobre anteriores reclamaciones". QUINTO.- Conforme a lo anterior procedería la estimación del motivo en la medida en que la consignación se realizó correctamente al calcularse de acuerdo con el salario percibido, ahora bien, existe otro aspecto en el proceder de la recurrente a la hora de realizar aquella consignación que la sentencia impugnada obvia y que es el determinante de la desestimación del recurso. Consta en las actuaciones y así se declara probado que la empresa consignó la indemnización a razón de 45 días de salario por año de servicio y el finiquito, incluyendo en el mismo los tres días de salario que le corresponden al mes de julio. En este punto y como declara la Sala en la sentencia antes citada de 5 de marzo de 2010 : "Resta por examinar el efecto liberador que pueda tener la consignación que realiza el recurrente incluyendo, en una sola cantidad, sin desglosar, el importe de la indemnización y el correspondiente a la liquidación. Es, igualmente reiterada y constante la interpretación jurisprudencial dada al artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores , que condiciona la limitación en el pago por el empresario al trabajador de los salarios de tramitación a la concurrencia de los tres requisitos siguientes: a) reconocimiento empresarial de la improcedencia del despido; b) ofrecimiento de la indemnización prevista en los apartados a) y b) del apartado 1 del indicado precepto y, c) consignación de dicha cantidad en los dos días siguientes. En el presente caso se cumplieron los requisitos primero y último, pero la duda surge de si se cumplió de forma adecuada a las previsiones legales el segundo de ellos por el hecho de que la cantidad ofertada no se limitaba a aquellas dos cantidades, sino que en ella iba incluido un concepto extraño al proceso de despido cual es la del saldo y finiquito de la relación laboral. La doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de setiembre de 1.998 y 12 de mayo de 2.005 , entre otras, declara que: El problema no lo plantea el hecho de que se ofertara una cantidad global por indemnización y salarios de tramitación en cuanto que esta Sala ya ha aceptado como válido el ofrecimiento de una cantidad indeterminada en su cuantía consistente en el ofrecimiento de pago de la indemnización y los salarios de tramitación sin cuantificarlos, por entender que el ofrecimiento previsto en el artículo 56.2 es válido a los efectos allí previstos siempre que la oferta se haga en términos lo suficientemente claros como para permitir la inmediata determinación de su cuantía y por consiguiente la inmediata aceptación por parte del trabajador. El problema lo plantea precisamente la falta de claridad que puede suponer el que junto a una cantidad no determinada por indemnización y salarios se ofertara otra cantidad también imprecisa que incluía la liquidación final con finiquito de la relación laboral. En relación con ello la Sala considera que una oferta hecha en tales términos no puede considerarse aceptable a la luz de las exigencias y finalidad perseguida por el precepto estatutario que se trata de aplicar. En efecto, el artículo 56.2 ofrece a la empresa una reducción de los salarios de tramitación si reconoce la improcedencia del despido y hace, además, un ofrecimiento indemnizatorio acomodado a las previsiones legales contenidas en el mismo precepto, lo que no ocurre cuando el empleador introduce en su oferta conceptos tan ajenos al pleito de despido como lo son los relativos al finiquito de la relación laboral. La inclusión de la cantidad correspondiente al finiquito, con independencia de que se halla fuera del marco legal en que la oferta liberatoria se halla enmarcada, introduce en la posible conciliación un elemento distorsionador de la misma, en cuanto que se adiciona a la discusión objeto del litigio, exclusivamente relacionada con el despido, una cuestión nueva y ajena a dicho objeto, respecto de la cual no se le puede exigir a la contraparte ninguna actitud de aceptación o rechazo dada la indefensión que ello le produciría en relación con aquel otro posible litigio sobre los salarios pendientes de pago, puesto que no tiene por qué conocer en ese momento si el finiquito que se le ofrece se adecúa o no a la realidad de lo que se le debe. El hecho de hacer una oferta global con saldo y finiquito supone condicionar la aceptación de la oferta relacionada con el contenido de la acción de despido a la aceptación del propio finiquito, con lo que no sólo se incumple la finalidad perseguida en el precepto sino que la oferta deviene abusiva y contraria al derecho de defensa del trabajador respecto de la futura reclamación liquidatoria. Todo ello sin olvidar que en el precepto que comentamos la oferta legalmente exigida no tiene carácter transacional y, por ello, susceptible de ser discutida o modalizada a la baja, sino que tiene la condición de ofrecimiento liberatorio de una obligación legal, que, por tanto, sólo alcanzará eficacia cuando la contraparte «se negare sin razón a admitirlo» en los propios términos en que el mismo haya sido hecho cual con carácter general exige el artículo 1.176 del Código Civil para cualquier ofrecimiento de tal naturaleza, y resulta obvio, por las razones antes apuntadas que el trabajador que en un acto de conciliación preprocesal no acepta una oferta global como se le hizo, se niega con razón a aceptarla, por cuanto no tiene por qué admitir en aquel momento procesal cantidades ajenas al procedimiento de despido en que aquella conciliación se enmarca. El hecho de tratar de solucionar un futuro proceso de salarios es en sí mismo una finalidad plausible y no necesariamente incompatible con las exigencias del artículo 56.2 si la oferta relacionada con el finiquito se hiciera con separación suficiente como para admitir que se trataba de dos ofertas diferentes y, por ello, de posible aceptación, negociación o rechazo independiente por no hallarse mutuamente condicionadas, lo que no ocurre cuando la oferta se hace incluyendo sin distinción todos los conceptos indicados como en el supuesto enjuiciado ocurrió. En definitiva, aunque el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores no requiere ninguna formalidad específica en cuanto a la oferta empresarial que el mismo contempla, sí que exige que la misma sea "lo suficientemente clara como para que el trabajador pueda aceptarla o rechazarla sin más, deviniendo contraria a tal exigencia una oferta condicionada a la aceptación del saldo y finiquito de la relación laboral". En consecuencia con la anterior doctrina jurisprudencial debe confirmarse la sentencia de instancia, pero no por la diferencia en la cuantía indemnizatoria al tomar como cómputo para su determinación el salario que correspondería percibir a la actora en el momento del despido, no el que viniera percibiendo, sino por incluir en la consignación, sin aclaración alguna, la cantidad correspondiente a la indemnización y al finiquito, "que impide el efecto liberatorio del abono de los salarios de tramitación". Procede por lo expuesto la desestimación del recuro y la confirmación de la sentencia impugnada. Por cuanto antecede; FALLAMOS Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Mercado de Papel.S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Oviedo en autos nº 640/09 seguidos a instancia de Antonieta contra la hoy recurrente sobre despido y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada. Condenando a la referida recurrente a la pérdida del depósito efectuado por ella para recurrir, al que se dará el destino legal, y a abonar al Letrado de la parte impugnante en concepto de honorarios la suma de 150 euros. Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el depósito especial de 300,51 Euros en la cuenta número 2410, clave 66, que dicha Sala tiene abierta en el Banco Español de Crédito de Madrid, si fuere la empresa condenada quien lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución, incorporándose su original al correspondiente libro de sentencias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la presente. Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe. PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe

José M., Abogado ejerciente
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José M. y otros otros especialistas en Derecho Laboral están preparados para ayudarle
Experto:  Mariatf19 escribió hace 5 año.
Hola buenas tardes nuevamente. Lo importante es que no se quede con dudas y que pregunte todo lo que necesite y que sepa que al ser un trabajador tiene derecho a un abogado de oficio, para ello debe dirigirse al colegio de abogados de su localidad donde le asesorarán debidamente pero siendo realistas debe saber que sus opciones si ha firmado el finiquito son escasas pero por intentarlo nada tiene que perder. Si mi respuesta desde un principio le ha orientado y aclarado espero que la acepte pues es la única forma que tengo de recibir una bonificación por mi tiempo sin perjuicio de seguir respondiendo a todo lo que precise y reciba un cordial saludo.
Experto:  José M. escribió hace 5 año.

Le dejamos nueva sentencia que corrobora el plazo y que se le tiene que tener en cuenta en su despido

 

TSJ La Rioja, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 238/2009, de 10 de septiembre Recurso 232/2009. Ponente: CRISTOBAL IRIBAS GENUA. EXTRACTOS En el proceso de despido, a efectos del cálculo de las indemnizaciones consecuentes, puede resolverse sobre el ejercicio de funciones de superior categoría al afectar al salario sin vulnerar normativa alguna "... "«el debate sobre cuál debe ser el salario procedente es un tema de controversia adecuado al proceso de despido», pues se trata de un elemento esencial de la acción ejercitada sobre el que debe pronunciarse la sentencia y, en consecuencia, es «en el proceso de despido donde debe precisarse el salario que corresponde al trabajador despedido sin que se desnaturalice la acción ni deba entenderse que se acumula a ella en contra de la ley ...una reclamación inadecuada»" como así expresa, con cita de la del mismo Tribunal de de 25 febrero 1993 , la sentencia de 12 de julio de 2006 (Recurso 2048/2005 ) la cual asimismo determina que cuando se reclama un salario regulador del despido en mayor importe del que se venía percibiendo en base al desempeño de funciones de categoría profesional superior, en tal caso, "No se ejercita ninguna acción de clasificación profesional, porque no se pide el reconocimiento a favor de la actora de una categoría profesional superior en virtud del llamado principio de equivalencia función/categoría. Lo que se pide es algo muy distinto en el plano jurídico: que las indemnizaciones por despido se calculen sobre el salario que, en virtud de las normas aplicables, correspondía a las funciones que efectivamente venía desempeñando la trabajadora". Y ésta es una pretensión propia del proceso de despido que en él ha de resolverse. En consecuencia, la aplicación de dicha jurisprudencia al caso presente impide acoger el motivo examinado por implicar la misma que la sentencia recurrida no ha infringido el precepto legal que funda el motivo y que, por el contrario, lo ha aplicado correctamente al haber admitido, y resuelto, a efectos del cálculo de las indemnizaciones consecuentes al despido, el debate traído al proceso sobre el salario de la trabajadora como consecuencia del ejercicio de funciones de superior categoría profesional. ..." Reconocimiento de categoría profesional por ejercicio del trabajo en una máquina empaquetadora por más de 6 meses que, conforme a Convenio, es propia de Oficial de 3ª y no de peón "... La empresa recurrente argumenta en el motivo que la demandante, con categoría de Peón, no realizaba su trabajo en una máquina de proceso que según el citado artículo 17 es requisito imprescindible para poder acceder a la categoría profesional superior, y sólo en el caso de que se maneje una máquina de proceso ,y no de otro tipo, durante el período de seis meses a un año, da derecho al Peón a ascender a Oficial de 3ª; sin que se haya aportado al procedimiento ningún medio de prueba que pueda determinar e interpretar si las tareas que se determinan como probadas se corresponden con una categoría u otra. Si bien la recurrente alega, como justificación básica del motivo, que la actora no realizaba su trabajo en una máquina del proceso de producción, es lo cierto que no da razón alguna en el motivo del porqué de dicha afirmación y, frente a ello, ha de prevalecer la imparcial conclusión obtenida por el Juzgador de instancia de que la actora manejaba una máquina del proceso de producción y que justifica (y se justifica) tanto en el inalterado contenido del hecho probado tercero (en el que describe las tareas que la actora desarrollaba de manejo y control de una máquina empaquetadora situada al final de la linea de producción) como en el fundamento de derecho cuarto (al señalar que se trata de una máquina más del proceso, aunque sea en la máquina del final de línea productiva), y por tanto, a la vista de la prevalencia de esa afirmación de que la actora manejaba una máquina del proceso de producción, y teniendo en cuenta también la incontestada afirmación de la sentencia de que la actora ha desarrollado esa labor por un tiempo superior a un año, todo ello lleva a la conclusión de que la demandante venía desarrollando al tiempo del despido las funciones propias de la categoría profesional de Oficial de 3ª por aplicación del citado artículo 17 del Convenio Colectivo que, como antes se ha señalado, viene a atribuir dicha categoría profesional (que implica el manejo completo de una máquina de proceso) al Peón destinado a máquinas de proceso que permanezca el máximo de un año, teniendo por ello derecho la actora al percibo del salario correspondiente a ésta categoría profesional de Oficial de 3ª, y por tanto, el salario que ha de tenerse en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones por el despido es el correspondiente a la expresa categoría profesional. ..." Mayor antigüedad y salario decididos en el proceso de despido posteriores a la consignación de la indemnización por lo que hay error excusable y no se impide efecto liberador de salarios de tramitación "... En el caso presente, teniendo en cuenta que la indemnización consignada por la empresa se calculó en atención a la antigüedad que tenía reconocida y al salario que percibía la actora al tiempo del despido, no cabe sino apreciar que la diferencia en el importe de la consignación responde a un error excusable en cuanto que tanto la antigüedad de la actora como su salario son cuestiones que no aparecen controvertidas con anterioridad al despido y es a raíz de éste cuando las mismas se plantean, ante lo cual no cabe sino apreciar, en aplicación de la doctrina expuesta por la citada sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2007 (Recurso 4128/2006 ), que la insuficiencia de la consignación responde a un error exclusable que no impide la aplicación del efecto liberador de los salarios de tramitación que establece el citado artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores por responder esa insuficiencia a una controversia razonable traída a los Tribunales por vez primera con posterioridad a los actos de ofrecimiento y puesta a disposición. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Según consta en autos, por Dª Caridad se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social número 1 de La Rioja, contra UNIÓN TOSTADORA, S.A. en reclamación de DESPIDO . SEGUNDO.- Celebrado el correspondiente juicio, con fecha 11 de marzo de 2009 recayó sentencia cuyos hechos probados y fallo son del siguiente tenor literal: "HECHOS: PRIMERO.- Dña. Caridad ha prestado servicios para la empresa Unión Tostadora, S.A., que se dedica a la actividad de producción y venta de café molido, desde el día 14 de julio de 2006, con la constancia documental en sus nóminas de categoría profesional de Peón, y un salario mensual bruto en sus nóminas de 1.006,97 Euros. El salario mensual bruto que corresponde a la categoría profesional de Oficial de Tercera es de 1.102,95 Euros. SEGUNDO.-Inicialmente prestó servicios para Unión Tostadora, S.A. a través de Bicolan ETT, S.A. con contrato desde 14 de julio hasta el 28 de julio de 2006 aproximadamente, para prestar servicios como "auxiliar de fábrica", y nivel 1, resultando finalmente prestar servicios hasta el día 11 de octubre de 2006, con intervalos de no prestación entre los días 11 a 16 de agosto de 2006, 15 a 18 de septiembre de 2006, 19 a 25 de septiembre de 2006, y 11 al 18 de octubre de 2006. El día 18 de octubre de 2006 firma contrato con Unión Tostadora, S.A., a tiempo completo, eventual por circunstancias de la producción, para prestar los mismos servicios que ya venía realizando en las indicadas fechas anteriores, esta vez como peón y con la categoría profesional de peón; tal contrato se transforma en contrato indefinido el 17 de enero de 2007. TERCERO.- Dña. Caridad desarrolla su trabajo en el final de una línea de producción, retirando y agrupando las bandejas de paquetes de café, y estando al tanto de la máquina que agrupa y reúne los paquetes, abasteciendo la bobina de plástico para sellar que contiene tal máquina, y poniéndola en marcha y parándola cuando surge algún problema en el empaquetado. CUARTO.- El Convenio Colectivo de aplicación en la empresa Unión Tostadora, S.A. de Logroño (La Rioja), para los años 2007- 2011, de 28 de marzo de 2007 (BOR de 12 de abril de 2007), establece en el artículo 17 , relativo a la clasificación profesional, que se entiende por peón el trabajador destinado a ejecutar labores para cuya realización se requiera predominantemente la aportación de esfuerzo físico. Participará en el trabajo de la sección ayudando y colaborando en el desempeño de los Oficiales, y utilizará, si es preciso para ello, medios semiautomáticos y automáticos. El personal destinado a máquinas de proceso, y una vez comenzado el periodo de formación, permanecerá como mínimo seis meses, y como máximo un año, con esta clasificación profesional. Asimismo refiere en relación al Oficial de tercera: Integran esta categoría quienes sin llegar a la perfección exigida a los oficiales de segunda ejecutan algunas tareas propias de su sección con la suficiente corrección y eficacia. Esta categoría constituye la propia de capacitación del personal en el manejo de máquinas y medios productivos; su obtención se concederá a partir del aprendizaje y manejo completo de una de estas máquinas. Toda vez que se dominen dos máquinas con la debida perfección se estará en disposición de acceder a una categoría superior. Además obtendrán esta categoría quienes para el desarrollo de sus funciones utilicen carretillas elevadoras, siempre y cuando se haya superado el periodo de formación y aprendizaje a plena satisfacción. FALLO.-Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Dña. Caridad contra Unión Tostadora, S.A., sobre despido, DEBO DECLARAR Y DECLARO la improcedencia del despido, y DEBO CONDENAR Y CONDENO a la parte empresa demandada a que en el plazo de cinco días, a contar desde la notificación de esta Sentencia, opte entre readmitir a la actora a su puesto de trabajo en idénticas condiciones a las que regían antes de producirse el despido o a indemnizarle en cantidad a razón de 45 días de su salario por año de servicio (concretamente 3.860,33 Euros teniendo en cuenta la antigüedad y clasificación profesional reclamadas en al demanda), más los salarios de tramitación correspondientes al período transcurrido desde su inicial opción (28 de octubre de 2008) hasta la notificación de esta Sentencia, salvo el importe correspondiente a la prestación por desempleo que la actora hubiera podido percibir al amparo del artículo 111-b de la Ley de Procedimiento Laboral ". TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por UNIÓN TOSTADORA, S.A., siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución. CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La sentencia de instancia, estimando íntegramente la demanda de la trabajadora, ha declarado la improcedencia de su despido que había sido reconocida por la empresa y, apreciando la insuficiencia de la indemnización consignada por la empresa para evitar el pago de los salarios de tramitación, por no responder a la antigüedad de la actora ni al salario de la categoría profesional por ella desempeñada, ha condenado a la empresa, para el caso de optar por la indemnización, a abonar a la trabajadora la cantidad de 3.860,33 euros en concepto de indemnización así como al pago de los salarios de tramitación devengados hasta la fecha de notificación de la sentencia, por no responder aquella insuficiencia en el importe consignado a un error excusable. Frente a dicha sentencia interpone la parte actora recurso de suplicación mediante cuatro motivos, el primero al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral para la revisión de hechos probados y los tres restantes dirigidos al examen de la supuesta infracción de normas sustantivas con amparo en el apartado c) del citado artículo. SEGUNDO.- En el motivo primero destinado a la revisión fáctica la recurrente promueve la supresión del hecho probado cuarto, en el que se transcribe parte del contenido del artículo 17 del Convenio Colectivo que regula la relación laboral entre las partes, o, subsidiariamente, que se adicione al mismo otra parte del contenido de dicho precepto del Convenio Colectivo. El motivo ha de ser acogido en su pretensión principal de supresión del hecho cuarto ya que resulta improcedente el añadir en el relato de hechos de la sentencia el parcial contenido de un Convenio Colectivo de esta Comunidad Autónoma publicado en el Boletín Oficial correspondiente, pues el mismo constituye una auténtica norma jurídica como así expresa el Tribunal Constitucional en su sentencia 151/1994, de 23 de mayo , de manera que su contenido, en tanto perdure su vigencia, ha de ser aplicado conforme al principio "iura novit curia", sin que, por tanto, sea necesario ni deba figurar su contenido en el relato de hechos probados. TERCERO.- En vía de censura jurídica el segundo motivo del recurso denuncia la infracción por la sentencia de instancia del artículo 27 de la Ley de Procedimiento laboral, por entender que la misma incurre en error al haber admitido la posibilidad de acumular a la acción de despido otra sobre clasificación profesional. La cuestión relativa a si en el proceso de despido puede entrarse a debatir, a efectos de fijación de la indemnización y de los salarios de tramitación, sobre el salario que efectivamente corresponde al trabajador, bien sea por el ejercicio de funciones de superior categoría profesional, por antigüedad o por otra causa, ha sido reiteradamente resuelta por la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que "«el debate sobre cuál debe ser el salario procedente es un tema de controversia adecuado al proceso de despido», pues se trata de un elemento esencial de la acción ejercitada sobre el que debe pronunciarse la sentencia y, en consecuencia, es «en el proceso de despido donde debe precisarse el salario que corresponde al trabajador despedido sin que se desnaturalice la acción ni deba entenderse que se acumula a ella en contra de la ley ...una reclamación inadecuada»" como así expresa, con cita de la del mismo Tribunal de de 25 febrero 1993 , la sentencia de 12 de julio de 2006 (Recurso 2048/2005 ) la cual asimismo determina que cuando se reclama un salario regulador del despido en mayor importe del que se venía percibiendo en base al desempeño de funciones de categoría profesional superior, en tal caso, "No se ejercita ninguna acción de clasificación profesional, porque no se pide el reconocimiento a favor de la actora de una categoría profesional superior en virtud del llamado principio de equivalencia función/categoría. Lo que se pide es algo muy distinto en el plano jurídico: que las indemnizaciones por despido se calculen sobre el salario que, en virtud de las normas aplicables, correspondía a las funciones que efectivamente venía desempeñando la trabajadora". Y ésta es una pretensión propia del proceso de despido que en él ha de resolverse. En consecuencia, la aplicación de dicha jurisprudencia al caso presente impide acoger el motivo examinado por implicar la misma que la sentencia recurrida no ha infringido el precepto legal que funda el motivo y que, por el contrario, lo ha aplicado correctamente al haber admitido, y resuelto, a efectos del cálculo de las indemnizaciones consecuentes al despido, el debate traído al proceso sobre el salario de la trabajadora como consecuencia del ejercicio de funciones de superior categoría profesional. CUARTO.- En el tercer motivo del recurso denuncia la recurrente la infracción por la sentencia de instancia del artículo 17 del Convenio Colectivo de la empresa demandada (BOR 12 de abril de 2007), que define las categorías profesionales comprendidas en el apartado de Operarios, por entender que las funciones desarrolladas por la actora no se corresponden con las propias de la categoría profesional de Oficial de 3ª que la sentencia aprecia que la actora desempeñaba por haber manejado una máquina de proceso por plazo superior a un año con la categoría profesional de Peón. El citado artículo 17 recoge en la escala de categorías profesionales comprendidas en el apartado de Operarios, en lo que aquí interesa, lo siguiente: c. Oficial de tercera. Integran esta categoría quienes sin llegar a la perfección exigida a los oficiales de segunda ejecutan algunas de las tareas propias de su sección con la suficiente corrección y eficacia. Esta categoría constituye la propia de capacitación del personal en el manejo de las máquinas y medios productivos; su obtención se concederá a partir del aprendizaje y manejo completo de una de estas máquinas. Toda vez que se dominen dos máquinas con la debida perfección se estará en disposición de acceder a una categoría superior. Además obtendrán esta categoría quienes para el desarrollo de sus funciones utilicen carretillas elevadoras, y siempre y cuando se haya superado el período de formación y aprendizaje a plena satisfacción. d. Peón. Se entiende el trabajador destinado a ejecutar labores para cuya realización se requiera predominantemente la aportación del esfuerzo físico. Participará en el trabajo de la sección ayudando y colaborando en el desempeño de los Oficiales, y utilizará, si es preciso para ello, medios semiautomáticos y automáticos. El personal destinado a máquinas de proceso, y una vez comenzado el período de formación, permanecerá como mínimo seis meses, y como máximo un año, con esta clasificación profesional. De lo expresado se desprende claramente que el trabajador con categoría de Peón que esté destinado a una máquina de proceso y lleve ejerciendo esa actividad el máximo de un año le corresponde la categoría profesional de Oficial de 3ª por entenderse suficientemente capacitado para el manejo completo de una máquina del proceso productivo que es función propia de ésta última categoría profesional. En el caso presente y conforme se desprende de los hechos probados, la demandante ha venido desarrollando su trabajo "en el final de una línea de producción, retirando y agrupando las bandejas de paquetes de café, y estando al tanto de la máquina que agrupa y reúne los paquetes, abasteciendo la bobina de plástico para sellar que contiene tal máquina, y poniéndola en marcha y parándola cuando surge algún problema en el empaquetado" (hecho cuarto) con superación del plazo de un año en el ejercicio de esa actividad. La empresa recurrente argumenta en el motivo que la demandante, con categoría de Peón, no realizaba su trabajo en una máquina de proceso que según el citado artículo 17 es requisito imprescindible para poder acceder a la categoría profesional superior, y sólo en el caso de que se maneje una máquina de proceso ,y no de otro tipo, durante el período de seis meses a un año, da derecho al Peón a ascender a Oficial de 3ª; sin que se haya aportado al procedimiento ningún medio de prueba que pueda determinar e interpretar si las tareas que se determinan como probadas se corresponden con una categoría u otra. Si bien la recurrente alega, como justificación básica del motivo, que la actora no realizaba su trabajo en una máquina del proceso de producción, es lo cierto que no da razón alguna en el motivo del porqué de dicha afirmación y, frente a ello, ha de prevalecer la imparcial conclusión obtenida por el Juzgador de instancia de que la actora manejaba una máquina del proceso de producción y que justifica (y se justifica) tanto en el inalterado contenido del hecho probado tercero (en el que describe las tareas que la actora desarrollaba de manejo y control de una máquina empaquetadora situada al final de la linea de producción) como en el fundamento de derecho cuarto (al señalar que se trata de una máquina más del proceso, aunque sea en la máquina del final de línea productiva), y por tanto, a la vista de la prevalencia de esa afirmación de que la actora manejaba una máquina del proceso de producción, y teniendo en cuenta también la incontestada afirmación de la sentencia de que la actora ha desarrollado esa labor por un tiempo superior a un año, todo ello lleva a la conclusión de que la demandante venía desarrollando al tiempo del despido las funciones propias de la categoría profesional de Oficial de 3ª por aplicación del citado artículo 17 del Convenio Colectivo que, como antes se ha señalado, viene a atribuir dicha categoría profesional (que implica el manejo completo de una máquina de proceso) al Peón destinado a máquinas de proceso que permanezca el máximo de un año, teniendo por ello derecho la actora al percibo del salario correspondiente a ésta categoría profesional de Oficial de 3ª, y por tanto, el salario que ha de tenerse en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones por el despido es el correspondiente a la expresa categoría profesional. Y al haberlo resuelto así la sentencia recurrida la misma no ha incurrido en la infracción del precepto del Convenio que se alega en el motivo que, por tanto, ha de ser desestimado. QUINTO.- El último motivo del recurso, planteado con carácter subsidiario de los anteriores, alega la infracción por la sentencia de instancia del artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores por considerar que la diferencia en el importe de la indemnización consignada por la empresa para eludir el pago de los salarios de tramitación, que se calculó en atención a la antigüedad y al salario de la categoría profesional de Peón que tenía reconocidos la demandante al tiempo del despido, deriva de haberse atribuido a la demandante en el presente juicio una antigüedad superior, por computarse el período de prestación de servicios que la actora realizó para la demandada a través de una empresa de trabajo temporal, así como un salario superior al que percibía consecuente a haberse apreciado por la sentencia recurrida que el salario había de ser el de la categoría profesional superior de Oficial de 3ª cuyas funciones la actora desempeñaba. Considerando por ello que el error en la cuantificación de la indemnización responde a un error excusable y no proceden los salarios de tramitación. Por tanto, la cuestión que en el presente motivo se plantea es si la diferencia entre el importe de la consignación realizada por la empresa y el reconocido por la sentencia responde o no a un error excusable. Según resulta de lo dispuesto por el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia que lo interpreta (por todas, sentencia de 7 de febrero de 2006, Recurso 3850/2004 ) para que la consignación de la indemnización realizada por el empresario que reconoce la improcedencia del despido le libere del pago de los salarios de tramitación es imprescindible que el importe de la indemnización ascienda a la cantidad que legalmente corresponde (45 días de salario por año de servicio ex artículo 56.1 ET ) y, en caso de existir una insuficiencia en la cantidad consignada no se produce aquella exoneración del pago de los salarios de tramitación salvo que esa insuficiencia responda a un error excusable, cuya concurrencia ha de valorarse en atención a las circunstancias del caso y que, a título de ejemplo, puede ser la escasa cuantía de la diferencia entre lo consignado y lo debido consignar, o la dificultad jurídica de concreción de la indemnización por controversia razonable sobre el importe del salario o, como indica la sentencia del TS de 19 de octubre de 2007 (Recurso 4128/2006 ), por responder la insuficiencia a una controversia traída a los Tribunales por vez primera con posterioridad a los actos de ofrecimiento y puesta a disposición. En el caso presente, teniendo en cuenta que la indemnización consignada por la empresa se calculó en atención a la antigüedad que tenía reconocida y al salario que percibía la actora al tiempo del despido, no cabe sino apreciar que la diferencia en el importe de la consignación responde a un error excusable en cuanto que tanto la antigüedad de la actora como su salario son cuestiones que no aparecen controvertidas con anterioridad al despido y es a raíz de éste cuando las mismas se plantean, ante lo cual no cabe sino apreciar, en aplicación de la doctrina expuesta por la citada sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2007 (Recurso 4128/2006 ), que la insuficiencia de la consignación responde a un error exclusable que no impide la aplicación del efecto liberador de los salarios de tramitación que establece el citado artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores por responder esa insuficiencia a una controversia razonable traída a los Tribunales por vez primera con posterioridad a los actos de ofrecimiento y puesta a disposición. SEXTO.- Como conclusión hemos de estimar el recurso que interpone la empresa en su petición subsidiaria, y, en su consecuencia, con revocación parcial de la resolución recurrida, absolver a la empresa del pago de los salarios de tramitación, manteniéndose el resto de sus pronunciamientos Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLAMOS : Estimamos parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la empresa UNIÓN TOSTADORA, S.A. frente a la sentencia dictada en fecha 11 de marzo de 2009 por el Juzgado de lo Social número Uno de La Rioja, en autos número 1376/2008 , y con revocación del pronunciamiento de la misma relativa al pago de los salarios de tramitación, absolvemos a la empresa de la pretensión de abono de tales salarios. Confirmando en cuanto al resto de sus pronunciamientos la sentencia de instancia. Sin costas. Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, debiendo anunciarlo ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS mediante escrito que deberá llevar firma de Letrado y en la forma señalada en los artículos 215 y siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral . Si el recurrente es empresario que no goce del beneficio de justicia gratuita y no se ha hecho la consignación oportuna en el Juzgado de lo Social, deberá ésta consignarse en la cuenta que esta Sala tiene abierta con el nº 2268-0000-66-0232-09 del BANESTO, Código de entidad 0030 y Código de oficina 8029 pudiendo sustituirse la misma por aval bancario, y el depósito para recurrir de 300,51 euros deberá hacerse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Expídanse testimonios de esta resolución para unir al Rollo correspondiente y autos de procedencia, incorporándose su original al correspondiente libro de Sentencias. Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos

Experto:  Dani Amador escribió hace 5 año.
Hola lamento decirle que no tiene opciones de reclamar;

-En el caso de despido como le dice algún compañero para reclamar diferencias la acción ha caducado pues tenía usted 20 dias hábiles de plazo.


- En el caso de una acción sobre clasificacíon profesional tampoco la puede ejercitar pues es una acción declarativa que sólo se puede ejercitar en el caso que siga en la empresa cosa que en este caso no sucede

-´Si quisiera pedir reclamaciones salariales; los salarios prescriben al año con lo que sólo podría reclamar, visto que va a prescribir un mes de salario

Siento que sea así, pero la jurisprudencia que comentan mis compañeros no es aplicable en ningun caso a su problema

Puede aceptar mi respuesta sin perjuicio de que le aclare todas sus dudas
Experto:  José M. escribió hace 5 año.

Antes de ser tán drástico, veremos la fecha de despido, y si ud ya ha reclamado.

Si ud ya ha empezado la reclamación tiene opciones

Gracias XXXXX XXXXX aceptación, consulte dudas

Experto:  Dani Amador escribió hace 5 año.
Cuando dice si puede interponer denuncia creo que está claro que no la interpuso con lo cual insisto en que no hay posiblidad alguna ni via despido, ni via clasificación profesional ni menos con una acción declarativa que no tiene ningún sentido en este caso.

Cuando reflejas el tema de los seis meses para el ascenso o en su caso vacante no es aplicable nunca cuando no se está en vigor el contrato de trabajo.

Soy drástico porque m parece una cuestión bastante básica
Experto:  Mariatf19 escribió hace 5 año.
Hola buenas tardes. Tal y como le hemos comentado varios compañeros siento decirle que no hay opciones de reclamar, las sentencias que le han aportado entraban dentro del plazo legal para poder reclamar y en su caso, las opciones que tiene son nulas. Siento ser tan clara pero es la respusta que hay desde un punto de vista legal.
Experto:  Dani Amador escribió hace 5 año.
No hay posibilidad de clasificación profesiona, ni de accionar por despido. Unicamente la diferencia salarial ( 1 mensualidad) desde que debió de recibirse.
Experto:  Mariatf19 escribió hace 5 año.
Estoy totalmente de acuerdo en que usted no tiene posibilidad de clasificación profesional en ningún caso y si ya han pasado los 20 días desde el despido, de reclamar también por este concepto. Siento que esa sea su respuesta pero sincermaente no tiene usted opciones en su caso y la ley es bien clara al respeto, las sentencias que antes se le han aportado no son aplicables en su caso y por tanto, la respuesta es la que en principio se le proporcionó aunque usted está en su derecho siempre de reclamar, cosa distinta es que después se le dé o no la razón. En todo caso no se quede con dudas y pregunte todo lo que necesite pues estamos disponbiles para resolver cualquier cuestión y muchas gracias XXXXX XXXXX confianza.

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