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José M.
José M., Abogado ejerciente
Categoría: Derecho Laboral
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Llevo trabajando 3 años en una Asociacion de Jubilados y pensionistas

Pregunta del cliente:

Llevo trabajando 3 años en una Asociacion de Jubilados y pensionistas de camarera de barra,por contrato me exigian ser Autonoma, que ya lo era por haber tenido negocio anteriormente.Facturaba 1000€ al mes mas 60% de beneficios al trimestre,mas el dinero correspondiente al recibo de Autonomos (Todo en "B" ).Hace 15 dias al cambiar de Junta la nueva Junta me dice que no vuelva al dia siguiente a trabajar y me cambian la cerradura de la puerta.Mis preguntas son:1º--Mi situacion era legal o no.2º-Puedo demandarles por despido improcedente o no. 3º Puedo demandarles los 3 años por haber estado ilegal si es asi o no.Gracias
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Derecho Laboral
Experto:  José M. escribió hace 5 año.

Hola

 

La respuesta a su primera pregunta es NO, no era legal, pero no le interesa a Ud hablar de dinero B, dado que si antes no denunció, siendo su obligación hacerlo, el juez no considerará este extremo. Y no era legal porque Ud es un autónomo dependiente. la normativa que lo regula es

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.html

 

Las obligaciones están contenidas en la norma, le debían haber realizado un contarto por escrito, al no haberlo hecho es un claro fraude de ley.

 

La segunda pregunta tiene también una respuesta afirmativa, pero no puede reclamar en vía laboral, debiendolo hacer en jurisdicción civil.

 

Ud tiene derecho a exigir 45 días por año hasta la fecha de la última reforma laboral y 33 posteriormente.

Para saber las cantidades que puede reclamar en concepto de indemnizacion por despido improcedente digame la facturación anual, inicio de contrato y finalización y le daré los datos

 

Le dejo sentencia de las muchas existentes que nos cierran la via civil

 

 

TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 1485/2011, de 24 de febrero
Recurso 6415/2010. Ponente: MIGUEL ANGEL PURCALLA BONILLA.
EXTRACTOS
Incompetencia de jurisdicción social: reclamación de indemnización por cese ilegal de TRADE
"... En esencia, el recurrente viene a señalar que concurre en su persona la condición de trabajador autónomo dependiente (TRADE), por disponer de vehículo de transporte propio y tarjeta de transporte (ordinal primero), trabajar para la demandada con facturación superior al 75% (ordinal cuarto) y no tener trabajadores a cargo (cuestión ésta que no ha quedado probada, más bien al contrario, por cuanto en el hecho probado quinto, no combatido, se cuestiona la ejecución personal de la actividad al haber sido sustituido el actor por un tercero, al menos en dos ocasiones -11.1.2007 y 29.8.2008-, en su tarea de transporte), habiendo ejercitado en plazo, además, la petición de su reconocimiento como TRADE por parte de la demandada. La tesis defendida en el recurso es que no existe norma transitoria que afecte a la entrada en vigor de las disposiciones de la Ley 20/2007 (LETA ), norma que entró en vigor a los tres meses de su publicación oficial, producida el 12 de julio de 2007, y por ello todas sus disposiciones, también sus arts. 15 y 17, son aplicables desde su entrada en vigor -12 de octubre de 2007 -, tanto a los contratos celebrados entre el TRADE y el cliente después de la entrada en vigor de la ley, como a los anteriores, entendiendo que así se deduce de la Transitoria Tercera de dicha norma; y que en todo caso, el plazo de reconocimiento de su condición de TRADE no ha vencido, de conformidad con la disposicion final cuarta de la Ley 15/2009. Concluye así, con base en la Disposición Transitoria Tercera, que al margen de que se adapte o no el contrato a dicho Estatuto , e incluso si se resuelve, cualquier controversia que se suscite en relación al contrato entre el TRADE y su cliente, será competencia de esta jurisdicción, y por tanto también cuando ese contrato se haya suscrito antes de la entrada en vigor de la LETA, de conformidad con la normativa reglamentaria invocada y las sentencias de esta Sala referidas.
El motivo no puede ser estimado por varias razones. En primer lugar, el recurrente comunicó su intención de que se le reconociera como TRADE el 30.6.2009, una vez la relación contractual entre las partes había finalizado (el 29.6.2009), y no antes, de modo que no se cumple lo indicado en la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2007 (LETA ), según la cual "Los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, entre el trabajador económicamente dependiente y el cliente a los que se refiere la disposición adicional undécima , deberán adaptarse a las previsiones contenidas en la misma dentro del plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo, salvo que en dicho período alguna de las partes opte por rescindir el contrato", que es lo que precisamente aquí ha sucedido, en tanto la extinción se propone por la demandada. Ligado a ello, la Disposición transitoria tercera de la LETA regula la adaptación de los contratos vigentes de los trabajadores autónomos económicamente dependientes en el sector del transporte, estableciendo que los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la LETA (12 de octubre de 2007) entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y el cliente en el caso de trabajadores autónomos del sector del transporte (...), deberán adaptarse a las previsiones contenidas en la misma dentro del plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo, salvo que en dicho período alguna de las partes opte por rescindir el contrato. El trabajador autónomo en el que concurra la circunstancia de ser económicamente dependiente en el supuesto de trabajadores autónomos del sector del transporte, deberá comunicarlo al cliente respecto al que adquiera esta condición, en el plazo comprendido desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta un año después de la entrada en vigor de las citadas disposiciones reglamentarias.
En desarrollo de tal previsión, la DT 2ª del RD 197/09 dispone en relación a la adaptación de los contratos vigentes de los trabajadores autónomos económicamente dependientes en el sector del transporte, que los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, entre el trabajador autónomo y el cliente a los que se refiere la disposición adicional undécima de dicha Ley , deberán adaptarse a las previsiones contenidas en la Ley y en el presente Real Decreto dentro del plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto, salvo que en dicho período alguna de las partes opte por rescindir el contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse en virtud de las condiciones pactadas anteriormente al amparo de las disposiciones del derecho civil, mercantil o administrativo aplicables. El trabajador autónomo en el que concurra la circunstancia de ser económicamente dependiente en los supuestos a los que se refiere esta disposición transitoria, deberá comunicarlo al cliente respecto al que adquiera esta condición. En función de las citadas normas, el plazo de adaptación de los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo a la LET, precluye el 5 de septiembre de 2010 , pasados dieciocho meses de la entrada en vigor del RD 197/2009, que se produjo el 5 de marzo de 2009.
Así las cosas, el actor no comunicó a la empresa demandada que en él concurría la condición de TRADE en el período comprendido entre el 12.10.2007 (fecha de entrada en vigor de la LETA) y el 12.10.2008 (vencimiento del plazo de un año desde dicha entrada en vigor), haciéndolo además cuando la relación contractual ya no existía al haber sido extinguida con anterioridad.
Por lo demás, la Ley 20/2007 exige el perfeccionamiento escrito del contrato que vincula al autónomo dependiente con la entidad-empleadora, frente a la regla general de libertad de forma en el contrato concertado por el trabajador autónomo en ejercicio de su actividad profesional, lo cual tampoco aquí ha resultado probado. En otros términos, en la medida que sólo se configura el TRADE cuando, además de cumplirse los requisitos sustantivos exigidos (vínculo; autonomía; dependencia económica), se haya formalizado por escrito un contrato en que expresamente así se haga constar, adquiriendo la forma e indicación de la cualidad un valor esencial, ad solemnitatem de la relación (art. 12 de la Ley 20/2007 y art. 4 RD 197/2009 , que la desarrolla), mal puede invocarse vulneración de derecho alguno ante esta jurisdicción hasta el cumplimento de esas exigencias formales (cuestión distinta hubiera sido que la parte hubiera alegado la situación de "falso autónomo" del actor); es decir en tanto que las partes no han efectuado la adaptación contractual no es competente el orden jurisdiccional social para conocer de la controversia objeto de esta causa derivada de la resolución unilateral por la empresa, sin perjuicio del derecho del actor a reclamar en la jurisdicción competente: la jurisdicción civil.
En suma, aún concurriendo en el demandante las circunstancias que identifican al trabajador autónomo económicamente dependiente del sector de transporte respecto de la empresa demandada (aunque es cuestionable también el que no cuente con personal propio el actor, o, cuando menos, la ejecución personalísima de la prestación, por la sustitución que se recoge en el relato fáctico antes citado), es claro que la ley ha previsto un plazo transitorio durante el cual, si no se ha formalizado el contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente (como ocurre en el presente caso, en el que tampoco hay constancia de que el demandante hubiese comunicado a la demandada, con anterioridad a la extinción del contrato, que concurría la circunstancia de ser económicamente dependiente, siendo un mecanismo de reclamación ex post a la extinción contractual), se permite la rescisión, por cualquiera de las partes, del contrato existente entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y el cliente. Habiéndose ejercido en el caso presente por la empresa demandada esa facultad de rescisión del contrato que la Ley le otorga dentro del mencionado plazo transitorio, al haberse comunicado la rescisión el 26 de junio de 2009 con efectos de 29 de noviembre de 2009 y finalizar dicho plazo, como antes se ha señalado, el 5 de septiembre de 2010.
Además, y como expresan las SSTSJ de Castilla-León, Sala de lo Social de Valladolid, de fecha 25.3.2009 (Rº 97-2009 ) y de La Rioja de 4.2.2010 (Rº 32-2010), "Esta solución normativa es lógica dado que se trata de evitar que el nuevo régimen del trabajador económicamente dependiente se imponga forzosamente a quienes anteriormente venían manteniendo una relación que ahora quedaría integrada en la nueva regulación, dejando por tanto la facultad de desistir de la continuación de la misma. Y la misma ha sido matizada lógicamente en la disposición transitoria primera del Real Decreto 197/2009 en el sentido de que tal facultad resolutoria no supone dejar sin efecto las condiciones pactadas entre las partes anteriormente al amparo de las disposiciones del derecho civil, mercantil o administrativo aplicables, algo que obviamente había de deducirse de la regulación legal en una interpretación sistemática, lógica y finalista de la misma". En parecidos términos se han manifestado las sentencias del TSJ del País Vasco de 19.1.2010 y 2.2.2010 , la STSJ Madrid de 5.2.2010 , las SSTSJ de Cataluña de 22.6.2009 , 21.7.2009 , 13.9.2010 y 22.10.2010 , o del TSJ País Vasco de 24.3.2009 y de 19.1.2010 ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclamación cantidad, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 27 de mayo de 2010 que contenía el siguiente Fallo:
"Que, estimando la excepción de incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la demanda interpuesta por Don Eleuterio contra "COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN S.A.", debo absolver en la instancia a la entidad demandada, remitiendo a la parte actora para el ejercicio de sus acciones a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil."
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
"PRIMERO.- El demandante Don Eleuterio , desde el 1 de septiembre de 1.999, ha prestado sus servicios como conductor-transportista, con vehículo propio de masa máxima en carga admisible de 18.000 Kg., con tarjeta de transporte, para la sociedad demandada "COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN S.A.", dedicada a la producción de acero (encabezamiento y hecho primero y segundo de la demanda en los extremos no opuestos por la entidad demandada acto de juicio folios 63 y 64 y soporte de grabación en especial en cuanto a la antigüedad; informe de vida laboral folio 69; permiso de circulación folio 75; tarjeta de transporte obrante a folio 76 que se dan todos ellos por reproducidos).
SEGUNDO.- El actor figura de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social desde el día 01-09-1999 al día 30-06-2009 y desde el día 01-09-2009 en adelante (informe vida laboral obrante a folio 69 que se da por reproducido).
TERCERO.- El actor facturaba mensualmente a la demandada por los transportes realizados, incluyendo el IVA del 16 % y el IRPF del 1%, por una cantidades globales que en computo anual ascendieron a 96.679,11 € en el año 2.006, a 95,284,69 € en el año 2.007, a 77.282,41 € en el año 2.008 y a 29.760,38 € en los seis primeros meses del año 2.009 (hecho tercero de la demanda en extremo no opuesto por la demandada acto de juicio folio 63 y 64 y soporte de grabación; documentos obrantes a folios 266 a 291 que se dan por reproducidos).
En la declaración del IRPF del año 2007 del actor figura como rendimientos netos de actividades económicas la cantidad de 10.611,13 € (documento obrante a folios 293 a 303 que se dan por reproducidos).
En la declaración del IRPF del año 2008 del actor figura como rendimientos netos de actividades económicas la cantidad de 10.611,13 € (documento obrante a folios 304 a 313 que se dan por reproducidos).
CUARTO.- Más del 75 por 100 de los ingresos del actor provenían de los trabajos realizados para la entidad demandada (reconocimiento en el acto de juicio por la demanda en trámite de conclusiones folio 65 y soporte de grabación).
QUINTO.- No consta que el actor tuviera a trabajadores a su servicio en el período 01-01-2001 a 01-04-2010 (informe situación código cuenta cotización emitido por TGSS folio 70 y 71 que se dan por reproducidos), pero en al menos dos ocasiones el transporte encomendado al actor lo efectuó una tercera persona con el vehículo de aquel, en concreto en fechas 11-01-2007 y 29-08-2008 (documental obrante a folios 318 a 321 que se dan por reproducidos)
SEXTO.- En fecha 26 de junio de 2.009, la sociedad demandada comunicó al actor que prescindía de sus servicios a partir de lunes 29 de junio de 2.009 (hecho tercero de la demanda aceptado por la parte demandada en el acto de juicio).
SÉPTIMO.- En fecha 30 de junio de 2.009 el actor remitió comunicación escrita a la entidad demandada en la que indicaba que a los efectos oportunos les comunicaba que cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 20/2007 y en el Real Decreto 127/2009 para considerarse trabajador autónomo dependiente de dicha entidad en los términos que se detallan en el documento obrante a folio 73 que se da por reproducido (hecho tercero de la demanda no opuesto por la demandada y documentos obrante a folios 72 a 74 que se dan por reproducidos).
OCTAVO.- En fecha 8 de junio de 2.008 el actor denunció ante la policía autonómica la sustracción del semirremolque de su propiedad y de la carga existente en el mismo, consistente en "10 rollos de hierro llamado alambrón" (documento obrante a folio 292 que se da por reproducido).
NOVENO.- En fecha 8 de abril de 2.010 la entidad demandada interpuso demanda de conciliación contra el actor reclamando el importe de 21.941,40 € valor que manifestaba tenía la carga no entregada al destinatario en fecha 8 de junio de 2.008 (documentos obrantes a folios 328 a 333 que se dan por reproducidos).
DÉCIMO.- El actor partiendo de sus ingresos diarios promedio en los años 2.006, 2.007 y 2.008, reclama en concepto de indemnización por extinción contractual la cantidad de 92.555,03 €, aplicando el modulo de cálculo de la indemnización por despido disciplinario improcedente, y en concepto de preaviso, los ingresos promedio de un mes, por importe de 37.694,46 €; a lo que adiciona 12.600 € en concepto de facturas de mayo y junio de 2.009 pendientes en la fecha de extinción contractual, cuya cuantía no se cuestiona por la entidad demandada afirmando que "no se pagaron al actor porque éste debe 21.000 € de la mercancía que perdió" (acto de juicio folio 64 y soporte de grabación)."
TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 14 de Barcelona en fecha 27.5.2010 , autos 1130/2009, que desestimó, al apreciar la excepción de incompetencia de jurisdicción, la demanda formulada por la parte actora, D. Eleuterio , en reclamación por extinción de la relación de autónomo dependiente (por importe y desglose detallado en el ordinal fáctico décimo, al que remitimos) contra COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.A., interpone aquél, ahora como recurrente, el presente recurso de suplicación, que ha sido impugnado de contrario, con base en tres motivos.
La instancia ha desestimado la pretensión actuada en demanda tendente a obtener una indemnización por cese ilegal de TRADE, petición rechazada al apreciar la incompetencia de este orden social de la jurisdicción para el conocimiento de la reclamación, indicando que debe suscitarse ante la jurisdicción civil.
SEGUNDO.- Como primer motivo, al amparo de la letra a) del art. 191 LPL , solicita el recurrente la nulidad de actuaciones, por vulneración de los arts. 2.p, 2.q y 17.1 de la Ley 20/2007 (Estatuto del Trabajo Autónomo), art. 24 CE y art.XXXXX197/2009 (Reglamento de desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo). Invoca al efecto (aunqe no menciona su vulneración de modo expreso), además de la doctrina judicial que cita, las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 20/2007 , así como de la disposicion final cuarta de la Ley 15/2009 , en cuanto a los diversos plazos para reconvertir la relación mercantil de transporte entre las partes en relación de trabajo autónomo dependiente.
La nulidad de actuaciones, con retroacción del procedimiento al momento anterior al de la celebración del juicio oral por la indebida falta de práctica de prueba o por infracción de garantías procesales, es un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad o economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir por la Administración de Justicia como servicio público, por lo que la estimación de la nulidad de actuaciones queda condicionada al cumplimiento de estrictos requisitos y, en especial, a la acreditación de una indefensión constitucionalmente relevante, que es la material, no la formal.
La indefensión, conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estimen pertinente, puedan hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos, de forma que hay que acudir al concreto y específico supuesto para examinar la existencia o no de la indefensión denunciada, y por otro se exige a la parte una diligencia adecuada en la defensa de sus derechos.
En esa línea argumental, hemos tenido ocasión de señalar en nuestra sentencia núm. 9178/2004, de 21 de diciembre , que "La Jurisprudencia ha declarado reiteradamente que para que pueda estimarse el recurso por este motivo es doctrina consolidada que debe citarse la norma procesal que se estima infringida; que dicha norma debe ser esencial en el sentido de haber causado indefensión a la parte, y en fin, que ésta haya formulado protesta en tiempo y forma pidiendo la subsanación de la falta con el fin de que no pueda estimarse consentida; debiendo, por último, añadirse que la jurisprudencia ha tendido a considerar excepcional la admisión de este motivo al ser también excepcional la medida a la que el mismo se anuda de declaración de nulidad de actuaciones. Debe en el presente caso rechazarse este motivo de nulidad de actuaciones, pues no consta (ver acta de juicio) que la parte recurrente efectuase en el acto del juicio protesta alguna y esta falta de protesta determina una aceptación tácita de todos los trámites seguidos en el proceso, sin que puedan plantearse en esta fase procesal de recurso, por primera vez, esas supuestas infracciones de procedimiento, ya que ello supone introducir cuestiones nuevas no alegadas oportunamente en la instancia, lo cual no está permitido en un recurso extraordinario como es el de suplicación".
En este sentido, esta Sala comparte el criterio de la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 20 septiembre 2005 , cuando señala que "son los Jueces y Tribunales los que han de valorar la pertinencia de las pruebas propuestas, pero en ese cometido no pueden sacrificar su realización a otros intereses que, aun estando también protegidos por el ordenamiento, sean de rango inferior al derecho constatado en el citado precepto constitucional", y por ello mismo hemos dictado ya sentencias, como la núm. 3665/2005, de 26 de abril de 2005 , en las que hemos indicado que "la declaración de nulidad de una resolución, en cuanto supone una frustración, aunque sea provisional, del proceso seguido en la instancia, con el consiguiente estado de insatisfacción para los justiciables, por lo que se refiere a la obtención de una resolución, fundada en derecho, que de respuesta a las cuestiones debatidas en el litigio, sin dilaciones indebidas, constituye un remedio procesal que ha de ser manejado con el mayor cuidado y ponderación, no llevándose más allá de los límites impuestos por el propio derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que nuestra Constitución -artículo 24-1 de la misma- proclama y garantiza; y de ahí, que cuando no exista indefensión, no proceda la declaración de nulidad de la sentencia y la reposición de los autos al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento, de acuerdo con lo que establece el apartado a) del artículo 191 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral ".
Pues bien, en el procedimiento enjuiciado no se ha producido indefensión alguna, porque debe recordarse que no toda irregularidad procesal genera la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino que han de tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, la finalidad e importancia del requisito omitido o irregularmente cumplido, y sobre todo la conducta procesal observada por quien alega tal vulneración, pues no puede invocar válidamente indefensión quien ha mantenido una conducta procesal errática o abusiva. Además, no toda infracción de norma procesal da lugar a la nulidad por quebrantamiento de forma, sino que es preciso que la misma haya producido a la parte consecuencias negativas. No basta, por tanto, "con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es necesario, además, que tal infracción legal determine la indefensión del afectado" ( STC 158/1989 de 5 de octubre ), lo cual no ha sucedido, ni en un sentido (irregularidad, que brilla por su ausencia) ni en otro (indefensión, aquí inexistente), en el supuesto de autos. En el caso de autos, no solo no se ha provocado una indefensión formal, sino ni tan siquiera una indefensión material que suponga una vulneración del artículo 24 de la CE . Si a lo dicho añadimos la falta de protesta y de su alegación, como elemento esencial del motivo previsto en el art.191.a) LPL , la conclusión es que este motivo deba ser desestimado.
TERCERO.- Como segundo motivo, de revisión fáctica (art. 191.b LPL ), solicita el recurrente la revisión del hecho probado séptimo, para que se añada al mismo que "la entidad demandada nunca se manifestó expresamente acerca de si prescindía de los servicios del actor, simplemente dejó de suministrarle trabajo (hecho tercero de la demanda no opuesto por la demandada, documentos obrantes a folios 72 a 74 que se dan por reproducidos, y reconocimiento por la entidad demandada en el acto de juicio en trámite de conclusiones)".
Es constante doctrina jurisprudencial, tan numerosa que excusa de su pormenorizada cita, la que ha establecido que la viabilidad de este motivo de suplicación requiere: A) Que la equivocación que se imputa el Juzgador de instancia resulte patente, sin necesidad de llevar a cabo conjeturas o razonamientos, de documentos o pericias obrantes en los autos que así lo evidencien. B) Que se señalen los párrafos a modificar, ofreciendo redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisora. C) Que los resultados postulados, aún deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio del Juez de Instancia, a quien la ley reserva la función de valoración de las pruebas aportadas por las partes. D) Finalmente, que las modificaciones solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resolución de las cuestiones planteadas. Sin la concurrencia de estos requisitos no puede prosperar el motivo de suplicación acogido al amparo del apartado b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral .
De su lado, es doctrina constante de esta Sala, en interpretación del apartado b) del artículo 191 de la LPL , la que señala que sólo de excepcional manera han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten un claro error de hecho sufrido por el Juzgador en la apreciación de la prueba.
Es por lo anterior que venimos sosteniendo que el error de hecho ha de ser evidente, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia ni de un recurso de apelación, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios, pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia por el de la parte, lógicamente parcial e interesado. En efecto, es el juzgador a quo quien aprecia "los elementos de convicción" conforme al artículo 97.2 LPL , concepto más extenso que el de medios de prueba, pues no sólo abarca a los que enumera el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sino también el comportamiento de las partes en el transcurso del proceso e incluso sus omisiones; por ello mismo, es inaceptable sustituir su criterio por el de la parte interesada, al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar que tanto el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , como el artículo 117.3 de nuestra Constitución otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales; finalmente, no con menor reiteración venimos indicando que en cuanto a los elementos invocados para la revisión, carecen de eficacia revisoria las manifestaciones de las partes en sus escritos o en el acto del juicio, la propia acta del juicio, así como las pruebas de confesión en juicio y testifical, conforme a los artículos 191 y 194 LPL , no pudiendo tampoco ampararse la pretensión revisoria en la falta de prueba.
Llegados a este punto, el motivo no puede prosperar. Por lo pronto, no tiene sentido modificar el contenido del ordinal sexto al quedar invariable, por no impugnado, el ordinal sexto, a cuyo tenor en fecha 26 de junio de 2009, la sociedad demandada comunicó al actor que prescindía de sus servicios a partir del lunes día 29 de junio de 2009 (hecho tercero de la demanda, aceptado por la parte demandada en el acto de juicio), de modo que es incongruente la pretensión de revisar un hecho probado de la sentencia, el sexto, cuya redacción se basa, como bien señala el escrito de impugnación del recurso, en lo que el propio recurrente manifestó en la demanda que dio origen al proceso litigioso. En consecuencia, el motivo no puede sino decaer, al no existir error alguno en la tarea del juzgador a quo ni en su convicción formada, con base en el art. 97.2 LPL , sobre el total de la prueba practicada y valorada libre e imparcialmente, a juicio de la Sala.
CUARTO.- Como último motivo de recurso, de censura jurídica (art. 191.c LPL ), denuncia el recurrente la vulneración del art. 11 de la Ley 20/2007 , de los arts. 1, 2 yXXXXX197/2009 , así como de los precedentes de esta Sala (sentencias de 12.5.2009, Rº(NNN) NNN-NNNN, y de 30.9.2009 , Rº 1693-2009) que cita (que no constituyen jurisprudencia en el sentido del art. 1.6 del Código civil ). En esencia, el recurrente viene a señalar que concurre en su persona la condición de trabajador autónomo dependiente (TRADE), por disponer de vehículo de transporte propio y tarjeta de transporte (ordinal primero), trabajar para la demandada con facturación superior al 75% (ordinal cuarto) y no tener trabajadores a cargo (cuestión ésta que no ha quedado probada, más bien al contrario, por cuanto en el hecho probado quinto, no combatido, se cuestiona la ejecución personal de la actividad al haber sido sustituido el actor por un tercero, al menos en dos ocasiones -11.1.2007 y 29.8.2008-, en su tarea de transporte), habiendo ejercitado en plazo, además, la petición de su reconocimiento como TRADE por parte de la demandada. La tesis defendida en el recurso es que no existe norma transitoria que afecte a la entrada en vigor de las disposiciones de la Ley 20/2007 (LETA ), norma que entró en vigor a los tres meses de su publicación oficial, producida el 12 de julio de 2007, y por ello todas sus disposiciones, también sus arts. 15 y 17, son aplicables desde su entrada en vigor -12 de octubre de 2007 -, tanto a los contratos celebrados entre el TRADE y el cliente después de la entrada en vigor de la ley, como a los anteriores, entendiendo que así se deduce de la Transitoria Tercera de dicha norma; y que en todo caso, el plazo de reconocimiento de su condición de TRADE no ha vencido, de conformidad con la disposicion final cuarta de la Ley 15/2009. Concluye así, con base en la Disposición Transitoria Tercera, que al margen de que se adapte o no el contrato a dicho Estatuto , e incluso si se resuelve, cualquier controversia que se suscite en relación al contrato entre el TRADE y su cliente, será competencia de esta jurisdicción, y por tanto también cuando ese contrato se haya suscrito antes de la entrada en vigor de la LETA, de conformidad con la normativa reglamentaria invocada y las sentencias de esta Sala referidas.
El motivo no puede ser estimado por varias razones. En primer lugar, el recurrente comunicó su intención de que se le reconociera como TRADE el 30.6.2009, una vez la relación contractual entre las partes había finalizado (el 29.6.2009), y no antes, de modo que no se cumple lo indicado en la disposición transitoria segunda de la Ley 20/2007 (LETA ), según la cual "Los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, entre el trabajador económicamente dependiente y el cliente a los que se refiere la disposición adicional undécima , deberán adaptarse a las previsiones contenidas en la misma dentro del plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo, salvo que en dicho período alguna de las partes opte por rescindir el contrato", que es lo que precisamente aquí ha sucedido, en tanto la extinción se propone por la demandada. Ligado a ello, la Disposición transitoria tercera de la LETA regula la adaptación de los contratos vigentes de los trabajadores autónomos económicamente dependientes en el sector del transporte, estableciendo que los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la LETA (12 de octubre de 2007) entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y el cliente en el caso de trabajadores autónomos del sector del transporte (...), deberán adaptarse a las previsiones contenidas en la misma dentro del plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo, salvo que en dicho período alguna de las partes opte por rescindir el contrato. El trabajador autónomo en el que concurra la circunstancia de ser económicamente dependiente en el supuesto de trabajadores autónomos del sector del transporte, deberá comunicarlo al cliente respecto al que adquiera esta condición, en el plazo comprendido desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta un año después de la entrada en vigor de las citadas disposiciones reglamentarias.
En desarrollo de tal previsión, la DT 2ª del RD 197/09 dispone en relación a la adaptación de los contratos vigentes de los trabajadores autónomos económicamente dependientes en el sector del transporte, que los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, entre el trabajador autónomo y el cliente a los que se refiere la disposición adicional undécima de dicha Ley , deberán adaptarse a las previsiones contenidas en la Ley y en el presente Real Decreto dentro del plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto, salvo que en dicho período alguna de las partes opte por rescindir el contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse en virtud de las condiciones pactadas anteriormente al amparo de las disposiciones del derecho civil, mercantil o administrativo aplicables. El trabajador autónomo en el que concurra la circunstancia de ser económicamente dependiente en los supuestos a los que se refiere esta disposición transitoria, deberá comunicarlo al cliente respecto al que adquiera esta condición. En función de las citadas normas, el plazo de adaptación de los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo a la LET, precluye el 5 de septiembre de 2010 , pasados dieciocho meses de la entrada en vigor del RD 197/2009, que se produjo el 5 de marzo de 2009.
Así las cosas, el actor no comunicó a la empresa demandada que en él concurría la condición de TRADE en el período comprendido entre el 12.10.2007 (fecha de entrada en vigor de la LETA) y el 12.10.2008 (vencimiento del plazo de un año desde dicha entrada en vigor), haciéndolo además cuando la relación contractual ya no existía al haber sido extinguida con anterioridad.
Por lo demás, la Ley 20/2007 exige el perfeccionamiento escrito del contrato que vincula al autónomo dependiente con la entidad-empleadora, frente a la regla general de libertad de forma en el contrato concertado por el trabajador autónomo en ejercicio de su actividad profesional, lo cual tampoco aquí ha resultado probado. En otros términos, en la medida que sólo se configura el TRADE cuando, además de cumplirse los requisitos sustantivos exigidos (vínculo; autonomía; dependencia económica), se haya formalizado por escrito un contrato en que expresamente así se haga constar, adquiriendo la forma e indicación de la cualidad un valor esencial, ad solemnitatem de la relación (art. 12 de la Ley 20/2007 y art. 4 RD 197/2009 , que la desarrolla), mal puede invocarse vulneración de derecho alguno ante esta jurisdicción hasta el cumplimento de esas exigencias formales (cuestión distinta hubiera sido que la parte hubiera alegado la situación de "falso autónomo" del actor); es decir en tanto que las partes no han efectuado la adaptación contractual no es competente el orden jurisdiccional social para conocer de la controversia objeto de esta causa derivada de la resolución unilateral por la empresa, sin perjuicio del derecho del actor a reclamar en la jurisdicción competente: la jurisdicción civil.
En suma, aún concurriendo en el demandante las circunstancias que identifican al trabajador autónomo económicamente dependiente del sector de transporte respecto de la empresa demandada (aunque es cuestionable también el que no cuente con personal propio el actor, o, cuando menos, la ejecución personalísima de la prestación, por la sustitución que se recoge en el relato fáctico antes citado), es claro que la ley ha previsto un plazo transitorio durante el cual, si no se ha formalizado el contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente (como ocurre en el presente caso, en el que tampoco hay constancia de que el demandante hubiese comunicado a la demandada, con anterioridad a la extinción del contrato, que concurría la circunstancia de ser económicamente dependiente, siendo un mecanismo de reclamación ex post a la extinción contractual), se permite la rescisión, por cualquiera de las partes, del contrato existente entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y el cliente. Habiéndose ejercido en el caso presente por la empresa demandada esa facultad de rescisión del contrato que la Ley le otorga dentro del mencionado plazo transitorio, al haberse comunicado la rescisión el 26 de junio de 2009 con efectos de 29 de noviembre de 2009 y finalizar dicho plazo, como antes se ha señalado, el 5 de septiembre de 2010.
Además, y como expresan las SSTSJ de Castilla-León, Sala de lo Social de Valladolid, de fecha 25.3.2009 (Rº 97-2009 ) y de La Rioja de 4.2.2010 (Rº 32-2010), "Esta solución normativa es lógica dado que se trata de evitar que el nuevo régimen del trabajador económicamente dependiente se imponga forzosamente a quienes anteriormente venían manteniendo una relación que ahora quedaría integrada en la nueva regulación, dejando por tanto la facultad de desistir de la continuación de la misma. Y la misma ha sido matizada lógicamente en la disposición transitoria primera del Real Decreto 197/2009 en el sentido de que tal facultad resolutoria no supone dejar sin efecto las condiciones pactadas entre las partes anteriormente al amparo de las disposiciones del derecho civil, mercantil o administrativo aplicables, algo que obviamente había de deducirse de la regulación legal en una interpretación sistemática, lógica y finalista de la misma". En parecidos términos se han manifestado las sentencias del TSJ del País Vasco de 19.1.2010 y 2.2.2010 , la STSJ Madrid de 5.2.2010 , las SSTSJ de Cataluña de 22.6.2009 , 21.7.2009 , 13.9.2010 y 22.10.2010 , o del TSJ País Vasco de 24.3.2009 y de 19.1.2010 .
QUINTO.- El demandante disfruta del beneficio de justicia gratuita pues litiga invocando su condición de trabajador, lo que resulta suficiente a estos efectos (art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero ) e impide imponerle el pago de las costas causadas por su recurso, al no concurrir ya el supuesto previsto al efecto en el 233 LPL.
Vistos los preceptos legales indicados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y legal aplicación,
FALLAMOS
Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de D. Eleuterio , contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 14 de Barcelona en fecha 27.5.2010 , autos 1130/2009, seguidos a instancias del hoy recurrente, frente a COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.A., sobre reclamación de cantidad. Se confirma la sentencia impugnada. Sin costas.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.
La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a esta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art.219 de la Ley de Procedimiento Laboral .
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del texto procesal laboral, todo el que (a excepción de los trabajadores o causahabientes suyos, los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, quienes gocen del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos dependientes de todos ellos) intente interponer recurso de casación, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene abierta en el Banco Español de Crédito-BANESTO-, en la Oficina núm 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.
En caso de recurso de casación, la consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO, en la oficina indicada en el párrafo anterior, nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.
Experto:  José M. escribió hace 5 año.

No obstante a lo previo, si demostrara que Ud no tenía independencia ninguna y que todo era un montaje del empleador, si tuvieramos acceso a la jurisdiccion laboral

 

Le dejo sentencia donde un trabajador, esta en una situación completamente dependiente y en clarísimo fraude de ley, lo que si admite la jurisdicción laboral.

 

TSJ Cantabria, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 482/2010, de 18 de junio Recurso 414/2010. Ponente: MARIA DE LAS MERCEDES SANCHA SAIZ. EXTRACTOS Relación laboral común: trabajador extranjero que trabaja en instalaciones de empresa, con material por ella facilitado, recibiendo órdenes y plano de piezas a elaborar, con horario y con retribución por pieza en base a factura hecha por empresa "... Para analizar la vinculación del codemandado Sr. Baldomero y la empresa SADEINA, S.L., debemos partir de los siguientes hechos: a) la referida empresa se dedica a la fabricación de maquinaria agrícola; b) el Sr. Baldomero , de nacionalidad rumana y que no hablaba -en el mes de noviembre de 2008- el castellano, prestaba servicios en las instalaciones de aquella empresa, como tornero, para ello el encargado de la mercantil le entregaba un plano de las piezas que debía elaborar, utilizando el trabajador para ello el material de aquella; c) cumplía el mismo horario y jornada que el resto de los trabajadores de SADEINA; y d) era retribuido por piezas realizadas, siendo la empresa quien confeccionaba las facturas. En el supuesto del Sr. Baldomero no existe independencia organizativa en el desempeño de sus funciones de tornero, criterio que ha sido utilizado normalmente por la jurisprudencia para determinar la naturaleza laboral o mercantil de un determinado vínculo jurídico. Así, dichas labores las realiza en el centro de trabajo de SADEINA, con material de la empresa y sujetándose al mismo horario que el resto de sus trabajadores. Tampoco consta el cumplimiento de ninguno de los presupuestos aludidos en el art. 1 de la Ley 20/2007 ni el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de extranjería. En definitiva, no cabe sostener su condición de trabajador autónomo. ..." "... En el presente supuesto, de acuerdo con los hechos probados de la sentencia de instancia, no se cumplen los requisitos derivados de esta normativa para considerar al codemandado trabajador autónomo económicamente dependiente. Los datos fácticos de que disponemos son muy escasos. Es cierto que se cumple uno de los elementos delimitadores de dicha figura jurídica, ya que percibe más del 75% de sus ingresos de SADEINA (la totalidad de los mismos), ya que ninguna prueba existe relativa a que el trabajador tenga otros ingresos distintos. Por otro lado no dispone de infraestructura productiva y material propio (c), los criterios organizativos tampoco son propios (d). Es más, ni tan siquiera, en el momento de la inspección tenía formalizado el contrato por escrito. Debemos valorar también que no existe una presunción al carácter de TRADE, similar a la existente en el art. 8.1 del ET ; así lo confirma el art. 3.3 de la LETA , al reiterar la exclusión del trabajo autónomo en su conjunto del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo y así lo ha entendido esta Sala en su sentencia de 26-6-2009 (rec. 374/2009 ). Por todo ello, procede rechazar el carácter del Sr. Baldomero , de trabajador autónomo dependiente. ..." ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda de oficio por la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo, siendo demandada la empresa SEDEINA, S.L., sobre Procedimiento de Oficio, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 27 de enero de 2010 , en los términos que se recogen en su parte dispositiva. SEGUNDO.- Como hechos probados se declararon los siguientes: 1º.- Por la Inspección de Trabajo se levanta acta de infracción el 4 de marzo de 2009 como consecuencia de la visita de inspección realizada el 25 de noviembre de 2008 en el centro de trabajo de la empresa SADEINA, S.L., sito en el Bº la Gándara, en la localidad de Cudón (Miengo). 2º.- En el momento de la visita se encontraba trabajando en el centro de trabajo el trabajador D. Baldomero , con NIE NUM000 , de nacionalidad rumana. Dicho trabajador realizaba funciones de tornero en el centro de trabajo de SADEINA, S.L., con material de dicha empresa, y cumplía un horario de 8.30 a 13.00 horas y de 14.30 a 18.00 horas de lunes a viernes, idéntico horario que el resto de los empleados de la empresa demandada, que se dedica a la fabricación de maquinaria agrícola. El encargado de la empresa, don Donato , entregaba a Baldomero los planos de las piezas que tenía que realizar. Este trabajador no hablaba español, y solicitaba ayuda a una compatriota llamada Gianina Cristina cuando no entendía lo que la empresa demandada le pedía. Testifical de doña Gianina Cristina-. 3º.- El trabajador Baldomero en el momento de la visita inspectora no estaba dado de alta en ningún régimen de la seguridad social, aunque estuvo dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos durante el periodo 1-04-08 al 30-09-08. En fecha 28 de noviembre de 2008 se registra en las oficinas del servicio público de empleo de Torrelavega n° registro de entrada NUM001 un contrato de actividad profesional de trabajador autónomo económicamente dependiente, entre el citado trabajador y la empresa SADEINA, S.L., así como simultáneamente se produce el alta del trabajador en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 4º.- Como consecuencia de las actuaciones de la Inspección de Trabajo se levantó contra la empresa Acta de infracción en materia de extranjería, tipificada como muy grave, con propuesta de sanción de 6.000,01 euros. 5º.- La empresa demandada retribuía a Baldomero por piezas realizadas -reconocido por la empresa al contestar a la demanda-. En los meses de noviembre y diciembre de 2008 Baldomero giró a la empresa demandada sendas facturas por importe de 524,11 y 813,16 euros, - folios 90 y 91-. TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.

- La demanda de oficio de la que dimana el presente recurso fue interpuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de que se declarara, tras levantamiento de acta de infracción, la existencia de relación laboral entre el trabajador D. Baldomero y la empresa SEDEINA, S.L. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Santander, en fecha 27 de enero de 2010 , estima la demanda de oficio formulada, declarando "la existencia de relación laboral por cuenta ajena entre la empresa y el trabajador codemandado, desde el 25 de noviembre de 2008". Interpone recurso de suplicación, exclusivamente, la mercantil SEDEINA, S.L., articulándolo en dos motivos y con correcto amparo procesal en los apartados b) y c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , en los que se pretende la revisión del relato fáctico y el examen de la supuesta infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia; habiendo sido objeto de impugnación. SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso se solicita la revisión de los siguientes hechos probados: a) La del ordinal tercer, proponiendo el texto alternativo que figura en cursiva: "El trabajador Baldomero en el momento de la visita inspectora no estaba dado de alta en ningún régimen de la seguridad social, aunque estuvo dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos durante el periodo 1-04-08 al 30-09-08 en virtud de contrato mercantil como TRADE, suscrito con la empresa cliente SADEINA, S.L. Desde 1 de octubre hasta 11 de noviembre de 2008 dicho contrato quedó en suspenso por trasladarse el trabajador autónomo a su país Rumanía. Posteriormente en fecha 12 de noviembre se reanuda la anterior relación mercantil entre el TRADE y SADEINA, mediante nuevo contrato mercantil que en fecha 28 de noviembre de 2008 se registra en las oficinas del Servicio Público de Empleo de Torrelavega n° registro de entrada NUM001 un contrato de actividad profesional de trabajador autónomo económicamente dependiente, entre el citado trabajador y la empresa SADEINA, S.L., así como simultáneamente se produce el alta del trabajador en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), con efectos también de 12 de noviembre". Para justificar dichos datos se remite a la prueba documental, de la que se desprende la existencia de un previo contrato de actividad profesional de trabajadora autónomo económicamente dependiente, de 1 de abril de 2008 (folios 55-57) y otro posterior de 12 de noviembre de 2008 (folios 69-71). Se rechaza la modificación propuesta, por su intrascendencia, dado que los datos cuya incorporación se propugna, y que han quedado demostrados (la existencia de los dos contratos), no tiene relevancia a efectos decisorios, en tanto que la eventual aceptación de los mismos en nada afectaría a la existencia de una relación laboral común y por cuenta ajena desde el 25 de noviembre de 2008. b) La revisión del quinto hecho probado, en los siguientes términos: "El TRADE, que dependía económicamente de la empresa cliente, por recibir de la misma más del 75% de sus ingresos, era retribuido por piezas realizadas -reconocido por la empresa al contestar a la demanda-. En los meses de noviembre y diciembre de 2008 Baldomero giró a la empresa demandada sendas facturas por importe de 524,11 y 813,16 euros (folios 90 y 91), habiendo girado anteriormente facturas por los meses de abril a agosto del mismo año con los importes de 446,60, 481,80, 609, 583,48 y 653,08 euros respectivamente". Sin perjuicio de que los referidos contratos de 1-4-2008 y 12-11-2008 estén firmados y que las facturas relativas a los meses de abril a agosto de 2008, consten en autos, nuevamente rechazamos la revisión pedida ya que de las mismas no se desprende el primer párrafo que se pretende introducir, su condición de TRADE y la dependencia económica en el porcentaje de ingresos aludidos. TERCERO.- En el segundo y último motivo del recurso se denuncia la infracción, por aplicación indebida, del art. 8.1 , en relación con el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores , así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con cita de la sentencia de 18 de marzo de 2009 (rec. 1709/2007 ). También se considera infringido, por no aplicación, el art. 11 y subsidiariamente el art. 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio , reguladora del Estatuto del trabajador autónomo. Sostiene la parte recurrente que, a la vista del relato fáctico con las modificaciones del recurso, la coincidencia de jornada y horario del trabajador con la demandada, pactada en la cláusula 4ª del contrato, o el hecho de realizar su trabajo en las instalaciones de la recurrente y con su maquinaria, así como el percibo de una retribución por piezas realizadas, no desvirtúa su condición de trabajador autónomo dependiente (TRADE); no es una relación de naturaleza laboral, al faltar las notas de subordinación, dependencia y ajenidad. Finalmente, considera que el trabajador cumplía los perfiles de un TRADE por reunir los requisitos que así lo demuestran pero, subsidiariamente, de no demostrarse que el Sr. Baldomero sea un trabajador con relación laboral común, procedería calificar dicha relación como de trabajador autónomo ordinario. La cuestión litigiosa estriba, por tanto, en determinar si en el presente supuesto nos encontramos ante un trabajador autónomo, ante un trabajador autónomo económicamente dependiente, o ante una relación laboral común. Para la calificación de la relación jurídica que vinculaba a las partes, ha de partirse del criterio jurisprudencial, ampliamente reiterado, que pone de manifiesto como los contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de su contenido obligacional, independientemente de la denominación que le otorguen los intervinientes (STS 21 de junio 1990 EDJ1990/6641 ), debiendo estarse para determinar su auténtica naturaleza a la realidad de su contenido manifestado por los actos realizados en su ejecución, lo que debe prevalecer sobre el "nomen iuris" empleado por los contratantes (STS 23 de octubre de 1989 ); siendo así que la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes, no es algo que quede a la libre disposición de estas, sino que es una calificación que debe surgir del contenido real de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual (STS de 13 abril 1985; 18 de abril y 21 de julio de 1988 y 5 de junio 1990 ). El art. 1.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio , define al trabajador autónomo en general, en términos semejantes a la ofrecida en el art. 1 del Decreto 2530/1970, de 20 agosto , reguladora del régimen de Seguridad Social de los trabajadores autónomos, enumerando en los apdos. 2 y 4 del citado art.1 , una serie de supuestos que quedan "expresamente" incluidos en su ámbito de aplicación, a fin de que no pueda haber ninguna duda al respecto. Así, pues, tendrá la condición de trabajador autónomo y, en consecuencia, le serán de aplicación las previsiones de esta ley, la persona física que realice una actividad económica o profesional, de forma habitual, personal y directa por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona. Expresamente incluye en dicho ámbito: a) los trabajos realizados de forma habitual por los familiares de los autónomos; b) los socios industriales de las sociedades regulares colectivas y de las comanditarias; c) los comuneros y los socios de las sociedades civiles irregulares; d) quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia o presten servicios para una sociedad mercantil; d) los trabajadores autónomos económicamente dependientes; y e) "los trabajadores autónomos extranjeros que reúnan los requisitos previstos en la LO 4/2000, de 11 enero de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social". Para analizar la vinculación del codemandado Sr. Baldomero y la empresa SADEINA, S.L., debemos partir de los siguientes hechos: a) la referida empresa se dedica a la fabricación de maquinaria agrícola; b) el Sr. Baldomero , de nacionalidad rumana y que no hablaba -en el mes de noviembre de 2008- el castellano, prestaba servicios en las instalaciones de aquella empresa, como tornero, para ello el encargado de la mercantil le entregaba un plano de las piezas que debía elaborar, utilizando el trabajador para ello el material de aquella; c) cumplía el mismo horario y jornada que el resto de los trabajadores de SADEINA; y d) era retribuido por piezas realizadas, siendo la empresa quien confeccionaba las facturas. En el supuesto del Sr. Baldomero no existe independencia organizativa en el desempeño de sus funciones de tornero, criterio que ha sido utilizado normalmente por la jurisprudencia para determinar la naturaleza laboral o mercantil de un determinado vínculo jurídico. Así, dichas labores las realiza en el centro de trabajo de SADEINA, con material de la empresa y sujetándose al mismo horario que el resto de sus trabajadores. Tampoco consta el cumplimiento de ninguno de los presupuestos aludidos en el art. 1 de la Ley 20/2007 ni el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de extranjería. En definitiva, no cabe sostener su condición de trabajador autónomo. CUARTO.- Procede analizar, a continuación, si el actor es un trabajador autónomo económicamente dependiente. Para que exista un trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE), el artículo 11 de la Ley 20/2007 , parte de una definición general: "Los trabajadores autónomos económicamente dependientes son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por 100 de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales". El citado artículo 11 de la Ley 20/2007 (LETA ) añade, además, algunos requisitos adicionales, de carácter fáctico, cuya ausencia determina que no estemos ante un trabajador autónomo económicamente dependiente, sino ante un trabajador autónomo ordinario o ante un trabajador por cuenta ajena, según los casos: a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes. b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente. d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente. e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla. Por otro lado, el art. 12.1 de la LETA indica que el contrato del TRADE "deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. Reglamentariamente se regularán las características de dichos contratos y del Registro en el que deberán inscribirse...". A tal efecto, la Disposición Final Quinta de la misma Ley se ocupa y prevé el futuro desarrollo reglamentario de los contratos del TRADE, estableciendo que "en el plazo de un año... se desarrollará reglamentariamente lo contemplado en su art. 12, ap. 1, pfo. segundo ". Como vemos el Estatuto del trabajador autónomo es un punto de partida que necesariamente precisa de desarrollo reglamentario, lo que se produjo en virtud del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero (BOE del 4 de marzo ), en vigor desde el día 5 (Disp. Final cuarta), como una forma de "profundización y clarificación técnica". Con anterioridad a dicho Reglamento se estableció un procedimiento provisional para el registro de los contratos de los TRADE en virtud de Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, de 21 de febrero de 2008 (BOE 5-3-2008). Como resalta el preámbulo de la Ley, la intención del legislador ha sido la de eliminar las zonas fronterizas grises entre las categorías de autónomo clásico, el autónomo económicamente dependiente y el trabajador por cuenta ajena, de ahí que el art. 11 , al definir el TRADE "sea muy restrictivo, delimitando conforme a criterios objetivos los supuestos en que la actividad se ejecuta fuera del ámbito de organización y dirección del cliente que contrata al autónomo". En el presente supuesto, de acuerdo con los hechos probados de la sentencia de instancia, no se cumplen los requisitos derivados de esta normativa para considerar al codemandado trabajador autónomo económicamente dependiente. Los datos fácticos de que disponemos son muy escasos. Es cierto que se cumple uno de los elementos delimitadores de dicha figura jurídica, ya que percibe más del 75% de sus ingresos de SADEINA (la totalidad de los mismos), ya que ninguna prueba existe relativa a que el trabajador tenga otros ingresos distintos. Por otro lado no dispone de infraestructura productiva y material propio (c), los criterios organizativos tampoco son propios (d). Es más, ni tan siquiera, en el momento de la inspección tenía formalizado el contrato por escrito. Debemos valorar también que no existe una presunción al carácter de TRADE, similar a la existente en el art. 8.1 del ET ; así lo confirma el art. 3.3 de la LETA , al reiterar la exclusión del trabajo autónomo en su conjunto del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo y así lo ha entendido esta Sala en su sentencia de 26-6-2009 (rec. 374/2009 ). Por todo ello, procede rechazar el carácter del Sr. Baldomero , de trabajador autónomo dependiente. CUARTO.- En definitiva, de la prueba practicada se desprende, que aun cuando el Sr. Baldomero se encontrara, con anterioridad a la visita inspectora, dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y hubiese suscrito un contrato como TRADE, en tanto las características de los trabajos que realizaba, según se comprobó directamente por el Inspector actuante, eran las propias de un tornero, para la empresa recurrente, existía una relación laboral común, en los términos del art. 1 del ET , entre dicho trabajador y la empresa dedicada a la fabricación de maquinaria, para la que prestaba sus servicios desde el 25-11-2008. Difiere este supuesto del analizado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de marzo de 2009 (rec. 1709/2007 ), relativa a un odontólogo de una clínica dental con organización sanitaria propia, lo que no es el caso. Procede, pues, rechazar el recurso y confirmar, íntegramente, la resolución de instancia. QUINTO.- Al no gozar la empresa recurrente del beneficio de justicia gratuita, ha de disponerse la pérdida de la consignación y del depósito que constituyó para recurrir, y condenarle a abonar las costas al Letrado impugnante de su recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 202.1 y 4, y 233.1 de la LPL. Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLAMOS Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la empresa SADEINA, S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Cuatro de Santander (Proceso 476/2009 ), de fecha 27 de enero de 2010, en virtud de demanda de oficio formulada por la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo, contra la empresa recurrente y D. Baldomero , en reclamación sobre contrato de trabajo y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida. Condenamos a la empresa recurrente, a abonar al Letrado de la parte impugnante, honorarios por importe de 600 €. Dese a los depósitos constituidos el destino legal. Notifíquese ésta sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma recurso de casación para la unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación. Debiendo acreditar la empresa, si recurriere, mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personación, la consignación de un depósito de 300 €, en la cuenta nº 2410, abierta en la entidad de crédito Banco Banesto, Sucursal de Madrid, C/ Barquillo nº 49 Oficina 1006, para la Sala Social del Tribunal Supremo. Devuélvanse, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia con certificación de ésta resolución y déjese otra certificación en el rollo a archivar en éste Tribunal. Así, por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.TSJ Cantabria,

Cliente: escribió hace 5 año.
1º-Disponemos de contrato por escrito,pero es privado.
2ºEn el contrato se me especifican los horarios de trabajo.
3º Creo que esto demuestra que no soy Autonomo Dependiente
4ºNo dispongo de ninguna nómina por eso he comentado lo de "B"
5º Si denuncio que me puede ocurrir?
Experto:  José M. escribió hace 5 año.

Hola

 

Ese contarto es la prueba del fraude, siendo Ud más facilmente reconocible por su señoría como trabajador laboral.

 

Al no tener Ud libertad horaria ni dependencia es Ud trabajador laboral.

 

Estoy completamente de acuerdo que Ud lo tiene mucho más fácil para demostrar que es trabajador laboral

 

No hacen falta nominas, basta el contarto y los pagos en A, olvidese del B porque no existe

 

Si reclama en servicio de mediación y conciliacion laboral de su provincia en el plazo de 20 días desde despido lo peor que le puede ocurrir es que se le obligue a interponer demanda por no llegar a un acuerdo, y ésta se desestime por considerarla autónomo, en cuyo caso iríamos a la via civil

 

Pero en su caso, reclame via laboral porque tiene unas muy altas posibilidades de éxito

José M. y otros otros especialistas en Derecho Laboral están preparados para ayudarle