Cómo funciona JustAnswer:

  • Preguntar a un Experto
    Los expertos tiene muchos conocimientos valiosos y están dispuestos a ayudar en cualquier pregunta. Credenciales confirmadas por una empresa de verificación perteneciente a Fortune 500.
  • Obtener una respuesta profesional
    Por correo electrónico, mensaje de texto o notificación mientras espera en su sitio.
    Haga preguntas de seguimiento si lo necesita.
  • Garantía de satisfacción plena
    Garantizamos tu satisfacción.

Formule su propia pregunta a José M.

José M.
José M., Abogado ejerciente
Categoría: Derecho Laboral
Clientes satisfechos: 5736
Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS
54639574
Escriba su pregunta sobre Derecho Laboral aquí...
José M. está en línea ahora

Buenos dias me llamo Carlos.Mi empresa ha decidido hacerme

Pregunta del cliente

Buenos dias me llamo Carlos.Mi empresa ha decidido hacerme un despido improcedente...
Soy fijo discontinuo y de acuerdo a mi nomina me corresponden 21000. Sin embargo con mi sueldo real serían 70000 ya que me pagaban en efectivo siempre y me pagaban más del doble que mi nomina he conseguido algun recibo de esos pagos además tengo nominas mias.
La empresa me ofrece 30000. ¿Tengo posibilidades de exito si reclamo mas?. ¿Que duracion tendria esta causa,caso de decidirme a llevarla a cabo?. ¿ Que me costaria el abogado?.Muchas gracias
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Derecho Laboral
Experto:  José M. escribió hace 4 año.

Hola Carlos:

Las reclamaciones de pagos en B aún cuando podamos acreditar su existencia, no suelen prosperar, de hecho yo nunca he visto 1 sólo caso que así fuese, porque los jueces entienden que Ud debíó denunciar el pago en B desde le primer día y no cuando le conviene. Es decir que el trabajador no debe ser complice y autor activo del fraude.

Como le digo, he asistido varias veces a reclamaciones en ésta línea y jamás ha prosperado, aún cuando se ha podido demostrar la existencia del dinero B.

Si le están abonando 9000 euros por encima de lo que realmente, por nómina le corresponde, tiene más razón para no reclamar porquer realmente las expectativas de sacar más son, en mi opinión, y basado en mi experiencia, bastante malas

Si se decidiese a reclamar, los precios de los abogados son libres, le pueden pedir desde un 15 por ciento de la indemnización, teniendo un precio mínimo se sacque más o no, y un variable en función del resultado

El plazo de reclamación es sólo de 20 días desde el despido

Pero como le comentaba, mi consejo, es que NO reclame, pero Ud decide

He buscado jurisprudencia que lo ampare pero NO la he encontrado

Si 1 abogado le anima a seguir pídale jurisprudencia a favor antes de gastarse dinero

Experto:  Alejandro Pardal escribió hace 4 año.
Entiendo que en caso de reclamación, lo que usted debería de plantear es una reclamación de cantidades, y no una demanda de despido, ya que se lo están reconociendo como improcedente. Por lo tanto no son 20 días los que tiene (como dice mi anterior compañero), sino 1 año para interponer demanda de conciliación por reclamación de cantidades.

En primer lugar, comparto la opinión de mi compañero respecto de las posibilidades de su reclamación, no creo que sea aconsejable. Antes de poner cualquier demanda, tiene que acudir al servicio de mediación arbitraje y conciliación de su provincia. Este tramite es gratuito y lo puede hacer usted mismo interponiendo papeleta de conciliacion por reclamacion de cantidades. No pierde nada, si le sale bien, eso que gana. Además luego no está obligado a interponer demanda en el Juzgado.

Un abogado por un procedimiento por esa cantidad, si bien es cierto que hay libertad de precios y puede pactar cualquier cantidad, los criterios de abogados vienen estableciendo, para el caso de que reclame 70.000 euros, unos 6000 - 7000 euros en concepto de honorarios.

Con todo esto, le aconsejo que acepte los 30.000 euros que le ofrecen, y más teniendo en cuenta que es muy raro que la empresa acuerde despidos improcedentes como el suyo. Pueden acudir facilmente a despidos objetivos, con lo que una indemnización como la suya se vería mermada considerablemente. ACEPTE LA OFERTA QUE LE HACEN.

Un saludo.
SI LE HA SERVIDO DE AYUDA MI RESPUESTA, RUEGO LA ACEPTE, SIN PERJUICIO DE SEGUIR CONTESTANDO LAS DUDAS QUE LE SURJAN.
Experto:  José M. escribió hace 4 año.

Le dejo sentencia donde NO se estima, de hecho ni se considera la existencia de dinero B

.

Reclamar en base a lago que no existe, porque el dinero B no existe, no hace sentido

 

TSJ Extremadura, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 492/2009, de 27 de octubre Recurso 390/2009. Ponente: PEDRO BRAVO GUTIERREZ.EXTRACTOSDespido procedente por manifestaciones injuriosas contra empresa en programa radiofónico, no constándo otra irregularidad que el no incluir parte de los salarios en nómina: declaraciones no amparadas en el derecho a la libertad de información "... En las expresiones vertidas por el demandante en sus declaraciones radiofónicas, teniendo en cuenta la dificultad de separar unas de otras, puede distinguirse lo que son expresión de pensamientos, ideas o crítica de lo que es comunicación de hechos. Entre las primeras, sólo puede incluirse, nítidamente, la atribución a la empresa de prácticas mafiosas o seudo mafiosas, calificación que, acudiendo al Diccionario de la Lengua Española de la RAE, significa perteneciente o relativo a la mafia que, aparte de la organización de origen siciliano, alude a cualquier organización clandestina de criminales, lo que supone que se está calificando a la empresa como una organización criminal, lo cual, como se desprende de la doctrina constitucional a que se ha aludido, no puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión pues se trata de una de expresión indudablemente injuriosa, aunque también es cierto que en el leguaje coloquial se emplea el término mafioso con mucha ligereza y sin que se aluda al significado que hemos visto; pero en este caso, como enseguida se verá, se acompaña a esa calificación la exposición de hechos que, de ser ciertos, serían claramente delictivos.Entre esos hechos que el demandante expuso en su intervención radiofónica podemos destacar que su jefe se ha dedicado a manchar públicamente su nombre y a represaliarle a través de los servicios médicos de la Mutua, a someterle a coacciones y amenazas, que la empresa paga en dinero negro, que coacciona a los empleados para que se tolere una situación de violencia verbal y física y, en fin, que practica palizas y amenazas con técnica habitual, lo cual no puede considerarse amparado por la libertad de información a través de cualquier medio de comunicación que también reconoce y protege el art. 20 CE pues, como también expone el TC, el derecho consiste en comunicar y recibir libremente información "veraz" y en este caso no existe indicio ninguno de que la empresa lleve a cabo esa actuación que le imputa el demandante en su intervención radiofónica, sin que pueda entenderse que lo único que consta probado, que aquél percibía cantidades no reflejadas en las nóminas y, por tanto, no se cotizaba por ellas a la Seguridad Social, constituya ninguna de esas conductas que le atribuye a la empresa ni justifique esa imputación a través de un medio de comunicación, cuando, además, a esa circunstancia ni siquiera se refirió el trabajador en sus declaraciones, salvo que entendamos que lo hizo al mencionar pagos en "dinero negro", aunque es claro que esos salarios por los que no se cotizaba pueden abonarse con dinero que no tenga las características que normalmente se atribuye a aquél.A la gravedad de las imputaciones que hemos visto se añade la relación que existía entre el demandante y la empresa contra la que se dirigieron, un contrato de trabajo, pues, como también señala el STC antes mencionada, de ella surge un "condicionamiento" o "límite adicional" en el ejercicio del derecho constitucional, impuesto por la relación laboral, que se deriva del principio de buena fe entre las partes en el contrato de trabajo y al que éstas han de ajustar su comportamiento mutuo (SSTC 106/1996, de 12 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 90/1999, de 26 de mayo; 241/1999, de 20 de diciembre; o 20/2002, de 28 de enero ), aunque se trate de un límite débil frente al que caracteriza la intersección del derecho fundamental con otros principios y derechos subjetivos consagrados por la Constitución (STC 241/1999, de 20 de diciembre )" y, aunque añade que "al mismo tiempo, hemos sentado que no cabe defender la existencia de un deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde con el sistema constitucional de relaciones laborales (SSTC 186/1996, de 25 de noviembre; 204/1997, de 25 de noviembre; 1/1998, de 12 de enero; 197/1998, de 13 de octubre; 241/1999, de 20 de diciembre; o 192/2003, de 27 de octubre ), de modo que aunque la relación laboral tiene como efecto típico la supeditación de ciertas actividades a los poderes empresariales, no basta con la sola afirmación del interés empresarial para restringir los derechos fundamentales del trabajador, dada la posición prevalente que éstos alcanzan en nuestro ordenamiento en cuanto proyecciones de los núcleos esenciales de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE ) y fundamentos del propio Estado democrático (art. 1 CE )"", en este caso, ya hemos visto que lo que el demandante comunicó en su entrevista no puede considerarse amparado en el derecho fundamental.CUARTO.- Se alega en el recurso, como justificación de las declaraciones del trabajador, que estaba sometido en la empresa a una serie de injusticias que le provocaron un cuadro depresivo, que con su actuación lo que pretendía era que los responsables de la obra tomaran cartas en el asunto y trataran de esclarecer los hechos y que en aquéllas no hizo mención de nombre alguno, alegaciones que no permiten esa justificación. Así, no habiendo prosperado el intento de revisión fáctica contenida en el primer motivo del recurso, ni consta que en la empresa se sometiera al demandante a ningún trato injusto y menos que ello le haya provocado una depresión, siendo claro que los problemas que haya podido tener con quien dice que es sobrino de su jefe puedan justificar tampoco las declaraciones de que tratamos. El mismo juicio negativo merece la alegación de que solo pretendía que intervinieran los responsables de la obra pues a su empresa no se puede referir cuando contra ella hace las imputaciones y, si se refiere al dueño o al contratista de la obra, además de que, como se ha visto, no consta otra irregularidad por parte de la demandada que el no incluir parte de los salarios en la nómina y no cotizar por ellos, bien podía haberse dirigido directamente a aquéllos, no utilizando un medio de comunicación que, además, no garantiza que las imputaciones llegaran a su conocimiento. En cuanto a que en la entrevista no dio ningún nombre, como razona el juzgador de instancia, al tratarse de una obra importante y conocida en la ciudad, como es la construcción de un gran hospital, al menos en el ámbito de esa actividad, que es, donde, además, pueden perjudicar más a la demandada las imputaciones realizadas, también es fácil que fuera conocido que la empresa participaba en esa obra; por otra parte, si, como alega, su intención era que intervinieran los responsables, él mismo debió considerar que, aunque no concretara nombres, iba a saberse quien era la empresa por quienes quería que intervinieran.También aduce el recurrente una Sentencia del Tribunal Constitucional, la 197/2006, de 3 de julio , en la que se cita la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 29 de febrero de 2000 , en la que se condenó al Estado español a que abonara una indemnización a un trabajador cuyo despido fue declarado procedente y cuyos recursos fueron desestimados por los Tribunales españoles. En esa sentencia, el TEDH consideró que la sanción impuesta al trabajador por unas declaraciones que también efectuó en una emisora de radio, era desproporcionada, para lo que valoró el medio y la forma en que se hicieron las declaraciones y que las personas a quienes supuestamente se referían las declaraciones ofensivas no habían entablado acciones judiciales por difamación o injurias contra el demandante, la emisora de radio o los presentadores de la emisora.Sobre la eficacia de las sentencias del TEDH se ha pronunciado la STC 245/1991, de 16 de diciembre , señalando: "que el Convenio Europeo no obligue a España a reconocer en su ordenamiento jurídico interno la fuerza ejecutoria directa de las sentencias del TEDH no implica la carencia de todo efecto interno de la declaración realizada por dicho Tribunal sobre la existencia de infracción de un derecho reconocido en el Convenio. Ha de tenerse en cuenta que el Convenio no sólo forma parte de nuestro Derecho interno, conforme al art. 96.1 CE , sino que además, y por lo que aquí interesa, las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la CE, deben interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España (art. 10.2 CE ), entre los que ocupa un especial papel el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El TEDH es el órgano cualificado que tiene por misión la interpretación del Convenio, y sus decisiones son además obligatorias y vinculantes para nuestro Estado, cuando sea Estado demandado".Pero ese valor de la doctrina del TEDH no implica aquí que deba seguirse un criterio distinto al de la sentencia de instancia cuando declara la procedencia del despido del demandante, pues no se dan aquí las mismas circunstancias que en el examinado por aquel Tribual. Así, en primer lugar, no son las mismas las expresiones vertidas y, por otro lado, como se expone en la STC 197/2006 , en aquel caso, "las declaraciones litigiosas se inscribían en el contexto particular de un conflicto de trabajo que oponía al demandante y a su empresario tras la supresión de la emisión de la que el primero era responsable, a lo que se añadía un amplio debate público respecto a cuestiones de interés general relativas a la gestión de la televisión pública. Las declaraciones litigiosas, por tanto, se hicieron en el marco de debates públicos y apasionados sobre las presuntas anomalías en la gestión de TVE. A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constata que el demandante denunció las disfunciones del ente público y, como subrayó el Tribunal Constitucional, sus críticas revestían, sin discusión, un interés general. Ciertamente, añadió declaraciones groseras y maleducadas, calificadas de ofensivas por los Tribunales nacionales. Sin embargo, dichas manifestaciones fueron empleadas en primer lugar por los presentadores de las emisiones de radio, limitándose el demandante a confirmarlas en el transcurso de un intercambio rápido y espontáneo de comentarios entre el demandante y los presentadores de esas emisiones", lo cual aquí tampoco concurre pues no consta ningún conflicto en la empresa, salvo ese relativo a los pagos fuera de nómina y sin cotizar a lo que, como se dijo, el demandante ni siquiera se refirió o lo hizo de una manera no muy clara; menos consta que, si existía algún conflicto, fuera objeto de un debate público y apasionado y, en fin, en este caso no fue el locutor o presentador del programa radiofónico quien efectuó las imputaciones a la empresa, limitándose el demandante a confirmarlas, sino que fue él quien las expresó por sí mismo, volviendo a ratificarlas enseguida, al menos en parte.Tampoco consta aquí que la empresa o sus representantes hayan formulado acciones judiciales contra el demandante por sus imputaciones, pero, además de que el despido no está supeditado a que, si la conducta que la empresa achaca al trabajador pudiera constituir delito o falta, el ofendido presente contra él denuncia o querella, como señala la recurrida en su impugnación, mientras que en el caso examinado por el TEDH la acción ya había prescrito, aquí eso no ha sucedido pues aún no ha transcurrido el plazo de prescripción establecido para las posibles infracciones penales y los ofendidos aún están a tiempo de ejercitarlas.Por último, alude el recurrente a la denominada teoría gradualista en la calificación y sanción de los incumplimientos contractuales del trabajador y, en efecto, el Tribunal Supremo, así en Sentencia de 2 de abril de 1.992 , ha declarado que "las infracciones que tipifica el art. 54.2 ET , para erigirse en causa que justifiquen sanción de despido, han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficiente, lo que excluye su aplicación bajo meros criterios objetivos, exigiéndose, por el contrario, análisis individualizado de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como las de su autor, pues sólo desde tal perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción, ya que tales infracciones, las que tipifica el mencionado art. 54.2 , si bien manifiestan incumplimiento contractual, no denotan, abstractamente consideradas, la conjunta concurrencia de culpabilidad y gravedad suficiente", pero la aplicación de esa teoría no significa que no pueda imponerse el despido y en este caso, dado lo que se ha expuesto, hay que concluir, con el juzgador de instancia, cuyos acertados razonamientos al respecto se asumen por esta Sala, que la sanción que al demandante se impuso se ajusta a la gravedad de su actuación, por constituir el incumplimiento contractual grave y culpable que, como causa de despido, se establece en el art. 54.2.c) ET , las ofensas verbales o físicas al empresario.Por todo lo expuesto, el despido del demandante ha de considerarse procedente, a tenor del art. 55.4 ET y, como así se declaró en la sentencia recurrida, ha de ser confirmada con desestimación del recurso contra ella interpuesto, aunque sin que proceda imponer al recurrente el pago de las costas del recurso, como se pretende en la impugnación, por impedirlo el art. 233.1 LPL pues, aunque ha sido vencido en el recurso, goza del beneficio de asistencia jurídica gratuita, a tenor del art. 2.d) de la Ley 1/1996, de 19 de enero ..."ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados: "1.- El demandante en este procedimiento, Borja , con DNI, con DNI num. NUM000 , ha venido prestando sus servicios laborales para la empresa SOCIEDAD COOPERATIVA ENCOFRADOS EXTREMEÑOS desde el 5 de noviembre de 2007 con categoría profesional de Oficial 1ª encofrador, percibiendo un salario mensual de 2.265,78 euros incluida la parte proporcional de pagas extras. La prestación de servicios se llevaba a cabo en las obras de construcción del nuevo hospital de Cáceres, sito en la carretera de Trujillo s/n. 2.- En carta de la empresa fechada el 30 de diciembre de 2.008, se comunicó al trabajador la decisión de su despido con efectos del siguiente dia 31, por las causas que se relacionan en dicha misiva que se dan por reproducidas -Doc. 1 aportado por el demandante a su ramo de prueba.- 3.- El demandante no ha ostentado cargo de representación legal alguno de los trabajadores en la empresa. 4.- El dia 22 de enero de 2009 tuvo lugar ante la UMAC el acto de conciliación preprocesal en reclamación de despido que terminó sin avenencia entre las partes. 5.- El dia 27 de noviembre de 2008 el trabajador demandante fue entrevistado en la emisora de radio de la cadena COPE de Cáceres, en la que hacia una denuncia pública con expresión de los hechos que en su opinión se estaban produciendo en el seno de la empresa, haciendo alusión en concreto a un altercado que dijo haber tenido con un sobrino del jefe al que imputaba la agresión de que fue objeto el dia 4 de septiembre de 2008 cuando se dirigía en bicicleta a su domicilio tras la salida del centro de trabajo alrededor de las 17 horas, justificando aquella entrevista radiofónica "porque mi jefe, el dio de mi agresor, se ha dedicado a manchar públicamente mi nombre... y a tratar de oscurecer los hechos que se dieron lugar aquel dia, aparte de represariarme a través de los servicios médicos de Fremap-....de denegarme el volver a acceder a mi puesto de trabajo bajo coacciones, amenazas... pero esta empresa que está pagada con dinero de extremeños porque está trabajando para la Consejería de Fomento, es una subcontrata, de una contrata principal para una obra pública, el nuevo hospital de Cáceres, pues paga en negro, paga en dinero negro y está realizando prácticas mafiosas de coacción a los empleados para que nadie diga lo que vio, para que se tolere situación de violencia verbal y violencia física contra personas con las más absoluta impunidad...Lo que pretende es eso, que hay alguien que deje que las cosas no se queden en la trastienda, que salga a la luz y que se resuelva la situación, me parece que una empresa que trabaja en una obra pública lo mínimo que debe ser es transparente, no puede practicar la coacción y las prácticas mafiosas y las palizas y las amenazas como ténica habitual". Confirma la entrevista y al ser preguntado por el locutor acerca de que espera el entrevistado de las denuncias que ha puesto ante el Juzgado, refiere su esperanza en que se haga justicia y que se sepa la verdad sobre aquella agresión que reicibió del sobrino del jefe en contra de la versión de que se cayera de la bicicleta, añadiendo literalmente que, ".... Y yo lo que quiero que se deje de mirar a otro lado y se haga justicia, no quiero hacer un juicio paralelo simplemente que esas personas tengan la libertad y no la presión y coacción de este señor con las mismas prácticas que está haciendo conmigo seudo mafiosas pueda coaccionar a los demás porque los coacciona con un puesto de trabajo". Por último cuando el locutor pregunta "tu quieres simplemente que se haga justicia", el interrogado manifesta "si", pero la justicia va a ser muy relativa, la justicia con este señor va a ser muy relativa porque es un señor que ya tiene antecedentes, que disparó a una persona o algo así y ya está eludiendo la acción de la justicia en el pago de indemnizaciones y demás, porque su tio el que ahora encubre también esta agresión le paga en dinero negro para que no pueda ser embargado, entonces yo se que la justicia...la justicia que yo quiero que se haga es que se sepa que Borja no es un desequilibrado mental que se tira de una bicicleta y fuerza unas lesiones y se autolesiona...." 6.- El demandante, con fecha 5 de septiembre de 2008 formuló denuncia ante la Comisaría de la Policia acerca de la agresión de la que dice haber sido objeto el dia anterior por parte de Victorino , cuyo atestado policial dio origen a Diligencias Previas de carácter penal, a las que ha seguido el correspondiente Procedimiento Penal Abreviado ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de esta Ciudad, y en cuyo procedimiento se han evacuado los escrito de acusación del Ministerio Fiscal y de la propia parte denunciante como acusación particular; habiéndose dictado con fecha 19.03.09 Auto de apertura de juicio oral. 7.- A tenor de una denuncia del aquí demandante ante la Inspección de Trabajo, se han llevado a cabo ingresos por la empresa de cotizaciones de cantidades percibidas por aquél no incluidas en nóminas (Docs. 15 y 16 del ramo de prueba actor).TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "DESESTIMANDO la demanda deducida por Borja , frente a la empresa SOCIEDAD COOPERATIVA ENCOFRADOS EXTREMEÑOS, debo declarar y DECLARO procedente el despido del trabajador demandante, convalidándose asi la extinción de la relación laboral que con dicho despido tuvo lugar; sin derecho a percibir indemnización ni salarios de tramitación".CUARTO: XXXXX XXXXX dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. Tal recurso objeto de impugnación por la contraparte.QUINTO: XXXXX XXXXX el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 29/6/09 , dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.SEXTO: XXXXX XXXXX se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de deliberación, votación y fallo.A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El trabajador demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia que desestima su demanda y declara procedente el despido efectuado por la empresa demandada. El primer motivo del recurso, al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , se dedica a revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, pretendiendo que se añada uno nuevo en el que constaría que "el trabajador demandante se encuentra diagnosticado de cuadro depresivo reactivo a raíz de problemas laborales, por lo que desde mediados del mes de septiembre se encuentra en tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos", fundándose en un informe médico obrante en autos, no pudiéndose acceder a ello, en primer lugar, porque, como señala la recurrida en su impugnación, figura en los autos también un informe de alta del trabajador emitido, unos días antes de los hechos por los que se le ha despedido, por el médico forense en las diligencias penales a las que se refiere el juzgador de instancia en los hechos probados de su sentencia, en el que ninguna referencia se hace a que padezca una depresión, aunque se diga en él que sufría estrés postrumático, pero sin alusión a problemas laborales, y, por otro, porque el médico que diagnostica el cuadro depresivo no puede determinar si existen o no tales problemas ya que, es claro, no ha debido estar presente cuando se pueden haberse producido en la empresa, debiendo, por tanto, prevalecer el criterio del juzgador de instancia, al que corresponde, según el art. 97.2 LPL , apreciar todos los elementos de convicción del proceso para efectuar la declaración de hechos probados de la sentencia.SEGUNDO.- En el otro motivo del recurso, al amparo del ap. c) del mismo precepto procesal que el anterior, se denuncia la infracción de los artículos 55.4 y 55.2.c del Estatuto de los Trabajadores , citando una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia y alegando que las declaraciones del demandante en una emisora de radio no constituyeron un ataque al honor de la empresa, que carecieron de ánimo de injuriar, no faltaron a la verdad y se realizaron como reacción a una situación que le provocó un proceso depresivo, en uso de su libertad de expresión y de opinión, amparada en el art. 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de que en tales declaraciones no se identifica a nadie.En primer lugar hay que señalar que la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia, aunque pueda tener valor en otros sentidos, no constituye la jurisprudencia en que se pueda basar un recurso de suplicación pues sólo lo es, como fuente complementaria del ordenamiento jurídico, según el artículo 1.6 del Código Civil , la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho; así como, según el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , la interpretación que de los preceptos constitucionales resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional y así lo han entendido los propios Tribunales Superiores de Justicia, como el de Murcia en sentencia de 22 de marzo de 1.996, el de Aragón, en la de 25 de septiembre de 1.996, el de La Rioja en la de 26 de junio de 1.997, el de Cataluña en la de 13 de febrero de 1.998, el de Asturias en la de 8 de octubre de 1.999 o el del País Vasco en la de 27 de febrero de 1.996, o esta Sala en la de 5 de mayo de 2003, así como el Tribunal Supremo en la suya de 11 de octubre de 2001.Sobre el alcance del derecho en cuyo ejercicio dice el recurrente que se amparan las declaraciones efectuadas a la emisora de radio, se ha pronunciado la STC 56/2008, de 14 de abril diciendo: "nuestra jurisprudencia viene distinguiendo entre los derechos que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y, por otra parte, el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues, mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término "información", en el texto del art. 20.1 d) CE , el adjetivo "veraz" (SSTC 4/1996, de 16 de enero, FJ 3, de 9 de diciembre, FJ 2, o 181/2006, de 19 de junio, FJ 4 ). Hemos admitido que en los casos reales que la vida ofrece no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos".Añade dicha STC: "Ha señalado reiteradamente este Tribunal que el derecho a la libertad de expresión, al referirse a la formulación de "pensamientos, ideas y opiniones", sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas (por todas, SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ4; 42/1995, de 13 de febrero, FJ 2; 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6; 99/2002, de 6 de mayo, FJ 5; 181/2006, de 19 de junio, FJ 5 EDJ; 9/2007, de 15 de enero, FJ 4; y 139/2007, de 4 de junio de 2007, FJ 6 ). En ese sentido, es preciso recordar que, como hemos señalado con reiteración, la libertad de expresión no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquél contra quien se dirige (SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 7; y 181/2006, de 19 de junio, FJ 5 ), pues "así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe "sociedad democrática" (SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43). Lo que no reconoce el art. 20.1 a) CE es un pretendido derecho al insulto, que sería incompatible con la norma fundamental (SSTC 204/1997, de 25 de noviembre, FJ 2; 174/2006, de 5 de junio, FJ 4, o 181/2006, de 19 de junio, FJ 5 , entre tantas otras)".TERCERO.- En las expresiones vertidas por el demandante en sus declaraciones radiofónicas, teniendo en cuenta la dificultad de separar unas de otras, puede distinguirse lo que son expresión de pensamientos, ideas o crítica de lo que es comunicación de hechos. Entre las primeras, sólo puede incluirse, nítidamente, la atribución a la empresa de prácticas mafiosas o seudo mafiosas, calificación que, acudiendo al Diccionario de la Lengua Española de la RAE, significa perteneciente o relativo a la mafia que, aparte de la organización de origen siciliano, alude a cualquier organización clandestina de criminales, lo que supone que se está calificando a la empresa como una organización criminal, lo cual, como se desprende de la doctrina constitucional a que se ha aludido, no puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión pues se trata de una de expresión indudablemente injuriosa, aunque también es cierto que en el leguaje coloquial se emplea el término mafioso con mucha ligereza y sin que se aluda al significado que hemos visto; pero en este caso, como enseguida se verá, se acompaña a esa calificación la exposición de hechos que, de ser ciertos, serían claramente delictivos.Entre esos hechos que el demandante expuso en su intervención radiofónica podemos destacar que su jefe se ha dedicado a manchar públicamente su nombre y a represaliarle a través de los servicios médicos de la Mutua, a someterle a coacciones y amenazas, que la empresa paga en dinero negro, que coacciona a los empleados para que se tolere una situación de violencia verbal y física y, en fin, que practica palizas y amenazas con técnica habitual, lo cual no puede considerarse amparado por la libertad de información a través de cualquier medio de comunicación que también reconoce y protege el art. 20 CE pues, como también expone el TC, el derecho consiste en comunicar y recibir libremente información "veraz" y en este caso no existe indicio ninguno de que la empresa lleve a cabo esa actuación que le imputa el demandante en su intervención radiofónica, sin que pueda entenderse que lo único que consta probado, que aquél percibía cantidades no reflejadas en las nóminas y, por tanto, no se cotizaba por ellas a la Seguridad Social, constituya ninguna de esas conductas que le atribuye a la empresa ni justifique esa imputación a través de un medio de comunicación, cuando, además, a esa circunstancia ni siquiera se refirió el trabajador en sus declaraciones, salvo que entendamos que lo hizo al mencionar pagos en "dinero negro", aunque es claro que esos salarios por los que no se cotizaba pueden abonarse con dinero que no tenga las características que normalmente se atribuye a aquél.A la gravedad de las imputaciones que hemos visto se añade la relación que existía entre el demandante y la empresa contra la que se dirigieron, un contrato de trabajo, pues, como también señala el STC antes mencionada, de ella surge un "condicionamiento" o "límite adicional" en el ejercicio del derecho constitucional, impuesto por la relación laboral, que se deriva del principio de buena fe entre las partes en el contrato de trabajo y al que éstas han de ajustar su comportamiento mutuo (SSTC 106/1996, de 12 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 90/1999, de 26 de mayo; 241/1999, de 20 de diciembre; o 20/2002, de 28 de enero ), aunque se trate de un límite débil frente al que caracteriza la intersección del derecho fundamental con otros principios y derechos subjetivos consagrados por la Constitución (STC 241/1999, de 20 de diciembre )" y, aunque añade que "al mismo tiempo, hemos sentado que no cabe defender la existencia de un deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde con el sistema constitucional de relaciones laborales (SSTC 186/1996, de 25 de noviembre; 204/1997, de 25 de noviembre; 1/1998, de 12 de enero; 197/1998, de 13 de octubre; 241/1999, de 20 de diciembre; o 192/2003, de 27 de octubre ), de modo que aunque la relación laboral tiene como efecto típico la supeditación de ciertas actividades a los poderes empresariales, no basta con la sola afirmación del interés empresarial para restringir los derechos fundamentales del trabajador, dada la posición prevalente que éstos alcanzan en nuestro ordenamiento en cuanto proyecciones de los núcleos esenciales de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE ) y fundamentos del propio Estado democrático (art. 1 CE )"", en este caso, ya hemos visto que lo que el demandante comunicó en su entrevista no puede considerarse amparado en el derecho fundamental.CUARTO.- Se alega en el recurso, como justificación de las declaraciones del trabajador, que estaba sometido en la empresa a una serie de injusticias que le provocaron un cuadro depresivo, que con su actuación lo que pretendía era que los responsables de la obra tomaran cartas en el asunto y trataran de esclarecer los hechos y que en aquéllas no hizo mención de nombre alguno, alegaciones que no permiten esa justificación. Así, no habiendo prosperado el intento de revisión fáctica contenida en el primer motivo del recurso, ni consta que en la empresa se sometiera al demandante a ningún trato injusto y menos que ello le haya provocado una depresión, siendo claro que los problemas que haya podido tener con quien dice que es sobrino de su jefe puedan justificar tampoco las declaraciones de que tratamos. El mismo juicio negativo merece la alegación de que solo pretendía que intervinieran los responsables de la obra pues a su empresa no se puede referir cuando contra ella hace las imputaciones y, si se refiere al dueño o al contratista de la obra, además de que, como se ha visto, no consta otra irregularidad por parte de la demandada que el no incluir parte de los salarios en la nómina y no cotizar por ellos, bien podía haberse dirigido directamente a aquéllos, no utilizando un medio de comunicación que, además, no garantiza que las imputaciones llegaran a su conocimiento. En cuanto a que en la entrevista no dio ningún nombre, como razona el juzgador de instancia, al tratarse de una obra importante y conocida en la ciudad, como es la construcción de un gran hospital, al menos en el ámbito de esa actividad, que es, donde, además, pueden perjudicar más a la demandada las imputaciones realizadas, también es fácil que fuera conocido que la empresa participaba en esa obra; por otra parte, si, como alega, su intención era que intervinieran los responsables, él mismo debió considerar que, aunque no concretara nombres, iba a saberse quien era la empresa por quienes quería que intervinieran.También aduce el recurrente una Sentencia del Tribunal Constitucional, la 197/2006, de 3 de julio , en la que se cita la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 29 de febrero de 2000 , en la que se condenó al Estado español a que abonara una indemnización a un trabajador cuyo despido fue declarado procedente y cuyos recursos fueron desestimados por los Tribunales españoles. En esa sentencia, el TEDH consideró que la sanción impuesta al trabajador por unas declaraciones que también efectuó en una emisora de radio, era desproporcionada, para lo que valoró el medio y la forma en que se hicieron las declaraciones y que las personas a quienes supuestamente se referían las declaraciones ofensivas no habían entablado acciones judiciales por difamación o injurias contra el demandante, la emisora de radio o los presentadores de la emisora.Sobre la eficacia de las sentencias del TEDH se ha pronunciado la STC 245/1991, de 16 de diciembre , señalando: "que el Convenio Europeo no obligue a España a reconocer en su ordenamiento jurídico interno la fuerza ejecutoria directa de las sentencias del TEDH no implica la carencia de todo efecto interno de la declaración realizada por dicho Tribunal sobre la existencia de infracción de un derecho reconocido en el Convenio. Ha de tenerse en cuenta que el Convenio no sólo forma parte de nuestro Derecho interno, conforme al art. 96.1 CE , sino que además, y por lo que aquí interesa, las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la CE, deben interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España (art. 10.2 CE ), entre los que ocupa un especial papel el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El TEDH es el órgano cualificado que tiene por misión la interpretación del Convenio, y sus decisiones son además obligatorias y vinculantes para nuestro Estado, cuando sea Estado demandado".Pero ese valor de la doctrina del TEDH no implica aquí que deba seguirse un criterio distinto al de la sentencia de instancia cuando declara la procedencia del despido del demandante, pues no se dan aquí las mismas circunstancias que en el examinado por aquel Tribual. Así, en primer lugar, no son las mismas las expresiones vertidas y, por otro lado, como se expone en la STC 197/2006 , en aquel caso, "las declaraciones litigiosas se inscribían en el contexto particular de un conflicto de trabajo que oponía al demandante y a su empresario tras la supresión de la emisión de la que el primero era responsable, a lo que se añadía un amplio debate público respecto a cuestiones de interés general relativas a la gestión de la televisión pública. Las declaraciones litigiosas, por tanto, se hicieron en el marco de debates públicos y apasionados sobre las presuntas anomalías en la gestión de TVE. A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constata que el demandante denunció las disfunciones del ente público y, como subrayó el Tribunal Constitucional, sus críticas revestían, sin discusión, un interés general. Ciertamente, añadió declaraciones groseras y maleducadas, calificadas de ofensivas por los Tribunales nacionales. Sin embargo, dichas manifestaciones fueron empleadas en primer lugar por los presentadores de las emisiones de radio, limitándose el demandante a confirmarlas en el transcurso de un intercambio rápido y espontáneo de comentarios entre el demandante y los presentadores de esas emisiones", lo cual aquí tampoco concurre pues no consta ningún conflicto en la empresa, salvo ese relativo a los pagos fuera de nómina y sin cotizar a lo que, como se dijo, el demandante ni siquiera se refirió o lo hizo de una manera no muy clara; menos consta que, si existía algún conflicto, fuera objeto de un debate público y apasionado y, en fin, en este caso no fue el locutor o presentador del programa radiofónico quien efectuó las imputaciones a la empresa, limitándose el demandante a confirmarlas, sino que fue él quien las expresó por sí mismo, volviendo a ratificarlas enseguida, al menos en parte.Tampoco consta aquí que la empresa o sus representantes hayan formulado acciones judiciales contra el demandante por sus imputaciones, pero, además de que el despido no está supeditado a que, si la conducta que la empresa achaca al trabajador pudiera constituir delito o falta, el ofendido presente contra él denuncia o querella, como señala la recurrida en su impugnación, mientras que en el caso examinado por el TEDH la acción ya había prescrito, aquí eso no ha sucedido pues aún no ha transcurrido el plazo de prescripción establecido para las posibles infracciones penales y los ofendidos aún están a tiempo de ejercitarlas.Por último, alude el recurrente a la denominada teoría gradualista en la calificación y sanción de los incumplimientos contractuales del trabajador y, en efecto, el Tribunal Supremo, así en Sentencia de 2 de abril de 1.992 , ha declarado que "las infracciones que tipifica el art. 54.2 ET , para erigirse en causa que justifiquen sanción de despido, han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficiente, lo que excluye su aplicación bajo meros criterios objetivos, exigiéndose, por el contrario, análisis individualizado de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como las de su autor, pues sólo desde tal perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción, ya que tales infracciones, las que tipifica el mencionado art. 54.2 , si bien manifiestan incumplimiento contractual, no denotan, abstractamente consideradas, la conjunta concurrencia de culpabilidad y gravedad suficiente", pero la aplicación de esa teoría no significa que no pueda imponerse el despido y en este caso, dado lo que se ha expuesto, hay que concluir, con el juzgador de instancia, cuyos acertados razonamientos al respecto se asumen por esta Sala, que la sanción que al demandante se impuso se ajusta a la gravedad de su actuación, por constituir el incumplimiento contractual grave y culpable que, como causa de despido, se establece en el art. 54.2.c) ET , las ofensas verbales o físicas al empresario.Por todo lo expuesto, el despido del demandante ha de considerarse procedente, a tenor del art. 55.4 ET y, como así se declaró en la sentencia recurrida, ha de ser confirmada con desestimación del recurso contra ella interpuesto, aunque sin que proceda imponer al recurrente el pago de las costas del recurso, como se pretende en la impugnación, por impedirlo el art. 233.1 LPL pues, aunque ha sido vencido en el recurso, goza del beneficio de asistencia jurídica gratuita, a tenor del art. 2.d) de la Ley 1/1996, de 19 de enero .VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,FALLAMOS Con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por D. Borja contra la sentencia dictada el 13 de abril de 2009 por el Juzgado de lo Social nº 2 de Cáceres , en autos seguidos a instancia del recurrente frente a SOCIEDAD COOPERATIVA ENCOFRADOS EXTREMEÑOS, confirmamos la sentencia recurrida.Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sala.Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principalesNotifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral , que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley . Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228 ), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito S.A. Oficina 1006, sucursal de la calle Barquillo nº 49, 28.004 Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de hacer efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente "Código de cuenta del Juzgado 1131-TRIB. SUP. JUST. SALA SOCIAL CACERES, Código Entidad: 0030, Código Oficina: 5036, Banco: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A., Nombre: CACERES O.P., Dirección: AV. ESPAÑA, 27, C.P. 10001 CACERES", bajo la clave 66 y CUENTA EXPEDIENTE del Rollo de referencia, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista.Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sala.Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Experto:  Dani Amador escribió hace 4 año.
Hola

A diferencia de lo aportado por los compañeros yo sí me plantearía la reclamación. La responsabilidad de incluir esos pagos en la nómina y de cotizar por ellos no es lógicamente de usted sino que es la empresa la que ha de descontar de sus retribuciones las cantidades para aportar a la seguridad social con lo cual es ella es la única responsable de hacer el descuento y de cotizar por su parte y la suya. Es más si usted denunciara a la inspección de trabajo, la responsabilidad sería únicamente de la empresa por no hacer cotizado independientemente de que se detraería de sus nóminas su aportación a la seguridad social.
ón

Si usted tiene esos recibos le aconsejo reclamar pues usted puede, lógicamente, reclamar en cualquier momento y no estaba obligado a hacerlo anteriormente. La que si estaba obligada es la empresa a hacer constar esas cantidades, a cotizar y a que evidentemente esas cantidades figuraran en las bases de cotización lo cual a usted le beneficiaría a la hora de prestaciones

Presentaria sin pensarlo la conciliación para ver si se puede llegar a un acuerdo mayor y según "respire" la empresa pues me plantería la demanda. Recuerde que el plazo es de 20 dias hábiles (sin domingos, sábados y festivos) desde el despido


Experto:  José M. escribió hace 4 año.

Estimado cliente:

Si decide reclamar, pida presupuesto previo y alguna sentencia que le ayude en su caso

Reclamar NO es barato y sin garantías sería tanto como tirar dinero

Desde luego que yo he buscado sentencias a favor y no he encontardo sólo una

JustAnswer en los medios:

 
 
 
Sitios web de consulta médica: Si tiene una pregunta urgente puede intentar obtener una respuesta de sitios que afirman disponer de distintos especialistas listos para proporcionar respuestas rápidas... Justanswer.com.
JustAnswer.com...ha visto como desde octubre se ha disparado el número de consultas legales de nuestros lectores sobre despidos, desempleo e indemnizaciones por cese.
Los sitios web como justanswer.com/legal
...no dejan nada al azar.
El tráfico en JustAnswer ha aumentado un 14 por ciento...y hemos recibido 400.000 visitas en 30 días...las preguntas relacionadas con el estrés, la presión alta, la bebida y los dolores cardíacos han aumentado un 33 por ciento.
Tory Johnson, colaboradora de GMA sobre temas relacionados con el lugar de trabajo, habla sobre el "teletrabajo", como JustAnswer, en el que expertos verificados responden a las preguntas de las personas.
Le diré que... las pruebas que hay que superar para llegar a ser un experto son muy rigurosas.
 
 
 

Opiniones de nuestros clientes:

 
 
 
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

Conozca a los expertos:

 
 
 
  • José M.

    José M.

    Abogado ejerciente

    Clientes satisfechos:

    515
    ABOGADO ICA BURGOS
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/JO/JoseMagadan/2013-6-27_16279_IMG6290copia.64x64.JPG Avatar de José M.

    José M.

    Abogado ejerciente

    Clientes satisfechos:

    515
    ABOGADO ICA BURGOS
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/ED/eduardolm/2011-9-12_172832_Recorte.64x64.jpg Avatar de eduardolm

    eduardolm

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    309
    Licenciado en Derecho Diplomado en Escuela de Práctica Jurídica Con despacho profesional abierto
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/DI/DiegoLM/2011-3-28_102522_DSCN0258copia.64x64.JPG Avatar de DiegoAbogado

    DiegoAbogado

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    256
    Abogado colegiado. Especializado en Derecho Laboral.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/albergiud/2010-12-12_105447_mi_cuchi.jpg Avatar de albergiud

    albergiud

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    27
    Despacho multidisciplinar especializado en derecho laboral, familia y en reclamación de deudas
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/NO/noeliabogada/2012-4-9_9367_4755563471469274381150062748533129055418392121o.64x64.jpg Avatar de Noelia

    Noelia

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    19
    Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/AR/ariatf/2015-7-28_102459_.64x64.png Avatar de Mariatf19

    Mariatf19

    Licenciada en derecho

    Clientes satisfechos:

    241
    MÁSTER EN ASESORÍA Y DERECHO LABORAL
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/DE/despachoabogado2010/2011-7-6_232143_fotorafaelgomeznix.64x64.jpg Avatar de R.Gomez

    R.Gomez

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    17
    ABOGADO ESPECIALISTA EN DESPIDOS Y ASESORAMIENTO ONLINE
 
 
 

Preguntas relacionadas con Derecho Laboral