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José M.
José M., Abogado ejerciente
Categoría: Derecho Laboral
Clientes satisfechos: 5736
Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS
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José M. está en línea ahora

Buenos días: Ayer mi novio fue pillado en un control rutinario

Pregunta del cliente

Buenos días:

Ayer mi novio fue pillado en un control rutinario de la Guardia Civil sin carnet porque se lo habian retirado temporalmente por alcoholemia. Era la primerar vez que cogia el coche por una urgencia. Que le puede ocurrir en el juicio rápido que tiene la semana que viene

Gracias
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Derecho Laboral
Experto:  José M. escribió hace 3 año.

Abogado3044 :

Bienvenido, le atiende José M, abogado ejerciente del ICA Burgos, ruego unos minutos para preparar su consulta, Puede escribir en todo momento.

JACUSTOMER-clqtee54- : Buenos dias
JACUSTOMER-clqtee54- : Q le puede ocurrir
Abogado3044 :

Bueno días, la conducta de su pareja está tipificada en el 384 del código penal

Abogado3044 :

384 del CP: «El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Las mismas penas se impondrán al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción».

Abogado3044 :

No se alarme y piense que va a ingresar en prisión

JACUSTOMER-clqtee54- :

le impondran mas meses sin carnet, es lo que lo necesita y de cuanto sera la multa aproximadamente

Abogado3044 :

En el juicio se le pedirá que explique sus ingresos y en función de éstos se le impone una pena diaria

Abogado3044 :

Suele ser de 6/ 9 euros diarios a multiplicar por los meses que se le imponga

JACUSTOMER-clqtee54- :

seria muy alta? tiene unos ingresos de unos 1400

JACUSTOMER-clqtee54- :

ademas es importante que no le impongan mas meses sin carnet

Abogado3044 :

Le busco jurisprudencia

JACUSTOMER-clqtee54- :

Tengo miedo a que le impongan mas meses

Abogado3044 :

Se puede negociar reconociendo los hechos, un momento

JACUSTOMER-clqtee54- :

me han dicho que al ser quebrantamiento de condena no es tan probable

Abogado3044 :

Así es, es un problema añadido, pero está denttro del artículo

Abogado3044 :

Pero una vez el fiscal nos indique lo que nos pide, si aceptamos, tenemos una reducción en la sanción

JACUSTOMER-clqtee54- :

si eso lo sabe. Pero hay alguna manera de que no le quiten más meses de carnet

Abogado3044 :

La única vía es negociar, entrar a juicio y exponerurgencias y otras circunstancias no ayuda nada

JACUSTOMER-clqtee54- :

entonces que debe hacer?

JACUSTOMER-clqtee54- :

insisto cree que perderá mas meses de carnet? otras sentencias que dicen?

Abogado3044 :

Esperar a ver que nos pide el fiscal y llegar aun acuerdo

Abogado3044 :

Estoy buscando, un momento por favor

JACUSTOMER-clqtee54- :

gracias

Abogado3044 :

No es delito de quebrantamientio de condena es del 384.2

Abogado3044 :

Le copio la sentencia

Abogado3044 :
AP Murcia, Sec. 2.ª, 162/2009, de 19 de noviembre
Recurso 120/2009. Ponente: ABDON DIAZ SUAREZ.
EXTRACTOS
La conducción de un vehículo cuando se ha privado judicialmente de éste constituye la comisión del delito tipificado en el art. 384.2 y no supone el delito de quebrantamiento de condena
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"... En cuanto a la segunda objeción, ciertamente la pena, ex art. 33 , es la privación del derecho a conducir y no la privación del carnet o licencia de conducir.
Sin embargo ha de repararse en que el tipo no hace referencia al "condenado" sino al "privado", lo cual es perfectamente posible pues el legislador no queda encorsetado por el contenido de la pena a la hora de describir el tipo.
En este sentido el artículo 384.2 tipifica la conducción de quien haya sido privado del documento (carnet o licencia), lógicamente como consecuencia de una sentencia condenatoria (judicialmente).
En definitiva el legislador ha recogido la conducta de aquél a quien materialmente se le retira el permiso o licencia que no es más que la expresión material del derecho que incorpora. Lógicamente el precepto debe ser entendido como aplicable a quien careciendo del documento se le priva judicialmente del derecho a conducir.
Consta en autos que al acusado se le requirió 9/1/08 por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia en el Juicio Rápido 4/08 para entrega del mismo manifestando carecer de él; posteriormente en 12/9/08 se le requiere nuevamente en Juicio Rápido 103/08 del Juzgado de Instrucción 4 de Orihuela al mismo efecto, entendiéndose lógicamente que desde ese momento esta privado del derecho, pues sólo la carencia de carnet, impidió su entrega.
La solución escogida es además coherente en una interpretación sistemática del nuevo precepto especial como recoge la oposición del Ministerio Fiscal.
Finalmente si descartamos que tal interpretación sea contraria a la legalidad, la aplicación preferente del articulo 384. 2 frente al 468 , es consecuencia de los principios de especialidad y alternatividad, lo que no se cuestiona.
Así pues, prospera el recurso del Fiscal en este punto, considerando la Sala que los hechos no son constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena, sino que se incardinan en el tipo del artículo 384. párrafo 2º inciso 1º del Código Penal , tal como se deduce del relato fáctico de la sentencia y el razonamiento jurídico primero. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal citado dictó en los referidos autos sentencia con fecha 26 de febrero de 2009 , sentando como hechos probados los siguientes: " A la vista de lo actuado, se declara probado que, sobre las 8.15 horas del día 14 de febrero de 2009, el acusado Higinio , nacido en Ecuador, el día 25 de diciembre de 1983, con NIE: nº NUM000 y ejecutoriamente condenado en sentencia de fecha 22 de octubre de 2007 , por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a las penas de cuatro meses de multa y ocho meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, en sentencia de fecha 9 de enero de 2008 , por delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y de conducción estando privado definitivamente del permiso por decisión judicial, fue sorprendido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, cuando circulaba por la calle Molina de Segura de Murcia con el vehículo matrícula ....-VCZ , de su propiedad, haciéndolo después de haber ingerido bebidas alcohólicas que le incapacitan para una segura conducción. Requerido por agentes de la Policía Local para someterse a la prueba de determinación del grado de impregnación alcohólica del aire espirado mediante aparato de precisión marca Drager, éstas arrojaron resultado positivo, en las dos pruebas efectuadas, con un intervalo de diez minutos, de 0.96 y 0.98 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, y presentando el acusado como síntomas externos: habla pastosa, rostros abotargado, ojos brillantes, pupilas dilatadas, andar y girar inseguro y aliento a alcohol. Según liquidación de condena practicada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Murcia, el acusado debía de cumplir la pena que le fue impuesta en la sentencia de fecha 9 de enero de 2008 , de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, entre los días 9 de enero de 2008 y 2 de mayo de 2009. El acusado carece de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca".
SEGUNDO.- Estimando el Juzgador recurrido que los referidos hechos probados eran constitutivos de delito, dictó el siguiente "FALLO: Que debo condenar y condeno a Higinio como autor de un delito de conducción bajo la influencia del consumo de bebidas, alcohólicas y otro de conducción sin haber obtenido permiso, en concurso ideal con un delito de quebrantamiento de condena, con la concurrencia , en todos ellos, de la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de cuatro años, por el primer delito y de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, por el concurso de delitos y costas".
TERCERO.- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, el Ministerio Fiscal se dedujo en tiempo y forma recurso de apelación, fundamentándolo en síntesis en los motivos que se expresan y analizan en los fundamentos de esta resolución.
CUARTO.- Admitido a trámite el recurso, se dio traslado a las demás partes personadas, las cuales se opusieron.
QUINTO.- A continuación se remitieron por el Juzgado las diligencias originales a esta Audiencia, en la que se formó el oportuno Rollo, con el nº 120/09, señalándose día, para la deliberación y fallo al no estimarse preciso la celebración de la vista pública.
SEXTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Justificación del retraso en dictar la presente:
Dictada en la causa y firmada la sentencia por el ponente, la que incluso se numeró, surgieron en el trámite posterior e inmediato discrepancias en orden a la posibilidad de entrar en el fondo de la misma, quedando relegada para nueva deliberación. En el interim, se dictó la sentencia 182/09 que fue asumida por la Sala y supuso, en un nuevo examen de la doctrina constitucional que se cita, un cambio en el criterio de la Sala, respecto de un precedente anterior, del que esta sentencia debió ser el primer exponente. Quedó la presente pendiente de nueva redacción. Por imponderables puramente burocráticos en cuanto a la ubicación de los autos, quedo relegada procediéndose ahora a su redacción.
ÚNICO.- Se acepta y se da por reproducida la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Se plantea a esta Sala en primer lugar si es posible acoger el recurso del ministerio Fiscal sin oír al recurrido, en cuanto de ser así seria penado por un tipo delictivo que castiga la conducta con penas mas graves que aquellas que corresponden al precepto que la sentencia aplica y ello con independencia de que en nuestro supuesto dada la pena especifica impuesta carezca de trascendencia.
La doctrina constitucional en lo que aquí importa ha distinguido perfectamente cuando el objeto de la apelación se ciña exclusivamente a cuestiones de derecho.
Ya la SAP León 19/11/2004 hizo recopiló al respecto la doctrina del TEDH que esencialmente acogió nuestro Tribunal Constitucional
"La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de la cuestión que ahora se plantea aparece inicialmente en su Sentencia de 26 de marzo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia- EDJ1988/10472 , y se consolida posteriormente en pronunciamientos más recientes (SSTEDH 8 de febrero de 2000 -caso Cooke contra Austria EDJ2000/136 y caso Stefanelli contra San Marino EDJ2000/144 -; 27 de junio de 2000 -caso Constantinescu contra Rumania- EDJ2000/17096 ; y 25 de julio de 2000 -caso Tierce y otros contra San Marino EDJ2000/18326 ). En relación con demandas promovidas por infracción del art. 6.1 del Convenio como consecuencia de haberse fallado la apelación de una causa penal sin que se hubiese celebrado en esta fase audiencia o vista pública, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene declarado, con carácter general, que el proceso penal constituye un todo, y que la protección que dispensa el mencionado precepto o termina con el fallo en la primera instancia, de modo que el Estado que organiza tribunales de apelación tiene el deber de asegurar a los justiciables, a este respecto, las garantías fundamentales del art. 6.1 CEDH . Mas concretamente, en relación con la cuestión que ahora nos ocupa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la noción de proceso justo o equitativo implica, en principio, la facultad del acusado de estar presente y ser oído personalmente en la primera instancia, dependiendo la exigencia de esta garantía en al fase de apelación de las peculiaridades del procedimiento considerado, para lo que es necesario examinar éste en su conjunto de acuerdo con el orden jurídico interno, el papel que ha de desempeñar la jurisdicción de apelación y la manera en la que los intereses del demandante fueron realmente expuestos y protegidos ante el tribunal a la vista de las cuestiones que éste tiene que juzgar.
Así pues, respecto a la exigencia de aquella garantía en la apelación, debe determinarse si, en atención a las circunstancias del caso, las particularidades del procedimiento nacional, examinado éste en su conjunto, justifican una excepción en al segunda o tercera instancia al principio de audiencia pública (SSTEDH de 26 de mayo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia, 24 y 27- EDJ1988/10472 ; 29 de octubre de 1991 -caso Helmers contra Suecia, 31 y 32- EDJ1991/12541 ; 27 de junio de 2000 -caso Constantinescu contra Rumanía, 53 EDJ2000/17096 )".
No se puede concluir, por lo tanto, que como consecuencia de que un tribunal de apelación esté investido de plenitud de jurisdicción, tal circunstancia ha de implicar siempre, en aplicación del art. 6 del Convenio, el derecho a una audiencia pública en segunda instancia, independientemente de la naturaleza de las cuestiones a juzgar. La publicidad, ha declarado en este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituye ciertamente uno de los medios para preservar la confianza en los tribunales; pero desde otras consideraciones, también el derecho a un juicio en plazo razonable y la necesidad de conferir un tratamiento rápido a los asuntos han de tenerse en cuenta para determinar si los debates públicos son necesarios después del proceso en primera instancia.
De modo que la ausencia o falta de una vista o debates públicos en segunda o tercera instancia puede justificarse por las características del procedimiento de que se trate, con tal que se hayan celebrado en la primera instancia. Así lo ha admitido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a los procedimientos para autorizar la interposición de la apelación o consagrados exclusivamente a cuestiones de Derecho y no a las de hecho, en relación con los cuales ha señalado que se cumplirán los requisitos del art. 6.1 del Convenio aunque el tribunal de apelación o casación no haya dado al recurrente la facultad de ser oído personalmente (SSTYEDH de 26 de mayo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia, 32- EDJ1988/10472 ; 29 de octubre de 1991 -caso Helmers contra Suecia, 36- EDJ1991/12541 ; 29 de octubre de 1991 -caso Jan-Äke Anderson contra Suecia, 27- EDJ1991/12542 ; 29 de octubre de 1991 -caso Fejde contra Suecia, 31- EDJ1991/12543 ; 22 de febrero de 1991 - caso Bulut contra Austria, 40 y 41- EDJ1996/12047 ; 8 de febrero de 2000 -caso Cooke contra Austria, 35- EDJ2000/136 ; 27 de junio de 2000 -caso Constantinescu contra Rumania, 54 y 55- EDJ2000/17096 ; 8 de febrero de 2000 -caso Tierce y otros contra San Marino, 94 y 95- EDJ2000/18326 ).
El TC ha seguido esta línea jurisprudencial así en algunas de sus últimas resoluciones:
"No se puede concluir, por lo tanto, que como consecuencia de que un Tribunal de apelación esté investido de plenitud de jurisdicción, tal circunstancia ha de implicar siempre, en aplicación del art. 6 del Convenio, el derecho a una audiencia pública en segunda instancia, independientemente de la naturaleza de las cuestiones a juzgar. La publicidad, ha declarado en este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituye ciertamente uno de los medios para preservar la confianza en los Tribunales; pero desde otras consideraciones, también el derecho a un juicio en plazo razonable y la necesidad de conferir un tratamiento rápido a los asuntos han de tenerse en cuenta para determinar si los debates públicos son necesarios después del proceso en primera instancia. De modo que la ausencia o falta de una vista o debates públicos en segunda o tercera instancia puede justificarse por las características del procedimiento de que se trate, con tal que se hayan celebrado en la primera instancia. Así lo ha admitido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a los procedimientos para autorizar la interposición de la apelación o consagrados exclusivamente a cuestiones de Derecho y no a las de hecho, en relación con los cuales ha señalado que se cumplirán los requisitos del art. 6.1 del Convenio aunque el Tribunal de apelación o casación no haya dado al recurrente la facultad de ser oído personalmente (SSTEDH de 26 de mayo de 1988, caso Ekbatani c. Suecia, § 32; 29 de octubre de 1991, caso Helmers c. Suecia, § 36; 29 de octubre de 1991, caso Jan-Äke Anderson c. Suecia, § 27; 29 de octubre de 1991, caso Fejde c. Suecia, § 31; 22 de febrero de 1996, caso Bulut c. Austria, §§ 40 y 41; 8 de febrero de 2000, caso Cooke c. Austria, § 35; 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumania, §§ 54 y 55; y 25 de julio de 2000, caso Tierce y otros c. San Marino, §§ 94 y 95).
En efecto, tempranamente pusimos ya de manifiesto en la STC 170/2002, de 30 de septiembre (FJ 15), que la doctrina sentada por la STC 167/2002 , de 18 de septiembre, no es aplicable cuando, a partir de los hechos declarados probados en la primera instancia, el núcleo de la discrepancia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria sea una cuestión estrictamente jurídica, para cuya resolución no resulte necesario oír al acusado en un juicio público, sino que el Tribunal pueda decidir adecuadamente sobre la base de lo actuado. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la STEDH de 29 de octubre de 1991 , caso Jan-Ake Andersson c. Suecia, aprecia que no existe violación del derecho a un proceso justo cuando no se reproduce el debate público con inmediación en la apelación en los supuestos en que «no se plantea ninguna cuestión de hecho o de derecho que no pueda resolverse adecuadamente sobre la base de los autos», por lo que no hay violación del art. 6.1 del Convenio (en el mismo sentido, SSTEDH de 29 de octubre de 1991 , caso Fejde c. Suecia; de 5 de diciembre de 2002, caso Hoppe c. Alemania; y de 16 de diciembre de 2008, caso Bazo González c. España, § 36)". STC 120/2009 .
"Por lo que se refiere a la primera perspectiva apuntada, es sólida doctrina de este Tribunal, originada en la Sentencia de Pleno 167/2002, de 18 de septiembre, FFJJ 9 a 11 EDJ2002/35653 , y perfilada posteriormente en numerosas resoluciones (entre las últimas, SSTC 213/2007, de 8 de octubre, FJ 2 EDJ2007/188714 ; 64/2008, de 26 de mayo, FJ 3 EDJ2008/81705 ; 115/2008, de 29 de septiembre, FJ 1 EDJ2008/178012 ; 49/2009, de 23 de febrero, FJ 2 EDJ2009/21661 ; 120/2009, de 18 de mayo, FFJJ 2 a 4 EDJ2009/72632 , y 132/2009, de 1 de junio, FJ 2 EDJ2009/119357 ), que del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE EDL1978/3879 ) deriva la exigencia de que sólo el órgano judicial ante el que se practiquen, con plena contradicción y publicidad, puede valorar las pruebas personales. Así, ha de considerarse vulnerado aquel derecho cuando la Sentencia absolutoria de la primera instancia es revocada en apelación y sustituida por una condenatoria o, en otro caso, por una que agrava la situación del recurrente, en el supuesto de que hubiera sido ya condenado, y la última resolución se basara en una apreciación diferente de las declaraciones personales. Es decir, se veda la eventualidad de que el órgano de apelación condene a quien ha sido absuelto en la instancia, o que empeore su situación si fue condenado, si para ello fija un nuevo relato de hechos probados que tiene su origen en la valoración de pruebas cuya práctica exige la inmediación del órgano judicial resolvente, esto es, el examen directo y por sí mismo de las partes, de los testigos o de los peritos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.
No obstante, ha de recordarse asimismo que la doctrina constitucional reseñada no resulta aplicable cuando el núcleo de la discrepancia entre la Sentencia de instancia y la de apelación atañe estrictamente a la calificación jurídica de los hechos que se declararon probados por el órgano judicial que primariamente conoció de los mismos y que quedan inalterados en la segunda instancia, pues su subsunción típica no precisa de la inmediación judicial, sino que el órgano de apelación puede decidir sobre la base de lo actuado (STC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 5 EDJ2002/44856 , reiterada en las SSTC 328/2006 , de 20 de noviembre, FJ 4 EDJ2006/311594 ; 256/2007, de 17 de diciembre, FJ 2 EDJ2007/259906 ; 124/2008, de 20 de octubre, FJ 2 EDJ2008/196684 ; 34/2009, de 9 de febrero, FJ 4 EDJ2009/14490 y 120/2009, de 18 de mayo, FJ 4 EDJ2009/72632 ).
El recurrente en amparo denuncia, en conexión con la queja precedente, que no fue oído por el Tribunal de apelación. Así planteada la cuestión, y pese a que en la demanda venga también encuadrada en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE EDL1978/3879 ), su examen habrá de hacerse, más precisamente, en el contexto del derecho de defensa (art. 24.2 CE ); esto es, habrá que determinar si la audiencia del acusado en la segunda instancia, con independencia de la naturaleza -personal o no- de las pruebas que, en su caso, hubieran de ser valoradas por el órgano judicial que conoce del recurso, es parte integrante del mencionado derecho fundamental.
Con esta perspectiva, ha de señalarse que, según expone la STC 120/2009, de 18 de mayo, FJ 3 EDJ2009/72632 , invocando la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto, la exigencia de la garantía de la audiencia del acusado en fase de recurso depende de las características del proceso en su conjunto. Más concretamente, en la STEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, § 53 EDJ2000/17096 , se destaca que cuando se celebra una audiencia pública en la primera instancia, la omisión del debate en apelación puede estar justificada por las particularidades del procedimiento, teniendo en cuenta la naturaleza del sistema de apelación, la índole de las cuestiones que han de resolverse, el alcance que la decisión del recurso puede tener y la medida en que los intereses del afectado han sido realmente satisfechos y protegidos. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado también que cuando el Tribunal de apelación ha de conocer de cuestiones de hecho y de Derecho, estudiando en general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el proceso, resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha cometido el hecho delictivo que se le imputa (entre otras, SSTEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, § 55; 1 de diciembre de 2005, caso Ilisescu y Chiforec c. Rumanía, § 39 EDJ2005/188181 ; 18 de octubre de 2006, caso Hermi c. Italia, § 64 EDJ2006/269835 ; 10 de marzo de 2009, caso Coll c. España, § 27 EDJ2009/15990 ), resaltando, además, que tras revocar la absolución dictada en la primera instancia, el pronunciamiento condenatorio requiere que el acusado haya tenido la posibilidad de declarar en defensa de su causa ante el órgano judicial que conoce del recurso, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que éste es el primero en condenarle en el marco de un proceso en el que se decide sobre una acusación en materia penal dirigida contra él (STEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, §§ 58 y 59)". STC 184/2009 .
Esta doctrina es acogida por la Sala y supone un cambio de criterio con respecto a una anterior resolución.
SEGUNDO.- Atendiendo a la anterior doctrina parece evidente que el debate en esta alzada en cuanto a la subsunción de los hechos en el tipo, no alcanza a perfilar cuestión de hecho alguna, ni a valorar el material probatorio de la instancia, no ya solo el necesitado de inmediación sino ningún otro.
El debate se ubica en la subsunción de los hechos declarados probados en la sentencia en el tipo acogido por la misma, o alternativamente en el propugnado por el Fiscal.
En este sentido hemos de partir de que la sentencia de instancia ya condena al recurrido por conducta, que recogida en los hechos probados de la sentencia permanecerá inalterable, lo que la ubica "ab initio" extramuros de la doctrina constitucional respecto de sentencias absolutorias en la instancia.
Ciertamente esta segunda opción va a conllevar la aplicación de un tipo de mayor gravedad punitiva y eventualmente una agravación de la pena por mor de la reincidencia. Ello no obstante, no será como consecuencia de la asunción por este Tribunal de ninguna de las conductas valorativas interdictadas por le jurisprudencia constitucional.
TERCERO.- El objeto del recurso se concreta en la discrepancia del Ministerio Fiscal con la calificación jurídica de la conducta punible. Considera la Magistrada "a quo" inaplicable el tipo del art. 384.2 por contrario a la legalidad, ya que pena al privado "definitivamente" "del permiso de conducir", habida cuenta de que pena de privación definitiva no existe y su contenido no es la privación del carnet, sino del derecho a conducir. Se propugna en la sentencia la aplicación alternativa del delito de quebrantamiento de condena del articulo 468 .
Son argumentos de la impugnación del Ministerio Fiscal que ésta Sala comparte los siguientes:
El articulo 384 en su nueva redacción, tras la última reforma del Código Penal en materia de delitos contra la seguridad vial, castiga en su párrafo segundo, inciso primero, con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa dias al que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial.
Con anterioridad a la expresada reforma, los supuestos de incumplimiento por el condenado de la privación del derecho a conducir durante el tiempo fijado en el fallo ejecutorio eran sancionados apreciando el delito de quebrantamiento de condena previsto en el artículo 468 del Código Penal que castiga a los que quebrantan su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia, con diferente previsión punitiva según que el condenado estuviera o no, al tiempo del incumplimiento, privado de libertad. Por lo demás, también encajaban en la literalidad de la descripción del tipo todos los casos en que la privación del derecho se hubiera acordado interinamente durante la instrucción del procedimiento como medida cautelar.
La sentencia impugnada condena al acusado corno autor de un delito de conducción sin permiso en concurso ideal con un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468 del Código Penal , rechazando la aplicación del artículo 384, párrafo 2°, inciso 1° , postulada por esta representación. Salvo en este punto, en lo demás, el Fiscal muestra su entera confor­ midad con los otros argumentos y pronunciamientos de la resolución respecto de la condena por delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y de conducción sin permiso así como respecto del tipo de concurso (ideal) apreciado.
El sustrato fáctico de la sentencia que se recurre, en la parte en que lo es, se refiere a la conducción por el acusado de un vehículo a motor estando privado del derecho a hacerlo en virtud de una sentencia condenatoria firme anterior. El razonamiento para rechazar la tipificación propuesta por el
Fiscal (fundamento de derecho séptimo) consiste en sostener que
la aplicación del citado precepto se opondría al principio de
legalidad en su exigencia de taxatividad en la descripción típica "pues la pena de privación del derecho a conducir no es definitiva, sino temporal y su contenido no es la privación del permiso o licencia sino la del derecho a conducir".
Esta representación entiende, al contrario, que el hecho es encuadrable en la previsión típica del artículo 384 del Código Penal . Nos encontraríamos ante un concurso de normas a resolver con las disposiciones del articulo 8 del Código Penal a favor de la aplicación del tipo recogido en el articulo 384, que debe estimarse ley especial respecto del artículo 468 por cuanto aquél contempla más específicamente el hecho que éste ("lex specialis derogat legem generalem"). Desde esta óptica parece razonable concluir en la especialidad del artículo 384 CP frente al artículo 468 CP y por tanto en su aplicación preferente (artículo 8.1° CP ) por cuanto se refiere en su correcto entendimiento a la conducta de conducir estando privado del derecho a hacerlo, impuesto como pena o medida, frente al artículo 468 que castiga el quebrantamiento de cualquier pena o medida cautelar.
También conduciría a esta misma solución el criterio de la alternatividad al castigar el supuesto discutido más gravemente el artículo 384 (prisión de tres a seis meses o muta y trabajos en beneficio de la comunidad) que el articulo 468 (multa de 12 a 24 meses), disponiendo el artículo 8.4° CP que "en defecto de los criterios anteriores, el precepto más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor".
Apoyaría la tipicidad que se propone la voluntas legislatoris y lo que se trata específicamente de tutelar con el nuevo tipo penal. Después de admitirse lo defectuoso de la redacción del tipo, pues ciertamente no existen en nuestro ordenamiento privaciones de derechos "para siempre, perpetuas o de por vida" ni pena alguna que consista en la "privación del permiso o licencia" (artículo 33 CP ), no cabe sin embargo desconocer que la intención del legislador ha sido reunir en un mismo precepto (art. 384 CP) , ubicado sistemáticamente en el Capítulo IV, del Título XVII, del Libro II "de los delitos contra la seguridad vial", los distintos supuestos de conducción sin permiso (por no haberlo obtenido nunca, por estar privado provisional o definitivamente de él por resolución judicial, o por pérdida de su vigencia), por cuanto el bien jurídico protegido con el castigo de la conducta es de manera primordial, aunque no única, la seguridad del tráfico y por extensión la vida y seguridad de las personas usuarias de la vía, que se ve puesta en peligro por la conducción de quienes están privados de ese derecho en los supuestos que contempla dicho precepto en sus dos párrafos. Y así se desprende con toda claridad de la exposición de motivos de la L.O. 15/07 que reformó el Código Penal en materia de delitos contra la seguridad vial, donde puede leerse: Una criticada ausencia era la conducción de vehículos por quienes hubieran sido privados, judicial o administrativamente, del derecho a hacerlo por pérdida de vigencia del mismo. Cierto que algunos casos podrían tenerse como delitos de quebrantamiento de condena o de desobediencia., pero no todos; por ello se ha considerado más ágil y preciso reunir todas esas situaciones posibles en un sólo precepto sancionador.
Igualmente una interpretación gramatical del precepto daría cobertura a la tesis que aquí se postula. Incluso recurriendo a la literalidad de la descripción típica cabría sostener también la preferente aplicación del artículo 384 . "Definitivamente", en la definición del diccionario de la Real Academia significa "lo que resuelve, concluye o decide" y su antónimo o contrario es "provisionalmente" (interinamente, adoptado con carácter cautelar), de suerte que la imprecisa redacción del tipo ha de resolverse en una exégesis lingüística contraponiendo la privación cautelar o provisional del derecho impuesta por auto durante la instrucción del procedimiento frente a la privación de ese mismo derecho impuesta de manera definitiva por sentencia firme, resultando así ambos supuestos encuadrables en la redacción del nuevo precepto: privación cautelar provisional (mediante auto) y privación definitiva o por sentencia.
Todavía existiría un argumento, .aún más definitivo en pro del tipo especial y en evitación de una solución absurda e injusta: de aplicar el artículo 468 del Código Penal al hecho enjuiciado -conducir estando privado judicialmente del derecho a hacerlo por sentencia- , se sancionarla ese hecho más benévolamente (sólo con pena de multa) que el supuesto de quien lleva a cabo esa conducta estando privado por resolución judicial (auto) de ese mismo derecho de forma cautelar (prisión o multa -- y trabajos), pues aquí si que sería de aplicación inequívocamente en su literalidad el artículo 384 -al referirse a privado cautelarmente-.
Por lo demás, a la vista de la relación de penas que prevé nuestro Código Penal en su articulo 33 es claro que la resolución judicial no priva, provisional o definitivamente, del permiso o de la licencia, sino del derecho a conducir vehículos a motor o cic1ornotores. Esta imprecisión del legislador resulta sin embargo fácilmente salvable con el lógico entendimiento de que la privación del derecho supone la del permiso o licencia al retirarse materialmente el documento con su imposición como pena o medida, por lo que la dicción literal empleada por el precepto -"permiso o licencia"- está siendo referida a la privación del derecho a cuyo ejercicio autorizan dichos documentos administrativos (artículos 529 bis, 764.4, párrafo 2° y 794.2 LECrim). En sentido inverso, ya bajo la vigencia del anterior Código Penal de 1973 (artículo 42 ), doctrina y jurisprudencia coincidían en sostener que la antigua pena de privación del permiso de conducción consistía en la inhabilitación para el ejercicio del derecho o facultad de conducir (así, también la Consulta 4/1975 de la Fiscalía del Tribunal Supremo) y no tanto en la desposesión del documento habilitante. Otra interpretación vaciaría de todo contenido al nuevo tipo y lo haría inaplicable, reconduciéndose entonces indebidamente todas I las hipótesis (privaciones cautelares y definitivas del permiso o licencia) al ámbito del delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar del artículo 468 CP . La reducción del tipo
que pretende la sentencia recurrida a los supuestos del artículo 47.3 no es aceptable, pues repárese que dicho precepto habla de pérdida de "vigencia" y no de pérdida "definitiva".
Entrando pues en el fondo del asunto, la primera objeción para subsumir la conducta en el tipo, que plantea la sentencia apelada se salva sin dificultad. Tenemos presente que la dicción legal no está contraponiendo "temporal" a "definitiva", como una alternativa de duración en el tiempo. Se trata por el contrario de una bien conocida terminología procesal, heredada de la tradición civilista, que contrapone privación "cautelar" a "definitiva", como tributarias de resoluciones correlativas de dicha naturaleza, cautelares o definitivas.
Según esta interpretación, que consideramos no es contraria a la literalidad del precepto, seria medida cautelar, la de tal naturaleza adoptada normalmente por auto, así la prevista en el artículo 764.4 de la LECrim . y definitiva la impuesta en sentencia firme.
CUARTO.- En cuanto a la segunda objeción, ciertamente la pena, ex art. 33 , es la privación del derecho a conducir y no la privación del carnet o licencia de conducir.
Sin embargo ha de repararse en que el tipo no hace referencia al "condenado" sino al "privado", lo cual es perfectamente posible pues el legislador no queda encorsetado por el contenido de la pena a la hora de describir el tipo.
En este sentido el artículo 384.2 tipifica la conducción de quien haya sido privado del documento (carnet o licencia), lógicamente como consecuencia de una sentencia condenatoria (judicialmente).
En definitiva el legislador ha recogido la conducta de aquél a quien materialmente se le retira el permiso o licencia que no es más que la expresión material del derecho que incorpora. Lógicamente el precepto debe ser entendido como aplicable a quien careciendo del documento se le priva judicialmente del derecho a conducir.
Consta en autos que al acusado se le requirió 9/1/08 por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia en el Juicio Rápido 4/08 para entrega del mismo manifestando carecer de él; posteriormente en 12/9/08 se le requiere nuevamente en Juicio Rápido 103/08 del Juzgado de Instrucción 4 de Orihuela al mismo efecto, entendiéndose lógicamente que desde ese momento esta privado del derecho, pues sólo la carencia de carnet, impidió su entrega.
La solución escogida es además coherente en una interpretación sistemática del nuevo precepto especial como recoge la oposición del Ministerio Fiscal.
Finalmente si descartamos que tal interpretación sea contraria a la legalidad, la aplicación preferente del articulo 384. 2 frente al 468 , es consecuencia de los principios de especialidad y alternatividad, lo que no se cuestiona.
Así pues, prospera el recurso del Fiscal en este punto, considerando la Sala que los hechos no son constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena, sino que se incardinan en el tipo del artículo 384. párrafo 2º inciso 1º del Código Penal , tal como se deduce del relato fáctico de la sentencia y el razonamiento jurídico primero.
QUINTO.- Adoptada tal interpretación, acorde con el recurso del Fiscal, queda por dilucidar el segundo punto del recurso, el denegado comiso del vehículo. Comparte la Sala el argumentario de la sentencia de instancia, en una interpretación no contra reo de los artículos 127 y 128 del Código Penal . Ciertamente el comiso podría extender mas allá de lo razonable los efectos del delito al circulo de usuarios, máxime cuando se trata de un bien de licita posesión.
VISTOS los preceptos legales citados en la sentencia y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de SU MAJESTAD EL REY DON JUAN CARLOS PRIMERO DE ESPAÑA,
Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia dictada en el Procedimiento Abreviado número 101/09 seguido ante el Juzgado de lo Penal núm. Cuatro de Murcia , debemos revocar y revocamos dicha resolución, en el único sentido de dejar sin efecto la condena por delito de quebrantamiento de condena, condenando en su lugar a Higinio como autor de un delito contra la seguridad vial ya definido de conducción con privación judicial del articulo 384 párrafo 2º inciso 1º del Código Penal manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia.
Notifíquese la presente resolución y llévese certificación de la misma al Rollo de esta Sala y a los autos del Juzgado, al que se devolverán para su ejecución y cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
Abogado3044 :

Y en este caso la condena fue de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de cuatro años, por el primer delito y de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, por el concurso de delitos y costas".

Abogado3044 :

Y en este caso la condena fue de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de cuatro años, por el primer delito y de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, por el concurso de delitos y costas".

Abogado3044 :

Seis meses a una multa de 6 euros son unos mil euros que es la pena económica media

Abogado3044 :

Es decie que su pareja se enfrenta a una sación entre 900 y 1500 euros

JACUSTOMER-clqtee54- :

pero esta senencia es muy dura. Hasta 4 años sin carnet?

JACUSTOMER-clqtee54- :

digamelo por favor! o solo la multa de unos 1500 euros

Abogado3044 :

hay concurso de delitos en ella, en su caso no. Un año, a lo sumo dos

Abogado3044 :

pero sí, un año mínimo sin carnet no creo que baje

JACUSTOMER-clqtee54- :

mas los 8 meses de anes?

Abogado3044 :

En la sentencia se habla de alcohol, en su caso no

JACUSTOMER-clqtee54- :

antes

JACUSTOMER-clqtee54- :

no en mi caso no

Abogado3044 :

No se suman, si no que se imponene más, ahora si nos lonen dos años no son dos años y ocho meses

JACUSTOMER-clqtee54- :

entonces el quebrantamiento de condena mas meses que por alcoholemia?

Abogado3044 :

En su caso no hay quebrantamei nto de condena, ni alcoholemis

Abogado3044 :

Sólo tenemos que conducimos sin carnet por haber sido privado de él

JACUSTOMER-clqtee54- :

y por eso entonces puede ser hasta 2 años?

Abogado3044 :

En la sanción ya se tiene en cuenta que hemos quebrantado la condena

JACUSTOMER-clqtee54- :

en resumidas cuentas digame como puede salir?

Abogado3044 :

Un momento

Abogado3044 :

El 384 NO habla de privación de carnet.

Abogado3044 :

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

Abogado3044 :

No hay sanción económica más pricación de carnet, sólo de sanción económica y trabajos en servicio comunidad

Abogado3044 :

Así que con esos 1500 euros que comentabamos estarís resuelto

Abogado3044 :

El problema lo va a tener resuleto con la sanción económica

Abogado3044 :

No hay privación de carnet, se queda con los meses que le queden pendientes

JACUSTOMER-clqtee54- : Entonces solo multa?
Abogado3044 :

Si

Abogado3044 :

La sentencia tiene otros delitos, alcoholemia que en su caso no hay

Abogado3044 :

Así que sólo hay sanción económica

JACUSTOMER-clqtee54- : Nos tranquiliza mucho. Como decía que podría ser hasta 2 años sin carnet?
Abogado3044 :

Hablabamos de esa sentencia

Abogado3044 :

Pero en su caso esa opción no existe

JACUSTOMER-clqtee54- : Muchas gracias
JACUSTOMER-clqtee54- : Podemos el martes ir tranquilos y no tener miedo a más meses sin carnet verdad?
Abogado3044 :

Si

Abogado3044 :

Esten tranquilos

Abogado3044 :

Le ruego valore positivamente el servicio prestado

Abogado3044 :

Gracias

Experto:  José M. escribió hace 3 año.

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