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Abogada Silvia Aznar
Abogada Silvia Aznar, Abogado
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Abogada Silvia Aznar está en línea ahora

Hola, soy socia de una empresa, en la que hay un trabajador

Pregunta del cliente:

Hola,
soy socia de una empresa, en la que hay un trabajador que tiene 78 años, con un contrato antiguo...
si le quisiéramos despedir, ¿le tendríamos que indemnizar?
hasta qué edad puede seguir trabajando...

Nos gustaría contratar a una persona joven y con vitalidad nueva.. Esta persona debería estar disfrutando de una jubilación, pero se aburre en casa y no quiere dejar el trabajo...

muchas gracias,
M
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Derecho Laboral
Experto:  Abogada Silvia Aznar escribió hace 3 año.

toganegra :

Buenas tardes apreciado cliente

toganegra :

Comentarle que si esta persona no desea jubilarse no se le puede obligar que deje la empresa

toganegra :

sin embargo podría estudiarse el convenio colectivo a fin de comprobar si éste dice algo al respecto y exige la jubliación del trabajador a por ejemplo, los 65 años

toganegra :

Aunque no creo que sea el caso

toganegra :

Por tanto sintiéndolo mucho no se puede hacer nada al respecto aunque le aconsejo que intente negociar con el trabajador

toganegra :

por ejemplo podrñ

toganegra :

podría pactar con el trabajador una jubilación parcial

toganegra :

Espero haberle ayudado con su consulta y si tubiera alguna duda más por favor puede preguntar lo que desee.

toganegra :

Si la contestación ha sido satisfactoria por favor valore positivamente.

toganegra :

Gracias

Abogada Silvia Aznar, Abogado
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Experto:  Abogada Silvia Aznar escribió hace 3 año.
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Experto:  Abogada Silvia Aznar escribió hace 3 año.
Disculpe he tenido problemas con el chat y tenido que cerrarlo. Acabar de comentarle que si le quisieran despedir deberían indemnizarle ya que como le he explicado anteriormente a no ser que en el convenio especifique lo contrario (por ejemplo la obligación de jubilarse los trabajadores a una edad determinada) no se puede obligar al trabajador a que deje la empresa. Intente pactar con él. Muchas gracias.

Experto:  Jorge Carlos escribió hace 3 año.
El Real Decreto-Ley 5/2012, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo introdujo importantes novedades en la prestación de jubilación de nuestro sistema de Seguridad Social que parten de la idea de que el incremento de la edad de jubilación, la prolongación de la vida activa y el incremento de la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad suponen elementos básicos para la adecuación y sostenibilidad de las pensiones, para lo que resulta adecuado vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida, racionalizar el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral, y favorecer la prolongación de la vida laboral. En este sentido, la mencionada norma aborda medidas en tres aspectos diferentes: la jubilación anticipada, la jubilación parcial y la compatibilidad entre vida activa y pensión, que se examinan seguidamente.
1. NUEVO SUPUESTO DE COMPATIBILIDAD ENTRE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y EL TRABAJO1
El Capítulo I del RDL 5/2013, de 15 de marzo, como indica su exposición de motivos, regula la compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena para favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores.
Tradicionalmente, el principio básico sobre el que descansaba la prestación de jubilación, que incorporó el artículo 165.1 LGSS, era el de la incompatibilidad absoluta de tal prestación con cualquier tipo de trabajo por cuenta propia o ajena; si bien tal prohibición admitía, como expresa el propio precepto reseñado, las salvedades en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. Nuestro ordenamiento nunca ha sido pródigo en configurar excepciones a tal principio, más bien al contrario las ha previsto en muy concretos y contados supuestos. En efecto, antes de la reforma que se examina, con independencia de los supuestos de jubilación parcial y contrato de relevo, las salvedades que permitían compatibilizar pensión de jubilación y trabajo se reducían, de manera directa, por un lado, a la previsión del artículo 165.1 LGSS, por la que se permite que el trabajador ya jubilado completamente se reincorpore como trabajador a tiempo parcial al mercado laboral, incentivando además su decisión con la previsión de mejora de la prestación en los términos del art. 8 RD 1132/2002, que establece que las cotizaciones efectuadas en las actividades realizadas, durante la suspensión parcial del percibo de la pensión de jubilación, surtirán efectos para la mejora de la pensión, una vez producido el cese en el trabajo. Por otro lado, se contemplaba la figura de la jubilación parcial tras la edad de jubilación ordinaria, que permite acceder a la jubilación parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo a los trabajadores que hayan cumplido la edad de jubilación y reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 25 por 100 y un máximo del 50 por 100; compatibilizándose pensión y salario proporcionalmente.
El RDL 5/2013, de 15 de marzo configura una nueva modalidad de jubilación compatible con el trabajo que se suma a las ya existentes. Se trata de permitir que aquéllos trabajadores que han accedido a la jubilación con el cumplimiento de la edad ordinaria y con una larga carrera de cotización puedan mantener una determinada cuantía de su pensión mientras realizan un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial. Su regulación se encuentra en los artículos 1 a 4 y en la Disposición Final Primera del citado Real Decreto Ley.
1.1. Ámbito de aplicación
Se recoge en el artículo 1 del RDL 5/2013 y de su contenido resulta destacable que se trata de un supuesto de compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena que resultará aplicable a todos los regímenes del Sistema de Seguridad Social, salvo el Régimen de clases pasivas del Estado, que se regirá por su normativa específica. La Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Ley 5/2013, regula un nuevo régimen de compatibilidad de la pensión de jubilación o retiro de clases pasivas, estableciendo una nueva redacción del artículo 33 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Tal previsión se complementa con el régimen transitorio que, al efecto, incorpora la Disposición Adicional Tercera del RDL 5/2013.
Se aprovecha la ocasión para aclarar dos cuestiones: la primera, que el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, será incompatible con la percepción de la pensión de jubilación. La segunda, que la modalidad de jubilación que se incorpora con la reforma no pretende derogar las fórmulas existentes con anterioridad. No se trata, por tanto, de una modalidad que sustituye a las vigentes, sino que resulta aplicable sin perjuicio del régimen jurídico previsto para cualesquiera otras modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente.
1.2. Pensionistas que pueden acceder a la compatibilidad
El disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, siempre que éste reúna los requisitos que se expresan en los apartados a) y b) del artículo 2 del RDL 5/2013 y que son los siguientes:
El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado. Esta previsión limita, por tanto, la compatibilidad que se analiza a aquéllos pensionistas que accedan a la pensión de jubilación, bien en el momento de la edad ordinaria que le resulte aplicable, bien en un momento posterior; pero nunca antes de dicha edad. Su configuración, por tanto, resulta coherente con el propósito de la norma que busca prolongar la actividad laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, incentivando el reingreso en la actividad laboral de aquéllas personas que han alcanzado la edad prevista con carácter general.
El segundo requisito que debe cumplir el pensionista que pretende compatibilizar su pensión con la realización de un trabajo consiste en que el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 por 100. Se limita, de este modo, la nueva posibilidad de compatibilización a pensionistas que acrediten una carrera asegurativa larga (35 años), impidiéndolo a aquellos que no alcancen la expresada cifra, al menos hasta que puedan conseguirla.
1.3. Pensión resultante
Obviamente, el trabajador que se jubila accede a la condición de pensionista y se le reconoce la prestación en la cuantía que resulte de la aplicación de las previsiones vigentes en cada momento. Ahora bien, si lo que ocurre es que el pensionista decide compatibilizar su situación con un trabajo por cuenta propia o ajena, la nueva previsión legal establece que, con independencia de los ingresos que se obtengan por ese trabajo, su pensión va a ser mantenida en parte. Esta pensión resultante, compatible con el trabajo, será equivalente al 50 por 100 del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos. Y ello cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. Quiere esto decir que en el momento en que se active el trabajo por cuenta propia o ajena, total o parcial, la pensión que estuviera reconocida, se reducirá en un 50%; y, a partir de ese momento, se percibirá la pensión resultante y los ingresos que procedan por el trabajo compatible que se realice.
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. Esto es, la pensión no se congela, sino que sigue revalorizándose en los mismos términos y supuestos que correspondan a todas las pensiones. Obviamente, la revalorización incidirá sobre la pensión resultante. Ocurre que la norma lo explica de manera confusa estableciendo que "no obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50 por 100". El recto entendimiento de tan confusa redacción exige, a mi modo de ver, superar la estricta literalidad y acudir a la finalidad de la norma que pretende que las revalorizaciones se apliquen sobre la pensión teórica y tengan incidencia en la pensión resultante. En efecto, si entendemos por pensión teórica la que le correspondería al pensionista caso de no realizar el trabajo compatible, lo que la norma quiere expresar es que sobre esa pensión teórica se aplicarán las revalorizaciones que procedan. Inmediatamente, la pensión resultante será el 50% de la pensión teórica revalorizada.
En sentido contrario, se arbitra la solución en los supuestos (que dada la larga carrera asegurativa que se exige serán escasos) en los que la pensión teórica fuese inferior a la mínima y, en un supuesto ordinario, debiera ser complementada. Para estos casos, el artículo 3.3 RDL 5/2013 dispone que el pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.
El beneficiario mantendrá la consideración de pensionista a todos los efectos, sin que pierda tal condición con independencia de los ingresos que obtenga por el trabajo que compatibiliza.
Por último, se dispone que finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación.
1.4. Trabajo compatible y cotización durante el mismo
Como se ha indicado con anterioridad, el trabajo compatible podrá realizarse por cuenta propia o por cuenta ajena y a tiempo completo o a tiempo parcial.
Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora del régimen del sistema de la Seguridad Social correspondiente. Además, quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8 por 100, no computable para las prestaciones, que en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del empresario el 6 por 100 y del trabajador el 2 por 100. Obviamente, si el trabajo es por cuenta propia también rige la cotización de solidaridad cuya cuantía íntegra, el 8%, corresponde al propio trabajador por cuenta propia.
1.5. Mantenimiento del empleo durante la percepción de la pensión de jubilación compatible con el trabajo
La fórmula descrita presenta indudables ventajas tanto para el pensionista, como para las empresas y, también, para el propio sistema de Seguridad Social. Éste último se ahorra la mitad de la pensión de jubilación e ingresa la cotización de solidaridad. El trabajador añade a los rendimientos del trabajo la mitad de la pensión de jubilación, conservando su cuantía íntegra para cuando decida dejar el trabajo. Igualmente resulta beneficioso para las empresas porque ven reducidos los costes derivados de la Seguridad Social. Este cúmulo de ventajas podría acabar propiciando que la fórmula en cuestión se utilizase para finalidades que no sólo no están en la intención del legislador, sino que pueden ir, directamente, contra otros fines y valores que trata de proteger la normativa laboral y de Seguridad Social. Un ejemplo podría ser la sustitución de trabajadores ordinarios por trabajadores jubilados, especialmente, en determinados tipos de trabajo en los que el esfuerzo físico no fuera determinante del rendimiento.
Precisamente, para conjurar ese peligro, la Disposición Adicional Primera del RDL 11/2013, ha establecido una serie de prevenciones y cautelas bajo el título de "mantenimiento del empleo durante la percepción de la pensión de jubilación compatible con el trabajo". En concreto las medidas que se adoptan son básicamente las dos siguientes:
1.- Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en el capítulo I del RDL 5/2013 no deberán haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha compatibilidad. Como se comprueba, es la finalidad principal avanzada, la de evitar el efecto sustitución de trabajadores ordinarios por trabajadores jubilados, lo que se pretende evitar con esta prevención. Con todo, la medida resulta atemperada por las dos prevenciones adicionales que ha previsto la norma: en primer lugar, que la limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, lo que parece lógico para evitar dejar fuera de la medida a empresas que ya habían realizado extinciones y que no podían perseguir el efecto sustitución puesto que no conocían la posibilidad que ahora se permite. Y, en segundo lugar, la limitación sólo resulta operativa para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción, lo que no parece que, dada la generalidad de la mayoría de las definiciones de los grupos profesionales, resulte ser un impedimento excesivamente serio para impedir el efecto que pretende la norma.
2.- La segunda medida consiste en que, una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la misma antes su inicio. A este respecto se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa en el periodo de los 90 días anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de dividir entre 90 la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los 90 días inmediatamente anteriores a su inicio.
Por último la norma establece que no se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por las alguno de los siguientes supuestos: por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente; tampoco las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores; ni las que se produzcan por la expiración del tiempo convenido o por la realización de la obra o servicio objeto del contrato.
2. LA REFORMA DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA2
2.1. Justificación de la reforma
La jubilación anticipada es una medida destinada, tradicionalmente, a proteger a aquellos trabajadores con períodos largos de cotización, a los que trabajan en profesiones o sectores de actividad con elevados índices de morbilidad o mortalidad y a aquellos que tengan una menor esperanza de vida (v.gr. discapacitados). Sin embargo, en los últimos años los principales beneficiarios de esta medida han sido los trabajadores de mayor edad que pierden su empleo como consecuencia de las reestructuraciones empresariales, y a quienes les resulta difícil su reinserción en el mercado laboral, convirtiéndose la jubilación anticipada, de este modo, en una fórmula de regulación de empleo, como puso de manifiesto la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en su Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo de 2011.
Aunque no existen datos estadísticos desagregados sobre el número de jubilaciones anticipadas solicitadas como consecuencia de los procesos empresariales de redimensionamiento de las plantillas de trabajadores, sí es una realidad que, por ejemplo en 2011, el 40 por ciento de los beneficiarios de una pensión de jubilación se jubilaron antes de los 65 años.
Por otro lado, las bajas tasas de natalidad y el alargamiento de la esperanza de vida en la mayoría de los países europeos son dos fenómenos que desafían la viabilidad de los sistemas públicos de protección social tal y como hoy están configurados.
Esta realidad llevó a la Comisión Europea a elaborar el "Libro Blanco 2012: Ayuda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles" que contiene una serie de recomendaciones con la finalidad de concienciar a los Estados miembros de la necesidad de reformar las pensiones para reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y de las finanzas públicas. En dicho texto se recomienda llevar a cabo reformas de los sistemas de pensiones destinadas a favorecer la prolongación de la vida laboral, manteniendo a las personas en el mercado de trabajo más tiempo, racionalizar el acceso a la jubilación anticipada, eliminando las posibilidades injustificadas de salida temprana del mercado laboral y vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida.
En España, las reformas en los ámbitos señalados se han llevado a cabo mediante el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, medidas que, como se manifiesta en su preámbulo, "permiten satisfacer las Recomendaciones del Consejo de la UE de 10 de julio de 2012 en el ámbito de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo".
En este trabajo sólo me ocuparé de la reforma del régimen jurídico de la jubilación anticipada que el Gobierno de España justifica porque "las medidas adoptadas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, resultaban insuficientes para garantizar la viabilidad del sistema [de pensiones] en el largo plazo, al permitir un alejamiento paulatino entre la edad legal de jubilación y la edad a la que es posible acceder a una jubilación anticipada, y favorecer, en determinadas ocasiones, las decisiones de abandono temprano del mercado laboral" (exposición de motivos del RD-L 5/2013).
2.2. Novedades en la regulación de la jubilación anticipada introducidas por el Real Decreto-ley 5/2013
Las modificaciones que introducen los artículos 5 yXXXXXL 5/2013 en la regulación de la jubilación anticipada en el régimen general de la Seguridad Social afectan a las dos modalidades de esta pensión (por cese involuntario en el trabajo y la voluntaria) y persiguen un mismo objetivo: desincentivar el acceso a la pensión de jubilación anticipada endureciendo sus requisitos y reduciendo su cuantía.
Por contra, se mantiene intacta la regulación de la antigua jubilación anticipada del mutualismo laboral y la de anticipación de la edad de jubilación de los trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento (RD 1851/2009, de 4 de diciembre), que no se han visto afectadas por el citado RD-L 5/2013.
2.2.1. Jubilación anticipada derivada del cese involuntario en el trabajo
Las reformas de la jubilación anticipada derivada del cese involuntario en el trabajo son de dos clases: de carácter técnico y las que afectan a la cuantía de la pensión. Por lo que respecta a la primera, el artículoXXXXXL 5/2013 mejora la redacción del apartado 2 del artículo 161 bis de la LGSS al incluir la totalidad de las causas objetivas de extinción de la relación laboral, en contraposición a la redacción de este precepto dada por el artículo 5.1 de la Ley 27/2011, que sólo se refería a las causas económicas, lo que generaba un trato desigual entre los trabajadores que quisieran acceder a la jubilación anticipada en función de cuál fuera la causa de extinción del contrato de trabajo, lo que carecía de justificación.
Además, se elimina de la redacción del artículo 161 bis.2 la ambigua expresión "situación de crisis de la empresa", como causa de extinción de la relación laboral que puede generar derecho a la jubilación anticipada, sustituyéndola por otro concepto indeterminado como es el de "reestructuración empresarial", si bien se matiza que la misma debe impedir "la continuidad de la relación laboral" para poder causar derecho a la pensión de jubilación anticipada. De este modo, la redacción del apartado 2, párrafo A del artículo 161 bis de la LGSS, queda del siguiente modo:
"Se establecen dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada, la que deriva del cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador y la que deriva de la voluntad del interesado, para las cuales se exigen los siguientes requisitos:
A) Respecto de la derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador.
a) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior.
b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.
c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
d) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:
a. El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
b. El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores.
c. La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
d. La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.
e. La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores".
También da derecho a esta modalidad de jubilación anticipada, la extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de la violencia de género.
Además, para evitar comportamientos fraudulentos se exige al trabajador que pretenda obtener una pensión de jubilación anticipada, como consecuencia de un despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (individual o colectivo), que acredite, mediante documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente, haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.
En cuanto a las novedades atinentes a la cuantía de la pensión de jubilación anticipada, la reforma llevada a cabo por el RD-L 5/2013 afecta tanto a los coeficientes reductores como al porcentaje reductor del tope máximo de la pensión. Respecto a los coeficientes reductores se introduce una horquilla mayor que la prevista por el artículo 5.1 de la Ley 27/2011, lo que resulta beneficioso para los trabajadores con vidas laborales prolongadas (44 años y 6 meses o más) pero grava más a quienes tengan períodos de cotización iguales o superiores a 38 años y 6 meses pero inferiores a 41 años y 6 meses. Así, la nueva redacción del apartado 2 del artículo 161 bis de la LGSS en relación a este punto, queda como sigue:
"En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado A) [jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador], la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:
1º. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.
2º. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.
3º. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.
4º. Coeficiente del 1,500 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.
A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1 a) y en la disposición transitoria vigésima.
Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo".
Por otro lado, la cuantía de la pensión de jubilación anticipada también se verá reducida al duplicarse el porcentaje reductor del tope máximo de prestación, que pasa de 0,25 por cien al 0,50 por cien, como puede leerse en la nueva redacción del apartado 3 del artículo 163 de la LGSS:
"Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquéllos se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización. Una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación".
Sin embargo, esta reducción de la cuantía máxima de la pensión no afectará a los siguientes colectivos de trabajadores: los que tengan la condición de mutualista, los discapacitados y los que realicen una actividad de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Así lo prevé el nuevo apartado 4 del artículo 163 de la LGSS, añadido por el citado artículoXXXXXL 5/2013:
"El coeficiente del 0,50 por 100 a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de jubilaciones causadas al amparo de lo establecido en la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera.
b) En los casos de jubilaciones anticipadas conforme a las previsiones del apartado 1 del artículo 161 bis, en relación con los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o se refieran a personas con discapacidad."
2.2.2. Jubilación anticipada por voluntad del interesado
La jubilación anticipada voluntaria es una nueva modalidad introducida por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, cuya regulación debía entrar en vigor el día 1 de enero de 2013 (DF 12ª Ley 27/2011) pero que fue suspendida durante tres meses --hasta el 1 de abril de 2013-- por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, y, finalmente, reformada antes de su entrada en vigor por el RD-L 5/2013, de 16 de marzo, para endurecer sus requisitos de acceso y reducir la cuantía de la pensión. En este sentido, por un lado, se eleva la edad exigida para poder solicitar esta modalidad de jubilación anticipada, que ya no será la de 63 años como preveía el artículo 161 bis.2, B) de la LGSS en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 27/2011, sino que tendrá que ser inferior en dos años, como máximo, a la edad legal de jubilación, de acuerdo con el calendario previsto en la DT 20ª LGSS, es decir, que oscilará entre los 63 y los 65 años, dependiendo de la fecha en que se solicite la jubilación anticipada.
Por otra parte, también se incrementa el período de cotización exigido para causar derecho a la pensión, que pasa de 33 a 35 años. En último lugar, pero no menos importante, se minora la cuantía de la pensión aumentando significativamente los coeficientes reductores que se aplican en función del período de cotización que acredite el solicitante y de los trimestres que le falten para cumplir la edad legal de jubilación, en relación con los previstos en el artículo 5.1 de la Ley 27/2011. Así, el texto del apartado B) del número 2 del artículo 161 bis de la LGSS queda redactado como sigue:
"B) Respecto del acceso anticipado a la jubilación por voluntad del interesado:
a) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior [art. 161 bis.1 LGSS].
b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.
En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado B), la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:
1º. Coeficiente del 2 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.
2º. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.
3º. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.
4º. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.
A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima.
Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare a un período la fracción del mismo."
2.3. Régimen transitorio de la reforma
Como en toda reforma que afecta a las normas reguladoras de las prestaciones de Seguridad Social, el aspecto más delicado y difícil de articular es el de la entrada en vigor de las normas reformadoras por su incidencia en las expectativas de derechos o derechos adquiridos de los potenciales beneficiarios. La reforma operada en la jubilación anticipada por el RD-L 5/2013 no es una excepción a esta regla, pero, además, la comprensión de su régimen transitorio (artículo 8) resulta difícil porque, como he señalado, se trata de una norma que modifica una anterior (Ley 27/2011) antes de su entrada en vigor aplazada.
El artículoXXXXXL 5/2013 da nueva redacción al apartado 2 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, que es el precepto que contenía la fecha de entrada en vigor y el régimen transitorio de la norma reguladora de la jubilación anticipada, en los siguientes términos:
"Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley [Ley 27/2011], a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019.
c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.
En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine".
En consecuencia, el régimen jurídico aplicable a la pensión de jubilación anticipada será el siguiente:
1. La jubilación anticipada voluntaria sólo puede solicitarse a partir del 17 de marzo de 2013, fecha de entrada en vigor del RD-L 5/2013, y con las condiciones previstas en el número 2 apartado B del artículo 161 bis de la LGSS, tras las modificaciones introducidas por el citado Real Decreto-Ley.
2. Los trabajadores que pretendan jubilarse anticipadamente como consecuencia de la extinción de su relación laboral producida antes del día 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidos en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, y soliciten la pensión antes del día 1 de enero de 2019, lo harán con las condiciones y de acuerdo con las normas sobre jubilación anticipada contenidas en la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social (artículo 3.3.), que permite la jubilación anticipada a los 61 años y con 30 años de cotización, cuando la extinción de la relación laboral se produzca por cualquiera de las situaciones legales de desempleo previstas en el artículo 208.1.1 de la LGSS.
Además, no se exigirá al trabajador que esté inscrito como demandante de empleo en las oficinas de empleo durante, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación, ni que el cese en el trabajo se haya producido de manera involuntaria, cuando el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social.
Por último, con este régimen jurídico, los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión anticipada son inferiores a los que introduce el RD-L 5/2013, al oscilar entre el 6 y el 7,5 por ciento anual.
Estas mismas reglas se aplicarán a los trabajadores que vean extinguida su relación laboral como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, y siempre que dichos acuerdos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina.
3. A quienes pretendan jubilarse anticipadamente a partir del 1 de abril de 2013 se les aplicará las normas contenidas en el número 2 del artículo 161 bis de la LGSS, tras las modificaciones introducidas por el RD-L 2013.
3. MODIFICACIONES EN MATERIA DE JUBILACIÓN PARCIAL3
El art. 7 RDL 5/2013 modifica de nuevo el régimen jurídico aplicable a la jubilación parcial. Y digo de nuevo porque si algo caracteriza a esta peculiar institución es su continuo proceso de reforma. No me detendré en las reformas anteriores, dado que ello excedería de la finalidad pretendida en este trabajo4, pero sí creo que debe dejarse claro que las modificaciones que incorpora esta norma de urgencia en materia de jubilación parcial han venido a modificar algunas de las que contenía la Ley 27/2011 y que no llegaron a entrar en vigor por la suspensión de su aplicación5.
Hoy por hoy el régimen jurídico de la jubilación parcial viene establecido en el art. 166 LGSS modificado con el RDL 5/2013. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta también en esta materia lo dispuesto por la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la LGSS tras su modificación por esta misma norma. En tercer lugar, aunque se analiza en otro apartado de la presente obra, hay que apuntar también la modificación del art. 12.6.7 ET en relación con el régimen jurídico del contrato a tiempo parcial del jubilado parcial y el contrato de relevo (art. 9 RDL 5/2013). Y, finalmente, el RDL 5/2013 introduce una nueva Disposición Adicional, la Sexagésima Cuarta, en la LGSS con la finalidad de extender la aplicación de la jubilación parcial a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas.
La tendencia de este conjunto de modificaciones es idéntica a la misma que ha caracterizado las reformas en materia de jubilación parcial a partir del año 20076: el endurecimiento de los requisitos para el acceso a la misma y, en particular, la limitación del número de trabajadores que sin haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación pueden compatibilizar la prestación de servicios a tiempo parcial con la pensión de jubilación reducida proporcionalmente en función del porcentaje de parcialidad. Veamos pues el alcance de estos cambios.
En primer lugar, por lo que se refiere al acceso a la jubilación parcial por parte de los trabajadores que han alcanzado la edad de jubilación ordinaria y cumplen los requisitos para el acceso a la pensión de jubilación, la reforma introducida por el RDL 5/2013 incide concretamente en el tope máximo de reducción de jornada. Se fija la misma en un máximo del 50% en relación con la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable --manteniéndose el mínimo en el 25%.
En segundo lugar, por lo que se refiere al acceso a la jubilación parcial por parte de los trabajadores que todavía no han alcanzado la edad de jubilación ordinaria, esto es, a la jubilación parcial anticipada, el RDL 5/2013 introduce diversas modificaciones en el art. 166.2 LGSS. Modificaciones referidas a:
- La edad de acceso a la jubilación parcial anticipada.
- El porcentaje de reducción de la jornada del trabajador que accede a la jubilación parcial anticipada.
- La cotización a acreditar por el trabajador que accede a la jubilación parcial anticipada.
- La correspondencia entre las bases de cotización del trabajador jubilado parcialmente y el trabajador relevista.
- El mantenimiento del contrato del trabajador relevista contratado por tiempo indefinido y a jornada completa.
- El mantenimiento de la cotización del jubilado parcial como si la prestación de servicios continuase siendo a jornada completa.
Con la incorporación de las modificaciones que en las materias reseñadas contiene el RDL 5/2013, actualmente el régimen jurídico de la jubilación parcial anticipada se caracteriza por la necesidad de concurrencia de los siguientes requisitos:
1.- Que el trabajador que pretende el acceso a la jubilación parcial anticipada haya cumplido las siguientes edades sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
Año del hecho causante Edad exigida según períodos cotizados en el momento del hecho causante Edad exigida con 33 años cotizados en el momento del hecho causante
2013 61 y 61 y 1 mes 33 años y 3 meses o más 61 y 2 mes
2014 61 y 61 y 2 meses 33 años y 6 meses o más 61 y 4 meses
2015 61 y 61 y 3 meses 33 años y 9 meses o más 61 y 6 meses
2016 61 y 61 y 4 meses 34 años o más 61 y 8 meses
2017 61 y 61 y 5 meses 34 años y 3 meses o más 61 y 10 meses
2018 61 y 61 y 6 meses 34 años y 6 meses o más 62 años
2019 61 y 61 y 8 meses 34 años y 9 meses o más 62 y 4 meses
2020 61 y 61 y 10 meses 35 años o más 62 y 8 meses
2021 62 años 35 años y 3 meses o más 63 años
2022 62 y 62 y 2 meses 35 años y 6 meses o más 63 y 4 meses
2023 62 y 62 y 4 meses 35 años y 9 meses o más 63 y 8 meses
2024 62 y 62 y 6 meses 36 años o más 64 años
2025 62 y 62 y 8 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 4 meses
2026 62 y 62 y 10 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 8 meses
2027 y siguientes 63 años 36 años y 6 meses 65 años
En todo caso, a los trabajadores que acrediten la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 se les exigirá haber cumplido la edad de 60 años sin que, a estos efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación a los interesados.
2.- Que el trabajador acredite un período de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
3.- Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mínimo de un 25 por 100 y, de acuerdo con la modificación introducida por el art. 7 del RDL 5/2013, un máximo del 50 por 100, o del 75 por 100 para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida. Además se incorpora también la exigencia de que en todo caso se acrediten el resto de los requisitos.
4.- Que el trabajador acredite un período de cotización de 33 años en la fecha del hecho causante de la misma, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el período de cotización exigido será de 25 años. Con ello, el RDL 5/2013 amplía el período de cotización en tres años respecto de la legislación anterior.
5.- Que entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial se exige una correspondencia concreta: la del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por 100 del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.
6.- Que la duración de los contratos de relevo que se establezcan como consecuencia de una jubilación parcial sea en el supuesto de que se celebren por tiempo determinado igual al menos al tiempo que le falte al trabajador jubilado parcial para alcanzar la edad de jubilación ordinaria. No obstante, en el caso de que el contrato de relevo, según lo visto anteriormente, se concierte por tiempo indefinido y a jornada completa, el RDL 5/2013 ha incorporado una previsión referida a la necesidad de mantenimiento de empleo del relevista. Concretamente se exige que el contrato se mantenga al menos durante una duración igual al resultado de sumar dos años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. El incumplimiento de esta nueva exigencia conllevará la obligación del empresario de celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido y por el tiempo restante. Si no se actuase de este modo la responsabilidad empresarial se concretará en el reintegro de la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial.
7.- Por último, y también como novedad incorporada por el RDL 5/2013, el art. 166.2. g) LGSS viene a exigir que, al margen de reducción de jornada que se haya pactado con el jubilado parcial en los términos ya vistos, durante el período de la jubilación parcial, tanto la empresa como el trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa. En todo caso, el art. 7. Dos RDL 5/2013 modifica la Disposición Transitoria vigésima segunda de la LGSS, y establece la aplicación gradual de esta medida, de acuerdo con la siguiente escala:
a) Durante el año 2013, la base de cotización será equivalente al 50 por 100 de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa.
b) Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará un 5 por 100 más hasta alcanzar el 100 por 100 de la base de cotización que le hubiera correspondido a jornada completa.
c) En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado para cada ejercicio en la escala anterior podrá resultar inferior al porcentaje de actividad laboral efectivamente realizada.
No cabe duda de que esta última es la modificación que mayor impacto adverso va a provocar en la jubilación parcial anticipada. Difícilmente la empresa aceptará la pretensión de acceso a la jubilación parcial del trabajador que cumpla con todos los requisitos anteriores si la medida va a implicar que asuma una "carga económica extra".
Finalmente, como se señalaba más arriba, el RDL 5/2013 apunta otra medida en materia de jubilación parcial con el objetivo de extender su aplicación a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, equiparándolos en relación con esta opción a los trabajadores por cuenta ajena. En este sentido, exige la nueva Disposición Adicional Sexagésima Cuarta de la LGSS que se cumplan los siguientes requisitos:
- Que el socio trabajador esté incluido en el sistema de la Seguridad Social como asimilado a los trabajadores por cuenta ajena.
- Que el socio trabajador reduzca su jornada y derechos económicos en los términos analizados anteriormente.
- Que el socio trabajador cumpla los requisitos que establece el art. 166.2 LGSS.
- Que la cooperativa concierte con un socio de duración determinada o con un desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de trabajo, de la jornada dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente, con las mismas condiciones previstas en la normativa aplicable.

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