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Jesús
Jesús, Licenciatura/Derecho
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Experiencia:  Abogado colegiado ejerciente /DERECHO PENAL
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ruego me informen los plazos de prescripción de la responsavilidad

Pregunta del cliente

ruego me informen los plazos de prescripción de la responsavilidad civil dimanante de delito penal,juzgado,condenado y cumplido
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Derecho Penal
Experto:  abogadoalonso escribió hace 4 año.
Estimado cliente: La acción para reclamar los daños
ocasionados por un ilícito penal está viva mientras lo esté la existente para exigir la responsabilidad penal conforme a los Artículos 112 y 113 del Código Penal.
Una vez determinada en sentencia firme, pasa a prescribir al igual que las obligaciones civiles.

Así, como ejemplo, con el plazo de Artículo 1968 CC Prescriben por el transcurso de un año, la acción para recobrar o retener la posesión y la acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.

la Sala 2ª del Tribunal Supremo era propensa a aplicar el mismo plazo de prescripción para la responsabilidad civil que el que se establece para la responsabilidad
criminal.

Otra solución la plantea el Artículo 1966 del Código Civil: Artículo 1966.
Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
La de pagar pensiones alimenticias.
La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.
La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves.

Acepte la respuesta y reciba un cordial saludo.
Cliente: escribió hace 4 año.
lo que en realidad le he preguntado es: yo he pasado unos años de mi vida en prision por varios delitos penales(atracos,tenencia ilicita,falsificacion entre otros)yo sali en libertad total en el año 2004 y mi pregunta es: si yo ahora compro una casa(ejemplo) me la pueden embargar.gracias.
Experto:  abogadoalonso escribió hace 4 año.
Estimado cliente, junto con la condena penal, figura en el fallo de sus sentencias la cuantía por las que debe indemnizar en concepto de responsabilidad civil derivada de la responsabilidad penal.

En su caso, y en función del tipo de delito y de daño producido puede extenderse de 1 a 15 años la responsabilidad civil desde el momento en que fuera exigible, es decir, desde la firmeza de la sentencia.
Así las cosas debe contemplar una a una las condenas y calcular cuales de las indemnizaciones está pendiente.
Otra cosa distinta es que las víctimas, lleven a cabo la reclamación de dichas indemnizaciones aunque no hayan prescrito.
Es una tarea por lo que le informo, necesaria, revisar una a una las sentencias.

Aún con el riesgo de remover las cosas, puede en caso de duda, consultar directamente con el funcionario judicial encargado de la ejecutoria de cada asunto (procedimiento posterior para exigir el cumplimiento del fallo de la sentencia)para saber con certeza si sigue siendo exigible la RC

Acepte la respuesta y reciba un cordial saludo.
abogadoalonso, Licenciado Derecho
Categoría: Derecho Penal
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Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

En criterio contrario a la anterior respuesta:

 

Según expone en su consulta: La pena se ha ejecutado. Es decir, existe ya una ejecutiva penal en marcha que incluye la ejecución de las responsabilidades civiles dimanantes del ilícito penal; en consecuencia, NO existe prescripción alguna. La ejecución iniciada, o procedimiento ejecutivo en marcha en reclamación de cantidades por Responsabilidad Civil NO prescribe en su caso y en cualquier momento puede el Juzgado ordenar una Investigación Patrimonial y embargarle lo que en ella aparezca.

 

Art. 984 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Para la ejecución de la sentencia, en cuanto se refiere a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó.

 

Estas son sus referencias legales:

 

Art. 984 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l7t1.html#a984

 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL:

Artículo 570: Final de la ejecución.

La ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante, lo que se acordará por decreto del Secretario judicial, contra el cual podrá interponerse recurso directo de revisión.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t3.html#a570

 

En conclusión: La ejecución ya iniciada es imprescriptible (NO existe prescripción alguna) y solo acabará, en su caso, con la satisfacción total de las Responsabilidades Civiles dimanantes del ilícito penal a las que fue condenado.

 

Atentamente,

Jesús, Licenciatura/Derecho
Categoría: Derecho Penal
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Experto:  abogadoalonso escribió hace 4 año.
Estimado cliente, el anterior experto confunde la interrupción de la ejecución con la imprescriptibilidad de la ejecución de la responsabilidad civil derivada de la responsabilidad penal, como muestra, la sentencia siguiente: Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 10 May. 1993, rec. 2965/1990, Ponente: Albácar López, José Luis. Nº de Recurso: 2965/1990
Jurisdicción: CIVIL: INDULTO: XXXXX XXXXX responsabilidad penal, no la civil; sobreseída la causa penal por aplicación anticipada del indulto, el plazo prescriptivo de la acción civil es el del artículo 1964, de 15 años, y no el artículo 1968.2, de un año.

TEXTO

Madrid, 10 May. 1993.

Visto por la Sala 1.ª del TS, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Secc. 12 de la AP Madrid, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el JPI núm. 4 de los de Madrid, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por D.ª Carmen G. G., D. José Antonio, D. Luis y D. Pedro A. G., en el que son parte recurrida la entidad «R., S. L.» y la entidad «G., S. A.».

(...)

Ha sido Ponente el Magistrado Sr. Albácar López.

Fundamentos de Derecho
Primero: Promovida por D.ª Carmen G. G. en nombre propio y en representación de su hijo menor José Antonio A. G., D. Luis A. G. y D. Pedro A. G. ante el JPI núm. 4 de Madrid demanda de juicio ordinario de menor cuantía contra D. Felipe G. C., y las entidades «G., S. A.» y «R., S. L.» sobre reclamación de indemnización por culpa derivada de delito, con fecha 4 Jun. 1990 recayó sentencia de la AP Madrid en la que, confirmando la dictada por el referido Juzgado el 5 Ene. 1989, se desestimaba la demanda, sentencia contra la que se interpuso el presente recurso de casación por infracción de Ley y en la que se sientan, entre otros, los siguientes hechos: Que está plenamente acreditado, primero, que ocurrido el accidente que causó la muerte de D. Pedro A. M., esposo y padre de los actores, el 30 Jun. 1975, en la obra en que trabajaba por cuenta y orden de la Mercantil demandada «G., S. A.», vaciado de un solar en la calle Comandante Zorita de Madrid, al ser golpeado por la máquina excavadora que manejaba el demandado rebelde D. Felipe G. C., propiedad de la otra Cía. demandada «R., S. L.» y que había sido contratada por la primera, se incoaron las correspondientes diligencias penales; segundo, que elevadas éstas a Sumario núm. 8/1975 por el JI núm. 18 y procesado el demandado rebelde conductor de la excavadora, la AP Madrid por A 26 May. 1976 que puso fin a la vía penal decretó el sobreseimiento libre de la causa y dejó sin efecto, con todas sus consecuencias legales, el procesamiento y dejando a salvo a los perjudicados las acciones civiles, por aplicación anticipada y sin celebración de juicio del derecho núm. 2040/1975 de 25 Nov., por el que se concede indulto general (Fundamento de derecho tercero de la resolución recurrida).

Segundo: El motivo único del recurso se funda en el ordinal 5.º del art. 1692 LEC y denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial que cita, en la que se sostiene que el plazo de prescripción aplicable a las acciones de reclamación de indemnización por culpa derivada de delito es la de 15 años del art. 1964 CC, motivo éste que deberá ser estimado en atención a las siguientes razones: Primera: Que es doctrina reiteradamente sentada por esta Sala la de que emanando la acción ejercitada del sobreseimiento de causa penal por indulto anticipado, o sea, sin haber llegado al trámite de sentencia, con reserva al perjudicado de la correspondiente acción civil, ésta tiene su base causal en el art. 1089 CC, sin afectarle el plazo de 1 año establecido en el art. 1968.2 CC, por contraerse dicho precepto a meras obligaciones derivadas de culpa o negligencia, ya que como tiene declarado esta Sala en S 21 Mar. 1964, el segundo precepto sólo afecta a las acciones que contempla entre las que no está la nacida ex delicto, sometida al plazo prescriptivo de 15 años que, como supuesto de acción general de prescripción de las acciones personales sin plazo especial de prescripción, señala el art. 1964 (S 3 Mar. 1968), tesis ésta confirmada por la de 1 Abr. 1990. Segunda: Que es igualmente doctrina jurisprudencial que el indulto no comprende ni puede comprender la sanción reparadora en favor del ofendido, porque su contenido no afecta a la indemnización civil patrimonial para resarcir los daños y perjuicios originados por el delito, que tiende directamente a conceder derechos familiares de peculiar naturaleza que se acercan más a los públicos que a los privados (S 15 Mar. 1983), sin que deba perjudicar a la víctima una aplicación técnica rigorista de la prescripción, que, como instituto no fundado en la justicia intrínseca, debe merecer un tratamiento restrictivo formado en torno a la aplicación de las prescripciones cortas (S 6 May. 1985), y que respecto a la prescripción de la acción para reclamar una responsabilidad civil derivada de delito o falta, en el supuesto de producirse un indulto con relación a estos, dado el alcance ope legis de estos, es claro que a la vista del art. 116 LECrim. no se produce la extinción de la responsabilidad civil, aunque la responsabilidad penal de que trae causa si se haya extinguido, lo que es consustancial con su distinta naturaleza aunque proceda de un mismo hecho cometido (S 1 Abr. 1990). Tercera: Que por lo que se refiere al supuesto contemplado en el presente recurso, habida cuenta que los hechos que originaron la acción ejercitada en la demanda iniciadora de la litis dieron lugar a la iniciación de un proceso penal, en que recayó procesamiento contra uno de los hoy demandados por el delito de imprudencia, procedimiento que finalizó por auto de sobreseimiento por aplicación anticipada del indulto de 1975, en el que se reservaba a los perjudicados de manera expresa la acción para la exigencia de la posible responsabilidad civil derivada del delito, obvio es que el ejercicio de la misma había de basarse en lo dispuesto por el art. 1089 CC, como acción que es por responsabilidad civil derivada de delito o falta, acción sometida al plazo de prescripción de 15 años del art. 1964 CC, por lo que la resolución recurrida, en cuanto le aplica un plazo de prescripción diferente, a saber, el de 1 año que marca el ap. 2 del art. 1968, infringió la doctrina jurisprudencial anteriormente citada, por lo que procede la estimación del motivo que la denuncia y consiguiente casación de aquella.

Tercero: Casada la resolución recurrida y entrando ya esta Sala al conocimiento de la litis como Tribunal de Instancia, debe concluirse que, cumpliéndose aquí los exigibles para la prosperidad de las acciones de responsabilidad civil derivada del delito, es decir, la producción de un daño, en este caso la muerte del familiar de los actores, la negligencia en su causación por parte del demandado D. Felipe G. C., negligencia de la que deben responder las entidades también demandadas y la existencia de una relación de causalidad entre la actuación negligente y el daño causado, procede la estimación de la demanda en la que se solicita la indemnización de 10.000.000 ptas., a cuyo abono a los actores debe condenarse a los demandados.

Cuarto: XXXXX XXXXX presente resolución estimatoria del recurso de casación no es de condenar a ninguna de las partes al abono de las costas causadas en el mismo.

Fallamos
Que estimando el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la AP Madrid de 4 Jun. 1990, debemos casar y casamos dicha resolución, sin condena en costas a ninguna de las partes.

Asimismo declaramos que estimando la demanda promovida por D.ª Carmen G. G., en nombre propio y de su hijo menor D. José Antonio A. G., y por D. Luis y D. Pedro A. G., contra D. Felipe G. C. y contra las entidades «G., S. A.» y «R., S. L.», debemos condenar y condenamos a D. Felipe G. C. y subsidiariamente, de manera conjunta, a «G., S. A.» y «R., S. L.» a abonar a los actores la cantidad de 10.000.000 ptas., por todos los conceptos como indemnización por el fallecimiento de su esposo y padre en accidente de trabajo por imprudencia; con expresa condena en las costas causadas en la primera instancia a los actores y sin expresa condena en cuanto a las costas de apelación.

Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Sr. Albácar López.-Sr. Ortega Torres.-Sr. Santos Briz.

Reciba un cordial saludo.
Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Buenos días de nuevo:

 

alponsan en su respuesta confunde los hechos de la consulta.

 

La consulta del cliente es clara: "...ruego me informen los plazos de prescripción de la responsavilidad civil dimanante de delito penal,juzgado,condenado y cumplido".

 

Es decir, que la pena está ejecutada y que la responsabilidad civil está ejecutándose.

 

En consecuencia, no hay prescripción porque hay una Ejecución judicial abierta.

 

La sentencia copiada anteriormente NO es aplicable al caso de la consulta.

 

En el caso de la sentencia copiada: "... la AP Madrid por Auto de 26 May. 1976 que puso fin a la vía penal decretó el sobreseimiento libre de la causa y dejó sin efecto, con todas sus consecuencias legales, el procesamiento y dejando a salvo a los perjudicados las acciones civiles ...".

 

En el supuesto de la sentencia copiada, las actuaciones penales se archivaron, no hubo ejecución de pena alguna. Por lo que no es aplicable al caso del cliente y la anterior respuesta de alponsan vuelve a ser Incorrecta.

 

Gracias XXXXX XXXXX confianza y por su aceptación.

 

Atentamente,

Experto:  abogadoalonso escribió hace 4 año.
Discutir sobre si nuestro sistema legal contempla el culmen de la seguridad jurídica que significa la institución de la prescripción, supera el contenido de su pregunta, pero lo cierto es que como ciudadano tiene derecho a ver prescrita su deuda en el momento oportuno, por lo que le recomiendo que, trasladando todas las informaciones que se han manifestado aquí, recurra al mejor especialista en ejecutorias que pueda permitirse de cara a hacer eficaz el meritado instituto de la prescripción, que nuestra ley consagra.

Reciba un cordial saludo.
Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Apreciado cliente:

 

Que este tipo de ejecución, una vez iniciada, no prescribe, se da en los primeros cursos de la Carrera de Derecho, no hay que ser ningún especialista en la materia, cualquier estudiante regular lo sabe.

 

Personalmente, desde que comencé a ejercer, todos los años hago la rueda solicitando Investigaciones Patrimoniales de todos mis ejecutados. Ningún juez hasta ahora me ha denegado la investigación alegando que ... "el procedimiento ejecutivo ha prescrito".

 

No creo que ningún experto pueda aportar una resolución judicial firme por la que se acuerde prescrita alguna ejecución análoga.

 

Atentamente,

Experto:  abogadoalonso escribió hace 4 año.
Estimado cliente, hay dos cosas, entre otras muchas, que saben "todos" los jueces, el principio "iura novit curia" (el juez sabe derecho) y el Artículo Artículo 1971 del Código Civil "El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme".
Y este tiempo tiene un límite de 15 años en el más largo y difícil de los casos. Quizá por edad y experiencia, este experto si que ha visto prescribir, no una, sino muchas ejecutorias.

Reciba un cordial saludo.
Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Buenas tardes:

 

La anterior respuesta vuelve a incurrir en incongruencia con el caso del cliente.

Y por lo mismo, por tercera vez, vuelve a ser incorrecta.

 

No tiene nada que ver "el plazo para para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia", con el caso del cliente.

Es que sencillamente NO tiene relación con el caso.

 

En el caso del cliente el cumplimiento de esa obligación ya se exigió en la ejecutoria penal (porque el Juez de lo Penal incluso la exige de oficio).

 

El cumplimiento de la Sentencia ya está exigido dentro de plazo. Prueba de ello es que el cliente manifiesta que cumplió su condena penal.

Y lo que le resta por cumplir es la pieza separada Ejecutiva (parte de la Ejecución de la condena) de Responsabilidad Civil, que no prescribe al regirse por las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.

 

El anterior experto habrá visto prescribir la acción para solicitar la ejecución de la sentencia (que eso lo hemos visto todos), pero no creo que haya visto nunca prescribir una ejecución de este tipo ya iniciada (a no ser que fuera con alguna ley derogada de algún siglo ya pasado).

Por lo que entiendo que en todas sus respuestas confunde y sigue confundiendo los términos. Y por ello no aporta ninguna resolución judicial firme (ni en referencia siquiera) por la que se acuerde prescrita alguna ejecución análoga.

 

Atentamente,

Experto:  abogadoalonso escribió hace 4 año.
Estimado cliente: Sólo añadir que la ejecución penal se llama "ejecutoria" y no "ejecutiva" como dice, confundido, el anterior experto, quien por otro lado ha reconocido expresamente su desconocimiento de la legislación del siglo pasado, teniendo en cuenta que nuestro vigente Código Penal es de 1995 y nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil es del año 2000, creo que está ya, todo dicho.

Reciba un cordial saludo.

Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Solo tres cuestiones en relación con la última respuesta de alponsan:

 

1ª.- Que se llama ejecutoria penal lo he escrito yo y subrrallado en mi anterior respuesta. Que copio: "En el caso del cliente el cumplimiento de esa obligación ya se exigió en la ejecutoria penal (porque el Juez de lo Penal incluso la exige de oficio)."

 

Decir después "Ejecutiva" es otro modo de decir lo mismo, para evitar redundancias.

 

2ª.- Me cito literalmente: "ley derogada de algún siglo ya pasado": No me refiero al Código Penal de 1995 que está vigente (obviamente).

 

3ª.- Seguimos sin saber la fórmula legal aplicable para hacer prescribir un procedimiento ejecutivo, abierto y en marcha, como el del caso.

 

Un saludo.

Cliente: escribió hace 4 año.
la verdad es que entre uno y el otro continuo sin saber si prescribe o no la responsabilidad civil, por todo ello les ruego me lo digan en lenguaje de la calle,pues yo aparte de los problemas que tuve hace casi 20 años que no hago otra cosa que trabajar honestamente y repito quiero saber si esta prescrito o no,o sea,contestenme
si ha prescrito
no ha prescrito
gracias.XXXXX XXXXX.
Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Buenas tardes:

 

Por lo que a mi respecta me reafirmo en mi opinión contraria a la de alponsan:

 

A usted cuando le ejecutaron la sentencia penal igualmente tuvieron obligatoriamente que abrirle un procedimiento ejecutivo con el fin de que abonara las responsabilidades civiles, y ese procedimiento ejecutivo abierto con el fin del pago de dichas responsabilidades NO prescribe por el transcurso del tiempo.

 

Que a usted le embarguen o no, dependerá en gran medida de que el abogado de la víctma del delito solicite al Juez una Investigación Patrimonial contra usted y de que aparezcan en ella bienes susceptibles de embargo.

 

En el caso que usted expone, el pago de la responsabilidad civil NO ha prescrito.

 

Lo que le explica alponsan es para otros casos en los que no se ha pedidio o concedido la ejecución de la Sentencia en plazo o a tiempo. Pero eso para su caso no sirve porque el Juez de lo Penal obligatoriamente (en todo caso) tuvo que abrir (promover) en su día la ejecución de la responsabilidad civil junto con la condena penal por aplicación del Art. 984 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le copio:

Para la ejecución de la sentencia, en cuanto se refiere a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó.

 

En definitiva, que NO ha prescrito.

 

Quedo a su disposición para cualquier aclaración de mis respuestas.

 

Atentamente,

Experto:  abogadoalonso escribió hace 4 año.
Estimado cliente: Ratificando mi anterior información. Si han pasado quince años desde que se dictó la sentencia firme, ha prescrito la responsabilidad civil derivada de la responsabilidad penal y por lo tanto no se la pueden exigir.

Reciba un cordial saludo.
Experto:  José M. escribió hace 4 año.

Estando de acuerdo con el compañero Alposan, PORTO una sentencia donde veremos que LA PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL POR DELITO ES DE 15 AÑOS

 

 

SP/SENT/446864 TS, Sala Primera de lo Civil. Pleno, 1225/2009, de 14 de enero Recurso 2927/2001. Ponente: ENCARNACION ROCA TRIAS. EXTRACTOS La inimputabilidad excluye la responsabilidad penal pero subsiste la civil con el mismo tratamiento que la derivada de delito "... Una nueva cuestión se plantea con relación al carácter penal o no de la responsabilidad declarada de un menor de edad penal, como resulta del caso que es objeto de este recurso. El acto cometido por el menor ha de consistir en un hecho tipificado como delito y, por tanto, serán los tribunales competentes, en este caso, la jurisdicción de menores, quienes deberán declarar los hechos probados y el juez civil queda totalmente vinculado por la resolución penal. Ahora bien, el menor no resulta imputable penalmente debido a su edad, de manera que se excluye la pena que correspondería según el Código penal, porque deben imponerse otras medidas con una finalidad distinta. La inimputabilidad, por tanto, excluye la responsabilidad penal, pero deja subsistente la civil para la reparación de los daños causados por el hecho; para que esta responsabilidad tenga el mismo tratamiento que la derivada de un delito, es necesario que el tribunal competente haya declarado la existencia del hecho y la autoría del menor de edad. ..." Aplicación de la doctrina de 15 años de prescripción en las acciones de responsabilidad civil por daños derivados de hechos tipificados como delito "... en la metodología para afrontar el problema de la prescripción de la acción para reclamar la responsabilidad civil derivada de un hecho cometido por un menor de edad inimputable y sujeto a la jurisdicción de los Tribunales tutelares de Menores debamos llegar a una primera conclusión: la incoación del procedimiento en dicha jurisdicción tiene efectos prejudiciales, de modo que, al igual que ocurre con la instrucción de diligencias penales en los procedimientos ordinarios, se interrumpe el plazo de prescripción durante la incoación del procedimiento. Lo que demuestra que esta Sala, en este punto, ha asimilado el procedimiento de menores a los ordinarios. QUINTO. Sin embargo, la Sala no ha llevado esta doctrina hasta sus últimas consecuencias. En todas las sentencias que se han reseñado, se entiende que el plazo para la prescripción de la acción derivada de los hechos de los que son autores menores de edad inimputables se aplica el plazo de prescripción de 1 año del artículo 1968,2º CC , que debe contarse a partir del momento de la comunicación a la parte de la decisión del tribunal competente. Así, en resumen, la sentencia de 8 mayo 1965 declaraba que "el plazo de prescripción señalado en el nº 2 del artículo 1968 CC debe computarse a partir del día en que la acción pudo ejercitarse eficazmente[...]", y la de 29 octubre 1993 excluye el plazo de 15 años porque ésta es propia "de la responsabilidad contractual en lugar del año que claramente establece el nº 2 «in fine» del artículo 1968 [...]". Esta jurisprudencia, sin embargo, deja de lado que el propio Tribunal Supremo ha aplicado a las acciones de reclamación de la responsabilidad civil derivada de delito cometido por mayores de edad el plazo de 15 años, porque el artículo 1968, 2º CC incluye exclusivamente en el plazo de prescripción de un año las obligaciones que nacen en virtud de lo dispuesto en el artículo 1902 CC . Las que surgen como consecuencia de daños producidos por delitos que no sean la calumnia o la injuria no están incluidas en esta disposición, en virtud de lo que establece el artículo 1092 CC . Esta doctrina ha sido sostenida reiteradamente en sentencias de 7 enero 1982, 7 octubre 1983, 1 abril 1990, 19 octubre 1990, 10 mayo 1993 y 4 julio 2000 y 31 enero 2004 , entre muchas otras. SEXTO. En coherencia con la doctrina anteriormente expuesta, hay que concluir que en el actual estado de cosas, debe aplicarse la regla, de acuerdo con la que al tratarse de un hecho delictivo de un inimputable que ha sido objeto de sanción en la jurisdicción competente de menores, debe aplicarse la doctrina sostenida por esta Sala en relación al plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad civil por daños derivados de hechos delictivos y, por tanto, el plazo será de 15 años por aplicación del artículo 1964 CC . La aplicación de este plazo requiere que haya habido una resolución de la jurisdicción de menores declarando que los hechos probados están tipificados como delito que han sido cometidos por un menor no imputable. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Roquetas de Mar .- , interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, Dª. Olga , y D. José , contra D. Mariano y su esposa Dª Aurora , y D. Cosme y su esposa Dª Elvira , en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia por el Juzgado en la que se condene a los demandados a indemnizar a la parte actora, como resarcimiento, la cantidad de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000 ptas.), más intereses legales desde el momento de los hechos de forma solidaria, con imposición de las costas del procedimiento". Admitida a trámite la demanda fueron emplazados los demandados, alegando la representación de D. Mariano y Dª. Aurora , los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte Sentencia por la que bien estimando la excepción alegada por esta parte o entrando en el fondo del asunto, absuelva a mis representados de la indemnización de las pretensiones de la parte actora y con expresa condena en costas para con la misma, y subsidiariamente, para el caso de que se estimase que corresponde una indemnización esta se fije fora (sic) pondera y ajustada a derecho". La representación de Dª Elvira alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso y terminó suplicando: "... se dicte por la que se estime la excepción alegada, o bien entrando en el fondo, se absuelva a mi representada de las peticiones de adverso, imponiéndole las costas de este procedimiento". Por resolución de fecha 9 de junio de 1998, se acuerda declarar en rebeldía al demandado D. Cosme , dándose por precluido el trámite de contestación a la demanda. Contestada la demanda y dados los oportunos traslados, se acordó convocar a las partes a la Comparecencia prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la que tuvo lugar en el día y hora señalados, y habiéndose solicitado el recibimiento a prueba del pleito, se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos. El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Roquetas, dictó Sentencia, con fecha 29 de enero de 2000 y con la siguiente parte dispositiva: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Guijarro Martínez, actuando en nombre y representación de Dª Olga como madre del menor, D. José , contra D. Mariano y su esposa, Dª Aurora , y contra D. Cosme y su esposa, Dª Elvira , debo condenar y condeno a los demandados a que abonen, solidariamente a la demandante la suma de un millón quinientas mil pesetas, más el interés legal aplicable, sin expresa imposición de costas". SEGUNDO. Contra dicha Sentencia interpusieron recursos de apelación Dª. Olga , D. Mariano , Dª Aurora y Dª Elvira . Sustanciadas las apelaciónes, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Almería dictó Sentencia, con fecha 11 de abril de 2001 , con el siguiente fallo: "Que, estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Dª Olga , actuando en representación de su menor hijo D. José y desestimando los promovidos por D. Mariano y Dª Aurora y por Dª Elvira , impugnaciones todas ellas dirigidas contra la sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2000 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Roquetas de Mar en los autos sobre reclamación de cantidad en procedimiento de menor cuantía de los que deriva la presente alzada, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución y así, condenamos a los demandados a que satisfagan solidariamente a la parte demandante la suma de TRES MILLONES DE PESETAS más el interés legal desde la fecha de interposición de la demanda, interés que se incrementará en dos puntos conforme al art. 921.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ; a) respecto de la cifra de 1.500.000 pesetas que concedió el Juzgado, desde la fecha de la sentencia de primera instancia, y b) respecto de la cantidad de 1.500. 000 pesetas que ahora se añade ex novo, desde la fecha de la presente resolución. No formulamos condena en costas de primera instancia. Respecto de las costas de esta alzada, las correspondientes a los recursos de los demandados deberán ser asumidas por éstos, no procediendo formular condena respecto de las causadas por el recurso de la actora". TERCERO. Anunciado recurso de casación por D. Mariano , Dª Aurora y Dª Elvira , contra la sentencia de apelación, el Tribunal de Instancia lo tuvo por preparado y dichos recurrentes representados por la Procuradora Dª María Dolores Fuentes Mullor, lo interpusieron, articulándolo en los siguientes motivos: Primero: Al amparo del artículo 477.1 de la L.E.C . por infracción de los artículos 1968.2º, 1902 y 1903 en relación con el 1093 del Código Civil , relativos a la prescripción de la acción y doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo en la interpretación de dichos artículos. Segundo: Al amparo del artículo 477.1 de la L.E.C ., por infracción de los artículos 1214, 1242 y 1245 del Código Civil , en relación con los artículos 359 y 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativos a la carta de la prueba y prueba pericial. Por resolución de fecha 16 de julio de 2001, la Audiencia Provincial de Almería acordó la remisión de los autos originales a la Sala Primera del Tribunal Supremo. CUARTO. Recibidas las actuaciones y formado el presente rollo, no compareció ninguna de las partes litigantes. Por Auto de fecha 21 de diciembre de 2004, la Sala acuerda: "1.- NO ADMITIR LA SEGUNDA INFRACCIÓN LEGAL DENUNCIADA EN EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de D. Mariano , Dª Aurora y de Dª Elvira contra la Sentencia dictada, con fecha 11 de abril de 2001, por la Audiencia Provincial de Almería (Sección Primera), en el rollo de apelación nº 160/2000, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 81/98 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Roquetas de Mar. 2 .- ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN, en cuanto a la primera de las infracciones legales denunciadas en el escrito de interposición. 3.- Y queden los presentes autos pendientes de señalamiento del día y hora para la celebración de la vista, o, en su caso, para la votación y fallo del recurso de casación interpuesto". QUINTO. Se señaló como día para votación y fallo del recurso el dos de julio de dos mil ocho, acordándose suspender dicho señalamiento, y que dicha sentencia se dicte por el Pleno de los Magistrados de la Sala, señalándose a tal efecto el veintitrés de julio de dos mil ocho, y llegado el día y hora del señalamiento se acordó continuar la deliberación por el Pleno de los Magistrados de la Sala, señalándose a tal efecto el diez de diciembre a las diez treinta horas de su mañana, en que el acto tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excma. Sra. Dª. ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. El 6 de junio de 1996, José fue agredido por los menores Imanol y Casimiro , con la intención de robarle unas zapatillas deportivas; la agresión produjo graves daños a José . Por estos hechos, se siguió un procedimiento ante el Juzgado de Menores de Almería, que acabó con sendas resoluciones de 3 octubre 1996 que, de acuerdo con el Art. 17 de la Ley reguladora de la Jurisdicción de menores, impusieron a ambos la medida de prestación de servicios a favor de la comunidad. El texto de las resoluciones dice lo que sigue: 1º La referida a Imanol : "Se declara probado que sobre las 18'15 horas del 9 de junio de 1996, el expedientado de 15 años de edad, junto con un amigo, agredió violentamente a José , de la misma edad, cayendo éste a la playa sobre unas tablas desde un muro de 2,5 m. del Ps. Marítimo de Roquetas, resultando con lesiones de gravedad, siendo intervenido quirúrgicamente en Granada por la fractura de su mandíbula". 2º La relativa a Casimiro : "se declara probado que sobre las 18'15 horas del 9 de junio de 1996, el expedientado, de 15 años de edad, dio un golpe en la cabeza a Carlos Daniel , de su misma edad, arrebatándole las zapatillas deportivas que llevaba; a continuación y junto con un amigo, agredió violentamente a José , también de 15 años, cayendo éste a la playa sobre unas tablas desde un muro de 2'5 m. del Ps. Marítimo de Roquetas, resultando con lesiones de gravedad, siendo intervenido en Granada por la fractura de su mandíbula". No consta en los autos que dichas resoluciones se hubieran comunicado efectivamente a la parte perjudicada. Dª Olga , en nombre y representación de su hijo menor de edad José , víctima de la agresión, demandó a los padres de los autores de los hechos, D. Mariano y Dª Aurora , D. Cosme y Dª Elvira , en base a los artículos 1902 y 1903 CC . Los demandados alegaron la prescripción de la acción, entre otros extremos, puesto que habiendo sucedido los hechos el mes de junio de 1996, la demanda contra ellos se presentó el 7 de abril de 1998. La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Roquetas de Mar, de 29 enero 2000 , rechazó la excepción de prescripción, por entender que al tratarse de unos hechos penales, la acción para pedir la responsabilidad prescribía a los 15 años. Consideró probados los hechos y moderó la indemnización pedida, estimando en parte la demanda. La sentencia fue apelada por ambas partes y la dictada por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Almería, de 11 abril 2001 , estimó en parte el recurso de Dª Olga , aumentando la cantidad acordada como indemnización. Contra esta sentencia interponen recurso de casación D. Mariano , Dª Aurora y Dª Francisca en base al Art. 477.2, 2ª y 3ª y 477.3 LEC/2000, fundado en dos motivos. El auto de esta Sala, de 21 diciembre 2004 , admitió el recurso de casación únicamente en relación con el primero de los motivos alegados. SEGUNDO. El primer motivo del recurso de casación, único admitido, denuncia la infracción de los artículos 1968, 2º, 1902 y 1903 en relación con el 1093 CC, relativos a la prescripción de la acción, así como la doctrina jurisprudencial de esta Sala en la interpretación de dichos artículos. Dicen los recurrentes que al basarse la responsabilidad de sus representados en la culpa in vigilando y no en la comisión de un delito, el plazo para la prescripción es el de un año establecido en el Art. 1968,2 CC , por lo que la actora debería haber interpuesto la acción en el plazo de un año a contar desde el momento en que se pronunciaron las resoluciones del Juez tutelar de menores. El motivo no se estima. La cuestión de la responsabilidad de los padres y, en general, de quienes tienen el deber de guarda y custodia de los menores de edad ha sido siempre problemática. Hasta el Código Penal de 1995, la mayoría de edad penal se fijaba a los 16 años (artículo 19 del Código de 1973 ), planteándose el problema de la responsabilidad civil en el periodo de tiempo durante el cual un menor de edad civil, por tanto menor de 18 años, respondía penalmente de sus actos, por ser imputable penalmente. Cuando se trataba de un menor de 16 años, el artículo 14 del Decreto de 11 junio 1948 , que aprobó el Texto refundido de la legislación de Tribunales Tutelares de Menores, aplicable al caso objeto de este recurso de casación, establecía lo siguiente: "Las acciones civiles para la restitución de objetos, reparación de daños o indemnización de perjuicios originados por actos u omisiones ejecutados por un menor, cuyo conocimiento sea de la competencia del Tribunal Tutelar sólo podrán ejercitarse por el perjudicado, en su caso, ante los Tribunales ordinarios del orden civil, en la clase de juicio que proceda. A este efecto, la intervención del Tribunal tutelar se limitará a declarar en conciencia los hechos que estime acreditados y la participación del menor, los cuales tendrán la consideración de hechos probados[...]". Por tanto, la Ley aplicable en el momento de los hechos se remitía absolutamente a la legislación civil en lo relativo al ejercicio de las acciones por la responsabilidad generada por los hechos cometidos por menores de edad, que eran inimputables penalmente, de donde surge la polémica sobre el plazo de prescripción de estas acciones, que se plantea también en la vigente LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, dado que los artículos relativos a la responsabilidad civil no establecen tampoco el plazo de prescripción de la misma. Aunque el recurso no va por esta vía, una cuestión relevante en este punto es la relativa a quiénes deben responder por los hechos de los menores que no son imputables penalmente. La larga historia de ambos Códigos, el Civil y el Penal, durante el siglo XIX evoluciona desde una responsabilidad objetiva, que aparecía en el artículo 27 del Código Penal de 1822 , hasta una responsabilidad directa de los padres y guardadores, que en cualquier caso, exigía dos premisas: a) que los menores se encontraran bajo la potestad de quien debía responder por ellos, y b) que habitaran en su compañía. El Art. 8.2 del texto refundido del Código penal de 1973 establecía la mayoría de edad penal a los 16 años. Esta regla debía completarse con el Art. 20 del propio texto legal, que establecía que "la exención de responsabilidad criminal declarada en los números 1º, 2º, 3º, 7º y 10º del artículo 8 no comprende la responsabilidad, la cual se hará efectiva con sujeción a las reglas siguientes: 1ª De los hechos que ejecutaren las personas señaladas en los números 1º, 2º y 3º del artículo 8 , serán responsables quienes las tengan bajo su potestad o guarda legal, siempre que hubiera por su parte culpa o negligencia". De donde se deducía, no sin discusiones, que los padres eran los responsables civiles de los actos cometidos por inimputables penales por razón de edad. Así, por ejemplo, la sentencia de 10 marzo 1983 , en el caso de un daño cometido por dos menores de 9 y 4 años respectivamente por haber provocado un incendio que prendió en las ropas de otro menor con quien jugaban, causándole graves quemaduras, condenó a los padres demandados por concurrir culpa propia por la omisión del deber de vigilancia, declarando dicha sentencia que los padres no pueden oponer la inimputabilidad del autor del daño (ver asimismo SSTS de 22 enero 1991 y 24 mayo 1996). TERCERO. Una nueva cuestión se plantea con relación al carácter penal o no de la responsabilidad declarada de un menor de edad penal, como resulta del caso que es objeto de este recurso. El acto cometido por el menor ha de consistir en un hecho tipificado como delito y, por tanto, serán los tribunales competentes, en este caso, la jurisdicción de menores, quienes deberán declarar los hechos probados y el juez civil queda totalmente vinculado por la resolución penal. Ahora bien, el menor no resulta imputable penalmente debido a su edad, de manera que se excluye la pena que correspondería según el Código penal, porque deben imponerse otras medidas con una finalidad distinta. La inimputabilidad, por tanto, excluye la responsabilidad penal, pero deja subsistente la civil para la reparación de los daños causados por el hecho; para que esta responsabilidad tenga el mismo tratamiento que la derivada de un delito, es necesario que el tribunal competente haya declarado la existencia del hecho y la autoría del menor de edad. CUARTO. Este Tribunal, sin decirlo directamente, ha asimilado al proceso penal este tipo de procesos en los que se está tratando de la responsabilidad de menores por hechos que, si fueran imputables, habrían sido considerados delitos o faltas, y ha aplicado el principio de la prejudicialidad penal a los efectos de la interrupción de la prescripción para la reclamación de los daños prevista en el citado artículo 14 del TR de 1948 . La sentencia de 29 diciembre 1962 aplicó el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento criminal y dijo que "sea cual sea la jurisdicción penal ordinaria o especial que conozca del hecho delictivo dentro de sus primitivas atribuciones, su actuación impide y excluye la actuación de la civil"; se trataba de una reclamación contra el padre de unos menores que habían ocasionado un daño a un tercero por disparo de una escopeta. La sentencia de 8 mayo 1965 , también en una reclamación por un daño ocasionado por unos menores, dijo que el plazo de prescripción comienza a correr "[...]desde el momento en que cese cualquier obstáculo que perturbe su iniciación, como sucede con el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, por lo que, de hallarse en trámite algún proceso de esta índole, no comienza hasta la resolución judicial que le ponga término [...] tanto se trate de jurisdicción penal ordinaria, como de cualquiera de las especiales, puesto que el precepto acabado de citar no establece diferenciación alguna al efecto[...]"; la sentencia de 8 abril 1980 , citando las dos sentencias anteriormente referidas, dice que "[...] la actuación del citado Tribunal ha de considerarse como un obstáculo para la iniciación del cómputo del plazo prescripitivo[...]"; la sentencia de 10 julio 1985 señala que el inicio del plazo de prescripción empezó a correr desde la fecha del acuerdo del Tribunal Tutelar de Menores; la de 13 septiembre 1985 dice que es "nconcuso que las actuaciones de los Tribunales Tutelares de Menores, por lo mismo que entrañan prejudicialidad a los efectos del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, impiden la iniciación del plazo prescriptivo en tanto no se concluyan" (asimismo STS de 29 octubre 1993 ). De aquí que en la metodología para afrontar el problema de la prescripción de la acción para reclamar la responsabilidad civil derivada de un hecho cometido por un menor de edad inimputable y sujeto a la jurisdicción de los Tribunales tutelares de Menores debamos llegar a una primera conclusión: la incoación del procedimiento en dicha jurisdicción tiene efectos prejudiciales, de modo que, al igual que ocurre con la instrucción de diligencias penales en los procedimientos ordinarios, se interrumpe el plazo de prescripción durante la incoación del procedimiento. Lo que demuestra que esta Sala, en este punto, ha asimilado el procedimiento de menores a los ordinarios. QUINTO. Sin embargo, la Sala no ha llevado esta doctrina hasta sus últimas consecuencias. En todas las sentencias que se han reseñado, se entiende que el plazo para la prescripción de la acción derivada de los hechos de los que son autores menores de edad inimputables se aplica el plazo de prescripción de 1 año del artículo 1968,2º CC , que debe contarse a partir del momento de la comunicación a la parte de la decisión del tribunal competente. Así, en resumen, la sentencia de 8 mayo 1965 declaraba que "el plazo de prescripción señalado en el nº 2 del artículo 1968 CC debe computarse a partir del día en que la acción pudo ejercitarse eficazmente[...]", y la de 29 octubre 1993 excluye el plazo de 15 años porque ésta es propia "de la responsabilidad contractual en lugar del año que claramente establece el nº 2 «in fine» del artículo 1968 [...]". Esta jurisprudencia, sin embargo, deja de lado que el propio Tribunal Supremo ha aplicado a las acciones de reclamación de la responsabilidad civil derivada de delito cometido por mayores de edad el plazo de 15 años, porque el artículo 1968, 2º CC incluye exclusivamente en el plazo de prescripción de un año las obligaciones que nacen en virtud de lo dispuesto en el artículo 1902 CC . Las que surgen como consecuencia de daños producidos por delitos que no sean la calumnia o la injuria no están incluidas en esta disposición, en virtud de lo que establece el artículo 1092 CC . Esta doctrina ha sido sostenida reiteradamente en sentencias de 7 enero 1982, 7 octubre 1983, 1 abril 1990, 19 octubre 1990, 10 mayo 1993 y 4 julio 2000 y 31 enero 2004 , entre muchas otras. SEXTO. En coherencia con la doctrina anteriormente expuesta, hay que concluir que en el actual estado de cosas, debe aplicarse la regla, de acuerdo con la que al tratarse de un hecho delictivo de un inimputable que ha sido objeto de sanción en la jurisdicción competente de menores, debe aplicarse la doctrina sostenida por esta Sala en relación al plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad civil por daños derivados de hechos delictivos y, por tanto, el plazo será de 15 años por aplicación del artículo 1964 CC . La aplicación de este plazo requiere que haya habido una resolución de la jurisdicción de menores declarando que los hechos probados están tipificados como delito que han sido cometidos por un menor no imputable. SÉPTIMO. Al desestimarse el único motivo admitido del recurso de casación interpuesto por D. Mariano , Dª Aurora y Dª Elvira , contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, de 11 de abril de 2001 , queda desestimado el recurso. Al haber sido desestimado el recurso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 398.2 LECiv/2000 procede la imposición de las costas del mismo a la parte recurrente. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español FALLAMOS 1º Desestimar el recurso de casación presentado por la representación procesal de D. Mariano , Dª Aurora y Dª Elvira contra la Sentencia dictada por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Almería, de once de abril de dos mil uno , en el rollo de apelación nº 160/00. 2º Confirmar el fallo de la sentencia recurrida. 3º Imponer las costas del recurso de casación a la parte recurrente. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Ríos.- Román García Varela.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesús Corbal Fernández.- Francisco Marín Castán.- José Ramón Ferrándiz Gabriel .- José Antonio Seijas Quintana.-Antonio Salas Carceller.- Encarnación Roca Trías.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Encarnación Roca Trías, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Experto:  José M. escribió hace 4 año.

En la misma línea doctrinal, aporto segunda sentencia

 

SP/SENT/425444 AP Murcia, Sec. 1.ª, 304/2008, de 3 de julio Recurso 53/2008. Ponente: FERNANDO LOPEZ DEL AMO GONZALEZ. EXTRACTOS La acción civil derivada de la conducción bajo los efectos del alcohol del acusado no ha prescrito pues es de aplicación el plazo de 15 años "... La juzgadora no aplica el plazo para la responsabilidad "ex delicto" por entender que el artículo 379 es un delito de mero riesgo, pero no debe olvidarse que el artículo 383 del Código Penal expresamente prevé la posibilidad de hacer pronunciamiento sobre el resarcimiento sobre responsabilidad civil y la concurrencia de la conducta imprudente resolviéndola en el sentido de condenar la más gravemente penada, razón por la cual nada hubiera impedido incluir aquella responsabilidad civil si no hubiera sido reservada su ejerció por las hoy actoras. Si en el resultado lesivo del accidente cooperó también la conducta del Sr. Luis por la ingesta excesiva de alcohol dando lugar a que éste fuera condenado por un delito contra la seguridad del tráfico, es evidente que también la misma debe tener la correspondiente sanción de indemnizar a las ocupantes de su vehículo que ejercitan una acción ex delicto y por tanto tienen el plazo de 15 años para intentar resarcirse del perjuicio ocasionado. En el presente caso no han transcurrido los 15 años entre la sentencia de 11 de diciembre de 2002 y la reclamación extrajudicial al Consorcio el 4 de mayo de 2006 o el mismo planteamiento de la demanda el 4 de Diciembre de 2006, con lo que debe rechazarse la prescripción apreciada en la sentencia de instancia, debiendo entrar a conocer del fondo del asunto. ..." No existiendo responsabilidad de las demandantes en el siniestro se declarará la responsabilidad solidaria del acusado y del Consorcio por la declaración de quiebra de la aseguradora "... En el presente caso las actoras no se aprecia responsabilidad alguna en el desarrollo del accidente por cuanto era meros ocupantes del vehículo conducido por el Sr. Luis , responsable del accidente, razón por la cual deben ser indemnizadas en la cantidad que corresponda sin necesidad de que tenga que concretarse el porcentaje de participación de los dos vehículos intervinientes dado que la responsabilidad de sus conductores y sus respectivas aseguradoras (en este caso el Consorcio) tiene respecto de ellas el carácter de solidaria y por tanto los terceros perjudicados pueden dirigir la acción contra cualquiera de ellos dejando a salvo el derecho de repetición contra el otro deudor solidario conforme a conforme a los artículos 1144 y 1145 del Código Civil . La circunstancia de que una de las pasajeras del turismo, hoy actora, no llevara puesto el cinturón de seguridad no se considera con relevancia suficiente para reducir indemnización que le pueda corresponder al no haber quedado acreditado que tal circunstancia tuviera relevancia suficiente para el resultado lesivo. ..." Para determinar la indemnización a pecibir por las actoras se partirá de los hechos probados en la sentencia penal y la declaración de las lesiones "... Para determinar la indemnización a percibir por ambas actoras debemos partir de los hechos probados en la anterior sentencia penal, así: Nuria resultó con contusión en rodilla izquierda con una incapacidad para sus ocupaciones habituales de 25 días y como secuela una gonalgia; y Regina tuvo contusión en miembro inferior derecho y en el 5º dedo de la mano derecha que le impidieron dedicarse a sus ocupaciones habituales durante 21 días, con la secuela de cadera dolorosa, lo que servirá de base para calcular el importe a percibir partiendo del Baremo del año 1999, fecha en la que se determinaron el alcance de las lesiones de las actoras. La cuantía de la indemnización a percibir son las siguientes: Para Nuria , nacida en 1971: 1225'75 euros por los 21 días de incapacidad, 1020'64 por los dos puntos de la gonalgia y 102.6 euros de coeficiente de corrección respecto de las secuelas tal y como se pide en la demanda lo que importa un total de 2348.45 euros. Para Regina , nacida en 1928: 1029'6 euros por los 25 días de incapacidad, 813'15 euros por los dos puntos por la cadera dolorosa y 81 euros de coeficiente de corrección respecto de las secuelas lo que importa un total de 1923'75 euros. ..." "... Respecto de los intereses a satisfacer serán los legales desde la reclamación extrajudicial efectuada el 5 de mayo de 2006, sin que procedan los del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro al existir causa justificada para oponerse a la vista de las circunstancias concurrentes que dieron lugar a que se estimara en la instancia la prescripción alegada por el Consorcio, sin perjuicio de que la misma sea finalmente rechazada en esta resolución, y ello en base al nº 8 de dicho artículo. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El Juzgado de Instancia citado, con fecha 4 de septiembre de 2007 dictó en los autos principales de los que dimana el presente Rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así: "FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sra. Cristina Lozano Semitiel en nombre y representación de Dña. Nuria y Dñª. Regina contra Consorcio de Compensación de Seguros debo absolver y absuelvo al demandado de toda responsabilidad por los hechos enjuiciados con imposición al actor de las costas causadas. SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia y en tiempo y forma se preparó e interpuso recurso de apelación por la representación de Nuria y Regina al no estar conforme con la sentencia, siendo admitido en ambos efectos, dándose traslado a la contraparte que presentó escrito oponiéndose al recurso y solicitando su confirmación. Elevados los autos originales a esta Audiencia se formó el oportuno Rollo por la Sección Primera con el nº 53/2008, señalándose el día 1 de julio de 2.008 para deliberación, votación y fallo. TERCERO.- En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Dictada sentencia desestimando la demanda formulada por Nuria y Regina contra el Consorcio de Compensación de Seguros en reclamación de indemnizaciones por las lesiones sufridas en anterior accidente de circulación, aquéllas pretenden la revocación de la misma a fin de que se estimen sus pretensiones y se condene al Consorcio a abonarles la cantidad reclamada de principal. SEGUNDO.- La sentencia rechaza la demanda al apreciar la prescripción de la acción por el transcurso del año previsto en el artículo 1968 del Código Civil para la acción por culpa extracontractual. Las recurrentes piden la estimación de la demanda por cuanto el plazo general de prescripción de la acción es el de 15 años del artículo 1964 al derivar la acción de una precedente responsabilidad "ex delicto" conforme al artículo 1092 del Código Civil . Esta Sala no comparte la tesis de la Juzgadora dado que nada impide deducir del escrito de la demanda el que la acción ejercitada deriva de una previa responsabilidad penal declarada y a tal efecto menciona una sentencia de Girona en la que se aplica el plazo de 15 años y no el de un año; no pudiendo descartarse la acción "ex delicto" por el hecho de que se mencione también el artículo 1902 del Código Civil en la fundamentación jurídica de su demanda en virtud del principio "da mihi factum et dabo ti ius". En el caso concreto existió un previo procedimiento penal contra la seguridad del tráfico contra Luis , conductor del vehículo Opel Kadet GO-....-UW en el que las actoras se reservaron lasa acciones civiles razón por la cual; una vez dictada el 11 de Diciembre de 2002 sentencia condenatoria por el artículo 379 del Código Penal , las ocupantes del mismo han planteado este procedimiento reclamando ahora la indemnización al Consorcio de Compensación de Seguros en cuanto fondo de garantía por cuanto su compañía aseguradora (Europa) fue declarada en quiebra. En el relato fáctico de dicha sentencia se refleja la conducta incorrecta tanto del vehículo contra el que colisionaron (matrícula X-....-X ) por circular en dirección inadecuada por interpretación errónea de las marcas viales, como del Sr. Luis por conducir bajo los efectos de la ingesta de bebidas alcohólicas que le llevaron a no realizar maniobra evasiva alguna. A continuación se detallan las lesiones de las personas que iban en ambos vehículos en base a los informes médicos obrante en la causa, si bien no se efectuó pronunciamiento alguno sobre la cuantificación de la indemnización ante la reserva de las acciones civiles realizada por las ocupantes del Opel Kadet antes mencionada. La juzgadora no aplica el plazo para la responsabilidad "ex delicto" por entender que el artículo 379 es un delito de mero riesgo, pero no debe olvidarse que el artículo 383 del Código Penal expresamente prevé la posibilidad de hacer pronunciamiento sobre el resarcimiento sobre responsabilidad civil y la concurrencia de la conducta imprudente resolviéndola en el sentido de condenar la más gravemente penada, razón por la cual nada hubiera impedido incluir aquella responsabilidad civil si no hubiera sido reservada su ejerció por las hoy actoras. Si en el resultado lesivo del accidente cooperó también la conducta del Sr. Luis por la ingesta excesiva de alcohol dando lugar a que éste fuera condenado por un delito contra la seguridad del tráfico, es evidente que también la misma debe tener la correspondiente sanción de indemnizar a las ocupantes de su vehículo que ejercitan una acción ex delicto y por tanto tienen el plazo de 15 años para intentar resarcirse del perjuicio ocasionado. En el presente caso no han transcurrido los 15 años entre la sentencia de 11 de diciembre de 2002 y la reclamación extrajudicial al Consorcio el 4 de mayo de 2006 o el mismo planteamiento de la demanda el 4 de Diciembre de 2006, con lo que debe rechazarse la prescripción apreciada en la sentencia de instancia, debiendo entrar a conocer del fondo del asunto. TERCERO.- El artículo 1-1 y 2 del Real Decreto Legislativo nº 1301/86 por el que se adaptó la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor al Derecho de las Comunidades Autónomas, establece la obligación del conductor del vehículo a motor que con motivo de la circulación, cause daños corporales o materiales, a repararlos, así como la de los propietarios de los vehículos a concertar un seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria que cubra ésta, exigiendo en éstos la concurrencia de la culpa prevista en el artículo 1902 y haciendo responsable al conductor en los supuestos de daños a las persona en virtud del riesgo creado por la conducción en tanto no demuestre que las mismas se causaron únicamente por la conducta o negligencia del perjudicado. En el presente caso las actoras no se aprecia responsabilidad alguna en el desarrollo del accidente por cuanto era meros ocupantes del vehículo conducido por el Sr. Luis , responsable del accidente, razón por la cual deben ser indemnizadas en la cantidad que corresponda sin necesidad de que tenga que concretarse el porcentaje de participación de los dos vehículos intervinientes dado que la responsabilidad de sus conductores y sus respectivas aseguradoras (en este caso el Consorcio) tiene respecto de ellas el carácter de solidaria y por tanto los terceros perjudicados pueden dirigir la acción contra cualquiera de ellos dejando a salvo el derecho de repetición contra el otro deudor solidario conforme a conforme a los artículos 1144 y 1145 del Código Civil . La circunstancia de que una de las pasajeras del turismo, hoy actora, no llevara puesto el cinturón de seguridad no se considera con relevancia suficiente para reducir indemnización que le pueda corresponder al no haber quedado acreditado que tal circunstancia tuviera relevancia suficiente para el resultado lesivo. CUARTO.- Para determinar la indemnización a percibir por ambas actoras debemos partir de los hechos probados en la anterior sentencia penal, así: Nuria resultó con contusión en rodilla izquierda con una incapacidad para sus ocupaciones habituales de 25 días y como secuela una gonalgia; y Regina tuvo contusión en miembro inferior derecho y en el 5º dedo de la mano derecha que le impidieron dedicarse a sus ocupaciones habituales durante 21 días, con la secuela de cadera dolorosa, lo que servirá de base para calcular el importe a percibir partiendo del Baremo del año 1999, fecha en la que se determinaron el alcance de las lesiones de las actoras. La cuantía de la indemnización a percibir son las siguientes: Para Nuria , nacida en 1971: 1225''75 euros por los 21 días de incapacidad, 1020''64 por los dos puntos de la gonalgia y 102.6 euros de coeficiente de corrección respecto de las secuelas tal y como se pide en la demanda lo que importa un total de 2348.45 euros. Para Regina , nacida en 1928: 1029''6 euros por los 25 días de incapacidad, 813''15 euros por los dos puntos por la cadera dolorosa y 81 euros de coeficiente de corrección respecto de las secuelas lo que importa un total de 1923''75 euros. QUINTO.- Respecto de los intereses a satisfacer serán los legales desde la reclamación extrajudicial efectuada el 5 de mayo de 2006, sin que procedan los del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro al existir causa justificada para oponerse a la vista de las circunstancias concurrentes que dieron lugar a que se estimara en la instancia la prescripción alegada por el Consorcio, sin perjuicio de que la misma sea finalmente rechazada en esta resolución, y ello en base al nº 8 de dicho artículo. SEXTO.- No se hace pronunciamiento sobre las costas del procedimiento por la estimación parcial de las pretensiones de la demanda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394.2 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Vistos los artículos citados y demás de general aplicación. En nombre de S.M. El Rey. FALLAMOS Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Nuria y Regina contra la sentencia dictada el 4 de septiembre de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia , debemos REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución y en su lugar dictamos otra por la que condenamos al Consorcio de Compensación de Seguros que abonen a Nuria la suma de 2.348.45 euros y a Regina la suma de 1923''75 euros más sus intereses legales ordinarios desde el 5 de mayo de 2006. Sin hacer pronunciamiento sobre las causadas en ambas instancias. Una vez notificada a las partes remítanse los autos principales, con testimonio de la presente resolución, al Juzgado de origen a los efectos oportunos. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, certificación de la cual se unirá al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

Experto:  José M. escribió hace 4 año.

Concluyo aportando una tercera sentencia que le deje claro que son 15años

 

 

SP/SENT/93141 AP A Coruña, Sec. 3.ª, 160/2006, de 12 de mayo Recurso 10150/2005. Ponente: RAFAEL JESUS FERNANDEZ-PORTO GARCIA. EXTRACTOS Si la acción ejercitada tiene su origen en delito o falta penal el plazo de prescripción es de 15 años "... existe una notable confusión sobre la acción que se está ejercitando. No es la acción del artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, ya que dicho precepto se refiere al seguro de daños, y la ejercitada se fundamenta en haber pagado unas facturas de asistencia sanatorial. Tampoco es la del artículo 7º de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que se refiere a la aseguradora que paga los daños del contrario. Estamos en presencia de una pretensión de resarcimiento fundamentado en un supuesto de novación de los artículos 1203 y siguientes del Código Civil, como acertadamente menciona la resolución apelada. En virtud de los convenios establecidos entre las entidades aseguradoras y los centros hospitalarios, "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." ha abonado los gastos ocasionados por su propio asegurado, para evitar que los abone él, novándose así la persona del acreedor. Y la acción que ejercita es la que correspondería al perjudicado. Y en este sentido es doctrina reiterada del Tribunal Supremo [Ts. 21 de marzo de 1984 (Ar. 1315), 1 de abril de 1990 (Ar. 2684) y 10 de mayo de 1993 (Ar. 3532)] que cuando la acción ejercitada tiene su origen en un delito o falta declarado por la jurisdicción penal, no es aplicable la prescripción corta del artículo 1968.2 del Código Civil, que sólo se refiere a los supuestos de culpa extracontractual civil, sino que la acción "ex delicto" del artículo 1092 del Código Civil está sometida al plazo prescriptorio de 15 años, como supuesto general de prescripción de acciones personales establecido en el artículo 1.964 del Código Civil. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Aceptando los de la sentencia de 27 de junio de 2005, dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Ordes, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimar totalmente la demanda interpuesta por ALLIANZ S.A. frente a don Luis Alberto y la entidad aseguradora LEPANTO S.A., y condeno solidariamente a los referidos codemandados a abonar a la actora la cantidad de 6.507,69 euros. Asimismo, deberán abonar el interés legal del dinero, que en el caso de la compañía aseguradora serán los establecidos en el artículo 20 L.C.S., computándose desde la fecha del siniestro y hasta la del completo pago. Todo ello con imposición de costas a los demandados." SEGUNDO.- Presentado escrito preparando recurso de apelación por "Lepanto S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros", se dictó providencia teniéndolo por preparado, emplazando a la parte para que en término de veinte días lo interpusiera, por medio de escrito. Deducido en tiempo el escrito interponiendo el recurso, se dio traslado por término de diez días, presentándose por "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." escrito de oposición. Con oficio de fecha 19 de diciembre de 2005 se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes. TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia con fecha 21 de diciembre de 2005, fueron turnadas a esta Sección. Entregadas el 23 de diciembre de 2005 se registraron bajo el número 10.150/2005, y se dictó providencia admitiendo el recurso, mandando formar el correspondiente rollo, designando ponente, y acordando esperar el término del emplazamiento. Se personó en esta alzada la Procuradora doña María de los Ángeles Fernández Rodríguez en nombre y representación de "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", en calidad de apelada. Se tuvo por personada a la mencionada Procuradora en la representación que acreditaba, y no habiéndose personado ante esta Audiencia "Lepanto S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros" no se le notificará ninguna resolución salvo la que ponga fin al recurso, quedando el proceso pendiente de señalamiento para votación y fallo cuando por turno correspondiese. Por providencia de 16 de marzo de 2006 se señaló para votación y fallo el pasado día 9 de mayo de 2006. CUARTO.- En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales; y, siendo Ponente el Ilmo. Magistrado don RAFAEL JESÚS FERNÁNDEZ PORTO GARCÍA. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada a excepción del primer párrafo del fundamento quinto, el fundamento séptimo, y las alusiones al artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro. SEGUNDO.- La cuestión litigiosa planteada puede resumirse en los siguientes términos: 1º.- El 18 de julio de 1998 se produjo un siniestro de circulación vial entre un tractor conducido por don Luis Alberto, asegurado en la entidad "Lepanto S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros", y un ciclomotor que pilotaba don Cristobal, que estaba asegurado en "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.". Como consecuencia de la colisión, el piloto del ciclomotor sufrió diversas lesiones, siendo preciso intervenirlo quirúrgicamente por dos veces, y se sometió a largas sesiones de fisioterapia. 2º.- Por estos hechos se tramitó el juicio de faltas 391/98 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ordes. En lo que aquí interesa, el 27 de mayo de 2002 esta Sección de la Audiencia Provincial dictó sentencia revocando la de instancia, y condenando al conductor del tractor como autor de una falta de imprudencia leve con resultado de lesiones. 3º.- "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." formuló el 3 de enero de 2003 la demanda origen de las actuaciones que ahora se revisan en la que alegaba que había abonado la cantidad de 1.082.788 pesetas en concepto de gastos sanatoriales y quirúrgicos por las lesiones que había sufrido su asegurado, ejercitando la acción de repetición contra el conductor del tractor y su aseguradora. 4º.- Tras diversos avatares judiciales, el Juzgado dictó sentencia el 27 de junio de 2005 estimando íntegramente la demanda, con costas a los demandados. Pronunciamientos frente a los que se alza la "Lepanto S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros". TERCERO.- Como cuestión previa al análisis de los distintos motivos del recurso de apelación interpuesto por la citada aseguradora, se impone resolver sobre la supuesta inadmisibilidad del recurso que alega la apelada. Fundamenta tal petición en que "Lepanto S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros" no ha consignado cantidad alguna ante el Juzgado cuando anunció el recurso, pese a tratarse de un juicio sobre indemnizaciones de gastos sanatoriales y asistenciales derivados de un accidente de circulación vial, y la sentencia condena al pago de 6.507,69 euros, infringiéndose así por el Juzgado lo establecido en el artículo 449-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece, en su número tercero, que en este tipo de juicios, en los que se pretende la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la circulación de vehículos a motor, no se admitirá al condenado a pagar la indemnización el recurso de apelación si "al prepararlo", no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto. No constando en los autos la efectiva constitución del depósito, que ni tan siquiera se menciona en los escritos, el recurso no debía de haberse admitido a trámite. Causa de inadmisión que ahora se convierte en causa de desestimación. No obstante, en aras a una efectiva tutela judicial, no existe inconveniente en analizar los distintos motivos del recurso. CUARTO.- Reitera la apelante la falta de legitimación activa de "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." porque su acción (que no puede basarse en el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, ya que dicho precepto se refiere al seguro de daños) se fundamenta en documentos que fueron aportados en el juicio de faltas que precedió, y no se reservó el ejercicio de acciones civiles. Igualmente se alega la falta de legitimación pasiva de "Lepanto S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros" porque no tiene motivo para soportar la acción ejercitada. El motivo no puede ser estimado. Al margen de que la primera cuestión hace referencia más a la excepción de cosa juzgada que a la falta de legitimación, lo que plantea la recurrente no es de personalidad, sino de "legitimatio ad causam", y por tanto de fondo. Si prospera la tesis de la parte apelante, la sentencia a dictar no sería una mera absolución en la instancia, sin prejuzgar la cuestión de fondo, sino la desestimación de la demanda entrando a conocer del fondo del asunto. No puede confundirse la legitimación "ad processum" y la legitimación "ad causam", identificándose ésta con la falta de acción, que está vinculada al fondo del asunto. El examen de cualquier pretensión pasa, necesariamente, por comprobar si existe o no la relación entre sujeto y objeto, para poder apreciar aquélla. La legitimación "ad causam" es una cuestión preliminar de fondo, y equivale a la falta de acción; mientras que la falta de legitimación "ad processum" equivale a la falta de capacidad procesal [Ts. 17 de mayo de 1.999 (Ar. 347), y 16 de mayo de 2000 (Ar. 3110, entre otras]. Lo que se está aduciendo no es que la demandante carezca de la capacidad necesaria para comparecer en juicio, pues es una persona jurídica (artículo 6º de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Lo que está sosteniendo es que no tienen acción, porque no reúne los requisitos necesarios para poder ejercitar la acción de repetición, bien porque no acredita haber abonado las facturas que menciona, bien porque supuestamente su pretensión ya fue juzgada en el juicio de faltas (a lo que hace referencia el artículo 10 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil). Tiene razón el recurrente en que debe examinarse la cuestión, pero como un elemento más del fondo del asunto (¿es la demandante titular de la acción que ejercita?), no como mera excepción procesal (¿tiene la demandante capacidad para comparecer en juicio?). QUINTO.- Igualmente se reproduce la excepción de cosa juzgada, que fundamente la recurrente en que en el juicio de faltas se había personado como actora civil "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", ejercitando la acción civil, y solicitando la condena al abono de la cantidad que ahora se vuelve a reclamar. El motivo no puede ser estimado. Ante todo debe indicarse las particulares circunstancias de dicho juicio de faltas. Es cierto que se personó "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", que en personamiento lo fue en calidad de actora civil, y que solicitó la mencionada condena. Pero debe destacarse que al juicio no fue llamada "Lepanto S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros" como posible responsable civil subsidiario. Igualmente que la sentencia de instancia fue absolutoria, apelante el denunciante, pero no se dio traslado a "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", razón por lo que la sentencia de esta Sección se pronunció exclusivamente sobre lo solicitado por el apelante, sin mención alguna a la acción civil de la mencionada aseguradora. El artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la presunción "iuris tantum" de cosa juzgada, que en su sentido propio o material consiste en la imposibilidad de atacar la resolución judicial contenida en una sentencia de un juicio antecedente dentro de otro juicio posteriormente promovido. La cosa juzgada implica que un determinado asunto que había sido litigioso, ha sido decidido por sentencia firme [Ts. 9 de diciembre de 2004 (Ar. 8120), 15 de julio de 2004 (Ar. 4690)]. Se funda la "exceptio rei iudicata" en que si ya ha quedado satisfecha judicialmente la pretensión que se propone, habiendo sido examinado y resuelto el supuesto litigioso sometido a debate, no existe una razón válida para que se vuelva a producir un pronunciamiento jurisdiccional sobre ella; de tal forma que si ya se ha resuelto de forma definitiva, y el ciudadano ya ha obtenido la pertinente tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución Española, lo que deberá hacerse es solicitar la ejecución de la sentencia en su día dictada, pero no plantear de nuevo el pleito para que se declare un derecho que ya está declarado [Ts. 5 de junio de 1987 (Ar. 4042)]. También se funda en la necesidad social de dar estabilidad y certidumbre a las relaciones jurídicas controvertidas, e incluso en el propio prestigio de la Administración de Justicia, evitando que controversias ya resueltas se renueven, o se actúen pretensiones que contradigan el contenido de una sentencia firme [Ts. 26 de mayo de 1970 (Ar. 2445), 11 de noviembre de 1981 (Ar. 4505) y 5 de octubre de 1983 (Ar. 5229)]. Para la apreciación de esta excepción se requiere la concurrencia de las tres identidades de personas, cosas y causa o razón de pedir. Igualdad que ha de examinarse estableciendo un juicio comparativo entre la sentencia anterior y las pretensiones del ulterior proceso, de tal forma que se produzca una semejanza real, que produzca contradicción evidente entre lo resuelto y lo pretendido, siempre que la sentencia antecedente haya resuelto sobre el fondo del asunto [Ts. 21 de julio de 1988 (Ar. 5997) y 3 de abril de 1990 (Ar. 2693)]. Por identidad de personas debe acudirse al sentido abstracto, y no de personas físicas o jurídicas concretas nominadas; pues la identidad de las personas que se exige para la estimación de la excepción que se estudia, no requiere que el elemento subjetivo de las relaciones jurídico- procesales puestas en parangón sea físicamente el mismo, por ser suficiente con que los litigantes sean continuadores de la personalidad de quienes contendieron en el primer proceso como causahabientes; e incluso aunque estén en situaciones procesales distintas [Ts. 13 de octubre de 2000 (Ar. 7727), 9 de mayo de 1980 (Ar. 1790) y 27 de noviembre de 1964 (Ar. 5500)]. La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora o, dicho de otra forma, por el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, o título que sirve de base al derecho reclamado. La identidad de causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una perfecta igualdad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirven de fundamento y apoyo a la nueva acción. Lo importante es la intrínseca identidad material de la acción, la que se conserva intacta sean cuales sean las modalidades extrínsecas adoptadas para su formal articulación. No cabe otra nueva confrontación de títulos de la que los demandados dispusieron en el proceso anterior, lo que representaría reproducir la controversia ya decidida, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, al pronunciar sentencia radicalmente opuesta y del todo incompatible con la que puso fin al pleito anterior, dejando de lado la evidente conexión de pretensiones. La causa de pedir no se identifica con las acciones de las que se vale el actor en defensa de sus derechos sino que propiamente lo que conforma la «causa petendi», son los hechos decisivos y concretos o los títulos que conforman el derecho reclamado y avalan la tutela judicial que se postula, integrando la razón de pedir [Ts. 9 de diciembre de 2004 (Ar. 8120), 15 de julio de 2004 (Ar. 4690), 15 de junio de 2004 (Ar. 3842), 12 de julio de 2003 (Ar. 5834), 15 de noviembre de 2001 (Ar. 9457), 3 de mayo de 2000 (Ar. 3191) y las que en ellas se citan abundantemente]. Excepción que puede y debe estimarse incluso de oficio [Ts. 11 de noviembre de 1981 (Ar. 4505), 6 de diciembre de 1982 (Ar. 7462), 2 de julio de 1992 (Ar. 6040) y 8 de octubre de 1.998 (Ar. 7552)]. La estimación de la excepción se desarrolla normalmente con un posible doble efecto: A) La cosa juzgada material da lugar a una función negativa o excluyente, que responde al principio de non bis in idem e impide que se vuelva a conocer el mismo objeto en otro proceso y una función positiva, que marca el contenido de una nueva sentencia. B) En su aspecto positivo, apreciable de oficio, genera la vinculación del Juzgador posterior a lo ya declarado en la sentencia anterior. [Ts. 9 de diciembre de 2004 (Ar. 8120), 15 de julio de 2004 (Ar. 4690)]. Y la sentencia dictada por esta Sección no genera el efecto de cosa juzgada en su sentido negativo, sino exclusivamente positivo, como se dirá. En primer lugar, basta la lectura de la sentencia para advertir que, pese a condenar al Sr. Luis Alberto, ningún pronunciamiento realiza sobre la indemnización que correspondería percibir a "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", simplemente porque en apelación no se solicitó nada, ya que no se le dio traslado. En segundo, las personas no son las mismas, pues en el juicio de faltas no fue parte "Lepanto S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros". Es como si se pretendiese negar la posibilidad de que el perjudicado ejercitase acciones civiles contra el deudor solidario. SEXTO.- También se alega la prescripción de la acción al amparo de lo establecido en base a lo establecido en el número dos del artículo 1.968 del Código Civil, por haber transcurrido más de un año desde que se produjo el siniestro y supuestamente se abonaron las facturas por parte de la aseguradora. El motivo tampoco podría ser estimado. En primer lugar, debe recordarse que esta excepción, apreciable exclusivamente si es alegada por la parte por ser un derecho renunciable, debe ser objeto de una interpretación restrictiva y estricta, en cuanto quiebra el normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas; pues no se basa en razones de estricta justicia, sino en una presunción, por razón de seguridad jurídica, de abandono del derecho por no ejercicio del mismo, de tal forma que cuando se ponga de relieve un simple atisbo de "animus conservandi" en quién la misma se pretende aplicar, habrá de entenderse interrumpido el plazo de prescripción [Ts. 16 de enero de 2003 (Aranzadi 6), 19 de diciembre de 2002 (Ar. 249), 30 de septiembre de 1993 (Ar. 6665), 14 de octubre de 1991 (Ar. 6919), y 20 de octubre de 1988 (Ar. 7591), entre otras muchas]. En segundo, que "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." nunca podía haber ejercitado la acción civil mientras se estuviese tramitando el juicio de faltas (artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y éste finalizó por sentencia de 27 de mayo de 2002, luego cuando se deduce la demanda el 3 de enero de 2003, aún no había transcurrido el plazo anual. Como viene estableciendo el Tribunal Supremo [Ts. 21 de junio de 2001 (Ar. 5070), 24 de junio de 2000 (Ar. 5304), 20 de octubre de 1993 (Ar. 7751), y las que en ellas se citan], en los supuestos en que las actuaciones penales finalizan por sentencia, debe distinguirse: A) Si no cabe recurso contra ella (supuesto de la dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial en un juicio de faltas), el inicio del cómputo de la prescripción debe datarse a la notificación formal de la misma, pues sabe que desde ese momento es firme en Derecho. B) Si cabe recurso contra esa sentencia (supuesto de la dictada por el Juzgado de Instrucción en el juicio de faltas), la posibilidad de ejercitar la acción civil nace desde que transcurre el plazo sin que se formalice un recurso (pues antes era susceptible de recurso, y por lo tanto seguía existiendo el obstáculo del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En tercero, existe una notable confusión sobre la acción que se está ejercitando. No es la acción del artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro, ya que dicho precepto se refiere al seguro de daños, y la ejercitada se fundamenta en haber pagado unas facturas de asistencia sanatorial. Tampoco es la del artículo 7º de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que se refiere a la aseguradora que paga los daños del contrario. Estamos en presencia de una pretensión de resarcimiento fundamentado en un supuesto de novación de los artículos 1203 y siguientes del Código Civil, como acertadamente menciona la resolución apelada. En virtud de los convenios establecidos entre las entidades aseguradoras y los centros hospitalarios, "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." ha abonado los gastos ocasionados por su propio asegurado, para evitar que los abone él, novándose así la persona del acreedor. Y la acción que ejercita es la que correspondería al perjudicado. Y en este sentido es doctrina reiterada del Tribunal Supremo [Ts. 21 de marzo de 1984 (Ar. 1315), 1 de abril de 1990 (Ar. 2684) y 10 de mayo de 1993 (Ar. 3532)] que cuando la acción ejercitada tiene su origen en un delito o falta declarado por la jurisdicción penal, no es aplicable la prescripción corta del artículo 1968.2 del Código Civil, que sólo se refiere a los supuestos de culpa extracontractual civil, sino que la acción "ex delicto" del artículo 1092 del Código Civil está sometida al plazo prescriptorio de 15 años, como supuesto general de prescripción de acciones personales establecido en el artículo 1.964 del Código Civil. SÉPTIMO.- También se pretende cuestionar la culpabilidad del siniestro, como ya se hizo en la instancia. El motivo tampoco podría prosperar. En contra de lo manifestado en la sentencia de instancia, la sentencia penal condenatoria sí produce el efecto de cosa juzgada (en esta caso positiva) sobre los hechos que declara probados. Es doctrina jurisprudencial reiterada que las sentencias firmes dictadas por los Tribunales de la jurisdicción criminal de carácter condenatorio vinculan a los de orden civil en cuanto a los hechos que declaran probados [Ts. 28 de mayo de 1991 (Ar. 3942), 4 de noviembre de 1991 (Ar. 7932), 21 de mayo de 1993 (Ar. 3722), 28 de marzo de 1996 (Ar. 2198), 31 de mayo de 1998 (Ar. 8163), 9 de diciembre de 1998 (Ar. 9159), 28 de octubre de 2000 (Ar. 8555) y 24 de febrero de 2001 (Ar. 2550), entre otras]. Tal doctrina sólo es aplicable al supuesto de la sentencia penal condenatoria, no a la absolutoria, salvo que la sentencia penal absolutoria establezca la inexistencia del hecho, pues la absolución por considerar que no se ha incurrido en una conducta punible no excluye necesariamente la realidad de un ilícito civil, siempre que resulte realmente demostrado; por lo que la sentencia absolutoria penal por no considerarse el hecho como ilícito penal no genera la excepción de cosa juzgada en la vía civil. Las sentencias absolutorias dictadas en procedimientos penales por imprudencia, aunque la parte acusadora haya ejercitado la acción civil, no impiden que se pueda entablar posteriormente la correspondiente acción civil por culpa extracontractual, porque ésta tiene un radio de aplicación más amplio que la penal, por lo que hechos culposos que pueden dar lugar a la primera en cambio no pueden estar comprendido dentro de la segunda, habida cuenta, su carácter más restrictivo debido a su naturaleza punitiva. Un mismo hecho puede ofrecer aspectos y valoraciones jurídicas distintas, unos de orden penal otros de orden estrictamente civil, que determinan la falta de identidad de causa de pedir en las respectivas jurisdicciones [Ts. 23 de marzo de 1998 (Ar. 1492), 24 de octubre de 1998 (Ar. 8235), 16 de octubre de 2000 (Ar. 8045), entre otras]. En consecuencia, este Tribunal, al igual que lo estaba el Juzgado, está vinculado por los hechos declararos probados en la sentencia penal condenatoria recaída en grado de apelación en el juicio de faltas. Establecida la culpabilidad penal, no puede la jurisdicción civil volver a analizar los hechos. Por lo que era impertinente toda la prueba propuesta y practicada sobre el particular. Lo pretendido es llegar al contrasentido de que un tribunal penal haya condenado por una falta de imprudencia, y ahora la jurisdicción civil pudiese concluir que no ha existido ni siquiera ilícito civil. OCTAVO.- En penúltimo lugar, parece que se alega una supuesta infracción del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por carecer la demanda de la debida claridad y precisión, lo que ocasiona una indefensión a la hora de contestar la demanda. El motivo no puede ser estimado, pero debe reconocerse que no está exento de razón. En la demanda, realmente escueta, se reclama la cantidad de 1.082.788 pesetas, haciendo remisión a las facturas que se acompañan en el testimonio aportado del juicio de faltas. Pero lo cierto es que se aportan facturas por los más diversos conceptos, y por una cuantía total de 2.951.308 pesetas, no concretándose exactamente cuáles son las facturas pagadas por "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.". Lo anterior ha hecho sopesar a la Sala la posibilidad de estimar el argumento, pero considerando que realmente no se ha causado efectiva indefensión a la demandada, finalmente se desestima el motivo. NOVENO.- El último motivo del recurso se refiere a la incorrección de condenar a "Lepanto S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros" a que abone a "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." el interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. El motivo tendría que haberse estimado, pero la inadmisibilidad del recurso hace que no pueda apreciarse. Como dice el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, el interés afectará a la mora del asegurador respecto del tomador, del asegurado, o del tercero perjudicado; y aunque la actora se subroga en la posición del mismo a efectos de reclamar la indemnización abonada, ello no conlleva que sea perjudicada a los efectos del derecho a percibir este interés especial. DÉCIMO.- Por todo lo anterior, la sentencia apelada debe ser confirmada, lo que conlleva la preceptiva imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante (artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, Por lo expuesto, FALLAMOS Desestimando el recurso de apelación interpuesto en nombre de "Lepanto S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros", contra la sentencia dictada el 27 de junio de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ordes, en los autos del juicio ordinario seguidos con el número 3/2003, a instancia de "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.", debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada. Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Ilmos. señores Magistrados que la firman, y leída por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente don RAFAEL JESÚS FERNÁNDEZ PORTO GARCÍA, en el mismo día de su fecha, de lo que yo, Secretaria, certifico.- PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Disconforme con la primera sentencia que aporta el compañero Apam:

 

No es de aplicación al caso por no existir condena penal y, en consecuencia, no haberse abierto ejecutiva penal.

 

Dice la primera sentencia copiada e inaplicable: "Ahora bien, el menor no resulta imputable penalmente debido a su edad, de manera que se excluye la pena que correspondería según el Código penal, porque deben imponerse otras medidas con una finalidad distinta. La inimputabilidad, por tanto, excluye la responsabilidad penal, pero deja subsistente la civil para la reparación de los daños causados por el hecho ..."

 

Es decir, que en la sentencia copiada se deja abierta la vía para solicitar la responsabilidad civil, NO se ejecuta. Cuentan los plazos de prescripción para solicitar la responsabilidad.

Ahí radica la inaplicación analógica al caso del cliente, en que SI se ha ejecutado la responsbilidad civil. La ejecución está abierta y no prescribe.

 

Atentamente,

Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Disconforme también con la segunda sentencia copiada por Apam:

 

No es aplicable al caso porque según dice dicha sentencia: "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." formuló el 3 de enero de 2003 la demanda origen de las actuaciones que ahora se revisan en la que alegaba que había abonado la cantidad de 1.082.788 pesetas en concepto de gastos sanatoriales y quirúrgicos por las lesiones que había sufrido su asegurado, ejercitando la acción de repetición contra el conductor del tractor y su aseguradora."

 

Es decir, se trata de una aseguradora que ejerce una acción de repeteción.

Tampoco se trata de una ejecución ya abierta por el Juzgado contra el resposable ejecutado y, por tanto, sin prescripción o fecha de término hasta la del completo pago.

 

Un saludo.

Experto:  José M. escribió hace 4 año.

La línea doctrinal marcada es clara, son muchas sentencias....

Puedo poner más, pero creo que es innecesario.

Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

La línea doctrinal que se ha copiado no es aplicable analógicamente al caso.

Esas sentencias marcan plazo para solicitar la ejecución. No hablan para nada de ejecuciones ya en marcha.

 

Las ejecuciones abiertas contra el ejecutado no tienen prescripción o fecha de término hasta la del completo pago.

 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL:

Artículo 570: Final de la ejecución.

La ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante, lo que se acordará por decreto del Secretario judicial, contra el cual podrá interponerse recurso directo de revisión.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l3t3.html#a570

 

Experto:  José M. escribió hace 4 año.
Quizas el compañero nos pueda ilustrar con 1 sola sentencia que apoye su tésis de 1 sola persona que es ejecutada después de 15 años tras la sentencia.
Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Después de 15 años no puedes pedir ninguna ejecución.

Y además en la LEC son 5 años para pedirla.

 

Pero el cliente tiene una ejecución (de responsabilidad civil) ya abierta desde el mismo día que se ejecutó la condena penal, porque la ejecución de la responsabilidad civil va junto con la ejecución de la condena penal por aplicación del Art. 984 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

El Juez de lo Penal tiene obligación (en todo caso, de oficio) de ejecutar las dos condenas (penal y Responsabilidad Civil) al mismo tiempo.

 

Así que, ejecución abierta, no prescribe hasta el día del completo pago.

 

 

 

Experto:  José M. escribió hace 4 año.

Si la ejecución no se ejecuta en el plazo de 15 años por el motivo que sea, sería ex tempore, fuera del plazo y con fecha de término, por lo que no sería admisible.

Esta es la línea doctrinal que creo compartida

Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Vamos a ver:

 

La ejecución no se ejecuta, se ejecuta la sentencia.

La ejecución de la sentencia, o se solicita al Juzgado o se decreta de oficio (obligatoriamente) por el Juez de lo Penal.

Una vez iniciada la ejecución se puede pedir en cualquier momento una Investigación Patrimonial del ejecutado, porque la ejecución iniciada no prescribe ni caduca.

 

Que no se puede solicitar una ejecución después de 5 ó 15 años estamos todos de acuerdo desde el principio del tema.

 

Pero ese no es el caso del cliente.

 

El caso del cliente es que tiene varias ejecuciones abiertas (ya pedidas y concedidas o decretadas de oficio por el Juez de lo penal) desde hace 20 años.

 

Aunque hayan pasado 20 años, los procedimientos ejecutivos por Responsabilidades Civiles abiertos en su día (abiertos junto con las ejecutivas penales) no han prescrito. No terminarán hasta el completo pago. Las ejecuciones pueden continuar incluso con los bienes de la herencia.

 

A mayor abundamiento, en las ejecuciones abiertas ni siquiera existe la caducidad de la instancia por inactividad de las partes:

Art. 239 de la LEC. Exclusión de la caducidad de la instancia en la ejecución.

Las disposiciones de los artículos que preceden no serán aplicables en las actuaciones para la ejecución forzosa.

Estas actuaciones se podrán proseguir hasta obtener el cumplimiento de lo juzgado, aunque hayan quedado sin curso durante los plazos señalados en este Título.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l1t6.html

 

En conclusión: La obligación al pago de las Responsabilidades Civiles, en el caso expuesto, NO ha prescrito NI ha caducado porque hay unas ejecuciones en proceso para cobrar la deuda desde hace 20 años. Es decir, que dentro de esos procesos ejecutivos se puede pedir una Investigación Patrimonial del deudor ejecutado y embargar, si existen bienes embargables, hasta el completo pago.

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