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un hermano de un tio mio por parte de su mujer, ambos sin hijos,

Pregunta del cliente:

un hermano de un tio mio por parte de su mujer, ambos sin hijos, me deja una casa en herencia, pero el mientras viva es el usufructuario. La casa era del tio mio por parte de su mujer, que le dejo a el heredero universal. Ahora muere mi tio el año pasado en febrero, este decide que yo me haga cargo de la casa donde el vive como usufructuario, y me coloca de titular en una cuenta del santander con 80.000 euros y en otra de Caja Rural con 22500 euros ambos en depositos a plazo y me coloca en las cuentas corrientes de titular indistintamente, despues de un año se enfada conmigo y se va con otro familiar, yo por recomendación del banco y la notaria me dice que puedo disponer del dinero del 5o por ciento, asi lo hago lo saco y lo deposito en una cuenta conmigo solo en la mismas entidades donde estaba. Ahora me manda una carta de un abogado donde me da una semana para devolver el dinero porque me dicen que es legalmente de el. Quisiera que me ayudase y no me importar pagar. El abogado que me ha leido la carta me dice que a nivel bancario esta bien sacado, pero legalmente puede reclamarlo porque el dinero es suyo, pero yo legalmente he declarado el 50% en hacienda de algo que tengo que devolver Por favor mademe la respuesta Gracias XXXXX XXXXX Badajoz
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Herencias
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Buenas tardes Ignacio,

Hay que interpretar si el hecho de cocolarlo cotitular de la cuenta ha sido voluntad de su familiar donarle esas cantidad. Si así ha sido su voluntad, esa donación no se podría revocar salvo los requisitos legales y sería justa su retención.

Usted señala que ha declarado en Hacienda dicha cantidad. Si ha sido que ha liquidado esa cantidad en concepto de impuesto de sucesiones y donaciones, podrá entenderse que estamos ante una donación.

PERO EN TODO CASO, ES DIFÍCIL ACREDITAR QUE LA PUESTA EN TITULARIDAD DE LA CUENTA, SIN MÁS, ES UNA DONACIÓN. HAY SENTENCIAS QUE ESTABLECEN LO CONTRARIO. LE FACILITO UNA AJUSTADA A SU CASO.


Audiencia Provincial de Teruel
Sentencia núm. 139/1997 de 15 octubre AC 1997\2105







DONACION: inexistencia: de dinero: falta de prueba de la aceptación: el hecho de inscribir como cotitulares de una cuenta o libreta bancaria a una o varias personas con carácter indistinto y facultades de disposición, por sí solo no es indicativo de la donación; CONTRATOS BANCARIOS: de cuenta corriente: cuenta indistinta: la cotitularidad no atribuye la propiedad del saldo sino su disponibilidad por cualquiera de los cotitulares: determinación de la propiedad atendiendo a las relaciones internas entre los cotitulares.

Jurisdicción: Civil
Rollo de Apelación

Ponente: Ilmo. Sr. D. José Antonio Ochoa Fernández

Don José B. L. y doña Mª Juliana P. C. dedujeron, ante el Juzgado de 1ª Instancia num. 2 de Alcañiz demanda, en juicio de menor cuantía, frente a don José Luis A. G. y doña Mª Rosa A. G., sobre declaración de propiedad y otros extremos.

El Juzgado, en fecha 17-6-1997, dictó sentencia estimando en su integridad la demanda, declarando que el dinero litigioso depositado en la imposición a plazo fijo abierta en sendas sucursales de la entidad IBERCAJA, pertenece en su integridad a los actores, y desestimando íntegramente la demanda reconvencional formulada por la parte demandada, absuelve a los demandados reconvencionales de los pedimentos de aquélla.

Apelada por los demandados, la Audiencia Provincial de Terueldeclara no haber lugaral recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

El recurso que formalizan don José Luis A. y G.-M. y doña M.ª Rosa A. G. contra la sentencia que estima la demanda contra ellos formulada por los esposos don José B. L. y doña Juliana P. C., lo reducen después de consentir dicha resolución en orden a los pronunciamientos referidos a la validez del testamento y donación de inmuebles que los ahora recurrentes también habían impugnado, a que los depósitos de dinero perteneciente a sus tíos don José M.ª F. I. y doña Josefa G. M., existentes en sendas libretas abiertas en la entidad «Ibercaja», Sucursales de Castelserás y Alcañiz, les fueron donados por el sobreviviente señor F. I., y lo fundan en el hecho de que dicho señor incluyó sus nombres en dichos documentos de ahorro entre los cotitulares con facultad de disposición.

SEGUNDO.-

No deja de ser ciertamente, cuando menos, llamativo el hecho de que el señor F. I., sobreviviente de los dos titulares iniciales de la libreta a plazo abierta en «Ibercaja» con el núm. 20.000 32-40 en la sucursal de Castelserás, y en la número 01.004406-18 en la de Alcañiz número 1 (folios 59 a 66) que se abre en 8 de mayo de 1995, incluyera en ambas y en esa fecha -cuatro meses antes de su fallecimiento- a los ahora recurrentes/demandados, como titulares indistintos, con facultades de disposición; pero en una contienda judicial los hechos concretos por muy sorprendentes o significativos que puedan aparecer no tienen otra fuerza probatoria que la derivada normalmente de los mismos; un simple indicio.

Por ello, hemos de acudir al resultado de la prueba practicada, con el cual necesariamente deben confirmarse las conclusiones a las que ha llegado el juzgador de instancia acertadamente, en síntesis: que los actores don José B. L. y doña Juliana P. C. son los herederos únicos de los causantes don José María F. I. y doña Josefa G. M. y por ello propietarios y titulares de todos los bienes, derechos y acciones de los mismos; que el hecho de inscribir como cotitulares de una cuenta o libreta bancaria a una o varias personas con carácter indistinto y facultades de disposición, por sí solo no es indicativo de donación alguna, ni de constitución de una comunidad de bienes entre los titulares originarios y los posteriormente incluidos en los documentos bancarios; puesto que, como establece reiteradamente el TS, por todas en Sentencias de 8 febrero 1991 ( RJ 1991\1156 ) y 7 junio 1996 ( RJ 1996\4826 ), la titularidad indistinta lo único que atribuye a los titulares frente al Banco depositario son facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta «pero no determina por sí solo, la existencia de un condominio y menos por partes iguales sobre dicho saldo de los dos (o más) titulares indistintos de la cuenta, ya que esto habrá de venir determinado únicamente por las relaciones internas entre ambos titulares, y más concretamente, por la originaria pertenencia de los fondos o numerario de que se nutre dicha cuenta» . Refuerza dicha conclusión, de un lado el hecho de que dichas libretas no consta le fueran entregadas a los recurrentes en el momento de su designación -8 de mayo de 1995- sino que, como es natural, continuaron en poder del señor F. I. hasta su muerte y, de otro, que el origen del numerario depositado en los mismos procedía del ahorro de los causantes; de la pensión del sobreviviente y del abono de intereses.

TERCERO.-

A mayor abundamiento, frente al innegable hecho de la designación de titularidad en las referidas libretas, hemos de resaltar que el señor F. I. pudo y tuvo tiempo de modificar total o parcialmente su testamento desde la fecha dicha -8 de mayo de 1995- hasta el día de su muerte, el siete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, y sin embargo no lo hizo; lo que bien puede significar que no deseó consumar en favor de sus sobrinos políticos, por los motivos que fueren, un posible primer impulso de donarles el numerario que a su muerte tuvieran ambas libretas, mediante la fórmula no muy legítima, de que momentos antes de su muerte pudieran retirar dichos fondos sus reiterados sobrinos; pero lo único cierto es que no lo hicieron así; no siendo de desdeñar como posible explicación de esta conducta las malas relaciones existentes entre ellos, puestas de manifiesto por la testifical de don José Antonio S. H., Notario, quien ratificó que según los testadores, don José María F. I. y doña Josefa G. M., las únicas personas que merecían para ellos la consideración de parientes eran los ahora apelados/demandantes, don José B. y doña María Juliana P., e igualmente lo confirma la declaración de la testigo, doña María Paz B. S., quien ha precisado que días antes de que falleciese don José María F. estuvo con él el recurrente señor A. G.-M., quien le llevó a comer al Parador de Alcañiz, volviendo el señor F. I., a la Residencia que dicha señora regentaba, muy disgustado porque el señor A. se había llevado las llaves de una casa propiedad de aquél, sita en la Codoñera, y que uno o dos días antes de tener el accidente vascular cerebral, que le produjo la muerte, ordenó a un cerrajero cambiar las cerraduras, siendo fácilmente colegible que tal operación la realizó para que su sobrino no pudiera acceder con las llaves que se le llevó.

CUARTO.-

Así las cosas hemos de rechazar el recurso por cuanto los recurrentes no han acreditado la donación del dinero depositado en las libretas reiteradamente aludidas; cuando tal donación al referirse a un bien mueble por excelencia, como lo es el dinero, pudo realizarse en un simple documento privado, si así lo hubiera querido el titular del numerario don José María F. I. (artículo 632 del Código Civil y SSTS 21 noviembre 1935 [ RJ 1935\2078 ] y 11 febrero 1956 [ RJ 1956\1102 ]), e incluso mediante la justificación clara y terminante de la entrega de las propias libretas (SSTS 22 enero 1930 [ RJ 1930\1931 , RJ 1930\599 ] y 6 abril 1979 [ RJ 1979\1273 ]); lo que como ya hemos dicho, es contrario a toda lógica y a la realidad evidente de que si las hubieran tenido en su poder los recurrentes habrían dispuesto del dinero en el momento en que cayó en coma el señor F. I.; donación documental o bien verbal de muebles que, además, exige la prueba de la aceptación de la misma, en todo caso, ora documentalmente en la de este tipo, bien oralmente y simultánea a la entrega de la cosa, en la manual, pero cuyo requisito es inexcusable; y, como no podía ser de otra forma, ni siquiera se ha intentado acreditar por los demandados y ahora recurrentes.

QUINTO.-

Procediendo rechazar el recurso, las costas de esta alzada deben ser impuestas a los apelantes hermanos A. G., en armonía con lo prevenido por el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



Usted puede abonar la cantidad previo documento con la otra parte o bien esperar a que medie demanda y allanarse en la pretensión. Con esos documentos puede solicitar a la Agencia Tributaria una devolución de ingresos indebidos.

Si existe un documento que indique o haga pensar que se trata de una donación, no debe devolverlo pero si solo existen el cambio a la cotitularidad en las cuentas, esto no será suficiente argumento ante un juez, por la sentencia que le indiqué. Léala con detenimiento.

Lamento no darle otra esperanza, pero no tengo el mismo criterio que en la Notaría o en el Banco.

POR FAVOR, NO OLVIDE ACEPTAR LA RESPUESTA Y ASIMISMO PODRÁ SOLICITARME MÁS ACLARACIONES SI DESEA. Saludos cordiales.
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Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.


Otras dos sentencias de su interés en la misma línea.



Tribunal Supremo (Sala de lo Civil)
Sentencia núm. 526/2000 de 29 mayo RJ 2000\3922


CONTRATOS BANCARIOS: DE CUENTA CORRIENTE: Cuenta indistinta: la cotitularidad no atribuye la propiedad del saldo sino su disponibilidad por cualquiera de los titulares: determinación de la propiedad atendiendo a las relaciones internas entre los cotitulares; Cuenta indistinta: fallecimiento de uno de los dos cotitulares: prueba de la propiedad exclusiva del dinero: inexistencia de donación remuneratoria por la que el causante hubiere donado la mitad del saldo existente: falta de condominio.

Jurisdicción: Civil
Recurso de Casación núm. 2317/1995

Ponente: Excmo Sr. Francisco Marín Castán

Los hechos necesarios para el estudio de la Sentencia se relacionan en sus fundamentos de derecho.

El Tribunal Supremodesestimael recurso de casación interpuesto.

En la Villa de Madrid, a veintinueve de mayo de dos mil.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto por el Procurador don Jorge P. V., en nombre y representación de doña Pilar A. P., contra la sentencia dictada con fecha 21 de junio de 1995 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza en el recurso de apelación núm. 197/1995 dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 784/1993 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Zaragoza, sobre reclamación de cantidad a favor de la herencia. Han sido recurridos doña Carolina, doña Patricia y don Félix O. M., y doña Clara M. G. como representante legal de su hijo menor Sergio O. M., representados por el Procurador don Gonzalo Reyes M. P.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 21 de septiembre de 1993 se presentó demanda interpuesta por doña Patricia O. M. y doña Clara M. G., ésta como representante legal de sus hijos menores de edad Carolina, Félix y Sergio O. M., contra doña Pilar A. P. solicitando se dictara sentencia «por la que se declare que el importe consignado por el Banco Central Hispanoamericano en el Juzgado de Primera Instancia de La Almunia de Doña Godina pertenece a los herederos de don Félix O. L., con expresa condena en costas a la parte demandada».

SEGUNDO

Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Zaragoza, dando lugar a los autos núm. 784/1993 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazada la demandada, ésta compareció y contestó a la demanda solicitando se dictara sentencia «declarando el derecho de mi mandante a disponer del saldo de las cuentas... y... en litigio, toda vez que la litis planteada de contrario nada alude, ni nada se podrá acreditar por lo tanto, respecto de esa inoficiosidad, por lo que al estar la cuenta sólo a nombre de mi principal, es ella a la única a la que le corresponde el dinero mientras que la contraparte no plantee un litigio donde tras el necesario esfuerzo probatorio a través de la debida contradicción se acredite fehacientemente que esa entrega era inoficiosa; que en cualquier caso la acción para recobrar la posesión le ha prescrito, por lo que en cualquier caso ha fenecido su derecho; todo ello con expresa imposición de costas a la actora».

TERCERO

Teniéndose por formulada reconvención en virtud de lo solicitado en la contestación, se dio traslado de la misma a la parte actora, que evacuó el trámite insistiendo en los términos de la demanda y negando la existencia de donación a favor de la demandada.

CUARTO

Con fecha 1 de febrero de 1994 se presentó demanda interpuesta por doña Patricia O. M., doña Carolina O. M. y doña Clara M. G., ésta como representante legal de sus hijos menores de edad Félix y Sergio O. M., contra doña María Pilar A. P., solicitando se dictara sentencia por la que se declarase «que la cantidad sacada por la demandada de la cuenta número... del Banco Central Hispano de La Almunia de Doña Godina, por importe de 4.981.242 ptas., era propiedad de don Félix O. L., y consecuentemente de sus legítimos herederos, y se le condene a entregar dicha cantidad a la parte actora, junto con los intereses legales desde la fecha de su disposición de la mentada cantidad, 28 de diciembre de 1990, junto con las costas del juicio».

QUINTO

Turnada esta otra demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Zaragoza, dando lugar a los autos núm. 104-A/1994 y emplazada la demandada, ésta compareció y contestó oponiendo, en primer lugar, la excepción del art. 533.1ª LECiv y, para el caso de no ser estimada, solicitando se dictara sentencia por la que se declarase «el derecho exclusivo de mi mandante a disponer del saldo de la cuenta... en litigio, por estar la cuenta sólo a nombre de mi principal siendo de su exclusivo patrimonio, en especial mientras la contraparte no plantee un litigio donde tras el necesario esfuerzo probatorio a través de la debida contradicción se acredite fehacientemente que esa entrega era inoficiosa, determinando la cuantía en la que hubiera de restituirse a los herederos, única que podrían reclamar los demandantes; todo ello con expresa imposición de costas a la actora».

SEXTO

Acordada la acumulación de ambos procedimientos por Auto de 9 de junio de 1994 y seguido a partir de entonces un solo juicio ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Zaragoza con el núm. 784/1993, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 14 de febrero de 1994 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: «Que estimando sustancialmente las demandas acumuladas en el presente procedimiento, formuladas por la Procuradora doña Isabel F. B., en nombre y representación de Clara M. G., obrando ésta en su propio nombre y en el de sus hijos menores Carolina, Félix y Sergio, y de Patricia O. M., contra Pilar A. P., debo declarar y declaro: Que el importe consignado por el Banco Central Hispano Americano en el Juzgado de Primera Instancia de La Almunia de Doña Godina (5.702.077 ptas.) pertenece a los expresados herederos de don Félix O. L. Y que la cantidad sacada por la demandada de la cuenta corriente... del Banco Central Hispano Americano de La Almunia de Doña Godina, por importe de 4.981.242 ptas., era propiedad de don Félix O. L. y, consecuentemente, de sus legítimos herederos, condenando a la demandada a entregar dicha cantidad a los actores, con más los intereses legales de la expresada cantidad desde la fecha de la interpelación judicial hasta la de esta resolución y los del art. 921 LECiv desde ésta hasta su completo pago. Todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas causadas».

SEPTIMO

Interpuesto por la demandada contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el núm. 197/1995 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 21 de junio de 1995 desestimando el recurso y confirmando la sentencia apelada, con imposición a la apelante de las costas de la alzada.

OCTAVO

Anunciado recurso de casación por la demandada contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador don Jorge P. V., lo interpuso ante esta Sala articulándolo en dos motivos: el primero , al amparo del ordinal 3º del art. 1692 LECiv, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, citando a tal efecto los arts. 372.3 LECiv, 248.3 LOPJ ( RCL 1985, 1578, 2635 y ApNDL 8375) y 120.3 en relación con el 24.1 CE ( RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875) , y el segundo al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LECiv, por infracción de jurisprudencia y de los arts. 1257, 1259, 623 y 632 CC.

NOVENO

Personados como recurridos los actores doña Carolina, doña Patricia, don Félix y don Sergio O. M., este último representado legalmente por su madre doña Clara M. G. por ser menor de edad, por medio del Procurador don Gonzalo Reyes M. P., constituido el preceptivo depósito por la recurrente a requerimiento de esta Sala, evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LECiv con la fórmula de «visto» y admitido el recurso por Auto de 23 de julio de 1996, la mencionada parte recurrida presentó su escrito de impugnación, solicitando se desestimara el recurso.

DECIMO

Por Providencia de 9 de marzo de 2000 se designó ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 11 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El objeto del pleito viene constituido por los derechos sobre el saldo de unas cuentas corrientes de las que era titular el fallecido padre de los demandantes, indistintamente con la demandada-recurrente.

La sentencia de primera instancia, estimando la demanda inicial y la posteriormente acumulada, declaró que el saldo de las cuentas, consignado judicialmente por el Banco, pertenecía a los demandantes como herederos de su padre, y además condenó a la demandada-recurrente a entregar a los actores una cantidad equivalente a la mitad del saldo de una de las cuentas por haberla ingresado aquélla en otra cuenta de su exclusiva titularidad tras la muerte del padre de los demandantes.

Y la sentencia de apelación confirmó la anterior rechazando que hubiera mediado una donación del padre de los actores a favor de la demandada y considerando probado que quien disponía de las cuentas siempre era el padre de los actores, que a éste se dirigía la correspondencia por el Banco y que las cuentas se nutrían de dinero propio del mismo.

SEGUNDO

Para una mejor comprensión del supuesto de hecho conviene puntualizar que las cuentas bancarias que salieron a relucir en el pleito fueron las siguientes, las tres primeras del Banco Central Hispano en el que el padre de los actores trabajaba como empleado:

a) La núm. ..., abierta sólo a nombre del padre de los actores en Madrid el 26-7-1988 mediante ingreso de un cheque por importe de 7.000.000 de ptas. tras haber vendido un piso el 27-5-1988.

b) La ..., abierta el 12 de septiembre de 1988 en La Almunia de Doña Godina figurando el padre de los actores como primer titular y la demandada como segunda titular, a la que se traspasaron los 7.000.000 de ptas. de la cuenta anterior.

c) La ..., abierta el 11 de abril de 1990 en La Almunia de Doña Godina, figurando también el padre de los demandantes como primer titular y la demandada como segunda titular, mediante traspaso de 9.200.000 ptas. procedentes de la cuenta anterior.

d) Y otra más, de la exclusiva titularidad de la demandada, abierta el 28 de diciembre de 1990, tras haber fallecido el padre de los actores el 23 de julio anterior, mediante traspaso de la mitad del saldo por la recurrente desde la núm. ...

También conviene puntualizar que el padre de los actores, separado de la madre de éstos, vivía con la demandada; y que mientras en sus contestaciones a las dos demandas acumuladas la demandada-recurrente se refirió a la cuenta núm. ... como abierta de común acuerdo por ella y el padre de los actores, «colocando» éste a aquélla como titular exclusiva, en cambio sostuvo que la núm. ... se había abierto sólo por la demandada, por consejo del padre de los actores, que se habría negado a «incorporarse» al contrato.

TERCERO

El primer motivo del recurso, formulado al amparo del ordinal 3º del art. 1692 LECiv y fundado en infracción de las normas reguladoras de la sentencia, alega que «tanto la sentencia de Instancia como la de apelación incurren en incongruencia omisiva en tanto que no motivan en lo más mínimo las razones por las que consideran que la cuenta corriente objeto del litigio es indistinta».

En el desarrollo del motivo la recurrente se queja de que los órganos de instancia hayan omitido cualquier motivación probatoria sobre el carácter indistinto de las cuentas y, solamente al final, cita como infringidos los arts. 372.3º LECiv, 248.3 LOPJ ( RCL 1985, 1578, 2635 y ApNDL 8375) y 120.3 en relación con el 24.1 CE ( RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875) , así como varias sentencias de esta Sala sobre el deber de motivación de las sentencias.

El motivo así planteado ha de ser desestimado, en primer lugar, porque no cabe identificar o mezclar, como hace la recurrente, la incongruencia con la falta de motivación, siendo perfectamente posible que una sentencia sea congruente, aunque carezca de motivación, y a la inversa ( STS 20-12-1999 [ RJ 1999, 8983] en recurso núm. 1038/1995), ya que la congruencia se mide por el ajuste del fallo a lo pedido en la demanda; en segundo lugar porque, en contra de lo alegado en el motivo, la sentencia recurrida sí justifica por qué considera las cuentas núm. ... y... de titularidad indistinta, con base en los documentos que se detallan en el párrafo primero de su fundamento jurídico segundo, de suerte que lo realmente planteado en el motivo, aunque de forma subrepticia, viene a ser una discrepancia de la recurrente con la valoración probatoria de la sentencia recurrida; en tercer lugar, porque como en incontables ocasiones ha declarado esta Sala, la única forma admisible de plantear en casación esa discrepancia es la del error de derecho en la apreciación de la prueba, que conlleva el requisito ineludible de citar, como infringida, alguna de las pocas normas de nuestro ordenamiento que contienen regla legal de valoración probatoria; y por último, porque como en ocasiones no menos numerosas han declarado el Tribunal Constitucional y esta Sala, el deber de motivación de las sentencias no supone que haya de hacerse un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los argumentos de las partes, cabiendo así distinguir entre peticiones, a las que es exigible una respuesta efectiva, y alegaciones ( SSTC 56/1996 [ RTC 1996, 56] , 58/1996 [ RTC 1996, 58] , 16/1998 [ RTC 1998, 16] , 1/1999 [ RTC 1999, 1] , 94/1999 [ RTC 1999, 94] y 132/1999 [ RTC 1999, 132] entre otras).

CUARTO

En cuanto al segundo y último motivo, formulado al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LECiv según se desprende del encabezamiento del escrito de interposición, aparece dividido en tres apartados. El primero reprocha a la sentencia recurrida el haber tenido al padre de los actores como cotitular de las cuentas bancarias pese a no aparecer su firma en el documento de apertura de tales cuentas, diciendo la recurrente que con ello el Tribunal de apelación ha infringido la jurisprudencia que se transcribirá al final del motivo. El segundo cita como infringidos los arts. 1257 y 1259 CC por haberse atribuido efectos a los contratos de cuenta corriente entre partes distintas de quienes los concertaron. Y el tercer apartado alega infracción de los arts. 623 y 632 CC por no haber apreciado la sentencia recurrida la existencia de una donación del padre de los demandantes a favor de la demandada.

Pues bien, el motivo así planteado, desde una perspectiva global, ha de ser desestimado por no cumplir las exigencias mínimas de claridad que impone el art. 1707 LECiv, ya que es doctrina constante de esta Sala que la adecuada observancia de dicho precepto resulta incompatible con la mezcla de cuestiones fácticas y jurídicas en un mismo motivo o con la cita acumulada de preceptos heterogéneos sin exponer la relación que guarden entre sí ( SSTS 9-12-1996 [ RJ 1996, 8946] , en recurso 391/1993, 18-4-1997 [ RJ 1997, 3247] , en recurso 1367/1993, y 23-2-2000 [ RJ 2000, 755] , en recurso 1555/1995, entre otras muchas). Y que el motivo examinado incurre en tal defecto resulta patente porque, partiendo de una impugnación de la valoración probatoria de los órganos de instancia acerca del carácter indistinto de las cuentas bancarias, da por cometidas las infracciones de los preceptos que cita, heterogéneos entre sí porque, de un lado, se invocan los arts. 1257 y 1259 CC para negar que el padre de los actores fuera parte en los contratos de cuenta corriente con el Banco y, de otro, a partir de esa negativa se citan como infringidos los arts. 623 y 632 del mismo Cuerpo legal por no haberse apreciado la existencia de la donación afirmada por la recurrente desde sus escritos de contestación a las demandas acumuladas. Hay, pues, inobservancia del art. 1707 LECiv que la regla 2ª del art. 1710.1 de la misma Ley considera causa de inadmisión del recurso de casación, apreciable ahora como razón para desestimar el motivo, debido al especial formalismo que nuestro ordenamiento impone al recurso de casación civil sin que tal formalismo sea incompatible con la Constitución ni con el Convenio Europeo de Derechos Humanos ( RCL 1979, 2421 y ApNDL 3627) ( SSTC 7/1989 [ RTC 1989, 7] , 29/1993 [ RTC 1993, 29] y 125/1997 [ RTC 1997, 125] y STEDH 19-12-1997 [ TEDH 1997, 2] ).

Pero también el examen aislado de cada uno de los apartados del motivo conduce al mismo resultado desestimatorio. El del primer apartado, porque ninguna de las sentencias que la recurrente transcribe al final del motivo guarda la menor relación con el caso examinado y, sobre todo, porque so pretexto de citar como infringida una jurisprudencia que para nada trata de las cuentas corrientes, lo que se hace es combatir la valoración probatoria del Tribunal de instancia prescindiendo por completo de las pruebas con base en las cuales se consideraron indistintas las cuentas corrientes, pruebas integradas por toda una serie de documentos bancarios acerca de cuyo contenido la recurrente rehuye cualquier explicación. En definitiva, ésta no explica por qué el Banco consideró siempre las cuentas como indistintas, por qué figuraba el padre de los actores como primer titular o por qué la correspondencia se dirigía siempre a éste y no a aquélla.

La desestimación del apartado segundo deriva directamente de lo anterior, porque si se respeta la declaración fáctica del carácter indistinto de las cuentas, cae por su base la supuesta infracción de los arts. 1257 y 1259 CC, ya que el padre de los actores sí habría sido parte contratante con el Banco por más que no llegara a estampar su firma en el documento de apertura.

Y la desestimación del apartado tercero, en fin, también deviene consecuencia obligada, ya que la recurrente toma como punto de partida la ajenidad del padre de los actores a las cuentas núm. ... y...

En suma, habiéndose aplicado por el Tribunal de instancia la consolidada jurisprudencia de esta Sala acerca de las cuentas indistintas, a cuyo tenor «la titularidad indistinta lo único que atribuye a los titulares frente al Banco depositario es facultad dispositiva del saldo que arroje la cuenta, pero no determina, por sí sola, la existencia de un condominio y menos por partes iguales sobre dicho saldo de los dos (o más) titulares indistintos de la cuenta, ya que esto habrá de venir determinado únicamente por las relaciones internas entre ambos titulares, y más concretamente, por la originaria pertenencia de los fondos o numerario de que se nutre dicha cuenta» ( STS 7-6-1996 [ RJ 1996, 4826] , en recurso núm. 3090/1992, con cita de la de 8-2-1991 [ RJ 1991, 1156] , y, en igual sentido y con cita de otras muchas, STS 29-9-1997 [ RJ 1997, 6825] en recurso núm. 2491/1993), y no considerándose infringida tal jurisprudencia en el recurso, que ha preferido centrarse en negar el carácter indistinto de las cuentas, es decir en una cuestión de hecho, el recurso ha de ser desestimado. Precisamente sobre un supuesto de hecho muy similar al presente, la STS 5-7-1999 ( RJ 1999, 5966) (recurso núm. 3524/1994) ha declarado que «Inalterada en este recurso la declaración de la sentencia “a quo” de que los fondos ingresados en la cuenta a plazo abierta a nombre del causante de las partes litigantes y de la recurrente, indistintamente, procedían del peculio de don Antonio exclusivamente, sin que se haya probado que alguna parte de ellos era procedente del patrimonio de la demandada recurrente, no resulta vulnerado el art. 393 invocado en el motivo al no haber existido condominio alguno sobre el saldo resultante». Y en orden a la posible existencia de una donación remuneratoria alegada también en el recurso resuelto por dicha sentencia, se respetaba la apreciación fáctica de la sentencia impugnada sobre inexistencia de tal donación; inexistencia igualmente declarada por la sentencia aquí recurrida y que debe mantenerse, en primer lugar, porque los fondos de que se nutrieron las cuentas procedían siempre, y esto nunca lo ha negado la recurrente, del padre de los demandantes y, en segundo lugar, porque el traspaso de fondos a una cuenta de la exclusiva titularidad de la recurrente lo llevó a cabo solamente ésta y una vez fallecido aquél, esto es, una vez abierta su sucesión y, evidentemente, cuando el supuesto donante no podía ya realizar el acto gratuito de disposición o atribución patrimonial en que la donación consiste según nuestro Código Civil.

QUINTO

No estimándose procedente ninguno de los dos motivos del recurso, debe declararse no haber lugar al mismo, con imposición a la recurrente de las costas y de la pérdida del depósito constituido, según dispone el art. 1715.3 LECiv.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

No haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don Jorge P. V., en nombre y representación de doña Pilar A. P., contra la sentencia dictada con fecha 21 de junio de 1995 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza en el recurso de apelación núm. 197/1995, imponiendo a dicha parte las costas causadas por su recurso de casación y la pérdida del depósito constituido.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Ignacio Sierra y Gil de la Cuesta.–Pedro González Poveda.–Francisco Marín Castán.–Rubricados y firmados.

PUBLICACION. –Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.






Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª)
Sentencia núm. 762/2005 de 29 noviembre JUR 2006\13860







CONTRATOS BANCARIOS: de cuenta corriente: supuestos: cotitularidad: no presupone propiedad conjunta de los fondos: ausencia de donación: apropiación indebida.
DONACION: inexistencia: de cosa mueble: ausencia de «animus donandi».

Jurisdicción: Civil
Recurso de Apelación núm. 63/2005

Ponente: IIlma. Sra. Paloma García de Ceca Benito

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 14

MADRID

SENTENCIA: 00762/2005

Rollo: RECURSO DE APELACION 63 /2005

SENTENCIA

Ilmos. Sres. Magistrados:

AMPARO CAMAZON LINACERO

JUAN UCEDA OJEDA

PALOMA GARCIA DE CECA BENITO

En MADRID, a veintinueve de noviembre de dos mil cinco.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 3 /2004, procedentes del JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 4 de TORREJON DE ARDOZ, a los que ha correspondido el Rollo 63 /2005, en los que aparece como parte apelante D. Carlos José representado por el procurador D. FERNANDO GARCIA SEVILLA, y asistido por el Letrado Dª ARANCHA GARRALDA CARNICERO, en esta alzada, y como apelado Dª Esther, quien formuló oposición al recurso en base al escrito que a tal efecto presentó, representado por el procurador Dª IRENE GUTIERREZ CARRILLO, y asistido por el Letrado D. ALFREDO HIDALGO AMO, en esta alzada, sobre reclamación de cantidad, y siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª PALOMA GARCIA DE CECA BENITO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Torrejón de Ardoz, en fecha 30 de Julio de 2004 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: "SE ESTIMA la demanda presentada por la procuradora Sra. De Lope amor, en nombre y representación de Dª Esther, contra D. Carlos José, DECLARÁNDOSE que la totalidad del saldo existente en los contratos marco con número 0030 1032 11(NNN) NNN-NNNN302 y 0030 1032 15(NNN) NNN-NNNN302 en los cuales aparece el demandado junto a la causante y cuyas cantidades se elevan a 230.015,58 E., depositadas en el Banco Español de Crédito, Sucursal de la C/ En medio nº 23, de Torrejón de Ardoz, pertenecen al caudal hereditario de Dª Concepción y a sus herederos legítimos.

El demandado deberá hacerse cargo de las costas causadas."

SEGUNDO

Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte D. Carlos José al que se opuso la parte apelada Dª Esther, y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO

La vista pública, celebrada el día 22 de Noviembre de 2005, tuvo lugar con la asistencia de las representaciones de las partes.

CUARTO

En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO

La demanda presentada en la primera instancia por doña Esther, en representación de sus dos hijos menores de edad Jose Luis y Juan María contra don Carlos José, tenía por objeto obtener la declaración judicial de que la totalidad del saldo existente en las cuentas correspondientes a los contratos marco números 0030 1032 11(NNN) NNN-NNNN302 y 0030 1032 15(NNN) NNN-NNNN302, del Banco Español de Crédito, sucursal calle Enmedio, nº 23, de Torrejón de Ardoz, en las que aparece como titular el demandando junto con doña Concepción, ya fallecida, pertenecen única y exclusivamente al caudal hereditario de esta última, y a sus únicos herederos legítimos, sus nietos Jose Luis y Juan María.

El demandado don Carlos José se opuso a la anterior pretensión, alegando que las sumas ingresadas en las expresadas cuentas le pertenecen en un cincuenta por ciento, considerando que fue voluntad de doña Concepción hacerle donación de la mitad de todas las sumas depositadas en aquéllas.

La sentencia dictada en la primera instancia, razonando que no ha quedado acreditada la transmisión al demandado, mediante donación, del cincuenta por ciento de las cantidades ingresadas en las cuentas bancarias de referencia, estima las pretensiones de la demandante. Frente a cuyo pronunciamiento se alza en apelación don Carlos José, reproduciendo las alegaciones planteadas en su escrito de contestación.

SEGUNDO

El argumento nuclear que sustenta la oposición del demandado, y que se reproduce ahora al impugnar la sentencia, descansa en la afirmación de que la apertura de una cuenta de la titularidad conjunta de la fallecida, doña Concepción, y del propio don Carlos José, y el sucesivo ingreso en ella de cantidades procedentes de cuentas exclusivas de doña Concepción, o bien de la venta de un inmueble de la propiedad de ésta, revela el propósito de la misma de donar a don Carlos José el cincuenta por ciento del total de las sumas depositadas. Por lo que el saldo de la cuenta en cuestión no pertenecería por entero (sólo por mitad), a los únicos herederos de la finada, y nietos de la misma, los menores Jose Luis y Juan María. A ello añade otros indicios de la pretendida donación, tales como el otorgamiento un poder por doña Concepción a favor de don Carlos José facultándole para la administración de sus bienes, o la circunstancia de que éste último incluyese en su declaración del impuesto sobre el patrimonio el saldo en cuenta que ahora se discute. Finalmente, se ha practicado en esta alzada la declaración testifical de doña Ariadna, a instancia de la parte apelante.

En los contratos bancarios de depósito de la titularidad indistinta de dos o más personas, es de distinguir, por una parte, la propiedad o titularidad de los fondos depositados y, por otra, la facultad de disposición o gestión de tales fondos, pues así como estas facultades incumben por igual a ambos titulares, no ocurre así en cuanto a la propiedad del saldo depositado, que no tiene por qué pertenecer necesariamente a los titulares indistintos por el hecho de serlo. En este sentido, la relación contractual se constituye entre el depositante-dueño de la cosa depositada, y el depositario que la recibe, sin que se modifique la situación legal del primero en cuanto a la propiedad de la cosa por el hecho de designarse otra persona que la puede recibir. Por lo que la mera apertura de cuenta indistinta a nombre de dos o más personas únicamente implica que cualquiera de dichos titulares ostenta facultades dispositivas sobre el saldo, pero no determina, por sí sólo, la existencia de un condominio. En conclusión, ha de distinguirse entre titularidad formal o de gestión de una cuenta, y titularidad material o propiedad de los fondos depositados, y sobre esa base evaluar la alegación y prueba por cada uno de los cotitulares respecto de la propiedad del saldo depositado, en atención a la procedencia de los fondos de que se nutra esa cuenta. En ese sentido se pronuncia el T.S. en Ss. 24.Mar.1971, 19.Oct.1988, 8.Feb.1991, 15.Jul.1993 o 19.Dic.1995.

TERCERO

A la vista de esa doctrina, ha de analizarse si la parte demandada ha acreditado la existencia de la pretendida donación.

No concreta la parte demandada si la donación que sustenta su oposición ha de entenderse mortis causa, es decir, llamada a producir sus efectos al fallecimiento de doña Concepción, o inter vivos. En el primer caso, la supuesta donación no sería válida, pues a tenor de lo dispuesto en el art. 620 Cc. y según reiterada jurisprudencia (Ss. 24.Feb.1986 y 25.Oct.2000), las donaciones de esa clase han de adaptarse a la forma y reglas establecidas para el otorgamiento de las disposiciones testamentarias, lo que no sucedió en el supuesto enjuiciado. Por el contrario, doña Concepción había otorgado testamento, del que resultaban como únicos herederos sus dos nietos.

Tratándose de una donación intervivos, y conforme a los arts. 621 y 623 Cc., es eficaz tanto en forma escrita como oral, y se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario. Pero a ello ha de añadirse que toda donación requiere la concurrencia del animus donandi, el concreto ánimo de liberalidad de quien voluntariamente se empobrece en su patrimonio con intención de enriquecer a otro. Finalmente, por tratarse de una donación verbal de cosa mueble, y por imperativo del art. 632 Cc., exige la traditio o entrega efectiva y simultánea del bien donado, sin cuyo requisito no surtirá efecto. En ese supuesto de donación verbal de bienes muebles habla la jurisprudencia de "donación manual", para destacar precisamente el carácter esencial del acto de entrega o tradición.

En las condiciones expuestas, el mero ingreso de cantidades de dinero en una cuenta de titularidad conjunta en absoluto puede reputarse donación, pues no se produce la entrega o tradición hacia el supuesto donatario, que no recibe el dinero, sino que el ingreso en cuenta equivale al simple depósito en posesión de un tercero -la entidad bancaria-, y sin que ese depósito afecte a la propiedad de la suma depositada en la cuenta de titularidad conjunta, como queda visto según la jurisprudencia arriba expuesta, sino que continúa perteneciendo a quien ingresa los fondos propios.

Además, no se exterioriza el animus donandi, pues el ingreso de dinero en una cuenta de titularidad conjunta no revela, por sí sólo, intención de desprenderse de todo o parte de la suma depositada, que continúa perteneciendo a la persona que realiza el ingreso.

CUARTO

Los restantes medios de prueba no modifican las conclusiones alcanzadas. Así, el otorgamiento de un poder para administrar bienes ha de interpretarse en sus propios términos, y de ninguna manera equivale a la transmisión de los bienes que han de ser objeto de administración. Más bien, se trata de un acto excluyente, pues la concesión de facultades para administrar presupone que el gestor no es titular de los bienes administrados.

La declaración del impuesto sobre el patrimonio formulada por don Carlos José es un acto propio, y no indicativo de la voluntad albergada por un tercero, doña Concepción.

Finalmente, la declaración testifical prestada por doña Ariadna no es concluyente. En su mayoría se refiere a la naturaleza y frecuencia de las relaciones personales habidas entre doña Concepción con su nuera y ahora demandante, doña Esther, y con su sobrino y demandado, don Carlos José. Relaciones que en nada afectan a la existencia y eficacia de la donación litigiosa. Por lo demás, la testigo relata una genérica voluntad expresada por doña Concepción de transmitir parte de su patrimonio (el representado por la herencia de una de sus hermanas), a favor de don Carlos José, con exclusión de su nuera, pero no de sus nietos. Afirmación que es del todo insuficiente a los fines pretendidos, es decir, a asignar el carácter de donación al ingreso por la causante de fondos propios, en una cuenta bancaria de titularidad conjunta con el demandado. Por todo lo cual, procede desestimar el recurso.

QUINTO

Desestimándose el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 L.E.c. procede condenar a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Francisco Pastor de Luz en representación de don Carlos José contra la sentencia dictada en autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Torrejón de Ardoz, contra la sentencia dictada en autos de juicio ordinario seguidos bajo el número 3 de 2004, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución en todos sus pronunciamientos, condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

Hágase saber al notificar esta resolución las prevenciones del art. 248.4 de la LOPJ.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaria para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
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Cliente: escribió hace 5 año.

 

 

entiendo eduardo que tengo que aceptar la devolución sino hay donación,ahora que hago si me he gastado el dinero de verdad que no lo entiendo

Cliente: escribió hace 5 año.
si
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.
Hola de nuevo,

Lamento la situación pero yo creo que debería llegar a un acuerdo con la otra parte.

El dinero que usted detrajo de la cuenta repentinamente tendrá que devolverlo, pues la cotitularidad de la cuenta no le da derecho de propiedad sobre el mismo. Como ve, las sentencias son coincidentes.

Ahora bien, el dinero que usted detrajera con consentimiento del otro cotitular, consentimiento tático o expreso, no debe ser reclamado. Es decir, si utilizó hace un año algunas partidas económicas con conocimiento de la otra parte y que no eran reclamadas, entiendo no procede ahora reclamarlas pues puede interpretarse un consentimiento y conocimiento consentido de la otra parte y el hecho de no reclamar durante mucho tiempo juega a su favor.

Sin embargo, una detracción de justo la mitad de los fondos en fecha reciente (que entiendo es lo que se reclama) sería más difícil de justificar la existencia de un consentimiento tácito de la otra parte.

Sigo a su entera disposición (No es necesario que acepte de nuevo, o efectuarán nuevo cargo en su cuenta)

Saludos cordiales.

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