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letrado14, Abogado
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se deberia pagar impuestos de la cantidad recibida por una

Pregunta del cliente

se deberia pagar impuestos de la cantidad recibida por una expropiacion del ayuntamiento a una vivienda habitual cuyo ayuntamiento marca un justiprecio que es muy por debajo del precio del mercado y por lo tanto no es un incremento de capital si no una perdida o al ser el justiprecio se quedaria igual mas perdida de vivienda
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Impuestos
Experto:  letrado14 escribió hace 4 año.
Usted tiene que distinguir dos impuestos a pagar por la transmisión de la vivienda:

- Impuesto sobre el Incremeto del valor de los terrenos de naturaleza urbana (tradicionalmente llamado impuesto de plusvalía):
Se paga en función de unos coeficientes en relación al valor catastral de la vivienda.
No influye por tanto el valor del justiprecio, solo el valor catastral.
Este impuesto se paga con independencia de que usted "gane o pierda dinero" con la transmisión.




- Ganancia en el Impuesto de la Renta (IRPF): se tributa por Ganancias y pérdidas patrimoniales por la diferencia entre el valor del justiprecio y el valor por el que usted adquirió la vivienda.
Por tanto, si el valor del justiprecio es menor al valor de adquisición, habrá pérdida patrimonial y no tendrá que pagar impuestos.
Si por el contrario, el valor del justiprecio es superior al valor que pagó usted al adquirir la vivienda, se habrá generado una ganancia patrimonial que tributará al 19% o 21% (aplicado sobre la diferencia entre valor de adquisición y valor de transmisión).

Sin embargo, si usted reinvierte el dinero del justiprecio en adquirir su nueva vivienda habitual, podrá estar exento de pagar este impuesto (se mantendría la obligación de pagar el impuesto de plusvalía que le he explicado antes).


Quedo a su disposición para cuantas aclaraciones necesite.
Si ha quedado conforme con la respuesta, le ruego la acepte; de esta manera la página me bonifica por mi trabajo sin coste adicional para usted.
letrado14, Abogado
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Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Hola

 

No tiene porque pagar el impuesto por catastro, puede hacer una declaracion contardictoria avalada por perito independiente y no pagar por el bvalor catastral

Probablemente le obligarána a llegar al contencioso pero se puede ganar

Experto:  Mariatf19 escribió hace 4 año.
Hola buenas tardes. En contestación a su concreta pregunta le diré que es un tema un tanto lioso el que nos plantea. Pero por la experiencia que tengo en esta materia le diré que en materia de expropiaciones forzosas hay jurisprudencia al respeto siendo muy importante la que determina que , las expropiaciones no constituyen una variación de patrimonio, es decir, que no existe ni ganancia ni perdida patrimonial ( Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, sentencia de 12 de Marzo de 2003), ésta es una sentencia muy importante en la materia pero como la administración tributaria siempre tira para su lado, pues a día de hoy se guía por una sentencia a su favor que es la del Tribunal Supremo de fecha 12 de Abril de 2003 que determina que si existe variación patrimonial por lo que las expropiaciones tendrán que declararse como Ganancia o Pérdida Patrimonial. Y por lo tanto, el dinero que has recibido tendrás que declararlo como variación patrimonial. Como dicha ganancia o pérdida patrimonial estaba sujeta a procedimiento judicial existe una regla de imputación temporal especial en la normativa del impuesto que te permite imputar la renta generada en el ejercicio en la sentencia cuando adquiera firmeza por lo que podrás imputar esa ganancia en el año en que por decisión judicial te han ingresado ese dinero.
Es decir, e intentando que tus dudas queden claras, Una vez que tengas presentada la declaración en la que hagas constar bien esa ganancia o bien una pérdida, si resulta que te sale a pagar más por dicha ganancia, no te preocupes porque puedes presentar un proceso de solicitud de ingresos indebidos en relación con la cuota del impuesto ingresada correspondiente a la ganancia patrimonial declarada con motivo de la expropiación en base a la sentencia de TSJ de la Comunidad Valenciana que anteriormente te mencione, , con la finalidad de que devuelvan lo que tienes que pagar por dicha ganancia . He conocido un caso en que si le ha salido a pagar y después le han devuelto ese pago. Ahora bien, debes saber que dicha solicitud puede ser positiva o negativa, es decir, puede que te la concedan o no pero si te sale a pagar, el no ya lo tienes, asique debes intentarlo , solo en el caso, de que realmente dicha ganancia varíe tu declaración y tengas que pagar más por IRPF, si no te varía la declaración no presentes nada simplemente lo haces constar y nada más. Espero haberte orientado y aclarado y si es así espero que aceptes mi respuesta pues es la única forma que tengo de recibir una bonificación por mi tiempo sin perjuicio de seguir respondiendo a todo lo que precises y reciba un cordial saludo.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Le dejo sentencia donde claramente podemos ver que SI hay que pagar impuestos

 

Otra cosa es que discutamos el precio

 

AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 7.ª, de 9 de diciembre de 2008 Recurso 44/2007. Ponente: JOSE LUIS LOPEZ-MUÑIZ GOÑI. EXTRACTOS El cobro del justiprecio que deriva de una expropiación forzosa, pese a lo indicado en la LEF, no está exenta de impuestos "... El primer motivo de oposición es la improcedencia de someter a tributación la indemnización expropiatoria percibida por el sujeto pasivo. En primer lugar, se ha de indicar que la jurisprudencia ha abordado la cuestión planteada por la entidad recurrente en varias sentencias. Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1.981 , declara, que el art. 49 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1 .954 -"El pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, Provincia o Municipio, incluso el de pagos del Estado"- deja exento el acto del pago del precio, con la finalidad de que el expropiado perciba íntegramente y sin gravamen alguno el valor de sustitución de lo expropiado, pero no el precio propiamente dicho, por lo que los beneficios obtenidos en virtud de la transmisión del inmueble tributan por el Impuesto sobre Sociedades, señalando en el considerando cuarto que "...la exención que el apelante pretende -no amparada en precepto legal o reglamentario alguno- supondría la exención permanente de toda clase de Impuestos, de aquello que se recibiera como "justo precio", de una expropiación, y por lo tanto, admitido que ese justo precio pueda pagarse en bienes inmuebles (...) bastaría con ser expropiado de un inmueble para que el otro inmueble que se adquiriera en sustitución o el que se compre con el justo precio pagado (que en el presente caso excede en nueve veces el reflejado en la contabilidad social), quedara exento de toda clase de impuestos ..." "... en la transmisión de bienes en virtud de una expropiación forzosa el sujeto pasivo debe integrar en su base imponible una renta por la diferencia entre el valor de adquisición de los bienes recibidos, según el justo precio determinado en el expediente, y el valor contable de los elementos expropiados, como consecuencia del incremento de patrimonio producido. ..." Los terrenos no estaban afectos a la actividad económica, por lo que falta el requisito básico que permitiría hablar de la exención por reinversión del justiprecio recibido "... En el presente caso cuando se adquieren los terrenos en octubre de 1988 y marzo de 1991, que parcialmente fueron posteriormente expropiados, no se podía construir sobre ellos un campo de golf, pues estaban dentro del perímetro de la reserva Natural Parcial del Remoral-Filipinas, y para que el mismo pudieses construir, era necesaria la aprobación de un Plan Especial que no se aprueba inicialmente hasta el 17 de octubre de 1991. En fecha 5 de junio de 1992 se solicita licencia de obras para la construcción del campo de golf. Se obtienen los informes favorables preceptivos y en fecha 15 de junio de 1994 se acuerda la expropiación de una parte de los terrenos de las fincas regístrales antes referenciadas propiedad de la recurrente. En fecha 28 de noviembre de 1997 se suscribió un contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación de un campo de golf en el Sector Remolar y Paraje de las Filipinas entre el Ayuntamiento de Viladecans y la entidad recurrente. Es decir, que hasta tal fecha no puede afirmarse que en los terrenos adquiridos en su día, se iniciase la actividad que constituía el objeto social de la sociedad recurrente, construcción y explotación de campos de golf, existiendo incertidumbre real y legal, para que en los terrenos adquiridos, se pudiese llevar a cabo tal construcción. Por tanto, no puede decirse que tales terrenos estuviesen afectos a la actividad económica, faltando por tanto el requisito básico que permitiría hablar de la exención por reinversión del justiprecio recibido. ..." Debido a que la sociedad no podía construir el campo de golf que constituía su objeto social, por impedirlo la normativa urbanística, debe tributar en el régimen de transparencia fiscal "... más de la mitad de su activo no estuvo afecto a la actividad de construcción y explotación de un campo de golf, durante un período de más de 30 días de días de su ejercicio social, objetivo legalmente imposible de lograr, pues la única actividad reconocida en el año 1994 era la construcción y explotación de campos de golf y en ese año, los terrenos situados en Cerdanyola y Viladecans, no eran susceptibles de ser destinados al objeto social de la sociedad recurrente, pues como se hace constar en la solicitud de modificación del plan de reinversión, de fecha 10 de octubre de 1996, el proyecto de campo de golf a construir en Cerdanyola, había sido suspendido por el Departamento del Medio Ambiente de la Generalitat, y en relación con el proyecto del campo de golf de Viladecans no se había aprobado definitivamente la Modificación del Plan Especial de Remolar y Filipinas, iniciándose una nueva actividad empresarial consistente en el almacenaje, depósito y manipulación de mercancías. En la propia acta firmada de disconformidad, se hace constar que desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 1994, el valor de los terrenos de Viladecans que son expropiados posteriormente el 14 de octubre de 1994, unidos al valor de los terrenos de Cerdanyola representa más de la mitad del activo total de la entidad. Por tanto si dos años después a 1994, no se había podido todavía iniciar las obras de construcción del campo de golf, difícilmente podría en el año 1994 cumplir con el objeto social, al impedirlo las normas urbanísticas vigentes, con anterioridad a la compra de los terrenos, por lo que no pueden tener el valor de elementos patrimoniales afectos a la actividad. Por ello, se llega a la conclusión que la sociedad actora, merecía tributar en el régimen especial de transparencia fiscal. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que la parte actora formula el presente recurso en impugnación de los actos antes indicados mediante escrito presentado ante esta Sección en fecha 17 de enero de 2007. Admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se entregó a dicha parte para que formalizara la demanda, evacuando el trámite en tiempo y forma, en la que verificó la exposición de hechos y alegó los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su pretensión en el suplico de la demanda, interesando se dicte sentencia por la que revocando la resolución recurrida anule y deje sin efecto la liquidación tributaria impugnada SEGUNDO: Que de la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada presentó escrito de contestación con la alegación de hechos y la fundamentación jurídica pertinente, solicitando la desestimación del recurso, confirmando la resolución impugnada, con expresa condena en costas a la parte actora. TERCERO: No habiendo sido solicitado el recibimiento del pleito a prueba, quedaron las actuaciones conclusas y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar en definitiva el día 27 de noviembre de 2.008, si bien por necesidades del servicio se traslado dicho señalamiento al día 4 de diciembre del mismo año en el que efectivamente se deliberó, votó y falló, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Se impugna a través del presente recurso la resolución del TEAC de fecha 8 de noviembre de 2.006, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución del TEAR de Cataluña de fecha 16 de septiembre de 2004 que desestima la reclamación interpuesta en relación al Impuesto sobre Sociedades ejercicio 1994 y cuantía de 1.239.000,72 €. En fecha 18 de abril de 2000, se formalizó acta de disconformidad nº A02 70274243 relativa al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1994, en la que se hacía constar que la fecha de inicio de las actuaciones fue el día 25 de mayo de 1999. La sociedad inspeccionada consignó un ajuste negativo por exención por reinversión por un importe de 1.039.546.196 pesetas. La Inspección consideró que la sociedad debió tributar en régimen de transparencia fiscal ya que en el período 1994 la totalidad de los actos realizados van relacionados con la actividad prevista en el artículo 2 .a) de sus estatutos relativa a la construcción y explotación de campos de golf, no habiendo realizado ninguna actividad que integra su objeto social. La entidad no ha iniciado la actividad de construcción de campos de golf. La sociedad era de mera tenencia de bienes pues durante todo el año 1994 se cumple el requisito de que más de la mitad del activo de la entidad no se encuentra afecto a la actividad supuestamente iniciada de construcción y explotación de campos de golf. La entidad no ha cumplido el requisito previsto en el artículo 15.8 de la Ley 61/1978 para poder acogerse a la exención por reinversión ya que los terrenos transmitidos no son necesarios y no está afectos a la actividad de construcción de un campo de golf, en consecuencia no procede la disminución del resultado contable por importe de 1.039.546.196 pesetas en concepto de exención por reinversión. Tampoco reinvirtió el importe total de enajenación forzosa obtenido por la expropiación de bienes, que alcanzó el total de 1.300.000.000 pesetas dentro del plazo de 4 años de que disponía al haber presentado plan de reinversión y que finalizo el 14 de octubre de 1998 y a esa fecha el sujeto pasivo manifestó haber efectuado reinversiones por importe de 293.991.071 pesetas. De la comprobación resulta una base imponible de 1.032.512.034 pesetas debiendo tributar en el régimen de transparencia fiscal. Lo hechos en los que se basan las anteriores conclusiones a las que llega la Inspección, son los siguientes: En fechas 13 de octubre de 1988 y 8 de marzo de 1991, el sujeto pasivo adquirió las fincas nº 24.256 por importe de 277.807.740 y nº 26.148 por importe de 79.120.713 pesetas, sitas en el término municipal de Viladecans. Mediante Decreto 226/1987 de 9 de junio , y decreto 299/1988 de 12 de septiembre se declaró parcialmente de Reserva Natural los citados terrenos de la entidad recurrente. La calificación urbanística de dichos terrenos permitía la construcción de un campo de golf si bien es cierto que era necesario modificar el Plan Especial Sector del Remolar y Paraje Filipinas en el sentido de permitir en concreto el uso especifico dentro del concepto genérico de equipamiento comunitario de una campo de golf. En fecha 16 de marzo de 1990 se solicita al Ayuntamiento de Viladecans la modificación del Plan especial y en concreto el uso y aprovechamiento de los terrenos de su propiedad para que en los mismos se pudiera instalar un campo de golf. Dicho Ayuntamiento se comprometió mediante Convenio Urbanístico suscrito con Golf de Viladecans en fecha 20 de marzo de 1990 a la redacción y tramitación ante el órgano competente para la aprobación definitiva de las modificaciones que se consideren necesarias para permitir el uso deportivo y la construcción de un campo de golf Así el Pleno del Ayuntamiento en fecha 17 de octubre de 1991 se aprueba inicialmente la modificación del Plan Especial del Remolar y del Paraje de las Filipinas En fecha 5 de junio de 1992 se solicita licencia de obras par ala construcción del campo de golf. Se obtienen los informes favorables preceptivos y en fecha 15 de junio de 1994 se acuerda la expropiación de una parte de los terrenos de las fincas registrales antes referenciadas propiedad de la recurrente. Con el resto de la finca no expropiada se constituye una finca única. Se expropiaron 593.981 metros cuadrados de un total de 816.111 metros cuadrados. El valor originario de tales terrenos expropiados lo fue de 256.584.185 pesetas y 10.886.446 pesetas. En fecha 28 de noviembre de 1997 se suscribió un contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación de un campo de golf en el Sector Remolar y Paraje de las Filipinas entre el Ayuntamiento de Viladecans y la entidad recurrente SEGUNDO: Los motivos de oposición de la parte actora, a los que se opone el Abogado del Estado, se irán planteando a medida que se vayan resolviendo. El primer motivo de oposición es la improcedencia de someter a tributación la indemnización expropiatoria percibida por el sujeto pasivo. En primer lugar, se ha de indicar que la jurisprudencia ha abordado la cuestión planteada por la entidad recurrente en varias sentencias. Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1.981 , declara, que el art. 49 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1 .954 -"El pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, Provincia o Municipio, incluso el de pagos del Estado"- deja exento el acto del pago del precio, con la finalidad de que el expropiado perciba íntegramente y sin gravamen alguno el valor de sustitución de lo expropiado, pero no el precio propiamente dicho, por lo que los beneficios obtenidos en virtud de la transmisión del inmueble tributan por el Impuesto sobre Sociedades, señalando en el considerando cuarto que "...la exención que el apelante pretende -no amparada en precepto legal o reglamentario alguno- supondría la exención permanente de toda clase de Impuestos, de aquello que se recibiera como "justo precio", de una expropiación, y por lo tanto, admitido que ese justo precio pueda pagarse en bienes inmuebles (...) bastaría con ser expropiado de un inmueble para que el otro inmueble que se adquiriera en sustitución o el que se compre con el justo precio pagado (que en el presente caso excede en nueve veces el reflejado en la contabilidad social), quedara exento de toda clase de impuestos, tesis que ni el propio apelante puede admitir ni como justa ni como lógica ni como legal". Desde la perspectiva fiscal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3-2 c) de la Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades de 27 de diciembre de 1978 , "Componen la renta del sujeto pasivo ... Los incrementos de patrimonio determinados de acuerdo con lo prevenido en esta Ley", señalando el art. 15 que "son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel". Tales preceptos se corresponden y desarrollan, dada su función interpretativa y de desarrollo de la Ley del Impuesto, en los artículos 5.3, 126 y 127, entre otros, del Reglamento de 15 de octubre de 1982 , R.D. 2631/82, señalando el artículo 126 que "1 . Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo cuando se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes. 2 . Se computarán como incrementos de patrimonio los que se pongan de manifiesto por simple anotación contable, salvo los expresamente autorizados por preceptos legales.." y añadiendo el art.127 , que lleva por rúbrica "Alteraciones patrimoniales", que "A los efectos de lo previsto en el artículo anterior constituyen alteraciones en la composición del patrimonio del sujeto pasivo: a) La transmisión onerosa o lucrativa de cualquier elemento patrimonial incluso la derivada de la venta forzosa de bienes del sujeto pasivo, en virtud de procedimientos judiciales o administrativos seguidos contra el mismo en los que se acuerda la traba o embargo, llegándose a la enajenación de los bienes afectados así como la que se derive de expropiación o enajenación forzosa". Esta concepción amplia de "incremento o disminución patrimonial" viene determinada por la concurrencia de tres factores, que el propio precepto recoge: uno, la "alteración" en la "composición" del patrimonio; dos, la "variación" en el "valor" del patrimonio; y, tres, la relación de causalidad entre las circunstancias anteriores, es decir, que la "alteración" se produzca por la "variación" patrimonial. Conforme a ello, la alteración patrimonial, entendida como modificación -entrada o salida de un elemento patrimonial- en la composición de aquel, es el presupuesto de hecho para la existencia de un incremento de patrimonio, pero éste sólo se produce cuando la alteración origina un aumento del valor de aquél, esto es, cuando el sujeto pasivo como consecuencia de tal alteración obtiene una ganancia computable en la base imponible. A tal efecto, el art. 127 del Reglamento del Impuesto contiene, como se ha expuesto, una enumeración de los supuestos que constituyen alteraciones patrimoniales, calificando como tal en su apartado 1.a) "la transmisión onerosa o lucrativa de cualquier elemento patrimonial incluso la derivada de la venta forzosa de bienes del sujeto pasivo, en virtud de procedimientos judiciales o administrativos seguidos contra el mismo en los que se acuerda la traba o embargo, llegándose a la enajenación de los bienes afectados así como la que se derive de expropiación o enajenación forzosa", añadiendo el art.131.1 que "en general, el incremento o disminución patrimonial se determinará por diferencia entre el valor de enajenación y el valor neto contable del respectivo elemento patrimonial deducidos, en su caso, los gastos accesorios y tributos inherentes a la transmisión, en cuanto resulten satisfechos por el enajenante", sin que tales preceptos reglamentarios puedan considerarse, como extralimitación de lo dispuesto en la Ley del Impuesto, sino, antes al contrario, como preceptos que cumplen su función interpretativa y de desarrollo de las previsiones legales que a toda disposición reglamentaria le es propia, por ser la Ley 61/1978 , reguladora del Impuesto sobre Sociedades, la que somete a gravamen las rentas derivadas de la expropiación y no el Reglamento que se limita a explicitar o desarrollar la previsión legal. Conforme a los preceptos transcritos, no puede haber duda alguna de que en la transmisión de bienes en virtud de una expropiación forzosa el sujeto pasivo debe integrar en su base imponible una renta por la diferencia entre el valor de adquisición de los bienes recibidos, según el justo precio determinado en el expediente, y el valor contable de los elementos expropiados, como consecuencia del incremento de patrimonio producido. TERCERO.- Por otra parte, considera la entidad recurrente que tratándose de un incremento de patrimonio también procede la "exención por reinversión", conforme al art. 15.8, de la Ley 61/78, del Impuesto sobre Sociedades . El art. 15 de la Ley 61/78, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades , regula y define el concepto de "incrementos y pérdidas de patrimonio". En su apartado 8º, después de especificar las reglas de valoración, establece: "No obstante lo establecido en el presente artículo, los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos materiales del activo fijo de las Empresas, necesarios para la realización de sus actividades empresariales, no serán gravados siempre que el importe total de la enajenación se reinvierta en bienes de análoga naturaleza y destino en un período no superior a 2 años o no superior a 4 años si durante el primero la Sociedad presenta un plan de inversiones a la Administración e invierte durante los 2 primeros al menos un 25 por 100 del total incremento". Citando al efecto la S.TS 3ª secc. 2ª de 27-12-1990 la exención establecida por la Ley viene exclusivamente condicionada por los siguientes requisitos: a) que se produzca la transmisión de un elemento material del activo fijo; b) que sea de los necesarios para la realización de las actividades empresariales; c) que la transmisión genere un incremento patrimonial; d) que el importe total de la enajenación se reinvierta en bienes de análoga naturaleza y destino, y e) que la reinversión se produzca dentro de ciertos plazos y condiciones. Los arts. 146 a 155, del Reglamento del Impuesto , aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, desarrollan el art. 15 de la Ley . En concreto el art. 147-1 del RIS establece: "A estos efectos tendrán la consideración de elementos materiales de activo fijo los que reúnan los siguientes requisitos: A) Que estén incluidos en alguna de las Siguientes categorías: a) Terrenos sobre los que se desarrolle total o parcialmente la actividad de la Empresa. B) Que sean utilizables durante un tiempo superior al período impositivo. C) Que estén afectos y sean necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial desarrollada por la Sociedad. D) Que no se hallen cedidos a terceros para su uso, con o sin contraprestación." Por un lado, de la lectura del art. 15-8, de la Ley 61/78 , se desprende que los elementos materiales del activo fijo deben ser necesarios para la realización de sus actividades empresariales. Esto supone, por una parte, que al hablar de elementos materiales, prima facie, no se distingue entre muebles e inmuebles, no existe una exclusión específica de categoría concreta de elementos materiales. En este sentido, el art. 147-1.A), del Reglamento del Impuesto , incluye, tanto a los terrenos, edificios, como a maquinaria y mobiliario. Y, por otra parte, se exige que estos elementos se caractericen por la necesariedad de los mismos para que la sociedad realice sus actividades empresariales; actividades empresariales, que, dada la redacción el art. 15 de la Ley , y la prolija descripción de elementos materiales, que hace el art. 147 del Reglamento , ha de ser entendido en su concepto amplio, es decir, de cumplimiento de fines económicos y, también, sociales, si es que por norma legal se impone a la Sociedad. Además, de la lectura de los preceptos mencionados se desprende que los elementos materiales del activo fijo deben ser necesarios para la realización de sus actividades empresariales y la "afección" exigida por el precepto reglamentario (art. 147-1 C )) se ha de interpretar en el sentido de que, los referidos elementos patrimoniales de cuya enajenación procede el incremento patrimonial, tienden de forma concluyente al desarrollo de la actividad empresarial, de ahí, que se predique la "necesariedad", como condición indispensable para su consideración entre los elementos materiales del activo fijo, todo ello, en relación con la empresa o sociedad que ha procedido a la transmisión de dicho bienes y reinversión integra de incremento patrimonial en otros activos fijos. Por tanto se trata de que el bien del que procede el incremento con destino a la reinversión estuviera incorporado de manera real y efectiva al proceso productivo de la empresa, y, en definitiva, la utilización del bien por la empresa en la realización de su objeto social, de tal manera que si se trata de un bien del activo fijo cedido a terceros, constituye una actividad ajena a la ejercida por el sujeto pasivo (art. 147-1 D del RIS) salvo cuando se trate de empresas dedicadas a la cesión a terceros de la explotación de tales bienes. A este respecto el art. 12 del RIS dispone que: "1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una explotación económica: a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la respectiva explotación o actividad. b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la explotación o actividad. c) Cualesquiera otros de contenido patrimonial que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos. 2. Asimismo se entenderán elementos afectos a una explotación económica los bienes cuyo uso o disfrute se ceda de modo habitual, siempre que su gestión requiera una organización empresarial propia o a través de terceros. 3. Cuando se trate de elementos patrimoniales que parcialmente sirvan al objeto de la explotación económica, la afectación se entenderá limitada a aquella parte que realmente se utilice en la actividad de que se trate." CUARTO: XXXXX XXXXX presente caso cuando se adquieren los terrenos en octubre de 1988 y marzo de 1991, que parcialmente fueron posteriormente expropiados, no se podía construir sobre ellos un campo de golf, pues estaban dentro del perímetro de la reserva Natural Parcial del Remoral-Filipinas, y para que el mismo pudieses construir, era necesaria la aprobación de un Plan Especial que no se aprueba inicialmente hasta el 17 de octubre de 1991. En fecha 5 de junio de 1992 se solicita licencia de obras para la construcción del campo de golf. Se obtienen los informes favorables preceptivos y en fecha 15 de junio de 1994 se acuerda la expropiación de una parte de los terrenos de las fincas regístrales antes referenciadas propiedad de la recurrente. En fecha 28 de noviembre de 1997 se suscribió un contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación de un campo de golf en el Sector Remolar y Paraje de las Filipinas entre el Ayuntamiento de Viladecans y la entidad recurrente. Es decir, que hasta tal fecha no puede afirmarse que en los terrenos adquiridos en su día, se iniciase la actividad que constituía el objeto social de la sociedad recurrente, construcción y explotación de campos de golf, existiendo incertidumbre real y legal, para que en los terrenos adquiridos, se pudiese llevar a cabo tal construcción. Por tanto, no puede decirse que tales terrenos estuviesen afectos a la actividad económica, faltando por tanto el requisito básico que permitiría hablar de la exención por reinversión del justiprecio recibido. Ello sin perjuicio, de reseñar el incumplimiento del plazo de cuatro años en que debió efectuarse la misma, pues fijado el justiprecio de mutuo acuerdo en fecha 14 de octubre de 1994, el plazo terminaba el 14 de octubre de 1998 al haber presentado plan de reinversión que fue aprobado, y además en tal fecha únicamente se había invertido 293.991.071 pesetas, de un total de 1.039.546.196. QUINTO: XXXXX XXXXX asimismo, que el período en que debe imputarse los efectos negativos de la falta de inversión, debe ser el ejercicio en que debió terminar el plazo para reinvertir, pero como señala la resolución del TEAC, el argumento referente a la falta de la reinversión total del precio obtenido por la venta forzosa de los terrenos, no es la causa principal para negar que se haya producido la misma, si no la imposibilidad de ser beneficiario de tal exención, puesto que los bienes expropiados no tenían la condición formar parte de los elementos materiales de activo fijo de la sociedad como ya ha quedado dicho. SEXTO: XXXXX XXXXX último determinar si la sociedad recurrente, en aquellas fechas debía tributar en régimen de transparencia fiscal o por el contrario por el régimen general Con la entrada en vigor de la Ley 48/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986 , subsiste únicamente el régimen de transparencia fiscal obligatorio y ello con efectos de 1 de enero de 1986. Son Sociedades de mera tenencia de bienes aquellas en que más de la mitad de su activo, estimando en valores reales, no esté afecto a actividades empresariales o profesionales, tal como se define en el art. 18 de esta Ley . El carácter obligatorio del referido régimen de transparencia fiscal se mantuvo tras la entrada en vigor de la Ley 18/91, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas , aplicable al ejercicio 1994 ahora examinado, cuyo artículo 52 determina: "Uno. Se imputarán, en todo caso, a los socios residentes y se integrarán en su correspondiente base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en su caso, del de Sociedades, las bases imponibles positivas obtenidas por las sociedades que se indican, aún cuando los resultados no hubieran sido objeto de distribución: A) Las sociedades en que más de la mitad de su activo esté constituido por valores y las sociedades de mera tenencia de bienes, cuando en ellas se dé cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca a un grupo familiar, entendiéndose a estos efectos, que éste está constituido por personas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado, inclusive. b) Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca a 10 ó menos socios. A los efectos de este precepto, serán sociedades de mera tenencia de bienes aquéllas en que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades empresariales o profesionales, tal y como se definen éstas en el art. 40 de esta Ley . Así, pues, el régimen de transparencia fiscal es de aplicación obligatoria a las sociedades que tengan la consideración de transparentes, incluyéndose entre éstas las sociedades de mera tenencia de bienes que se configuran atendiendo a la composición tanto de su accionariado, como de su activo, requiriendo la aplicación de dicho régimen el cumplimiento de tres condiciones: -Que más del 50% del capital pertenezca a un grupo familiar o a diez o menos socios. -Que más de la mitad del activo no esté afecto a actividades empresariales o profesionales. -Que las circunstancias anteriores concurran durante más de 30 días del ejercicio social. La Ley del Impuesto sobre Sociedades no contiene ningún precepto referente la afectación de elementos patrimoniales a estas actividades, ni tampoco una definición de lo que se entiende por actividad empresarial o profesional, por lo que se remite a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la concreción de dichos conceptos, cuyo art. 40 de la Ley 18/1991 , aplicable en el ejercicio que se enjuicia, considera rendimientos íntegros de actividades empresariales o profesionales "aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno sólo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios" Para el enjuiciamiento del caso hemos de partir de los siguientes datos que obran en el expediente. Más del 50% del capital social pertenecen en el Ejercicio 1994 a menos de 10 socios, siendo siete Vilagolf S.A., Industrial Kem Española S.A., D.R.T. Holding, Mansell Holding A G, Ángel Jesús y Alicia . No puede admitirse, la propuesta realizada por la parte recurrente, sobre la interpretación finalista de dicho precepto de forma, que para llegar a la suma total de socios deba tenerse en cuenta, el número de socios que tenga cada una de las sociedades, puesto que estos, lo son de éstas. Por otro lado más de la mitad de su activo no estuvo afecto a la actividad de construcción y explotación de un campo de golf, durante un período de más de 30 días de días de su ejercicio social, objetivo legalmente imposible de lograr, pues la única actividad reconocida en el año 1994 era la construcción y explotación de campos de golf y en ese año, los terrenos situados en Cerdanyola y Viladecans, no eran susceptibles de ser destinados al objeto social de la sociedad recurrente, pues como se hace constar en la solicitud de modificación del plan de reinversión, de fecha 10 de octubre de 1996, el proyecto de campo de golf a construir en Cerdanyola, había sido suspendido por el Departamento del Medio Ambiente de la Generalitat, y en relación con el proyecto del campo de golf de Viladecans no se había aprobado definitivamente la Modificación del Plan Especial de Remolar y Filipinas, iniciándose una nueva actividad empresarial consistente en el almacenaje, depósito y manipulación de mercancías. En la propia acta firmada de disconformidad, se hace constar que desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 1994, el valor de los terrenos de Viladecans que son expropiados posteriormente el 14 de octubre de 1994, unidos al valor de los terrenos de Cerdanyola representa más de la mitad del activo total de la entidad. Por tanto si dos años después a 1994, no se había podido todavía iniciar las obras de construcción del campo de golf, difícilmente podría en el año 1994 cumplir con el objeto social, al impedirlo las normas urbanísticas vigentes, con anterioridad a la compra de los terrenos, por lo que no pueden tener el valor de elementos patrimoniales afectos a la actividad. Por ello, se llega a la conclusión que la sociedad actora, merecía tributar en el régimen especial de transparencia fiscal. Procede desestimar el recurso interpuesto, pr lo razonado anteriormente. Respecto de las costas causadas, no procede hacer expresa imposición, al no apreciarse mérito legal para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/98, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación, FALLAMOS DESESTIMANDO el recurso contencioso administrativo número 44/2007, interpuesto ante esta Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional por el Procurador don Francisco Velasco-Muñoz Cuellar, en nombre y representación de la entidad Golf de Viladecans S.A., contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central de fecha 8 de noviembre de 2.006, a que la demanda se contrae, que confirmamos como ajustada a derecho, así como la liquidación de la que trae causa. No se hace expresa imposición en cuanto al pago de las costas. Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará a las partes haciendo la indicación de que contra la misma cabe recurso de casación que se preparará ante esta Sección en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de su notificación y para ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 86-1 de la L.J.C.A ., y de la cual será remitido testimonio a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN : Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 4 año.
Hola buenas tardes nuevamente. Ya le aclaré que si hay que declararlo en el impuesto de la renta y si tiene que pagar puede después solicitar la devolución de los ingresos en la forma que le he explicado, para ello se creo la imputación temporal de rentas y con ello puede conseguir la devolución en el caso de que tenga que pagar alguna cantidad, que puede que no seas así, todo depende de su declaración de la renta. No dude en preguntar cualquier otra cuestión y si mi respuesta desde un principio le ha orientado y aclarado espero que la acepte pues es la única forma que tengo de recibir una bonifcación por mi tiempo sin perjuicio de seguir respondiedno a todo lo que precise y reciba un cordial saludo.
Experto:  letrado14 escribió hace 4 año.
Gracias por aceptar la respuesta y por confiar en Justanswer.

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