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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 272
Experiencia:  DERECHO Y COLEGIADO EN ICAM
54780214
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R.Gomez está en línea ahora

Hola, ante todo muchas gracias por responderme. Puedo

Pregunta del cliente

Hola, ante todo muchas gracias XXXXX XXXXX
Puedo ir a la carcel por un delito de una S.L. en la que yo era el administrador pero no cometí la estafa?
Os comento un poco,...
Me acusan de un delito de estafa entre otras cosas porque yo tenía una empresa (S.L.) a mi nombre (una agencia de viajes mayorista) en la que di poderes a mi hermano - de hecho, ibamos a medias en todo -, e ibamos facturando normal a IATA (la que se encarga de emitir a nivel internacional los billetes).
Al cabo de un par de años no nos pusimos de acuerdo él y yo, así que decidimos pausar la actividad y yo me marché de viaje, pero resulta que éste no tan solo no paró si no que creo otra empresa aprovechando nuestro acuerdo IATA y vendió a través de la que estaba a mi nombre.
Cuando vine del viaje (estuve cuatro meses fuera) él no me dijo nada, pero yo me enteré, habia hecho una estafa (osea cobrar de los clientes y no pagar luego a IATA los billetes), y me reclaman a mi toda esa cantidad que claro no tengo el dinero.
Resulta que en lugar de ser por lo civil... ponen que es por lo penal, que me recomendais?
Puedo ir a la carcel? si fuera cuánto me caería? si convenzo a él que firme ante notario o declare en la policia que fue culpa solo suya, me exime a mi de culpa?... cualquier cosa más bienvenida será.
Gracias
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En contestación a su consulta le informamos que:

1.- Tiene que ir buscando los documentos que puedan acreditar que usted había estado fuera de viaje sin conocer lo que sucedía.

2.- Las comunicaciones que puedan valer a efectos de acreditar las desavenenencias o conflictos entre usted y su hermano.

3.- El acuerdo IATA.

4.- Justificantes de entregas de billetes u otros servicios a clientes antes de que usted se marchara de vacaciones y se produjeran los engaños.

5- Extractos de cuentas donde pueda demostrar que usted no ha tenido ningún ingreso durante ese tiempo procedente de las ventas billetes.

Le adjuno una sentencia en la que podrá comprobar como la jurisprudencia diferencia entre delito de estafa y negocios civiles criminalizados... lo importante es hacer ver que todo este asunto es una mera cuestión civil en la no habido ninguna actitud dolosa por su parte de producir engaño a terceros para disponer de su patrimonio en su beneficio... (requisitios de la estafa penal).

 

Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 3ª).Sentencia núm. 269/1999 de 28 octubre

ARP\1999\5406

ESTAFA: Negocios civiles criminalizados: diferencias con el simple ilícito civil; inexistencia: cantidad entregada a una entidad mercantil para realizar las gestiones oportunas para la concesión de un crédito, sin haber obtenido ésta el crédito que precisaba: ausencia de engaño.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 620/1999

Ponente: Ilmo. Sr. D. angel salas gallego

 

El Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla con fecha 13-10-1998, dicta Sentencia por la que condena a don Santiago M. L. G. como autor de un delito de estafa, concurriendo la agravante de reincidencia a la pena de cuatro meses de arresto mayor.Contra la anterior Resolución el acusado interpuso recurso de apelación.La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Sevilla estima el recurso y absuelve al acusado del delito del que venía siendo acusado.

 

En la ciudad de Sevilla, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Visto en grado de apelación por la Sección Tercera de esta Audiencia, integrada por los Ilmos. Sres. reseñados al margen, el Procedimiento Abreviado 234/1998 procedente del Juzgado de lo Penal número Uno de esta capital, seguido por delito de estafa contra el acusado Santiago M. L. G., cuyas circunstancias personales ya constan, venido a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el mismo contra la sentencia dictada por el citado Juzgado, siendo parte el Ministerio Fiscal y la acusación particular y ponente en esta alzada el Ilmo. Sr. D. Angel Salas Gallego.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-En fecha 13 de octubre de 1998 el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Penal núm. Uno de Sevilla dictó sentencia cuyo Fallo, por lo que ahora interesa, es del siguiente tenor literal: «Debo condenar y condeno a Santiago M. L. G. como autor penalmente responsable del delito de estafa ya descrito, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de cuatro meses de arresto mayor

y costas causadas».

SEGUNDO.-Notificada la misma, se interpuso por la representación procesal de Santiago M. L. G. recurso de apelación en tiempo y forma sobre la base de los motivos que en el cuerpo de esta resolución serán analizados.

TERCERO.-Turnadas las actuaciones a esta Sección Tercera, se designó ponente al anteriormente mencionado Magistrado.

CUARTO.-No estimándose necesaria la celebración de vista, se señaló para deliberación y fallo el día 19 de julio de 1999.

QUINTO.-En la tramitación del recurso se han observado las formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, dado el cúmulo de trabajo que pesa sobre quien expresa el parecer de la Sala.

HECHOS PROBADOS

No se aceptan los de la resolución impugnada, declarándose en su lugar probado que en los últimos meses del año 1995 Juan José T. R., que precisaba obtener créditos bancarios para lograr la continuidad de su actividad mercantil de venta y reparación de vehículos, créditos que no le eran concedidos por las entidades de banca que visitaba ya que tenía varios impagados anteriores y figuraba en la relación de deudores, decidió acudir a una entidad mercantil denominada Centro de Asesoramiento y Servicios que regentaba en una localidad próxima a Sevilla el acusado Santiago M. L. G., quien, a solicitud de aquél, quedó encargado de realizar las gestiones oportunas para la concesión del préstamo.

Entre el 10 de octubre y el 23 de diciembre de dicho año, Juan José T. entregó al acusado la suma total de 493.000 pesetas, acusado que extendió los correspondientes recibos. En el mes de septiembre de 1996 Juan José, sin haber obtenido el crédito que precisaba, decidió denunciar a Santiago M. L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Invoca el apelante la existencia de error en la apreciación de la prueba, negando la existencia de conducta penalmente ilícita por su parte. Como dice la STS de 30 de mayo de 1997 ( RJ 1997\3638), la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra la propiedad se halla en el concepto de la tipicidad, lo ilícito penal frente a lo ilícito civil, de tal forma que sólo cuando la conducta del agente encuentra acomodo en el precepto penal que conculca puede hablarse de delito, sin que por tanto ello quiera decir que todo incumplimiento contractual signifique la vulneración de la Ley penal, porque la norma establece medios suficientes para restablecer el imperio del Derecho ante vicios puramente civiles. Depurando más el concepto diferenciador, el Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado (SSTS de 24 marzo de 1992 [ RJ 1992\2435], 27 de septiembre de 1991 [ RJ 1991\6628] y 28 de junio de 1983 [ RJ 1983\3597], entre otras muchas), que la estafa en general, como si de la madre de todos los engaños se tratara, existe únicamente en los casos en los que el autor simula un propósito serio de contratar cuando en realidad sólo quería aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento, propósito difícil de demostrar que ha de obtenerse normalmente por la vía de la inferencia o de la deducción, partiendo tal prueba indiciaria, lejos de la simple sospecha, de hechos base ciertamente significativos según las reglas de la lógica y de la experiencia, a través del art. 1253 del Código Civil, para con su concurso llegar a la prueba plena del hecho consecuencia inmerso de lleno en el delito. Surgen así los denominados negocios civiles criminalizados en los que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento o fraude. Son contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su legal existencia, aunque la intención inicial, o antecedente, de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, defina la existencia del tipo penal. Mas ha de entenderse que ese engaño, simulación artera de una seriedad en los pactos que en realidad no existe, ha de provocar en cadena el error en el sujeto pasivo, el desplazamiento patrimonial, el perjuicio y el lucro injusto, pero ha de provocarlo de manera antecedente, no sobrevenida. El Código Civil se refiere al dolo civil como un supuesto de nulidad del consentimiento (arts. 1265, 1269 y 1270), lo que significa, pues, de acuerdo con lo arriba señalado, que ese dolo no genera sin más la infracción penal, independientemente de que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación (SSTS de 1 de diciembre de 1993 [ RJ 1993\10093]). El negocio criminalizado será puerta de la estafa, lo que no es el caso de ahora, cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude (STS de 24 de marzo de 1992) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno (SSTS de 13 mayo de 1994 [ RJ 1994\3696] y 1 de abril de 1985 [ RJ 1985\2055], entre otras muchas).

SEGUNDO.-

El engaño, factor desencadenante del «iter criminis», en la línea de cuanto se ha expuesto antes, es la maniobra torticera y falaz por medio de la cual el agente, ocultando la realidad, juega dentro de la apariencia para ganar la voluntad del perjudicado o de los perjudicados, haciéndoles creer y aceptar lo que no es verdadero. Se ha querido traer a colación, quizás con exhaustividad, la doctrina jurídica que a los hechos probados ha de serles aplicada para, puestos en relación una y otros, llegar claramente a la estimación del recurso. Efectivamente, los hechos acreditados están lejos del concepto jurídico-penal de la estafa. Ellos hablan por sí solos de una relación contractual en el desarrollo de la cual las irregularidades denunciadas únicamente afectan al área puramente civil. El denunciante encargó al acusado la realización de gestiones con el fin de obtener un préstamo que precisaba para la continuación, al parecer en otra localidad, de la actividad mercantil de compra y reparación de vehículos a la que venía dedicándose. Es evidente que esas gestiones no habían de ser gratuitas, sin que conste con certeza la remuneración pactada, pues para ello habría de haberse aportado el correspondiente contrato, no bastando a tales efectos la simple declaración del mandante (art. 51 del Código de Comercio). Y no menos evidente es que no puede calificarse de «engaño bastante» la afirmación de Juan José T. de que el acusado le aseguró que le sería concedido el préstamo, pues es notorio que esa concesión no dependía del mismo, sino de la correspondiente entidad crediticia, y ninguna persona con mediana formación, y menos un industrial como él, la creería a ciegas, máxime cuando él mismo había intentado la concesión en diferentes entidades y conocía a la perfección cuál era la causa de la denegación de sus solicitudes, a saber, la existencia de deudas vencidas e impagadas.

TERCERO.-

La «calidad» del engaño es, conforme a lo expuesto, lo que configura la diferencia entre la estafa y el ilícito civil. No basta con acudir a la existencia del perjuicio sino que lo fundamental es la actitud del sujeto activo. Ciertamente el acusado ha dado la impresión de despreocuparse por completo de la causa contra él seguida, especialmente por cuanto no acudió al acto del juicio, en el que, como única prueba, se contó con la testifical de Juan José T. y con la aportación de dos documentos de los que se deduce que el acusado sí efectuó alguna gestión en relación con el encargo recibido. De esas pruebas no puede inferirse una conclusión condenatoria, sin que los datos tenidos en cuenta por el Magistrado «a quo» dispongan de virtualidad y relevancia suficiente a esos efectos: expedición de recibos, ausencia de justificación del destinó del dinero recibido, carencia de titulación académica del acusado, ausencia de datos acerca de la actividad del llamado «Centro de Asesoramiento y Servicios» que regentaba, etc., no estando de más recordar que la prueba de algunos de esos extremos no incumbía al acusado y que aun así fue prueba que intentó en la fase de instrucción proponiendo una serie de diligencias (folio 66 y siguientes) que, por motivos que no son del caso y en los que, por supuesto, no se va a entrar, le fueron denegadas.

CUARTO.-

En base a todo lo anterior, procede la estimación del recurso y la libre absolución del recurrente, declarando de oficio las costas de ambas instancias y reservando al acusador particular las acciones civiles de que se crea asistido.

Vistos

los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Santiago M. L. G. contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Penal núm. Uno de Sevilla en autos de Procedimiento Abreviado núm. 234/1998, debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su lugar debemos absolver y absolvemos al mismo del delito de estafa por el que viene condenado, con todos los restantes pronunciamientos favorables inherentes a dicha absolución, declarando de oficio las costas de las dos instancias y reservando a Juan José T. R. las acciones civiles.

Vuelvan las actuaciones al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución para su ejecución y cumplimiento.

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

En cuanto al tipo penal de estafa le recogemos artículo y pena:

Artículo 248.

1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

2. También se consideran reos de estafa:

  1. Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

  2. Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

  3. Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Artículo 249.

Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Artículo 250.

1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de un año a seis años y multa de seis a doce meses, cuando:

  1. Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.

  2. Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.

  3. Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.

  4. Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.

  5. Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros.

  6. Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.

  7. Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

2. Si concurrieran las circunstancias 4ª, 5ª o 6ª con la 1ª del número anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

 

En cuanto a la declaración de su hermano vendría bien que declare que usted era ajeno a todo lo que sucedía durante sus vacaciones..

 

La idea es que todo quede en un procedimiento civil y que el juez archive por ser una cuestión civil.

Si esta más tranquilo y conforme acepte la respuesta.



Editado por http://www.gomeznix.miweb.pro/ el 07/01/2011 a las 18:22 EST
Cliente: escribió hace 5 año.

Por lo que veo entonces estafa no sería , pero si tendría que poner una demanda con mi hermano por a su vez estafa contra mi no?

 

Lo que ocurriría supongo es que el iría a la carcel en lugar de ir yo, pero yo seguiría pagando el dinero o también lo pagaria el?

 

Muchas gracias.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Le han denunciado por estafa pero su caso tiene defensa para que la defensa sea más facil sería bueno que usted denunciara a su hermano por haber utilizado los billetes suyos sin su consentimiento.... probablemente archivaran la denuncia, dado qe su hermano alegara que él tenia poderes para vender esos billetes... pero la copia de la denuncia le vale para aportarla como prueba en su procedimiento... Su hermano tiene también defensa: vendió los billetes pero se quedó sin dinero por crisis no tuvo intención de engañar.....para hacer frente al pago. La idea es reconducir todo a un juicio civil... acreditar que nunca hubo un dolo o intención de estafar sino en todo caso un dolo civil.....

 

Respecto a la responsabilidad de los administradores de sociedades:

Las actuaciones u omisiones de la sociedad que produzcan un daño a otro sin que dicha actuación u omisión esté tipificada en el Código Penal dará lugar al resarcimiento de un daño Art. 1902 del Código Civil.

 

Estamos por tanto, fuera de las acciones sociales e individuales del ámbito mercantil, recogidas en los Arts. 133,134 y 135 LSA, ya que de estos actos se deriva una responsabilidad de tipo mercantil frente a la sociedad, accionistas y acreedores sociales.

 

La sociedad puede producir daños a terceros bien por alguna de las actuaciones de los órganos de administración que la rijan y representen o bien por vía del Art. 1903.4º CC, es decir, daños causados por los dependientes o empleados en el desempeño de sus funciones dentro una sociedad se entenderán como producidos por la misma.

En el primero de estos casos, la Jurisprudencia (STS 1ª 3-7-68) señala la directa aplicación del Art. 1902 CC. En consecuencia, los administradores no responden de forma personal de estas actuaciones que representan a la Empresa salvo:

- Si realizan actos que contravengan un mandato realizado por la Junta general de socios, exceptuando que el mandato sea ilícito.

- Si existe una extralimitación en las facultades de los administradores respecto del objeto social delimitado en los Estatutos.

 

En ambos casos existiría una responsabilidad personal de los administradores.

 

En el segundo de los casos, Art. 1903.4º CC, el fundamento de la responsabilidad de los directores o administradores se basa en la culpa in vigilando y en la culpa in eligendo a los empleados y asignarles funciones para las que estén debidamente capacitados. ES RESPONSABLE DE SU HERMANO.

 

En este supuesto la responsabilidad se atribuye directamente a los administradores, no a la persona jurídica que representan (STS 1ª 30-10-81; 28-1-83; 25-1-85). Excepcionalmente, algunas sentencias declaran la responsabilidad civil subsidiaria de la Sociedad o empresa (STS 1ª 17-5-88); La explicación puede encontrarse en que proceda de una responsabilidad civil previa derivada de delito (STS 1ª 30-12-92) Pero ¿Cuáles son los requisitos para haber lugar a este tipo de responsabilidad?

A) En general.

1º- Producción de un daño. Ya sea material (el cual comprende el menoscabo patrimonial, el lucro cesante y el daño emergente); moral pero valuable económicamente, siendo los Tribunales los que realicen esa conversión (STS 1ª 7-2-62, 26-6-45); un detrimento; perjuicio; menoscabo; dolor; molestia; un valor afectivo sobre cosas o personas; o una disminución del patrimonio (STS 1ª 1-3-54)

2º- Culpa o negligencia en la actuación u omisión del empleado. Se produce aquí una inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al productor del daño la demostración del que no ha existido esa culpa o negligencia. En ocasiones no se admite como extinción la estricta observación de las normas reglamentarias en desempeño de sus funciones sino que se llega a exigir la aplicación de los medios técnicos que existían para evitarlo (STS 1ª 23-12-52, 5-4-60, 17-3-81. No obstante dentro de cada caso concreto y atendiendo al sector social en que se mueve el sujeto agente se irán más o menos objetivando las situaciones.

3º- Ausencia de culpa por parte de la víctima.

4º- Nexo causal ente la conducta negligente y el daño causado.

5º- Relación de dependencia entre el sujeto agente del daño y la sociedad. No es necesario que se trate de una relación laboral, es suficiente con una "relación jerárquica o de dependencia más o menos intensa según las circunstancias concretas" (STS 1ª 21-9-87).

 

No puede entenderse dependencia en los contratos entre empresas para la prestación de servicios salvo que entre ellas haya relación de subordinación. (STS 1ª 4-1-82). La doctrina jurisprudencial, excluye, por tanto, la aplicación del Art. 1903.4º CC, estableciendo que los contratos entre empresas no determinan subordinación (STS 1ª 20-12-96). La STS 1ª 8-4-96 declara la responsabilidad de la clínica a cuyo cuadro pertenece el médico que actuó negligentemente, sin que pueda librarse alegando la simple condición de colaborador de aquel.

 

6º- Culpa o negligencia del sujeto agente in operando. Es decir, en el desempeño de sus funciones, en otro caso sería responsabilidad personal del sujeto agente.

 

La de los administradores societarios es directa, de forma que la acción puede ser ejercitada directamente por el perjudicado contra ellos, sin que exista necesidad de haber demandado previamente, o a la vez, al sujeto que causó el daño, dependiente o empleado. No existe necesidad de formar un litisconsorcio pasivo necesario.

La jurisprudencia, STS 1ª 23-11-90, proclama la responsabilidad solidaria entre los causantes y partícipes en las actuaciones del artículo 1902 del CC (actos propios), cuando no se pueden individualizar la correspondiente a cada uno de ellos, pero también la solidaridad con quienes sean estimados responsables por aplicación del artículo 1903 CC (actos ajenos)

 

En resumen tendría usted que hacer frente a las deudas con su patrimonio personal y luego posteriormente podría repetir (demandar) a su hermano para reclamar las cantidades de las que usted responde directamente.

 

Acepte la respuesta si esta conforme.

Cliente: escribió hace 5 año.

 

Ya que mi hermano creo una empresa aparte dedicandose a lo mismo (agencia de viajes) pero solo para su lucro, si le demandara a el dado que la empresa no ingresó tal dinero (la empresa que yo soy titular) si no que lo hizo el solamente.

 

Podría demandarle y así justificar que lo hizo el para su enriquecimiento?

 

En ese caso que pasaria con dicho juicio penal? pasaria a civil? o sería otro juicio?

 

Gracias

 

(ya se me ha cobrado el importe)

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Si le podría demandar reclamandoselo, para lo cual iniciaría un procedimiento al margen del penal, que al existir previamente uno penal quedaría en suspenso el civil... hasta que no se resuelva el procedimiento penal (con un probable archivo de la denuncia) no se podría finalizar el civil.

 

Ruego que acepte la respuesta para que pueda percibir mir honorarios dado que si usted no la acepta just answer no me los remitirá.

Un saludo,

Gómez NIx Abogados.

 

Cliente: escribió hace 5 año.

Me han cobrado ya 75 €... no me parece bien que en un lugar donde estén ofreciendo servicios de abogacia y legalidad, curiosamente incumplan la legalidad, dice mucho que desear y lo siento de las personas que trabajan en ella y de tal empresa.

 

Tomaré medidas.

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