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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
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Buenas tardes mi pregunta es la siguiente En agosto del 2009

Pregunta del cliente

Buenas tardes mi pregunta es la siguiente: En agosto del 2009 ante un juzgado de lo social se presenta acta de conciliación con la empresa donde trabajaba donde se me reconoce la improcedencia de despido y ofrece la cantidad de 11.960 euros en concepto de indemnización y 7.554 euros en concepto de salarios, la forma de pago acordada serían de 13 plazos de 1.500 euros mensuales.
Recibo dos mensualidades de 1.500 euros, a partir de ahí la empresa presenta auto de insolvencia provisional, mi abogado perteneciente a CCOO reclama a FOGASA y en mayo 2010 recibo trasferencia de FOGASA por importe de 9.474 euros, con lo que dejo de cobrar 7.040 euros.
La empresa donde trabajaba sigue con su actividad aunque su objeto social ha sido modificado, tiene propiedades a su nombre...
¿cómo puedo reclamar la parte que me falta por cobrar?
¿para que se dicte una resolución judicial declarando la insolvencia provisional se han comprobado si existen bienes o cuentas embargables?
¿puedo denunciar a la empresa una vez cobrado el importe de Fogasa por incumplimiento del acta de conciliaciön?
Por favor me urge una respuesta pues mi abogado me dice que el expediente está cerrado pero yo me niego a creer que no pueda cobrar lo que es mio y reconocido por la empresa mientras esta sigue su actividad como si nada.

Muchas gracias
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Hola:

 

Habla con tu abogado, que tendrá mas datos que yo, sobre la posibilidad de demostrar una "sucesión de empresas".

Cuando la misma gerencia, en la misma ubicación, más ó menos, y la misma actividad, cambia el CIF y poco más, generalmente para evadir pagos, como es tu caso, se puede tratar de demostrar el fraude de ley y conseguir que paguen las deudas de la previa.

Este supuesto es muy habitual en las empresas relacionadas con el ladrillo.

 

Consultaló con él.

 

Suerte¡¡¡



Editado por JoseMagadan el 13/01/2011 a las 22:27 EST
Cliente: escribió hace 5 año.

No hancambiado el cif ni la ubicación ni la gerencia y por cierto no me ha contestado a todas mis preguntas y para decirme que hable con mi abogado para que lo quiero a vd??

Cliente: escribió hace 5 año.
Volver a incluir en lista: Respuesta imprecisa..
devolverme mi dinero que por cierto no cumplen con lo que venden
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

 

1.-¿cómo puedo reclamar la parte que me falta por cobrar? 2.-¿para que se dicte una resolución judicial declarando la insolvencia provisional se han comprobado si existen bienes o cuentas embargables? 3.-¿puedo denunciar a la empresa una vez cobrado el importe de Fogasa por incumplimiento del acta de conciliaciön?

Voy a responderle a sus preguntas sucintamente, y si necesita alguna aclaración no dude en pedirmela:

 

1.- Mediante una demanda de ejecucion del acta de conciliación solicitando en la demanda que se efectue el pago de 7.040 euros dado que el resto ha sido percibido de FOGASA y empresa (recordar que al principio pago empresa dos mensualidades de 1.500 euros (3.000 euros), es importante especificar bien las partidas dado que de lo contrario se podría alegar por la empresa un enriquecimiento injusto por pluspetición (se pide más de lo que corresponde).....

 

El acto de conciliación se efectúa ante un funcionario, que invita a las partes a llegar a un acuerdo, en teoría concediendo las intervenciones, sugiriendo soluciones y manteniendo el orden. Se da por terminado el acto cuando el funcionario lo estime oportuno y en ese mismo instante se levanta un acta.

Eso es la teoría, pero en la práctica, lo más frecuente es que el funcionario se limite a constatar el acuerdo o desacuerdo de las partes, sin que se produzca realmente ninguna intervención activa por su parte para lograr la conciliación.

Si el acto termina con acuerdo (con aveniencia), el acta recoge los acuerdos alcanzados. Por lo que tanto el trabajador como el empresario deberán cumplir con lo acordado, debido a que el acta tiene fuerza ejecutiva, es decir, que se puede ejecutar como si fuese una sentencia.

 

Le adjunto un modelo de demanda ejecución:

 

AL JUZGADO DE LO SOCIAL N: ...

D........., mayor de edad, con D.N.I. n: .... y domicilio a efecto de notificaciones en CIUDAD, calle ... n: .., piso.., ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar la

EJECUCION DE ACTA DE CONCILIACIÓN

Contra la sociedad mercantil, con domicilio en CIUDAD, calle.... n: ... en base a los hechos y fundamentos de derecho que se exponen a continuación.

HECHOS

Primero.-

Con fecha DD de MM de AA se celebró ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación de ................. acto de conciliación en el que la sociedad mercantil demandada ............ reconociendo la improcedencia de mi despido, se obligó a abonarme la cantidad de ....... euros/ (............euros/), en concepto de indemnización, saldo y finiquito de la relación laboral que me vinculaba a dicha empresa.

Se acompaña como documento número 1 el Acta de Conciliación formalizada con resultado de avenencia de fecha DD de MM de AA (Expediente n: ............).

Segundo.-

Según se detalla en dicha acta de conciliación, la demandada se obligó a abonarme la cantidad señalada según el siguiente calendario de pago y de la forma que se detalla a continuación:

1.-

2.-

Tercero.-

El día Ddde MM de AA, fecha de vencimiento del primero de los pagos la sociedad demandada no lo ha hecho conforme se obligó en el acta de conciliación, lo que supone el incumplimiento por parte de .......................... de las condiciones recogidas en la referida Acta de Conciliación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 68 y 235.2 y concordantes del vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

A los efectos del art. 274 del Texto de Procedimiento Laboral, se solicita del Juzgado que se de traslado de la presente ejecución al Fondo de Garantía Salarial (calle ........ ................... n: ....... de ...............).

La cantidad por la que se solicita la ejecución, sin perjuicio de posterior liquidación, asciende a un total de:

En concepto de principal ..... ........... euros/

Por intereses y costas ..... ........... euros/

TOTAL ..... ........... euros/

A efectos de traba y embargo se solicita que, por parte del Juzgado de lo Social, se libre oficio a las Entidades Financieras que se señalan más adelante para que pongan de manifiesto las cuentas corrientes o depósitos de cualquier clase que pudieran existir a nombre de la ejecutada ...................., con la finalidad de proceder a su embargo para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que se está ejecutando:

........................................, con domicilio en .....................................

........................................, con domicilio en .....................................

Por lo anterior,

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, que teniendo por recibido el presente escrito con sus copias y por hechas las manifestaciones que en él se contienen, acuerde iniciar los trámites de ejecución en vía de apremio de Acta de Conciliación contra la Empresa ................... por la cuantía indicada de .............. euros, dándose traslado al FOGASA por el preceptivo plazo de 15 días y proveyendo con arreglo a derecho para que se proceda al embargo de las cuentas corrientes y depósitos de cualquier clase que pudieran existir a nombre de la ejecutada con el objeto de hacerse pago completo al ejecutante de la cantidad que se reclama.

OTROSÍ DIGO: Se libre oficio a las Entidades Financieras señaladas en el cuerpo del escrito, para que pongan de manifiesto las cuentas corrientes o depósitos de cualquier clase que pudieran existir a nombre de la ejecutada ...................., con la finalidad de proceder a su embargo y lograr la efectividad de la ejecución solicitada.

SUPLICO: Tenga por hecha la anterior manifestación, a los efectos legales oportunos.

Lo que por ser de justicia se solicita en LUGAR a DD de MM de AA.

Fdo:

 

2.- Lo regula la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

Al deudor solicitante incumbe (artículo 2.3º LC) justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, bien actual o inminente por no poder cumplir regular y puntualmente sus obligaciones y así lo prevea. Para ello la LC establece minuciosamente cuales son los documentos que deberá presentar el mismo en su artículo 6. La acreditación de dicha insolvencia se podrá completar o subsanar a tenor de lo previsto en el artículo 14.2 de la LC cuando el juez estime que es insuficiente la documentación aportada. El plazo máximo que previene la ley es de cinco días. Es decir, a él incumbe probar que se encuentra en dicho estado de insolvencia y respecto de él existe el deber de solicitar la declaración de concurso en los plazos que previene el artículo 5 de la LC , lo que ha llevado al legislador a otorgar a la resolución desestimatoria de la solicitud (auto) la posibilidad de impugnarlo sólo en reposición.

Por lo tanto el juzgado no es el que se encarga de investigar todo sino que ha de ser el solicitante el que lo acredite y si no le basta al juzgado solicitará más documentación....para acordar estado insolvencia. Pero podría suceder que hubiesen adquirido después auto bienes.....

3.- Sí yo no me quedaría con brazos cruzados y denunciaria.....le voy a facilitar una sentencia de sucesiones empresas en la que se condena empresa por fraude ley....

 

Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 1486/2008 de 30 octubre

AS\2009\129

SUCESION DE EMPRESAS: responsabilidad de la empresa cesionaria: despido realizado dos meses antes de la transmisión y declarado nulo con condena a readmisión obligatoria: imposibilidad de extender la responsabilidad a la cedente, por no poder readmitir en el mismo puesto de trabajo y en las mismas condiciones; responsabilidad solidaria en cuanto a las consecuencias económicas del despido.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 129/2006

Ponente: Ilmo. Sr. D. humberto guadalupe hernández

 

El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de los de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 31-07-2006, dictada en autos promovidos sobre despido, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentación jurídica.

 

En Las Palmas de Gran Canaria , a 30 de octubre de 2008

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Iltmos. Sres D./Dña. Humberto Guadalupe Hernández (Ponente) Presidente, D./Dña. Mª Jesús García Hernández y D./Dña. Ignacio Duce Sánchez De Moya Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Dª Lorenza , Lucía y Magdalena contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2006 dictada en los autos de juicio nº(NNN) NNN-NNNN2006 en proceso sobre DESPIDO , y entablado por D./Dña. Lorenza ; Dª Lucía y Dª Magdalena , contra Federación de Asociaciones de Mayores de Canarias, Cabildo Insular De Gran Canaria, OCEANIC ASISTANCE S.L.D., Instituto De Asistencia Sociosanitaria y Ayuntamiento De Ingenio .

El Ponente, el Iltmo./a Sr./a. D./Dña. Humberto Guadalupe Hernández , quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

1º) DOÑA Lorenza , mayor de edad, cuyas demás circunstancias constan, ha venido prestando servicios para FEMAC, como auxiliar de geriatrico, desde el 30/11/2004, y salario de 867,80 euros/mes con prorrateo de pagas extra.

2º) DOÑA Lucía , mayor de edad, cuyas demás circunstancias constan, ha venido prestando servicios para la codemandada FEMAC, como auxilar de geriatrico, desde el 2/12/2004, y salario 867,80 euros/mes con prorrateo de pagas extra.

3º) DOÑA Magdalena , mayor de edad, cuyas demás circunstancias constan, ha venido prestando servicios para FEMAC, como auxiliar de geriatrico, desde el 7/10/2005, y salario de 867,80 euros/mes con prorrateo de pagas extra.

4º) El día 14 de diciembre de 2005, FEMAC comunica a las actoras la extinción del contrato de trabajo, con efectos al 31 de diciembre de dicho año, por la finalización de la contrata de servicios con respecto a la Residencia de Mayores de Ingenio.

5º) El 12 de junio de 2003, IASS y Ayutamiento de Ingenio suscriben convenio por el que el Ayuntamiento se compromete a mantener concertadas simultáneamente con el IASS un mínimo de 14 plazas en la residencia de mayores. El día 9 de julio de 2004, los citados entes acuerdan fijar como momento de entrada en vigor del convenio anteriormente citado el día 31 de diciembre de 2005

6º) Por convenio 1 de marzo de 2006, El Ayuntamiento de Ingenio cede al IASS la gestion de la Residencia de Mayores de dicha villa, reservandose el Ayutamiento la nuda propiedad del inmueble.

7º) Debido a las dificultades temporales en orden a la tramitación de concurso para la adjudicación de la nueva contrata, se negoció que la FEMAC continuara con la prestación de los servicios en la citada residencia hasta que se adjudicara a nueva empresa la contrata, accediendo a ello la FEMAC no sin poner inconvenientes in terrogatorio de demandada.

8º) Prorrogada la contrata a la FEMAC, quedaron prorrogados los contratos de los trabajdores de la misma, exceptuados los de las actoras (no controvertido).

9º) Como resultado del concurso, la empresa OCEANIC ASSISTEANCE SL resulto adjudicataria de la contrata, llevandose a cabo con fecha 13 de febrero de 2006 la contratación administrativa, quedando subrogados todos los trabajadores de la FEMAC que prestaban servicios en la Residencia de Mayores.

10º) con fecha 10 de octubre de 2005, individualmente interpusieron demanda de conciliación previa sobre derechos y salarios ante el SEMAC, resultando imposible la avenencia en el acto de la conciliación previa celebrado al efecto el 3 de noviembre de 2005, lo que dio lugar a la interposición de las correspondientes demandadas judiciales (documentos 4 a 7 demandantes).

11º) Se intentó conciliación previas sin ser posible la avenencia de las partes. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que estimando la demanda promovida por DOÑA Lorenza , DOÑA Lucía y DOÑA Magdalena , contra FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE CANARIAS (FEMAC), debo declarar y declaro que la empresa demandada, al despedir al actor, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que tal despido debe ser considerado RADICALMENTE NULO, y debo ordenar y ordeno a la demandada el cese inmediato en su conducta anticonstitucional, condenándola a la inmediata readmisión del actora en su mismo puesto de trabajo, así como al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, siendo esta la de 26 de abril de 2006, y hasta la fecha de su readmisión, de acuerdo con la categoría y antigüedad y salario establecido en el hecho primero de la demanda.

Que estimando la falta de legitimación pasiva de las codemandadas INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA, AYUNTAMIENTO DE INGENIO , CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA y OCEANIC ASISTANCE SL, debo absolver y absuelvo a las citadas de los pedimentos en su contra.

SEGUNDO

Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación por las actoras, que fue impugnado por la entidad OCEANIC ASISTANCE, S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO

La sentencia de instancia estima la demanda de las actoras y declara como despido nulo, el cese de las mismas, acordado por la empresa demandada FEMAC, por haber estas formulado reclamaciones contra la empresa citada.

Contra la misma se alzan las demandantes, formulando el presente recurso, con base en un motivo único de censura jurídica.

Así, con amparo en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) alega infracción del artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ; 44.3 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , 59 del III Convenio Colectivo Estatal de Residencia de Mayores ( RCL 2003, 1961) y Directiva 2001/23 de la Comunidad Europea ( LCEur 2001, 1026) , al entender que debía condenarse solidariamente a la empresa OCEANIC ASISTANCE, S.L.

Inalterado el relato fáctico del que resulta que:

a) Prorrogada la contrata a FEMAC esta prorrogó las contratas de todos sus trabajadores, salvo los de las actoras y,

b) Que el 13.2.2006 se produjo una sucesión en la contrata por parte de O.A.S.L. que subrogó a todos los trabajadores de FEMAC que entonces prestaban servicios.

La cuestión a debatir es si por aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores , declarados nulos los despidos debe operar la sucesión y la empresa entrante debe ser condenada.

El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores establece el régimen jurídico aplicable en los supuesto de sucesión empresarial, estableciendo que se produce la misma y, por tanto, el cambio de titularidad, cuando concurren dos elementos:

a) Subjetivo, que consiste en la sustitución de un empresario por otro,

b) Objetivo que supone la entrega real de todos los factores esenciales de la empresa y capaces de asegurar la continuidad del conjunto de sus elementos, tanto el técnico como el organizativo o patrimonial, o, cuando menos, el traspaso de elementos patrimoniales susceptibles de constituir un soporte productivo dotado de autonomía funcional.

En relación con los responsables establece el artículo citado que cedente y cesionario responden solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la trasmisión y que no hubieren sido satisfechas.

La interpretación de esta regla de responsabilidad de ha hecho el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de 15.7.2003 ( RJ 2003, 6108) (Recurso nº 3442/2001 ), a propósito de obligaciones laborales anteriores a la sucesión; y así ha afirmado:

"... 1.- El recurrente denuncia como único motivo de casación la infracción por la sentencia recurrida de lo dispuesto en el art. 44.1 ET ( RCL 1995, 997) en la redacción vigente en el momento en que se produjeron los hechos en los que su pretensión se basa, por entender que aquel precepto no solo contiene una garantía de sucesión para los empleados existentes al tiempo de la sucesión sino también una previsión de responsabilidad solidaria de las dos empresas implicadas en la sucesión frente a los trabajadores a quienes la sucesión no alcanza respecto del pago de los salarios e indemnizaciones que pudiera adeudarles la empresa anterior antes de producirse la transmisión.

2.- Se trata, en definitiva, de interpretar el alcance del art. 44.1 ET en su redacción anterior a la introducida por la Ley 12/2001, de 9 de junio ( RCL 2001, 1674) , en el que después de disponer que "el cambio de la titularidad de la empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma de la misma, no extinguirá por sí mismo la actividad laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior", añadía tras un punto y seguido que "cuando el cambio tenga lugar por actos inter vivos, el cedente, y en su defecto el cesionario, está obligado a notificar dicho cambio a los representantes legales de los trabajadores de la empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente durante tres años de

las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas". Es este segundo apartado y no el primero el que es objeto de discusión, puesto que se parte de la base, como ya se ha dicho, de que estamos ante un supuesto de sucesión empresarial.

El indicado precepto en su conjunto puede ser interpretado de las dos maneras como lo ha sido por cada una de las dos resoluciones comparadas, pues admite pensar que contiene en exclusiva una garantía de estabilidad en el empleo y de responsabilidad respecto de los tres apartados cedidos - y así lo ha entendido la sentencia recurrida -, pero también permite sostener que contiene dos garantías, a saber, la de la estabilidad antes indicada, pero también la garantía añadida de una responsabilidad solidaria de los dos empresarios respecto de todas las deudas laborales del empresario cedente con respecto a sus trabajadores, tanto los cedidos como los no cedidos - criterio seguido por la sentencia de contraste -.

A favor del primer criterio juegan los siguientes factores: 1) Que todas las previsiones de sucesión y de responsabilidad se hallan contemplados en el mismo apartado del precepto, por lo que podría defenderse que juega como un todo y, por lo tanto, se aplicaría en su totalidad tan sólo a aquellos trabajadores a quienes va dirigida la garantía de subrogación que sólo son los que en el momento de la misma estuvieran en activo; 2) En ello abundaría específicamente el hecho de que la comunicación a los representantes de los trabajadores que el mismo precepto contempla sólo está prevista, igual que la subrogación, para los trabajadores cedidos; y 3) Que la normativa comunitaria vigente sobre el particular es muy clara en el sentido de que las garantías que en ella se recogen van dirigidas exclusivamente a garantizar la estabilidad en el empleo, como puede apreciarse en el art. 3 de las sucesivas Directivas promulgadas sobre el particular - Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14-2-1977 ( LCEur 1977, 67) , Directiva 98 / CE del Consejo, de 29- 6-1998 ( LCEur 1998, 2285) , y Directiva 2001/23 del Consejo, de 12 de marzo de 2001 ( LCEur 2001, 1026) -.

A favor del segundo criterio juegan los siguientes factores: 1) Que la literalidad de la apostilla final del art. 44.1 ET ( RCL 1995, 997) no contiene distinción alguna respecto de trabajadores anteriores o posteriores; 2) Que una interpretación que sólo refiera aquella garantía a los trabajadores cedidos hace inoperante el párrafo final del precepto, en una interpretación conjunta de la normativa general existente en materia de sucesores en nuestro derecho; 3) El hecho de que las Directivas Comunitarias no prevean esta responsabilidad al margen de la sucesión no impide interpretar que el legislador español la haya establecido por las siguientes razones:

a) Porque la norma española es anterior al ingreso de España en la Unión Europea y por lo tanto independiente de lo que en aquella normativa se dijera; b) Porque dicha circunstancia prueba que el art. 44 no constituye transposición de ninguna directiva y permite al intérprete liberarse de la obligación de interpretar el derecho nacional de conformidad con el derecho europeo; y c) Porque, en cualquier caso, las Directivas Comunitarias citadas no impiden sino que facultan expresamente a los Estados miembros "a adoptar disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables a los trabajadores", como expresamente se contiene en el art. 7 de cada una de las citadas, y por ello no sería contrario al derecho comunitario que el derecho español estableciera una garantía de responsabilidad añadida a la de la sucesión que dicha normativa recoge.

3.- En cualquier caso, lo que en estos autos se ha discutido no es si se ha producido la sustitución de una empresa por otra con todos los efectos derivados de la sucesión - pues se parte de la realidad de una venta judicial que produjo los efectos propios de una sucesión-, ni si el a pasar de la empresa anterior a la nueva después de extinguido su contrato de trabajo - pues se parte de la base de que la relación laboral entre demandante y empresa cedente se extinguió antes de la transmisión -.

Lo que aquí se discute, como antes se indicó, es si el art. 41.1 ET permite ser interpretado en el sentido de entender que de la transmisión de empresas se deriva, una responsabilidad solidaria de ambas con respecto a las deudas laborales preexistentes a la transmisión respecto de un trabajador no cedido. Se trata en definitiva de un problema relacionado con los efectos de una sucesión empresarial, no de si hubo o no sucesión.

4.- El precepto que ahora comentamos tuvo su antecedente en el art. 79 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 ( RCL 1944, 274) - La Ley de 21-11-31 ( RCL 1931, 1509) que le antecedió no contenía previsión subrogativa alguna - y, a pesar de que en él sólo se disponía que el contrato de trabajo no terminaría por cesión, traspaso o venta de la industria y que en tales casos quedaba "el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones del anterior", sin el añadido posterior de la responsabilidad solidaria que ahora comentamos, la doctrina jurisprudencial entendió que en esa previsión sobre subrogación quedaban incluidas también las deudas anteriores de la empresa con todos sus trabajadores, aún los no cedidos, cual puede apreciarse en sentencias del antiguo Tribunal Central de Trabajo de 22-5-1967 , 16-12-1967 o 16-11-1981 .

El Estatuto de los Trabajadores en el art. 44.1 ET recogió y mejoró la redacción de aquel precepto de la Ley al que añadió la coletilla final comprensiva del deber de informar a los representantes de los trabajadores y de la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario respecto durante tres años, que es el que ahora contemplamos; y la doctrina de esta Sala siguió entendiendo que la responsabilidad a que dicho precepto se refería incluía la del empresario anterior respecto de los trabajadores con los que ya había extinguido la relación como puede apreciarse en las SSTS de 30-6-1988 ( RJ 1988, 5496) y 22-11-1988 ( RJ 1988, 8858) , al aceptar ambas la responsabilidad solidaria de las dos empresas respecto de indemnizaciones por despidos producidos con anterioridad a la transmisión - al igual que ya lo había entendido así el antiguo Tribunal Central de Trabajo (por todas STCT 2-9-1986 ( RTCT 1986, 7267) ).

Siguiendo la evolución histórica de dicho precepto, la reforma introducida por la Ley 12/2001, de 9 de junio ( RCL 2001, 1674) , lo que ha hecho es extraer el principio de responsabilidad solidaria del apartado 1 del art. 44 para situarlo con carácter independiente en el apartado 3 de dicho precepto, y ha sacado igualmente de dicho apartado el deber de comunicación a los representantes de los trabajadores para situarlo en los apartados 6 y siguientes del mismo, tratando por primera vez con total independencia el principio de subrogación -apartado 1- la exigencia de responsabilidad solidaria, y el deber de notificación que antes figuraban en el mismo apartado. Con lo cual ha ayudado a despejar las dudas interpretativas que hasta ahora pudieran existir, a favor de la segunda de las tesis antes indicadas, puesto que ha hecho desaparecer las dos razones en las que podía fundarse una interpretación reduccionista de las previsiones de aquel precepto, según lo indicado al contemplar los dos posibles criterios de interpretación del precepto.

5.- El indicado criterio interpretativo no tiene su base exclusivamente en la evolución histórica en la redacción del precepto y en la interpretación hecha por la jurisprudencia, sino que viene avalada por otros criterios hermenéuticos como los siguientes: a) Desde una interpretación meramente literal del apartado en cuestión es perfectamente posible deducir que lo que el legislador quiso establecer fue no solo la garantía de la subrogación, sino también la garantía de la responsabilidad solidaria de ambos empresarios sobre deudas laborales del cedente sin distinguir entre anteriores y posteriores, puesto que en términos jurídicos subrogarse no es otra cosa que colocarse uno en el lugar del otro, tanto en la titularidad de los derechos que éste tuviera como en relación con sus obligaciones; b) Desde un criterio de interpretación lógico y sistemático se llega a la misma conclusión, puesto que el apartado final del precepto al referirse sólo a las transmisiones "inter vivos", lo que está haciendo es equiparar esta modalidad de sucesión a lo que ya está previsto en el Código Civil ( LEG 1889, 27) para la sucesión "mortis causa", pues la responsabilidad de los herederos en caso de transmisiones por causa de muerte ya está garantizada por las normas generales en materia de sucesión a salvo la aceptación de la herencia "a beneficio de inventario"- arts. 659 y sgs del Código Civil -, y si contiene aquella concreción es porque en nuestro Código Civil no existe esa misma previsión de responsabilidad por transmisiones derivadas de actos "inter vivos", como sin embargo sí que existe en el Código de Comercio alemán o en el Código Civil italiano, a los que el art. 44 ET ( RCL 1995, 997) se acomodaría en esta interpretación que defendemos; c) La responsabilidad solidaria de que aquí se trata no significa que el sucesor deba responder por unas deudas ajenas sin más, sino que responderá sin perjuicio de poder reclamarlas del verdadero deudor, constituyendo tal previsión de solidaridad una garantía de seguridad jurídica tanto a favor de los trabajadores frente a posibles transmisiones fraudulentas llevadas a cabo en su perjuicio y en ocasiones sin su consentimiento como a favor de los empresarios responsables si se tiene en cuenta que esta responsabilidad además de solidaria no es ilimitada en el tiempo, sino que sólo se mantiene viva durante tres años a contar de la transmisión, cual ha entendido no solo esta Sala - STS 30-6-1988 ( RJ 1988, 5497) - sino también la Sala 3ª de este mismo Tribunal - STS (3ª) 28-11-1997 ( RJ 1997, 8558) -.

Se trata de considerar en una interpretación finalista de esta previsión legal, que estamos ante una cláusula anti fraude que, por otra parte, ha sido aceptada tradicionalmente como tal no solo por la doctrina jurisprudencial antes citada, sino por la propia doctrina mercantilista, pues no cabe olvidar que una empresa tiene el precio que resulta de restar a los activos las deudas que pudiera tener, por lo que no es congruente con la lógica del mercado aceptar la compraventa de empresas sin el cómputo de las deudas preexistentes, en este caso las deudas laborales.

6.- A la vista de tales antecedentes y consecuentes, esta Sala considera que la interpretación que procede hacer del precepto cuestionado ha de ser la misma que ya fue tradicional en nuestro derecho histórico, o sea, la que entiende que el legislador español, yendo más allá del comunitario, ha establecido que, en caso de sucesión empresarial no solo se produce la subrogación de la nueva en los derechos y obligaciones del anterior respecto de los trabajadores cedidos, sino que ha mantenido la responsabilidad solidaria de ambas empresas respecto de las deudas laborales que la empresa cedente tuviera pendientes de abonar...".

Lo que viene, pues, a establecer el Tribunal Supremo es que el cesionario o sucesor ocupa situación jurídica del cedente y asume las obligaciones de aquél.

El supuesto de autos presenta la particularidad de que la obligación laboral impuesta consiste en la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación, y lo que hay que dilucidad es si puede condenarse a la codemandada cesionaria a la readmisión.

En la Sentencia citada del Tribunal Supremo, cuando la subrogación se produjo ya se habia producido la extinción, existía una conciliación y se estaba ejecutando la misma.

En este marco, el Tribunal Supremo, impone a la empresa sucesora el pago solidario de la indemnización y los salarios de tramitación, es decir, la responsabilidad de las obligaciones laborales del cedente.

En el caso de autos, el despido se produce dos meses antes de la sucesión, y esta viva cuando esta acaece el proceso por despido, hasta el punto de que la demanda se amplia contra la empresa cesionaria.

No cuestionada la sucesión estima la Sala que la condena a la readmisión solo debe alcanzar a quién puede hacer efectiva la readmisión en el punto de trabajo que es la empresa cesionaria, pues otra conclusión haría ineficaz a la condena a la readmisión, al no poder la cedente readmitir en el mismo puesto, y en las mismas condiciones al no tener ya la contrata.

Y se llega a esta conclusión aplicando extensivamente la tesis de la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada.

En efecto, si declara la nulidad con readmisión obligatoria y producido posteriormente una suc esión empresarial, la empresa entrante ha de subrogarse con los trabajadores cuyo despido ha sido declarado nulo, incluso en fase de ejecución a traves del mecanismo de sucesión procesal que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y que ya aplicaba la jurisdicción social con anterioridad; es obvio que si tal sucesión (como ocurre en el caso de autos) acaece viva la acción de despido, y la cesionaria es parte en el proceso, el juego del artículo 44 obliga a condenar a la nueva empresa, sucesora de la anterior; estimando la Sala que la condena ha de afectar en cuanto a la readmisión exclusivamente a la empresa entrante, manteniendo la condena solidaria respecto de las consecuencias económicas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Estimamos el recurso interpuesto por Dª Lorenza , Lucía y Magdalena , contra la sentencia de fecha 31.7.2006 , dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 8 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA que, revocamos en el sentido de condenar a la readmisión de las actoras exclusivamente a la empresa OCEANIC ASSISTEANCE S.L.; condenando solidariamente a las codemandadas al pago de los salarios de tramitación; manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia. Notifíquese este Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta Sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número 3537/000066 1615/07 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito BANESTO c/c(NNN) NNN-NNNN1615/07 , Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

.

Si esta conforme con mi asesoramiento puede aceptar respuesta.

Un saludo,

Rafael Gómez

ICAM

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En contestación a sus preguntas:

1.-¿cómo puedo reclamar la parte que me falta por cobrar? 2.-¿para que se dicte una resolución judicial declarando la insolvencia provisional se han comprobado si existen bienes o cuentas embargables? 3.-¿puedo denunciar a la empresa una vez cobrado el importe de Fogasa por incumplimiento del acta de conciliaciön?

Voy a responderle a sus preguntas sucintamente, y si necesita alguna aclaración no dude en pedirmela:

 

1.- Mediante una demanda de ejecucion del acta de conciliación solicitando en la demanda que se efectue el pago de 7.040 euros dado que el resto ha sido percibido de FOGASA y empresa (recordar que al principio pago empresa dos mensualidades de 1.500 euros (3.000 euros), es importante especificar bien las partidas dado que de lo contrario se podría alegar por la empresa un enriquecimiento injusto por pluspetición (se pide más de lo que corresponde).....

 

El acto de conciliación se efectúa ante un funcionario, que invita a las partes a llegar a un acuerdo, en teoría concediendo las intervenciones, sugiriendo soluciones y manteniendo el orden. Se da por terminado el acto cuando el funcionario lo estime oportuno y en ese mismo instante se levanta un acta.

Eso es la teoría, pero en la práctica, lo más frecuente es que el funcionario se limite a constatar el acuerdo o desacuerdo de las partes, sin que se produzca realmente ninguna intervención activa por su parte para lograr la conciliación.

Si el acto termina con acuerdo (con aveniencia), el acta recoge los acuerdos alcanzados. Por lo que tanto el trabajador como el empresario deberán cumplir con lo acordado, debido a que el acta tiene fuerza ejecutiva, es decir, que se puede ejecutar como si fuese una sentencia.

 

Le adjunto un modelo de demanda ejecución:

 

AL JUZGADO DE LO SOCIAL N: ...

D........., mayor de edad, con D.N.I. n: .... y domicilio a efecto de notificaciones en CIUDAD, calle ... n: .., piso.., ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar la

EJECUCION DE ACTA DE CONCILIACIÓN

Contra la sociedad mercantil, con domicilio en CIUDAD, calle.... n: ... en base a los hechos y fundamentos de derecho que se exponen a continuación.

HECHOS

Primero.-

Con fecha DD de MM de AA se celebró ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación de ................. acto de conciliación en el que la sociedad mercantil demandada ............ reconociendo la improcedencia de mi despido, se obligó a abonarme la cantidad de ....... euros/ (............euros/), en concepto de indemnización, saldo y finiquito de la relación laboral que me vinculaba a dicha empresa.

Se acompaña como documento número 1 el Acta de Conciliación formalizada con resultado de avenencia de fecha DD de MM de AA (Expediente n: ............).

Segundo.-

Según se detalla en dicha acta de conciliación, la demandada se obligó a abonarme la cantidad señalada según el siguiente calendario de pago y de la forma que se detalla a continuación:

1.-

2.-

Tercero.-

El día Ddde MM de AA, fecha de vencimiento del primero de los pagos la sociedad demandada no lo ha hecho conforme se obligó en el acta de conciliación, lo que supone el incumplimiento por parte de .......................... de las condiciones recogidas en la referida Acta de Conciliación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 68 y 235.2 y concordantes del vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

A los efectos del art. 274 del Texto de Procedimiento Laboral, se solicita del Juzgado que se de traslado de la presente ejecución al Fondo de Garantía Salarial (calle ........ ................... n: ....... de ...............).

La cantidad por la que se solicita la ejecución, sin perjuicio de posterior liquidación, asciende a un total de:

En concepto de principal ..... ........... euros/

Por intereses y costas ..... ........... euros/

TOTAL ..... ........... euros/

A efectos de traba y embargo se solicita que, por parte del Juzgado de lo Social, se libre oficio a las Entidades Financieras que se señalan más adelante para que pongan de manifiesto las cuentas corrientes o depósitos de cualquier clase que pudieran existir a nombre de la ejecutada ...................., con la finalidad de proceder a su embargo para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que se está ejecutando:

........................................, con domicilio en .....................................

........................................, con domicilio en .....................................

Por lo anterior,

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, que teniendo por recibido el presente escrito con sus copias y por hechas las manifestaciones que en él se contienen, acuerde iniciar los trámites de ejecución en vía de apremio de Acta de Conciliación contra la Empresa ................... por la cuantía indicada de .............. euros, dándose traslado al FOGASA por el preceptivo plazo de 15 días y proveyendo con arreglo a derecho para que se proceda al embargo de las cuentas corrientes y depósitos de cualquier clase que pudieran existir a nombre de la ejecutada con el objeto de hacerse pago completo al ejecutante de la cantidad que se reclama.

OTROSÍ DIGO: Se libre oficio a las Entidades Financieras señaladas en el cuerpo del escrito, para que pongan de manifiesto las cuentas corrientes o depósitos de cualquier clase que pudieran existir a nombre de la ejecutada ...................., con la finalidad de proceder a su embargo y lograr la efectividad de la ejecución solicitada.

SUPLICO: Tenga por hecha la anterior manifestación, a los efectos legales oportunos.

Lo que por ser de justicia se solicita en LUGAR a DD de MM de AA.

Fdo:

 

2.- Lo regula la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

Al deudor solicitante incumbe (artículo 2.3º LC) justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, bien actual o inminente por no poder cumplir regular y puntualmente sus obligaciones y así lo prevea. Para ello la LC establece minuciosamente cuales son los documentos que deberá presentar el mismo en su artículo 6. La acreditación de dicha insolvencia se podrá completar o subsanar a tenor de lo previsto en el artículo 14.2 de la LC cuando el juez estime que es insuficiente la documentación aportada. El plazo máximo que previene la ley es de cinco días. Es decir, a él incumbe probar que se encuentra en dicho estado de insolvencia y respecto de él existe el deber de solicitar la declaración de concurso en los plazos que previene el artículo 5 de la LC , lo que ha llevado al legislador a otorgar a la resolución desestimatoria de la solicitud (auto) la posibilidad de impugnarlo sólo en reposición.

Por lo tanto el juzgado no es el que se encarga de investigar todo sino que ha de ser el solicitante el que lo acredite y si no le basta al juzgado solicitará más documentación....para acordar estado insolvencia. Pero podría suceder que hubiesen adquirido después auto bienes.....

3.- Sí yo no me quedaría con brazos cruzados y denunciaria.....le voy a facilitar una sentencia de sucesiones empresas en la que se condena empresa por fraude ley....

 

Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 1486/2008 de 30 octubre

AS\2009\129

SUCESION DE EMPRESAS: responsabilidad de la empresa cesionaria: despido realizado dos meses antes de la transmisión y declarado nulo con condena a readmisión obligatoria: imposibilidad de extender la responsabilidad a la cedente, por no poder readmitir en el mismo puesto de trabajo y en las mismas condiciones; responsabilidad solidaria en cuanto a las consecuencias económicas del despido.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 129/2006

Ponente: Ilmo. Sr. D. humberto guadalupe hernández

 

El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de los de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 31-07-2006, dictada en autos promovidos sobre despido, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentación jurídica.

 

En Las Palmas de Gran Canaria , a 30 de octubre de 2008

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Iltmos. Sres D./Dña. Humberto Guadalupe Hernández (Ponente) Presidente, D./Dña. Mª Jesús García Hernández y D./Dña. Ignacio Duce Sánchez De Moya Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Dª Lorenza , Lucía y Magdalena contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2006 dictada en los autos de juicio nº(NNN) NNN-NNNN2006 en proceso sobre DESPIDO , y entablado por D./Dña. Lorenza ; Dª Lucía y Dª Magdalena , contra Federación de Asociaciones de Mayores de Canarias, Cabildo Insular De Gran Canaria, OCEANIC ASISTANCE S.L.D., Instituto De Asistencia Sociosanitaria y Ayuntamiento De Ingenio .

El Ponente, el Iltmo./a Sr./a. D./Dña. Humberto Guadalupe Hernández , quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

1º) DOÑA Lorenza , mayor de edad, cuyas demás circunstancias constan, ha venido prestando servicios para FEMAC, como auxiliar de geriatrico, desde el 30/11/2004, y salario de 867,80 euros/mes con prorrateo de pagas extra.

2º) DOÑA Lucía , mayor de edad, cuyas demás circunstancias constan, ha venido prestando servicios para la codemandada FEMAC, como auxilar de geriatrico, desde el 2/12/2004, y salario 867,80 euros/mes con prorrateo de pagas extra.

3º) DOÑA Magdalena , mayor de edad, cuyas demás circunstancias constan, ha venido prestando servicios para FEMAC, como auxiliar de geriatrico, desde el 7/10/2005, y salario de 867,80 euros/mes con prorrateo de pagas extra.

4º) El día 14 de diciembre de 2005, FEMAC comunica a las actoras la extinción del contrato de trabajo, con efectos al 31 de diciembre de dicho año, por la finalización de la contrata de servicios con respecto a la Residencia de Mayores de Ingenio.

5º) El 12 de junio de 2003, IASS y Ayutamiento de Ingenio suscriben convenio por el que el Ayuntamiento se compromete a mantener concertadas simultáneamente con el IASS un mínimo de 14 plazas en la residencia de mayores. El día 9 de julio de 2004, los citados entes acuerdan fijar como momento de entrada en vigor del convenio anteriormente citado el día 31 de diciembre de 2005

6º) Por convenio 1 de marzo de 2006, El Ayuntamiento de Ingenio cede al IASS la gestion de la Residencia de Mayores de dicha villa, reservandose el Ayutamiento la nuda propiedad del inmueble.

7º) Debido a las dificultades temporales en orden a la tramitación de concurso para la adjudicación de la nueva contrata, se negoció que la FEMAC continuara con la prestación de los servicios en la citada residencia hasta que se adjudicara a nueva empresa la contrata, accediendo a ello la FEMAC no sin poner inconvenientes in terrogatorio de demandada.

8º) Prorrogada la contrata a la FEMAC, quedaron prorrogados los contratos de los trabajdores de la misma, exceptuados los de las actoras (no controvertido).

9º) Como resultado del concurso, la empresa OCEANIC ASSISTEANCE SL resulto adjudicataria de la contrata, llevandose a cabo con fecha 13 de febrero de 2006 la contratación administrativa, quedando subrogados todos los trabajadores de la FEMAC que prestaban servicios en la Residencia de Mayores.

10º) con fecha 10 de octubre de 2005, individualmente interpusieron demanda de conciliación previa sobre derechos y salarios ante el SEMAC, resultando imposible la avenencia en el acto de la conciliación previa celebrado al efecto el 3 de noviembre de 2005, lo que dio lugar a la interposición de las correspondientes demandadas judiciales (documentos 4 a 7 demandantes).

11º) Se intentó conciliación previas sin ser posible la avenencia de las partes. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que estimando la demanda promovida por DOÑA Lorenza , DOÑA Lucía y DOÑA Magdalena , contra FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE CANARIAS (FEMAC), debo declarar y declaro que la empresa demandada, al despedir al actor, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que tal despido debe ser considerado RADICALMENTE NULO, y debo ordenar y ordeno a la demandada el cese inmediato en su conducta anticonstitucional, condenándola a la inmediata readmisión del actora en su mismo puesto de trabajo, así como al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, siendo esta la de 26 de abril de 2006, y hasta la fecha de su readmisión, de acuerdo con la categoría y antigüedad y salario establecido en el hecho primero de la demanda.

Que estimando la falta de legitimación pasiva de las codemandadas INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA, AYUNTAMIENTO DE INGENIO , CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA y OCEANIC ASISTANCE SL, debo absolver y absuelvo a las citadas de los pedimentos en su contra.

SEGUNDO

Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación por las actoras, que fue impugnado por la entidad OCEANIC ASISTANCE, S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO

La sentencia de instancia estima la demanda de las actoras y declara como despido nulo, el cese de las mismas, acordado por la empresa demandada FEMAC, por haber estas formulado reclamaciones contra la empresa citada.

Contra la misma se alzan las demandantes, formulando el presente recurso, con base en un motivo único de censura jurídica.

Así, con amparo en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) alega infracción del artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ; 44.3 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , 59 del III Convenio Colectivo Estatal de Residencia de Mayores ( RCL 2003, 1961) y Directiva 2001/23 de la Comunidad Europea ( LCEur 2001, 1026) , al entender que debía condenarse solidariamente a la empresa OCEANIC ASISTANCE, S.L.

Inalterado el relato fáctico del que resulta que:

a) Prorrogada la contrata a FEMAC esta prorrogó las contratas de todos sus trabajadores, salvo los de las actoras y,

b) Que el 13.2.2006 se produjo una sucesión en la contrata por parte de O.A.S.L. que subrogó a todos los trabajadores de FEMAC que entonces prestaban servicios.

La cuestión a debatir es si por aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores , declarados nulos los despidos debe operar la sucesión y la empresa entrante debe ser condenada.

El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores establece el régimen jurídico aplicable en los supuesto de sucesión empresarial, estableciendo que se produce la misma y, por tanto, el cambio de titularidad, cuando concurren dos elementos:

a) Subjetivo, que consiste en la sustitución de un empresario por otro,

b) Objetivo que supone la entrega real de todos los factores esenciales de la empresa y capaces de asegurar la continuidad del conjunto de sus elementos, tanto el técnico como el organizativo o patrimonial, o, cuando menos, el traspaso de elementos patrimoniales susceptibles de constituir un soporte productivo dotado de autonomía funcional.

En relación con los responsables establece el artículo citado que cedente y cesionario responden solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la trasmisión y que no hubieren sido satisfechas.

La interpretación de esta regla de responsabilidad de ha hecho el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de 15.7.2003 ( RJ 2003, 6108) (Recurso nº 3442/2001 ), a propósito de obligaciones laborales anteriores a la sucesión; y así ha afirmado:

"... 1.- El recurrente denuncia como único motivo de casación la infracción por la sentencia recurrida de lo dispuesto en el art. 44.1 ET ( RCL 1995, 997) en la redacción vigente en el momento en que se produjeron los hechos en los que su pretensión se basa, por entender que aquel precepto no solo contiene una garantía de sucesión para los empleados existentes al tiempo de la sucesión sino también una previsión de responsabilidad solidaria de las dos empresas implicadas en la sucesión frente a los trabajadores a quienes la sucesión no alcanza respecto del pago de los salarios e indemnizaciones que pudiera adeudarles la empresa anterior antes de producirse la transmisión.

2.- Se trata, en definitiva, de interpretar el alcance del art. 44.1 ET en su redacción anterior a la introducida por la Ley 12/2001, de 9 de junio ( RCL 2001, 1674) , en el que después de disponer que "el cambio de la titularidad de la empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma de la misma, no extinguirá por sí mismo la actividad laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior", añadía tras un punto y seguido que "cuando el cambio tenga lugar por actos inter vivos, el cedente, y en su defecto el cesionario, está obligado a notificar dicho cambio a los representantes legales de los trabajadores de la empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente durante tres años de

las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas". Es este segundo apartado y no el primero el que es objeto de discusión, puesto que se parte de la base, como ya se ha dicho, de que estamos ante un supuesto de sucesión empresarial.

El indicado precepto en su conjunto puede ser interpretado de las dos maneras como lo ha sido por cada una de las dos resoluciones comparadas, pues admite pensar que contiene en exclusiva una garantía de estabilidad en el empleo y de responsabilidad respecto de los tres apartados cedidos - y así lo ha entendido la sentencia recurrida -, pero también permite sostener que contiene dos garantías, a saber, la de la estabilidad antes indicada, pero también la garantía añadida de una responsabilidad solidaria de los dos empresarios respecto de todas las deudas laborales del empresario cedente con respecto a sus trabajadores, tanto los cedidos como los no cedidos - criterio seguido por la sentencia de contraste -.

A favor del primer criterio juegan los siguientes factores: 1) Que todas las previsiones de sucesión y de responsabilidad se hallan contemplados en el mismo apartado del precepto, por lo que podría defenderse que juega como un todo y, por lo tanto, se aplicaría en su totalidad tan sólo a aquellos trabajadores a quienes va dirigida la garantía de subrogación que sólo son los que en el momento de la misma estuvieran en activo; 2) En ello abundaría específicamente el hecho de que la comunicación a los representantes de los trabajadores que el mismo precepto contempla sólo está prevista, igual que la subrogación, para los trabajadores cedidos; y 3) Que la normativa comunitaria vigente sobre el particular es muy clara en el sentido de que las garantías que en ella se recogen van dirigidas exclusivamente a garantizar la estabilidad en el empleo, como puede apreciarse en el art. 3 de las sucesivas Directivas promulgadas sobre el particular - Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14-2-1977 ( LCEur 1977, 67) , Directiva 98 / CE del Consejo, de 29- 6-1998 ( LCEur 1998, 2285) , y Directiva 2001/23 del Consejo, de 12 de marzo de 2001 ( LCEur 2001, 1026) -.

A favor del segundo criterio juegan los siguientes factores: 1) Que la literalidad de la apostilla final del art. 44.1 ET ( RCL 1995, 997) no contiene distinción alguna respecto de trabajadores anteriores o posteriores; 2) Que una interpretación que sólo refiera aquella garantía a los trabajadores cedidos hace inoperante el párrafo final del precepto, en una interpretación conjunta de la normativa general existente en materia de sucesores en nuestro derecho; 3) El hecho de que las Directivas Comunitarias no prevean esta responsabilidad al margen de la sucesión no impide interpretar que el legislador español la haya establecido por las siguientes razones:

a) Porque la norma española es anterior al ingreso de España en la Unión Europea y por lo tanto independiente de lo que en aquella normativa se dijera; b) Porque dicha circunstancia prueba que el art. 44 no constituye transposición de ninguna directiva y permite al intérprete liberarse de la obligación de interpretar el derecho nacional de conformidad con el derecho europeo; y c) Porque, en cualquier caso, las Directivas Comunitarias citadas no impiden sino que facultan expresamente a los Estados miembros "a adoptar disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables a los trabajadores", como expresamente se contiene en el art. 7 de cada una de las citadas, y por ello no sería contrario al derecho comunitario que el derecho español estableciera una garantía de responsabilidad añadida a la de la sucesión que dicha normativa recoge.

3.- En cualquier caso, lo que en estos autos se ha discutido no es si se ha producido la sustitución de una empresa por otra con todos los efectos derivados de la sucesión - pues se parte de la realidad de una venta judicial que produjo los efectos propios de una sucesión-, ni si el a pasar de la empresa anterior a la nueva después de extinguido su contrato de trabajo - pues se parte de la base de que la relación laboral entre demandante y empresa cedente se extinguió antes de la transmisión -.

Lo que aquí se discute, como antes se indicó, es si el art. 41.1 ET permite ser interpretado en el sentido de entender que de la transmisión de empresas se deriva, una responsabilidad solidaria de ambas con respecto a las deudas laborales preexistentes a la transmisión respecto de un trabajador no cedido. Se trata en definitiva de un problema relacionado con los efectos de una sucesión empresarial, no de si hubo o no sucesión.

4.- El precepto que ahora comentamos tuvo su antecedente en el art. 79 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 ( RCL 1944, 274) - La Ley de 21-11-31 ( RCL 1931, 1509) que le antecedió no contenía previsión subrogativa alguna - y, a pesar de que en él sólo se disponía que el contrato de trabajo no terminaría por cesión, traspaso o venta de la industria y que en tales casos quedaba "el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones del anterior", sin el añadido posterior de la responsabilidad solidaria que ahora comentamos, la doctrina jurisprudencial entendió que en esa previsión sobre subrogación quedaban incluidas también las deudas anteriores de la empresa con todos sus trabajadores, aún los no cedidos, cual puede apreciarse en sentencias del antiguo Tribunal Central de Trabajo de 22-5-1967 , 16-12-1967 o 16-11-1981 .

El Estatuto de los Trabajadores en el art. 44.1 ET recogió y mejoró la redacción de aquel precepto de la Ley al que añadió la coletilla final comprensiva del deber de informar a los representantes de los trabajadores y de la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario respecto durante tres años, que es el que ahora contemplamos; y la doctrina de esta Sala siguió entendiendo que la responsabilidad a que dicho precepto se refería incluía la del empresario anterior respecto de los trabajadores con los que ya había extinguido la relación como puede apreciarse en las SSTS de 30-6-1988 ( RJ 1988, 5496) y 22-11-1988 ( RJ 1988, 8858) , al aceptar ambas la responsabilidad solidaria de las dos empresas respecto de indemnizaciones por despidos producidos con anterioridad a la transmisión - al igual que ya lo había entendido así el antiguo Tribunal Central de Trabajo (por todas STCT 2-9-1986 ( RTCT 1986, 7267) ).

Siguiendo la evolución histórica de dicho precepto, la reforma introducida por la Ley 12/2001, de 9 de junio ( RCL 2001, 1674) , lo que ha hecho es extraer el principio de responsabilidad solidaria del apartado 1 del art. 44 para situarlo con carácter independiente en el apartado 3 de dicho precepto, y ha sacado igualmente de dicho apartado el deber de comunicación a los representantes de los trabajadores para situarlo en los apartados 6 y siguientes del mismo, tratando por primera vez con total independencia el principio de subrogación -apartado 1- la exigencia de responsabilidad solidaria, y el deber de notificación que antes figuraban en el mismo apartado. Con lo cual ha ayudado a despejar las dudas interpretativas que hasta ahora pudieran existir, a favor de la segunda de las tesis antes indicadas, puesto que ha hecho desaparecer las dos razones en las que podía fundarse una interpretación reduccionista de las previsiones de aquel precepto, según lo indicado al contemplar los dos posibles criterios de interpretación del precepto.

5.- El indicado criterio interpretativo no tiene su base exclusivamente en la evolución histórica en la redacción del precepto y en la interpretación hecha por la jurisprudencia, sino que viene avalada por otros criterios hermenéuticos como los siguientes: a) Desde una interpretación meramente literal del apartado en cuestión es perfectamente posible deducir que lo que el legislador quiso establecer fue no solo la garantía de la subrogación, sino también la garantía de la responsabilidad solidaria de ambos empresarios sobre deudas laborales del cedente sin distinguir entre anteriores y posteriores, puesto que en términos jurídicos subrogarse no es otra cosa que colocarse uno en el lugar del otro, tanto en la titularidad de los derechos que éste tuviera como en relación con sus obligaciones; b) Desde un criterio de interpretación lógico y sistemático se llega a la misma conclusión, puesto que el apartado final del precepto al referirse sólo a las transmisiones "inter vivos", lo que está haciendo es equiparar esta modalidad de sucesión a lo que ya está previsto en el Código Civil ( LEG 1889, 27) para la sucesión "mortis causa", pues la responsabilidad de los herederos en caso de transmisiones por causa de muerte ya está garantizada por las normas generales en materia de sucesión a salvo la aceptación de la herencia "a beneficio de inventario"- arts. 659 y sgs del Código Civil -, y si contiene aquella concreción es porque en nuestro Código Civil no existe esa misma previsión de responsabilidad por transmisiones derivadas de actos "inter vivos", como sin embargo sí que existe en el Código de Comercio alemán o en el Código Civil italiano, a los que el art. 44 ET ( RCL 1995, 997) se acomodaría en esta interpretación que defendemos; c) La responsabilidad solidaria de que aquí se trata no significa que el sucesor deba responder por unas deudas ajenas sin más, sino que responderá sin perjuicio de poder reclamarlas del verdadero deudor, constituyendo tal previsión de solidaridad una garantía de seguridad jurídica tanto a favor de los trabajadores frente a posibles transmisiones fraudulentas llevadas a cabo en su perjuicio y en ocasiones sin su consentimiento como a favor de los empresarios responsables si se tiene en cuenta que esta responsabilidad además de solidaria no es ilimitada en el tiempo, sino que sólo se mantiene viva durante tres años a contar de la transmisión, cual ha entendido no solo esta Sala - STS 30-6-1988 ( RJ 1988, 5497) - sino también la Sala 3ª de este mismo Tribunal - STS (3ª) 28-11-1997 ( RJ 1997, 8558) -.

Se trata de considerar en una interpretación finalista de esta previsión legal, que estamos ante una cláusula anti fraude que, por otra parte, ha sido aceptada tradicionalmente como tal no solo por la doctrina jurisprudencial antes citada, sino por la propia doctrina mercantilista, pues no cabe olvidar que una empresa tiene el precio que resulta de restar a los activos las deudas que pudiera tener, por lo que no es congruente con la lógica del mercado aceptar la compraventa de empresas sin el cómputo de las deudas preexistentes, en este caso las deudas laborales.

6.- A la vista de tales antecedentes y consecuentes, esta Sala considera que la interpretación que procede hacer del precepto cuestionado ha de ser la misma que ya fue tradicional en nuestro derecho histórico, o sea, la que entiende que el legislador español, yendo más allá del comunitario, ha establecido que, en caso de sucesión empresarial no solo se produce la subrogación de la nueva en los derechos y obligaciones del anterior respecto de los trabajadores cedidos, sino que ha mantenido la responsabilidad solidaria de ambas empresas respecto de las deudas laborales que la empresa cedente tuviera pendientes de abonar...".

Lo que viene, pues, a establecer el Tribunal Supremo es que el cesionario o sucesor ocupa situación jurídica del cedente y asume las obligaciones de aquél.

El supuesto de autos presenta la particularidad de que la obligación laboral impuesta consiste en la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación, y lo que hay que dilucidad es si puede condenarse a la codemandada cesionaria a la readmisión.

En la Sentencia citada del Tribunal Supremo, cuando la subrogación se produjo ya se habia producido la extinción, existía una conciliación y se estaba ejecutando la misma.

En este marco, el Tribunal Supremo, impone a la empresa sucesora el pago solidario de la indemnización y los salarios de tramitación, es decir, la responsabilidad de las obligaciones laborales del cedente.

En el caso de autos, el despido se produce dos meses antes de la sucesión, y esta viva cuando esta acaece el proceso por despido, hasta el punto de que la demanda se amplia contra la empresa cesionaria.

No cuestionada la sucesión estima la Sala que la condena a la readmisión solo debe alcanzar a quién puede hacer efectiva la readmisión en el punto de trabajo que es la empresa cesionaria, pues otra conclusión haría ineficaz a la condena a la readmisión, al no poder la cedente readmitir en el mismo puesto, y en las mismas condiciones al no tener ya la contrata.

Y se llega a esta conclusión aplicando extensivamente la tesis de la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada.

En efecto, si declara la nulidad con readmisión obligatoria y producido posteriormente una suc esión empresarial, la empresa entrante ha de subrogarse con los trabajadores cuyo despido ha sido declarado nulo, incluso en fase de ejecución a traves del mecanismo de sucesión procesal que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y que ya aplicaba la jurisdicción social con anterioridad; es obvio que si tal sucesión (como ocurre en el caso de autos) acaece viva la acción de despido, y la cesionaria es parte en el proceso, el juego del artículo 44 obliga a condenar a la nueva empresa, sucesora de la anterior; estimando la Sala que la condena ha de afectar en cuanto a la readmisión exclusivamente a la empresa entrante, manteniendo la condena solidaria respecto de las consecuencias económicas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Estimamos el recurso interpuesto por Dª Lorenza , Lucía y Magdalena , contra la sentencia de fecha 31.7.2006 , dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 8 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA que, revocamos en el sentido de condenar a la readmisión de las actoras exclusivamente a la empresa OCEANIC ASSISTEANCE S.L.; condenando solidariamente a las codemandadas al pago de los salarios de tramitación; manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia. Notifíquese este Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta Sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número 3537/000066 1615/07 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito BANESTO c/c(NNN) NNN-NNNN1615/07 , Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

.

Si esta conforme con mi asesoramiento puede aceptar respuesta.

Un saludo,

Rafael Gómez

ICAM

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En contestación a sus preguntas:

1.-¿cómo puedo reclamar la parte que me falta por cobrar? 2.-¿para que se dicte una resolución judicial declarando la insolvencia provisional se han comprobado si existen bienes o cuentas embargables? 3.-¿puedo denunciar a la empresa una vez cobrado el importe de Fogasa por incumplimiento del acta de conciliaciön?

Voy a responderle a sus preguntas sucintamente, y si necesita alguna aclaración no dude en pedirmela:

 

1.- Mediante una demanda de ejecucion del acta de conciliación solicitando en la demanda que se efectue el pago de 7.040 euros dado que el resto ha sido percibido de FOGASA y empresa (recordar que al principio pago empresa dos mensualidades de 1.500 euros (3.000 euros), es importante especificar bien las partidas dado que de lo contrario se podría alegar por la empresa un enriquecimiento injusto por pluspetición (se pide más de lo que corresponde).....

 

El acto de conciliación se efectúa ante un funcionario, que invita a las partes a llegar a un acuerdo, en teoría concediendo las intervenciones, sugiriendo soluciones y manteniendo el orden. Se da por terminado el acto cuando el funcionario lo estime oportuno y en ese mismo instante se levanta un acta.

Eso es la teoría, pero en la práctica, lo más frecuente es que el funcionario se limite a constatar el acuerdo o desacuerdo de las partes, sin que se produzca realmente ninguna intervención activa por su parte para lograr la conciliación.

Si el acto termina con acuerdo (con aveniencia), el acta recoge los acuerdos alcanzados. Por lo que tanto el trabajador como el empresario deberán cumplir con lo acordado, debido a que el acta tiene fuerza ejecutiva, es decir, que se puede ejecutar como si fuese una sentencia.

 

Le adjunto un modelo de demanda ejecución:

 

AL JUZGADO DE LO SOCIAL N: ...

D........., mayor de edad, con D.N.I. n: .... y domicilio a efecto de notificaciones en CIUDAD, calle ... n: .., piso.., ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar la

EJECUCION DE ACTA DE CONCILIACIÓN

Contra la sociedad mercantil, con domicilio en CIUDAD, calle.... n: ... en base a los hechos y fundamentos de derecho que se exponen a continuación.

HECHOS

Primero.-

Con fecha DD de MM de AA se celebró ante los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación de ................. acto de conciliación en el que la sociedad mercantil demandada ............ reconociendo la improcedencia de mi despido, se obligó a abonarme la cantidad de ....... euros/ (............euros/), en concepto de indemnización, saldo y finiquito de la relación laboral que me vinculaba a dicha empresa.

Se acompaña como documento número 1 el Acta de Conciliación formalizada con resultado de avenencia de fecha DD de MM de AA (Expediente n: ............).

Segundo.-

Según se detalla en dicha acta de conciliación, la demandada se obligó a abonarme la cantidad señalada según el siguiente calendario de pago y de la forma que se detalla a continuación:

1.-

2.-

Tercero.-

El día Ddde MM de AA, fecha de vencimiento del primero de los pagos la sociedad demandada no lo ha hecho conforme se obligó en el acta de conciliación, lo que supone el incumplimiento por parte de .......................... de las condiciones recogidas en la referida Acta de Conciliación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 68 y 235.2 y concordantes del vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

A los efectos del art. 274 del Texto de Procedimiento Laboral, se solicita del Juzgado que se de traslado de la presente ejecución al Fondo de Garantía Salarial (calle ........ ................... n: ....... de ...............).

La cantidad por la que se solicita la ejecución, sin perjuicio de posterior liquidación, asciende a un total de:

En concepto de principal ..... ........... euros/

Por intereses y costas ..... ........... euros/

TOTAL ..... ........... euros/

A efectos de traba y embargo se solicita que, por parte del Juzgado de lo Social, se libre oficio a las Entidades Financieras que se señalan más adelante para que pongan de manifiesto las cuentas corrientes o depósitos de cualquier clase que pudieran existir a nombre de la ejecutada ...................., con la finalidad de proceder a su embargo para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que se está ejecutando:

........................................, con domicilio en .....................................

........................................, con domicilio en .....................................

Por lo anterior,

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, que teniendo por recibido el presente escrito con sus copias y por hechas las manifestaciones que en él se contienen, acuerde iniciar los trámites de ejecución en vía de apremio de Acta de Conciliación contra la Empresa ................... por la cuantía indicada de .............. euros, dándose traslado al FOGASA por el preceptivo plazo de 15 días y proveyendo con arreglo a derecho para que se proceda al embargo de las cuentas corrientes y depósitos de cualquier clase que pudieran existir a nombre de la ejecutada con el objeto de hacerse pago completo al ejecutante de la cantidad que se reclama.

OTROSÍ DIGO: Se libre oficio a las Entidades Financieras señaladas en el cuerpo del escrito, para que pongan de manifiesto las cuentas corrientes o depósitos de cualquier clase que pudieran existir a nombre de la ejecutada ...................., con la finalidad de proceder a su embargo y lograr la efectividad de la ejecución solicitada.

SUPLICO: Tenga por hecha la anterior manifestación, a los efectos legales oportunos.

Lo que por ser de justicia se solicita en LUGAR a DD de MM de AA.

Fdo:

 

2.- Lo regula la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

Al deudor solicitante incumbe (artículo 2.3º LC) justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, bien actual o inminente por no poder cumplir regular y puntualmente sus obligaciones y así lo prevea. Para ello la LC establece minuciosamente cuales son los documentos que deberá presentar el mismo en su artículo 6. La acreditación de dicha insolvencia se podrá completar o subsanar a tenor de lo previsto en el artículo 14.2 de la LC cuando el juez estime que es insuficiente la documentación aportada. El plazo máximo que previene la ley es de cinco días. Es decir, a él incumbe probar que se encuentra en dicho estado de insolvencia y respecto de él existe el deber de solicitar la declaración de concurso en los plazos que previene el artículo 5 de la LC , lo que ha llevado al legislador a otorgar a la resolución desestimatoria de la solicitud (auto) la posibilidad de impugnarlo sólo en reposición.

Por lo tanto el juzgado no es el que se encarga de investigar todo sino que ha de ser el solicitante el que lo acredite y si no le basta al juzgado solicitará más documentación....para acordar estado insolvencia. Pero podría suceder que hubiesen adquirido después auto bienes.....

3.- Sí yo no me quedaría con brazos cruzados y denunciaria.....le voy a facilitar una sentencia de sucesiones empresas en la que se condena empresa por fraude ley....

 

Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 1486/2008 de 30 octubre

AS\2009\129

SUCESION DE EMPRESAS: responsabilidad de la empresa cesionaria: despido realizado dos meses antes de la transmisión y declarado nulo con condena a readmisión obligatoria: imposibilidad de extender la responsabilidad a la cedente, por no poder readmitir en el mismo puesto de trabajo y en las mismas condiciones; responsabilidad solidaria en cuanto a las consecuencias económicas del despido.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 129/2006

Ponente: Ilmo. Sr. D. humberto guadalupe hernández

 

El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de los de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 31-07-2006, dictada en autos promovidos sobre despido, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentación jurídica.

 

En Las Palmas de Gran Canaria , a 30 de octubre de 2008

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Iltmos. Sres D./Dña. Humberto Guadalupe Hernández (Ponente) Presidente, D./Dña. Mª Jesús García Hernández y D./Dña. Ignacio Duce Sánchez De Moya Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Dª Lorenza , Lucía y Magdalena contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2006 dictada en los autos de juicio nº 0000129/2006 en proceso sobre DESPIDO , y entablado por D./Dña. Lorenza ; Dª Lucía y Dª Magdalena , contra Federación de Asociaciones de Mayores de Canarias, Cabildo Insular De Gran Canaria, OCEANIC ASISTANCE S.L.D., Instituto De Asistencia Sociosanitaria y Ayuntamiento De Ingenio .

El Ponente, el Iltmo./a Sr./a. D./Dña. Humberto Guadalupe Hernández , quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

1º) DOÑA Lorenza , mayor de edad, cuyas demás circunstancias constan, ha venido prestando servicios para FEMAC, como auxiliar de geriatrico, desde el 30/11/2004, y salario de 867,80 euros/mes con prorrateo de pagas extra.

2º) DOÑA Lucía , mayor de edad, cuyas demás circunstancias constan, ha venido prestando servicios para la codemandada FEMAC, como auxilar de geriatrico, desde el 2/12/2004, y salario 867,80 euros/mes con prorrateo de pagas extra.

3º) DOÑA Magdalena , mayor de edad, cuyas demás circunstancias constan, ha venido prestando servicios para FEMAC, como auxiliar de geriatrico, desde el 7/10/2005, y salario de 867,80 euros/mes con prorrateo de pagas extra.

4º) El día 14 de diciembre de 2005, FEMAC comunica a las actoras la extinción del contrato de trabajo, con efectos al 31 de diciembre de dicho año, por la finalización de la contrata de servicios con respecto a la Residencia de Mayores de Ingenio.

5º) El 12 de junio de 2003, IASS y Ayutamiento de Ingenio suscriben convenio por el que el Ayuntamiento se compromete a mantener concertadas simultáneamente con el IASS un mínimo de 14 plazas en la residencia de mayores. El día 9 de julio de 2004, los citados entes acuerdan fijar como momento de entrada en vigor del convenio anteriormente citado el día 31 de diciembre de 2005

6º) Por convenio 1 de marzo de 2006, El Ayuntamiento de Ingenio cede al IASS la gestion de la Residencia de Mayores de dicha villa, reservandose el Ayutamiento la nuda propiedad del inmueble.

7º) Debido a las dificultades temporales en orden a la tramitación de concurso para la adjudicación de la nueva contrata, se negoció que la FEMAC continuara con la prestación de los servicios en la citada residencia hasta que se adjudicara a nueva empresa la contrata, accediendo a ello la FEMAC no sin poner inconvenientes in terrogatorio de demandada.

8º) Prorrogada la contrata a la FEMAC, quedaron prorrogados los contratos de los trabajdores de la misma, exceptuados los de las actoras (no controvertido).

9º) Como resultado del concurso, la empresa OCEANIC ASSISTEANCE SL resulto adjudicataria de la contrata, llevandose a cabo con fecha 13 de febrero de 2006 la contratación administrativa, quedando subrogados todos los trabajadores de la FEMAC que prestaban servicios en la Residencia de Mayores.

10º) con fecha 10 de octubre de 2005, individualmente interpusieron demanda de conciliación previa sobre derechos y salarios ante el SEMAC, resultando imposible la avenencia en el acto de la conciliación previa celebrado al efecto el 3 de noviembre de 2005, lo que dio lugar a la interposición de las correspondientes demandadas judiciales (documentos 4 a 7 demandantes).

11º) Se intentó conciliación previas sin ser posible la avenencia de las partes. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que estimando la demanda promovida por DOÑA Lorenza , DOÑA Lucía y DOÑA Magdalena , contra FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE CANARIAS (FEMAC), debo declarar y declaro que la empresa demandada, al despedir al actor, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que tal despido debe ser considerado RADICALMENTE NULO, y debo ordenar y ordeno a la demandada el cese inmediato en su conducta anticonstitucional, condenándola a la inmediata readmisión del actora en su mismo puesto de trabajo, así como al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, siendo esta la de 26 de abril de 2006, y hasta la fecha de su readmisión, de acuerdo con la categoría y antigüedad y salario establecido en el hecho primero de la demanda.

Que estimando la falta de legitimación pasiva de las codemandadas INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA, AYUNTAMIENTO DE INGENIO , CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA y OCEANIC ASISTANCE SL, debo absolver y absuelvo a las citadas de los pedimentos en su contra.

SEGUNDO

Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación por las actoras, que fue impugnado por la entidad OCEANIC ASISTANCE, S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO

La sentencia de instancia estima la demanda de las actoras y declara como despido nulo, el cese de las mismas, acordado por la empresa demandada FEMAC, por haber estas formulado reclamaciones contra la empresa citada.

Contra la misma se alzan las demandantes, formulando el presente recurso, con base en un motivo único de censura jurídica.

Así, con amparo en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) alega infracción del artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ; 44.3 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , 59 del III Convenio Colectivo Estatal de Residencia de Mayores ( RCL 2003, 1961) y Directiva 2001/23 de la Comunidad Europea ( LCEur 2001, 1026) , al entender que debía condenarse solidariamente a la empresa OCEANIC ASISTANCE, S.L.

Inalterado el relato fáctico del que resulta que:

a) Prorrogada la contrata a FEMAC esta prorrogó las contratas de todos sus trabajadores, salvo los de las actoras y,

b) Que el 13.2.2006 se produjo una sucesión en la contrata por parte de O.A.S.L. que subrogó a todos los trabajadores de FEMAC que entonces prestaban servicios.

La cuestión a debatir es si por aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores , declarados nulos los despidos debe operar la sucesión y la empresa entrante debe ser condenada.

El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores establece el régimen jurídico aplicable en los supuesto de sucesión empresarial, estableciendo que se produce la misma y, por tanto, el cambio de titularidad, cuando concurren dos elementos:

a) Subjetivo, que consiste en la sustitución de un empresario por otro,

b) Objetivo que supone la entrega real de todos los factores esenciales de la empresa y capaces de asegurar la continuidad del conjunto de sus elementos, tanto el técnico como el organizativo o patrimonial, o, cuando menos, el traspaso de elementos patrimoniales susceptibles de constituir un soporte productivo dotado de autonomía funcional.

En relación con los responsables establece el artículo citado que cedente y cesionario responden solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la trasmisión y que no hubieren sido satisfechas.

La interpretación de esta regla de responsabilidad de ha hecho el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de 15.7.2003 ( RJ 2003, 6108) (Recurso nº 3442/2001 ), a propósito de obligaciones laborales anteriores a la sucesión; y así ha afirmado:

"... 1.- El recurrente denuncia como único motivo de casación la infracción por la sentencia recurrida de lo dispuesto en el art. 44.1 ET ( RCL 1995, 997) en la redacción vigente en el momento en que se produjeron los hechos en los que su pretensión se basa, por entender que aquel precepto no solo contiene una garantía de sucesión para los empleados existentes al tiempo de la sucesión sino también una previsión de responsabilidad solidaria de las dos empresas implicadas en la sucesión frente a los trabajadores a quienes la sucesión no alcanza respecto del pago de los salarios e indemnizaciones que pudiera adeudarles la empresa anterior antes de producirse la transmisión.

2.- Se trata, en definitiva, de interpretar el alcance del art. 44.1 ET en su redacción anterior a la introducida por la Ley 12/2001, de 9 de junio ( RCL 2001, 1674) , en el que después de disponer que "el cambio de la titularidad de la empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma de la misma, no extinguirá por sí mismo la actividad laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior", añadía tras un punto y seguido que "cuando el cambio tenga lugar por actos inter vivos, el cedente, y en su defecto el cesionario, está obligado a notificar dicho cambio a los representantes legales de los trabajadores de la empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente durante tres años de

las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas". Es este segundo apartado y no el primero el que es objeto de discusión, puesto que se parte de la base, como ya se ha dicho, de que estamos ante un supuesto de sucesión empresarial.

El indicado precepto en su conjunto puede ser interpretado de las dos maneras como lo ha sido por cada una de las dos resoluciones comparadas, pues admite pensar que contiene en exclusiva una garantía de estabilidad en el empleo y de responsabilidad respecto de los tres apartados cedidos - y así lo ha entendido la sentencia recurrida -, pero también permite sostener que contiene dos garantías, a saber, la de la estabilidad antes indicada, pero también la garantía añadida de una responsabilidad solidaria de los dos empresarios respecto de todas las deudas laborales del empresario cedente con respecto a sus trabajadores, tanto los cedidos como los no cedidos - criterio seguido por la sentencia de contraste -.

A favor del primer criterio juegan los siguientes factores: 1) Que todas las previsiones de sucesión y de responsabilidad se hallan contemplados en el mismo apartado del precepto, por lo que podría defenderse que juega como un todo y, por lo tanto, se aplicaría en su totalidad tan sólo a aquellos trabajadores a quienes va dirigida la garantía de subrogación que sólo son los que en el momento de la misma estuvieran en activo; 2) En ello abundaría específicamente el hecho de que la comunicación a los representantes de los trabajadores que el mismo precepto contempla sólo está prevista, igual que la subrogación, para los trabajadores cedidos; y 3) Que la normativa comunitaria vigente sobre el particular es muy clara en el sentido de que las garantías que en ella se recogen van dirigidas exclusivamente a garantizar la estabilidad en el empleo, como puede apreciarse en el art. 3 de las sucesivas Directivas promulgadas sobre el particular - Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14-2-1977 ( LCEur 1977, 67) , Directiva 98 / CE del Consejo, de 29- 6-1998 ( LCEur 1998, 2285) , y Directiva 2001/23 del Consejo, de 12 de marzo de 2001 ( LCEur 2001, 1026) -.

A favor del segundo criterio juegan los siguientes factores: 1) Que la literalidad de la apostilla final del art. 44.1 ET ( RCL 1995, 997) no contiene distinción alguna respecto de trabajadores anteriores o posteriores; 2) Que una interpretación que sólo refiera aquella garantía a los trabajadores cedidos hace inoperante el párrafo final del precepto, en una interpretación conjunta de la normativa general existente en materia de sucesores en nuestro derecho; 3) El hecho de que las Directivas Comunitarias no prevean esta responsabilidad al margen de la sucesión no impide interpretar que el legislador español la haya establecido por las siguientes razones:

a) Porque la norma española es anterior al ingreso de España en la Unión Europea y por lo tanto independiente de lo que en aquella normativa se dijera; b) Porque dicha circunstancia prueba que el art. 44 no constituye transposición de ninguna directiva y permite al intérprete liberarse de la obligación de interpretar el derecho nacional de conformidad con el derecho europeo; y c) Porque, en cualquier caso, las Directivas Comunitarias citadas no impiden sino que facultan expresamente a los Estados miembros "a adoptar disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables a los trabajadores", como expresamente se contiene en el art. 7 de cada una de las citadas, y por ello no sería contrario al derecho comunitario que el derecho español estableciera una garantía de responsabilidad añadida a la de la sucesión que dicha normativa recoge.

3.- En cualquier caso, lo que en estos autos se ha discutido no es si se ha producido la sustitución de una empresa por otra con todos los efectos derivados de la sucesión - pues se parte de la realidad de una venta judicial que produjo los efectos propios de una sucesión-, ni si el a pasar de la empresa anterior a la nueva después de extinguido su contrato de trabajo - pues se parte de la base de que la relación laboral entre demandante y empresa cedente se extinguió antes de la transmisión -.

Lo que aquí se discute, como antes se indicó, es si el art. 41.1 ET permite ser interpretado en el sentido de entender que de la transmisión de empresas se deriva, una responsabilidad solidaria de ambas con respecto a las deudas laborales preexistentes a la transmisión respecto de un trabajador no cedido. Se trata en definitiva de un problema relacionado con los efectos de una sucesión empresarial, no de si hubo o no sucesión.

4.- El precepto que ahora comentamos tuvo su antecedente en el art. 79 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 ( RCL 1944, 274) - La Ley de 21-11-31 ( RCL 1931, 1509) que le antecedió no contenía previsión subrogativa alguna - y, a pesar de que en él sólo se disponía que el contrato de trabajo no terminaría por cesión, traspaso o venta de la industria y que en tales casos quedaba "el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones del anterior", sin el añadido posterior de la responsabilidad solidaria que ahora comentamos, la doctrina jurisprudencial entendió que en esa previsión sobre subrogación quedaban incluidas también las deudas anteriores de la empresa con todos sus trabajadores, aún los no cedidos, cual puede apreciarse en sentencias del antiguo Tribunal Central de Trabajo de 22-5-1967 , 16-12-1967 o 16-11-1981 .

El Estatuto de los Trabajadores en el art. 44.1 ET recogió y mejoró la redacción de aquel precepto de la Ley al que añadió la coletilla final comprensiva del deber de informar a los representantes de los trabajadores y de la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario respecto durante tres años, que es el que ahora contemplamos; y la doctrina de esta Sala siguió entendiendo que la responsabilidad a que dicho precepto se refería incluía la del empresario anterior respecto de los trabajadores con los que ya había extinguido la relación como puede apreciarse en las SSTS de 30-6-1988 ( RJ 1988, 5496) y 22-11-1988 ( RJ 1988, 8858) , al aceptar ambas la responsabilidad solidaria de las dos empresas respecto de indemnizaciones por despidos producidos con anterioridad a la transmisión - al igual que ya lo había entendido así el antiguo Tribunal Central de Trabajo (por todas STCT 2-9-1986 ( RTCT 1986, 7267) ).

Siguiendo la evolución histórica de dicho precepto, la reforma introducida por la Ley 12/2001, de 9 de junio ( RCL 2001, 1674) , lo que ha hecho es extraer el principio de responsabilidad solidaria del apartado 1 del art. 44 para situarlo con carácter independiente en el apartado 3 de dicho precepto, y ha sacado igualmente de dicho apartado el deber de comunicación a los representantes de los trabajadores para situarlo en los apartados 6 y siguientes del mismo, tratando por primera vez con total independencia el principio de subrogación -apartado 1- la exigencia de responsabilidad solidaria, y el deber de notificación que antes figuraban en el mismo apartado. Con lo cual ha ayudado a despejar las dudas interpretativas que hasta ahora pudieran existir, a favor de la segunda de las tesis antes indicadas, puesto que ha hecho desaparecer las dos razones en las que podía fundarse una interpretación reduccionista de las previsiones de aquel precepto, según lo indicado al contemplar los dos posibles criterios de interpretación del precepto.

5.- El indicado criterio interpretativo no tiene su base exclusivamente en la evolución histórica en la redacción del precepto y en la interpretación hecha por la jurisprudencia, sino que viene avalada por otros criterios hermenéuticos como los siguientes: a) Desde una interpretación meramente literal del apartado en cuestión es perfectamente posible deducir que lo que el legislador quiso establecer fue no solo la garantía de la subrogación, sino también la garantía de la responsabilidad solidaria de ambos empresarios sobre deudas laborales del cedente sin distinguir entre anteriores y posteriores, puesto que en términos jurídicos subrogarse no es otra cosa que colocarse uno en el lugar del otro, tanto en la titularidad de los derechos que éste tuviera como en relación con sus obligaciones; b) Desde un criterio de interpretación lógico y sistemático se llega a la misma conclusión, puesto que el apartado final del precepto al referirse sólo a las transmisiones "inter vivos", lo que está haciendo es equiparar esta modalidad de sucesión a lo que ya está previsto en el Código Civil ( LEG 1889, 27) para la sucesión "mortis causa", pues la responsabilidad de los herederos en caso de transmisiones por causa de muerte ya está garantizada por las normas generales en materia de sucesión a salvo la aceptación de la herencia "a beneficio de inventario"- arts. 659 y sgs del Código Civil -, y si contiene aquella concreción es porque en nuestro Código Civil no existe esa misma previsión de responsabilidad por transmisiones derivadas de actos "inter vivos", como sin embargo sí que existe en el Código de Comercio alemán o en el Código Civil italiano, a los que el art. 44 ET ( RCL 1995, 997) se acomodaría en esta interpretación que defendemos; c) La responsabilidad solidaria de que aquí se trata no significa que el sucesor deba responder por unas deudas ajenas sin más, sino que responderá sin perjuicio de poder reclamarlas del verdadero deudor, constituyendo tal previsión de solidaridad una garantía de seguridad jurídica tanto a favor de los trabajadores frente a posibles transmisiones fraudulentas llevadas a cabo en su perjuicio y en ocasiones sin su consentimiento como a favor de los empresarios responsables si se tiene en cuenta que esta responsabilidad además de solidaria no es ilimitada en el tiempo, sino que sólo se mantiene viva durante tres años a contar de la transmisión, cual ha entendido no solo esta Sala - STS 30-6-1988 ( RJ 1988, 5497) - sino también la Sala 3ª de este mismo Tribunal - STS (3ª) 28-11-1997 ( RJ 1997, 8558) -.

Se trata de considerar en una interpretación finalista de esta previsión legal, que estamos ante una cláusula anti fraude que, por otra parte, ha sido aceptada tradicionalmente como tal no solo por la doctrina jurisprudencial antes citada, sino por la propia doctrina mercantilista, pues no cabe olvidar que una empresa tiene el precio que resulta de restar a los activos las deudas que pudiera tener, por lo que no es congruente con la lógica del mercado aceptar la compraventa de empresas sin el cómputo de las deudas preexistentes, en este caso las deudas laborales.

6.- A la vista de tales antecedentes y consecuentes, esta Sala considera que la interpretación que procede hacer del precepto cuestionado ha de ser la misma que ya fue tradicional en nuestro derecho histórico, o sea, la que entiende que el legislador español, yendo más allá del comunitario, ha establecido que, en caso de sucesión empresarial no solo se produce la subrogación de la nueva en los derechos y obligaciones del anterior respecto de los trabajadores cedidos, sino que ha mantenido la responsabilidad solidaria de ambas empresas respecto de las deudas laborales que la empresa cedente tuviera pendientes de abonar...".

Lo que viene, pues, a establecer el Tribunal Supremo es que el cesionario o sucesor ocupa situación jurídica del cedente y asume las obligaciones de aquél.

El supuesto de autos presenta la particularidad de que la obligación laboral impuesta consiste en la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación, y lo que hay que dilucidad es si puede condenarse a la codemandada cesionaria a la readmisión.

En la Sentencia citada del Tribunal Supremo, cuando la subrogación se produjo ya se habia producido la extinción, existía una conciliación y se estaba ejecutando la misma.

En este marco, el Tribunal Supremo, impone a la empresa sucesora el pago solidario de la indemnización y los salarios de tramitación, es decir, la responsabilidad de las obligaciones laborales del cedente.

En el caso de autos, el despido se produce dos meses antes de la sucesión, y esta viva cuando esta acaece el proceso por despido, hasta el punto de que la demanda se amplia contra la empresa cesionaria.

No cuestionada la sucesión estima la Sala que la condena a la readmisión solo debe alcanzar a quién puede hacer efectiva la readmisión en el punto de trabajo que es la empresa cesionaria, pues otra conclusión haría ineficaz a la condena a la readmisión, al no poder la cedente readmitir en el mismo puesto, y en las mismas condiciones al no tener ya la contrata.

Y se llega a esta conclusión aplicando extensivamente la tesis de la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada.

En efecto, si declara la nulidad con readmisión obligatoria y producido posteriormente una suc esión empresarial, la empresa entrante ha de subrogarse con los trabajadores cuyo despido ha sido declarado nulo, incluso en fase de ejecución a traves del mecanismo de sucesión procesal que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y que ya aplicaba la jurisdicción social con anterioridad; es obvio que si tal sucesión (como ocurre en el caso de autos) acaece viva la acción de despido, y la cesionaria es parte en el proceso, el juego del artículo 44 obliga a condenar a la nueva empresa, sucesora de la anterior; estimando la Sala que la condena ha de afectar en cuanto a la readmisión exclusivamente a la empresa entrante, manteniendo la condena solidaria respecto de las consecuencias económicas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Estimamos el recurso interpuesto por Dª Lorenza , Lucía y Magdalena , contra la sentencia de fecha 31.7.2006 , dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 8 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA que, revocamos en el sentido de condenar a la readmisión de las actoras exclusivamente a la empresa OCEANIC ASSISTEANCE S.L.; condenando solidariamente a las codemandadas al pago de los salarios de tramitación; manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia. Notifíquese este Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta Sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número 3537/000066 1615/07 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito BANESTO c/c 2410000066 1615/07 , Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

.

Si esta conforme con mi asesoramiento puede aceptar respuesta.

Un saludo,

Rafael Gómez

ICAM

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