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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 272
Experiencia:  DERECHO Y COLEGIADO EN ICAM
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Estoy propuesto para una multa por tenencia de cannabis, puedo

Pregunta del cliente

Estoy propuesto para una multa por tenencia de cannabis, puedo mirar si esa multa ha sido impuesta por internet, es decir segun me han explicado, no estoy sancionado, estoy pendiente de que el juez lo determine. cualquier ayuda para librarme de ella o saber de ella cuanto antes es buena, muchas gracias.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Si le han remitido la copia rosa es que es una denuncia administrativa, tiene una solución pero sólo es una oportunidad que le permite la Ley de Seguridad Ciudadana y es conmutar la multa por ir a un centro de desintoxicación ... es simplemente dejar de consumir cannabis e ir el día señalado para orinar y determinar mediante prueba de orina que ya no consume....

 

Le recojo regulación:

Artículo 25.

1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.

2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.

Artículo 28.

1. Las infracciones determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la Sección anterior podrán ser corregidas por las autoridades competentes con una o más de las sanciones siguientes:

  1. Multa de 30.050,62 a 601.012,1 euros, para infracciones muy graves. De 300,52 euros a 30.050,61 euros, para infracciones graves. De hasta 300,51 euros, para infracciones leves.

 

 

 

Si no quieres acudir al centro puedes presentar alegaciones intentando que el procedimiento caduque...

 

A continuación tienes un modelo de alegaciones,

 

 

PARA: (Institución que dicta el Acuerdo de Inicio de Expediente Sancionador y Área/Sección Pública)

ASUNTO: Presentar Alegaciones contra el Acuerdo de Inicio de Expediente Sancionador de fecha , Referencia nº .

DE: (Nombre completo, DNI, domicilio)

ALEGACIONES

 

PRIMERA.- Niego los hechos denunciados. Siendo esencial ejercer el derecho de defensa previamente a hacer alegaciones, puesto que no me puedo trasladar a ver el Expediente, solicito me envíen a mi domicilio los siguientes documentos del Expediente Administrativo (artículos 35 y 37 Ley 30/92, derechos de los administrados, en relación con jurisprudencia del Tribunal Supremo):

a) Copia de la denuncia de los agentes de la autoridad.

b) Copia del escrito de los denunciantes remitiendo la sustancia al Area de Sanidad.

c) Copia del escrito del Área de Sanidad, recibiendo la sustancia.

d) Copia del Informe Analítico.

Se podrá exigir responsabilidad del funcionario que no nos facilite el ejercicio del derecho a la defensa.

Una vez recibidas las copias, solicito se me conceda un nuevo plazo de 15 días para nuevas Alegaciones.

SEGUNDA.- Solicito que el Instructor se interese y valore las circunstancias de la aprensión de la sustancia. Hasta ver la denuncia y ratificación, recuerdo que son reiteradas las sentencias contencioso administrativas sobre tenencia ilícita de estupefacientes que anulan sanciones de la Administración al estimar que las circunstancias de la aprensión no fueron legales, entre otras, las siguientes 10 sentencias:

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: sentencias 1.320 de 18 de diciembre de 1997, 15 de septiembre de 1998, 3 de julio de 1997 (Rec. Nº 1953/1995) y Sentencia nº 460/01 de 21 de marzo de 2001, sec. 3ª, Rec nº 2610/97. Ponente Fernando Nieto Martín:

..."el legislador estatal posibilita, con exclusividad, la identificación de aquellos ciudadanos a los efectos del "ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomienda la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", pero no el cacheo o el control de sus bienes fuera del supuesto de hecho que define el artículo 19.2 de ese texto leal : "Para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de proceder a la identificación de las personas, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos".

Ello así, sólo la presencia visual de la droga en la cartera de documentos de D. David, presencia derivada de forma automática e inmediata de la labor de identificación que estaba desarrollando la Guardia Civil del puesto de Tabernes Blanques en el aparcamiento de la discoteca "Resaca.", de Meliana, justifica una "ocupación" legítima y conforme a Derecho de ésta, ejecución fáctica de la aprehensión de la droga que, según lo ya expuesto "supra", no coincide con la realidad vigente el 6 de julio de 1996.".

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-Sevilla-de fecha 12 de enero de 2000:

"...Por su parte, su artículo 20, dispone en su punto 1, que "los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley, y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Y en el supuesto ahora enjuiciado se ha ido más allá de lo dispuesto en referido precepto, toda vez que según se desprende de la propia denuncia de la Guardia Civil, el expedientado, ni estaba consumiendo droga, ni tan siquiera llevaba visible la ínfima cantidad de hachís que se le intervino, ni menos aun hacía ostentación del mismo; por el contrario, lo que sí se afirma literalmente en aquella sólo estaba cerca de las dependencias personales del recurrente en una cajetilla de tabaco.".

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sentencia de 14 de septiembre de 1999. Rec. Num. 1664/1996. Ponente: Antonio Rubio Pérez:

"...Nuevamente, ello autoriza a pensar que no se investigaba ningún hecho delictivo o, lo que es lo mismo, que no concurrían al efectuarse el registro estas circunstancias que legalmente lo autorizan.

Resta añadir sobre esto, en contestación a lo alegado por la Administración demandada, que las comprobaciones que el art. 20 de la Ley 1/1992 autoriza están referidas, exclusivamente, a la determinación de la identidad de las personas.

En consecuencia, entendiendo que fue ilegal la actuación policial desencadenante del expediente sancionador, con afectación de un derecho fundamental de las personas, declaramos nulo el expediente incoado al recurrente y, consiguientemente, la sanción recurrida.".

TSJ Castilla La Mancha , secc. 2ª , Sentencia de 2 de noviembre de 1999, nº 934/1999, Rec. 995/1997. Ponente Jaime Lozano Ibáñez:

"...Se alega vulneración de los derechos constitucionales a la libertad e intimidad, pues se efectuó un registro personal sin motivo justificado. Según el informe complementario de los agentes (pues en la denuncia nada consta) éstos detuvieron el vehículo en que viajaban los expedientados y cuatro personas más por tener noticia de que había sido sustraído recientemente otro de similares características. Una vez detenido el vehículo y comprobado no ser el sustraído, los agentes decidieron registrar el mismo y cachear a los ocupantes, porque observaron que algunos de ellos presentaban las pupilas muy dilatadas y los ojos brillantes y colorados.

. El Tribunal Supremo sí ha declarado, ciertamente (sentencia de 4 de febrero de 1994 y las que cita) que es posible la sujeción a este tipo de controles (cacheos) sin necesidad de previa existencia de indicios de infracción, pero, añade, en el curso de controles preventivos; con lo que obviamente habrá que atender, para juzgar sobre la licitud del cacheo en control preventivo, a la forma en que éstos están regulados, que no es otra que la contenida en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que exige, para la autorizar un control superficial de los efectos personales puramente preventivo, que el control preventivo esté establecido para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social, lo que no es el caso. Así pues, no nos hallamos en el marco de un control puramente preventivo que justifique el cacheo de acuerdo con la normativa mencionada, sino ante una medida de intervención personal no puramente preventiva, sino indagatoria, ante la existencia de indicios concretos de posible delito o infracción, y desde este punto de vista ha de ser analizada precisamente.
Pues bien, desde este punto de vista se ha dicho ya que el núcleo del problema reside en la ponderación de la proporcionalidad de la medida de acuerdo con las circunstancias del caso. Si se examina la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo en la materia, se observará que afirma y declara la legalidad de las comprobaciones de este tipo en supuestos en los que la apariencia externa de delito era superior a la del caso de autos, ya fuera por razón del lugar en que se efectuaba el registro personal, lugar en el que constaba la habitualidad del tráfico de estupefacientes (sentencias de 4 y 23 de febrero de 1994 y de 15 de abril de 1993), ya por la actitud claramente sospechosa del registrado, unida al lugar en el que ello sucedía (las dos sentencias citadas anteriormente en primer y segundo lugar, o la de 9 de abril de 1999), ya porque se poseyeran datos provenientes de investigaciones o seguimientos anteriores (sentencia de 11 de noviembre de 1997). En el caso de autos, sin embargo, se detiene el vehículo de los sancionados por un motivo totalmente diverso de aquél por el que finalmente se les sancionó, a saber, porque se había sustraído un vehículo, cosa que finalmente nada tenía que ver con los recurrentes; y una vez descartado que el vehículo pudiera ser el robado, la Guardia Civil, al observar que alguno de ellos (no se sabe si los recurrentes u otros de los ocupantes) tenía los ojos rojos, brillantes y con las pupilas dilatadas, decide registrar el automóvil. Pese al resultado negativo de este registro, se decide registrar a los ocupantes, registro superficial que de nuevo puso de manifiesto la ausencia de droga que pudiera tener un destino delictivo, pese a lo cual se decide incluso el registro de las carteras de los interesados, de cuyo registro, ahora sí, se desprende la posesión de 0,6 y 0,2 gramos de cocaína en dos de los seis registrados. Todo ello en un lugar aséptico desde el punto de vista antes mencionado (se trataba simplemente de una carretera), a raíz de una diligencia encaminada completamente a otro fin y sin que constasen antecedentes de ningún tipo de los registrados que pudieran justificar la intervención personal. A la vista de todo ello, la decisión de registrar a los recurrentes se considera no proporcionada a la situación indiciaria; en resumen, se trata de responder a la pregunta de si es admisible un registro personal y el examen del contenido de la cartera personal de un ciudadano teniendo como único y exclusivo indicio de infracción o criminalidad unos ojos brillantes y rojos (que pueden responder obviamente a otros motivos que el de haber consumido drogas ilegales), sin que ello venga apoyado por elemento alguno complementario o adicional de situación, entorno, antecedentes, actitud del individuo, etc.; pregunta a la que debe responderse negativamente.

En suma, el registro personal vulneró en este caso lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Española, de modo que las pruebas obtenidas no pueden ser hechas valer (artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), deviniendo la sanción impuesta carente de prueba de cargo y por tanto nula de pleno derecho (artículo 62.1.a de la Ley 30/92, de 26 de diciembre en relación con el artículo 24 de la Constitución Española). Es preciso, por tanto, estimar el presente recurso contencioso-administrativo.".

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 24 de diciembre de 1996:

"No pueden considerarse tipificados los hechos sancionados en la citada norma porque la aprehensión de la droga tóxica (1,8 gramos de hachís) no se hizo por la Guardia Civil actuante en uno de los lugares públicos a que hace referencia la misma (ni tampoco en la vía pública como parece decirse en las resoluciones impugnadas), sino en el vehículo particular del sancionado, el cual no puede ser equiparado de forma extensiva o analógica a dichos lugares sin vulnerar el citado principio de legalidad y tipicidad (artículo 25 CE), toda vez que en materia sancionadora está prohibida tanto la analogía como las interpretaciones extensivas en contra del reo".

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 11 de octubre de 1996:

"... el citado precepto (artículo 25.1) se refiere a la tenencia en lugares públicos lo que no acontece en el interior del vehículo en cuestión".

TSJ Murcia, sec. 1ª, S 22-12-2000, Ponente: Fernando Castillo Rigabert:

"...el actor se encontraba al momento del "cacheo" en el interior de un vehículo, en una zona rural sin concurrencia de persona alguna salvo un acompañante y sin consumir, lo que en modo alguno es subsumible en la norma aplicada.".

 

TERCERA.- Las analíticas no se ajustan a los Protocolos ST/NAR /40 de las Naciones Unidas sobre Métodos recomendados para la identificación y análisis de cannabis y productos del cannabis (Manual de Uso para Laboratorios Nacionales de análisis de drogas). Si no se cumple el rigor científico de los Protocolos, los análisis no deben tener valor probatorio.

 

CUARTA.- El artículo 25 de la Ley 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, no ha resistido el tiempo, es atentatorio contra la libertad, seguridad, intimidad y salud de las personas.

Solicito se haga sistemáticamente el promover consultas y cuestiones de su presunta inconstitucionalidad con los tiempos actuales, pues desde 18 de noviembre de 1993, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. A mayor abundamiento, en esa sentencia solo se deliberó sobre si el concepto de "tenencia ilícita" era "indeterminado"/ o no era indeterminado. Jamás se ha pronunciado breve ni extensamente sobre los derechos inherentes al ser humano que vulnera la aplicación de este precepto.

 

QUINTA.- Solicito el archivo del Expediente y alternativamente una sanción mínima consistente en incautación sin sanción económica, con amparo en lo establecido en el artículo 28.1 c) de la Ley 1/92.

Dado que niego los hechos, el principio de proporcionalidad, la falta de reiteración o precedentes, nimiedad y tipo de la sustancia que obra en los hechos denunciados, fin resocializador de la sanción y lo costoso de tramitar un Expediente Administrativo, solicito subsidiariamente al archivo, se imponga la sanción directa de incautación sin sanción económica.

SEXTA.- MEDIOS DE PRUEBA:

1.- Que se solicite ratificación a los agentes denunciantes e indiquen motivos legales de su actuación para obtener de la intimidad de una persona una sustancia, circunstancias de la incautación y lugar donde se encontraba. Que indiquen como se obtuvo la sustancia, por ejemplo si hubo o no hubo un control de vehículos, registro de vehículo, efectos personales y/o cacheo (palpamiento del cuerpo). Y si la sustancia que se incautó estaba a la vista o en lugar intimo.

2.- Que el laboratorio que ha analizado la sustancia, envie copia del Protocolo utilizado en la analítica. Se podrá comprobar que no cumple lo Convenido por la ONU en los mencionados Protocolos ST/NAR/40.

3.- Que solicito copia entera del Expediente Administrativo, enviándoseme a mi domicilio a fin de defenderme de la denuncia y analítica.

4.- Testifical: Que se solicite a las siguientes personas presentes el día de los hechos una declaración jurada por escrito que exprese las circunstancias que vieron sobre los hechos denunciados, pudiendo el sr/a. Instructor/a pedir información sobre los extremos que desee. Esta parte se encargará de solicitarles la declaración jurada por escrito, a modo de testifical, si el Sr/a. Instructor/a admite la prueba. Persona/s:

SOLICITO A SU AUTORIDAD, envíen los documentos solicitados para ejercer el derecho de defensa, tras lo cual se ampliarán alegaciones y solicitará prueba testifical y otras pruebas que estimemos convenientes, o archiven automáticamente el expediente o propongan o impongan en el siguiente escrito que me envíen la sanción definitiva de incautación sin sanción económica en atención a las circunstancias expresadas.

 

Fdo. .... Fecha....

 

Los objetivos son: apurar los plazos de recogida de cartas para que caduque el procedimiento (tienen 6 meses para dictar y notificarte la resolución sancionadora, a contar desde la fecha de Acuerdo de Inicio del expediente sancionador (suelen poner esa fecha arriba a la izquierda del documento "Fecha Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador), que impongan alternativamente la sanción de incautación sin sanción económica, ganarlo en alzada por defectos formales y/o dejar bien la vía para que si lo llevas a juicio tu abogado tenga muchos motivos de impugnación (estos casos se ganan mayoritariamente en los juzgados de lo contencioso administrativo).

 

Si esta conforme con la gestión realizada por favor acepte la respuesta, estando a su libre disposición para cualquier duda o aclaración.

Gómez Nix Abogados.

 

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Le diré que... las pruebas que hay que superar para llegar a ser un experto son muy rigurosas.
 
 
 

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