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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
Categoría: Legal
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Experiencia:  DERECHO Y COLEGIADO EN ICAM
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Buenos dias, mi marido esta de baja desde el 5 de octubre del

Pregunta del cliente

Buenos dias, mi marido esta de baja desde el 5 de octubre del 2010, ya paso el periodo de la seguridad social y paso al inss, durante todo este tiempo a el al ser autonomo le a estado tratando en fisioterapia el FREMAP, la primera vez en en 12 de octubre le operaron y luego ya le operaron otra vez en FREMAP pero con una autorizacion de la seguridad social, la segunda operacion que le tenian que hacer estaba programada para hace 2 meses mas o menos, pero al estar en el inss, la seguridad social dice que no autoriza la operacion pues no les corresponde a ellos, y en el inss nos dicen que ellos solo tramitan papeles que no autorizan operaciones a Mutuas, fue un accidente IT y no sabemos que hacer ya para que le operen, me gustaria saber si tienen algun caso parecido, ya que la Mutua sin autorizacion no lo quiere operar.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Que no le cuenten milongas!!! Fremap esta obligada a intervenir quirúrgicamente a su marido.

La estrategia de la mutua es marear al trabajador para que pierda la confianza en ellos y no acuda.

 

Los informes medicos son de su marido, tiene derecho a que la mutua le de un informe de valoracion por escrito y que le de por escrito que no le interviene si no tiene autorización del INSS. Pida que se lo deen por escrito...
No son pocos los casos en que la mutua elude sus obligaciones con los asegurados y en los juicios contra ellos, puede pasar de todo.
Yo llevaria un testigo que no sea pariente de su marido, para que este presente en el momento de solicitar por escrito el informe.
Es patetico que el accidentado además de sufrir un accidente tenga que sufrir a los medicos.
La baja le corresponde por accidente laboral, ellos lo saben y toman precauciones para eludir su responsabilidad.
Tome sus precauciones y cuando tenga constancia documental de que no quieren intervenir a su marido, denuncielo.

Si esta conforme con mi respuesta puede aceptarla.

Un saludo, y que se mejore su marido.

Rafael Gómez

ICAM

Cliente: escribió hace 5 año.
Necesito ver una ley o algo donde ponga que Fremap esta obligada a intervenir quirúrgicamente a su marido, ya que ellos le intervinieron ya una vez pero con autorizacion de la seguridad social, ahora mismo al no tener ninguna autorizacion ni de la seguridad social ni del inss no le quieren operar. Donde podemos ver que es Fremap la que esta obligada a intervenirle aun sin autorizacion de nadie, ya que el incluso llego a firmar el consentimiento de operacion pero todo esto se paralizo de golpe y porrazo porque llego un papel de la seguridad social denegando la operacion, si fuera presizo podria enviarle ese documento para que lo viera. Un saludo.
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Disculpe el tiempo que la hayamos podidio hacer esperar pero hemos estado buscando una normativa muy específica y actual , por la que se recoge a FREMAP dentro del Registro de Prestaciones Sociales Públicas junto al INSS...es decir que FREMAP no necesita autorización alguna ya que esta élla misma dentro de la SEGURIDAD SOCIAL.

 

 

 

(Disposición Vigente)

Resolución de 18 de marzo 2010

RCL 2010\1090

 

SEGURIDAD SOCIAL. Publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

 

INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL

BOE 21 abril 2010, núm. 96, [pág. 35306]

 

SUMARIO

- Sumario

- Parte Expositiva

- Primero

- Segundo

- ANEXO. Catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas

 

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre , de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 30, creó en la Seguridad Social, el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, en sustitución del Banco de Datos de Pensiones Públicas, atribuyendo su gestión y funcionamiento al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Por la Resolución de 11 de junio de 1997, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que determinó la estructura básica del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, el procedimiento para el suministro y actualización de los datos de identificación y otras medidas aplicativas para su buen funcionamiento, se estableció, en su apartado quinto, la entrada en funcionamiento del registro el día 1 de octubre de 1997.

El Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo , por el que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, en desarrollo de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, establece, en su artículo 9.1º , que el Instituto Nacional de la Seguridad Social elaborará y publicará, mediante resolución en el «Boletín Oficial del Estado», el catálogo de organismos, entidades y empresas obligados a suministrar sus datos al registro y que será actualizado por este instituto con una periodicidad mínima de un año.

En su virtud, habiéndose producido diversas modificaciones desde la publicación, por Resolución de 7 de abril de 2009 , del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, esta Dirección General resuelve:

 

Primero.

Publicar como anexo de esta Resolución el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

 

Segundo.

Dejar sin efecto la Resolución de 7 de abril de 2009 , por la que se publicó el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

 

ANEXO. Catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas

Clave

Organismo, entidad o empresa

A00

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

A02

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

A03

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

A04

CLASES PASIVAS.

A05

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.

A08

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (PERSONAL).

A09

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (PERSONAL).

A11

MINISTERIO DE CULTURA (CONVENIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO).

A12

GENERALITAT DE CATALUNYA.

A13

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

A15

GOBIERNO VASCO.

A31

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

A32

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

A33

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.

A34

AGENCIA VALENCIANA DE SALUT.

A35

SERVICIO VASCO DE SALUD-OSAKIDETZA.

A36

SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA.

A37

SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

A38

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

A39

SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD.

A40

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

A41

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

A42

SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

A43

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS.

A44

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD.

A45

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.

A46

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.

A47

SERVICIO RIOJANO DE SALUD.

A48

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

A49

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS PÚBLICAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA).

A50

JUNTA DE ANDALUCÍA (ABONO PAGAS EXTRAORDINARIAS).

A51

AYUNTAMIENTO DE MADRID.

A52

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR.

A53

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO.

A95

MONTEPÍO DE PREVISIÓN SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE PUERTOS.

A98

AGENCIA TRIBUTARIA.

C01

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

C02

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO).

C03

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

C04

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES.

C05

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

C06

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ GOVERN DE LES ILLES BALEARS.

C07

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS.

C08

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.

C09

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

C10

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

C11

INSTITUT CATALÀ D'ASSINTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

C12

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

C13

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.

C14

SECRETARÍA GENERAL DE FAMILIA Y BIENESTAR DE LA XUNTA DE GALICIA.

C15

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C16

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL.

C17

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA.

C18

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y PRESTACIONES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA.

C19

DIRECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PAÍS VASCO.

C20

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.

C21

DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA (PRESTACIONES).

C22

DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA (PRESTACIONES).

C23

CEUTA.

C24

MELILLA.

E03

ALSTOM TRANSPORTE.

E05

ASTILLEROS ESPAÑOLES, SA.

E06

ASTILLEROS DE SANTANDER, SA.

E07

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, SA.

E24

EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, SA (HUNOSA).

E28

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SA (TRAGSA).

E33

FORJAS Y ACEROS DE REINOSA, SA.

E34

HIJOS DE J. BARRERAS, SA.

E42

JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA, SA.

E46

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO.

E53

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

E55

METRO DE MADRID.

E56

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA, S.A.

M01

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE).

M06

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL.

M07

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES PROVINCIALES DEL GOBIERNO DE NAVARRA.

M08

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.

M09

AYUNTAMIENTO DE TAFALLA.

M10

AYUNTAMIENTO DE TUDELA.

M12

MONTEPÍO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO DE NAVARRA.

M15

MUTUAL MIDAT CYCLOPS.

M16

MUTUA MONTAÑESA.

M19

MAZ.

M20

UMIVALE.

M21

EGARSAT.

M23

MUTUALIA.

M24

MUTUA NAVARRA.

M25

ACTIVA MUTUA 2008.

M28

MUTUA INTERCOMARCAL.

M30

FREMAP.

M31

SOLIMAT.

M33

MUTUA DE CEUTA-S.M.A.T.

M37

ASEPEYO.

M40

FRATERNIDAD-MUPRESPA.

M41

MUTUA BALEAR.

M44

UNIÓN DE MUTUAS.

M50

IBERMUTUAMUR.

M51

SUMINISTRADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ, SA.

M52

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÁDIZ, SA.

M59

MUTUALIDAD DE AUXILIO Y PREVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE).

M60

DIPUTACIÓN DE BARCELONA.

M61

AYUNTAMIENTO DE BILBAO.

M62

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA.

M64

AYUNTAMIENTO DE VIGO.

 

Si esta conforme con la gestión realizada ruego aceptación de la respuesta.

*Puede remitirme documento si lo desea. Saludos, XXXXX XXXXXómez ICAM.



Editado por http://www.gomeznix.miweb.pro/ el 20/01/2011 a las 11:19 EST
Cliente: escribió hace 5 año.
Bien con esto entiendo que Fremap tiene un acuerdo con el Registro de Prestaciones Sociales Públicas junto al INSS, pero lo que necesito exactamente para poder reclamar a alguien es saber como funciona ese acuerdo, al parecer el Fremap opera solo con autorizacion de la seguridad social y la seguridad social no acepta la operacion porque mi marido ya paso al inss, y el inss le dio prorroga de su baja durante 6 meses, pero dice que ellos no hacen autorizaciones para operaciones, necesitaria saber cual es el funcionamiento para saber a quien tenemos que reclamar, o alguien que nos pueda explicar que hacer.....
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En contestación a su consulta:

En el caso resuelto por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 noviembre 2007 ( RJ 2007, 8110) , don Joaquín había demandado a la entidad FREMAP , Mutua de Accidentes de Trabajo, reclamando una indemnización por defecto de asistencia médica en ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual derivada del artículo 1903 del Código Civil ( LEG 1889, 27) y la acción de responsabilidad directa y objetiva prevista en la Ley 26/1984, de 19 de julio.

 

El actor había sufrido una fractura-luxación de su tobillo izquierdo como consecuencia de un accidente laboral. Inicialmente fue intervenido y se le practicó osteosíntesis de la fractura, haciéndose cargo del paciente con posterioridad los servicios médicos de la entidad demandada e iniciando el tratamiento de rehabilitación. Como no se lograba la recuperación, fue intervenido nuevamente retirando el material de osteosíntesis y realizándose una artroscopia movilizadora del tobillo. Sucedió una tercera intervención que consistió en la artrodosis del tobillo para suprimir la movilidad de la articulación de forma definitiva con la finalidad de eliminar el dolor. Como tampoco ello produjo el resultado buscado, se le colocó una escayola para lograr la inamovilidad de la articulación pese a lo cual, según la parte demandante, no se consiguieron los fines perseguidos sin que los facultativos se plantearan una nueva intervención para conseguir la inmovilidad definitiva de la articulación y la supresión de los dolores, siendo por el contrario dado de alta lo que, a juicio del actor, constituye una actuación negligente de los servicios médicos de la entidad demandada de la que deriva su responsabilidad tanto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1903 del Código Civil como en atención a los artículos 26 y 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

 

Tanto el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cáceres como la Audiencia Provincial de dicha ciudad coincidieron en la consideración de que la demanda no debía prosperar, fundamentalmente porque en el informe pericial practicado en el proceso se afirmaba tajantemente que «los estudios y tratamientos médicos aplicados al actor han sido exhaustivos, adecuados y los aconsejados por toda la bibliografía médica, y aunque los resultados no hayan sido los deseados, no se observa tal negligencia médica».

 

La Audiencia Provincial recordaba en su sentencia que en la conducta de los profesionales sanitarios se descarta, con carácter general, cualquier tipo de responsabilidad objetiva así como la inversión de la carga de la prueba; afirmación esta última que, desde luego, es válida con carácter general pero, según la más moderna jurisprudencia, cede en cierto modo en los supuestos del llamado resultado desproporcionado, esto es cuando en virtud de un tratamiento médico se produce un resultado que excede de los riesgos normales propios del tratamiento ( sentencias de 5 enero [ RJ 2007, 552] , 16 [ RJ 2007, 3552] y 30 abril [ RJ 2007, 2397] , y 23 mayo 2007 [ RJ 2007, 3273] ).

 

Interpuesto recurso de casación por el demandante don Joaquín, el segundo de los motivos, amparado en el núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ( LEG 1881, 1) , aplicable al caso, denunciaba la infracción de los artículos 1 , 26 y 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con los artículos 9.3 , 24 y 117.1 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) y con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578, 2635) ; y el tercero de los motivos vuelve a alegar, con igual amparo procesal, la vulneración del artículo 26 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, para invocar el carácter objetivo de la responsabilidad y para sostener la procedencia de la inversión de la carga de la prueba.

 

El Tribunal Supremo estudia conjuntamente ambos motivos para afirmar: 1.-Que la responsabilidad médica, ya sea por hecho de otro, ya sea por hecho propio, con base en una incorrecta «praxis», sólo puede apreciarse cuando existe culpa o negligencia por parte del facultativo, que se concreta en la infracción de la «lex artis ad hoc» (las reglas del oficio adecuadas al caso); 2.- Que, como se ha dicho, entre otras muchas, en la reciente Sentencia de 7 de mayo de 2007 ( RJ 2007, 3553) , en un sistema de responsabilidad subjetiva o por culpa como el que establece el artículo 1902 del Código Civil no es aceptable la objetivización de la responsabilidad, ni tan siquiera mediante la aplicación de la doctrina del daño o resultado desproporcionado o de la culpa virtual, que sólo es admisible como procedimiento racional encaminado, por vía de inferencias lógicas, a la demostración de la culpabilidad del autor del daño; 3.- Que este sistema de responsabilidad, basado en un principio culpabilístico, no se opone, en realidad, a un criterio de imputación que se funda en la falta de diligencia o de medidas de precaución que, al hilo de la normativa específica de protección de los consumidores, debe entenderse ínsita en el funcionamiento de un servicio cuando éste se produce de forma diferente a lo que hay en derecho y cabe esperar de él, anteponiendo, como la doctrina más reciente ha propuesto, las legítimas expectativas de seguridad en el servicio a la valoración de la conducta del empresario, en tanto que no concurran circunstancias exógenas aptas para destruir este criterio de imputación; y 4.-Que aún así, como precisa la sentencia citada de 7 mayo 2007, y las allí citadas, la jurisprudencia de la Sala afirma que la aplicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios respecto de los servicios sanitarios a los que alude su artículo 28.2 , únicamente puede proyectarse sobre los aspectos funcionales del servicio y no puede alcanzar a los daños imputables directamente a los actos médicos. En cualquier caso, la apreciación de una responsabilidad derivada del funcionamiento del servicio exige la concurrencia del nexo causal, en su doble vertiente, fáctica y jurídica, entre el daño producido y el defecto experimentado en el referido funcionamiento del servicio.

En suma, según dicha postura jurisprudencial, el paciente, en cuanto consumidor, tiene derecho a que exista una adecuada organización de los servicios médicos para que la prestación de los mismos se realice de forma adecuada (medios a disposición de los facultativos, especialidades, guardias etc.); sin embargo, todo lo que afecte a la propia actuación del médico en el ámbito de la «lex artis» queda fuera de toda idea de relación como consumidor y la responsabilidad resultante, con sus características distintas ajenas a cualquier clase de responsabilidad objetiva, será exigible al médico y a los titulares responsables de los centros sanitarios según lo dispuesto en el Código Civil y no conforme a la normativa de defensa de los consumidores.

Remitame la resolución para poder estudiarla, a priori podría reclamar como consumidor, por la tarde le informaré mas exhaustivamente.

Saludos,

Gómez Nix Abogados

 

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Buenas tardes,

Hemos encontrado una sentencia del TS en la que se declara competente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (jurisdicción contencioso administrativa) de todo lo referente a:

 

TERCERO

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso, ex disposición adicional duodécima de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , según redacción mediante Ley 4/1999, de 13 de enero ( RCL 1999, 114, 329) .

Los centros concertados, por tanto, a que alude la mentada disposición determina la competencia de esta jurisdicción contencioso administrativa de los actos relativos, en este caso concreto, a un centro concertado con las Entidades gestoras autonómicas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.1.j), en relación con el 13 .a) y c), de la LJCA, pues la atribución al órgano judicial competente, dentro de esta jurisdicción, ha de seguir un régimen paralelo al previsto para la distribución territorial, en materia de sanidad, entre las distintas Administraciones Públicas.

En este sentido ya se ha pronunciado esta Sala, entre otras, en Sentencia de 14 de marzo de 2007 ( RJ 2007, 1736) , recaída en la cuestión de competencia nº 9/2006 .

 

Le adjunto copia literal de la sentencia:

 

 

 

 

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).Sentencia de 10 julio 2009

RJ\2010\481

JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: Organos y competencias: distribución objetiva de competencias: Tribunales Superiores de Justicia: pretensiones frente a actuaciones de la Administración del Estado: responsabilidad patrimonial: negligencia por asistencia sanitaria: servicio prestado por entidades que colaboran o están concertadas con el Sistema de Salud: competencia existente.

 

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso de Casación núm. 21/2009

Ponente: Excmo Sr. ramón trillo torres

 

El TS declara la competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la denegación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

 

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diez de julio de dos mil nueve

Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen, la cuestión negativa de competencia suscitada entre la Sala de lo Contencioso- administrativo (Sección Primera; recurso nº 983/2008) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete), y el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 (recurso nº 62/2008), para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Mateo contra la denegación, por silencio administrativo, de la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada, por deficiente asistencia sanitaria, ante la entidad "Mutua FREMAP Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social".

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Trabada cuestión de competencia entre los órganos jurisdiccionales antes referidos para conocer del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la denegación presunta de la reclamación deducida por responsabilidad patrimonial, derivada de una deficiente asistencia sanitaria, se remitieron las actuaciones a esta Sala, y una vez recibidas, se pasaron a dictamen del Ministerio Fiscal, que lo ha emitido en el sentido de entender que la competencia discutida corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

SEGUNDO

Por Providencia de 1 de julio de 2009, se señaló para la correspondiente votación y fallo el pasado día 9 de julio siguiente, fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramon Trillo Torres, Presidente de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La presente cuestión negativa de competencia se plantea entre la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y el Juzgado Central nº 6 de lo Contencioso-administrativo, al que habían sido remitidas previamente las actuaciones por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al declararse incompetente para conocer del recurso interpuesto por la representación procesal de D. Mateo contra la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación por responsabilidad patrimonial de daños y perjuicios formulada, por deficiente asistencia sanitaria, frente a la "Mutua FREMAP Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social".

SEGUNDO

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante la que se interpuso el recurso contencioso-administrativo, entendió --mediante Auto de 29 de noviembre de 2007 -- que no le correspondía el conocimiento del recurso en cuestión al considerar que se impugna un acto administrativo emanado de un organismo público con personalidad jurídica propia o entidad perteneciente al sector público estatal, con competencia en todo el territorio nacional, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.c) de la LJCA ( RCL 1998, 1741) , el conocimiento del recurso corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

Por su parte, el Juzgado Central nº 6 de lo Contencioso-administrativo, consideró que a tenor de los artículos 10.1.j) y 9 .c) de la LJCA, el conocimiento de este tipo de recursos correspondía a las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, pues se impugna un acto de una Mutua de Accidentes de Trabajo, que no puede ser considerada un organismo publico ni una entidad perteneciente al sector público estatal, por lo que, concluye, ha de entrar en juego la competencia residual prevista en el artículo 10.1.j) de la Ley Jurisdiccional . Y teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se dirigió contra el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, presentada en FREMAP el 28 de septiembre de 2006, y lo funda en al asistencia sanitaria recibida en el Hospital "Santa Bárbara" de Puerto Llano, y después en la Clínica "Fremap" de Majadahonda, la competencia territorial le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por su parte, entiende que la competencia territorial para conocer del recurso corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ser ésta la sede (Majadahonda, Madrid) de la clínica de FREMAP donde se produce la asistencia.

TERCERO

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso, ex disposición adicional duodécima de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , según redacción mediante Ley 4/1999, de 13 de enero ( RCL 1999, 114, 329) .

Los centros concertados, por tanto, a que alude la mentada disposición determina la competencia de esta jurisdicción contencioso administrativa de los actos relativos, en este caso concreto, a un centro concertado con las Entidades gestoras autonómicas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.1.j), en relación con el 13 .a) y c), de la LJCA, pues la atribución al órgano judicial competente, dentro de esta jurisdicción, ha de seguir un régimen paralelo al previsto para la distribución territorial, en materia de sanidad, entre las distintas Administraciones Públicas.

En este sentido ya se ha pronunciado esta Sala, entre otras, en Sentencia de 14 de marzo de 2007 ( RJ 2007, 1736) , recaída en la cuestión de competencia nº 9/2006 .

CUARTO

Y teniendo en cuenta que la responsabilidad patrimonial por la cual se reclama se atribuye a la asistencia sanitaria recibida por el recurrente en la Clínica "Fremap" de Majadahonda (Madrid) -según consta en el escrito de reclamación-, la competencia territorial corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1. 1ª .

Como declara la Sentencia de fecha 16 de octubre de 2007 ( RJ 2007, 8156) (cuestión de competencia nº 2/2007 ), debemos significar que la colaboración que prestan las mutuas con el sistema sanitario en los términos antes expuestos, no puede determinar la alteración de la distribución territorial del Estado, atribuyendo a un Tribunal Superior -diferente del lugar donde se ha producido la prestación sanitaria por la que se reclama- la competencia para conocer de tales reclamaciones por responsabilidad patrimonial derivadas de una prestación sanitaria realizada en un centro de una mutua ubicado en otra Comunidad Autónoma, cuando dicha Comunidad tiene asumidas las competencias en materia de sanidad. Siendo, a estos efectos, indiferente que se trate de la aplicación de normas estatales, como viene declarando esta Sala con una reiteración que excusa cita, en relación con la aplicación del fuero electivo previsto en la regla segunda del citado artículo 14.1 de la LJCA .

Esta interpretación satisface las exigencias del mandato constitucional contenido en el artículo 152.1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) , y evita la contradicción que supone la atribución de la competencia territorial a distinto Tribunal Superior, según que la prestación sanitaria se hubiera realizado directamente en los centros del sistema sanitario o por los de las mutuas colaboradoras.

QUINTO

En materia de costas no procede hacer pronunciamiento condenatorio al no apreciarse la concurrencia de ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos que la competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo referido en el primer fundamento de esta resolución corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena), al que deberán remitirse las actuaciones, y no se hace imposición de costas en este incidente.

Póngase esta resolución en conocimiento de la Juzgado Central nº 8 de lo Contencioso-administrativo.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Ramon Trillo Torres D. Ricardo Enriquez Sancho D. Jose Manuel Sieira Miguez PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, en audiencia pública, por el Excmo. Sr. D. Ramon Trillo Torres, Magistrado Ponente en estos autos; de lo que como Secretaria, certifico.-

 

Ahora que sabemos con certeza a quien hay que acudir: via responsabilidad patrimonial -administrativamente- y por último judicialmente por nula prestación sanitaria, sólo nos falta analizar su resolución a efectos de determinar en base a que artículo se amparan para negarle a su marido intervención quirúrgica... Por favor remitanos a [email protected] copia resolución.

Un saludo,

Rafael Gómez

ICAM

 

Experto:  Alberto escribió hace 5 año.

Hola buenas noches, por lo que entiendo su marido tenía la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la mutua fremap ,y le efectuaron una operación, y posteriormente cuando le iban a realizar una segunda operación la cobertura por contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pasó a ser del Inss. Pues bien , lo que entiendo que ha ocurrido es ha habido una sucesión de entidades aseguradoras de la cobertura de su marido, es decir al principio toda la asistencia sanitaria la hacía Fremap para posteriormente encargarse el Inss. ¿Que ocurre en estos casos de sucesión de entidades aseguradoras? que es responsable de la asistencia sanitaria, concretamente de la segunda operación de su marido la entidad que le esté asegurando en este momento , que es el Inss. De ahí que le llegara una notificación a Fremap por parte de la seguridad social para que cancelara la segunda operación, porque es ahora el Inss la entidad que cubre las contingencias por accidente laboral de su marido.Por eso Fremap necesita de la aprobación del Inss para poder operar a su marido, ya que ya no es el responsable de la asistencia sanitaria del accidente de su marido.en estos momentos.

Por lo tanto debe reclamar al Inss ,la actual entidad gestora y que es la encargada de efectúar la asistencia sanitaria a su marido, que lo operen , y si no lo hacen en un plazo prudencial y dicho retraso resulta dañoso a la salud de su marido debe reclamar por asistencia sanitaria defectuosa de dicha entidad, a los juzgados de lo contencioso administrativo por defectuoso funcionamiento de los servicios sanitarios.

 

Espero haberle resuelto las dudas, si está conforme con la respuesta ruego la acepte, no osbtante estaré encantado de aclararle cualquer duda que tenga.

Muchas gracias!

Un cordial saludo

Alberto

 

 

 



Editado por Alberto el 20/01/2011 a las 19:55 EST
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

He estado toda la mañana y parte de la tarde mirando jurisprudencia y bibliografia al respecto y la verdad que la cuestión no esta nada clara ya que he podido encontrar que:

 

Así lo ha podido dejar establecido con indiscutible claridad el Tribunal Supremo que "la protección se otorga por la entidad gestora o colaboradora que tuviera establecida la cobertura en el momento del accidente". Esta es, dirá el Alto Tribunal, "la que responde de todas las consecuencias del accidente (artículo 126.1 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con los artículos 5 y 6 de la Orden Ministerial 13 de febrero de 1967 , 25 de la Orden Ministerial 15 de abril de 1969 y 30 y 31 de la Orden Ministerial 13 de febrero de 1967), aunque se manifiesten con posteridad". Lo que ha de operar incluso, concluirá, aunque el trabajador no esté en situación de alta en el sistema "en el momento posterior de manifestarse la secuela correspondiente, supuesto muy frecuente con la antigua invalidez provisional y que hoy puede producirse también por el artículo 131. bis 2 de la Ley General de la Seguridad Social ....". (STS 1/2/00).

 

Artículo 126. Responsabilidad en orden a las prestaciones.

1. Cuando se haya causado derecho a una prestación por haberse cumplido las condiciones a que se refiere el artículo 124 de la presente Ley, la responsabilidad correspondiente se imputará, de acuerdo con sus respectivas competencias, a las entidades gestoras, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o empresarios que colaboren en la gestión o, en su caso, a los servicios comunes

 

.Por lo tanto, al estar FREMAP operativa en el momento de suceder el accidente, sería la responsble, eso es lo que INSS le dirán.... insisto en que me facilite la resolución a efectos de poder estudiarla.

La cuestión no es tan clara como al principio pensaba......

Un saludo,

Rafael Gómez

ICAM

 

 

 

Cliente: escribió hace 5 año.
Rafael , es correcto, mi marido entro por urgencias en el 12 de octubre de la seguridad social, luego cuando le operaron y comenzo su recuperacion la rehabilitacion la comenzo a hacer en el Fremap, que supuestamente como el paga los minimos de autonomos, solo le cubre la fisioterapia, pero en este centro, dio con unas personas encantadoras, y le fueron haciendo pruebas y solicitando autorizacion a la seguridad social de una primera operacion que ellos quisieron hacerle, la seguridad social la acepto, y se la hicieron, luego Fremap propone una segunda operacion de la mano para el, y vuelven a solicitar la operacion a la seguridad social, (la cual responde con el documento que yo le voy a enviar...(hagame usted saber por donde se lo tengo que enviar...., )
Que a ellos no les corresponde autorizar ninguna operacion ya que el paciente pertenece al inss al pasar mas de 12 meses desde su baja, nosotros acudimos al inss y ellos nos contestan con las mismas, que ellos son un organismo que no autorizan operaciones, y que la si la mutua nos quiere operar que lo haga....pero sin autorizacion.

De todas formas voy a intentar que mi marido consiga un papel donde ponga que la mutua no puede operarle sin autorizacion de estos organismos.

Hemos ido a atencion al paciente, hemos ido a muchos sitios en Madrid y nadie sabe decirnos a quien corresponde, parece como si no trabajara nadie en esto...es increible.
Un saludo.


PD su compañero Alberto lo esplica muy bien, Editado por Alberto el 20/01/2011 a las 14:55 EST

El propio director de Fremap a intentado hablar con el inss para ver si conseguia la autorizacion y tambien se la denegaron.


Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Coincido con usted en que Alberto lo explica muy bien, puede enviarme el documento a gomeznixabogados(arroba)icam.es.

Un saludo,

Rafael Gómez

ICAM

JustAnswer en los medios:

 
 
 
Sitios web de consulta médica: Si tiene una pregunta urgente puede intentar obtener una respuesta de sitios que afirman disponer de distintos especialistas listos para proporcionar respuestas rápidas... Justanswer.com.
JustAnswer.com...ha visto como desde octubre se ha disparado el número de consultas legales de nuestros lectores sobre despidos, desempleo e indemnizaciones por cese.
Los sitios web como justanswer.com/legal
...no dejan nada al azar.
El tráfico en JustAnswer ha aumentado un 14 por ciento...y hemos recibido 400.000 visitas en 30 días...las preguntas relacionadas con el estrés, la presión alta, la bebida y los dolores cardíacos han aumentado un 33 por ciento.
Tory Johnson, colaboradora de GMA sobre temas relacionados con el lugar de trabajo, habla sobre el "teletrabajo", como JustAnswer, en el que expertos verificados responden a las preguntas de las personas.
Le diré que... las pruebas que hay que superar para llegar a ser un experto son muy rigurosas.
 
 
 

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  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
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  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

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