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R.Gomez
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Buenos dias. Hace 14 d as que me han despedido de la empresa

Pregunta del cliente

Buenos dias. Hace 14 días que me han despedido de la empresa (sector de la construcción) con el tipo de despido por causas objetivas.
Mi duda es la siguiente: En Febrero de 2010 la empresa realizó un ERE de 6 meses, terminado el mismo solicitó otro (esta vez la autoridad laboral le concedió 4 meses) que terminaba el 29-12-2010. El 19 de Diciembre de 2010 la empresa despide a 3 trabajadores por causas economicas(art. 52c E.T.) y el 14-01-2011 despide a los 5 trabajadores restantes por las mismas causas quedando esta sin trabajadores pero la empresa continua abierta. Según estoa datos, ¿se trata de un despido colectivo? El despido objetivo individual que han hecho es correcto o se considera nulo por haber sido colectivo.
Muchas gracias.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Buenos días:

En contestación a su consulta le indicamos que los despidos efectuados son nulos al haberse realizado en fraude de ley, ya que el procedimiento adecuado era un ERE (Despido colectivo), recogemos los artículos que regulan el contenido Despido Objetivo Individual y el Colectivo así como una sentencia similar a lo que le sucede.

 

ESTATUTO TRABAJADORES

 

Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas.

El contrato podrá extinguirse:

  1. Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un período de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento.

  2. Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables y hayan transcurrido como mínimo dos meses desde que se introdujo la modificación. El contrato quedará en suspenso por el tiempo necesario y hasta el máximo de tres meses, cuando la empresa ofrezca un curso de reconversión o de perfeccionamiento profesional a cargo del organismo oficial o propio competente, que le capacite para la adaptación requerida. Durante el curso se abonará al trabajador el equivalente al salario medio que viniera percibiendo.

  3. Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo.

  4. Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.

 

Artículo 51. Despido colectivo.

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:

  1. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

  2. El 10 % del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

  3. Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. A estos efectos, la empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, siempre que su número sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en fraude de Ley, y serán declaradas nulas y sin efecto. ES EXACTAMENTE LO QUE HA HECHO LA EMPRESA.

 

Adjuntamos sentencia muy interesante, aunque es un camarero:

 

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 350/2006 de 16 noviembre

AS\2007\709

EXTINCION DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS: amortización de puestos de trabajo: cese nulo: superación del límite cuantitativo: despido colectivo; efectos: readmisión imposible: consecuencias.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 333/2006

Ponente: Ilmo. Sr. D. luis loma-osorio faurie

 

El TSJ estima en parte el recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de La Rioja, de fecha 31-07-2006, dictada en autos promovidos en reclamación de despido, que es revocada en el sentido reseñado en la fundamentación jurídica.

 

En Logroño, a dieciséis de noviembre de dos mil seis.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación núm. 333/2006 interpuesto por D. Fermín asistido de la Lda. Dª Alicia Martínez Ochoa contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Uno de La Rioja de fecha 31 de julio de 2006 y siendo recurrido Hostal Maite, SL asistido del Ldo. D. José Luis García Díaz de Cerio, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Don Luis Loma Osorio Faurie.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Según consta en autos, por D. Fermín se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social número UNO de La Rioja, contra Hostal Maite, SL en reclamación de DESPIDO.

SEGUNDO

Celebrado el correspondiente juicio, con fecha 31 DE julio DE 2006 recayó sentencia cuyos hechos probados y fallo son del siguiente tenor literal:

« Hechos

:

I.- Que el demandante, D. Fermín, ha prestado servicios para la empresa demandada desde 1 de julio de 1979, con la categoría profesional de ayudante de camarero y un salario de 1.251,82 euros mensuales.

II.-Que la demandada, en fecha 3 de marzo de 2006, hizo entrega al demandante de carta de despido de esa misma fecha con efectos de fecha 2 de abril de 2006, por amortización de puesto de trabajo, documentos obrantes a los folios 6 y 7, que se dan por reproducidos-, y en la que textualmente se dice:

"Estimado señor:

Por medio del presente escrito se pone en su conocimiento que la Dirección de esta empresa se ve obligada a proceder a la extinción de nuestra relación laboral, por amortización de su puesto de trabajo, al término de la jornada laboral del próximo día 02 de abril de 2006.

El motivo de extinguir nuestra relación laboral se fundamenta en las causas objetivas que contempla el artículo 52.c) del real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo ( RCL 1995, 997) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 51.1 del mismo texto legal.

Las causas que obligan a la Empresa a tomar la decisión de amortizar su puesto de trabajo como ayudante de camarero son:

Con fecha 15 de junio de 2004 fue abierta al tráfico la variante de Ausejo en un tramo de 7,8 kilómetros y, en consecuencia, la travesía de la nacional 232 en la citada localidad, al día de hoy, ha quedado convertida en una calle más del pueblo, ello ha supuesto, como Ud. bien sabe, que esta Empresa, hostal de carretera, que se abastecía mayoritariamente de camioneros y demás gente de paso, ha visto mermados, de forma muy considerable, sus ingresos.

A fin de analizar las consecuencias económicas que ha supuesto la apertura de la variante antes referida, se adjunta anexo I, en el que se consigna un comparativo de los ingresos obtenidos en los años 2003, 2004 y 2005. La documentación contable, donde se aprecia la continuada disminución de los ingresos y en consecuencia las pérdidas habidas en el último ejercicio, podrá Vd. mismo o persona en quien delegue comprobarla en nuestras oficinas.

Haciendo un breve resumen de lo recogido en el anexo I que se cita, se aprecia lo siguiente:

Ingresos totales de la empresa: Año 2003 - 463.289,03 Euros; Año 2004 - 346.141,68 Euros; año 2005 - 199.759,77 Euros. Como se puede apreciar, en el ejercicio del 2005, período en el que estuvo todo el año en funcionamiento la variante, descendieron los ingresos en un 43% respecto del año 2003 en el que aún no estaba abierta dicha variante. Esto hace insostenible mantener por mas tiempo su puesto de trabajo y que, lamentablemente, debemos amortizar.

En estos mismos períodos la cuenta de pérdidas y ganancias ha dado los siguientes resultados: Año2003 - 21.237,03 euros de beneficios; Año 2004 - 1.672,66 euros de beneficios; Año 2005 - 41985,69 euros de pérdidas. Estos datos son reflejo de lo anteriormente expuesto".

III.- Que el demandante no ostenta ni ha ostentado la condición de representante legal de los trabajadores.

IV.- Que se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación.

Fallo

: Que desestimando la demanda interpuesta por D. Fermín, contra Hostal Maite, SL en materia de despido

, debo declarar y declaro la procedencia del despido efectuado, y debo de absolver y absuelvo a la empresa demandada de las pretensiones deducidas en su contra».

TERCERO

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por D. Fermín, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.

CUARTO

En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

......continua........

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de La Rioja, en fecha 31 de julio de 2006, en autos núm. 469/2006 sobre despido, desestimó la demanda y declaró el despido procedente. Contra dicha sentencia se interpone por la representación letrada del actor recurso de suplicación. articula el mismo a través de un motivo de revisión fáctica, al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , y dos de censura jurídica sustantiva, amparados en el apartado c) del mismo artículo y Ley, con la súplica de que, estimando el recurso, se declare la nulidad, o subsidiariamente la improcedencia, del despido del actor, y ante la imposibilidad de readmisión, se declare extinguida la relación laboral en la fecha de la Sentencia que se dicte, condenando a la empresa a que abone al actor la indemnización legal de 45 días de salario por año trabajado, con el abono en todo caso de los salarios de tramitación correspondientes.

SEGUNDO

Antes de proceder a la resolución de los concretos motivos de suplicación, conviene efectuar las siguientes consideraciones previas:

En un motivo previo a la impugnación del recurso, el Letrado de la empresa demandada manifiesta: «Dado que el presente Recurso es copia fiel del formulado por los compañeros del recurrente D. Augusto y D. Silvio y que se está tramitando ante esa Ilma. Sala con el número(NNN) NNN-NNNNproveniente del Juzgado de lo Social núm. 2, también nuestro escrito de impugnación es copia del que en su día formulamos».

El recurso al que el impugnante se refiere es el tramitado en la Sala, bajo el núm. 278/2006, y resuelto por Sentencia núm.(NNN) NNN-NNNN de 12 de septiembre de 2006 ( PROV 2006, 258298) . En dicha sentencia, la Sala desestimó el recurso de suplicación interpuesto por los dos actores contra la Sentencia núm. 363/06 del Juzgado de lo Social núm. 2, de 10 de julio de 2006, tras de razonar, en su fundamento jurídico segundo, que «debe partirse de las siguientes premisas fácticas y jurídicas:

Ambas partes actoras plantearon en sus respectivas demandas posteriormente acumuladas, cuyo contenido íntegro fue ratificado en el acto del juicio, la nulidad o subsidiaria improcedencia del despido objetivo por amortización de puesto de trabajo efectuado por la empresa demandada, alegando en el acto del juicio, el no haber quedado acreditada la necesidad de amortizar los puestos de trabajo, ni en que proporción afectan las pérdidas a los trabajadores despedidos; de lo que se deduce que si bien en los fundamentos de derecho de las mismas no se especificaba el concreto precepto invocado, señalándose genéricamente los art. 50 a 56 del ET ( RCL 1995, 997) , el despido cuya declaración de nulidad o subsidiaria improcedencia se solicitaba, no era otro que el previsto en el art. 52 c) en relación al art. 51.1 ambos del ET sin que en el acto del juicio en el trámite de conclusiones se añadiera nada al respecto de otras cuestiones, limitándose la actora a elevar las conclusiones a definitivas.

Posteriormente y ya en el escrito de interposición del recurso de suplicación, la parte actora constituida en parte recurrente, modifica el planteamiento de los hechos y del derecho aplicable, para solicitar la nulidad o subsidiaria improcedencia del despido por tratase según la misma de un despido colectivo sin que se procediera por el empresario a la tramitación del oportuno expediente administrativo de regulación de empleo, pretendiendo la introducción de un nuevo hecho, consistente en que a la fecha del despido prestaban servicios junto a los actores cuatro compañeros más, de los cuales, D. Luis Carlos fue despedido en la misma fecha que los actores, y los 3 trabajadores restantes, fueron despedidos con fecha 23 de junio de 2006, conllevando el cierre de la empresa.

Siendo nueva y por lo tanto extemporánea, la alegación de los referidos hechos, y fundamentos de derecho, en aplicación de la Jurisprudencia que a continuación y en fundamento aparte se expondrá, lo que sería suficiente para la desestimación del recurso; resta añadir a meros efectos formales, que no consta la fecha en que fueron despedidos dos de los trabajadores a los que se refiere la parte recurrente, ni la fecha del cierre, al no existir prueba documental alguna de la que deducir fehacientemente el hecho; y que ni tan siquiera puede afirmarse que además de los referidos trabajadores, no existieran otros trabajadores autónomos al tratarse de una empresa familiar, tal y como alega la parte impugnante en el escrito de impugnación del recurso».

En el presente caso no puede apreciarse que el recurrente haya planteado una cuestión nueva, introduciéndola extemporáneamente en el debate judicial a través del recurso. Y ello por las siguientes razones:

A) En el hecho primero de la demanda afirma que la empresa «tiene en plantilla a seis trabajadores»; en el segundo hace referencia a que, «en fecha 03.03.2006, le hacen entrega de una carta de despido de fecha de efectos 2 de abril de 2006, por amortización de puesto de trabajo», y en el tercero expresa literalmente «que esta actuación constituye un despido, no ajustado a derecho, no se ha seguido la formalidad y procedimiento exigida legalmente, no existen motivos que lo justifiquen, me genera indefensión, y por lo que el despido debe tener la calificación de nulo, o subsidiariamente improcedente». Y en el fundamento de derecho V de su escrito de demanda cita «Los arts. 50 a 56 del ET que regulan el despido». La demanda fue presentada en el Decanato el 4 de mayo de 2006 -folio 1-, antes de que se hubieran producido los supuestos otros tres despidos el 21 de junio de 2006 con efectos del 23 de junio del mismo año.

B) En el acto del juicio, celebrado el 11 de julio de 2006 -folios 16 y 17-, el actor, al ratificar la demanda en trámite de alegaciones, advierte que la empresa, que tenía 6 trabajadores, había despedido primero a tres y después a otros tres por lo que debió acudir al expediente de regulación de empleo, al no mediar 90 días entre unos despidos y otros -folio 16 vto.-

C) La propia sentencia de instancia recoge la alegación debatida, en su fundamento jurídico segundo, razonando lo siguiente: «En primer lugar en referencia a la alegación del demandante en el sentido de que hubiera debido tramitarse un expediente de regulación de empleo, hay que tener en cuenta que no se ha probado, pese a que la extinción de que entendemos comporte la cesación total de la actividad empresarial, que el numero de trabajadores afectados sea superior a cinco, siendo que el párrafo 4° del art. 51.1. ET completa el párrafo primero exclusivamente, por lo que no procede estimar la oposición referida».

Todo ello conduce a que la Sala haya de entrar a resolver los motivos planteados en el presente recurso de suplicación.

 

................ continúa................

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

TERCERO

En el primero de sus motivos, la parte suplicante insta la adición de un nuevo hecho, bajo el ordinal Segundo bis, para el que propone el siguiente texto: «Que en la fecha del despido prestaban servicios junto al actor cinco compañeros más, de los cuales, DON Augusto y de DON Silvio fueron despedidos en la misma fecha que los actores, y los 3 trabajadores restantes, XXXXX XXXXX Ángel, de DOÑA María Virtudes, y de DOÑA Marisol, fueron despedidos, por causas objetivas, con fecha 23 de junio de 2006, conllevando el cierre de la empresa».

Ofrece, para acreditar la certeza del texto propuesto, los documentos, que obran en su propio ramo de prueba, consistentes en cartas de despido de fecha 3 de marzo de 2006 con efectos de 2 de abril de los trabajadores D. Silvio -folios 70 y 71- y D. Augusto - folios 72 y 73-, y los obrantes en el ramo de prueba de la empresa demandada, consistentes en cartas de despido de fecha 21 de junio de 2006 con efectos de 23 de junio de los trabajadores D. Jose Ángel -folios 79 a 81-, Dª María Virtudes -folios 82 a 84- y Dª Marisol -folios 85 a 87-, en boletines de cotización a la Seguridad Social (modelos euro TC 2) correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2006 -folios 119 y 120-, en cuya relación nominal aparece el número de trabajadores, 6, y los apellidos y nombre de los mismos, en abreviatura, que se corresponden con los seis que han recibido de la empresa carta de despido por causas objetivas. Mientras que «la cesación total de la actividad empresarial» la declara el Magistrado de instancia en el primer párrafo de su fundamento jurídico segundo, con evidente virtualidad fáctica.

El motivo ha de ser favorablemente acogido, dada la idoneidad y eficacia de los documentos citados para evidenciar la realidad del texto adicional propuesto, adición que, pese a la opinión de la parte impugnante del recurso, puede resultar trascendente a efectos modificadores del signo del fallo, como enseguida se verá.

CUARTO

Ya en vía de censura jurídica sustantiva, el motivo segundo denuncia la infracción de los artículos 52 c) y 51.1 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , en relación con el artículo 6.4 del Código Civil ( LEG 1889, 27) .

Como ya tuvo ocasión de señalar esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en Sentencia, entre otras, núm. 119 de 6 de abril de 2006 ( Recurso de suplicación núm. 123/06 [ AS 2006, 1817] ), con cita de algunas como las de 11 de abril de 2000 [ AS 2000, 5290] , 1 de marzo [ AS 2005, 650] y 19 de julio de 2005 [ AS 2005, 3646] : «Nos hallamos ante un despido acordado por la empresa al amparo del artículo 52 c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , cuya redacción, y con ella la regulación del despido por causas objetivas cuando éstas fuesen de índole técnica, organizativa o de producción, fue modificada por el artículo 3 del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo ( RCL 1997, 1212, 1271) , de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la Contratación Indefinida.

Con respecto a la regulación anterior, la Sentencia número 93/1995 de esta Sala, de 2 de mayo de 1995 ( AS 1995, 1791) , citada por la recurrente, expresaba, entre otras cosas, lo siguiente: "El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1980, 607) regula la 'extinción del contrato por causas objetivas' y, entre éstas, recoge en el apartado c), en la nueva redacción dada por el artículo 5.10 de la Ley 11/1994, de 19 de mayo ( RCL 1994, 1422, 1651) , la siguiente: 'Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al establecido en el mismo. Los representantes de los trabajadores -condición que no concurre en los presentes actores- tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto a que se refiere este apartado'. El artículo 51, relativo a la extinción de contratos de trabajo por 'despido colectivo', expresa que ha de fundarse 'en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción'.

Emplea, así, la Ley tanto para esta causa objetiva de extinción del contrato, como para las del 'despido colectivo' a las que se remite y las de la suspensión del contrato del artículo 47.1, cuatro conceptos jurídicos indeterminados, si bien el propio artículo 51.1 facilita su interpretación al decir que 'se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos'.

...'Los límites que el Estatuto de los Trabajadores impone a la posibilidad de adopción de la medida empresarial de amortización de puestos por dichas causas, son de diversa índole:

A) Funcional o teleológico -que contribuya a superar una situación económica negativa, si las aducidas son económicas, o a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de sus recursos, si son técnicas, organizativas o productivas, según el párrafo segundo del artículo 51.1; que el móvil no sea alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución ( RCL 1978, 2836) o en la Ley, y que no se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas, según advierte el artículo 53.4 -.

B) Cuantitativo -"en número inferior al establecido' en el artículo 51.1 para el despido colectivo, según el artículo 52 c)-.

C) Garantista para los representantes legales de los trabajadores -'Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto a que se refiere este apartado', dice el último inciso del artículo 52, c)-.

D) Formales -comunicación escrita, entrega de indemnización y plazo de preaviso de treinta días, conforme al artículo 53.1 del Estatuto"-.

En ese contexto, si bien no podía exigirse que el empresario aportase una prueba absoluta de la vinculación entre la medida adoptada y su finalidad, sí que debía acreditar una conexión razonable entre la causa y el efecto.

Posteriormente, dispuso el artículo 3 del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo ( RCL 1997, 1212, 1271) :

"Extinción del contrato de trabajo.

El apartado c) del artículo 52 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo ( RCL 1995, 997) , queda redactado de la forma siguiente:

'c) Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al establecido en el mismo. A tal efecto, el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos.

Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado'.

Así, la nueva regulación de estas causas de despido suaviza la exigencia en tanto que lo que el legislador impone ahora es que la medida contribuya a "superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda". Pero tal suavización no exime a la empresa de acreditar que tales dificultades existen y que la decisión extintiva adoptada se halla vinculada al mantenimiento de la posición competitiva de la empresa en el mercado o las exigencias de la demanda. Como dijo la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1996 ( RJ 1996, 5162) , "Es al empresario a quien corresponde probar la realidad de las causas o factores desencadenantes de los problemas de rentabilidad o eficiencia de la empresa. Lo que supone de un lado la identificación precisa de dichos factores, y de otro la concreción de su incidencia en las esferas o ámbitos de afectación señalados por el legislador. Esta concreción se refleja normalmente en cifras o datos desfavorables de producción, o de costes de factores, o de explotación empresarial, tales como resultados negativos en las cuentas del balance, escasa productividad del trabajo, retraso tecnológico respecto de los competidores, obsolescencia o pérdida de cuota de mercado de los productos o servicios, etcétera"».

Y también la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2003 ( RCUD núm. 4454/2002 [ RJ 2003, 7165] ), con cita de las de 13 de febrero de 2002 ( RJ 2002, 3787) y 19 de marzo de 2002 ( RJ 2002, 5212) , expresaba lo siguiente: «El razonamiento de la primera de las sentencias citadas, reproducido en la segunda, y completado con doctrina jurisprudencial sentada en otras sentencias de unificación de doctrina que vienen al caso, se puede resumir en los siguientes puntos: 1) el art. 52.c) ET ( RCL 1995, 997) separa claramente las causas económicas de las causas técnicas, organizativas y de producción, valorando de distinta manera los hechos constitutivos de las mismas, y sin perjuicio de que en determinadas situaciones puedan concurrir varias de ellas a un tiempo ( STS 14-6-1996 [ RJ 1996, 5162] , STS 6-4-2000 [ RJ 2000, 3285] ); 2) las causas económicas se refieren a la rentabilidad de la empresa, manifestándose como situación de pérdidas o desequilibrios financieros globales, mientras que las restantes causas tienen su origen en sectores o aspectos limitados de la vida de la empresa, manifestándose como desajuste entre los medios humanos y materiales de que dispone la empresa y las necesidades de la empresa o las conveniencias de "una mejor organización de los recursos" (STS 14-6-1996, STS 13-2-2002, SSTS 19-3-2002); 3) la extinción del contrato de trabajo que deriva de una "exteriorización" o subcontratación de servicios se puede considerar producida por causas organizativas o productivas a efectos del art. 52.c) ET, si efectivamente la decisión empresarial responde a dificultades acreditadas en el funcionamiento de la empresa ( SSTS 30-9-1998 [ RJ 1998, 7586] , SSTS sala general 3-4-2000 y 4-4-2000 ); 4) cuando se alegan causas técnicas, organizativas o productivas no es necesario que la causa alegada "haya de ser valorada y contrastada en la totalidad de la empresa", bastando con que se acredite "exclusivamente en el espacio en el que se ha manifestado la necesidad de suprimir el puesto de trabajo" (SSTS 13-2-2002, STS 19-3-2002); y 5) el art. 52.c) ET no impone al empresario la obligación legal, que sí podrían prever los convenios colectivos, de "agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador" en la empresa, o de "su destino a otro puesto vacante de la misma" (STS 13-2-2002, STS 19-3-2002) estableciendo en cambio otras compensaciones como indemnización por cese, preaviso y licencia de horas para buscar nuevo empleo».

La Sentencia de la misma Sala de 15 de octubre de 2003 ( RCUD núm. 1205/2003 [ RJ 2004, 4093] ), expresaba, entre otras cosas:

«... De acuerdo con nuestra sentencia de 29 de mayo de 2001 ( RJ 2001, 5452) , la amortización de puestos de trabajo en que consiste el despido objetivo o económico del art. 52.c. ET ( RCL 1995, 997) tiene lugar cuando se produce una disminución de los efectivos de la empresa por extinción de contratos de trabajo acordada por el empresario, aunque las funciones o cometidos laborales desempeñados antes por los trabajadores despedidos se asignen a otros trabajadores de la empresa o sean asumidos por el propio empresario. El art. 52.c. ET se refiere por tanto a una amortización orgánica efectiva o propiamente dicha, relativa a un puesto de trabajo de la plantilla u organigrama de la empresa, y no a una amortización funcional o virtual, concerniente a las concretas tareas o trabajos que se desarrollan en la misma

...Como ya se ha dicho, la amortización de uno o varios puestos de trabajo a que se refiere el art. 52.c. ET ha de justificarse en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Según reconoce la propia sentencia recurrida, para apreciar la concurrencia de las causas económicas (en sentido estricto) del despido objetivo basta en principio con la prueba de pérdidas en las cuentas y balances de la sociedad titular de la empresa. Si estas pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume en principio salvo prueba en contrario, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, que la amortización de puestos de trabajo sobrantes es una medida que coopera a la superación de dicha situación económica negativa. Así se viene entendiendo desde nuestra sentencia de 24 de abril de 1996 ( RJ 1996, 5297) , con el argumento de que la amortización de puestos de trabajo sobrantes comporta una disminución automática de la partida de costes de personal, que contribuye directamente por sí misma a aliviar la cuenta de resultados. Esta línea de argumentación fue ratificada en la sentencia de 14 de junio de 1996 ( RJ 1996, 5162) al exigir una conexión de funcionalidad entre la extinción del contrato de trabajo producida y la superación de la situación económica negativa constatada, y ha sido reiterada luego en otras resoluciones, entre ellas recientemente en la sentencia de 30 de septiembre de 2002 ( RJ 2002, 10679) ».

Los párrafos tercero, cuarto y quinto del apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , que regula el «Despido colectivo», disponen taxativamente lo siguiente:

«...Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, siempre que su número sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en fraude de Ley, y serán declaradas nulas y sin efecto».

Finalmente, el último párrafo del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción incorporada por el artículo 3 de la Ley 12/2001, de 9 de julio ( RCL 2001, 1674) , de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, dispone: «Cuando la extinción afecte a un número de trabajadores igual o superior al establecido en el artículo 51.1 de esta Ley se deberá seguir el procedimiento previsto en dicho artículo».

En definitiva, el Legislador ha querido permitir que el empresario pueda extinguir los contratos de trabajo con fundamento en causas económicas, pero distinguiendo claramente entre los despidos colectivos -artículo 51 - y los despidos individuales -artículo 52-, exigiendo para los primeros autorización administrativa a través de la tramitación de un procedimiento de regulación de empleo - artículo 51- y simplificando la adopción de los segundos con sólo los requisitos formales de comunicación escrita, puesta a disposición de la indemnización y preaviso -artículo 53-. Pero, como ya hemos visto, la Ley no le concede al empresario un derecho de opción a utilizar, para reducir o eliminar su plantilla cuando realmente concurre alguna de las causas legalmente previstas, bien el despido colectivo o los despidos individuales. Por el contrario, establece, para determinar qué despidos son colectivos y para su adopción es imprescindible la previa autorización administrativa tras la tramitación de un expediente de regulación de empleo, unos umbrales de número de afectados en relación con la plantilla total -artículo 51.1, párrafo primero - y, en todo caso, cuando afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa y el número de trabajadores sea superior a cinco - artículo 51.1, párrafos tercero y cuarto -, y, además, en relación con un período de referencia, que es de noventa días -artículo 51.1 párrafos primero y quinto -.

Y en el presente caso, del relato fáctico de la sentencia de instancia, con la adición del hecho declarado probado segundo bis como consecuencia de la estimación del primer motivo de suplicación, claramente se desprende que la empresa demandada, en un período inferior a noventa días (2 de abril a 23 de junio de 2006), procedió al despido por amortización de puesto por causas económicas de cada uno de los seis trabajadores que integraban la plantilla de la empresa, comportando la cesación total de la actividad empresarial, de manera que los despidos efectuados en el período legal de referencia eran más de cinco, lo que impedía la realización de despidos individuales y, como despido colectivo, obligaba a solicitar autorización administrativa tras la tramitación del correspondiente E.R.E.

La consecuencia de tal omisión es que el despido del actor ha de declararse nulo, en aplicación tanto del último párrafo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) y reitera el artículo 122.2 d) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , en concordancia con lo ordenado en el artículo 6.4 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , como de lo dispuesto en el artículo 124 de la misma Ley procesal laboral, del siguiente tenor: «El órgano judicial declarará nulo, de oficio o a instancia de parte, el acuerdo empresarial de extinción colectiva de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, fuerza mayor o extinción de la personalidad jurídica del empresario si no se hubiese obtenido la previa autorización administrativa, en los supuestos en que esté legalmente prevista. En tal caso la condena a imponer será la que establece el artículo 113 de esta Ley». Es decir, «se condenará a la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir».

Y no se opone a tal solución la alegación formulada por la parte impugnante del recurso -y, por otra parte, no probada- en el sentido de que «la mercantil Hostal Maite, SL era una empresa familiar en la que también trabajaban como autónomos la administradora de la misma..., y su hijo...», pues los preceptos citados se refieren en todo caso a los «contratos de trabajo» y a los «trabajadores», pero no a los autónomos.

En coherencia con lo expuesto, el motivo segundo también ha de ser estimado.

QUINTO

Sentado lo cual, resulta inútil la resolución del tercer y último motivo, en el que, con el mismo amparo procesal del anterior y con carácter subsidiario del mismo, se denuncia nuevamente la infracción del artículo 52.1 c) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , para alegar que, a su juicio no se ha acreditado que la decisión extintiva del empresario por causas económicas tuviera como fin contribuir a la superación de situaciones económicas negativas.

Resta añadir que la Sala no puede acceder a la pretensión deducida en el recurso de que, «ante la imposibilidad de readmisión, se declare extinguida la relación laboral en la fecha de la Sentencia que se dicte, condenando a la empresa a que abone al actor la indemnización legal de 45 días de salario por año trabajado, con el abono en todo caso de los salarios de tramitación correspondientes».

Como ya hemos señalado en Sentencia núm. 442/2003, de 20 de noviembre de 2003 ( PROV 2004, 100063) , entre otras, el artículo 113 del vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) dispone que «Si el despido fuera declarado nulo se condenará a la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. La sentencia será ejecutada de forma provisional en los términos establecidos por el artículo 295, tanto cuando fuera recurrida por el empresario como por el trabajador». E igualmente el artículo 55.6 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) establece que «El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir». Y es en el artículo 284 donde el vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral determina la posibilidad de dictar auto, que pone fin al incidente de ejecución de sentencia firme, en el que, atendiendo a que en el trámite del incidente de ejecución de sentencia firme se haya acreditado la imposibilidad de readmisión por cierre o cese de la empresa obligada, se declare extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución, resolución en la que, también, se acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señala el apartado 2 del artículo 279 de la misma Ley.

Consecuencia de todo ello es que procede estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto, sólo en lo que se refiere a la calificación del despido como nulo, revocar la sentencia recurrida y, con estimación de la pretensión deducida con carácter principal en la demanda, declarar la nulidad del despido del actor, condenando a la empresa demandada a su inmediata readmisión en el puesto de trabajo, con abono de los salarios dejados de percibir.

Sin que, conforme a lo previsto en el artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, haya de efectuarse condena en costas.

Vistos

los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que estimamos en parte el recurso

de suplicación interpuesto por la representación letrada de D. Fermín contra la Sentencia dictada el 31 de julio de 2006 por el Juzgado de lo Social número Uno de La Rioja, en autos núm. 469/2006 por despido

, seguidos a instancia del recurrente frente a la empresa Hostal Maite, SL, revocamos dicha sentencia y, estimando la pretensión principal de su demanda, declaramos la nulidad del despido

del actor y condenamos a la empresa demandada a su inmediata readmisión en el puesto de trabajo y a abonarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la fecha de notificación de esta sentencia. Sin costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, debiendo anunciarlo ante esta Sala en el plazo de diez dias

mediante escrito que deberá llevar firma de Letrado y en la forma señalada en los artículos 215 y siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) . Si el recurrente es empresario que no goce del beneficio de justicia gratuita y no se ha hecho la consignación oportuna en el Juzgado de lo Social, deberá ésta consignarse en la cuenta que esta Sala tiene abierta con el núm. 2268-0000-66-0333-06 del Banesto, Código de entidad 0030 y Código de oficina 8029 pudiendo sustituirse la misma por aval bancario, y el depósito para recurrir de 300,51 euros deberá hacerse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Expídanse testimonios de esta resolución para unir al Rollo correspondiente y autos de procedencia, incorporándose su original al correspondiente libro de Sentencias.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Magistrado-Ponente, Ilmo. Sr. D. Luis Loma Osorio Faurie, celebrando audiencia pública la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de lo que como Secretaria de la misma doy fe.

 

 

La consecuencia de tal omisión es que el despido de todos los trabajadores por el artículo 52.3 E.T será nulo, en aplicación tanto del último párrafo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) y reitera el artículo 122.2 d) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , en concordancia con lo ordenado en el artículo 6.4 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , como de lo dispuesto en el artículo 124 de la misma Ley procesal laboral, del siguiente tenor: «El órgano judicial declarará nulo, de oficio o a instancia de parte, el acuerdo empresarial de extinción colectiva de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, fuerza mayor o extinción de la personalidad jurídica del empresario si no se hubiese obtenido la previa autorización administrativa, en los supuestos en que esté legalmente prevista. En tal caso la condena a imponer será la que establece el artículo 113 de esta Ley». Es decir, «se condenará a la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir».

 

SI ESTA CONFORME CON ASESORAMIENTO RUEGO SU ACEPTACIÓN.

Saludos,

Gómez Nix Abogados

 

 

R.Gomez, Licenciatura
Categoría: Legal
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Experiencia: DERECHO Y COLEGIADO EN ICAM
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Cliente: escribió hace 5 año.

Si la totalidad de los despidos se ha producido en el periodo de 90 dias y el número es inferior al umbral que marca la ley ¿por que son nulos los despidos?

 

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Porque la ley lo que establece es que no se podrá durante los 90 días siguientes al ERE realizar despidos objetivos individuales y el empresario los ha despedido como individuales...

Un saludo.

Gómez Nix Abogados.

 

 

 

Cliente: escribió hace 5 año.

En qué articulo o parrafo de la ley indica que en los 90 dias posteriores al ere no se puede despedir individualmente?

 

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

ESTATUTO TRABAJADORES

Artículo 51. Despido colectivo.

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:

  1. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

  2. El 10 % del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

  3. Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores. ESTO ES EL UMBRAL DE TRABAJADORES NECESARIOS PARA SER COLECTIVO.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. A estos efectos, la empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. ESTOS SON LOS MOTIVOS OBJETIVOS.

 

Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, siempre que su número sea, al menos, de cinco.

 

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en fraude de Ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.

El artículo reseñado establece que si en 90 días con el objeto de eludir ERE (que es despido colectivo) al amparo de lo dispuesto en 52 c en un número inferior al umbral señalado y sin que concurra causas nuevas.... dichas extinciones se considerarán efectuadas en fraude ley, declaradas nulas y sin efecto.

 

ESTO QUIERE DECIR QUE SI UNA EMPRESA DESPIDE TRABAJADORES EN 90 DÍAS DESPUES DEL DESPIDO OBJETIVO COLECTIVO EN NUMERO INFERIOR AL UMBRAL ESTABLECIDO EN DESPIDO COLECTIVO Y SIN EXISTIR CAUSA NUEVA A LA QUE HUBO EN LA ERE, ESOS DESPIDOS SERÁN COMETIDOS EN FRAUDE DE LEY Y POR TANTO NULOS.

 

Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas. DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL.

El contrato podrá extinguirse:

 

c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo.

 

EL ARTÍCULO 51 E.T. LO ESTABLECE.

Un saludo,

Gómez Nix Abogados.

 

 

 

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