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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
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tengo un piso grande en el que vivo y alquil dos habitaci nes

Pregunta del cliente

tengo un piso grande en el que vivo y alquilé dos habitaciónes con baño y sala con cocina americana a dos chicos, ahora lo dejan y faltan muchas cosas, al pedir que las repusieran no solo no lo quieren hacer sino que me han amenazado (y de forma violenta) con denunciarme al ayuntamiento por alquilar habitaciones sin legalizar y que también lo harán a hacienda por no haber declarado los ingresos.
Tenia que haber legalizado el alquiler de las habitaciones? me pueden denunciar por no haberlo declarado? y que fuerza tendrían? ellos pagaban en efectivo y no hay ni recibos ni ingresos en banco que lo demuestren. Y por ultimo se puede reclamar legalmente de algún modo las cosas que faltan? son bastantes.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Hola:

 

Los contratos verbales son perfectamente válidos y el hecho de que ud cobre en efectivo no puede presuponer que Ud no declare el dinero. Es decir sus amenazas no merecen demasiada atención.

Pero eso no soluciona el problema de Ud de demostrar la existencia previa de los objetos, ni que hayan sido ellos los responsables de la perdida.

A futuro deje todo por escrito, un arelación de mobiliario y estado, muy exhaustivo, y no tendrá los cabos sueltos.



Editado por JoseMagadan el 03/02/2011 a las 22:32 EST
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Estimada usuaria en contestación a su consulta, le informamos que:

1.- A efectos tributarios existe una exoneración operaciones interiores IVA para supuestos como el suyo... por ahí no le puede pasar nada....

 

Adjunto la consulta realizada a tal efecto a Hacienda:

 

Dirección General de Tributos (Consulta) .Resolución núm. 297/2003 de 27 febrero

JUR\2003\87725

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (LIVA/1992): Exenciones en operaciones interiores: arrendamientos de determinados inmuebles: arrendamientos de viviendas: exclusión de arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados con servicios hoteleros: arrendamiento de casas rurales por habitaciones o completas con servicios de limpieza, suministro de ropa de habitación y lencería de baño y otros: consideración como servicio hotelero: exención improcedente: doctrina administrativa.

 

Jurisdicción: Vía administrativa

Consulta

Ponente: desconocido

 

Nº. CONSULTA

0297-03

ORGANO

Consulta

FECHA SALIDA

27/02/2003

NORMATIVA

Ley 37/1992 arts. 4, 5; 20-uno-23º. Real Decreto-Legislativo 1175/1990

DESCRIPCION

Arrendamientos de los siguientes inmuebles :a) Casas rurales por habitaciones: ofreciéndose servicio de restaurante, limpieza diaria, en su caso, limpieza de zonas comunes así como el suministro de ropa de habitación y lencería de baño. b) Casas rurales completas: ofreciéndose las siguientes prestaciones o ninguna de ellas: recepción, cambio de ropa de cama, lencería de baño, limpieza, lavado de ropa, productos de acogida (jabón, champú, etc..), agroturismo o información y atención al cliente.- Prestaciones de servicios en hoteles rurales.

CUESTION

Aplicación de la exención prevista en el artículo 20-uno 23º de la Ley 37/92.

CONTESTACION

A) Impuesto sobre el Valor Añadido. 1.- El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), dispone que estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado uno, letra c) de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, se reputarán empresarios o profesionales a quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. 2.- El artículo 11, apartado uno de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone que, a los efectos de dicho Impuesto, se entenderá por prestación de servicios toda operación sujeta al citado tributo que, de acuerdo con dicha Ley, no tenga la consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes. El apartado dos, número 2º, del precepto citado dispone que, en particular, se considerarán prestaciones de servicios los arrendamientos de bienes, industria o negocio, empresas o establecimientos mercantiles con o sin opción de compra. 3.- El artículo 20, apartado uno, 23º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido preceptúa lo siguiente: "Uno. Estarán exentas de este Impuesto las siguientes operaciones: (...) 23º. Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley y la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes: (...) b) Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas, incluidos los garajes y anexos accesorios a estas últimas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquellos. La exención no comprenderá: e') Los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuando el arrendador se obligue a la prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hotelera, tales como los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos". Según criterio de este Centro directivo a efectos de lo expuesto en el precepto anterior deben considerarse servicios accesorios o complementarios del servicio de hostelería aquellos que constituyen un complemento normal del mismo, como pueden ser los servicios de personal, teléfono, bar, restaurante, limpieza, cambio de ropa de cama y baño, limpieza de ropa, etc.. 4.- En consecuencia, este Centro directivo le informa lo siguiente: 1º.- Están sujetos y exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido los arrendamientos de casas rurales completas o por habitaciones objeto de consulta en los que el arrendador no se obliga a prestar servicio complementario propio alguno de la industria hostelera. 2º.- Están sujetos y no exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido los arrendamientos de casas rurales completas o por habitaciones objeto de consulta en los que el arrendador se obliga a prestar determinados servicios de la industria hotelera (limpieza, lavado de ropa, información y atención al cliente, recepción, cambio de ropa de cama y baño, restaurante, etc.) Asimismo, están sujetos y no exentos del citado tributo los servicios prestados por hoteles rurales a que se refiere el escrito de consulta. B) Impuesto sobre Actividades Económicas. 1º) La Instrucción para la aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas ambas (Instrucción y Tarifas) por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, establece en su Regla 4ª.2.F) que los sujetos pasivos por prestación de servicios de hospedaje, podrán prestar, sin pago de cuota adicional alguna, servicios complementarios, tales como salones de peluquería y belleza, limpieza de ropa y calzado, garaje e instalaciones deportivas, cambio de moneda, venta de periódicos y postales, alquiler de instalaciones y elementos deportivos, etc., siempre que los mismos se exploten directamente por aquellos y se destinen a uso exclusivo de los clientes del establecimiento, computándose, en todo caso, la superficie de los locales en los que se presten los referidos servicios a efectos de lo dispuesto en la letra F) del apartado 1 de la Regla 14ª. Cuando los servicios complementarios a que se refiere el párrafo anterior se presten al público en general, los sujetos pasivos deberán satisfacer el 50 por 100 de la cuota correspondiente a cada uno de ellos, aunque los exploten directamente. Cuando tales servicios complementarios se presten por personas o entidades distintas del titular de la explotación hotelera, dichas personas o entidades satisfarán el 100 por 100 de las cuotas correspondientes a los mismos, con independencia de que dichos servicios se presten con carácter exclusivo a los clientes del establecimiento hotelero, o al público en general. 2º) En cuanto a la clasificación que, dentro de las Tarifas del Impuesto, ha de tener un establecimiento concreto de los denominados de Turismo Rural, dependerá del tipo de servicio prestado y de la categoría que las autoridades competentes en materia turística le hayan otorgado. La Agrupación 68 de la Sección Primera de las Tarifas clasifica las actividades de prestación de servicios de hospedaje. Dichos servicios se caracterizan por extender la atención a los clientes más allá de la mera puesta a su disposición de un inmueble o parte del mismo. Es decir, la actividad de hospedaje se caracteriza, a diferencia de la actividad de alquiler de viviendas, porque normalmente comprende la prestación de una serie de servicios tales como limpieza de inmuebles, cambio de ropa, custodia de maletas, puesta a disposición del cliente de vajilla, enseres y aparatos de cocina, y a veces, prestación de servicios de alimentación. Sin embargo, si el servicio prestado consiste, exclusivamente, en el arrendamiento por períodos de tiempo de casas o parte de las mismas, sin prestar ningún servicio propio de la actividad de hospedaje y limitándose a poner a disposición del arrendatario las instalaciones, estaremos ante una actividad propia del Epígrafe 861.1 "Alquiler de viviendas" de la Sección Primera de las Tarifas. No obstante lo anterior, la Nota 2ª a dicho Epígrafe establece que "los sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 601,01 euros tributarán por cuota cero", en cuyo caso, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 15ª de la Instrucción, "los sujetos pasivos no satisfarán cuota alguna por el impuesto, ni estarán obligados a formular declaración alguna". Esta circunstancia de tributación por cuota cero, para la actividad de alquiler de viviendas, se da cuando el valor catastral de todos los inmuebles de la misma naturaleza (viviendas) puestos en alquiler, sea inferior a 601.012,10 euros, ya que la cuota correspondiente a este Epígrafe, que tiene carácter nacional, es del 0,10 por ciento del valor catastral asignado a las viviendas a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 3º) Aplicando lo hasta aquí expuesto al caso planteado en la consulta, resulta que el simple alquiler de pisos o apartamentos, sin que el titular de la actividad de alquiler preste ningún otro tipo de servicio al inquilino, constituye una actividad propia del Epígrafe 861.1 de la Sección Primera de las Tarifas, "Alquiler de viviendas", debiendo clasificarse tal actividad en dicho Epígrafe con arreglo a lo dispuesto en su Nota 2ª, que establece la tributación por cuota cero para aquellos sujetos pasivos cuyas cuotas por esta actividad sean inferiores a 601,01 euros. Por el contrario, en aquellos casos concretos en que, por la forma y circunstancias en que se realiza la actividad, ésta no se limite a la mera puesta a disposición de un inmueble o parte del mismo durante periodos de tiempo, sino que se trate de actividades que reúnan las características propias de las actividades de servicios de hospedaje (por prestar alguno de los servicios a que nos referíamos en el punto anterior), se deberá causar alta por el impuesto dentro de la Agrupación 68, "Servicios de hospedaje". En el supuesto de que las autoridades administrativas competentes en materia turística no hayan otorgado ninguna categoría al establecimiento o local en que se prestan dichos servicios de hospedaje, corresponderá matricularse en el Grupo 685 de la Sección Primera, "Alojamientos turísticos extrahoteleros". Cuando dichas autoridades sí hayan otorgado una categoría concreta al establecimiento, pero dicha categoría no coincida con la clasificación de los establecimientos de hostelería incluida en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, se equiparará siempre la categoría más baja del Impuesto sobre Actividades Económicas con la más baja de las reguladas por la Comunidad Autónoma de que se trate y se va ascendiendo correlativamente del mismo modo (segunda más baja del Impuesto sobre Actividades Económicas con la segunda más baja de la clasificación autonómica). 4º) Por último, debe resaltarse que, con efectos desde 1 de enero de 2003, la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E. de 28 de diciembre de 2002), ha modificado el artículo 83 de dicha Ley 39/1988. El artículo 83.1.c) de la Ley 39/1988, en su nueva redacción vigente desde 1 de enero de 2003, establece la exención en el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas para las personas físicas (con excepción de las personas físicas que sean no residentes sin establecimiento permanente en territorio español y de las personas físicas no residentes con establecimiento permanente en dicho territorio pero con un importe neto de cifra de negocios igual o superior a 1.000.000 de euros), para los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 33 de la Ley General Tributaria que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros, todo lo anterior en los términos previstos en las Reglas 1ª, 2ª y 3ª de la letra c) del apartado 1 del artículo 83 de la Ley 39/1988, así como para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en España mediante establecimiento permanente y tengan un importe neto de cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros (en los términos de las Reglas 1ª, 2ª y 4ª de dicha letra c)). C) Lo que comunico a Ud. con el alcance y efectos previstos en el apartado 2 del artículo 107 de la Ley General Tributaria.

 

2.- No se complique y acuda al juzgado de guardia o comandancia guardia civil e interponga una denuncia por sustracción de enseres en su casa así como por amenazas.... le facilitarán un modelo de denuncia no necesita un abogado para denunciar aunque si conoce a algún abogado no estaria de menos que le ayudara a redactar la denuncia..

 

3.- No se meta en un proceso civil... no le interesa.... tendría que pagar abogado y procurador.....

 

4.- Si acuden a un Ayuntamiento y la denuncian usted simplemente niege la mayor .... quien tiene que demostrar que estaban de alquiler en su casa son ellos.... si los pagos se hacían en negro no tienen nada que demostrar...siempre podría decir que vivían en precario, sin que usted recibiera renta alguna....

 

Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 2ª).Sentencia núm. 33/2004 de 18 febrero

AC\2004\199

PRECARIO: concepto: restricción en la LECiv/2000; procedimiento: XXXXX XXXXX en el art. 447 LECiv/2000 como juicio que no produce cosa juzgada; inexistencia: falta de cesión gratuita por el causante de la actora y a su ruego al demandado o su causante.

 

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 249/2003

Ponente: Ilmo. Sr. D. fernando paumard collado

 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz declara no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la Sentencia, de fecha 17-09-2003, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Llerena en juicio verbal.

 

En Badajoz, a dieciocho de febrero de dos mil cuatro.

La Sección 002 de la Ilma. Audiencia Provincial de Badajoz, ha visto en grado de apelación, los autos de Juicio Verbal (D. de Rectificación)(NNN) NNN-NNNN2003 del Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción Núm. 1 de Llerena seguido entre partes, de una como apelante María, representado por el Procurador Sr. Almeida Lorences y defendido por el Letrado Sr. Alberto Hernandez, y de otra, como apelado Juan, representado por el Procurador Sr. Pérez Pavo y defendido por el Letrado Sr. José Antonio Carrasco, sobre Juicio Verbal Civil

.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO

Seguido el juicio por sus trámites legales ante el Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción Núm. 1 de Llerena, por el mismo se dictó sentencia con fecha 17-9-03, cuya parte dispositiva dice:

Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Enrique Martínez Gutiérrez en nombre y representación de Dª María contra D. Juan, debo absolver y absuelvo al referido demandado de todos sus pedimentos todo ello con condena en costas a la parte actora.

TERCERO

Notificada dicha resolución a las partes, por María se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado a la parte contraria para su oposición o impugnación y verificado se remitieron los autos a este Tribunal con emplazamiento de las partes, donde se formó el rollo de Sala que fue seguido por sus trámites, habiéndose personado ambas partes en esta segunda instancia.

CUARTO

En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Paumard Collado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El recurso que se examina no puede prosperar, porque planteando el recurrido la cuestión de si el procedimiento de precario utilizado por la actora/apelante es adecuado para resolver las cuestiones planteadas, procede, señalar que el art. 1563.3 de la LECiv/1881 ( LEG 1881, 1) , disponía que el desahucio procedía contra cualquier persona que disfrutaba o tenía en precario una finca sin pagar renta o merced; por su parte, el art. 250.1 2 de la vigente LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) establece el juicio verbal como un procedimiento especial por razón de la materia para resolver aquellas controversias en las que se pretenda la recuperación de la plena posesión de la finca cedida en precario por el dueño o por cualquier persona con derecho a poseerla. Es decir, reflejan ambos preceptos un diferente concepto de precario, pues el concepto al que se refería la Ley de 1881 no aludía a la graciosa concesión, a su ruego, del uso de una casa, mientras lo permite el dueño cedente -sentido originario del precario, según el Digesto- sino que se extendía también a las situaciones en las que sin pagar merced utilizaban la posesión de un inmueble sin título para ello, o cuando el título invocado fuera ineficaz para enervar el título dominical del actor, de manera que el concepto originario se fue ampliando por la jurisprudencia hasta equiparar el precario a toda aquella situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no le corresponde, existiendo una falta de título que justifique el goce de la posesión, porque nunca se tuvo o porque se perdió, habiéndolo tenido (por todas, sentencias AP Santa Cruz de Tenerife de 20-9-2002 [ PROV 2002, 281879] ).

SEGUNDO

Partiendo de ese concepto amplio de precario y teniendo en cuenta que la controversia había de resolverse por los estrechos cauces del juicio de desahucio con limitación de medios probatorios, la jurisprudencia fue elaborando el concepto de cuestión compleja, que significaba que, por esta vía del nº 3 del art. 1565 citado, sólo podían resolverse aquellas cuestiones en las que la situación de precario no planteaba ninguna dificultad reservándose para el declarativo posterior la resolución de las mismas, porque la sentencia recaída en el juicio de desahucio no producía efecto de cosa juzgada, pudiendo las partes volver a plantear la misma controversia en el declarativo correspondiente.

TERCERO

La nueva LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) al regular el juicio verbal como un procedimiento especial por razón de la materia, recoge un concepto de precario más reducido pues el precepto señala que será el procedimiento utilizado por los que pretendan la plena recuperación de una finca «cedida en precario», concepto que da idea de una relación entre las partes por las que una cede a la otra el inmueble a título gratuito y a su ruego, lo que conlleva que pueda estimarse que el legislador ha vuelto al concepto antiguo de precario, constituido por la graciosa concesión a su ruego del uso de una cosa mientras lo permite el dueño concedente consecuencia de ello es que sólo puede solicitarse el reintegro de la posesión cuando el inmueble se cedió en esas condiciones por el actor o su causante, sin que pueda estimarse que el referido juicio pueda ser cauce adecuado para resolver todas aquellas situaciones en las que conforme a la legislación anterior, la jurisprudencia consideraba que se podía incluir dentro del concepto de precario.

En definitiva, el procedimiento verbal es adecuado para resolver aquellas cuestiones meramente posesorias, disponiendo que para ello se utilizarán todos los medios de prueba recogidos por la Ley procesal, despareciendo la antigua restricción y no estando el juicio de precario entre los recogidos en el art. 477 como aquellos que no producen cosa juzgada.

CUARTO

Pues bien siendo así que, en el supuesto ahora sometido a nuestra consideración puede decirse que no nos encontramos ante una verdadera situación de precario, en aquel concepto restringido al que se acaba de hacer referencia, desde el momento que la reclamación formulada lo es por quien adquirió un inmueble en escritura pública de herencia, siendo ocupado desde antes de esa escritura por los padres del demandado/apelado quien dice pertenecerle en propiedad debido a que la finca fue adquirida por su madre, tras la liquidación de una sociedad agrícola con el padre de la actora.

Por tanto no apareciendo acreditado (art. 217 LECiv [ RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892] ) que entre la actora o sus causantes hubiera existido una cesión gratuita de la finca litigiosa al ocupante o al causante del mismo, es por ello por lo que se revela que la cuestión planteada por la actora no merece la calificación de precario en el sentido del art. 250.1.2 de la nueva LECiv, por lo que deben acogerse los argumentos del apelado y desestimar el Recurso que se encamina porque no ha logrado acreditar la actora que el inmueble fue cedido por su causante a título gratuito y a su ruego, al demandado o su causante.

QUINTO

La desestimación del recurso conlleva la confirmación de la sentencia apelada con el consiguiente pronunciamiento sobre costas (art. 398 LECiv [ RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892] ).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que desestimando como desestimamos, el recurso de apelación deducido

por la representación procesal de Dª María, contra la sentencia n° 75/2003, de 17 de septiembre, dictada por el juzgado de la Instancia de Llerena en el juicio verbal de desahucio n° 148/2003, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución

, con imposición de costas al apelante.

Contra la presente resolución podrán interponer las partes recurso de casación por interés casacional.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.

 

Una vez interpuestas denuncias podría retirarlas si le devuelven sus cosas alegando que ya le han sido devueltas.

 

Adjunto sentencia robo de una persona que tuvo disponibilidad de las cosas:

 

Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª).Sentencia núm. 70/2009 de 1 octubre

JUR\2009\470114

TENTATIVA DE DELITO: Inexistencia: robo con fuerza: acusado que tuvo en todo momento disponibilidad de los objetos sutraídos.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 76/2009

Ponente: Ilmo. Sr. D. emilio buceta miller

 

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

TOLEDO00070/2009

Rollo Núm. .................. 76/2.009.-

Juzg. Instruc. Núm. 1 de Torrijos.-

J. Oral Núm. .............. 277/2.008.-

SENTENCIA NÚM. 70

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCIÓN PRIMERA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. MANUEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ CARO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. EMILIO BUCETA MILLER

D. URBANO SUÁREZ SÁNCHEZ

Dª GEMA ADORACIÓN OCARIZ AZAUSTRE

En la Ciudad de Toledo, a uno de octubre de dos mil nueve.

Esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Ante esta Audiencia Provincial se ha visto el presente recurso de apelación penal, Rollo de la Sección número 76 de 2.009, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Núm. 1 de Toledo, por robo con fuerza, en el Procedimiento Abreviado núm. 17/05 del Juzgado de Instrucción Núm. 1 de Torrijos, en el que han actuado, como apelante D. Doroteo , representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Montero Sánchez y defendido por el Letrado Sr. Rodríguez Serrano, y como apelado, el Ministerio Fiscal.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO BUCETA MILLER, que expresa el parecer de la Sección, y son,

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Por el Juzgado de lo Penal Núm. 1 de Toledo, con fecha 7 de Mayo de 2.009, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: "Que debo condenar y condeno a Doroteo , como autor de un delito de robo con fuerza, previsto por el art. 237, 238.4, 239.2 y 241 del C. Penal , sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a:

1.- La pena de dos años de prisión.

2.- La pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de duración de la pena privativa de libertad.

3.- Que indemnice a María del Pilar con la cantidad de 92 euros, más el interés previsto por el art. 576 L.E.C. 4.- El pago de las costas del proceso".-

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por el condenado, dentro del término establecido, se interpuso recurso de apelación, invocando como motivos de impugnación los que respectivamente constan en su escrito, y solicitando que se dictara nueva sentencia en el sentido de que se le absuelva, y recurso del que se dio traslado a las demás partes intervinientes, que en sus respectivos escritos manifestaron que se confirme la sentencia dictada; y formalizado el recurso se remitieron los autos a esta Audiencia, donde personadas las partes, se formó el oportuno rollo y nombrado Magistrado-Ponente, quedaron vistos para deliberación y resolución.-

SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los hechos probados, fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son

HECHOS PROBADOS

Se declara probado que "En horas no perfectamente determinadas, pero anterior a las 20'30 del día 29 de Junio de 2.004 el acusado, Doroteo , se dirigió movido por ánimo de lucro hacia la vivienda propiedad de María del Pilar , compañera sentimental del padre del acusado, ubicada en Escalona, AVENIDA000 nº NUM000 , provisto de una llave de un candado de la cerca exterior de la vivienda que, previamente, había sustraído del lugar en el que se hallaba sin conocimiento, ni autorización, de María del Pilar , con la cual abrió el candado de la cerca, penetró en el terreno y se apoderó de un destornillador eléctrico de la marca Black&Decker, una aspiradora de la marca Ufesa, un televisor de la marca Road Star, un mazo, un mango de madera de 50 centímetros y una toalla de playa, de color rojo con un dibujo de "Piolín" de color amarillo y una maceta, objetos todos ellos situados en el porche de entrada de la vivienda, que se integra en su misma unidad física por su directa comunicación con la vivienda propiamente dicha.

El día 27 de Agosto de 2.004 agentes de la Guardia Civil hallaron la toalla, el mazo y el destornillador eléctrico en el interior de un vehículo Ford Escort, matrícula H-....-HZ , en el que dormían Luis Pedro y Eulalia , que no tienen relación con los hechos, situado justo al lado de un vehículo Volkswagen Golf, matrícula X-....-XQ , en el que dormía el acusado, en las inmediaciones de la referida vivienda.

Los efectos no recuperados, televisor y maceta, han sido tasados pericialmente en 92 euros".-

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO

Se alega como primer motivo de recurso de apelación la posibilidad de considerar el delito de robo como cometido en grado de tentativa y no de consumación, habida cuenta que el autor fue detenido en las inmediaciones del lugar de los hechos sin llegar a realizar ningún acto tendente a la consumación del delito como apartarse del lugar.

Ocurre sin embargo que cometidos los hechos el 29 de julio, la detención tiene lugar el27 de agosto, es decir, transcurrido un mes, durante el cual evidentemente el autor de los hechos no es que permaneciera en las inmediaciones de la casa todo el tiempo, sino evidentemente que cuando regresó a esas inmediaciones, la víctima casualmente pudo observar en el interior del vehículo una toalla que identificó como uno de los objetos que le habían sustraído un mes antes y por ello acudió a la Guardia Civil para comunicarlo. No se trata por tanto de que el autor de los hechos no haya llegado a tener la libre disponibilidad de los objetos sustraídos, sino que simplemente ha conservado algunos de ellos en su poder durante casi un mes, pero teniendo en todo momento la posibilidad de disponer de ellos, tratándose de un delito consumado.

SEGUNDO

Se invoca a continuación la atenuante del art.21.3 del CP al obrar el recurrente en un estado pasional, toda vez que siendo hijo natural del compañero sentimental de la propietaria de los objetos sustraídos, como quiera que su padre nunca le reconoció legalmente y al fallecer su madre tuvo que ser ingresad en una inclusa, esa situación de desatención y desamparo provocó un sentimiento de rencor hacia su padre que el recurrente trató de resarcir con el delito cometido.

Ciertamente la Sala considera ocurrente pretensión de que se aplique la atenuante del art. 21.3 si bien se ha de tener en cuenta en primer lugar que el acusado en ningún momento la alegó en su escrito de defensa ni tampoco en sus conclusiones definitivas ni desde luego se debatió en el juicio acerca de ninguna circunstancia que pudiera dar lugar al arrebato y en todo caso la Jurisprudencia exige entre el disturbio emocional en que el arrebato consiste y la pasión con la que se actúa, una razonable conexión temporal (STS de 23-1-2001 ), que en este caso no se da, pues el acusado tiene ya veintidós años, con lo que desde su infancia en que fue abandonado ha pasado un tiempo más que suficiente como para poder vencer el arrebato. Además, los estímulos que den lugar al arrebato, han de proceder del comportamiento de la propia víctima (SSTS de 18-10-99 y 10-12-2004 entre otras) y en este caso no es la víctima quien abandona y deja en desamparo al autor, sino su padre, compañero sentimental de aquella.

TERCERO

Se invoca a continuación la circunstancia de estado de necesidad, tampoco alegada ni en conclusiones provisionales ni definitivas ni debatido en el juicio ningún hecho que la justifique. No cabe detenerse en exceso en analizar esta circunstancia que se pretende fundar en la precaria situación económica en que se encontraba el acusado, cometiendo el robo pensando en el bienestar de su hija menor a quien debía proveer de lo que a él su padre le negó. Aparte de una toalla con un "Piolin", no entiende la Sala qué utilidad podría tener para el bienestar de su hija un destornillador eléctrico, una aspiradora, un mango de madera etc. razón que justifica sin más el rechazo de la alegación.

CUARTO

Se alega por último que no existió delito de robo sino falta de hurto negando la existencia de una llave que le hubiera quitado a la propietaria, en clarísima contradicción con lo declarado en el juicio por el propio acusado, quien reconoció en el juicio que entró en la propiedad con una llave de la propietaria que cogió de un buzón, sin que María del Pilar se la diera en ningún caso. El motivo de recurso por tanto se desestima.

QUINTO

Las costas procesales se impondrán al recurrente, por aplicación del art. 240.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .-

F A L L O:

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de D. Doroteo , debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Núm. 1 de Toledo, con fecha 7 de Mayo de 2.009, en el Procedimiento Abreviado núm. 17/09, del Juzgado de Instrucción Núm. 1 de Torrijos, del que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en esta segunda instancia al recurrente.

Publíquese esta resolución en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que es firme y que no cabe recurso contra ella; y con testimonio de la resolución, remítase al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO BUCETA MILLER, en audiencia pública. Doy fe.-

 

No obstante probablemente sería hurto al no haber fuerzas en las cosas ni violencia...cuando denuncie diga simplemente sustracción....y haga una valoración aproximada que si es superior a 400 euros será delito hurto y no falta....si lo calificamos como robo es independiente la cuantía (es delito robo dando igual valor sustraido..)

 

Si esta conforme con nuestra respuesta ruego acepte la misma, si prefiere la del compañero Magadan acepte la suya, en función de su aceptación cobrará uno u otro.

Saludos

Gómez Nix Abogados.



Editado por http://www.gomeznix.miweb.pro/ el 03/02/2011 a las 23:13 EST

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