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R.Gomez
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Hola que tal. Les escribo para comentarles el caso de un amigo

Pregunta del cliente

Hola que tal. Les escribo para comentarles el caso de un amigo al que le imputan un delito de suplantación de identidad. Lo único que ha recibido hasta ahora es una llamada telefónica de la policía comentándole lo siguiente: hay un vídeo grabado en el que se le vé a él en una oficina de correos mandando un fax a un organismo público, solicitando el alta en una bolsa de trabajo de dicha administración a nombre de otra persona que es la denunciante. Se envió un documento de baja en el trabajo de la persona denunciante a esa administración y se dió el alta en la misma al mismo. El denunciante ha sido llamado por esa administración y ha puesto una denuncia en la policía. La policía ha hecho su atestado y comprobando el vídeo de la oficina de correos y la declaración de los compañeros del denunciante que han reconocido a la persona que mandó el fax y consideran que la letra del escrito enviado es la de mi amigo, ha remitido la denuncia al juzgado de lo penal de guardia. La polícia ha transmitido telefónicamente al denunciado que le citarán a declarar en el juzgado. Quisieramos saber qué consecuencias pude tener todo esto para el denunciado (le pueden imputar delito, falta, qué tipo de pena se le puede imponer...).
Gracias
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En contestación a su consulta les adjunto las penas para los delitos de suplantanción de identidad:

CAPÍTULO IV.
DE LA USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL.

Artículo 401.

El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.

Artículo 617.

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida como delito en este Código será castigado con la pena de localización permanente de seis a 12 días o multa de uno a dos meses.

Lo más que podría suceder a su amigo es que fuese condenado a una falta por suplantación identidad.

 

El delito de usurpación del estado civil exige el ejercicio de los derechos y acciones de la persona suplantada ( STS 10-Enero-1993 ( RJ 1993, 133) ), pero con cierta vocación de permanencia. No existe la misma en lo que nos ha descrito.

 

Le adjunto una sentencia muy interesante para la tranquilidad del mismo:

Audiencia Provincial de Toledo (Sección 2ª).Auto núm. 53/2009 de 26 marzo

ARP\2009\628

USURPACION DE ESTADO CIVIL: inexistencia: colgar en internet y en la página web del Ayuntamiento un anuncio y opinión en nombre de la denunciante y sin su permiso: falta de una suplantación mantenida.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 113/2008

Ponente: Ilmo. Sr. D. juan manuel de la cruz mora

 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo estima el recurso de apelación formulado contra el Auto de 01-03-2007 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 de Talavera de la Reina, decretando el sobreseimiento por el delito de usurpación.

 

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

TOLEDO

AUTO: 00053/2009

Rollo Núm. .............................. 113/2008.-

Juzg. Instruc. Núm................ 3 de Talavera de la Reina.-

PA Núm. ................................ 16/06.-

A U T O 53

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION SEGUNDA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. RAFAEL CANCER LOMA

D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS

En la Ciudad de Toledo, a veintiséis de Marzo de dos mil nueve.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, ha dictado el siguiente

A U T O

Visto el presente recurso de apelación, rollo de la Sección núm. 113/08, contra la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Talavera de la Reina, en PA núm. 16/06, que se siguen por UN DELITO DE USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL, figurando como apelante Carmelo , defendido por el Letrado Sr. Ruiz López; y como apelado el Ministerio Fiscal Noelia defendida por el Letrado Javier González de Rivera Rodríguez.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA, que expresa el parecer de la Sección, y son,

ANTECEDENTES:

PRIMERO

En el Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Talavera de la Reina se siguen actuaciones, en virtud de Procedimiento Abreviado, por un delito de Usurpación de Estado Civil, en las que, con fecha 1 de Marzo de 2007, se dictó auto por el que se acordaba la continuación del procedimiento por el Procedimiento Abreviado; y resolución que fue notificada a las partes, lo que motivo que por el denunciante se interpusiera recurso de apelación, del que se dio traslado a las partes.

SEGUNDO

Admitido a trámite el recurso de Apelación, se remitieron los autos a ésta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando vistos para deliberación y resolución.-

RAZONAMIENTOS JURIDICOS:

PRIMERO

Que se recurre por el imputado el Auto de Transformación de las diligencia previas en Procedimiento Abreviado por no ser los hechos relatados en el mismo constitutivos del delito que se le imputa ( suplantación de estado civil), y al amparo del art. 631 de la LECr ( LEG 1882, 16) solicita el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales.

Los hechos enjuiciables y que se recogen en el Auto de 3 de Julio de 2007 son los siguientes:

" Carmelo , titular del teléfono NUM000 y a través de ordenador personal con conexión a Internet, "colgó", en Internet el anuncio de fecha 25 de Agosto 2005 por el que, y en nombre de Noelia , y sin su consentimiento, transcribir en el mensaje y junto al nombre de la denunciante una dirección que según Noelia es de sus padres, se refiere que, "quisiera recibir información sobre como ser anfitriona de una reunión de encuentro sobre productos de limpieza", de igual modo que también en nombre de Noelia , y sin su consentimiento, el imputado insertó un mensaje en la página web del Ayuntamiento de Talavera de la Reina en la que se quejaba del carácter y formas de ser de los talaveranos ( esto último deducido del mensaje que consta en autos).

Los hechos fueron calificados en principio como usurpación de estado civil, falsedad e injurias, y posteriormente, se dictó Auto de transformación que fue revocado por esta Sección por no concretar los hechos imputables.

Volvió el Juez a quo a dictar Auto de transformación eliminando los delitos de falsedad y usurpación del estado civil ( Auto de 1 de Marzo 2007 ) que fue impugnado por el inculpado Carmelo , por faltar el requisito de procedibilidad consistente en la Querella a que alude el art. 215 LECr y adhiriéndose el Ministerio Fiscal al recurso, fue reformado por el Instructor el Auto de 1 de Marzo de 2007 , dejándolo sin efecto respecto del delito de injurias, pero, añadiendo el delito de usurpación del estado civil ( art. 401 C.p ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) ), imputación que ahora se recurre.

Según esto, se reforma un Auto de Transformación que contiene una única imputación por delito de Injurias, que se deja sin efecto por faltar el requisito de procedibilidad, y se transforma en delito de usurpación del estado civil.

SEGUNDO

Que el delito de usurpación del estado civil exige el ejercicio de los derechos y acciones de la persona suplantada ( STS 10-Enero-1993 ( RJ 1993, 133) ), pero con cierta vocación de permanencia.

<<El artículo 470 del Código Penal ( RCL 1973, 2255) castiga con las correspondientes penas al "que usurpare el estado civil de otro". Según sostiene la doctrina, este delito está constituido por la ficción del agente de ser una persona ajena con ánimo de usar de sus derechos; y que, por ello, no es bastante para la existencia de tal delito arrogarse una personalidad ajena asumiendo el nombre de otro, ya que, como ha declarado la jurisprudencia, es condición precisa que la sustitución de persona se lleve a cabo para usar de sus derechos y acciones (vid. sentencias de 5 de mayo de 1887, 7 de octubre de 1892, 16 de abril de 1901 y 15 de diciembre de 1982 ( RJ 1982, 7708) ). En este sentido, dice esta última sentencia que " el verbo usurpar en su acepción gramatical significa el quitar a uno lo suyo y en su más amplia, arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, esto es fingir su personalidad para usar de los derechos que le pertenecen.

En mismo sentido, dice la sentencia de 23 de mayo de 1986 ( RJ 1986, 2873) que en el artículo 470 se describe y sanciona el denominado delito de usurpación de estado civil, del que doctrinalmente se han dado muchas definiciones, " la más antigua de ellas entiende que "usurpar el estado civil de una persona es fingirse ella misma para usar de sus derechos, es suplantar su filiación, su paternidad, sus derechos conyugales, es la falsedad, aplicada a la persona y con el ánimo de sustituirse por otra real y verdadera, añadiendo que "no es bastante, para la existencia del delito, con arrogarse una personalidad ajena, asumiendo el nombre de otro para un acto concreto; es condición precisa que, la suplantación se lleve a cabo para usar de los derechos y acciones de la personalidad sustituida; Constituye, pues, exigencia de este delito un elemento subjetivo del injusto - que no aparece en el tipo legal- el propósito de ejercitar derechos y acciones de la persona suplantada (vid. sentencias de 21 de diciembre de 1893 y de 16 de abril de 1901 ).

Plantea la figura penal aquí examinada el problema de marcar las líneas o rasgos distintivos de la misma frente a la de "uso público de nombre supuesto" (vid. art. 322 del Código Penal ) con la que tiene muchos puntos de contacto, declarando en síntesis, a este respecto, la sentencia de 15 de diciembre de 1982 , que en el delito del artículo 322 , el autor "se limita a enmascarar o disfrazar su propia identidad pero sin suplantar o atribuirse otra ajena, ni subrogarse, o intentarlo, en la posición jurídico-familiar de otra persona

El delito de usurpación de estado civil se encuentra recogido en el artículo 401 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , precepto que sanciona a "el que usurpare el estado civil de otro". La conducta típica consiste en "usurpar", siendo el objeto de usurpación el estado civil de otro. Por usurpar hemos de entender la acción de atribuirse algo que no es propio, o, como señala la STS de 15-12-1982 , "quitar a uno lo suyo, arrogarse la dignidad, empleo u ofició de otro, esto es, fingir su personalidad para usar de los derechos que le pertenecen". Por estado civil ha de entenderse el conjunto de condiciones familiares que configuran la personalidad de un individuo y su usurpación es fingirse una persona para usar de sus derechos suplantando su filiación, su paternidad, sus derechos conyugales con el ánimo de sustituirla, siendo, en definitiva, la falsedad aplicada a la persona (vid. STS 23-5-1986 ).

No es suficiente, para la existencia del delito, arrogarse una personalidad ajena, asumiendo el nombre de otro, para un acto concreto. Es condición precisa que la suplantación se lleve a cabo para usar de los derechos y acciones de la personalidad sustituida. Constituye, pues, exigencia de este delito un elemento subjetivo del injusto, que no aparece en el tipo legal, que es el propósito de ejercitar derechos y acciones de la persona suplantada.

Tampoco basta un uso continuado y prolongado del nombre ajeno para integrar el delito de usurpación de estado civil y, mucho menos, un uso para un acto concreto. La permanencia era común al delito de usurpación y al de uso de nombre falso (derogado en la actualidad). Para que se dé el delito de usurpación es necesario un plus añadido a la permanencia, consistente en que la usurpación alcance a la totalidad de las facetas que integran la identidad humana, de modo que el suplantador se haga pasar por el suplantado a todos los efectos, como si de tal persona se tratara. En consecuencia, no se dará el delito de usurpación (ni ningún otro, al quedar despenalizado el uso de nombre ajeno) cuando una persona asume la identidad ajena solo para la realización de una serie de actos concretos y determinados.>>

Según esto, el recurrente imputado, colgó en internet y en la página web del Ayuntamiento un anuncio y opinión en nombre de la denunciante, y a eso se limita la usurpación, es decir, uno o dos actos de comunicación pública usando el nombre de aquélla sin permiso.

<<Tiene dicho esta Sala -véanse la sentencia del 26/03/1991 ( RJ 1991, 2378) y las que cita- que el uso público de nombre supuesto encerraba los casos en que el autor se limitaba a enmascarar su identidad sin intentar subrogarse en la posición jurídico familiar de otra persona, mientras que el delito del art. 401 (antes 470 ) exige una suplantación que se lleve a cabo para usar de los derechos y obligaciones de la persona sustituida ( S.T.S. 26-12-2005 ( RJ 2006, 1269) ).>>

Por último, la finalidad que cumple la instrucción se traduce en la preparación del juicio pero también de facilitar la conclusión anticipada de aquél, si no existe previamente base racional para sostener que el hecho o hechos imputados no son constitutivos de infracción penal o cuando no aparezca suficientemente justificada su perpetración, impidiendo así que una persona sea sometida a un juicio penal sin fundamento bastante para ello, debiendo actuar el Juez Instructor como filtro de acusaciones infundadas respecto de hechos que claramente no lleguen a integrar una conducta delictiva.

TERCERO

Que procede declarar de oficio las costas del recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA:

Digo: Que estimando el recurso de apelación formulado por Carmelo contra el Auto de 1 de Marzo de 2007 dictado en Diligencias Previas 894/2005, del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de los de Talavera de la Reina, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución y no siendo el hecho constitutivo del delito de usurpación del estado civil ajeno, DEBEMOS ACORDAR Y ACORDAMOS el SOBRESEIMIENTO LIBRE respecto de dicho delito con reserva de acciones civiles a la parte denunciante, declarando de oficio las costas del recurso.

Lo mandaron y firman el Sr. Presidente y Magistrados del margen. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

 

Por último, ruego que acepte la respuesta si le ha parecido correcta para poder percibir ingresos de just answer así como que realice depósito si no lo hubiese hecho.

Atentamente,

R. Gómez

ICAM

Cliente: escribió hace 5 año.
Gracias XXXXX XXXXX respuesta.¿ Se le podría imputar a mi amigo un delito de falsificación de documentación o similar? ¿Podrían hacerle pagar cifras elevadas (12.000 euros) por falta?; ¿Podrían imputarle un delito de uso de derechos de otra persona?; ¿Podrían inhabilitarle para trabajar en la administración pública?; En cualquier caso, podrían abrirle antecedentes penales (creo que para la inhabilitación se requiere que sea delito y no falta).
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

.¿ Se le podría imputar a mi amigo un delito de falsificación de documentación o similar? ¿Podrían hacerle pagar cifras elevadas (12.000 euros) por falta?; ¿Podrían imputarle un delito de uso de derechos de otra persona?; ¿Podrían inhabilitarle para trabajar en la administración pública?; En cualquier caso, podrían abrirle antecedentes penales (creo que para la inhabilitación se requiere que sea delito y no falta).

 

Delito de falsificación de documentación: No dado que no ha alterado ningún documento público y jurisprudencialmente no se considera delito de falsedad documento alterar fotocopias o faxes.

No le pueden inhabilitar dado que tendrá que haber sentencia firme y si es una falta, lo máximo que podriá sucederle..., esta no computa como antecedente.

La multa penal es conforme a sus ingresos los cuales el juzgado nunca mira, lo hace digamos a ojo... y le puede caer una multa de 60 euros como de 300 euros más es improbable.

Lo importante cuando sea llamado a declarar que prepare su declaración bien con su abogado ante el juez de instrucción para que quede claro que su actuación se limitó a lo que nos ha expuesto anteriormente.

Ruego confirme respuesta para poder percibir honorarios, si no acepte no percibimos.

Atentamente,

R. Gómez

R.Gomez, Licenciatura
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 272
Experiencia: DERECHO Y COLEGIADO EN ICAM
R.Gomez y otros otros especialistas en Legal están preparados para ayudarle
Cliente: escribió hace 5 año.
<p>En relación al delito falsedad de documentación, me gustaría sber si a mi amigo le pueden imputar delito de falsificación de documento privado. El fax que mandó a la otra administración en nombre y con la supuesta firma de otra persona era un escrito realizado po él. Es funcionario interio, pero no realizó esta acción en el ejercicio de sus funciones, la realizó como particular. ¿qué penas podría tener?</p>
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En contestación a su consulta le informamos que lo peor que le podría suceder a su amigo sería una condena a seis meses de prisión, que sin antecedentes penales no ingresaría en prisión.

Lo importante para su defensa es que acredite que no hubo ninguna intencionalidad de hacer daño ningún animus deliquendi.

Le adjunto regulación legal y dos sentencias muy interesantes:

 

 

Artículo 395. FALSEDAD DOCUMENTO PRIVADO

El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

 

Artículo 390. SE APLICA PARA FALSEDADES DOCUMENTOS PÚBLICOS.

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

  1. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. NO HA COMETIDO ESTE DELITO YA QUE NO HA ALTERADO EL DOCUMENTO. (FISICAMENTE NO HA HECHO NADA).

  2. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.NO ES SU CASO.

  3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. ESTA PODRÍA SER LA CONDUCTA DELICTIVA. LE ADJUNTO UNA SENTENCIA INTERESANTE.

  4. Faltando a la verdad en la narración de los hechos. ES LO QUE SE CONOCE COMO FALSEDAD IDEOLÓGICA Y NO ESTA PENADA PARA DOCUMENTOS PRIVADOS.

Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 6ª).Sentencia núm. 209/2007 de 13 marzo

JUR\2007\137259

FALSEDADES: En documento privado para perjudicar a otro: existencia: remite un fax a la compañía telefónica en la que se imita la firma de su marido, del que se estaba separando, para anular determinadas líneas.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 40/2007

Ponente: IIlma. Sra. nekane san miguel bergaretxe

 

OFICINA COMUN DE TRAMITACION PENAL

TRAMITAZIO PENALEKO BULEGO KOMUNA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA. Sección 6ª

BARROETA ALDAMAR 10 3ª Planta- C.P. 48001 Tfno.: 94-(4016668 )

Rollo Abreviado nº 40/07-6ª

Procedimiento nº 400/05

Jdo. de lo Penal nº 6 (Bilbao)

S E N T E N C I A N U M . 209/07

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE D. JOSE IGNACIO AREVALO LASSA

MAGISTRADA DÑA. NEKANE SAN MIGUEL BERGARETXE

MAGISTRADA DÑA. Mª JESÚS REAL DE ASÚA LLONA

En BILBAO, a 13 de marzo de 2.007.

VISTOS en segunda instancia, por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bilbao, los presentes autos de Procedimiento Abreviado, seguidos con el número 400/05 ante el Juzgado de lo Penal nº 6 de Bilbao por presunto delito de falsedad documental atribuido a María Inés , representada por la Procuradora Sra Imaz y defendida por la Letrada Dª Olga Macía, siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal y D. Bartolomé , representado por la Procuradora Sra González y asistido por el Letrado D. Álvaro Guerra.

Expresa el parecer de la Sala, como Magistrado Ponente, la Iltma., Sra. Dña. NEKANE SAN MIGUEL BERGARETXE.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal nº 6 de los de dicha clase de Bilbao, se dictó con fecha 30 de junio de 2.006 sentencia en la que se declaran expresamente probados los siguientes Hechos: "Probado y así se declara que María Inés , nacida en Baracaldo el 10 de Junio de 1967, con DNI nº NUM000 y cuyos antecedentes penales no constan, remitió vía fax, el día 11 de Marzo de 2005 y a la empresa Telefónica, un documento en el que, identificando como remitente a Bartolomé , su marido, con el que se encontraba en trámites de separación matrimonial, solicitaba que se procediera a dar de baja los teléfonos numero NUM001 y NUM002 , estampando en dicho documento la firma de su esposo.

Las referidas líneas telefónicas, contratadas únicamente por Bartolomé , correspondían tanto al domicilio conyugal sito en la CALLE000 nº NUM003 NUM004 NUM005 , como a las dos consultas en las que el mismo ejercía como odontólogo en la misma dirección y en la localidad de Santurce, provocando su cese como consecuencia de la remisión del fax por parte de la acusada que su marido no pudiera captar pacientes o atender llamadas de clientes entre los días 11 y 17 de Marzo de 205, fecha esta última en la que se renovó el servicio." La parte dispositiva o Fallo de la indicada sentencia dice textualmente: "FALLO Que debo condenar y condeno a María Inés como autora de un delito de falsedad en documento privado, a la pena de prisión de un año, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante dicho período, y al pago de las costas causadas."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de María Inés en base a los motivos que en el correspondiente escrito se indican y que serán objeto del fondo del recurso.

TERCERO.- Elevados los Autos a esta Audiencia, se dió traslado de los mismos al Magistrado Ponente a los efectos de acordar sobre celebración de vista y, en su caso, sobre admisión de la prueba propuesta.

CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los autos vistos para sentencia.

Se dan por reproducidos los Antecedentes de la sentencia apelada.

HECHOS PROBADOS

Se mantienen los así consignados en la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

No cuestiona la apelante la certeza del hecho que se da por probado en la sentencia de instancia, sino que pone énfasis en que la simulación de la firma del denunciante por parte de su esposa ha sido habitual durante los años de matrimonio, y que, en todo caso, el teléfono al que se dio de baja en la compañía telefónica correspondiente, lo fue por falta de pago, pero no porque la Sra. María Inés remitiera, en nombre de su esposo, una petición de dar de baja al citado teléfono. Más adelante plantea una serie de cuestiones relacionadas con otros procedimientos.

PRIMERO.- Comenzando por las alegaciones efectuadas en último lugar, y a las que se refieren, por otro lado, los documentos que ha aportado la apelante, observamos que no guardan relación con el objeto de debate en el procedimiento de que trae causa la presente: Se trata de denuncias y consiguientes procesos por maltrato, imputado por la Sra. María Inés a D. Bartolomé . El hecho de que la simulación de la firma del aquí denunciante sea o no delito no guarda relación alguna con el maltrato, que será objeto de enjuiciamiento, y valoración, en su caso, en el procedimiento correspondiente (de cuyas resoluciones aporta la apelante la documentación que ha quedado unida). Una cuestión es que el documento aportado sea de fecha posterior a la celebración del juicio oral en la presente causa, y otra que tenga incidencia en su enjuiciamiento (o revisión a través de este recurso de apelación). No es el caso, al tratarse de dos hechos que han de ser enjuiciados de forma separada: Uno es la atribución de haber cometido falsedad, y otro el que quien este hecho denuncia haya maltratado o no a la esposa. Ni desde la prespectiva de la conexidad ni desde la de valoración de las circunstancias atenientes a la responsabilidad procede relacionar ambos procesos.

SEGUNDO.- Aún cuando no lo formula del modo en que procede, parece que la apelante no se encuentra conforme con la valoración de la prueba practicada, puesto que, además de expresar que contaba con la autorización del denunciante para simular su firma, considera que no se ha probado uno de los elementos subjetivos básicos en el tipo aplicado.

La sentencia de instancia considera que los hechos probados constituyen el delito previsto y penado en el art. 395 del C. Penal : El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390 , será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

A la vista de la redacción de este precepto, es evidente que ha de quedar debidamente probado el elemento subjetivo, la intención de perjudicar a otro (TS 1039/2002,4-6).

No es objeto de discusión el hecho de que se trata de un documento privado (el falseado, imitando la firma del titular del teléfono que la apelante dio de baja- extremo incuestionado) pero sí cuestiona: a)el hecho de que su esposo había autorizado a "imitar" su firma; b)que no hubo intención de perjudicarle; c)que no hubo ningún efecto nocivo ni perjudicial para el denunciante, puesto que el teléfono se dio de baja por falta de pago, pero no por la acción de la apelante.

Comenzando por la alegación reseñada en último lugar, es evidente que sin la garantía que suponen los signos que se utilizan para dar fijeza a lo que acontece en la vida social (en este caso signos documentales, propios de la vida de relación) no sería posible un correcto devenir de las relaciones interpersonales que necesitan certeza y credibilidad. Ahora bien, cuando un concepto ingresa en el patrimonio del Derecho Penal, ha de sujetarse, de manera incondicionada, a los principios que gobiernan este sector del Ordenamiento Jurídico. Es por ello por lo que, si una conducta objetivamente típica se realiza con una finalidad inocua (sin la menor lesividad, no sólo real, sino también potencial) a ningún bien jurídico merecedor de esta reforzada protección judicial afectará. Como ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1982 , ha de reputarse irrelevante desde el punto de vista jurídico-penal si la finalidad es inocua, al carecer de nocividad (también las Sentencias de 22 de octubre y 12 de diciembre de 1991 ).

La sentencia de instancia, sin embargo, considera que se han producido todos y cada uno de los elementos del tipo penal (no considera, por ello, inocua la conducta) y examinado el contenido de la resolución, y los documentos aportados a la causa, constatamos los siguientes extremos: 1.- las manifestaciones de la propia acusada, que, en el plenario (y ahora en su escrito) reconoce que es ella quien confecciona y firma el fax que, el once de marzo de dos mil cinco, remita a la Compañía Telefónica; 2.- el contenido del fax (folios 27, 28 y 29: que den de baja el teléfono cuyo titular es el que consta en el D.N.I. cuya copia también se adjunta: D. Bartolomé ); 3.- la declaración efectuada desde la instrucción (folio 36): "no estaba dispuesta a correr con los gastos, y suplantó la firma de su marido porque era la única manera de que fuese atendida su petición"; 4.- el teléfono se refiere a la consulta de odontología del esposo y al domicilio familiar, sitas en lugares separados; 5.- la baja en cuestión se data el once de marzo de dos mil cinco, y Dª María Inés había dejado el domicilio familiar pocos días antes, presentando seguidamente demanda de medidas previas de separación conyugal (como consta en el auto emitido por el Juzgado correspondiente.- folio 174 de las diligencias); 6.- según se lee en el auto de 30 de junio de 2005 (citado folio 174 ) la denunciada (demandante de las medidas) no pasa a residir en el domicilio que fue familiar, sino que éste y el inmueble que se reseña en el auto van a ser vendidos; 7.- más adelante se repuso la línea teléfonica, con el mismo número de teléfono (folio 29: "el diecisiete de marzo se procedió a anular la baja que se cursó el día once de marzo").

El teléfono en cualquier consulta o despacho abierto al público por quien ejerce una profesión liberal es un instrumento de trabajo básico, puesto que (aunque sea una obviedad, ha de expresarse) a través del mismo se conciertan las citas de los clientes (y/o pacientes) que es de donde se obtiene el medio de vida. El dejar a una persona sin ese instrumento no es inocuo, sino que, como expresa el elemento del tipo penal, es perjudicial (en este caso, para el denunciante, titular del número) puesto que, durante cinco días los clientes no pudieron comunicarse con la consulta (entre otros aspectos).

Es cierto que el elemento subjetivo del injusto, al pertenecer a la esfera íntima de quien ejercita la acción de que se trate (o la omisión, en su caso) únicamente puede inferirse de datos aprehensibles desde el exterior, datos objetivos, bastando, en determinadas ocasiones, un único dato del que deducir el dolo. En este supuesto, con los elementos que se han puesto de manifiesto, es evidente que Dª María Inés , cuando remite el fax en cuestión, en plena crisis matrimonial (con la separación ya prácticamente iniciada) no solo no contaba con la autorización del esposo (que es ella quien debe probar) sino que, siendo evidente el perjuicio, cualquier persona se percata de ello, máxime quien, durante años, colaboró con el Sr. Bartolomé en la consulta. Incluso en el hipotético caso (no probado) de que, como ella mantiene, hubiera contado en el pasado con autorización y aquiescencia para "imitar" la firma del Sr. Bartolomé , esta autorización no era expresa, y cualquier persona conoce que, en los supuestos de ruptura (al margen de la responsabilidad y/o culpabilidad de la misma) este tipo de autorizaciones quedan, sin más, sin efecto. Sobre todo si su utilización perjudica a quien hubiera podido concederlas antes.

No es posible estimar las alegaciones de la apelante ni para modificar los hechos probados con la adición que pretende (no ha probado ni siquiera la alegada autorización en el pasado) ni para excluir el elemento del dolo (ánimo de perjudicar) de la conducta penada.

TERCERO.- El Tribunal Supremo tiene afirmado con reiteración -SSTS números 743/99 de 10 de mayo , 783/92 de 26 de mayo , 623/99 de 27 de abril , 306/00 de 21 de febrero . 429/00 de 17 de marzo , entre otras- que un aspecto esencial de la fundamentación de las sentencias es justificar la individualización judicial de lapena, extremo de la mayor importancia pues equivale a explicitar el porqué en la sentencia se fija una determinada cantidad depena y no otra diferente (remarca especial exigibilidad en aquellos supuestos en los que la pena se ha fijado en cuantía o extensión superior a los mínimos legales).

El artículo 66 ¿6ºdel CódigoPenalexpresa que "cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes los Jueces o Tribunales individualizarán lapena imponiendo la señalada por la Ley en la extensión adecuada a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho" y el art. 72 del mismo Cuerpo legal insiste en la obligación de razonar la concreta imposición de la pena. Esta obligación se enmarca en el derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 24.1 de la C.E ., que comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en Derecho de los jueces y Tribunales, y exige que las sentencias expliciten de forma suficiente las razones de sus fallos; esto es, que estén motivadas de forma bastante, lo que además venía ya preceptuado en el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y está prescrito por el artículo 120.3º C.E . Se ha elaborado, en este aspecto, una extensa doctrina por el Tribunal Constitucional (Sentencias, entre otras, 16 , 58 y 165/1993 ; 28 , 122 ,177/1994 ; 158/1995 ; 46/1996 , 54/1997 y 231/1997 ) y por el Tribunal Supremo (Sentencias de 23 de septiembre y 30 de diciembre de 1996 ; 21 de enero , 5 de mayo y 11 de noviembre de 1997 ; y 6 de marzo de 2000 , entre ot ras), fijadora de los requisitos y el alcance de la motivación; según la cual ésta debe abarcar tres aspectos de la sentenciapenal:

a) La fundamentación del relato fáctico, con la exposición de las pruebas de las imputaciones que el mismo contiene;

b) La fundamentación de la subsunción de los hechos declarados probados en el tipopenal procedente (con análisis de los elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo y circunstancias modificativas); y

c) La fundamentación de las consecuencias punitivas y de responsabilidad civil, en el supuesto de condena, lo que comportará motivar laindividualización de lapena.

La jurisprudencia emitida al respecto, viene manteniendo que el Tribunal de apelación puede revisar de oficio la impuesta en la instancia, puesto que, interesada la absolución, "quien pide lo más, pide lo menos", e igualmente es mayoritaria al considerar que, si no se aportan elementos que permitan una adecuada valoración de esos aspectos personales y circunstancias concurrentes al supuesto enjuiciado (relativas a la previsión establecida en el citado art. 66 del C. Penal ) se impondrá la pena en su grado mínimo.

En la sentencia se dice que se establece la pena en "su mitad inferior" pero no la mínima, sin que se contenga un razonamiento "ad hoc" sino de general referencia (idéntico al expresado en el precepto en cuestión). Ello ha de llevar a imponer la pena en el mínimo previsto en la norma.

Vistos los preceptos de pertinente y legal aplicación,

FALLAMOS

: Con estimación en parte del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Dª María Inés contra la sentencia de treinta de junio de dos mil seis emitida por el Juzgado de lo Penal núm. Seis de los de Bilbao , se confirma el relato de hechos probados, así como la calificación jurídica de tales hechos, revocándose la sentencia en el único aspecto relativo a la pena a imponer, que se establece en SEIS MESES DE PRISIÓN, manteniendo el resto de pronunciamientos y declarando de oficio las costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado del que proceden, con testimonio de esta sentencia, para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta, nuestra sentencia, cuya certificación se unirá al rollo, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Dada y pronunciada fué la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

 

SEGUNDA SENTENCIA:

Audiencia Provincial de Girona (Sección 3ª).Sentencia núm. 386/2002 de 26 junio

JUR\2002\226431

FALSEDADES: Falsificación de documentos privados: en documento privado para perjudicar a otro: existencia: envío de fax por un trabajador despedido de la empresa a empresas proveedoras suplantando la identidad del director de compras imputando a su empresa la comisión de un delito contra la Hacienda Pública.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 43/2002

Ponente: Ilmo. Sr. D. adolfo garcía morales

 

En Girona a veintiséis de junio de dos mil dos.

VISTO ante esta Sala el presente recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 12-12-01 por la Sra. Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal n° 3 de Girona, en la Causa n° 115/01 seguida por delito de falsedad en documento privado, habiendo sido parte recurrente JORGE E. A. representado por el procurador D. JOAQUIN S. B. y asistido por el letrado D. JOSEP Mª. P. P., y como parte recurrida, de un lado, el MINISTERIO FISCAL, y, de otro, JAUME P. I P., representado por la procuradora Dª. MERCE C. P., actuando como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ADOLFO GARCIA MORALES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En la expresada sentencia se estimaron como probados los siguientes hechos: " PRIMERO.- Se declara probado que sobre las 11'00 horas del día 18 de noviembre de 1998, JORGE E. A., mayor de edad, con DNI n° ... y sin antecedentes penales, se personó en las oficinas principales del Servicio de Correos en Girona, situadas en la calle Ramón Folc n° ... y con claro propósito de perjudicar a la empresa "Induxta de Suministros Llorella, S.A." con sede en Banyoles y a Jaume P. P. en cuanto director de compras de la referida empresa y en la que el inculpado había prestado sus servicios como Consejero Delegado y de la que fue despedido, procedió a remitir mediante fax con 1002 y 1003 dos comunicados con destino a las empresas Dr. Marcus en Alemania y Iris D. B. en Bruselas respectivamente, siendo ambas empresas proveedoras de la empresa antes indicada de Banyoles. Tales comunicados consistían en dos recortes de prensa en los que se recogía la noticia relativa a la imputación de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública a "Induxtra de Suministros Llorella S.A." y que fueron enviados con la clara intención de perjudicar la imagen de dicha empresa ante aquellos proveedores. Y para evitar ser descubierto y con clara intención de menoscabar la imagen del Sr. P. ante su propia empresa, hizo constar como remitente de los dos fax con los comunicados antes descritos a éste último, refiriéndose a éste como Jaume P. con domicilio en el Edificio Grober n° ... de Girona, atribuyéndole falsamente una participación directa en los hechos descritos. ".

SEGUNDO: En la indicada sentencia se dictó el Fallo que copiado literalmente es como sigue:" Que CONDENO a JORGE E. A., como autor de un delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS MESES DE PRISION y al pago de las costas. Que le ABSUELVO del delito de USURPACION DE ESTADO CIVIL que le imputaba la acusación particular.".

TERCERO: El recurso se interpuso por la representación legal de JORGE E. A., contra la Sentencia de fecha 12-12-01, con el fundamento que expresa en el escrito en que se deduce el mismo.

CUARTO: Se han cumplido los trámites establecidos en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

QUINTO: Se acepta el "factum" de la sentencia apelada.

SEXTO: En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alza la parte apelante contra la sentencia de la instancia sobre la base del error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO.- Como fundamento de sus pretensiones la parte recurrente esgrime varias alegaciones, cuales son, la incapacidad del burofax para ser considerado documento y la falta de intención de perjudicar a tercero, considerando, subsidiariamente, que los hechos podrían ser enmarcados en un delito o falta de uso de nombre supuesto.

TERCERO.- En la actualidad el concepto de documento a efectos penales se expresa en el artículo 26 del Código Penal, que lo define como todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Pero ya antes de esta paladina definición del actual Código Penal, la doctrina emanada del Tribunal Supremo había venido delimitando ese concepto, de tal modo que se admitían documento no solo los realizados en forma escrita, sino los que incorporan en cualquier clase de soporte una declaración jurídicamente relevante destinada a causar efectos en el tráfico jurídico, ya de finalidades probatorias, de perpetuación o de garantía.

Con los anteriores datos lo que no puede negarse en absoluto es que la carátula del burofax en donde se proporcionan los datos esenciales para realizar el envío es un soporte apto para cometer el delito de falsificación, puesto que en el mismo se expresan ciertos elementos que tienen una eficacia evidente; así, por ejemplo, el nombre del destinatario, pues de otra forma la oficina carecería de la identificación de quien debe recibir la comunicación. Plantea la recurrente el que la fijación del nombre del remitente es un apunte que carece de interés, puesto que el encargado de la oficina no le pidió su nombre sino simplemente que se hiciera constar el nombre de la persona que era el remitente, por lo que hizo constar el de alguien que trabajaba para la empresa "Induxtra de Suministros Llorella S.A." al querer mantener el anonimato.

No podemos estar de acuerdo con tal interpretación. En toda comunicación de tipo postal son exigibles por la oficina de correos dos tipos de datos, en primer lugar, y como esencial, el del destinatario de tal comunicación, pues de otra forma no puede prestarse el servicio si se desconoce a quien enviar el contenido de la correspondencia, y, en segundo lugar, como accesorio, el del remitente, mención ésta que hace identificable a quien formaliza el envío con el fin tanto de que el perceptor de la noticia sepa quien se la envía como de que la entidad de Correos pueda relacionarse con él a los efectos bien de informarle de la consumación del envío bien de devolverle la correspondencia por no haber logrado encontrar el destinatario. Por ello la constatación de tales datos es relevante a los efectos de atribuir eficacia probatoria y relevancia jurídica.

Es más, avanzando un escalón en el mecanismo simulador que dota de cuerpo a la falsedad documental, podría plantearse si es suficiente para consumar el delito la simple mención de unos datos que no se corresponden con la realidad a los efectos de integrar el tipo del art. 390.3 en relación con el art. 395 del Código Penal de suponer en un acto la intervención de persona que no la ha tenido, sin la rúbrica de una firma autorizante. No nos cabe la menor duda de que eso es así, puesto que la existencia de tal firma sólo será una de las formas posibles de suponer la intervención de una persona, pudiendo por ello disimular dicha intervención mediante otra forma cualquiera que tenga capacidad de falsear la realidad, como es la que nos ocupa. Efectivamente, y sólo puestos en la tesitura del destinatario de la correspondencia, quien recibe la información sólo tiene un medio de constatar el origen de la misma, cual es el de mirar en el sobre o en el documento que lo acompaña quien es el remitente, suponiendo fundadamente que se corresponde el nombre que allí figura con el de quien hizo el envío. Si la misiva se hubiera deseado hacer totalmente anónima nada hubiera obstado a que se introdujeran en un sobre los recortes de periódico que narraban la existencia de un posible fraude fiscal, se pusieran los sellos correspondientes a una entrega de carácter internacional y se hubiera echado en un buzón de correos; el efecto podía haber sido el mismo pero no habría existido falsificación alguna. Es precisamente la elección del acusado de un medio más sofisticado de entrega, cual es el del burofax el que le exige la consignación del nombre del remitente, cumpliendo falsamente con ese deber de información.

Por todo ello queda constatado a los ojos de esta Sala la cualidad de documento del burofax a los efectos de integrar el tipo objetivo del art. 395 del Código Penal.

CUARTO.- Ahora bien, el mentado tipo exige la concurrencia de un elemento subjetivo que ha de ser abarcado por el dolo cual es el de que la falsedad se produzca "para perjudicar a otro".

Sostiene la parte recurrente que ha de diferenciarse la intención de causar un perjuicio a la entidad acusada en la información de prensa, "Induxtra de Suministros Llorella S.A.", y el perjuicio causado al querellante, JAUME P. I P., pues sólo este segundo estaría capacitado para relacionarse causalmente con la falsificación imputada. No podemos estar de acuerdo con este planteamiento inicial que, además, nos parece inocuo, como posteriormente explicaremos. La simulación sobre la intervención de una persona en un acto que no la ha tenido no debe tener como fin directamente anudado el de perjudicar precisamente a esa persona, pues el perjuicio causado mediante esa simulación puede producir el perjuicio de un tercero. Perjudicado es todo aquel que resulta afectado por el delito, con indiferencia de que sobre él mismo recaiga la acción infractora; es obvio que, en numerosas ocasiones, las dos personas coincidirán, es decir, será afectado por el delito y por ello perjudicado, aquel contra el que se ha cometido, pero tal afirmación no puede constituirse en regla general. Así por ejemplo, en el delito de hurto, el perjudicado debe ser el propietario de la cosa, aunque la acción de sustracción puede cometerse sobre un detentador ocasional de la misma, o en la estafa, el perjudicado será también aquel que ve disminuido su patrimonio, aunque el engañado haya sido otro.

De cualquier manera, como hemos dicho con anterioridad, en el presente caso tan perjudicada puede resultar la persona física como la jurídica, y ello porque el daño no puede sólo circunscribirse a lesiones de naturaleza económica, sino también a pérdidas de carácter moral o espiritual. Así, no existe constancia alguna de que con motivo del envío de los dos burofax a dos entidades extranjeras diferentes se haya producido una merma en el fluido de provisiones que ambas suministraban a la entidad "Induxtra de Suministros Llorella S.A.", pero al menos ese peligro no sólo ha podido estar latente sino que puede haber sufrido un descrédito en su actividad comercial; y, de otro lado, sin duda alguna, la atribución al Jefe de Compras JAUME P. I P. del envío de los recortes de prensa en donde de alguna manera se denigra el prestigio comercial de la empresa para la que presta sus servicios profesionales supone una desconfianza acerca de la lealtad que se presume a todo empleado con respecto a su empleador.

Atendido pues el hecho de que la falsificación es susceptible de causar perjuicios evidentes, siquiera estos no llegaran a producirse, pues no es un elemento del tipo la consumación o el agotamiento con el surgimiento efectivo del daño, sino sólo la intención de obrar con tal interés, es preciso analizar si esa posibilidad era abarcada por el dolo específico del agente, es decir, si el acusado albergaba la intención de perjudicar a un tercero, fuera este la entidad mercantil de la que había sido cesado como consejero delegado y de la que poseía un paquete accionarial minoritario, fuera este la persona física a la que hizo constar como remitente del envío postal.

Así las cosas, la Sala tampoco tiene la menor duda de que esa era la intención del acusado. Efectivamente, el envío de un correspondencia al extranjero a dos empresas que tienen contactos mercantiles con una tercera informándoles de la existencia de problemas con la agencia tributaria de esta última no puede tener otro fin que el de perjudicar su crédito en el tráfico mercantil, privándole de la realización de contratos que, de otra manera, se hubieran venido realizando con aparente normalidad. El supuesto fin de información al que alude el propio acusado haciendo referencia a que cuando trabajaba como consejero delegado de la empresa "Induxtra de Suministros Llorella S.A." ya comunicó a las empresas verbalmente la existencia de estos problemas no puede ser en absoluto acogido, pues aun si tenemos en cuenta que es sumamente dudoso que tal información se proporcionara durante la prestación de sus servicios por parte del acusado, dicho deber evidentemente cesa en el momento en que cesa también su trabajo. Nadie esta obligado a informar a un tercero de las dificultades económicas, empresariales o fiscales de otro salvo que con esa información no se pretenda otra cosa que menoscabar su crédito. Debemos de tener en cuenta además que la finalización de la prestación de servicios del acusado no parece responder a la rescisión bilateral y amigable del contrato, sino a que se prescindió unilateralmente de sus servicios, y, que en la actualidad trabaja para una empresa de la competencia, de suerte que el perjuicio de un competidor, buscado o no de propósito sólo puede redundar en beneficio del resto de las empresas del sector lácteo.

Además de este perjuicio directo, el acusado necesariamente había de ser consciente, aceptando con sus actos esta posibilidad, que, aun en el supuesto de que el no hubiera llegado a ser descubierto porque no se hubiera filmado su entrada y negociación en la ventanilla de Correos, la empresa "Induxtra de Suministros Llorella S.A." necesariamente habría de pedir cuentas a quien aparecía como remitente de la misiva, que era otro empleado, perdiendo confianza en él al faltar la relación propia de fidelidad a la empresa propia de todo trabajador que ostenta un cargo de cierta responsabilidad.

Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación, dado que el mantenimiento de la condena por un delito de falsificación en documento privado nos exime de entrar a analizar la existencia de un delito o falta de uso de nombre supuesto

QUINTO.- No procede hacer especial imposición de las costas causadas en la presente alzada.

VISTOS los preceptos legales y principios citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

DESESTIMANDO íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. JOAQUIM S. B., en nombre y representación de JORGE E. A., contra la sentencia dictada en fecha 12-12-01 por la Sra. Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal n° 3 de Girona, en la Causa n° 115/01 seguida por delito de falsedad en documento privado, debemos CONFIRMAR la resolución recurrida, con declaración de oficio de las costas de la alzada. Líbrense certificaciones de la presente resolución para su unión al Rollo de su razón y remisión al Juzgado de su procedencia, junto con las actuaciones originales.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, D. ADOLFO GARCIA MORALES, en audiencia pública y en el mismo día de su fecha, a presencia de mi, la Secretaria, de lo que doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

 

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