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R.Gomez
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Una empresa me han robado una foto que hice a un menor, y ha

Pregunta del cliente

Una empresa me han robado una foto que hice a un menor, y ha hecho de ella una campaña publicitaria. Y quiero denunciarles ¿Puedo negarme a dar los datos del menor que aparece en una foto que me han robado, si me los pregunta la empresa a la que denuncio o sus abogado?
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Usted puede revelar los datos del menor en sede judicial para poder defender su pretensión y acreditar los hehos.

 

No obstante personalmente al ser un menor de edad acudiría a la fiscalia general del Estado e interpondría una denuncia por estar utilizando dicha empresa la imagen de un menor de edad sin permiso paterno y en la denuncia expondría lo que le sucedió para ir preconstituyendo prueba y luego irse a un procedimiento judicial contra la empresa por atentar contra la propiedad intelectual aludiendo al 140 de la Ley Propiedad Intelectual:

 

 

Artículo 140. Indemnización.

1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

  1. Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

    En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

  2. La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

3. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla.

 

Si acude al Fiscal, éste podrá decidir transmitir la denuncia al Juzgado o, si lo cree oportuno, llevar a cabo su propia investigación antes de hacerlo.

 

El Fiscal, cuando crea que lo que se le ha denunciado no es delictivo, puede también archivar inmediatamente la denuncia que ante él se ha presentado o hacerlo, una vez llegado a esa convicción, después de efectuar la investigación que se dijo; en estos dos casos, se lo comunicará a quien le presentó la denuncia y le hará saber que, a pesar de su decisión de archivo, tal persona puede presentar nueva denuncia por los mismos hechos ante el Juzgado si lo estima oportuno.

 

Le adjunto link para denunciar los hechos al Fiscal de Menores telemáticamente: http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240560090646&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_contacta

 

 

Le adjunto sentenicia interesante para su mejor compresión:

Audiencia Provincial de Álava (Sección 1ª).Sentencia núm. 306/2010 de 14 junio

AC\2010\1618

PROPIEDAD INTELECTUAL: INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS: procedencia: publicación de fotografía sin consentimiento de su autor: fotografía colgada en la web con advertencias del tenor "Todos los derechos reservados": falta de intento de contactar con el autor de la fotografía, que se tomó sin autorización: ausencia de compensación económica por utilizarla: daño moral: cuantificación: consideración de la gran difusión dada a la fotografía, junto a la deliberada omisión de cualquier contacto con su creador.

 

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 35/2010

Ponente: Ilmo. Sr. D. edmundo rodríguez achutegui

 

La Audiencia Provincial de Alava declara no haber lugar al recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 25-06-2009 dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Vitoria.

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALAVA

ARABAKO PROBINTZIA AUZITEGIA

Sección / Sekzioa: 1ª/1.

AVENIDA GASTEIZ 18-2ª planta - C.P./PK: 01008

Tel.:NNN-NN-NNNN/em>

Fax / Faxa:NNN-NN-NNNN/em>

N.I.G. / IZO: 01.02.2-09/004115

R.apel. merca L2 / 35/2010

O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: Juzgado de lo Mercantil nº 1 (Vitoria) / Merkataritzako Ep. 1 zk.ko Epaitegia (Gasteiz)

Autos de 97/2009 (e) ko autoak

Recurrente/Errekurtsogilea: D. Juan Carlos

Abogado / Abokatua: D. ALEJANDRO TORIBIO FERNÁNDEZ DE PINEDO

Recurrido / Errekurritua: D. Pedro Miguel

Abogado / Abokatua: D. MARIO SANTANDER MARTÍNEZ

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz compuesta por los Ilmos. Sres. D. Jaime Tapia Parreño, Presidente en funciones, D.

Iñigo Elizburu Aguirre y D. Edmundo Rodríguez Achútegui, Magistrados, ha dictado el día catorce de junio de dos mil diez

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A Nº 306/10

El recurso de apelación civil Rollo de Sala nº 35/2010, procedente del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz, derivado

de los Autos de Juicio Verbal nº 97/09, ha sido promovido por D. Juan Carlos ,

asistido del letrado D. ALEJANDRO TORIBIO FERNÁNDEZ DE PINEDO, frente a la sentencia dictada el 25 de junio de 2009 . Es

parte apelada D. Pedro Miguel , asistido del letrado D. MARIO SANTANDER MARTÍNEZ. Actúa como ponente

el Sr. Magistrado D. Edmundo Rodríguez Achútegui.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice:

"Que, estimando la demanda presentada por D. Pedro Miguel , debo condenar y CONDENO a D. Juan Carlos al pago de la cantidad de 900 euros, que se verá incrementada con el interés legal más dos puntos desde la presente sentencia hasta el pago, condenando expresamente al demandado al pago de las costas procesales derivadas de este procedimiento".

SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución, se presentó recurso de apelación por la representación de D. Juan Carlos , recurso que se tuvo por interpuesto mediante providencia de 19 de octubre de 2009, dándose el correspondiente traslado a la contraparte por diez días para alegaciones, presentando la representación de D. Pedro Miguel escrito de oposición al recurso planteado de contrario, elevándose posteriormente los autos a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Recibidos los autos en la Secretaría de esta Sala, con fecha 26 de enero de 2010 se mandó formar el Rollo de apelación, registrándose y turnándose la ponencia al Ilmo. Sr. Magistrado D. Edmundo Rodríguez Achútegui.

CUARTO.- En providencia de 20 de mayo de 2010 se acordó citar para deliberación, votación y fallo el día 10 de junio siguiente.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO

Los términos del recurso

El recurrente se alza contra la sentencia que estimó íntegramente la demanda de D. Pedro Miguel . Éste, aficionado a la fotografía, ha colgado en la página web Filckr ( DIRECCION000 ) una fotografía de una edificación de la calle Santiago de La Puebla de Arganzón, con grandes balcones repletos de flores, de manera que su acceso es público, aunque junto a la misma con el rótulo "Información adicional", y también al clickar en el icono ampliar, figura la expresión: "© Todos los derechos reservados".

Esa fotografía fue usada sin autorización por D. Juan Carlos , trabajador autónomo dedicado a la publicidad con el nombre comercial "CREATIVOS NEXUS", en un anuncio de media página publicado en la edición alavesa de "EL CORREO" el 17 de diciembre de 2007, publicitando una promoción inmobiliaria. El pie de la fotografía reza "Vista de La Puebla de Arganzón".

Considerando indebido y no autorizado el uso de la fotografía, la sentencia recurrida condena a la petición de la actora, es decir, una indemnización de 900 euros fundada en el art. 140 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril 1996 ( RCL 1996, 1382) , que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Frente a tal resolución el apelante considera incorrectamente valorada la prueba, porque a su juicio ni existe ni se ha probado perjuicio económico, no hay prueba del daño moral ni tampoco de su valoración, por lo que solicita la estimación del recurso, revocando la sentencia por otra desestimatoria de la demanda.

SEGUNDO

La protección de la "mera fotografía"

Niega el recurrente que la fotografía controvertida sea susceptible de protección conforme al art. 10 LPI . En su opinión esta fotografía, realizada por un aficionado que no se dedica profesionalmente a esta actividad, no merece el amparo de la norma, sobre todo en lo relativo a la posibilidad de exigir indemnización por daño moral. El art. 10.1 LPI comienza indicando que "Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: ¿ h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía". Pero luego el Título V de la ley, rubricado "La protección de las meras fotografías", establece en el art. 128 que "Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas".

Como se aprecia, la norma protege la fotografía que merezca la consideración de obra artística, caracterizada por su originalidad, pero también la "mera fotografía", por utilizar la expresión legal, que es simple reproducción de la realidad sin alcanzar la consideración de obra artística. La intensidad de la protección es distinta, menor en el caso de las meras fotografías, aunque desde luego existe.

Según el recurrente la fotografía de autos no merece la calificación de obra artística, sino de mera fotografía, por lo que no puede ampararse en el art. 140.2.a) LPI , relativo a la indemnización por daños morales, ya que el demandante optó en su reclamación por ceñirse a la derivada del daño moral, y las meras fotografías no tienen reconocidos derechos morales.

Dejando a un lado qué consideración merezca la imagen controvertida, si obra artística o mera fotografía, pues dada la acción ejercitada por el actor la cuestión es irrelevante, el argumento del recurrente mezcla, sin fundamento, instituciones diferentes: el derecho moral del autor y el daño moral. En efecto, el derecho de autor comprende un doble haz de facultades, unas de carácter moral y otra económico, como refleja el Capítulo II del Título II del Libro I LPI, que dedica su Sección 1ª (arts. 14 a 16 ), al "Derecho Moral", y la Sección 2ª (arts. 17 a 23 ), a los "Derechos de Explotación". Forman parte del "derecho moral" del autor, con carácter irrenunciable e inalienable, el derecho a decidir sobre la divulgación de la obra, el carácter con que pueda hacerse, el ser reconocido como autor, el derecho a que se respete su integridad, a modificarla, retirarla del comercio o acceder al ejemplar único o raro.

Pero tal característica del derecho de autor, aunque se denomine moral, nada tiene que ver con el "daño moral" que pueda sufrir el autor o cualquier otra persona. Esta clase de daño es un perjuicio de índole no material, derivada de padecimientos no visibles, como ha dicho la STS de 28 de febrero 2008 ( RJ 2008, 5212) , al indicar que "Los daños morales afectan a intereses espirituales del ser humano, es el daño no económico, que puede afectar a la dignidad de la persona ( sentencias de 17 de febrero de 2005 ( RJ 2005, 1679) y 28 de marzo de 2005 ( RJ 2005, 2614) ) o al dolor físico o anímico (pretium doloris)". Es por lo tanto un concepto diverso de los tradicionales daño emergente y lucro cesante previstos en el art. 1.106 del Código Civil ( LEG 1889, 27) (CCv ).

Que las meras fotografías no gocen de los derechos morales que a su autor garantiza la LPI, como han afirmado las SAP Barcelona 29 julio 2005 ( PROV 2006, 45641) , , SAP Alicante 19 junio 2006 ( AC 2006, 1759) , y SAP Madrid 28 enero 2008 ( AC 2008, 1103) , con criterio discutido por alguna doctrina, no significa que si hubiera daños indemnizables por vulneración de los derechos de explotación, que sí protege el art. 128 LPI , no pueda valorarse el daño moral padecido. En definitiva, si el autor de la fotografía "goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública", aparece inmediatamente la posibilidad de reclamar conforme al art. 140 LPI la indemnización por daños y perjuicios de toda clase, incluidos los morales, que además están expresamente previstos en el tan citado art. 140.2.a) LPI .

Este art. 140 está situado en el Libro III LPI, "De la protección de los derechos reconocidos en esta ley", bajo cuya rúbrica regula el derecho a solicitar indemnización por el "titular del derecho infringido" (art. 140.1 LPI). No cabe admitir, por lo tanto, que el art. 140 LPI se refiera solo a los derechos morales, pues habla de los derechos reconocidos en la ley, que comprende los de contenido económico, y también los del art. 128 LPI. Por otro lado dicho precepto no protege solo los derechos de quien se considere autor conforme al art. 5 LPI , es decir, al creador de obra literaria, artística o científica de las que desgrana el art. 10 LPI , sino a cualquier "titular del derecho infringido", concepto más amplio que permite reclamar a quien ha tomado meras fotografías de las previstas en el art. 128 LPI . Éste puede, por ello, solicitar indemnización con fundamento en el art. 140 LPI, y en particular en su apartado 2 letra a), de modo que decaen las razones expuestas en el recurso sobre este particular.

TERCERO

Sobre la existencia del daño moral

La segunda razón en que se sostiene el recurso es la inexistencia de daño moral. Éste ha de ser cumplidamente acreditado, como sostiene la jurisprudencia ( STS 31 mayo 2000 ( RJ 2000, 5089) , , 11 noviembre 2003 ( RJ 2003, 8289) , , 12 junio 2007 ). Según el apelante no hay prueba de tal daño, lo que niega el apelado. Recuérdese que la dicción del segundo párrafo del art. 140.2 a) LPI es "en el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra".

Como se desprende de la norma, el actor tiene que probar el daño moral, aún si no acreditara perjuicio económico. Al respecto consta que la fotografía estaba colgada en la web con al menos dos advertencias del tenor "© Todos los derechos reservados". Se ha acreditado que no hubo ningún intento de contactar con el autor de la fotografía, que se tomó sin autorización. La fotografía se publica en un medio de comunicación de amplia difusión en Álava, sin explicitar su origen. Finalmente, no consta si hubo compensación económica por utilizarla. De todos esos datos se desprende el daño moral padecido por quien hizo la fotografía indebidamente utilizada. Éste no ha sabido del uso de la misma hasta que ve la publicación en el periódico, no ha habido petición de autorización para su difusión, no se reconoce su origen y no se le ofrece, ni percibe, compensación económica de clase alguna. Padece por lo tanto en lo patrimonial, pero, sobre todo, por ser inadvertido por quien utilizó sus fotografías, obviando elementales reglas que habían de respetarse ante los avisos que se hacían en la web.

El desprecio que la actuación de quien utilizó la fotografía orillando los derechos de quien la tomó, permite concluir el menosprecio padecido por el demandante, quien no resulta perjudicado tanto por la compensación económica que podría haber pedido, como por la justificada sensación de haber sido ignorado con semejante proceder. En definitiva, que el daño moral resulta acreditado, por lo que también estas razones del recurso serán apartadas.

CUARTO

El importe del daño moral

Finalmente se cuestiona en el recurso el importe del daño moral fijado en la sentencia recurrida, que los concreta en 900 euros. Aunque el recurrente se centra en desmentir los argumentos de la demanda, en lugar de los de la sentencia, al haber acogido esta última los primeros pueden predicarse de la resolución cuestionada.

La sentencia entiende procedentes 900 euros por la falta de consentimiento de que la fotografía se utilizara, la falta de comunicación de que se fuera a hacer, la utilización de la misma con fines comerciales y su publicación en el medio de comunicación de más difusión de la provincia. El apelante puede discrepar de ese parecer y su cuantificación, pero no se comparte que no se hayan dado razones para justificar la determinación del importe del daño moral padecido.

Sobre esta materia el párrafo 2º del art. 140.2 a) LPI ordena tener en cuenta para su valoración la infracción, gravedad de la lesión y grado difusión ilícita de la obra. La primera debe considerarse grave, porque el demandado trabaja en el mundo de la publicidad y hay que presumir que tenga algún conocimiento, siquiera elemental, de la protección de imágenes. Y aunque no los tuviera, cuando accede a la fotografía tiene hasta dos avisos sobre la existencia de derechos protegidos, que ignora consecutivamente. No se pone en contacto con el demandante, no le comunica que va a utilizarla ni le solicita autorización. Cuando se presenta reclamación no le ofrece ninguna satisfacción, propiciando este litigio. Todo ello permite concluir que la infracción fue de alguna intensidad.

Quizá deba considerarse menor la gravedad de la lesión, en tanto que el apelado no se dedica profesionalmente a la fotografía. Pero que no sea de un grado elevado no significa que no exista, pues incluso los aficionados tienen derechos que la ley garantiza. Además, como indica la sentencia recurrida, se utilizó con fines comerciales, no autorizados por el titular del derecho infringido. Por último, debe ponderarse como importante el grado de difusión ilícita, porque el anuncio se difunde en EL CORREO, el medio de comunicación escrito de mayor tirada de este territorio histórico.

Con tales mimbres la apreciación de la sentencia de instancia sobre el importe del daño moral padecido, que recoge la pretensión de la parte actora, debe calificarse como moderada y prudente. No lo entiende así el apelante, que asegura que por ese anuncio percibió 4,4 ¿. Su afirmación se basa en prorratear la factura por inserciones publicitarias en el periódico que acompaña como doc. nº 1 de su contestación, folios 105 y ss. Tal documento, sin embargo, es poco explicativo, pues lo que factura el demandado a su cliente alcanza 414,06 euros, mientras que de la factura del periódico no se desprende el coste del anuncio, dado que no se aclara cual de las más de 125 inserciones publicitarias es la de autos.

Frente al cálculo subjetivo del apelante, la apreciación de la sentencia impugnada es bien modesta. Dada la gran difusión dada a la fotografía, junto a la deliberada omisión de cualquier contacto con su creador, sólo puede entenderse como muy ajustada la cantidad fijada en la sentencia, por lo que se desestima el recurso también en este aspecto y se confirma íntegramente la misma.

QUINTO

Costas

Conforme al art. 398.1 LEC ( RCL 2000, 34, 962) , por remisión al art. 394.1 , se imponen las costas al recurrente.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

1

DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por D. Juan Carlos , frente a la sentencia de 25 de junio de 2009 dictada en los autos de procedimiento de juicio verbal nº 97/2009 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz .

2

CONDENAR al pago de las costas a D. Juan Carlos .

MODO DE IMPUGNACIÓN: Frente a esta resolución no cabe interponer recurso ordinario de ninguna clase.

Con certificación de esta resolución y carta orden remítase los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario Judicial doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010)

 

Si esta conforme con asesoramiento prestado ruego acepte respuesta para poder ser retribuido mi trabajo realizado.

Atentamente.

R. Gómez

ICAM

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R.Gomez y otros otros especialistas en Legal están preparados para ayudarle
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Para que le roben algo debe ser suyo y previamente debe acreditar que pago el copyright. Si no lo hizo puede olvidarse del asunto.

 

Si, y sólo si, tiene los derecho sdel copyright le recoomiendo iniciar acciones.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Se considera autor a la persona que crea alguna obra literaria, artística o científica. A él le pertenece la propiedad intelectual sobre la misma por el simple hecho de haberla creado.

Debe destacarse que:

  • No puede renunciarse a la condición de autor de la obra.
  • La condición de autor no puede transmitirse "inter vivos" (venta, donación) ni "mortis causa" (testamento o herencia)
  • La condición de autor no se extingue con el paso del tiempo.

Cuando la obra se da a conocer de forma anónima o bajo seudónimo, los derechos de propiedad corresponden a la persona física o jurídica que la divulga mientras el verdadero autor no revele su identidad.

Los derechos sobre una obra que sea el resultado de la colaboración de varios autores, corresponden a todos ellos.

También tienen la condición de autores:

  • Artistas, intérpretes o ejecutantes: Son las personas que representan, cantan, leen, reciten o interpretan en cualquier forma una obra. En esta categoría se incluirían también el director de escena y de orquesta.
  • Productores de fonogramas: Personas bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos.
  • Productores de grabaciones audiovisuales: Personas que tienen la iniciativa y asumen la responsabilidad de la grabación audiovisual.
  • Entidades de radiodifusión: Personas jurídicas bajo cuya responsabilidad organizativa y económica se difunden emisiones o transmisiones.
  • Creadores de fotografías.

Son objeto de propiedad intelectual, todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas que se expresen por cualquier medio o soporte.

Entre estas creaciones se incluyen, por ejemplo:

  • Los libros, folletos, impresos, escritos, discursos, conferencias, informes, explicaciones de cátedra así como cualquier otra obra de la misma naturaleza.
  • Las composiciones musicales, con o sin letra.
  • Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.
  • Las obras cinematográficas y cualquier otra obra audiovisual.
  • Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.
  • Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.
  • Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.
  • Las obras fotográficas y similares.
  • Los programas de ordenador.

El autor, como titular de un derecho de propiedad intelectual tiene dos tipos de derechos:

  • Derechos de carácter personal o derechos morales: Son derechos irrenunciables que pertenecen al autor o al artista intérprete durante toda su vida y a su fallecimiento, pasan a sus herederos.Entre estos derechos destacan:
    • El reconocimiento de la condición de autor o artista de la obra.
    • El respeto a la integridad de la obra o actuación.
    • Impedir cualquier deformación, modificación, alteración de la obra que suponga un perjuicio a sus intereses o menoscabo a su reputación.
    • Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.
    • Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
    • Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o de forma anónima.
    • Retirar la obra del comercio si cambian sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.
  • Derechos de carácter patrimonial. En este caso debe distinguirse entre:
    • Los derechos relacionados con la explotación de la obra, y entre éstos:
      • Los derechos exclusivos: son los que permiten a su titular obtener una retribución o un precio por autorizar que se explote su obra de una determinada manera.
      • Los derechos de simple remuneración o "licencias obligatorias": son los que se reconocen por ley a favor de determinados titulares y les permiten exigir a la persona que explota su obra el pago de una suma de dinero. Esta suma puede estar determinada legalmente (licencia legal obligatoria), o fijada por cualquier otro procedimiento.

      Los derechos de explotación de una obra por el autor duran toda su vida y se extienden hasta 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento. Los derechos de explotación de las obras anónimas y de las firmadas bajo seudónimo, duran 70 años desde su divulgación lícita.

      Respecto a los derechos de explotación reconocidos a los artistas, intérpretes o ejecutantes, tienen, en general, una duración de 50 años contados desde el año siguiente al de la interpretación o ejecución (los derechos de explotación de fotografías duran 25 años).

 

Respecto a las civiles señalar que:

  • Se ejercitan a través del llamado procedimiento ordinario regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.El titular de los derechos que se protegen por esa normativa, puede instar el cese de aquellas actividades que atenten contra los mismos y exigir la oportuna indemnización por los daños causados, tanto económicos como morales.También puede solicitar con carácter previo al inicio de las actuaciones judiciales, la adopción de las llamadas medidas cautelares destinadas a proteger sus derechos con carácter urgente.El cese de la actividad puede consistir en:
    • La suspensión de la explotación infractora.
    • La prohibición al infractor de reanudarla.
    • La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción.
    • La inutilización y, en caso necesario, destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos.
    • El precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada.
  • Respecto a la indemnización en el caso de que exista un perjuicio económico, el afectado puede optar entre percibir el importe del beneficio que el infractor hubiese obtenido o el de la remuneración que hubiera percibido si hubiese consentido la explotación.En cuanto a los daños morales, existe la obligación de indemnizarlos aunque no se haya producido o probado la existencia de un perjuicio económico; el importe se calculará teniendo en cuenta las circunstancias en que se produjo la infracción, la gravedad de la lesión producida y el grado de difusión de la obra.La acción para reclamar los daños y perjuicios prescribe a los cinco años desde que el interesado pudo ejercitarla.
  • Por su parte, las medidas cautelares son adoptadas judicialmente en los casos en los que se produce la infracción o se teme fundadamente que puede producirse. Estas medidas pueden consistir en:
    • La intervención de los ingresos que se hayan obtenido con la actividad ilícita.
    • La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según los casos.
    • El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública.
    • El embargo de los equipos, aparatos y materiales utilizados.

En vía penal, la persona que, con la intención de beneficiarse y en perjuicio de un tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios puede ser castigada por cometer un delito contra la propiedad intelectual sancionado con pena de prisión de 6 meses a 2 años o de multa de 6 a 24 meses.

Esta pena también podrá imponerse a quien, de forma intencionada, importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin autorización; igualmente se castigará la fabricación, puesta en circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinada a facilitar la supresión o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador.

Siempre resulta conveniente obtener el consejo de un abogado sobre la conveniencia o no de iniciar las correspondientes acciones legales así como de las particularidades que puede presentar el caso concreto.

 

El Registro General de la Propiedad Intelectual forma parte de la Administración General del Estado y depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Existen también Registros Territoriales gestionados por las Comunidades Autónomas que tramitan las solicitudes de registro que se producen en su territorio.

La inscripción en el Registro es voluntaria por lo que la existencia de los derechos de propiedad intelectual no depende de la inscripción: los derechos de propiedad intelectual nacen con la creación de la obra.

El Registro tiene la finalidad de proteger los derechos de propiedad intelectual proporcionando una prueba de la existencia de la obra y de la titularidad que tiene sobre la misma quien la inscribe.

Otra de las finalidades del Registro es la de dar publicidad a los derechos que se inscriben.

¿Qué obras pueden inscribirse en el Registro?

En el Registro pueden inscribirse los derechos sobre todas las obras, actuaciones y producciones que se encuentren protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, así como los derechosde propiedad intelectual que correspondan a artistas intérpreteso ejecutantes, productores de fonogramas y grabaciones audiovisuales, entidades de radiodifusión, creadores de fotografías y determinadas producciones editoriales.

Sin embargo, no pueden ser inscritos, porque tampoco están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, las ideas, procedimientos, sistemas, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí mismos, ni tampoco las disposiciones legales o reglamentarias, resoluciones de los órganos jurisdiccionales, dictámenes de organismos públicos, y las traducciones oficiales de dichos textos.

La inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual

Pueden solicitar la inscripción de las obras, actuaciones o producciones, los autores de las mismas y aquellos que tengan algún derecho de propiedad intelectual.

La inscripción es eficaz desde la fecha de presentación de la solicitud, salvo que esta solicitud deba subsanarse porque falte algún dato o documento necesario para su tramitación. En estos casos la inscripción será eficaz cuando se produzca esta subsanación.

Las solicitudes de inscripción se presentan aportando el impreso oficial de la solicitud por duplicado, el ejemplar identificativo de la obra, actuación o producción, la documentación que en cada caso sea requerida y el justificante del pago de la tasa.

La obra a inscribir se presenta, como regla general, en papel debidamente encuadernado y con las páginas numeradas. El Registro también admite la presentación en otro tipo de soporte cuando el tipo de obra, su extensión, o las condiciones de archivo hagan aconsejable la utilización de otros métodos. Así, por ejemplo:

  • Si se trata de obras literarias y científicas, se aportan ejemplares debidamente encuadernados, con las páginas numeradas debiendo constar en la portada el título y el nombre del autor (también en el caso de tebeos y comics)
  • En el caso de bases de datos, se presentará una memoria descriptiva que contenga su estructura, los criterios de ordenación y el sistema de acceso a los datos. También puede acompañarse una grabación de la base para que sea examinada por el Registro.
  • Junto a las obras musicales se debe aportar la partitura. La letra puede figurar en una hoja aparte.
  • Respecto a las obras dramáticas, debe aportarse un ejemplar de la obra debidamente encuadernado, con las páginas numeradas y la indicación del título y autor en la portada. Si se trata de obras dramático-musicales, también se acompañarán las partituras.
  • En las coreografías o pantomimas se acompaña como ejemplar de la obra una descripción escrita del movimiento escénico. También se puede aportar alguna grabación.
  • En las obras audiovisuales debe acompañarse como ejemplar identificativo de la obra, un resumen descriptivo. También puede acompañarse una grabación.
  • En el caso de esculturas, dibujos, pinturas, grabados y litografías, como ejemplar identificativo se debe acompañar como máximo tres fotografías o copias que sirvan para identificar la obra.

La solicitud se presenta en cualquier Oficina Provincial del Registro General de la Propiedad Intelectual, donde se practica la liquidación correspondiente en concepto de tasas.

Las solicitudes de inscripción pueden sellarse también en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

El Registro es público, por lo que cualquier persona puede solicitar el acceso al contenido de los datos que figuran inscritos. En estos casos el Registro, previo abono de la tasa expedirá "certificados" o "notas simples".

La consulta directa de las obras archivadas en el Registro está reservada de forma exclusiva a los titulares de los derechos sobre las mismas.

El símbolo ©

El titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegida por la ley de propiedad intelectual, puede poner delante de su nombre el símbolo © aunque la obra o producción no esté registrada y sin necesidad de tener que obtener para ello ninguna autorización. Debe indicarse además el lugar y el año de divulgación de la obra o producción.
En el caso de las copias de los fonogramas también se puede anteponer el símbolo "(P)" al nombre de su productor, indicando igualmente el año de la publicación.

 

Por lo tanto es erróneo lo manifestado por el Sr. Magadan respecto a la obligatoriedad de inscripción de la obra para ser protegida.

Un saludo.

R. Gómez

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.
La inscripción en el Registro es voluntaria por lo que la existencia de los derechos de propiedad intelectual no depende de la inscripción: los derechos de propiedad intelectual nacen con la creación de la obra.

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