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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
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Experiencia:  DERECHO Y COLEGIADO EN ICAM
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hace tres a os me pararon en un control de alcoholemia dando

Pregunta del cliente

hace tres años me pararon en un control de alcoholemia dando positivo, y teniendo juicio rapido, ya cumpli con la retirada del carnet, pago de la multa y los trabajos en beneficios de la comunidad, pero he vuelto a dar positivo en un control de alcoholemia y tengo juicio rapido, tendría ahora pena de prision?
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  noeliabogada escribió hace 5 año.
Si no ha transcurrido el tiempo necesario para poder cancelar los antecedentes penales si la nueva sentencia del próximo juicio es condenatoria, el hecho de tener antecedentes le impide aspirar a la suspensión y a la rebaja de la pena. Es decir, que si recibe una nueva condena deberá ingresar en prisión y cumplirla.
**Requisitos necesarios para cancelar.
a) las anotaciones de antecedentes penales:

1.- Tener satisfechas las responsabilidades civiles provenientes de la sanción, excepto en los supuestos de insolvencia declarada por el Juez o Tribunal y salvo mejora económica del reo.

2.- El transcurso sin delinquir de nuevo de los siguientes plazos, que se contarán a partir del día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena:

6 meses para las penas leves
2 años para las menos graves que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes
3 años para las restantes penas menos graves
5 años para las penas graves.
El cómputo de estos plazos se interrumpirá por la comisión de nuevos delitos durante su transcurso.

Por tanto, la cancelación de la anotación penal derivada de una causa procederá cuando, una vez extinguidas en su totalidad las responsabilidades penal y civil impuestas en la correspondiente sentencia, hayan transcurrido sin delinquir de nuevo los plazos que para cada una de las penas señala la ley.
Experto:  noeliabogada escribió hace 5 año.
Entiendo que hasta el 2012 no podría cancelar antecedentes.
Según el art 33 del código penal

1. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves.

2. Son penas graves:

La prisión superior a cinco años.

La inhabilitación absoluta.

Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.

La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.

La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.

La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.

La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.

La privación de la patria potestad.

3. Son penas menos graves:

La prisión de tres meses hasta cinco años.

Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.

La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.

La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

La multa de más de dos meses.

La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo.

Los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 180 días.

La localización permanente de tres meses y un día a seis meses.

La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, cualquiera que sea su duración.

4. Son penas leves:

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.

La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.

La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

La multa de 10 días a dos meses.

La localización permanente de un día a tres meses.

Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días.

5. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya.

6. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código.

7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:

Multa por cuotas o proporcional.

Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.

Artículo 136.

1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, previo informe del juez o tribunal sentenciador.

2. Para el reconocimiento de este derecho serán requisitos indispensables:

Tener satisfechas las responsabilidades civiles provenientes de la infracción, excepto en los supuestos de insolvencia declarada por el juez o tribunal sentenciador, salvo que hubiera mejorado la situación económica del reo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso previsto en el artículo 125 será suficiente que el reo se halle al corriente de los pagos fraccionados que le hubieran sido señalados por el juez o tribunal y preste, a juicio de éste, garantía suficiente con respecto a la cantidad aplazada.

Haber transcurrido, sin delinquir de nuevo el culpable, los siguientes plazos: seis meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres años para las restantes penas menos graves; y cinco para las penas graves.

3. Estos plazos se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio.

En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena, el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas Secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia sólo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la Ley. En todo caso, se librarán las que soliciten los Jueces o Tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente, si se da, esta última circunstancia.

5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, bien por solicitud del interesado, bien de oficio por el Ministerio de Justicia, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, ordenará la cancelación y no tendrá en cuenta dichos antecedentes.

Artículo 137.

Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este Código o en otras leyes penales serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida; mientras tanto, sólo figurarán en las certificaciones que el Registro expida con destino a Jueces o Tribunales o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la Ley.
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En contestación a su consulta:

En primer lugar tranquilizarle en cuanto que NO INGRESARÁ EN PRISIÓN es importante que en el juicio rápido intente su abogado la conformidad de la pena para que le rebajen la misma 1/3.

 

El Fiscal propone su acusación. Se le pregunta al letrado de la defensa si hay conformidad o no. Si la hay ( que es lo habitual) se le pregunta al acusado si está conforme con la conformidad expresada por su letrado. Si es que sí, visto para sentencia, que se dicta oralmente en ese mismo instante después de que las partes manifiesten su voluntad de no recurrir dicha sentencia. La ejecución se pasa al penal.

Si por lo que fuere no hubiese conformidad, el asunto pasa al juzgado de lo penal, celebrándose la correspondiente vista.

 

En su caso al haber antecedentes será más dura la negociación con el fiscal pero la pena será inferior a dos años de prisión y por lo tanto no ingresará, aunque le tocará pagar una multa penal bastante considerable que podrá fraccionar su pago hasta en 10 meses, y que abonará en fase ejecutorias no en el propio juicio rápido, además de 3 años de retirada carnet.

Para su tranqulidad le adjunto una sentencia:

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 7ª).Sentencia núm. 1016/2009 de 30 noviembre

JUR\2010\61882

Delitos contra la seguridad del tráfico.Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.Proceso Penal.Penas.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 376/2009

Ponente: Ilmo. Sr. D. angela ascensión acevedo frías

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN SÉPTIMA

Rollo 376/09- R.P.

Órgano Procedencia: JDO. de lo Penal nº 4 de GETAFE

Proc. Origen: JUICIO ORAL 9/09

SENTENCIA Nº 1016/09

ILMAS SRAS. MAGISTRADAS

Dª Mª LUISA APARICIO CARRIL

Dª ÁNGELA ACEVEDO FRÍAS

Dª ANA ROSA NÚÑEZ GALÁN

En MADRID, a treinta de noviembre de dos mil nueve.

VISTO por esta Sección de esta Audiencia Provincial en la causa instruida en el RP 376/09, el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Maria de los Ángeles Lucendo González, en nombre y representación de Juana , contra la sentencia de fecha 17 de abril de 2008 dictada por el Juzgado Penal nº 4 de Getafe; habiendo sido parte en él el mencionado recurrente, a través de su representación procesal, y el Ministerio Fiscal impugnando el recurso, en la representación que le es propia, actuando como ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. ÁNGELA ACEVEDO FRÍAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por el Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 4 de Getafe en el procedimiento que más arriba se indica se dictó sentencia en fecha 17 de abril de 2008 en la que consta el siguiente relato de hechos probados:"Se declara probado que la acusada, Juana , ejecutoriamente condenada en sentencia de fecha 21 de septiembre de 2007 dictada por el Juzgado de lo Penal nº Dos de Toledo como autora de un delito contra la seguridad del tráfico, sobre las 2'45 horas del día 21 de marzo de 2009 circulaba -teniendo sus facultades físicas y psíquicas disminuidas como consecuencia de las bebidas alcohólicas que había ingerido- conduciendo el vehículo Citroen C3, matrícula ....-NZP , por la calle General Asensio de la localidad de Torrejón de Velasco saltándose una señal de Stop, lo que alertó a los agentes de la Policía Local de dicha población nº NUM000 y NUM001 , que al observar la maniobra procedieron a darle el alto, a lo que hizo caso omiso en primera instancia, consiguiendo que detuviera el vehículo a la altura de la intersección de la calle General Mola con Antonio Salas.

Cuando los agentes reseñados se dirigen a identificar a la conductora perciben en ésta evidentes síntomas de encontrarse bajo la influencia del alcohol, tales como fuerte olor a alcohol y balbuceo, siendo apenas capaz de entender lo que se le decía. Por tal motivo se procede a realizarle una primera prueba con el etilómetro digital arrojando un resultado positivo de 0'88 mg/l, motivo por el cual proceden a trasladar a la acusada a las dependencias de la Policía Local de Torrejón de Velasco donde se realiza el test con el etilómetro evidencial de precisión marca Dräguer Alcotest modelo 7110-E con nº de serie ARJA-0109, realizándose la primera prueba a las 2'38 horas dando un resultado de 1,09 mg/l en aire expirado y una segunda a las 2'59 dando un resultado de 1,01 mg/l, sin querer contrastar los resultados, tras ser advertida de tal posibilidad".

El fallo de la referida sentencia es del tenor literal siguiente:"Que debo condenar y condeno a Juana -ya circunstanciada- como autor penal y civilmente responsable de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas previsto y penado en el art. 379.2 del Código Penal , con la concurrencia de la agravante de reincidencia del art. 22.8 del Código Penal , a las penas de cinco meses de prisión, sesenta días de trabajos en beneficio de la comunidad así como a la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores o de la facultad de obtenerlo por tiempo de tres años, con expresa condena en costas".

SEGUNDO

Contra dicha Sentencia, por la representación procesal del hoy recurrente, se interpuso recurso de apelación que formalizó exponiendo los motivos de impugnación que obran en el escrito unido a la causa.

TERCERO

Dado traslado del escrito de formalización del recurso al Ministerio Fiscal, se presentó escrito de impugnación sobre la base de que la sentencia objeto de recurso es plenamente ajustada a Derecho, solicitando su confirmación.

CUARTO

Por el Juzgado de lo Penal más arriba referido se remitieron a este Tribunal los autos originales con todos los escritos presentados y, recibieron que fueron, se señaló como día de la deliberación el día de hoy.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan y se dan por reproducidos los de la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El recurrente invoca en primer lugar como motivo del recurso error en la valoración de la prueba por el juez a quo ya que mantiene que si bien es cierto que la acusada dio un resultado positivo de 1'02 mg por litro de aire espirado, tasa superior a la permitida por la reforma operada en el art. 379 del C.P. por la LO 15/2007 de 30 de noviembre no es menos cierto que no se ha tenido en cuenta la receta médica aportada en la vista donde, según se entiende consta la ingestión por la acusada de unas pastillas una hora antes de la comisión de los hechos entendiendo que los síntomas que presentaba la recurrente pueden estar originados por motivos diferentes de la ingestión de bebidas alcohólicas. Además se entiende que no se ha tenido en cuenta por el Juzgador ni la referida prueba documental ni la testifical propuesta por la defensa y que la tasa de alcohol por la que se aplica el art. 379.2 está influenciada por la ingestión de la medicación que tomaba la recurrente.

El recurso de apelación constituye el mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control del Tribunal ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia (artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), manteniendo la Jurisprudencia que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico (artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española ), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal , de lo que carece el Tribunal de apelación el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia (SSTC 17/12/85; 23/6/86; 13/5/87; 2/7/90 entre otras).

Consecuentemente con lo manifestado es que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia en los siguientes casos:

a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador;

b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia;

c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud - razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia (STSº 29/12/93 y STC 1/3/93 ). Labor de rectificación esta última que además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que sí la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba.

Respecto al visionado de la grabación del acto del juicio oral como recuerda la reciente STC de 18 de mayo de 2009 el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia temporo-espacial de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

Sentada la anterior doctrina jurisprudencial hay que decir que la sentencia recurrida no tiene los condicionantes que obligan a su rectificación en esta instancia, sino todo lo contrario es consecuencia de una correcta valoración de la prueba, la cual este Tribunal, tras el visionado de la grabación del acto del juicio oral, al igual que el juez a quo, considera suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia. Así, en primer lugar respecto a la prueba documental aportada la misma puede acreditar, en su caso que la acusada padece la enfermedad que en la misma se refleja y toma la medicación que aparece prescrita, pero no que ello le influya en la asimilación del alcohol que contienen las bebidas que toma ni en qué forma. Pero es que aunque ciertamente dicha medicación elevara el índice de alcohol en sangre, lo que es evidente es que Juana lo conocía cuando ingirió la misma tras haber consumido bebidas alcohólicas, puesto que así se desprende de su propia declaración y de la de la testigo por ello propuesta, y que pese a ello después de tomar su medicina condujo su vehículo, con una tasa de alcoholemia muy por encima de los límites que en la actualidad establece el art. 379 del C.P ..

La declaración de la testigo Araceli resulta contradicha por la de la funcionaria de Policía que comparece también como testigo y a la que ninguna referencia se hace en el recurso, manifestando en el acto del juicio oral que cuando se aproximaron a la acusada tras haber rebasado el stop sin respetar el mismo apreciaron inmediatamente que se encontraba influenciada por la ingestión de bebidas alcohólicas, lo que ella misma les reconoció, y se comprobó con la prueba de alcoholemia practicada y por el elevado resultado que se desprendió de la misma, dándole mayor fiabilidad el Juzgador a esta testifical, por lo que, en aplicación de la referida Jurisprudencia, se respeta el proceso valorativo realizado por el juez a quo y se desestima el recurso interpuesto por este motivo.

SEGUNDO

En segundo lugar se alega en el recurso que se le ha impuesto a la recurrente la pena en su grado máximo y además que se le impone pena de prisión en lugar de la de multa, sin compartirse los razonamientos que para ello se dan en la sentencia, entendiendo que los mismos no son sólidos. Sin embargo el juez a quo motiva de manera suficiente y razonada la pena impuesta teniendo en cuenta para ello que además de que la recurrente es reincidente, la tasa de alcoholemia que llevaba era muy elevada, cuadruplicando la mínima permitida, sin que pese a ello Juana presente ningún tipo de arrepentimiento ni reconozca los hechos, y valorándose también la incidencia que este tipo de conductas tienen en la sociedad y los perniciosos efectos que producen por el elevado número de muertes que producen, todo lo cual se respeta y comparte, desestimándose también el recurso por este motivo.

TERCERO

Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada en virtud de lo dispuesto en el artículo 240 de la LECrm .

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Mª de los Ángeles Lucendo González en representación de Dª Juana contra la sentencia dictada por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Getafe, de fecha 17 de abril de 2008 , y a los que este procedimiento se contrae, y CONFIRMAMOS íntegramente la misma, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Siendo firme esta Sentencia desde ésta fecha, por no caber contra ella recurso alguno, devuélvase la causa original junto con su testimonio al Juzgado de procedencia, una vez notificada a las partes, para su ejecución y cumplimiento.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ilma. Sra. Dña. ÁNGELA ACEVEDO FRÍAS, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010).

 

Si esta conforme con asesoramiento ruego acepte respuesta.

Atentamente,

R. Gómez

ICAM

 

Experto:  noeliabogada escribió hace 5 año.
Debo discrepar, si no se han cancelado los antecedentes penales(y yo entiendo que no podrán cancelarse hasta en 2012) si se celebra nuevo juicio, no procediendo esta vez el beneficio de la rebaja de 1/3 ni la suspensión de la pena de privación de libertad, la nueva condena de prisión por muy corta que ésta fuera, tendría que cumplirse íntegramente.
De la misma manera queda claro en la propia sentencia que pone como ejemplo mi compañero, desestimando el recurso presentado "(...)el juez a quo motiva de manera suficiente y razonada la pena impuesta teniendo en cuenta para ello que además de que la recurrente es reincidente, la tasa de alcoholemia que llevaba era muy elevada, cuadruplicando la mínima permitida, sin que pese a ello Juana presente ningún tipo de arrepentimiento ni reconozca los hechos, y valorándose también la incidencia que este tipo de conductas tienen en la sociedad y los perniciosos efectos que producen por el elevado número de muertes que producen, todo lo cual se respeta y comparte, desestimándose también el recurso por este motivo".
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

No se ha de confundir la suspensión de la pena de prisión con la sustitución de la pena de prisión.

Cuando hay antecedentes penales no cancelados no se puede suspender la pena de prisión pero en cambio si sustituir por días multa y trabajos beneficio comunidad.

La conformidad con rebaja 1/3 condena si es susceptible al ser un juicio rápido.

Si esta conforme puede aceptar la respuesta.

Atentamente,

R. Gómez

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