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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
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me gustaria saber que debo hacer en este caso,yo estaba cobrando

Pregunta del cliente

me gustaria saber que debo hacer en este caso,yo estaba cobrando el paro cuando tuve un accidente en un parque de atracciones,entonces me tuve que operar de un brazo estando unos cuantos meses de baja pero ahora se me ha acabado el subsidio y quiero saber quien o como tiene que pagarme,gracias
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.
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Cliente: escribió hace 5 año.
pero yo sigo estando de baja
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.
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Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Buenas noches,

En contestación a su consulta intentaré ser lo más claro posible con usted:

 

El artículo 36 del Real Decreto 84/1996 considera situación asimilada al alta el desempleo, sea total y subsidiado, sea mero paro involuntario una vez agotada la prestación, siempre que se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo.

 

No se contempla como situación asimilada al alta sin embargo la situación de quien habiendo causado baja en la Seguridad Social por la extinción de su contrato de trabajo no ha pasado a la situación de desempleo por encontrarse en la de incapacidad temporal o de maternidad al producirse dicha extinción.

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la extinción de contrato del trabajo durante la situación de incapacidad temporal o de maternidad determina que el empresario deba cursar la baja del trabajador, al haber desaparecido el presupuesto de su inclusión en el campo de aplicación del Régimen General (artículos 97.1 y 100.1 de la Ley General de la Seguridad Social).

 

La regla del artículo 106.4 de la Ley General de la Seguridad Social (la obligación de cotizar continuara en situación de incapacidad temporal, en la de riesgo durante el embarazo y en la de maternidad) sólo se aplica, según la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( sentencias de 18 septiembre de 1991 [ RJ 1991, 6469] y 29 julio [ RJ 1993, 5995] , 27 septiembre [ RJ 1993, 7036] y 3 diciembre de 1993 [ RJ 1993, 9625] , entre otras muchas), cuando el contrato de trabajo está suspendido y no cuando se ha producido la extinción y no existe obligación de cotizar a cargo del INEM, por no encontrarse el trabajador percibiendo la prestación de desempleo.

 

Por ello, a partir de un examen literal de las normas , podría llegarse a la conclusión inicial de que los trabajadores a los que se extingue su contrato de trabajo cuando se encuentran en incapacidad temporal o en maternidad no están en alta ni en situación asimilada a ella. Mas esta conclusión, que tendría graves consecuencias para el funcionamiento normal de la acción protectora, ha sido descartada, sobre la base de una interpretación sistemática y finalista, por la doctrina unificada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a partir de su sentencia de 20 de enero de 1995 ( RJ 1995, 1146) (recurso 1281/1994).

 

 

Entiende dicha doctrina que el ordenamiento de la Seguridad Social no ha declarado la incapacidad temporal o la maternidad como situaciones asimiladas al alta porque ha contemplado exclusivamente el supuesto normal, en que el contrato esta suspendido y se mantiene el alta y la cotización a cargo de la empresa, o el supuesto especial en que la incapacidad temporal o la maternidad se produce cuando el trabajador se encuentra percibiendo prestaciones de desempleo. Hay por tanto una laguna para el supuesto en que se produce la extinción del contrato de trabajo durante la incapacidad temporal o la maternidad.

 

El 222 de la Ley General de la Seguridad Social prevé que el trabajador siga percibiendo la prestación por incapacidad temporal o maternidad hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo, pero no califica esta situación de tránsito a efectos de encuadramiento, y sólo a partir de la Ley 24/2001 mantiene durante la misma la obligación de cotizar en determinados supuestos y a cargo de la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo.

 

Ahora bien, esta laguna no puede llevar a la descalificación de este supuesto como situación asimilada al alta, pues ello traería consigo la generalización de situaciones de desprotección.

 

Ese efecto de desprotección no se justificaría, a la luz de los principios que configuran la acción protectora del sistema, y sería además contrario al tratamiento que venía recibiendo la situación de invalidez provisional, en la que se produce la baja del trabajador y no se mantiene la obligación de cotizar.

 

La invalidez provisional se consideraba situación asimilada al alta a efectos de las prestaciones de desempleo (artículo 2.1 del Real Decreto 625/1985 [ RCL 1985, 1039, 1325; ApNDL 10619] ) y operaba también en la práctica como situación equiparada al alta para la jubilación (artículo 161.4 de la Ley General de la Seguridad Social) y la muerte y supervivencia (artículo 172.1.b de la Ley General de la Seguridad Social).

 

En cuanto a las prestaciones de invalidez permanente, el problema se resuelve porque la exigencia de alta se ha referido al momento en que se actualiza la contingencia determinante, pues en otro caso resultaría de imposible cumplimiento en aquellos supuestos en que pasaba el trabajador a invalidez provisional ( sentencia de 14 de abril de 1980 [ RJ 1980, 1622] ).

 

Pues bien, el mismo tratamiento debe darse a la incapacidad temporal y a la maternidad de la trabajadora con contrato extinguido. La analogía resulta aquí aplicable, porque existe semejanza relevante entre los respectivos supuestos -en los dos hay incapacidad temporal para el trabajo, baja en la Seguridad Social y no se reciben prestaciones por desempleo- y se aprecia asimismo la identidad de razón: la necesidad de conservar la protección de la Seguridad Social en estas situaciones de incapacidad temporal y maternidad.

 

Desde esta perspectiva hay que concluir que la falta de referencia a estos supuestos en las normas vigentes no obedece a una voluntad de excluir la protección de incapacidad temporal o de maternidad en estos casos, sino que se debe a que la norma ha considerado innecesaria esta precisión, porque ha tenido en cuenta el supuesto normal de incapacidad temporal con mantenimiento de alta y no el de baja por extinción del contrato de trabajo. Y en este sentido hay que señalar que la regulación reglamentaria parte de la intercomunicación de las situaciones de incapacidad temporal y maternidad, como se pone de relieve al examinar el artículo 12.3 de la Orden de 13 de octubre de 1967 ( RCL 1967, 2097; NDL 27266) , el cual prevé que, si agotado el período de descanso obligatorio posterior al parto, la beneficiaria continuase necesitando asistencia sanitaria y se encontrase incapacitada para el trabajo, se le considerara en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, iniciándose a partir de ese momento, sin solución de continuidad, el pago del subsidio correspondiente a la nueva contingencia. No es de aplicación en este supuesto lo regulado en el artículo 9 del Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre ( RCL 2001, 2768) , pues posterior a los hechos enjuiciados, razón por la cual no es preciso analizar ahora su contenido.

 

Lo cierto es que un trabajador con el contrato de trabajo extinguido, que el día siguiente al del alta por incapacidad temporal inicia un nuevo proceso sin solución de continuidad cronológica, no está obligado a inscribirse como demandante de un empleo, ni a solicitar la prestación de desempleo. Tal situación lleva consigo que el trabajador no pueda ejercer otro empleo y que esté legitimado para no aceptar una oferta de trabajo adecuada si exige una incorporación al trabajo imposible por razones médicas. La tesis contraria conduciría al absurdo, puesto que el trabajador no puede acceder a la protección de desempleo porque no está en disposición de trabajar y tampoco puede acceder a la protección por incapacidad temporal o maternidad porque, extinguido su contrato de trabajo, no ha pasado a percibir prestaciones por desempleo.

 

En su caso, cuando Usted estuvo de baja se producía lo que se conoce como la teoría del parentesis, ese tiempo usted cobraba de la entidad gestoria del INSS y no agotaba paro luego con el alta volvia a consumir paro... en su caso me temo que no comunicó el INEM la baja... lo único que puede hacer es acudir oficina INEM y llevar informes médicos y solicitar que se le aplique el parentesis comentado (que durante los meses que estuvo de baja no se considere como situación de desempleo) en cuyo caso si se lo aceptan le pediran que devuelva el dinero percibido durante el tiempo de baja al INEM por lo que tendría que solicitar al INSS el pago de los meses que estuvo de baja...

Adjunto sentencia que ha servido de base para su consulta:

Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Social).Sentencia núm. 310/2002 de 22 marzo

AS\2002\2627

INCAPACIDAD TEMPORAL: prestación económica: situación de alta o asimilada: trabajadora en IT por enfermedad común al extinguirse el contrato de trabajo.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 298/2000

Ponente: Ilmo. Sr. D. rafael antonio lópez parada

 

El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 28-10-1999, en autos promovidos sobre reclamación de prestación de incapacidad temporal, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentación jurídica.

 

En Las Palmas a veintidós de marzo de dos mil dos.

La Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias formada por los Ilmos. Sres. D. Humberto Guadalupe Hernández Presidente Dª María Jesús García Hernández y D. Rafael A. López Parada Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Carmen L. F., contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Las Palmas de Gran Canaria de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, dictada en los autos de juicio núm. 352/1998 en proceso sobre prestaciones, y entablado por doña Carmen L. F., contra Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./Dª Rafael Antonio López Parada, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

«I.-La actora ha venido trabajando de dependienta, estando encuadrada en el Régimen General de la Seguridad Social.

II.-En fecha 24-3-1997 se extinguió la relación jurídica contractual en base a " Finalización contractual".

III.-En fecha 20-3-1997, la actora inició proceso de Incapacidad Temporal siendo su origen: " Maternidad", con fecha de vencimiento nueve de julio de 1997.

IV.-En fecha 15-6-1997, la actora es intervenida en el Hospital Materno Infantil con el siguiente diagnóstico: "Cesárea".

V.-A resultas del ingreso en el Hospital Materno, en fecha nueve de julio de 1997, se extiende nuevo parte de baja, con el siguiente diagnóstico: "Seroma en cicatriz de Cesárea".

VI.-El 6 de septiembre de 1997, se le extiende parte de alta, con nueva baja en fecha 8 de septiembre de 1997 con el diagnóstico: de "hepatitis B", siendo dada de alta el 17-11-1997.

VII.-Solicitadas las prestaciones de Incapacidad Temporal, el ente gestor deniega las mismas en base a: "No encontrarse en alta o situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante".

VIII.-La base reguladora diaria es de 3.500 ptas.

IX.-Se agotó la vía previa».

SEGUNDO

La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Desestimar la demanda promovida por doña Carmen L. F., contra el INSS absolviendo a la demandada de los pedimentos de aquélla.

TERCERO

Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO

Por doña Carmen L. F., se recurre en suplicación contra la sentencia del Juzgado de lo Social número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria dictada el 28 de octubre de 1999 en los autos del juicio número 352/1998. Como único motivo de recurso, al amparo de la letra c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , se denuncia la infracción de los artículos 124 y 128 de la Ley General de la Seguridad Social ( RCL 1994, 1825) . Lo que se discute es el derecho de la trabajadora a la prestación por incapacidad temporal teniendo en cuenta que en el momento de la baja (8 de septiembre de 1997) la misma no se encontraba en situación de alta, por haber finalizado su contrato el 24 de marzo anterior, si bien el día 6 de septiembre había sido dada de alta en otra situación de incapacidad temporal, iniciada el 9 de julio de 1997 y, anteriormente, desde el 20 de marzo de 1997 hasta el 9 de julio de 1997, había disfrutado del descanso de maternidad, con la prestación correspondiente.

La primera baja posterior a la maternidad, sin solución de continuidad con la misma, vino motivada por seroma en cicatriz de cesárea, pues el parto se produjo por cesárea el 15 de junio de 1997. La baja de 8 de septiembre de 1997 tiene como causa una hepatitis tipo b. No está acreditada en autos (sin que se pretenda modificación alguna de los hechos declarados probados) relación causal alguna de la hepatitis con la maternidad o la cesárea. Tampoco consta que la actora fuese en ese momento solicitante de la prestación por desempleo, ni que se encontrase en situación alguna asimilada al alta conforme al artículo 36 del Real Decreto 84/1996 ( RCL 1996, 673, 1442) .

Hay que tener en cuenta que la prestación de incapacidad temporal tiene por objeto sustituir las rentas perdidas por el trabajador como consecuencia de la suspensión de su contrato de trabajo conforme al artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores. De la misma manera y de conformidad con el artículo 222 de la Ley General de la Seguridad Social la prestación tiene por objeto sustituir a la prestación de desempleo durante su percepción cuando el trabajador sufre una enfermedad en su transcurso. A falta de trabajo por cuenta ajena o prestación por desempleo que hayan de ser sustituidas no hay prestación de incapacidad temporal. Cuestión distinta es la transición entre incapacidad temporal durante el trabajo y situación de desempleo, con o sin subsidio. En estos casos la prestación que se inició con anterioridad a la finalización del contrato se mantiene en sus términos hasta su finalización (estamos en una situación anterior a la reforma del artículo 222 de la Ley General de la Seguridad Social por la Ley 24/2001 [ RCL 2001, 3248 y RCL 2002, 1348, 1680] ). Lo mismo ocurre con la prestación de maternidad, que es la que disfrutaba la trabajadora en el momento en el que se produjo la extinción de su contrato, dejando de estar de alta en la Seguridad Social.

Una vez finalizada la prestación que se venía disfrutando, el inicio de una nueva prestación exigiría en principio la situación de alta o asimilada en la Seguridad Social. Así resulta del artículo 130 de la Ley General de la Seguridad Social, por remisión al artículo 124 de la misma. El artículo 36 del Real Decreto 84/1996 considera situación asimilada al alta el desempleo, sea total y subsidiado, sea mero paro involuntario una vez agotada la prestación, siempre que se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo. No se contempla como situación asimilada al alta sin embargo la situación de quien habiendo causado baja en la Seguridad Social por la extinción de su contrato de trabajo no ha pasado a la situación de desempleo por encontrarse en la de incapacidad temporal o de maternidad al producirse dicha extinción.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la extinción de contrato del trabajo durante la situación de incapacidad temporal o de maternidad determina que el empresario deba cursar la baja del trabajador, al haber desaparecido el presupuesto de su inclusión en el campo de aplicación del Régimen General (artículos 97.1 y 100.1 de la Ley General de la Seguridad Social). La regla del artículo 106.4 de la Ley General de la Seguridad Social (la obligación de cotizar continuara en situación de incapacidad temporal, en la de riesgo durante el embarazo y en la de maternidad) sólo se aplica, según la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ( sentencias de 18 septiembre de 1991 [ RJ 1991, 6469] y 29 julio [ RJ 1993, 5995] , 27 septiembre [ RJ 1993, 7036] y 3 diciembre de 1993 [ RJ 1993, 9625] , entre otras muchas), cuando el contrato de trabajo está suspendido y no cuando se ha producido la extinción y no existe obligación de cotizar a cargo del INEM, por no encontrarse el trabajador percibiendo la prestación de desempleo.

Por ello, a partir de un examen literal de las normas cuya infracción se denuncia, podría llegarse a la conclusión inicial de que los trabajadores a los que se extingue su contrato de trabajo cuando se encuentran en incapacidad temporal o en maternidad no están en alta ni en situación asimilada a ella. Mas esta conclusión, que tendría graves consecuencias para el funcionamiento normal de la acción protectora, ha sido descartada, sobre la base de una interpretación sistemática y finalista, por la doctrina unificada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a partir de su sentencia de 20 de enero de 1995 ( RJ 1995, 1146) (recurso 1281/1994).

Entiende dicha doctrina que el ordenamiento de la Seguridad Social no ha declarado la incapacidad temporal o la maternidad como situaciones asimiladas al alta porque ha contemplado exclusivamente el supuesto normal, en que el contrato esta suspendido y se mantiene el alta y la cotización a cargo de la empresa, o el supuesto especial en que la incapacidad temporal o la maternidad se produce cuando el trabajador se encuentra percibiendo prestaciones de desempleo. Hay por tanto una laguna para el supuesto en que se produce la extinción del contrato de trabajo durante la incapacidad temporal o la maternidad. El 222 de la Ley General de la Seguridad Social prevé que el trabajador siga percibiendo la prestación por incapacidad temporal o maternidad hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo, pero no califica esta situación de tránsito a efectos de encuadramiento, y sólo a partir de la Ley 24/2001 mantiene durante la misma la obligación de cotizar en determinados supuestos y a cargo de la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo.

Ahora bien, esta laguna no puede llevar a la descalificación de este supuesto como situación asimilada al alta, pues ello traería consigo la generalización de situaciones de desprotección. Ese efecto de desprotección no se justificaría, a la luz de los principios que configuran la acción protectora del sistema, y sería además contrario al tratamiento que venía recibiendo un supuesto materialmente idéntico al aquí contemplado: la situación de invalidez provisional, en la que se produce la baja del trabajador y no se mantiene la obligación de cotizar. La invalidez provisional se consideraba situación asimilada al alta a efectos de las prestaciones de desempleo (artículo 2.1 del Real Decreto 625/1985 [ RCL 1985, 1039, 1325; ApNDL 10619] ) y operaba también en la práctica como situación equiparada al alta para la jubilación (artículo 161.4 de la Ley General de la Seguridad Social) y la muerte y supervivencia (artículo 172.1.b de la Ley General de la Seguridad Social). En cuanto a las prestaciones de invalidez permanente, el problema se resuelve porque la exigencia de alta se ha referido al momento en que se actualiza la contingencia determinante, pues en otro caso resultaría de imposible cumplimiento en aquellos supuestos en que pasaba el trabajador a invalidez provisional ( sentencia de 14 de abril de 1980 [ RJ 1980, 1622] ).

Pues bien, el mismo tratamiento debe darse a la incapacidad temporal y a la maternidad de la trabajadora con contrato extinguido. La analogía resulta aquí aplicable, porque existe semejanza relevante entre los respectivos supuestos -en los dos hay incapacidad temporal para el trabajo, baja en la Seguridad Social y no se reciben prestaciones por desempleo- y se aprecia asimismo la identidad de razón: la necesidad de conservar la protección de la Seguridad Social en estas situaciones de incapacidad temporal y maternidad.

Desde esta perspectiva hay que concluir que la falta de referencia a estos supuestos en las normas vigentes no obedece a una voluntad de excluir la protección de incapacidad temporal o de maternidad en estos casos, sino que se debe a que la norma ha considerado innecesaria esta precisión, porque ha tenido en cuenta el supuesto normal de incapacidad temporal con mantenimiento de alta y no el de baja por extinción del contrato de trabajo. Y en este sentido hay que señalar que la regulación reglamentaria parte de la intercomunicación de las situaciones de incapacidad temporal y maternidad, como se pone de relieve al examinar el artículo 12.3 de la Orden de 13 de octubre de 1967 ( RCL 1967, 2097; NDL 27266) , el cual prevé que, si agotado el período de descanso obligatorio posterior al parto, la beneficiaria continuase necesitando asistencia sanitaria y se encontrase incapacitada para el trabajo, se le considerara en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, iniciándose a partir de ese momento, sin solución de continuidad, el pago del subsidio correspondiente a la nueva contingencia. No es de aplicación en este supuesto lo regulado en el artículo 9 del Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre ( RCL 2001, 2768) , pues posterior a los hechos enjuiciados, razón por la cual no es preciso analizar ahora su contenido.

Lo cierto es que un trabajador con el contrato de trabajo extinguido, que el día siguiente al del alta por incapacidad temporal inicia un nuevo proceso sin solución de continuidad cronológica, no está obligado a inscribirse como demandante de un empleo, ni a solicitar la prestación de desempleo. Tal situación lleva consigo que el trabajador no pueda ejercer otro empleo y que esté legitimado para no aceptar una oferta de trabajo adecuada si exige una incorporación al trabajo imposible por razones médicas. La tesis contraria conduciría al absurdo, puesto que el trabajador no puede acceder a la protección de desempleo porque no está en disposición de trabajar y tampoco puede acceder a la protección por incapacidad temporal o maternidad porque, extinguido su contrato de trabajo, no ha pasado a percibir prestaciones por desempleo.

Por todo lo cual debe estimarse el recurso presentado, para revocar la sentencia de instancia y, en su lugar, estimar la pretensión de la actora, condenando al INSS a continuar el abono de la prestación de incapacidad temporal a la misma por el período de 8 de septiembre a 17 de noviembre de 1997, por contingencia de enfermedad común y tomando, a efectos de aplicar el pertinente tipo, una base reguladora diaria de 3.500 pesetas (21,04 euros).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Estimar el recurso de suplicación presentado por doña Carmen L. F., contra la sentencia del Juzgado de lo Social número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria dictada el 28 de octubre de 1999 en los autos del juicio número 352/1998, revocando el fallo de la misma y, en su lugar, estimar la pretensión de la actora, condenando al INSS a continuar el abono de la prestación de incapacidad temporal a la misma por el período de 8 de septiembre a 17 de noviembre de 1997, por contingencia de enfermedad común y tomando, a efectos de aplicar el pertinente tipo, una base reguladora diaria de 21,04 euros (veintiún euros y cuatro céntimos de euro).

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BBV c/c número: ..., a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 50.000 ptas. en la entidad de crédito BBV c/c ..., núm. proc. y año, clave ..., Oficina Génova núm. ..., de Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010).

 

Atentamente,

R. Gómez

ICAM

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