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Tomando como base los siguientes textos, indicar qu concepto

Pregunta del cliente

Tomando como base los siguientes textos, indicar qué concepto de relaciones Estado-Iglesia tenía la propia iglesia católica con anterioridad al Concilio Vaticano II y qué cambios supusieron los planteamientos del papa Juan XXIII y el propio Concilio Vaticano II en su Declaración Dignitatis Humanae (1965).
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Letrado escribió hace 5 año.

Buenas tardes:

 

El concepto que tenía la propia Iglesia Católica, antes del Concilio Vaticano II, está expresado claramente por Pio XI:

 

La no confesionalidad del Estado, resume Pío XI en "Dilectissima nobis", es un "gravísimo error... especialmente en una nación que es católica en casi su totalidad... y una funesta consecuencia del laicismo (y) de la apostasia de la sociedad moderna, (dominada) por la impía y absurda pretensión de querer excluir de la vida publica a Dios, creador y providente gobernador de la misma".

 

Al amparo, sobre todo, de la Declaración "Dignitatis humanae", del Concilio Vaticano II, se viene entendiendo por muchos que la doctrina tradicional católica sobre la confesionalidad del Estado fue abolida, y que hoy el magisterio oficial de la Iglesia se pronuncia a favor de los Estado neutros o laicos, y no por la confesionalidad de los mismos.

 

Para entenderlo así, se acude a la libertad religiosa como derecho fundamental de la persona humana, y al principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Conceptos estos últimos, más laicos que religiosos, aunque se acceda a ellos desde las dos concepciones.

 

Si la respuesta le parece adecuada, no olvide ACEPTARLA.

 

Un cordial saludo,

 

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En contestación a su consulta le informamos que:

Antes del Concilio Vaticano II el concepto de Estado e Iglesia no estaban separados.

Con el Concilio Vaticano II se recoge la separación.

 

En virtud de su autoridad moral y como consecuencia de la doctrina cristiana sobre la dignidad de la persona humana, el Concilio Vaticano II declara que "la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa" (Declaración "Dignitatis Humanae", nº 2); y explica que "esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como grupos sociales y de cualquier autoridad humana, y ello de tal manera, que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos". (Declaración "Dignitatis Humanae", nº 2).

 

A partir de estas afirmaciones está claro que después del Concilio Vaticano II no se puede reconocer como conforme con la doctrina de la Iglesia ninguna forma política que restrinja o violente de cualquier forma la conciencia de los ciudadanos obligándoles a profesar una determinada religión, o poniéndoles dificultades para profesar la que ellos consideren verdadera, o simplemente estableciendo diferencias por razones religiosas, a favor o en contra de cualquier actitud que los ciudadanos quieran adoptar en cuestiones religiosas y morales de acuerdo con su propia conciencia, siempre que respeten las exigencias del orden público.

 

A lo largo del tiempo la doctrina de la Iglesia se ha clarificado notablemente. La diferenciación entre el ámbito de las conciencias, donde arraiga la fe religiosa, y el ámbito de las relaciones sociales, que es el campo propio de la política, ha permitido enunciar la doctrina de la Iglesia que podemos resumir en estos puntos:

  • - La decisión religiosa es una obligación moral de todas las personas, que cada uno debe hacer según su propia conciencia debidamente informada;
  • - Esta decisión es una obligación moral de cada hombre en cuyo cumplimiento ninguna autoridad humana puede intervenir;
  • - De esta obligación moral que cada persona tiene ante Dios y ante su propia conciencia, nace el derecho a manifestarse y actuar libremente en cuanto se refieren al ejercicio de sus convicciones religiosas;
  • - El Estado, obligado a favorecer el ejercicio de la libertad de los ciudadanos, tiene que favorecer también positivamente el ejercicio de la libertad religiosa, como un elemento importante del bien común y del bien integral de los ciudadanos;
  • - Este derecho a la libertad religiosa implica el derecho a buscar la verdadera religión y la verdadera moral; el derecho a manifestar públicamente sus propias convicciones religiosas y morales; el derecho a asociarse y a comunicarse por razones religiosas y morales; el derecho a no padecer ninguna discriminación ni presión de orden público por razones religiosas. Todo ello, como es natural, dentro de las exigencias fundamentales de la convivencia social que se resumen en las exigencias del orden público y del respeto a los legítimos derechos de los demás. Sobre esta cuestión vale la pena recordar la Carta del Papa Juan Pablo II publicada con ocasión de la Jornada Mundial para la Paz del día 1 de Enero de 1.991.

 

 

En estos años de vida democrática la Iglesia española ha intentado sinceramente

atenerse a las exigencias de la no confesionalidad del Estado, tratando de desenvolverse en el marco del pleno reconocimiento de la libertad religiosa de los ciudadanos católicos, tal como está reconocido de forma general en la Constitución Española con el desarrollo contenido en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede.

 

En este sentido, el reconocimiento de la libertad religiosa de los ciudadanos no significa la negación de los valores morales. Muy al contrario, desde el punto de vista católico los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse y actuar según su propia conciencia precisamente porque cada uno tiene obligación de buscar la verdad sobre Dios y el sentido de la vida y de obrar en consecuencia.

 

Una sociedad libre requiere que los hombres y mujeres puedan buscar libremente la verdad sobre su vida y sobre las cuestiones últimas de la existencia con la voluntad y la posibilidad de actuar cada uno según su conciencia. La libertad humana se realiza únicamente en la búsqueda de la verdad y en la práctica del bien. El respeto a la libertad incluye que los ciudadanos sean respetados y ayudados en el cumplimiento de esta obligación fundamental de la conciencia personal.

 

Por tanto, después de lo dicho, afirmamos que la Iglesia, lo mismo que otras confesiones religiosas, tiene derecho a intervenir en la vida pública con el fin de enriquecer y dinamizar la conciencia moral colectiva de la sociedad entera, con tal de que lo haga en un marco de respeto y de libertad, proponiendo su doctrina a todos los ciudadanos y tratando de convencerlos de la verdad y ventajas de su doctrina moral. Y claro, esta influencia la puede buscar tanto por la actuación de los católicos ante la opinión pública como por actuaciones institucionales y colectivas. La presencia y la actuación de la Iglesia en la vida pública, en el campo de los valores y juicios morales, son un elemento enriquecedor de la sociedad que las autoridades deben proteger y favorecer.

 

Si la política ha de ser una actuación respetable tendrá que ser una actividad moral. Los gobernantes, como todos los hombres y mujeres verdaderamente libres y responsables, deben actuar según su propia conciencia. Y en esta conciencia personal tiene que entrar, además del respeto a las leyes justas, el respeto a las creencias de los demás, la protección efectiva de la libertad religiosa de creyentes y no creyentes.

 

Esto sólo se puede lograr desde una neutralidad positiva que respete por igual las preferencias religiosas y morales de todos, sin favorecer la irreligión ni el permisivismo moral contra el valor de los ciudadanos: una neutralidad que valore positivamente el ejercicio de la libertad religiosa como los ciudadanos y los grupos sociales quieran hacerlo, sin interferir en ello, ni hacer propaganda de ninguna concepción religiosa ni moral en particular con perjuicio de las otras existentes de hecho en la sociedad.

 

 

En este sentido, la laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los planos de lo secular y de lo religioso. Entre el Estado y la Iglesia debe existir, según el Concilio Vaticano II, un mutuo respeto a la autonomía de cada parte.

 

Por eso, la laicidad del Estado no debe confundirse con el laicismo (hostilidad o indiferencia contra la religión), que es incompatible con la libertad religiosa.

 

En el discurso al cuerpo diplomático pronunciado el 12 de Enero de 2.004 el Papa Juan Pablo II aclaró la diferencia que existe entre el legítimo principio de laicidad, comprendido como la distinción entre la comunidad política y las religiones. Y añadía: "¡distinción no quiere decir ignorancia! ¡La laicidad no es el laicismo!".

 

La justa separación entre Iglesia y Estado no significa que el Estado niegue a la Iglesia su lugar en la sociedad o que se le niegue a los católicos cumplir su responsabilidad y derecho de participar en la vida pública. Un Estado que no da espacio a la Iglesia en la sociedad cae en sectarismo. Estado laico, sociedad laica quiere decir, en definitiva, Estado, sociedad aconfesional, que garantiza el derecho a la libertad religiosa a personas e instituciones, precisamente para que quepan las distintas confesiones religiosas, agnósticas, ateas, etc., pero no para que se establezca o imparta una nueva confesionalidad: la laicista. Los poderes públicos tienen que respetar la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado con todas sus consecuencias, al tiempo que rechazar todo tipo de laicismo ideológico o separación hostil entre las instituciones civiles y las confesiones religiosas que pretenden reducir al templo, al culto, a la sacristía, es decir, a la esfera de lo privado y de lo íntimo las creencias religiosas.

 

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