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R.Gomez
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Hola,mi esposa tiene un contrato a timpo parcial,pero la empresa

Pregunta del cliente

Hola,mi esposa tiene un contrato a timpo parcial,pero la empresa de limpieza donde trabaja la esta obligando a trabajar 8-9-10 horas diarias como cristalera,y esto porque el tiempo de desplasamiento entre un centro y otro no se considera como tiempo trabajado.Su contrato es de lunes a jueves de 9 a13 horas y viernes de 9 a 12 horas(19 horas semanales).Ella no tiene formacion de cristalero y trabajos en altura,y enzima tiene un contrato de limpiadora,no tiene el curso de seguridad laboral,lleva la furgoneta de la empresa sin estar en el seguro de coche como segundo conductor.En concluzion en mi opinion nada legal.UN SALUDO DANI.GRACIAS
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Mariatf19 escribió hace 5 año.
Hola buenos días. Por los datos que usted aporta su esposa se encuentra en una situación que lamentablemente se produce con bastante frecuencia en la práctica donde los empresarios se aprovechan y no cumplen con las condiciones exigidas. Ante esta situación caben dos opciones:
1.- lo que puede hacer es denunciar dicha situación ante inspección de trabajo. se realiza mediante una denuncia por escrito en las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social
el escrito de denuncia deberá contener:
datos de identificación personal del denunciante y su firma
los hechos presuntamente constitutivos de infracción
fecha y lugar de su acaecimiento
identificación de los presuntamente responsables
demás circunstancias relevantes
Además, existe un deber de los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de guardar secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, así como sobre los datos, informes, origen de las denuncias o antecedentes de que hubieran tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar la actuación inspectora.
o bien, la otra opción que tiene es hablar con el empresario para renegociar su situación exigiéndole la mejora de las condiciones en el trabajo, aunque sinceramente los empresarios no suelen acceder a dichas peticiones, pero todo es cuestión de negociar.
Espero haberle orientado y aclarado y si es así, acepte mi respuesta pues yo recibiré una bonificacion por mi tiempo sin perjuicio de seguir respondiendo a todo lo que precise. Reciba un cordial salúdo
Cliente: escribió hace 5 año.
GRACIAS PERO ESTAS COSAS LO SABIA YO TAMBIEN.PENSABA QUE ME PODRIAS DECIR ALGO CONCRETO.DANI
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Buenos días Dani:

En contestación a su consulta, tal y como le indicaba mi compañera experta María,

 

1.-Su mujer tiene que acudir a la inspección de trabajo y denunciar los hechos http://www.mtin.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Como_denunciar_ITSS.html para que inicien in procedimiento sancionador frente a la empresa, tiene que denunciar que se ha producido: vulneración derecho de los trabajadores:

 

Artículo 4. Derechos laborales. ESTATUTO TRABAJADORES.

1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:

  1. Trabajo y libre elección de profesión u oficio.

  2. Libre sindicación.

  3. Negociación colectiva.

  4. Adopción de medidas de conflicto colectivo.

  5. Huelga.

  6. Reunión.

  7. Información, consulta y participación en la empresa.

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

  1. A la ocupación efectiva.

  2. A la promoción y formación profesional en el trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad.

  3. A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta Ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español.

    Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

  4. A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. SE VULNERA ESTE DERECHO.

  5. Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

  6. A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.

  7. Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.

  8. A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo.

Tiene tambien que denunciar una movilidad funcional que menoscaba su integridad física:

 

Artículo 39. Movilidad funcional.

1. La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional. A falta de definición de grupos profesionales, la movilidad funcional podrá efectuarse entre categorías profesionales equivalentes.

2. La movilidad funcional para la realización de funciones no correspondientes al grupo profesional o a categorías equivalentes sólo será posible si existiesen razones técnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo imprescindible para su atención. En el caso de encomienda de funciones inferiores ésta debera estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva. El empresario deberá comunicar esta situación a los representantes de los trabajadores.

3. La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.

4. Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional o a las de categorías equivalentes por un período superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción competente.

Mediante la negociación colectiva se podrán establecer períodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de las vacantes.

5. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones substanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.

No obstante ha de acudir necesariamente al juzgado social y demandar extinción trabajo:

 

Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador.

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:

  1. Las modificaciones substanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad.

  2. La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.

  3. Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41 de la presente Ley, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.

2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

 

2.- Las modificaciones que sufre su mujer son sustanciales al ser impropias de su profesión además no cuenta formación trabajos en altura.

Su mujer ha de acudir al juzgado social e interponer demanda solicitando extinción relación laboral con indemnización art. 56.1. E.T.

 

Artículo 56. Despido improcedente.

1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación previstos en el párrafo b de este apartado 1, o el abono de las siguientes percepciones económicas que deberán ser fijadas en aquélla:

  1. Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades.

  2. Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

Adjuntamos sentencia.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 6148/2005 de 14 julio

AS\2006\2090

EXTINCION DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR: modificación sustancial de las condiciones de trabajo: asignación de funciones impropias de su categoría profesional: perjuicio de su formación profesional y menoscabo de la dignidad del trabajador: extinción procedente.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 12/2004

Ponente: Ilmo. Sr. D. sebastián moralo gallego

 

El TSJ desestima los recursos de suplicación interpuesto por ambas partes contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Terrassa, de fecha 29-10-2004, en autos promovidos sobre extinción del contrato de trabajo.

 

En Barcelona a 14 de julio de 2005.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos./as. Sres./as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 6148/2005

En el recurso de suplicación interpuesto por Ajuntament de Rubí frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Terrassa de fecha 29.10.2004 dictada en el procedimiento Demandas núm. 12/2004 y siendo recurrido/a Juan Enrique y Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Sebastián Moralo Gallego.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Tuvo entrada en el Juzgado de lo Social núm. 2 de Terrassa demanda sobre Extinción a instància del trabajador, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 29.10.2004 que contenía el siguiente Fallo:

«Que estimando la demanda interpuesta por D. Juan Enrique, frente al Ayuntamiento de Rubí, declaro extinguida la relación laboral, condenando a la demandada a abonar al demandante la indemnización prevista en el art. 56.1 a del ET ( RCL 1995, 997) y que asciende a la cantidad de 51913,69 euros».

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

«I.-El actor Juan Enrique, comenzó a prestar servicios laborales el 01-03-92 para el Patronato Municipal de Radio Rubí, en calidad de periodista, desarrollando funciones de redactor de la emisora y duración hasta el 31-12-92.

Nuevamente el actor celebra con el Patronato Municipal de Radio Rubí, otro contrato con igual categoría y funciones y duración desde el 01-01-93 hasta el 31-03-93.

Antes de vencimiento del contrato anterior, el 15-02-93, firma el demandante y Radio Rubí otro contrato, bajo la modalidad temporal para fomento del empleo, al amparo del RD 1989/84, con duración de doce meses y categoría de redactor. Dicho contrato fue objeto de dos prórrogas, la primera hasta el 14-02-95 y la segunda hasta el 14-02-96. El actor desempeñó, durante el año 1996, las funciones de Director del Área de Comunicación y Participación Ciudadana, acordándose la equiparación económica con los Cap. de Área, con efectos económicos de 01-10-96 por resolución de 14-12-98.

II.-Con fecha de salida 15-01-97 se notificó al actor el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, celebrado en sesión de 23-12-96, en que se adoptaron los criterios para la adscripción del personal laboral fijo a las distintas Áreas y Servicios municipales, por disolución de los Patronatos Municipales de Servicios Sociosanitarios, Socioculturales y Emisora Municipal de Radio, haciendo saber que la citada corporación se subrogaba con efectos de 01-01-97 en los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral del actor con el Patronato Municipal de Radio Rubí.

Por Decreto de la Alcaldía de 22-12-99, se acordó designar al demandante Jefe de Comunicación, en régimen de libre designación, con efectos de 01-01-00, figurando dicho puesto de trabajo en la relación de puestos de trabajo para el año 2000, como reservada a funcionarios eventuales, declarándole al propio tiempo en situación de excedencia forzosa, con reserva de plaza del Grupo A nivel 22, equivalente al que corresponde al puesto de trabajo de Cap. de Comunicació. En el citado nombramiento se establece que su duración finalizará automáticamente en el momento en que cese la autoridad que le nombra. Nombramiento confirmado por Decreto de la Alcaldía de 14-04-00, con efectos de la indicada fecha.

II.-En fecha 03-06-03, el actor solicitó de la demandada la reincorporación en plaza de personal fijo laboral de Técnico Superior de Comunicación, por cese en su cargo de Cap. de Corporación Municipal que le nombró y la consitución, el 14 de junio de 2003, de la nuevo equipo municipal, todo ello en aplicación del Decreto de la Alcaldía de 14.04.00.

Por Decretos núm. 519 y 516 de la Alcaldía, de fecha 05-06~03, se acordó adscribir al demandante al puesto de trabajo de Técnico Superior de Comunicación, grupo A complemento de destino 22, nivel 54, según la vigente valoración de puestos de trabajo, adscrito a la Alcaldía, acordándose el sometimiento de este acuerdo al Pleno de la Corporación, siéndole comunicado al actor el 1206.03.

III.-Tras el cambio del equipo de gobierno deI gobierno del Ayuntamiento, operado el 14.06.03 (el Ayuntamiento de Rubí estaba regido por la mayoría que ostentaba ICV y como consecuencia de las elecciones municipales, la mayoria de gobierno en el Ayuntamiento ha pasado al Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC), el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31.10.03, adoptó las siguientes decisiones

1.-Un Acuerdo, de fecha 01-11-03, en sesión celebrada, eI 31-10-03, por el que se decide no ratificar el Decreto núm. 516, por el que se nombró al actor Técnico Superior de Comunicación y modificar la relación de puestos de trabajo de la plantilla del Ayuntamiento, de acuerdo con el informe técnico, en el cual se proponía para el demandante el puesto de trabajo de Técnico de Comunicación y Prensa.

2.-El Decreto núm. 629, de fecha 01.11.03 (Resolución de la Alcaldía de 03-11-03), por el que se deja sin efecto la adscripción del demandante al puesto de Técnico Superior de Comunicación y con efectos de esa misma fecha se le asigna el puesto de trabajo de Técnico de Comunicación y Prensa, grupo A, complemento de destino 22 nivel 34, con efectos a partir del 01.11.03. Este decreto no ha sido recurrido por el demandante.

3.-El Decreto núm. 632, fecha 01.11.03 (Resolución de la Alcaldía de 06.11.03, se adscribe con carácter provisional al actor al servicio de L'Observatori de la Ciutat, con mantenimiento de las condiciones laborales propias de su puesto de trabajo de Técnico de Comunicación y Prensa. Este servicio se ocupa de la investigación, búsqueda y organización de los datos referidos a la ciudad de Rubí, asignándole el demandante las tareas de soporte técnico, consistentes en la investigación, realización de estudios y otras funciones que se deriven de la implantación del citado servicio.

V.-Contra el Decreto 632 que adscribe al demandante al servicio de L'Observatori de la Ciutat, interpuso el demandante reclamación previa, el 28-11-03, siendo desestimada por Decreto 657, de fecha 16 de diciembre de 2003, notificado el 23-12-03, con fundamento, en síntesis en tratarse del legítimo ejercicio de las facultades organizativas de la demandada, ya que según razona, se trata de la asignación de un servicio -el de L'Observatori de la Ciutat- de igual categoría y condiciones de trabajo.

V.-La consultoría de la organización del Servicio de Asistencia Local en Recursos Humanos de la Diputación de Barcelona, a extendió, a petición del Ayuntamiento de Rubí, formulada en septiembre/03, un Informe la creación de puestos técnicos de staff o apoyo en las estructuras orgánicas de las áreas de servicios centrales, de territorio y del ámbito de la comunicación, servicios cuya jefatura habían ocupado los tres trabajadores a los que alude el Decretos n° 519 de la Alcaldía, de fecha 05.06.03. En dicho informe se propone la creación de tres figuras de staff de técnicos especializados, de los cuales uno es el Técnico de Comunicación y Prensa, adscrito a la Dirección de Comunicación y en caso de estar esta vacante, directamente a la Alcaldía, con asignación de nivel grupo A, complemento de destino 22 y específico 34, según catalogación propia del Ayuntamiento de Rubí.

VI.-El puesto de trabajo de Técnico de Comunicación y Prensa, según descripción efectuada por el Ayuntamiento de Rubí, está adscrito orgánicamente al Gabinete de la Alcaldía y Prensa, tiene una dedicación horaria semanal ordinaria continuada, para su desempeño se exige licenciatura en ciencias de la información, titulación que el demandante acredita, y sus funciones básicas son las siguientes:

-Atender a los medios de comunicación para transmitirles información o versiones municipales, actuando de acuerdo con las directrices recibidas de la Alcaldía o del equipo de gobierno en general, ejerciendo funciones de intermediación.

-Colaborar y hacer propuestas en la definición de las estrategias municipales de comunicación.

-Colaborar en la confección de la revista municipal, en su redacción y

compaginación, así como en el resumen de prensa diaria.

-Redactar notas de prensa, comunicaciones dirigidas a los ciudadanos, cartas y artículos en nombre de los responsables políticos.

-Elaborar y diseñar material informativo diverso (tarjetas de invitación, carteles, folletines, anuncios, prensa, libros, etc.).

-Administrar el listado actualizado de corresponsales y medios de comunicación, así como convocar y organizar ruedas de prensa.

-Colaborar en el diseño de campañas y exposiciones y coordinar la comunicación e imagen corporativa.

-Asesorar y dar soporte a las áreas y departamentos municipales en el diseño de estrategias de comunicación para proyectos y servicios concretos.

-y en general otras de carácter similar que le sean atribuidas.

V.-Con anterioridad a la adscripción a L'Observatori de la ciutat, el actor percibía un salario bruto de 3.860,05 euros (4.825,07 euros con prorrateo de pagas), siendo el salario base 1.435,26 euros, plus de antigüedad 118,50 euros, complemento de productividad 127,62 euros, complemento específico de 801,20 euros y complemento de especial dedicación 1.377,47 euros. Tras ocupar la plaza asignada percibe un salario bruto de 2.185,84 euros, distribuidos de la siguiente forma: salario base 1.435,26 euros, plus de antigüedad 118,50 euros, complemento de productividad 127,62 euros, complemento específico de 504,46 euros, no percibe complemento de productividad, ni complemento de especial dedicación. Tras la incorporación a L'Observatori de la Ciutat el actor percibe una salario de 2.185,84 euros (2.732,3 euros con prorrateo de pagas extras), distribuidos de la forma siguiente: 1.435,26 euros de salario base, 118,50 euros de antigüedad, 127,62 euros de complemento de productividad y 504,56 euros de complemento específico. Dichas cantidades son coincidentes con las que figuran en las tablas salariales para la categoría de personal técnico grupo A, complemento de destino 22 nivel 34, al que pertenece el actor.

VI.-A partir de la efectividad del cambio de puesto de trabajo el actor se dedica a recoger documentación y rellenar unas fichas con sus datos de autor, título, año, número de páginas, etc., para la elaboración de una base de datos. Para el desarrollo de su cometido cuenta con un ordenador compartido y utiliza un despacho con otro compañero que es auxiliar administrativo. Tiene habitualmente poca tarea que desempeñar y no se le conceden licencias para cursos o conferencias debiendo recuperar las horas. En el Observatorio de la Ciudad, además se encuentran otras tres personas con categorías de. auxiliares o administrativos, sin relación jerárquica con él. El Sr. Domingo también adscrito al Observatorio, es técnico Nivel B 16 o 18, hace el mismo trabajo que el demandante rellenando fichas técnicas, pero de mayor complejidad que las del actor, que se refieren al padrón municipal. Otro compañero del Observatorio es el Sr. Tomás, que es auxiliar administrativo nivel C.

VII.-El actor causó baja por enfermedad el 24 de diciembre de 2003, con diagnóstico de síndrome ansioso depresivo, siendo sustituido temporalmente por una administrativa que hacía sus funciones, hasta que fue destinada a Tesorería, dejando de hacerse».

TERCERO

Contra dicha sentencia anunciaron recurso de suplicación la parte actora y la demandada, que formalizaron dentro de plazo, y que impugnaron respectivamente, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Recurre en suplicación ambas partes, contra la sentencia de instancia que estima parcialmente la demanda en la que se ejercita acción de extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador al amparo de lo dispuesto en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , dando lugar a tal pretensión porque entiende que la empleadora ha procedido a una modificación sustancial de condiciones de trabajo que redunda en perjuicio de la formación profesional del trabajador.

Debemos resolver en primer lugar el recurso de la empleadora, cuya eventual estimación impediría entrar a conocer del que interpone el trabajador.

Por la vía del párrafo b del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , se formula el primer motivo del recurso que en tres apartados diferente interesa la revisión del relato de hechos probados.

La primera de tales pretensiones debe ser rechazada, porque el simple hecho de utilizar la denominación «servicios profesionales» para referirse a la relación jurídica iniciada por el actor en el año 1992 como redactor de la emisora de radio municipal, no puede incidir en forma alguna en la antigüedad del trabajador, cuando ni tan siquiera se alega que esta relación jurídica no tuviere naturaleza laboral, ni llega a plantearse luego motivo de derecho alguno en tal sentido.

Parece sostener la recurrente que la simple aplicación de esta terminología impediría computar como antigüedad aquel período, cuando resulta que en la contestación a la demanda ni tan siquiera se ha alegado que la relación jurídica pudiere no ser laboral, ni tampoco en el recurso se ofrecen elementos de juicio sobre este particular, por lo que no haya razón para no computar como antigüedad todo el período ininterrumpido de prestación de servicios, cualquiera que hubiere sido en cada momento la modalidad o denominación de la contratación del actor.

Tampoco el motivo segundo puede ser acogido, porque es del todo irrelevante, al no ser discutible la literalidad de los acuerdos del pleno del Ayuntamiento y de los Decretos de la alcaldía a que se refiere el ordinal impugnado y que constan aportados por ambas partes, lo que hace innecesaria la trascripción de unos u otros de sus parágrafos y las precisiones sobre su autoría, pudiendo la Sala analizarlos en su integridad con la sola remisión a los mismos que los hechos probados suponen.

Y el motivo tercero tampoco ha de ser acogido, en la medida en que la redacción alternativa propuesta en nada desvirtúa el ordinal impugnado, viniendo por el contrario a ratificarlo, en la medida en que lo que se pretende incluir es que en una ocasión se le autorizó la asistencia a una sola y única clase en la universidad, debiendo recuperar las horas empleadas, frente a la afirmación de la sentencia de que no se le conceden licencias para cursos o conferencias.

En cualquier caso y como muy bien ya se dice en la sentencia, existe plena conformidad entre las partes sobre los hechos sustanciales para la resolución del litigio, discrepándose tan solo de las consecuencias jurídicos que a los mismos atribuyen cada uno de los litigantes.

SEGUNDO

Por el cauce del párrafo c del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , se formula el motivo segundo que en dos apartados diferentes denuncia infracción de los arts. 39 y 50.1º a) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) .

Sostiene la recurrente que las modificaciones de las condiciones de trabajo aplicadas al trabajador entran dentro de las facultades de movilidad funcional que el art. 39 del Estatuto de los Trabajadores reconoce al empresario, por lo que no se habría producido una alteración sustancial de condiciones de trabajo que redunde en perjuicio de su formación profesional en los términos exigidos por el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores.

Tal y como ha venido a señalar la doctrina jurisprudencial, la resolución del vínculo contractual por voluntad del trabajador al amparo de lo previsto en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores, es una solución extrema que ha de estar proporcionada a la gravedad del incumplimiento empresarial ( STS 18 diciembre 1989 [ RJ 1989, 9042] y 16 enero 1991 [ RJ 1991, 52] ), por lo que tan solo procede en casos de grave y reiterados incumplimientos por su parte de las condiciones esenciales que regulan la relación laboral, de los que se infiera una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de las obligaciones contraídas con el trabajador. Únicamente en tales supuestos puede entenderse justificada la acción de extinción. En otros casos, se encuentra legitimado el trabajador para el ejercicio de la acción del art. 41 Estatuto de los Trabajadores, pero no, para instar una medida tan extraordinaria como la de extinción del contrato de trabajo que el art. 50 equipara a un despido indemnizado. Como se dice en la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1993 ( RJ 1993, 749) , dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, siguiendo las del mismo Tribunal de 26 de julio de 1990 ( RJ 1990, 6483) y 5 marzo 1985 ( RJ 1985, 1277) , 21 de septiembre 1987 ( RJ 1987, 6234) , 23 abril 1985 ( RJ 1985, 1907) , 16 septiembre 1986 ( RJ 1986, 4983) ; «la extinción del contrato que autoriza y prevé el núm. 1 del art. 50 ET ( RCL 1980, 607) , requiere un doble requisito, por una parte que la empresa unilateralmente introduzca una modificación sustancial en las condiciones de trabajo, por otra que esta modificación sustancial redunde en perjuicio de la formación profesional del trabajador o en menoscabo de su dignidad; si no concurre esta doble circunstanciala sola y desnuda modificación sustancial de las condiciones de trabajo, podrá dar lugar en su caso, al ejercicio de los derechos previstos en el art. 41 núm. 3 del propio Estatuto, pero no a la extinción del contrato de trabajo, asimilada en cuanto a las indemnizaciones que prevé el citado art. 50».

Deberemos por ello analizar el alcance y naturaleza de las modificaciones operadas en las condiciones de trabajo del actor, para decidir con base a ello si se trata de modificaciones sustanciales o del mero ejercicio de las facultades de movilidad funcional reconocidas al empresario, y en su caso, determinar si por su gravedad inciden en la formación profesional del trabajador en la forma que impone el antedicho precepto legal.

TERCERO

-Y la respuesta a estas preguntas ha de ser rotundamente afirmativa, pues como se desprende del inalterado relato de hechos probados: 1º) el trabajador es contratado para prestar servicios en calidad de periodista en marzo de 1992, pasando en 1996 a realizar las funciones de Director del Área de Comunicación y Participación Ciudadana, equiparándose económicamente con los Jefes de Área; 2º) en el año 1999 es designado Jefe de Comunicación, y al ser este un cargo de confianza de libre designación como funcionario eventual, es declarado en situación de excedencia forzosa con reserva de plaza del Grupo A nivel 22; 3º) tras el cambio en el equipo de gobierno municipal como consecuencia del resultado electoral, cesa como Jefe de Comunicación, y en fecha 3 de junio de 2003 solicita la reincorporación a la plaza de personal fijo laboral de Técnico Superior de Comunicación que ostentaba; 4º) en acuerdo del pleno municipal de 1 de noviembre de 2003 se decide no ratificar el Decreto por el que se nombró al actor Técnico Superior de Comunicación, y en decreto de la alcaldía de igual fecha se destina al trabajador aprestar servicio en el departamento denominado Observatorio de la Ciudad; 5º) a partir de este momento sus tareas consisten en recoger documentación y rellenar unas fichas con los datos de su autor, número de páginas, etc., para la elaboración de una base de datos. Cuenta para ello con un ordenador compartido y utiliza un despacho con otro compañero que es auxiliar administrativo. Tiene habitualmente poca tarea que desempeñar; no le conceden licencias para cursos o conferencias, debiendo recuperar las horas en aquella única ocasión en que se le permitió acudir a la universidad. En el departamento del Observatorio de la Ciudad trabajan otras tres personas con categoría de auxiliar administrativo sin relación jerárquica con el actor. Tras causar baja médica en diciembre de 2003 es sustituido por una auxiliar administrativa que hacía sus funciones, hasta que fue trasladada a otro puesto de trabajo, de forma que tales funciones ya no se hacen.

Siendo estas las circunstancias del caso, la conclusión no puede ser otra que la de entender que la modificación de las condiciones de trabajo aplicada al actor es de carácter sustancial, pues si bien es verdad que el cargo que ocupaba como Jefe de Comunicación era de confianza y libre designación y esto determina que no haya de seguir en el mismo tras el cambio del equipo de gobierno municipal, lo cierto es que al ser reintegrado al puesto de trabajo para el que se encontraba en situación de excedencia forzosa, no se le adjudican tareas correspondientes a la categoría profesional de Técnico Superior de Comunicación acordes con su condición de periodista por la que fue inicialmente contratado, sino que se le encomiendan funciones de auxiliar administrativo, de un nivel manifiestamente inferior al que correspondería a las tareas de la antedicha categoría profesional,

Según se describe en el inatacado hecho probado sexto de la sentencia, las tareas que corresponderían con su categoría profesional serían: Atender a los medios de comunicación para transmitirles información o versiones municipales, actuando de acuerdo con las directrices recibidas de la Alcaldía o del equipo de gobierno en general, ejerciendo funciones de intermediación; Colaborar y hacer propuestas en la definición de las estrategias municipales de comunicación; Colaborar en la confección de la revista municipal, en su redacción y compaginación, así como en el resumen de prensa diaria; Redactar notas de prensa, comunicaciones dirigidas a los ciudadanos, cartas y artículos en nombre de los responsables políticos-Elaborar y diseñar material informativo diverso (tarjetas de, invitación, carteles, folletines,), Administrar el listado actualizado de corresponsales y medios de comunicación, así como convocar y organizar ruedas de prensa; Colaborar en el diseño de campañas y exposiciones y coordinar la comunicación e imagen corporativa; Asesorar y da r soporte a las áreas y departamentos municipales en el diseño de estrategias de comunicación para proyectos y servicios concretos; y en general, otras de carácter similar que le sean atribuidas.

Frente a este cúmulo de funciones, que obviamente se corresponden y son perfectamente acordes con su condición de periodista, las tareas que se le encomiendan en el departamento del Observatorio de la Ciudad son las de simple redacción de unas fichas con datos de publicaciones, hasta el punto que incluso tiene habitualmente poco trabajo y estas funciones llegan a dejar de hacerse cuando causa baja médica; tareas que se corresponden con las de los auxiliares administrativos que prestan servicio en ese mismo departamento junto al actor.

La evidente y enorme desproporción entre el nivel de unas y otras tareas hace que no pueda quedar duda alguna para sentenciar que nos encontramos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que redunda gravemente en perjuicio de la formación profesional del trabajador, al impedirle desarrollar las habilidades propias de su profesión de periodista y limitar su trabajo a tareas de auxiliar administrativo que, por respetables que indudablemente son, no se corresponden en modo alguno con las que habría de desarrollar en función de la descripción de puestos de trabajo anteriormente transcrita.

Y no habiendo elemento de juicio alguno para entender que esta situación fuere puramente provisional o transitoria, no queda sino concluir que estamos ante una muy sustancial modificación de las condiciones de trabajo, que incide de forma especialmente grave en el desarrollo profesional del trabajador al no permitirle el adecuado ejercicio de las funciones acordes con su categoría profesional, que justifica sobradamente la extinción indemnizada del contrato de trabajo basada en incumplimiento por el empresario de sus obligaciones contractuales.

CUARTO

El recurso del trabajador se formula en un solo motivo que denuncia infracción de los arts. 15 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) y 4.2 b) y e) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , para reclamar una indemnización adicional por infracción de derechos fundamentales que cifra en 9.000 euros en concepto de daños morales y 14.432,60 euros por daños materiales.

Pretensión que no puede ser acogida, cuando la sentencia de forma expresa ha desestimado acertadamente el argumento de la demanda que sostenía la existencia de una situación de moobing o acoso moral en el trabajo, negando que el comportamiento de la empleadora pueda merecer tal calificativo y sin que este pronunciamiento haya sido combatido en el recurso de suplicación del trabajador.

Nos encontramos de esta forma con que la empresa tan solo infringe preceptos de pura legalidad ordinaria al aplicar al actor una modificación sustancial de condiciones e trabajo que redunda en perjuicio de su formación profesional, y tal incumplimiento empresarial no puede tener otras consecuencias que la indemnización tasada prevista en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores, de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, sin que pueda establecerse una indemnización adicional en concepto de daños morales por una infracción de derechos fundamentales que no se ha producido.

Y con menos razón aún si cabe, es posible por lo tanto imponer el pago de una indemnización adicional por daños materiales, diferente a la legalmente prevista, y cuando en este caso ni siquiera se contiene en los hechos probados de la sentencia la menor referencia que permita considerar acreditados tales posibles perjuicios.

En el recurso viene a sostenerse que la actuación de la empresa atenta contra el derecho fundamental a la integridad física y moral del trabajador, y tan categórica afirmación no puede ser acogida, pues con independencia de que supone prescindir del pronunciamiento de la sentencia que niega la existencia de moobing, también olvida que en este caso el incumplimiento de la empleadora ha quedado estrictamente circunscrito a materias de legalidad ordinaria, al imponer al trabajador unas condiciones de trabajo, que ciertamente perjudican su formación profesional, pero que en modo alguno son atentatorias contra su dignidad personal o integridad moral porque no hay el más mínimo indicio de un especial ensañamiento, persecución o ánimo de denigrar al trabajador, siendo sin duda adecuadamente dignos el puesto y las nuevas condiciones de trabajo que se le imponen, por más que no se correspondan a su categoría profesional.

Debemos por ello desestimar ambos recursos y confirmar en todos los extremos la sentencia de instancia, sin que haya razón para alterar la fecha de antigüedad que ha sido tenida en cuenta en la misma para el cálculo de la indemnización.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de suplicación interpuestos por Ajuntament de Rubí y Juan Enrique, contra la Sentencia de fecha 29 de octubre de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social 2 de los de Terrassa, en el procedimiento número 12/04, seguido en virtud de demanda de extinción del contrato de trabajo, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución en todas sus partes.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) .

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo./a. Sr./a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010).

 

3.- Es importante que sepa hay un plazo para demandar:

 

Artículo 59. Prescripción y caducidad.

1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación.

A estos efectos, se considerará terminado el contrato:

  1. El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo.

  2. El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.

2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.

3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.

El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.

 

Atentamente,

R. Gómez

 

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