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que me puede pasar,tengo una deligencias previas acusada de

Pregunta del cliente

que me puede pasar,tengo una deligencias previas acusada de simulacion de delito.Me quitaron 320 euros en un parque pero sin darme cuenta-COMETI EL ERROR DE ir a la policia para denunciar que me habian atracado con intimidacion de un cuchillo par asi recuperar el dinero porel seguro.ME LLAMO POSTERIORMENTE la policia .me intimido diciendo que era imposible mi version.entonces me cague y dije la verdad ,que me lo habian quitado en el parque,fui detenida por haber mentido,me senti fatal.despaes llamaron a un abogado de oficio pero como poco pudo hacer.Estoy muy preocupada porque menti en las formas,no duermo por las noches.Nunca me han acusado de nada ni he estado detenida.HE LLamado al abogado de oficio pero no me dice nada en concreto y solo piensa quedar media hora antes de las diligencias previas.QUE me puede pasar?
Enviada: hace 6 año.
Categoría: Legal
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 6 año.
Buenas tardes.

El delito de "simulación de delito" se regula en el art. 457 del Código Penal español y en el se establece que:

 

"El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el art. 456 (policía, juece, fiscal, etc) simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses".

No se preocupe porque el delito que usted ha cometido no tiene señalada una pena de prisión
. A usted la podrían condenar a una pena de multa de 6 a 12 meses.

El sistema de dias multa consiste en que si a usted le ponen 6 meses de multa, el Juez en función de su capacidad económica fijará una cantidad que usted tendrá que pagar cada día. Esa cantidad va desde 2 € a 400 € por cada día.

Es decir si le ponen 6 meses de multa a 5 € día: usted tiene que pagar 180 días x 5 € día = 900 €.

El Juez elegirá la cantidad que usted tendra que pagar cada día.
Para fijar el importe de su cuota de multa tendrán en cuenta exclusivamente su situación económica, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales.
Es decir que usted tiene que llevar al juicio la documentación que acredite su capacidad económica: cartilla de paro, nominas, declaracion de la renta, libro de familia o documentacion que verifique que usted tiene hijos que mantener, etc.

Su abogado podrá solicitarle al Juez que el pago de la multa se efectue dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen.

 

El Código Penal permite que incluso si después de la sentencia, empeorase su situación económica, el juez o tribunal, tras la debida indagación de dicha situación, podrá reducir el importe de la multa dentro de los límites señalados por la ley para el delito de que se trate, o autorizar su pago en los plazos que se determinen.

Por ello, usted puede estar tranquila porque no le van a imponer una pena de prisión, pero podrían imponerle una pena de multa.

Yo le recomiendo que se ponga en contacto con su abogado de oficio para que le diga que documentación tienen que aportar en el juicio, para probar que su situación económica no es buena o que tiene cargas familiares y que así le impongan la multa mas baja posible.


Espero que mi respuesta le haya sido de ayuda. Si es así no olvide aceptarla y preguntar sin cargo adicional cualquier otra duda que tenga al respecto.


Le deseo suerte y reciba un cordial saludo.
Experto:  R.Gomez escribió hace 6 año.

Usted puede estar bien tranquila lo maximo que la sucederá será un apercibimiento del juez y una multa penal.

No obstante mi impresión es que no la condenaran dado que ha sido muy rápido la confesión y apenas se han tramitado diligencias.

 

Le adjunto una sentencia para su tranquilidad.

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 15ª).Sentencia núm. 284/2004 de 24 junio

JUR\2005\268550

SIMULACION DE DELITO: Denunciar una infracción penal inexistente: inexistencia: denuncia de sustracción de teléfono movil: manifestación ante la policía de la sustracción mediante violencia o intimidación siendo ello falso: irrelevancia: existencia de hecho delictivo cierto y denunciable con independencia de la falsedad de la comisión de los hechos tal y como la relató el acusado.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 208/2004

Ponente: IIlma. Sra. maría catalina pilar alhambra pérez

 

El Juzgado de lo Penal núm. 1 de Getafe condenó al acusado como autor de un delito de simulación de delito, a la pena de 8 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, y como autor de una falta de estafa, a la pena de 50 días de multa con una cuota diaria de 6 euros, así como al pago de las costas procesales y de la cantidad de 203,31 euros a la entidad aseguradora perjudicada.

 

En Madrid a 24 de junio de 2004.

Este Tribunal ha deliberado sobre el recurso de apelación interpuesto por Jose Ramón contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Getafe, en fecha 15 de marzo de 2004, en la causa arriba referenciada.

El recurrente ha estado asistido del letrado Miguel Ángel Gil Muga.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El relato de hechos probados de la sentencia recurrida dice así: «De la valoración en conciencia de la prueba practicada en el acto del juicio oral resulta probado que el acusado Jose Ramón, mayor de edad y sin antecedentes penales, conociendo que faltaba a la verdad, sobre las 13:04 horas del día 4 de mayo de 2002 compareció ante la Policía Nacional de Leganés (Madrid) y denunció haber sido víctima sobre las 12:00 horas de ese día y en la Avenida de Europa de Leganés, de la sustracción de teléfono Nokia y un monedero con 20 euros, por parte de dos sujetos que no conocía mediante empleo de violencia y uso de arma punzante.

La anterior denuncia dio lugar a la incoación por parte del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Leganés de las Diligencias Previas núm. 1110/2002, en las que se dictó en fecha 6 de mayo de 2001 auto de sobreseimiento provisional por falta de autor conocido.

El día 14 de mayo de 2002 fue citado en la Comisaría de Policía para facilitar detalles de su denuncia y manifestó que los hechos que había denunciado el anterior día 4 de mayo no eran ciertos y que lo que pasó es que había extraviado o en un descuido y sin empleo de fuerza ni violencia le había sido sustraído el móvil, pretendiendo el cobro a cargo del seguro combinado de hogar que tenía suscrito su padre con la compañía MAPFRE, número de póliza NUM000, que sólo cubre el robo.

El acusado logró su propósito, al presentar a Mapfre la denuncia inicial de 4 de mayo de 2002, procediendo la aseguradora a pagarle la cantidad de 203,31 euros en concepto de indemnización por los hechos supuestamente ocurridos según esa denuncia».

El fallo de la sentencia recurrida dice así: «Que debo condenar y condeno al acusado Jose Ramón:

1. Como autor de un delito de simulación de delito del artículo 457 CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de ocho meses de multa con una cuota diaria de seis euros.

2. Como autor de una falta de estafa del artículo 623.4, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de multa de cincuenta días con una cuota diaria de seis euros.

3. A que indemnice a Mapfre en la cantidad de doscientos tres euros con treinta y un céntimos (203,31 euros).

4. Al pago de las costas de este juicio.

La cuantía total de las multas podrá ser pagada en cinco plazos mensuales y consecutivos y su impago dará lugar a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas a cumplir en centro penitenciario».

SEGUNDO

El apelante solicitó la revocación de la sentencia y que se dictara una sentencia absolutoria.

TERCERO

El Ministerio Fiscal se opuso a la estimación del recurso interpuesto y solicitó la confirmación de la sentencia recurrida.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan los de la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos en esta resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es difícil extraer los motivos del recurso porque los fundamenta el recurrente en virtud de los diferentes apartados del artículo 846 LECrim ( LEG 1882, 16) , sin determinar con claridad las infracciones de preceptos constitucionales, procesales o sustantivos en los que basa su recurso.

Considera el recurrente que no ha existido simulación de delito porque acudió a la comisaría de policía a denunciar unos hechos que realmente ocurrieron y que el policía se confundió y puso en la denuncia unos hechos distintos a los relatados y, como no Leyó su declaración hasta unos días después, cuando se dio cuenta acudió a la comisaría a rectificar su declaración. Además dicha actuación no dio lugar al inicio de un procedimiento penal, más que el incoado contra el propio denunciante por simulación de delito.

Sin embargo, el contenido confuso del recurso no debe hacernos olvidar que los hechos son bien distintos. Es decir, el acusado acude a la comisaría de policía de Leganés el cuatro de mayo de 2002 y manifiesta que le han robado el teléfono móvil y el monedero unos individuos con un objeto punzante y así lo relata y consta en el atestado. Posteriormente, en el juicio oral niega haber hecho esta manifestación y alega el recurrente que los agentes no acudieron al acto del juicio oral a ratificar el contenido del mismo.

Sin embargo, al folio 14 consta que el acusado comparece ante el Juzgado de Instrucción y dice que el robo con el objeto punzante no fue cierto, sino que lo manifestó así porque sus padres tenían un seguro con la compañía aseguradora Mapfre que solo cubre el robo violento, pero que la sustracción fue al descuido. Se le ha leído esta declaración en el acto del juicio oral y no ha sabido dar una explicación de dicha contradicción.

El Juzgado que recibe la denuncia de la sustracción de los objetos sobresee provisionalmente la causa por falta de autor conocido, pero la Policía continúa sus investigaciones al tratarse de un hecho violento donde existe una vía de investigación, como es el reconocimiento fotográfico por parte de la víctima, y por este motivo cita al testigo el día 14 de mayo de 2002, momento en el cual el acusado manifiesta que los hechos no ocurrieron así, sino que la sustracción fue al descuido, pero éste ya ha conseguido su propósito, que era acudir a la entidad aseguradora y, con la denuncia, cobrar la indemnización.

Sin embargo, en el acto del juicio oral manifiesta que no es cierto que dijera que le habían sustraído los objetos mediante la utilización de un objeto punzante, sino que fue el agente de policía el que lo puso en la declaración sin su conocimiento y argumenta que como no han sido citados los agentes a juicio no existe prueba de cargo para desvirtuar su declaración, ya que la única prueba es la declaración del propio acusado en el juicio oral, que ha negado los hechos. Sin embargo, la Juez a quo valora la declaración prestada en el Juzgado de Instrucción -obrante a los folios 14 y 15 de las actuaciones- donde consta un reconocimiento expreso de los hechos y los motivos por los que en la denuncia no relató los hechos tal y como ocurrieron. Esta declaración se le ha leído en el acto del juicio oral y, en virtud del artículo 714 LECrim, se le ha dado más valor a esta declaración que a la prestada en el juicio oral, entre otros motivos porque es poco creíble que una persona relate unos hechos ante la policía y se hagan constar otros distintos o que no lea su declaración y la firme. Es mucho más verosímil la declaración prestada ante el Juzgado de Instrucción, que concuerda con el cobro de la indemnización, que la declaración prestada en el plenario. De ahí que la condena del acusado se fundamente en la declaración sumarial, que está corroborada por toda la prueba obrante en las actuaciones.

Se alega que no tiene sentido que el Juzgado archivara las diligencias previas por falta de autor y la policía lo citara para practicar diligencias de investigación. La argumentación carece de toda lógica ya que el Juzgado recibe la denuncia donde no consta autor conocido y procede al sobreseimiento provisional de las actuaciones a la espera de que el posible autor de los hechos sea identificado y localizado y, mientras, la policía continúa practicando diligencias de investigación, que si dan un resultado positivo dará cuenta inmediata a la autoridad judicial y, si no es así, continuarán sobreseídas. Las primeras diligencias que la policía tiene que practicar en estos casos es citar a la víctima para que pueda reconocer, bien fotográficamente o bien en persona, al posible autor de los hechos, pues el único testigo es la víctima, de ahí que es lógico que exista un auto de sobreseimiento provisional por parte del Juzgado y unas diligencias paralelas de investigación por parte de la policía, cumpliendo su función de averiguar los hechos y los posibles autores de los mismos.

Se alega igualmente que no existió un procedimiento propiamente dicho ya que las diligencias fueron sobreseídas por parte del Juzgado y que lo único que existió fue la segunda denuncia donde ya relataba los hechos tal y como sucedieron. Esto no puede ser admitido ya que, la primera denuncia dio lugar a un procedimiento incoado por un delito de robo con violencia e intimidación y la segunda comparecencia en la Comisaría de Policía dio lugar al procedimiento penal por simulación de delito.

Alega igualmente el recurrente que el procedimiento penal se tenía que haber incoado de la misma manera, puesto que el teléfono móvil y el monedero se lo habían sustraído, la diferencia es que se lo sustrajeron al descuido y no por medios violentos o intimidatorios. Asiste la razón al recurrente en este punto, puesto que la única prueba de que se produjo la sustracción que existe es la declaración del propio acusado y desconocemos si se produjo dicha sustracción al descuido o por otros medios, o incluso si no se llegó a producir, pero ante la duda debe prevalecer el principio in dubio pro reo, al no existir motivo para pensar que ni siquiera la sustracción se llegó a producir y ello porque es posible que existiera, pero, como el seguro concertado sólo cubría el robo violento y no el hurto, el acusado denunció haber sido víctima de un robo violento y no de hurto.

De tal manera que habiendo existido un hecho delictivo con cualquiera de las modalidades de hurto o de robo, se tenían que haber iniciado unas actuaciones procesales, como así ocurrió, motivo por el cual no concurren los elementos del tipo descrito en el artículo 457 CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , ya que por hurto o por robo violento debió iniciarse un proceso y no tenemos ninguna prueba de que no existiera la sustracción al descuido, como reconoce el acusado ante la Policía y, luego, ante el Juez de Instrucción.

Así pues, procede estimar el recurso de apelación interpuesto por Jose Ramón en cuanto al delito tipificado en el artículo 457 CP, de simulación del delito, procediendo mantener la condena por la falta de estafa del artículo 623.4 CP ya que la denuncia de un robo violento cuando, en realidad, lo fue al descuido, se hizo para engañar a la compañía aseguradora y conseguir cobrar el valor del teléfono móvil sustraído, siendo éste inferior a 300,51 euros, por lo que concurren todos los elementos del tipo penal de la falta de estafa.

SEGUNDO

No apreciándose temeridad o mala fe en la interposición del recurso, procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

En cuanto a las costas de la primera instancia, se declaran de oficio las impuestas por el delito y se imponen al condenado las costas por la falta de estafa.

FALLO

Se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Jose Ramón contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Getafe, en fecha 15 de marzo de 2004, procediendo la absolución por simulación de delito y confirmando la condena por la falta de estafa, con declaración de oficio de las costas de esta alzada y las impuestas por el delito, condenándole en costas por la falta de estafa.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal, devuélvase la presente causa al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010).

Atentamente,

R. Gómez

 

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Experto:  DiegoAbogado escribió hace 6 año.
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