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Me gustar a saber si puedo montar una empresa que de Servicios

Pregunta del cliente

Me gustaría saber si puedo montar una empresa que de Servicios Laborales teniendo un empleado con titulacion de Graduado social y Colegiado, aunque yo como gerente de la empresa no tenga titualacion. Gracias.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Buenos tardes,

Mi respuesta ante su pregunta es afirmativa. Usted puede crear una empresa sobre servicios sociales aunque usted no usted no tenga la titulación de graduado social.

Un graduado social, como profesional, está habilitado, entre otras funciones, a desempeñar tareas de asesoramiento jurídico, laboral y social en general, pudiendo actuar ante la sala de un Juzgado de lo Social. Para poder desempeñar esta función es imprescindible que esta persona se encuentre colegiada en su correspondiente Colegio de Graduados Sociales. Cualquier persona que realiza funciones de graduado social debe encontrarse colegiado y para tal es un requisito imprescindible haber cursado una Diplomatura de Relaciónes Laborales o similar. En caso contrario, incurría en una negligencia profesional y en la responsabilidad civil por los perjuicios económicos que su actuación podría causar.

Ahora bien, hay que distinguir la necesidad de que un asesoramiento se preste por personal con título y colegiación homologada de las exigencias a que está sujeto el director o gerente de la empresa en que el graduado presta sus servicios. Son dos cosas radicalmente diferentes. Usted está habilitado legalmente para crear una empresa de servicios sociales, de servicios jurídicos, de arquitectura, etc. siempre y con independencia de su titulación profesional. Por supuesto, sí que es un requisito imprescindible que tenga la titulación de graduado el trabajador dependiente que ofrece ese servicio (no habría problema, ya que usted comenta que contrataría a uno). Usted puede ser gerente de esa empresa aunque carezca de titulación de graduado, pero corresponderá a estos la dirección y asesoramiento de los asuntos, así como su nombre y firma en los asuntos que dirijan.

Para que lo vea con más claridad, imagínese empresas mixtas de servicios legales y de la construcción. Estas empresas está formadas arquitectos, ingenieros, abogados, procuradores, economistas, etc. y naturalmente el gerente no posee todas estas titulaciones, no le es exigible legalmente. Salvando las distancias, su caso es igual pero a menor escala.

En resumen, puede crear esa empresa sin problemas, deberá tener contratadas a personas con titulación suficiente para las tareas que desempeñan.

Espero que mi respuesta le haya sido útil y si es así la acepte. Quedo a su disposición para seguirle aclarando las dudas que le surjan.

Reciba un cordial saludo.
Cliente: escribió hace 5 año.
Su respuesta me parece correcta, aunque debido a las posibles malas interpretaciones, podría decirme en que marco legal se basa usted para darme su respuesta.
Gracias.
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.


Hola de nuevo,

La respuesta a su pregunta es muy sencilla. El título de gerente no existe jurídicamente. Es una nomenclatura del ámbito empresarial. Usted en esa empresa será administrador, socio, etc. Para la condición de administrador o de socio, ni la Ley de Sociedades Anónimas, ni la Ley de Sociedades de Responsabilidada Limitada exigen, en ningún caso, una titulación determinada por razón del objeto social a que se dedique esa empresa. Cuestión distinta es que usted pretendiese crear una empresa al amparo de la Ley de Sociedades Profesionales, donde se le exige al socio un la titulación profesional relativa al objeto de la Sociedad Profesional que ha creado. Pero, imagino que este no es su caso.

Toda la normativa relativa al Estatuto del Graduado Social, alude a las condiciones que han de de reunir estas personas y a su ámbito de actuación. En cuanto a la normativa que regula la función del Graduado Social la Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970 perfiló las atribuciones del Graduado Social en la siguiente forma, que recoge, asímismo, el Real Decreto 3549/1977 de 16 de diciembre:

"A los Graduados Sociales, en su condición de técnicos en materias sociales y laborales, les corresponde las funciones de estudio, asesoramiento, representación y gestión, sin necesidad de apoderamiento especial, en los casos permitidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, en todos cuantos asuntos laborales y sociales les fueren encomendados por o ante el Estado, Entidades Paraestatales, Corporaciones Locales, la Seguridad Social, la Organización Sindical, Entidades, Empresas y particulares".

De la lectura de esta normativa, en ningún caso, se prevé que estos profesionales tengan atribuciones de exclusividad para la creación de empresas que ofrezcan servicios sociales.

No obstante, las empresas que se dediquen al objeto de servicios de asesoramiento juridico o laboral tendrán que disponer que los profesionales de la misma están capacitados para poder desarrollar el objeto social de la empresa.

Espero que mi respuesta le resulte útil y si es así puede aceptarla. Quedo nuevamente a su disposición.

Cordiales saludos.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Usted podrá hacerlo siempre y cuando en los servicios ofertados recoja la titulación de las personas que atiendan a los clientes a efectos de exonerarse de cualquier responsabilidad.

Le doy una solución:

Realice un contrato mercantil con el empleado, usted le facilita clientes y él es responsable asesoramiento, evite relación laboral de jerarquía para así evitar responsabilidad culpa in vigilando o in contraiendo del 1903.

 

Al respecto el artículo 1903 del código civil:

Artículo 1903.

La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda.

Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.

Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento y empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.

Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias.

La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

 

 

 

Si Usted acepta esta respuesta percibié ingresos de just answer si acepta la respuesta de otro abogado percibirá el otro letrado y no yo, Usted decide

Cliente: escribió hace 5 año.

Usted se refiere a que no debo contratarle con un contrato por cuenta ajena en mi empresa y simplemente haga un contrato mercantil y que esta persona sea la que este de alta como profesional (cuenta propia) en los organismos oficiales. Y me facture el trabajo que vaya realizando.

 

Mi intención sería meterlo en la nomina de la empresa y que sea el el que dearrolle la actividad de laboral, (el estaría colegiado y con un seguro de responsabilidad civil que cubriría su trabajo) eso sería correcto.

Gracias.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

No habría ningun problema al contar con un seguro de R.C, aunque es importante que conste siempre la titulación del empleado, para que no le puedan imputar responsabilidad por haber contratado a una persona sin comprobar su titulación..

El seguro de R.C. que tenga uno el trabajador y Usted hagase otro o si ya lo tiene mejor ya que por una actuación negligente de su trabajador puede responder tambien la empresa por lo que lo mejor un seguro de RC para empresa y que el trabajador si quiere se haga uno profesional.

Si solo existiese un seguro de RC por parte del trabajador y hubiese una demanda frente al trabajador y la empresa con condena por una actuación negligente del trabajador, entonces usted como obligado podría encontrarse con que la compañia de seguros del trabajador le reclamase (repitiera despues de haber indemnizado) a usted el 50% al haber sido los dos condenados.... no le quiero asustar ni aconsejarle no contratar a ese trabajador.... solo que se haga Usted tambien un seguro de RC y que en la poliza se recoga que cubre la actuación de trabajadores suyos... así no tendrá que preocuparse de nada.

Si esta conforme con el asesoramiento ruego que confirme la respuesta.

Un saludo,

R. Gómez

 

Cliente: escribió hace 5 año.

A mi principalmente lo que me preocupa es que me puedan denunciar por intrusismo porque yo no tenga la titulación de graduado social aunque tenga un empleado que si disonga de la titulación requerida. La Responsablidad Civil no me preocupa teniendo los seguros y además yo tengo conocimientos suficientes para comprobar el trabajo que desarrolle mi empleado.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Le adjunto una sentencia que le puede dar luz a sus dudas, por mi parte entiendo que no tendría responsabilidad penal alguna:

Audiencia Provincial de Murcia (Sección 1ª).Sentencia núm. 77/1999 de 26 junio

ARP\1999\4141

USURPACION DE FUNCIONES E INTRUSISMO: Desarrollar una actividad profesional que exija de un título oficial y no estar en posesión de dicho título: inexistencia: asesoría de los acusados en la que no se prueba que realizasen actos de asesoramiento laboral propios de Graduados Sociales.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 44/1999

Ponente: Ilmo. Sr. D. abdón díaz suárez

 

El Juzgado de lo Penal núm. 2 de Murcia con fecha 19-2-1999, dicta Sentencia por la que absuelve a doña María Ramona D. S. y a don Juan D. S. del delito de intrusismo profesional del que venían siendo acusados.Contra la anterior Resolución el Colegio de Graduados Sociales interpuso recurso de apelación al que se adhirió el Ministerio Fiscal.La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso interpuesto y la adhesión.

 

SENTENCIA NUM. 77/1999

Ilmos. Sres.:

D. Abdón Díaz Suárez (Presidente)

D. Francisco J. Carrillo Vinader

Dª Francisca Fernández Zapata

Murcia, a veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Primera de esta Audiencia Provincial el proceso abreviado de la Ley Orgánica 7/1988 que por el delito de intrusismo se ha seguido en el Juzgado de lo Penal de Murcia núm. 2 con el núm. 431/1998, contra Ramona D. S. y Juan D. S., representados por la procuradora señora T. A. y defendidos por el letrado señor G. I., habiendo sido partes en esta alzada el Ministerio Fiscal que actúa como apelante por adhesión, así como el Colegio de Graduados Sociales, promotor de la querella y apelante principal, que actúa representado por el procurador señor B. Ll. y defendido por el letrado señor G. S., siendo ponente el Ilmo. Sr. D. Abdon Díaz Suárez, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El Juzgado de lo Penal dictó en las referidas diligencias Sentencia con fecha 19 de febrero de 1999 sentando como hechos probados lo siguiente:

«... que al menos desde el año 1992, según los datos obrantes a tal efecto en el folio 139, la acusada María Ramona D. S., mayor de edad y sin antecedentes penales, que con fecha 15 de febrero de 1985 había obtenido el título expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia de diplomada en Ciencias Empresariales, tenía abierto al público en la ciudad de Yecla (Murcia), un local bajo la denominación de "Asesoría Soriano", inicialmente instalada en la c/ Camino Real núm. ..., bajo, de dicha ciudad; en la mentada asesoría prestaba su colaboración el también acusado hermano de la anterior, Juan D. S., mayor de edad y sin antecedentes penales, el cual en fecha 8 de julio de 1976 había obtenido el título expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia de perito mercantil, desempeñando en las fechas a que se contraen estas diligencias las funciones de profesor de administrativo en la rama de Formación Profesional; así mismo consta acreditada que desde el año 1992, la letrada señora M. L., mediante un simple acuerdo verbal de prestación de servicios, viene colaborando con los acusados en el asesoramiento jurídico- laboral que aquéllos le plantean, no percibiendo retribución alguna de la asesoría, sino que los mismos le son abonados personal y directamente por los clientes. Sentado lo anterior y en relación con el delito de intrusismo profesional que se imputa a los acusados, se impone destacar los siguientes extremos que han quedado constatados a través de las pruebas realizadas: 1) que los acusados no ostentan la titulación de graduados sociales, en ningún caso se han atribuido tal profesión; 2) que de las propias manifestaciones del legal representante de la empresa "Guía Comercial y de Servicios" y de la prueba pericial obrante en la causa, ha quedado acreditada la falta de autenticidad del anuncio publicado en la página 9 de la revista aportada como documento núm. 4 de la querella -folio 27- y que por consiguiente los acusados no dieron autorización para anunciar la "Asesoría Díaz Soriano" como "fiscal-contable-laboral"; 3) tampoco ha quedado justificada la autenticidad del documento núm. 2 que se acompañó con la querella -folio 13- ya que ningún representante de las empresas que se relacionan en el mismo, ha comparecido en la causa, ni en la fase de instrucción ni en la vista oral para ratificar que efectivamente en materia laboral son asesorados por los acusados, y 4) sí han reconocido los acusados, que en relación con dichas empresas a las cuales prestan su asesoramiento fiscal y contable, han llevado a efecto la presentación de documentos ante organismos vinculados con la Seguridad Social, pero no consta acreditado de manera fehaciente que con independencia de dicha presentación que cualquier persona pueda realizar, fuesen aquéllas las que confeccionaran tales documentos, o éstos llegaran a su poder por estar íntimamente relacionados y serles necesarios para los trabajos de fiscalidad y contabilidad que dichos acusados realizaban en las referidas empresas».

SEGUNDO.-Estimando el juzgador recurrido que los referidos hechos probados eran constitutivos de delito, dictó el siguiente:

FALLO:

 

«Que debo absolver y absuelvo a María Ramona D. S. y a Juan D. S. del delito de intrusismo profesional del que venían acusados, declarando de oficio las costas procesales...».

TERCERO.-Contra tal Sentencia en nombre y representación del Colegio de Graduados Sociales y del Ministerio Fiscal se dedujo en tiempo y forma recurso de apelación, fundamentándolo en síntesis en los motivos que se expresan y analizan en los fundamentos de esta Resolución.

CUARTO.-Teniéndose por interpuesto el recurso en ambos efectos, previo emplazamiento de las partes, se remitieron por el Juzgado las diligencias originales a esta Audiencia, en la que se formó el oportuno rollo, con el núm. 44/1999, compareciendo las referidas partes en la cualidad indicada, y dictándose sentencia sin celebración de vista.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-Se aceptan los del fallo apelado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Se propugna con el recurso interpuesto una decisión revocatoria y depurativa de la de instancia que sustituya la absolución allí declarada por un pronunciamiento de condena, merced a una impugnación que se sustenta en dos motivos: error de hecho en la apreciación de las pruebas e infracción del ordenamiento jurídico. La sostiene con carácter principal la corporación querellante, y con fórmula adhesiva el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.-

El primer motivo se expande dialécticamente con argumentos que ponen especial énfasis en la identidad de las firmas que aparecen en los folios 86 y ss. de la causa con la que figura en el contrato de publicidad aportado por el señor G. R., cuyo testimonio imparcial no puede, además, ponerse en duda, reprochándose a la Sentencia apelada que no haya hecho valoración alguna de elemento de prueba tan importante como el obrante a los folios 168 y ss., donde aparecen certificaciones de la Agencia Tributaria que acreditan el cobro por la acusada de importantes comisiones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, comisiones habitualmente pagadas a los graduados sociales en concepto de retribución por canalizar hacia ellas las pólizas de las empresas que asesoran, discrepando también la corporación apelante de las ponderaciones probatorias que se atribuyen al certificado del INEM, resaltándose lo infrecuente que resulta que asesores fiscales o contables posean documentos como los TC1 y TC2, contratos de trabajo o inscripción de empresas en la Seguridad Social, destacando la coincidencia de los testimonios de los graduados sociales que depusieron en la causa con el resto de unas pruebas que acreditan que la asesoría «Díaz Soriano» tiene carpeta abierta en la Tesorería General de la Seguridad Social, habiendo tramitado la inscripción de empresas en la Seguridad Social, concluyendo este motivo con la cita literal de declaraciones emitidas en su día por la señora Ll. P., directora del INEM de Yecla, que atribuye a la acusada iniciativas y consultas que aglutinan un interés «típico de un asesor laboral».

TERCERO.-

Comenzando por el reproche atinente al anuncio laboral insertado en la página 9 de la «Guía Comercial y de Servicios» para Yecla, Caudete, Jumilla y Villena, la Sentencia apelada no incurre en desacierto valorativo al no considerar acreditada la autenticidad del anuncio, pues si bien es cierto que el señor G. R. durante la instrucción y en el juicio afirmó que la persona con la que contrató fue María D. S. y que firmó con él la titular de la asesoría, no lo es menos que como consta en el acta del juicio, a preguntas de la defensa manifestó «que no reconoce en este acto a la acusada» y que no puede asegurar que sea ella «la que firmó el contrato».

Ninguna contradicción representa en la ponderación de este aspecto del debate la pericial de contraste caligráfico realizada. El perito, al abordar el análisis grafológico de firmas y rúbricas concluye asegurando «que no existen suficientes elementos identificables para emitir un juicio de autoría sobre el documento dubitado».

Por lo demás, se trata de un espacio gratuito donde no aparece nombre ni dato alguno que permita identificar al contratante. Y por último, el tan invocado testimonio del señor G., lejos de erigirse en modelo de claridad, coherencia y rotundidad, aparece envuelto en no pocas contradicciones que deja sin explicación posible cómo se puede recordar el momento de suscripción de un contrato, el lugar exacto donde se lleva a cabo, emplazamiento y características del local, y no poder recordar la cara, las facciones, el rostro o expresión de la persona que en la asesoría intervino en la contratación.

Con todo, ha de insistirse en las abrumadoras conclusiones de la pericial, al afirmar que «la firma aparecida en el documento dubitado es distinta a la realizada por la demandada (sic), correspondiendo por tanto a otra persona», conclusión que basa en grados de inclinación, trayectorias, áreas de ejecución, formas y ángulos distintos, así como idiotismo o individualidad diferentes.

Frente a tan contundentes conclusiones, la corporación apelante descalifica su correspondiente valoración en la Sentencia y pretende obtener un pronunciamiento revocatorio y condenatorio en la pretendida similitud de 2 firmas, para cuya apreciación no se precisan minuciosos estudios ni cualificaciones técnicas.

CUARTO.-

Tampoco el resto de las alegaciones resisten un detenido análisis. Así, por lo que concierne a la certificación de la Agencia Tributaria, no se prueba que esas comisiones son pagadas habitualmente a los graduados sociales en concepto de retribución por canalizar hacia las mutuas las pólizas de las empresas que asesoran, ni hay contraindicio de que no se tratara de contraprestaciones por asesoramiento estrictamente contable y fiscal, prescindiendo ahora de la regularidad de comisiones por quienes perciben honorarios de clientes por afiliarlos a aquéllas.

No menos inoperantes son las objeciones de la lista de empresas que supuestamente son asesoradas laboralmente por los acusados. Ninguna compareció en la causa; ni en la etapa preparatoria, ni en el juicio.

Y la certificación del INEM lo único que acredita es la presentación, lo que no presupone tramitación y asesoramiento, no habiéndose probado tampoco que los inculpados confeccionaran contratos o documentos aportados a la Seguridad Social.

QUINTO.-

En esta misma línea de argumentación, puede que no sea habitual que un asesor fiscal o contable posea documentos como los TC1 y TC2, pero no parece aventurado admitir que para la formación del balance y de las cuentas que las empresas han de presentar a Hacienda, no puede operarse una total desvinculación de aquellos documentos, cuya posesión permanente tampoco se demuestra, en lo que alude a personal y Seguridad Social, en extremos que puedan resultar imprescindibles para la formación de la contabilidad, el seguimiento de las empresas, el cálculo de retenciones fiscales o la solicitud de subvenciones y desgravaciones fiscales.

Y por último, el testimonio de los graduados sociales fue apreciado personalmente por el juzgador de instancia en óptimas oportunidades de inmediación por lo que, con independencia de que admitieran algunos que la querella se firmó en su presencia, hayan podido perder clientes y tengan interés personal y profesional en la eliminación de lo que reputan ilícitos y desleales competidores, es lo cierto que el juzgador de instancia sólo pudo formar con tales testimonios una convicción soberana contraria a sus aspiraciones de condena, mas no por ello arbitraria, irrazonable e ilógica.

La claudicación de los precarios argumentos que sostienen el primer motivo, producen como corolario obligado el perecimiento de la invocada infracción por inaplicación de precepto penal sustantivo, al no permitir la comentada orfandad probatoria la subsunción típica que se persigue.

En atención a lo expuesto,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Colegio de Graduados Sociales de Murcia; con carácter principal, y con simple fórmula adhesiva por el Ministerio Fiscal, contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Murcia el 19 de febrero de 1999, confirmamos dicha Resolución, declarando de oficio las costas del recurso.

Notifíquese en legal forma la presente Resolución y con testimonio de la misma, remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010).

Un saludo,

R. Gómez

 

 

 

Cliente: escribió hace 5 año.

Gracias XXXXX XXXXX respuesta, una ultima cosa, referente al caso, podría contratar un abogado para que desarrollara las funciones de Asesor Laboral en mi empresa, estaria facultado para dicha labor.

 

Gracias.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Por supuesto que sí. Los abogados estamos facultados para asesoramiento laboral, al estar colegiados ya podemos asesorar, la duda que tengo es si un licenciado en derecho podría llegar a asesorar laboralmente aunque creo que tambien....

Por favor, si esta conforme acepte la respuesta del letrado que suscribe para poder recompensar el tiempo empleado en atenderle, gracias.

Un saludo.

R. Gómez

Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.


Buenos días,

Me veo en la obligación de aclarar una serie de puntos.
Tengo una opinión diferente de mi compañero en cuanto al contrato que usted debe firmar con los profesionales que usted contrate.
Si usted pretende que esos profesionales desempeñen las tareas profesionales bajo un régimen de dependencia laboral usted no puede realizarles un contrato mercantil. Esto es, si ellos van a tener un retribución fija o variable fijada por usted, un horario determinado, unas vacaciones que usted les fije, una dependencia en cuanto a las tareas realizadas y, en definitiva, una relación de dependencia jerárquica de usted; en ese caso, un contrato mercantil sería en fraude de Ley y ellos podrían demandarlo ante la jurisdicción laboral para que su relación se considerase laboral. Usted se vería obligado a abonar posibles diferencias salariales, cuotas a la seguridad social, etc.

Por otra parte, una abogado está habilitado para realizar funciones de asesoramiento laboral. Es más, tiene más competencias en este ámbito que, por ejemplo, un graduado social, que tiene determinados ámbitos de la jurisdicción laboral vetados como, por ejemplo, un recurso de suplicación ante un Tribunal Superior de Justicia.

Espero que mi respuesta le haya sido útil y si es así puede aceptarla. En todo caso, quedo a su disposición.

Reiciba un cordial saludo.

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Cliente: escribió hace 5 año.
Gracias XXXXX XXXXX rapida respuesta Un saludo, ahora mismo acepto su respuesta.
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

Gracias, cualquier duda siga comentándola sin coste adicional.

Un saludo.
Experto:  jaiter escribió hace 5 año.

Hola, en la actualidad, las empresas que desarrollan una actividad que exige la colegiación, debe de cumplir los requisitos de la ley de sociedades profesionales.

 

 

Si usted no es graduado social y constituye una sociedad limitada, por ejemplo, le informo, que son requisitos con arreglo a esa ley:

- uno, que de los socios, el 51 por ciento del capital social debe de estar suscrito socios profesionales, es decir, socios con la titulación adecuada y que estén colegiados.

-dos, si hay un administrador único, necesariamente debe de ser profesional y usted no podrá tener ese cargo.

 

Por otro lado, si usted no crea esa sociedad y la realiza como autónomo, entonces, usted no puede facturar por esos servicios profesionales.

 

Mi consejo es que no obstante, si emprende esa actividad, y quiere constituir una sociedad, es que lo haga con un objeto social de intermediación entre trabajador social /cliente; si usted pone como objeto social la actividad de graduado social, el registro mercantil no la va a inscribir, a menos que lo haga como profesional, para lo que veo usted no cuenta con los requisitos, tal y como pretende enfocarlo.

 

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