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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
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hola estoy imputada en un delito contra la salud publica,me

Pregunta del cliente

hola estoy imputada en un delito contra la salud publica,me imputan por escuchas no muy claras y cobrar dinero de este delito.mi abogado me dice ke me declare culpable de complicidadad.para no caer en prision.seria correcta esta accion?mi marido ya esta en prision lleba 6meses y el cuando llegue el juicio se declara culpable de todo para sacarme a mi de esto.tenemos un bebe de 6 meses.a el le tienen de cabezilla en una supuesta organizacion de 9 personas solo hay 2 en prision.¿cuanto le puede caer a el de condena?hay escuchas amenazantes a terceros y alguna mas referente a toxicos.en el registro de casa nos cojieron mariguana un total con pureza y todo de 4kg y mdma 38gr.somos consumidores habituales no contemplan cantidad notoria.estoy dudosa en cuanto mi declaracion de complice me pueden responder?.gracias
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Hola

 

Con esas cantidades es cierto que en función de la imputación que le hagan personalmente a Ud puede entrar si la pena supera los dos años.

 

Si ud se aviene a negociar le quitarán un tercio de la pena.

 

Por lo que ud cuenta entiendo que su abogado esté por la línea de que a Ud se le aplique la menor condena y que no tenga que entrar por su situación personal.

 

Respecto de él la condena va a depender del delito que le imputen.

 

Codigo penal 368

 

Artículo 368.

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370.

 

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

 

Artículo 25.

1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.

Le recomiendo seguir el consejo de su abogado y que negocie, para no tener que entrar.

 

 

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En contestación a su consulta y con los pocos datos que nos comunica le informamos:

Primero.- Que no le pueden sancionar penalmente y administrativamente a la vez, ya que se quebrantaría el principio non bis in idem, es decir que la sanción del artículo 25 de la LO 1/1992 no cabría, sino que se le aplicaría el código penal.

Segundo.- En cuanto a declararse culpable de la comisión como complice del delito,

 

El código penal dispone:

Artículo 29.

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

 

Al cómplice también se le impondrá la pena inferior en un grado a la que corresponda al autor del delito.

 

Para calcular cuál es la pena inferior en grado se realiza la misma operación que para grado superior, esto es, se parte de la pena inferior señalada para el delito y se deduce de ésta la mitad de su cuantía. De ese modo, si la pena establecida es de 2 a 4 años de prisión, la pena inferior en grado se calculará dividiendo por la mitad su límite mínimo, el resultado constituirá el límite mínimo y el que antes era el mínimo, pasará a ser el máximo; así, en nuestro ejemplo, la pena inferior en grado será de 1 a 2 años de prisión.

 

Por último le adjunto una sentencia para que pueda hacerse una idea de cuanto podrían condenarle a Usted, sin olvidar que si hay conformidad con la acusación del fiscal (que negocie su abogado con él) se rebajaría 1/3 de condena, con lo que no ingresará en prisión y le sustituirán la pena por multas.

 

Por sustitución extraordinaria: Se aplica con carácter excepcional en los casos de penas de prisión que no superen los 2 años.Es necesario que el penado no sea un reo habitual y que el cumplimiento de la pena repercuta negativamente en su reinserción social.Se reemplazará cada semana de prisión por 2 arrestos de fines de semana y cada día de prisión por 2 cuotas de multa.

(Confirmada)

Audiencia Provincial de Salamanca (Sección Unica).Sentencia núm. 21/2003 de 17 junio

JUR\2003\178412

DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL: Inviolabilidad del domicilio: vulneración: inexistencia: registro de garaje.

TRAFICO DE DROGAS: Personas responsables criminalmente: cómplice: existencia: acusada que convivía con el acusado en la casa donde se encontraron todas las sustancias y que era perfectamente conocedora de la actividad de su compañero, llegando a colaborar con él en una venta.

 

Jurisdicción: Penal

Sumario núm. 2/2002

Ponente: Ilmo. Sr. D. jesús pérez serna

 

SENTENCIA NÚMERO 21/03

ILMO SR PRESIDENTE ACCTAL.

DON F. JAVIER CAMBON GARCIA

ILMOS SRES MAGISTRADOS

DON JAIME MARINO BORREGO

DON JESUS PEREZ SERNA.

En la ciudad de Salamanca, a diecisiete de junio de dos mil tres.

Visto en juicio oral y público ante esta Audiencia Provincial la presente causa, Sumario nº 2/02, Rollo de Sala nº 5/02, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Salamanca, por un delito contra la salud pública, de tenencia ilícita de armas y de receptación, contra:

Casimiro , titular del D.N.I. nº NUM000 , nacido en Salamanca el día 14 de junio de 1.969, hijo de Mauricio y de Rocío , sin antecedentes penales, en prisión provisional por esta causa desde el día 29 de abril de 2.002, (habiendo estado detenido los días 27 y 28 de abril de 2.002) cuya solvencia o insolvencia no consta en autos, representado por el Procurador Don José Manuel López Carbajo y defendido por la Letrada Doña Mª Nieves Fernández Pérez-Ravelo. Y contra:

Lina , nacida en Palestina Caldas (Colombia), el día 25 de julio de 1.976, hija de Alfredo y de Constanza , con domicilio en Salamanca PLAZA000 nº NUM001 NUM002 , sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, de la que ha estado privada de ella desde el día 29 de abril hasta el día 25 de octubre de 2.002 (habiendo estado detenida los días 27 y 28 de abril de 2.002), insolvente, representada por la Procuradora Doña Susana Anitua Roldán y defendida por el Letrado Don Julio Fernández Segura.

Ha sido parte acusadora EL MINISTERIO FISCAL y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON JESUS PEREZ SERNA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En base a actuaciones policiales, el Juzgado de Instrucción incoó el presente sumario; practicándose cuantas diligencias estimó precisas hasta decretar el procesamiento de los acusados por Auto de fecha 15 de octubre de 2.002, como posible autor Casimiro de un delito contra la salud pública, con agravante de notoria importancia del Art. 368 y 369.3 del Código Penal, de un delito de tenencia ilícita de armas del Art. 564 del Código Penal y de un delito de receptación del Art. 299 del Código Penal; y como posible coautora Lina de un delito de contra la salud pública, previsto y penado en el Art. 368 y 369.3 del Código Penal, con remisión a esta Audiencia Provincial de la causa instruida, quien por resolución de fecha 20 de marzo de 2.003 señaló para los días 7, 8 y 12 de mayo de 2.003 la celebración del correspondiente juicio oral.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública del artículo 368 inciso 1 en relación con el 369 nº 3 del Código Penal. De un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 564 apartado 1, párrafo 1º. De un delito de receptación del artículo 299 del Código Penal. De un delito contra la salud pública del artículo 368 inciso 1 del Código Penal, estimando como responsable de los tres primeros delitos a Casimiro , y autora del último a Lina , sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando para Casimiro la imposición por el delito contra la salud pública la pena de once años de prisión y multa de 437.700 €. Por el delito de tenencia ilícita de armas la pena de un año y seis meses de prisión. Por el delito de receptación la pena de ocho meses de multa a razón de 12 €/día. Costas. Abono de prisión preventiva. Y solicitando para Lina la imposición de la pena de cuatro años de prisión y costas. Abono de prisión preventiva.

Decomiso y destrucción de la droga ocupada. Decomiso del arma y munición ocupada, decomiso del dinero y demás efectos en relación con el tráfico de estupefacientes.

TERCERO.- En igual trámite por la defensa de Casimiro se solicitó la libre absolución del mismo como autor de un delito contra la salud pública, o alternativamente se aprecie la circunstancia muy cualificada de drogadicción del Art. 21.1 del Código Penal, solicitando para el mismo la imposición de la pena de cinco años de prisión. Se solicitó igualmente la libre absolución como autor del delito de receptación, así como la libre absolución por el delito de tenencia ilícita de armas, o alternativamente respecto de este último delito la pena de seis meses de prisión y multa de 100.000 €.

En igual trámite por la defensa de Lina , se estimó que los hechos no eran constitutivos de delito alguno, por lo que procedía su libre absolución con toda clase de pronunciamientos favorables, levantamiento de todo tipo de medidas cautelares impuestas, así como la devolución de los efectos que le fueron intervenidos de su exclusiva propiedad -joyas- al no haberse acreditado su origen delictivo, con imposición de las costas de oficio.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En relación con las informaciones recibidas en la Comisaría Provincial de Policía de Salamanca, respecto a la comisión de determinados delitos contra la salud pública, las cuales atañían a la persona de Casimiro , mayor de edad, sin antecedentes penales, y que presenta un consumo repetido de cocaína, en el sentido de que se dedicaba a la venta de droga, se solicitó la intervención judicial del teléfono móvil que aquel utilizaba, número NUM008 , de la operadora Vodafone. Obtenida la autorización judicial con fecha 25 de febrero de 2.002, a los efectos de delito contra la salud pública, en fecha 5 de marzo de 2.002, se solicitó al Juzgado la baja, por inoperable, de referida intervención, y al tiempo, la intervención del teléfono móvil número NUM009 , la cual se autorizó por resolución judicial de fecha 5 de marzo de 2.002, iniciándose la observación el día 7 de marzo siguiente, y manteniéndose por el plazo acordado, habiéndose remitido en fecha 8 y 26 de marzo, y 5 de abril, 12 cintas grabadas por una cara, con índice-resumen y transcripciones consideradas más notorias, habiéndose adverado todas ellas por el Secretario Judicial.

Como de las escuchas realizadas se evidenciase la dedicación del citado Casimiro al tráfico de droga, se pidió la intervención de un nuevo teléfono móvil utilizado por Casimiro , con número NUM003 , que se autorizó por Auto de 26-3-02. Lo propio, y con idéntico fundamento, se solicitó respecto del número NUM004 , cuyo usuario también era Esteban, en fecha 5-4-02, acordándose por Auto de la misma fecha. Se solicita su baja, por carencia de resultados, en fecha 16-4-02, solicitándose, a su vez, la intervención del número NUM005 que se acuerda por Auto de dicho día. Adverándose por el Secretario Judicial el resultado de este intervención.

SEGUNDO.- Confirmado por todo ello la dedicación al tráfico de sustancias estupefacientes, por parte de Casimiro , se procedió por funcionarios de policía a la vigilancia de la plaza de garaje número NUM006 , del inmueble número NUM007 del PASEO000 , de esta ciudad, la cual era utilizada por el procesado, siendo cerrada y disponiendo de llaves únicamente éste. Vigente el dispositivo de vigilancia, sobre las 22,45 horas del día 26 de abril de 2.002, llegó al lugar Casimiro , a bordo del vehículo Audi A-3, negro, matrícula ....-WJM , y cuando iba a abrir la puerta del garaje, los funcionarios de policía decidieron intervenir, procediendo a su detención, debiendo ser reducido e introducido en un vehículo policial situado casi de frente a la plaza de garaje.

Tras recabar la presencia de dos testigos, personas del inmueble, procedieron al registro de la plaza de garaje, encontrando en su interior un saco de plástico que contenía doce tabletas compactas de "hachís", y tres paquetes encintados que contenían tabletas de hachís, igualmente, todo ello, con peso total de 9.996,36 gramos, y con un valor, una vez vendido, de 38.850 euros; se encontró además, un bote con la inscripción "Manitol", otros siete con la mención "Inositol NF-12"; una maleta, en cuyo interior había una balanza de precisión, marca "Cobos"; un dispositivo eléctrico para precintado de bolsas, rollos de cinta adhesiva, embalaje y papel para envolver, varias bolsas de plástico de cierre rápido, diversa documentación bancaria, y otros efectos como DNI de Asunción y tarjeta de "Caja Duero" de Almudena , quienes habían denunciado su sustracción en fechas 17-3-02 y 13-3- 02, respectivamente.

TERCERO.- A la vista de tal resultado, se trasladó a Casimiro a las dependencias policiales, haciéndose efectiva su detención, y solicitándose, en la mañana del mismo día 27 de Abril de 2.002, al Juzgado de Guardia de Salamanca, mandamiento de entrada y registro de la vivienda domicilio de Casimiro , sita en la PLAZA000 , número NUM001 , NUM002 de esta ciudad. El Juzgado dictó Auto, en la misma fecha, accediendo a lo solicitado. Seguidamente, ese mismo día, los funcionarios policiales utilizando las llaves de Casimiro , quien estaba presente, y sin oposición de la ocupante de la casa, entraron en dicha vivienda, llevándose a cabo por la Comisión Judicial, integrada por el Secretario del Juzgado de Guardia, y varios funcionarios de la Policía Nacional, el registro de la vivienda.

En dicho registro se encontraron los siguientes efectos y sustancias:

En el Salón: dinero en efectivo, por importe de 2.440 euros; una pistola, en uno de los cajones del mueble, de marca "Zulaica" número de serie NUM010 , calibre 7,65, con su cargador y nueve proyectiles, apta para el disparo, careciendo Casimiro , su propietario, pues así lo reconoció, de cualquier permiso o licencia que amparase su tenencia; documentación bancaria y personal de terceras personas, tales como DNI de Almudena , (sustraído el 13-3-02), cartillas del Banco Popular y Caja de Extremadura a nombre de Julia y Beatriz (sustraídos el 13-2-02), DNI de Guillermo (sustraído el 10-1- 01), DNI de Ana (sustraído el 21-3-02), todos los cuales los poseía a sabiendas de su procedencia ilícita. También en el salón, y a la vista, había en el mueble librería dos envoltorios de plástico que contenían una sustancia blanca que, analizada en forma, resultó ser "cocaína", conteniendo uno de los paquetes 28,47 gramos, de 59,6 % de pureza, (16,79 gramos de cocaína pura), y el otro 249,13 gramos, de 52,9% de pureza, (129,54 gramos de cocaína pura).

En la cocina de la vivienda se encontraron tres botes de acetona, dos de éter, un molinillo de café, un paquete envuelto en plástico que contenía 487,84 gramos de cocaína con una pureza del 49,5 % (239,04 gramos de cocaína pura), un bote que contenía 88,47 gramos de cocaína, de una pureza del 52 % (46 gramos de cocaína pura), un bote de "Inositol NF-124", otro de lactosa y otro de "Manitol". Dentro del frigorífico, dos bolsas de plástico transparente conteniendo una sustancia de color blanco humedecida con peso de 146,67 gramos y 504,80 gramos, respectivamente, que analizada dio como resultado anfetamina y metaanfetamina; una balanza de precisión-electrónica marca "Saltem", dos prensas con sus correspondientes accesorios, y dos ventiladores de pie.

En una de las habitaciones dormitorio, encima de la cama, una bolsa de plástico con un paquete conteniendo 998,65 gramos de cocaína con una pureza del 86,5 %, (858,83 gramos de cocaína pura), y nueve paquetes que contenían dinero en efectivo, a más de libretas bancarias.

En el dormitorio principal, en uno de los cajones de la mesita, se ocupó un paquete con 18 cartuchos del 9 corto, y en el armario ropero, dinero. Los cartuchos no son aptos para ser usados por la pistola citada. Asimismo, diversas joyas de señora.

CUARTO.- La cantidad total de dinero encontrado en las diferentes estancias de la vivienda ascendió a 39.120 euros, y la de cocaína pura a 1.290,20 gramos con un valor de 180.000 euros, vendida en dosis.

QUINTO.- Casimiro , residía en la vivienda de la PLAZA000 , número NUM001 , NUM002 , desde hace unos dos meses, juntamente con su compañera sentimental, Lina , mayor de edad, de nacionalidad colombiana, y sin antecedentes penales. La citada Lina , llevaba conviviendo con Casimiro aproximadamente un año y medio, siendo su ocupación fundamental la de atender la casa, haciendo las labores domésticas para lo que recibía de Casimiro alrededor de 20.000 pesetas semanales. Debido a ello era conocedora de las sustancias y efectos que se guardaban en la casa, y al menos en una ocasión, con fecha 21 de marzo de 2.002, siguiendo instrucciones de Casimiro , quien no se hallaba en Salamanca, entregó sustancia estupefaciente a una tercera persona que acudió al domicilio a buscarla; en la conversación aludida, Lina , entre otras manifestaciones, señalaba en contestación a Casimiro , ¿hay en la maleta; no?, cuando éste le decía lo que debía entregar.

SEXTO.- El procesado, Casimiro , es propietario del 95 % de participaciones de la sociedad " DIRECCION000 ." y del 50 % de " DIRECCION001 .", estando, además, registrado en las oficinas de tráfico, el vehículo Audi A-3 ....-WJM , a nombre de la primera de las entidades citadas.

SEPTIMO.- Casimiro , ha permanecido en situación de prisión preventiva, en esta causa, desde el día 29 de abril de 2.002, en tanto que Lina lo estuvo desde la misma fecha hasta el día 25 de octubre de 2.002.

OCTAVO.- Por último, el médico forense concluyó tras la exploración de Casimiro , que el mismo no presentaba patología en relación con la drogadicción; que a la exploración física no se evidencian estigmas de drogadicción, y que a la exploración psicopatológica no se evidencian alteraciones psíquicas. El análisis químico-toxicológico, realizado sobre un mechón de cabello extraído al mismo, dio como resultado la detección de cocaína (68,6 ng/mg.), y benzoilecgonina (24,9 ng /mg.), cuya interpretación es que ha habido consumo repetido de cocaína en un periodo de tiempo comprendido entre los 2 y 8 meses anteriores al corte del mechón enviado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la defensa de los acusados se impugnan, con carácter previo, la validez de las documentales relativas a conversaciones telefónicas, autos y prórrogas, y contenidos, así como los autos de entrada y registro de la vivienda y garaje, y las periciales sobre la droga y arma, en orden a que no sean tenidas en cuenta como pruebas, habida cuenta de la ilicitud de su obtención. Tal nulidad se invoca en base a diferentes razones, como son que no consta que lo aportado y trascrito sea la totalidad, que no esta clara la competencia entre los Juzgados nº 1 y nº 9, ni la identificación de los titulares, que carecen de motivación, y de control judicial los autos y escuchas, respectivamente.

Sobre estas cuestiones, y para mantener la legalidad de las actuaciones practicadas en la fase de investigación ha de declararse, en concordancia con lo informado por el Ministerio Fiscal, que los autos puestos en entredicho, se bien es cierto que responden a un esquema uniforme y no contienen una documentación exhaustiva, no lo es menos que recogen todos los elementos a tener en cuenta a la hora de ordenar una intervención telefónica. En cada uno de ellos se expresa el número de teléfono a intervenir, su titular o usuario concreto, y el tiempo que debe durar la intervención. Pero ello no es todo, pues de cada intervención se ha dado cuenta puntual y gradualmente al Juzgado de Instrucción, ordenante, teniendo éste ocasión de comprobar como los teléfonos intervenidos se correspondían con los que constaban en los autos, habiéndose cotejado las cintas originales, y las trascripciones por la fedataria judicial.

En los diferentes autos dictados se comienza haciendo referencia al escrito de la policía solicitando la intervención; dichos escritos a su vez, ponen de manifiesto la ocurrencia de hechos en relación el tráfico de droga y la relación del procesado con tales hechos, así como noticias sobre los medios de vida del mismo. Lo cual engarza con la doctrina jurisprudencial que entiende no exigible una motivación abundante y detallada, habiendo de atenderse para su suficiencia al principio de proporcionalidad, bastando la fundamentación por remisión a los oficios policiales que se integran automáticamente en el auto del Juez (A.P. Salamanca, Sent. 6-5-03; 2-3-01, T.S. ss. 15-2-02, 22-7-02).

En suma, se considera, en consonancia con la S.T.S. de 18-7-00, que las intervenciones telefónicas aquí acordadas reúnen los requisitos necesarios para su validez, pues los hechos para cuya investigación se solicita la intervención revisten caracteres de delito de cierta gravedad, guardando, por ello la debida proporción con el derecho fundamental afectado, y ha sido, el mismo juzgado quien desde el primer auto, y con relación al procesado, ha adoptado las medidas que le fueron requeridas y aceptó en función de las circunstancias existentes en cada momento. De hecho, referido Juzgado intervino el teléfono 661-98-77-41, con antelación a cualquier medida sobre el mismo adoptada por el Juzgado número 9.

En cuanto a la identificación de titulares, y al control judicial de las medidas acordadas, consta, desde el principio quien es el investigado y sus circunstancias personales, así como el cumplimiento minucioso del control judicial, mediante la recepción de las cintas originales e integras, bajo la fe del Secretario del Juzgado, con compulsa de la trascripción en la misma forma, y correspondiendo al Juez y a la policía seleccionar y determinar los pasajes que entienden útiles para la causa, con exclusión de los que carezcan de relevancia para la investigación.

En cuanto al registro del domicilio y del garaje, se impugnan ambos, si bien el primero en base a que si no se hubiera hecho el del garaje, tampoco se habría registrado la vivienda, por lo que procede analizar el registro realizado en el garaje. En este sentido, reiterada jurisprudencia tiene declarado que "el garaje no pertenece al ámbito de la privacidad constitucionalmente defendido en el artículo 18 de la C.E. y ha de reputarse lugar público de acuerdo con el artículo 547.3 de la LECrim." (S.T.S. 22-11-94; 11-11-93; 27-4-95). En consecuencia, como dice la S.T.S. de 19-2-98, el acceso al garaje no requiere de unas medidas de garantía que eviten la intromisión en la intimidad de las personas sin autorización previa de la autoridad judicial, al igual que sucede con los almacenes u otros habitáculos en que solamente se encierran o guardan objetos o enseres que no requieren tales garantías protectoras. En el presente caso, por demás, el procesado se resistió, y fue introducido en un vehículo policial, situado casi enfrente de la plaza de garaje; se hizo el registro a presencia de dos testigos, y se abrió la plaza de garaje, cerrada, con la llave perteneciente a Casimiro , quien era, por demás, el único usuario de la misma.

Por último, sustentándose la petición de nulidad de las periciales sobre droga, en la nulidad de las intervenciones telefónicas, la declaración de validez de estas, ya comentada, supone la de aquéllas, las cuales, por otro lado, al tratarse de periciales realizadas por gabinetes y laboratorios oficiales, con notas de garantía técnica e imparcialidad, no precisan de ratificación en el juicio oral, salvo que hayan sido objeto de impugnación expresa en los escritos de conclusiones. (S.T.S. 18-9-95).

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados, con constitutivos de sendos delitos contra la salud pública, previstos y penados en el artículo 368, inciso primero, del Código Penal, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, y uno de ellos en relación con el artículo 369, nº 3 del mismo texto penal. Asimismo, son constitutivos de un delito de tenencia ilícita de armas, prevista y sancionado en el artículo 564, apdo 1º, pto 1º del Código Penal y de un delito de receptación, previsto y castigado en el artículo 299 del Código Penal.

El primero de los tipos penales citados castiga a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, ya que, como consecuencia de la amplia actividad de la investigación ordenada y dirigida por el Juzgado de instrucción, y en base a los autos autorizando la intervención de los teléfonos del procesado, y la entrada y registro en el domicilio, y en el garaje, se llegó a intervenir la cocaína y el hachís antes citado, y en cantidad de notoria importancia (Pleno Sala II, T.S. 19-10-01). La tenencia de las mismas con destino a su venta a consumidores de tales sustancias es uno de los supuestos comprendidos en el tipo que se indica, no ofreciendo duda alguna, en el presente supuesto, que ese era el destino de la cocaína y del hachís, por ser la cantidad aprehendida muy superior a la necesaria para el propio consumo.

Tampoco es cuestionable que se trata de delitos consumados, ya que la redacción del artículo 368 C.P. incide en que cualquier acto que facilite el consumo ilegal o tráfico de tales sustancias supone estar en presencia del delito, produciéndose la consunción de la conducta permanente del inciso 2º del artículo 368, en el inciso 1º del mismo.

El delito de tenencia ilícita de armas de fuego, del artículo 564 del Código Penal, al ser un delito de propia mano que comete aquel que de forma exclusiva tiene la posesión del arma, con intención de poseer con cierta permanencia, se consuma por la mera posesión no autorizada, y con independencia de que se haga uso o no del arma. (S. 21-9-92). Es precisa la presencia de la conciencia de ilicitud de la posesión por lo que cabe la posibilidad de exoneración de responsabilidad cuando es susceptible de apreciarse error de derecho. Aunque es difícilmente apreciable en la sociedad española actual por la proscripción notoria de la libre posesión de armas de fuego. (S.T.S. 15-4-96).

En cuanto al delito de receptación existe en la base una repetición de actos lesivos contra la propiedad, con la sustracción de diversos documentos de identidad bancarios, que fueron encontrados, en lugares diversos -domicilio, garaje- en poder del procesado, lo cual entraña, no ya una cierta habitualidad, sino una determinada actitud del sujeto dirigida hacía el aprovechamiento de los mismos, cuando la ocasión así lo requiriera.

TERCERO.- De dichos delitos son responsables, en el concepto que se dirá, las siguientes personas:

A) Del delito previsto en el artículo 368, primer inciso del C.P. de sustancias que causen grave daño a la salud, en relación con el artículo 369.3º del mismo texto, por tratarse de cantidad de notoria importancia: el procesado Casimiro , quien, autor conforme a los artículos 27 y 28 del C.P. ejecutó los hechos materiales que lo constituyen.

Las pruebas de posesión preordenada al tráfico, de las sustancias intervenidas y peligrosas para la salud, se basa en diversos motivos, cuales son:

a) Se intervienen en su domicilio, y en un garaje al que sólo tiene acceso el procesado, las cantidades de droga anteriormente desglosadas, en su peso, las cuales son de notoria importancia.

b) La intervención se realiza por la Policía Nacional, con autorización judicial, y a presencia del Secretario del Juzgado, consumando un servicio de investigación polarizado en las sospechas de tráfico de drogas que se tenían, desde tiempo atrás, respecto del procesado.

c) Las declaraciones de los agentes ponen de manifiesto que proyectan sus sospechas, no por casualidad, en el procesado, sino en base a observaciones previas.

d) La cantidad y naturaleza de las sustancias intervenidas, desborda los límites de un consumidor habitual. La tenencia de objetos y productos relacionados, normalmente, con el tráfico, como básculas o balanzas de precisión, molinillo, bolsas de plástico de cierre rápido, cintas adhesivas, productos aptos para cortar droga, y un dispositivo eléctrico para el precintado de bolsas, corrobora la anterior conclusión, y a su vez, todo lo anterior, supone que las entradas y registro, se fundamentasen en la sospecha racional de la realización de actos de tráfico de sustancias tóxicas.

e) Las grabaciones telefónicas incriminan de forma clara y rotunda al acusado, y no como comprador o consumidor, sino como vendedor, y ello a pesar del lenguaje sesgado y simbólico que utilizan él y sus interlocutores que muestra una finalidad de enmascarar algo sobre que ellos saben y conocen perfectamente. Así, se habla de "donuts", "rines", "espinacas", "niños", "vestir al niño", "ha quedado bonito", para significar pastillas, hachís, cortar la droga o que había quedado bien cortada. La S.T.S. de 18-7-00 indica: "sin especificar que el verdadero motivo de las mismas (conversaciones) era el tráfico de droga, sin embargo ello es algo que de manera implícita subyace dentro de las mismas, en las que se utiliza un lenguaje críptico o iniciativo, dentro de sobreentendidos y referencias a cosas que no se quieren referir, en el que se claramente se quiere evitar cualquier tipo de manifestación que pudiera ser comprometedora en tal sentido".

B) Del delito previsto en el artículo 368, inciso primero del Código Penal, de sustancias que causan grave daño a la salud, se considera, no autora, sino cómplice a Lina , (artículo 29 C.P.). En efecto, la reseñada era perfecta conocedora de lo que había en la casa, pues, no en vano, su dedicación era precisamente atender la casa, y hacer las tareas propias de la misma, conviviendo con Casimiro , por ser su compañera sentimental, desde tiempo anterior a cambiarse a la vivienda que actualmente ocupaba. En este sentido, su conducta es catalogable como de favorecimiento al traficante apareciendo, de las escuchas, que en una ocasión colaboró con Casimiro , en la venta de droga, al tiempo que daba a entender que conocía perfectamente la actividad a la que se dedicaba Casimiro .

En suma, no realiza una actividad nuclear, sino que se halla en una posición secundaria respecto de Casimiro , con quien, y por su instancia, colabora a ciertos actos típicos. La consumación del delito tratado se anticipa al momento en que, de manera directa o indirecta, se entra en la posesión de la droga y se tiene su disponibilidad, lo cual, evidentemente, no se puede predicar de Lina .

C) Del delito de tenencia ilícita de armas, previsto en el artículo 564, apartado 1º, pto 1º del C.P. es autor, (artículo 28 C.P.), Casimiro , quien tiene reconocido el hecho de tener en su posesión la pistola, sin licencia ni permiso alguno cuando lo cierto es que, en el común de la gente, esta plenamente aceptado la no tenencia de armas de fuego si no es con la debida licencia y permiso que autorice su uso. Tenía, además munición especifica de la misma, y estaba en condiciones de uso, al funcionar correctamente.

D) Y del delito de receptación del artículo 299 del Código Penal, es igualmente, autor (artículo 28 CP), el citado Casimiro ; pues si bien reconoce haberse encontrado en un contenedor todos los efectos que le fueron ocupados, y que su intención era llevarlos a Correos, lo cierto es que no todos los documentos los tenía en el mismo sitio, ya que se encontraron unos en el garaje y otros en la vivienda, lo cual implica una cierta manipulación de los documentos, que, por otro lado, se hallaban con el resto de efectos ocupados al mismo.

CUARTO.- No concurren en ninguno de los acusados circunstancias que eximan, atenúen o agraven la responsabilidad criminal de conformidad con lo establecido en los artículos 19 a 22 del C. Penal. No cabe apreciar atenuante alguna en Casimiro , por cuanto el médico forense informó, respecto del mismo que no presenta patología en relación con la drogadicción, no evidenciándose a la exploración física, estigmas de drogadicción, ni alteraciones psíquicas a la exploración psicopatológica. No existiendo, pues, alteración de sus facultades intelectivas ni volitivas, no hay base atenuante respecto de la alegada drogadicción que sufre el citado Casimiro . (Sent. A.P. Salamanca 6-5-03).

QUINTO.- En cuanto a la determinación -individualización de la pena, con relación a Casimiro , y al primero de los delitos atribuidos al mismo, es de señalar que el artículo 369 del C.P. obliga a imponer las penas privativas de libertad superiores en grado a las previstas en el artículo anterior (368) cuando la cantidad de droga fuera de notoria importancia. En el presente supuesto, se supera la barrera de 750 gramos de sustancia pura, por lo que conforme a lo establecido en los artículos 61 del C.P. (pena para los autores de infracción consumada), artículo 66.1 del C.P., (no concurrencia de circunstancias), y artículo 70.1 del mismo texto, (fórmula para el cálculo de la pena superior en grado), procede imponer al citado Esteban por el delito del artículo 368, en relación con el artículo 369.3 ambos del C.P. la pena de 10 años de prisión y multa de 437.700 euros, (duplo), dada la cantidad de droga intervenida, las circunstancias del acusado y el principio de proporcionalidad de la pena.

Por los delitos de tenencia ilícita de armas, y por el de receptación, ya definidos, se le imponen las penas de un año y tres meses (no admite el hecho de la tenencia ilícita, con las consecuencias aquí contempladas) por el primero, y de ocho meses de multa, a razón de 12 euros día por el segundo, por razón de la habitualidad que presenta, ya que son varios los documentos que se le ocuparon.

Respecto de Lina , por su cualidad de cómplice se le impone la pena de dos años de prisión, en atención a las circunstancias propias del caso y al principio de proporcionalidad de la pena, sin que se establezca pena de multa alguna, conforme a lo dicho por el Ministerio Fiscal.

Las penas de prisión llevarán aneja la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena. Y la absoluta, según el artículo 55 C.P.

SEXTO.- Se decreta el comiso de la droga intervenida, efectos y dinero aprehendido, dándose a una y otros el destino legal. Igualmente respecto al arma y munición ocupada.

SEPTIMO.- De conformidad con lo preceptuado en los artículos 123 del C.P. y 240 de la LECrim, se imponen las costas procesales de la causa, a los procesados, por mitad e iguales partes.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución,

F A L L A M O S

Que debemos condenar y condenamos al procesado Casimiro , como autor responsable de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, y en notoria importancia, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y multa de 437.700 euros; asimismo, condenamos al mismo, como autor responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, y un delito de receptación, ya definidos, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, por el primero y a la de ocho meses de multa (a razón de 12 euros día), por el segundo. Así como al pago de la mitad de las costas procesales.

Igualmente, debemos absolver y absolvemos a Lina , del grado de autoría de un delito contra la salud pública, de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, del que viene siendo acusada por el Ministerio Fiscal, y la condenamos como cómplice de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación durante la condena para el derecho de sufragio pasivo, y al pago de la mitad de las costas.

Para el cumplimiento de las penas que se imponen declaramos de abono todo el tiempo que hayan estado, los acusados, privados de libertad por los hechos objeto de la presente causa.

Se decreta el comiso de la droga incautada, del arma y munición ocupados, y del resto de efectos y dinero aprehendido, a los que se dará el destino legal.

Se ratifica el auto de insolvencia dictado por el instructor, respecto de Lina .

Reclamase del Juzgado Instructor debidamente conclusa la pieza de responsabilidad civil, de Casimiro .

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas y a los acusados en su persona.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicta, hallándose celebrado audiencia pública en el día de su fecha.- doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010).

Atentamente,

R. Gómez

 

Si Usted acepta esta respuesta percibié ingresos de just answer si acepta la respuesta de otro abogado percibirá el otro letrado y no yo, Usted decide

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Efectivamente nos esta trasladando pocos datos, y la duda sobre las penas va estar en función de la imputación y el grado de comisión sobre el delito que el fiscal vea en la actuación de cada uno.

 

Por ello no sabemos si verán ilícito penal o administrativo.

 

Quien mejor información tiene es tu abogado, y si te está recomendando negociar, me adhiero a ese consejo, para que te rebajen ese tercio de la pena, y no te cambien la imputación en el grado de participación een el delito

 

Si necesita aclaración por favor solicitela

 

Si le he aclarado sus dudas por favor acepte

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Al margen de los pocos datos de los que disponemos si la puedo transmitir seguridad y confianza en cuanto que no ingresará Usted en prisión si alcanza un acuerdo de conformidad con la pena impuesta por Fiscalía dese cuenta que se aplica la pena en su mitad inferior y se rebaja 1/3 por conformidad con la misma.... si no tiene antecedentes penales es muy dificil que le impongan , tras reducciones de pena, más de dos años. Para ello es importante que su abogado negocie bien.

Si no hubiese en las escuchas una conversación en la que se la relacione con ganancias obtenidas de la venta de droga, podría no negociar e ir a juicio pudiendo llegar a ser absuelta, tal y como sucede en la sentencia que le adjunto:

Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª).Sentencia núm. 120/2008 de 27 febrero

RJ\2008\1572

TRAFICO DE DROGAS: AUTOR: No puede darse por la simple convivencia en relaciones familiares o análogas bajo un mismo techo, pues es preciso tener participación efectiva en alguna de las conductas tipificadas; COMPLICE: Existencia: acusada que guarda temporalmente en el domicilio compartido con el verdadero destinatario de la droga, su compañero sentimental, 7080 comprimidos de MDMA, con un peso bruto de 1841 gramos, un peso neto de 1.830 g y una pureza de 30,6%, entregado por un tercero, con ausencia de cualquier concierto en que interviniera ella respecto del plan de quien le había dado la droga y su compañero sentimental: supuesto de colaboración mínima.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Casación núm. 1769/2007

Ponente: Excmo Sr. juan ramón berdugo y gómez de la torre

 

El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la Sentencia de fecha 26-05-2007dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona.

 

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de febrero de dos mil ocho.

En el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por EL MINISTERIO FISCAL, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Segunda, que absolvió a la acusada, por un delito contra la salud Pública, con fecha 26 de mayo de 2007 ( PROV 2007, 303495) el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Carlos Iglesias Martín dictó voto Particular en el que considera que la acusada Paloma, en concepto de cómplice contra la salud publica; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida la acusada representada por la Procuradora Sra. Millan Valero.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO

El Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró instruyó sumario con el número 2 de 2003, contra Paloma, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, cuya Sección Segunda, con fecha 26 de mayo de 2007 ( PROV 2007, 303495) , dictó sentencia, que contiene los siguientes:

HECHOS PROBADOS: La procesada Paloma, mayor de edad y sin antecedentes penales, en fecha no determinada del mes de febrero de 2003 recibió de persona o personas desconocidas en su domicilio sito en la urbanización Can Cabor de Argentona 7080 comprimidos de Metil-doxi-Metanfetamina (MDMA), con un peso bruto de 1841 gramos, un peso neto de 1830 gramos y una pureza de 30,6% con un valor aproximado en el mercado de 75.756 euros y que guardó debajo de un sofá. En fecha 19 de febrero de 2003 y con motivo de una entrada y registro practicado en dicho domicilio se encontró dicha sustancia en el interior de dicho sofá.

No consta suficientemente que la Sra. Paloma conociera el contenido de lo que le fue entregado.

SEGUNDO

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento ( PROV 2007, 303495) :

FALLO: Que debemos absolver y absolvemos a Paloma del delito contra la salud publica de que venia siendo acusada por el Ministerio Fiscal, declarándose de oficio las costas procesales causadas.

Dése a la sustancia intervenida el destino reglamentario.

TERCERO

Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley, por el MINISTERIO FISCAL, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO

El Ministerio Fiscal, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACION.

Primero. Al amparo del art. 849.1 LECrim ( LEG 1882, 16) por indebida inaplicación del art. 368 y 369.3º en relación con el art. 28.2º b) CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) .

Segundo. Subsidiario del motivo anterior, Al amparo del art. 849.1 LECrim. por indebida inaplicación del art. 368 y 369.3º en relación con el art. 29 CP.

QUINTO

Instruidas las partes del recurso interpuesto; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

SEXTO

Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día catorce de febrero de dos mil ocho.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

articula el Ministerio Fiscal su recurso en dos motivos por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim. ( LEG 1882, 16) por indebida inaplicación del art. 368 y 369.3 en relación con el art. 28.2 b) -autoría por cooperación necesaria- (motivo primero), y subsidiariamente por indebida inaplicación de los mismos preceptos en relación con el art. 29 CP. ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) -complicidad- por estimar la Audiencia que absolvió a la acusada del delito de trafico de sustancias estupefacientes que faltaba el elemento subjetivo del injusto por desconocer aquella que el paquete que recibió contiene dicha sustancia.

Estima el Ministerio Fiscal que el juicio de inferencia de la mayoría de la Sala de instancia se alejó de las reglas de la lógica y máximas de experiencia, siendo más acorde con estos parámetros la posición expresada en el voto particular que concluyó que la acusada conocía la naturaleza y cantidad de la sustancia que recibió.

Ciertamente los juicios de valor sobre intenciones y los elementos subjetivos del delito pertenecen a la esfera del sujeto, y salvo confesión del acusado en tal sentido ( STS 22.5.2001 [ RJ 2001, 5662] ), solo pueden ser perceptibles mediante juicio inductivo a partir de datos objetivos y materiales probados.

En efecto esta Sala - STS 1003/2006 de 19.10 ( RJ 2006, 7706) - considera juicios de inferencia las proposiciones en que se afirma o eventualmente se niega, la concurrencia de un hecho subjetivo, es decir, de un hecho de conciencia que, por su propia naturaleza no es perceptible u observable de manera inmediata o directa..

Esta conclusión debe deducirse de datos externos y objetivos que consten en el relato fáctico y aun cuando el propio juicio de inferencia se incluya también en el relato fáctico como hecho subjetivo es revisable en casación tanto por la vía de la presunción de inocencia, art. 852 LECrim. ( LEG 1882, 16) en relación con el art. 5.4 LOPJ. ( RCL 1985, 1578, 2635) , como por la del art. 849.1 LECrim., por cuanto el relato de hechos probados de una sentencia es vinculante cuando expresa hechos, acontecimientos o sucesos, pero no cuando contiene juicios de inferencia, que puedan ser revisados vía recurso, siempre que se aporten elementos que pongan de relieve la falta de lógica y racionalidad del juicio, en relación con los datos objetivos acreditados ( SSTS 30.10 [ RJ 1995, 7695] y 11.12.95 [ RJ 1995, 9237] , 31.5.99 [ RJ 1999, 5269] ).

Por tanto, tal como decíamos en la STS 1511/2005 de 27.12 ( RJ 2006, 1326) , los juicios de valor no son hechos en sentido estricto y no son datos aprehensibles por los sentidos, si bien son revisables en casación por el cauce procesal del art. 849.1 LECrim. y ello supone que el elemento subjetivo expresado en el hecho probado pertenece a la tipicidad penal y supone una actividad lógica o juicio de inferencia, porque como lo subjetivo y personal aparece escondido en los pliegues de la conciencia, puede ser inducido únicamente por datos externos, concluyentes y suficientemente probados en la causa ( STS 394/94 de 23.2 [ RJ 1994, 1559] ).

En definitiva la revisión de los denominados juicios de valor e inferencias se refiere a los elementos internos del tipo (como el dolo, el animo que guía al acusado, el conocimiento de determinada cuestión o posesión para el tráfico), no a cualquier actividad deductiva o de inferencia. Estos elementos internos, -se dice en la STS 778/2007 de 9.10 ( RJ 2007, 6298) - al no ser propiamente hechos sino deducciones derivadas de hechos externos pueden ser revisables en casación, controlando la suficiencia del juicio de hecho, la inferencia en sí, que no es más que una forma de prueba indirecta de hechos internos que han de acreditarse a través de hechos externos, por lo que en esta materia, que entremezcla cuestiones fácticas con conceptos y valoraciones jurídicas, el criterio del Tribunal de instancia no es vinculante y es revisable vía art. 849.1 LECrim. si bien en estos casos esta Sala ha de limitar su contenido a constatar si tal inferencia responde a las reglas de la lógica y se adecua a las normas de experiencia de los criterios científicos.

SEGUNDO

Expuesto lo anterior, en la cooperación, la determinación de cuando es meramente eficaz, calificada de complicidad y cuando, además, es necesaria, considerada como autoría, se oponen una concepción abstracta y una concreta. Para la primera, ha de determinarse si el delito se habría podido efectuar o no sin la cooperación del participe, en tanto para la segunda por la jurisprudencia ha de investigarse si, en ese caso concreto, ha contribuido necesariamente a la producción del resultado como condición sine qua non, formulándose en la doctrina, para determinar tal necesidad, la teoría de los bienes escasos, tanto en las contribuciones que consisten en la entrega de una cosa, como en las que son de un mero hacer, y la del dominio del hecho ( STS 1217/2004 de 2.11 [ RJ 2004, 8091] ).

Existe cooperación necesaria cuando se colabora con el ejecutor directo aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido (teoría de la conditio sine qua non), cuando se colabora mediante la aportación de algo que no es fácil obtener de otro modo (teoría de los bienes escasos) o cuando el que colabora puede impedir la comisión del delito retirando su concurso (teoría del dominio del hecho) ( STS 1159/2004 de 28.10 [ RJ 2004, 7694] ).

En la STS 699/2005 de 6.6 ( RJ 2005, 5848) , se reconoce que para la distinción entre cooperación necesaria y complicidad, entre la teoría del dominio del hecho y la de la relevancia, la jurisprudencia, aún con algunas vacilaciones, se ha decantado a favor de esta última, que permite, a su vez, distinguir entre coautores y cooperadores necesarios, visto que "el dominio del hecho depende no sólo de la necesidad de la aportación para la comisión del delito, sino también del momento en que la aportación se produce "de modo que" el que hace una aportación decisiva para la comisión del delito en el momento de la preparación, sin participar luego directamente en la ejecución, no tiene, en principio, el dominio del hecho" y así "será un participe necesario, pero no coautor", concluyendo que "lo que distingue al cooperador necesario del cómplice no es el dominio del hecho, que ni uno ni otro tienen. Lo decisivo a este respecto es la importancia de la aportación en la ejecución del plan del autor o autores".

Como decíamos en la STS 147/2007 de 19.2 ( RJ 2007, 3593) , la complicidad criminal requiere una participación meramente accesoria, no esencial, que se ha interpretado jurisprudencialmente en términos de imprescindibilidad o no concreta o relacionada con el caso enjuiciado ( STS 1001/2006 de 18.10 [ RJ 2006, 8033] ), no en términos de hipotéticas coyunturas comisivas. Debiendo existir entre la conducta del cómplice y la ejecución de la infracción, una aportación que aunque no sea necesaria, facilite eficazmente la realización del delito de autor principal ( STS 185/2005 de 21.2 [ RJ 2005, 4970] ).

La complicidad - dice la STS 1216/2002 de 28.6 ( RJ 2002, 7980) -, requiere el concierto previo o por adhesión («pactum scaeleris»), la conciencia de la ilicitud del acto proyectado («consciencia scaeleris»), el denominado «animus adiuvandi» o voluntad de participar contribuyendo a la consecución del acto conocidamente ilícito y finalmente la aportación de un esfuerzo propio, de carácter secundario o auxiliar, para la realización del empeño común. Se distingue de la coautoría en la carencia del dominio funcional del acto y de la cooperación necesaria en el carácter secundario de la intervención, sin la cual la acción delictiva podría igualmente haberse realizado, por no ser su aportación de carácter necesario, bien en sentido propio, bien en el sentido de ser fácilmente sustituible al no tratarse de un bien escaso.

Tiene declarado este Tribunal que el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa criminal en el que todos están interesados. Se trata, no obstante, como acabamos de exponer, de una participación accidental y de carácter secundario. El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. Quiere ello decir, por tanto, que para que exista complicidad han de concurrir dos elementos: uno objetivo, consistente en la realización de unos actos relacionados con los ejecutados por el autor del hecho delictivo, que reúnan los caracteres ya expuestos, de mera accesoriedad o periféricos; y otro subjetivo, consistente en el necesario conocimiento del propósito criminal del autor y en la voluntad de contribuir con sus hechos de un modo consciente y eficaz a la realización de aquél, ( SSTS 5.2.98 [ RJ 1998, 424] , 24.4.2000 [ RJ 2000, 3718] ).

Ahora bien, en el delito del art. 368 del Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) al penalizar dentro del mismo marco penal todos los comportamientos que suponen aportación causal a la actividad de los autores en sentido estricto, ha definido un concepto extensivo de autor ( SSTS 10.3.97 [ RJ 1997, 1706] y 6.3.98 [ RJ 1998, 2807] ). Por ello la doctrina de esta Sala STS 1069/2006 de 2.11 ( RJ 2006, 8257) , ha establecido el criterio según el cual, y como regla general, en el tipo delictivo del art. 368 CP. y por expresa voluntad del legislador, toda forma de participación que implique una colaboración en actividades de trafico de drogas, es una forma de autoría al haber sido equiparada con ésta las formas imperfectas de participación por la propia Ley. Pero la misma doctrina no excluye la existencia de excepciones en supuestos concretos de mínima colaboración mediante actos fácilmente reemplazables, accesorios y de escasa o exigua eficacia para el trafico ilegal efectuado por el autor genuino.

Este criterio ha sido asumido y declarado en numerosas resoluciones de esta Sala, pudiéndose citar, entre otras, la de 25.2.2003 ( RJ 2003, 2300) que comprenden otras muchas y en la que se pone de manifiesto que, se ha admitido, conforme se expone en la sentencia de esta Sala de 14.6.95 ( RJ 1995, 5345) , la aplicación de la complicidad que permite una más proporcionada individualización de las responsabilidades penales derivadas del delito de trafico de drogas, distinguiendo la del verdadero traficante de la del que presta a éste un servicio auxiliar.

Es lo que se ha venido a denominar "actos de favorecimiento al favorecedor del trafico", que no ayudan directamente al trafico, pero si a la persona que lo favorece, que es quien tiene el dominio del hecho mediante la efectiva disponibilidad de la droga, sin que los actos realizados por el auxiliador tengan la eficacia y trascendencia que exige el concepto de autoría.

La sentencia de esta Sala 312/2007 de 20.4 ( RJ 2007, 2444) , enumera "ad exemplum" diversos casos calificados de complicidad:

a) el mero acompañamiento a los compradores con indicación del lugar donde puedan hallar a los vendedores.

b) la ocultación ocasional y de poca duración de una pequeña cantidad de droga que otro poseía.

c) la simple cesión del domicilio a los autores por pura amistad para reunirse sin levantar sospechas ( STS 15.10.98 [ RJ 1998, 9212] ). En el mismo sentido STS 28.1.2000 ( RJ 2000, 172) .

d) la labor de recepción y desciframiento de los mensajes en clave sobre el curso de la operación ( STS 10.7.2001 [ RJ 2001, 6374] ).

e) facilitar el teléfono del suministrador y precio de la droga ( STS 25.2.2003 [ RJ 2003, 2300] ).

f) realizar llamadas telefónicas para convencer y acordar con tercero el transporte de la droga ( STS 23.1.2003 [ RJ 2003, 1993] ).

g) acompañar y trasladar en su vehículo a un hermano en sus contactos para adquisición y trafico ( STS 7.3.2003 [ RJ 2003, 2815] ).

h) colaboración de un tercero en los pasos previos para la recepción de la droga enviada desde el extranjero, sin ser destinatario ni tener disponibilidad efectiva de la misma, ( STS 30.3.2004 [ RJ 2004, 2814] ).

TERCERO

En el caso de autos, la sentencia de instancia, Fundamento Derecho primero, analiza las declaraciones de la testigo María del Pilar y considera que las mismas solo apoyan de forma clara y contundente una mera colaboración puntual de la acusada al guardar en casa el paquete con las pastillas que podía haber sido aportado por persona o personas desconocidas únicamente para el acompañante de aquella como persona encargada de su posterior trafico, es decir, que, desde el punto de vista objetivo, considera que solo nos encontraríamos ante un concreto caso de intermediación o favorecimiento de la conducta típica de su compañero sentimental que bien pudiera encuadrarse en un acto de complicidad.

Pronunciamiento conforme con la doctrina jurisprudencial expuesta, pues, en todo caso, nos encontraríamos ante una guarda temporal en el domicilio compartido con el verdadero destinatario de la droga -su compañero sentimental- del paquete que la contenía, entregado por un tercero, con ausencia de cualquier concierto en que interviniera la acusada respecto del plan de quien le había dado la droga y su compañero sentimental.

No puede, por ello, afirmarse que la acusada tuviera el dominio funcional del hecho en el sentido de que le perteneciera como suyo, aunque fuera como conjetura dentro de un reparto concertado de tareas, sino que su conducta no fue más allá de lo estrictamente auxiliar, y no parece que, atendido el plan del autor, el auxilio prestado aparezca ex ante como bien escaso determinante del sí del hecho.

Por el contrario la colaboración se muestra como transitoria y no difícilmente obtenible de otras personas, además de no incluida en plan concertado con quien fuera protagonista del trafico. Seria un supuesto de colaboración mínima encuadrable en la complicidad que prevé el art. 29 CP. ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , véase la STS 114/2007 de 22.1 ( RJ 2007, 2558) , y la conducta que se describe en el relato histórico de la STS 172/2006 de 22.2.2006 ( RJ 2006, 5498) la acción delictiva de contar, clasificar y empaquetar las drogas que un cuarto acusado guardaba en la vivienda y que debían ser trasladadas por este a una localidad, constituye objetivamente una contribución útil a la actividad delictiva; sin embargo, no existe indicio alguno que permita sostener que los tres coadyuvantes participaran de algún modo en la actividad delictiva a que se dedicaba el autor, ni que hubieran efectuado otros actos de colaboración que no sea el que concretamente especifica la sentencia, ni tampoco que hubieran recibido o pensado recibir beneficio de esa ayuda puntual y esporádica que, por otra parte, su capacidad contributiva al delito es, como advierte el Tribunal de instancia, "de menor entidad", ello hace que se califiquen de cómplices.

El Ministerio Fiscal impugna en su recurso la deducción de la Audiencia que, no obstante lo anterior, considera que no puede concluirse de forma inequívoca que la acusada conociera concretamente el contenido del paquete recibido, por cuanto si bien es cierto que el hecho que la procesada escondiera el paquete debajo de la butaca, puede significar inequívocamente que conocía su origen ilícito, pero no puede establecerse que pudiera pensar en la concreta naturaleza y cantidad de droga que portaba, pudiendo haberse planteado que se trataba de algo relacionado con otra actividad ilícita. Razonamiento éste que aun siendo posible, no está sustentada en elementos objetivos ni en ningún dato real, pues al valorar la Sala las expresiones del testigo, interpretó, sin fundamento alguno, que el conocimiento de que se trataba de pastillas podría referirse al momento del registro no a cuando recepcionó y oculto el paquete, y en todo caso, el hecho desarrollado por la recurrente puede serle atribuido por dolo eventual, pues recepcionó y están en posesión del paquete, pudo comprobar y conocer su contenido y haberse desprendido del mismo y sin embargo, ningún comportamiento demostró en este sentido, sino que por el contrario escondió el mismo para entregárselo a su destinatario porque esa era su voluntad demostrada y asumida.

CUARTO

Hemos de partir de que la coautoría o cualquier otra forma de participación en la tenencia de drogas para el trafico no puede darse por la simple convivencia en relaciones familiares o análogas bajo un mismo techo, pues es preciso tener participación efectiva en alguna de las conductas tipificadas (SSTS 15.5.96 , 30.3.97 , 7.2.98 [ RJ 1998, 945] , 17.3.2003 [ RJ 2003, 2910] , 18.10.2005 [ RJ 2005, 7600] ).

Como decíamos en la STS 181/2007 de 7.3 ( RJ 2007, 1782) es necesario recordar que entre los principios fundamentales del Derecho Penal ha sido reconocido sin excepciones el de responsabilidad personal. De acuerdo con este principio, la base de la responsabilidad penal requiere como mínimo, la realización de una acción culpable, de tal manera que nadie puede ser responsable por las acciones de otro. El Tribunal Constitucional 131/87 ( RTC 1987, 131) ha sostenido que "el principio de la personalidad de las consecuencias jurídico-penales se contiene en el principio de legalidad". De la vigencia de este principio se derivan exigencias para la interpretación de la Ley Penal. En particular se impone al interprete establecer claras delimitaciones objetivas en los tipos en los que el aspecto exterior de la conducta está descrito en la Ley de manera tan ambigua que no es posible una aplicación literal del mismo, ello es lo que ocurre indudablemente en los tipos penales que se caracterizan por la posesión de determinados objetos, pero en los que la acción se puede realizar, naturalmente, aunque la posesión no se exteriorice en una tenencia permanente de ellas (tenencia de armas, art. 563 CP [ RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777] , de cosas provenientes de delitos, art. 298 a) y de drogas, art. 368). En estos delitos se presenta con frecuencia el problema de distinguir entre la realización del tipo y los casos de aquellas personas inculpadas que tengan simplemente un acceso a los objetos prohibidos como consecuencia de la convivencia familiar con el autor, sin realizar aporte alguno que exteriorice el contenido criminal que caracteriza a todo tipo penal, en tanto descripción de conductas gravemente contrarias al orden social.

En el supuesto de la tenencia de drogas con propósito de tráfico, previsto en el art. 368 CP. el acceso a la droga que tiene el cónyuge, el padre, hijo o persona que convive con otra de manera análoga no puede comportar por si sola la realización del tipo penal. Naturalmente que en este delito es posible compartir la tenencia y que esto es posible también cuando se la comparte entre cónyuge o entre padres e hijos, o demás moradores de la vivienda Pero en la medida en que es preciso excluir la responsabilidad penal por hechos ajenos, se requerirán que en estos casos se acrediten circunstancias adicionales que vayan más allá de la mera convivencia familiar y que permitan deducir la coautoría en el sentido de real coposesión de las drogas.

Estas circunstancias pueden ser muy diversas, en cada caso y difícilmente se podrían reducir a un catálogo cerrado, no obstante lo cual exigirán una comprobación positiva de los elementos que diferencian la convivencia familiar con el autor respecto de la coautoría misma, pues la sola relación familiar no puede ser fundamento válido de la coautoría de la tenencia.

En efecto la posesión ilícita no puede deducirse del solo hecho de la convivencia bajo el mismo techo, aunque en el domicilio se ocupen drogas y determinados útiles para su manipulación, si no aparecen otras pruebas o indicios. En el Derecho Penal instaurado y basado en el principio de culpabilidad, art. 1 CP, no puede admitirse ningún tipo de presunción de participación por aquella vida en común, incluso por el conocimiento que uno de los convivientes tenga del tráfico que el otro realiza.

De otra manera en dichos delitos se burlaría por esta vía de exclusión de la obligación de denunciar a los allegados o de declarar contra el pariente, art. 416 LECrim. ( LEG 1882, 16) , o incluso de la prohibición de encubrir, art. 454 CP, que ha dispuesto el legislador, reemplazándola por una autoría fundada en la mera convivencia familiar ( SSTS 4.12.91 [ RJ 1991, 8971] , 4.4.2000 [ RJ 2000, 2524] , 4.2.2002 [ RJ 2002, 3251] ), que dice textualmente: "el conocimiento de la futura comisión del delito por quien según la jurisprudencia de esta Sala citada en la sentencia recurrida, no es garante de impedir su realización es completamente insuficiente para justificar su condena pro el delito de tráfico de drogas. En efecto, el conocimiento de la acción realizada por otros no constituye una "activa participación" en el delito, como lo entendió la Audiencia, dado que conocer no es actuar y que el conocimiento, sin la realización de la acción da lugar a una omisión de actuar, que solo seria relevante en el caso que el omitente fuera garante".

Ahora bien es cierto que el recurso -siguiendo la convicción asumida por el Magistrado disidente expresada en su voto particular- no deriva la responsabilidad de Paloma de esa mera convivencia con el destinatario del paquete, sino de su puntual actividad ocultando éste, conociendo su contenido, pero este conocimiento no es asumido en la sentencia que plantea otras hipótesis que considera también razonables, valorando, precisamente la declaración de aquella testigo María del Pilar en el juicio oral para entender probado -y así lo plasma en el relato fáctico- que la acusada recibió y se hizo cargo del paquete que contenía las pastillas que guardó debajo de un sofá, pero no que conociera concretamente su contenido, y para ello tiene en cuenta no solo el resultado de las conversaciones telefónicas intervenidas por auto judicial de las que no hay motivo para deducir la participación de la procesada en el trafico de drogas, sino la testifical de los Agentes de la Policía Nacional núm. NUM000 y NUM001 que no apoyan que existiera investigación alguna en relación a que la misma se dedicara a aquel trafico, y a los que no se les interrogó en el juicio oral sobre si por el peso y aspecto externo del paquete era posible conocer su contenido.

El recurrente -como se señala en las SSTS 778/2007 de 9.10 ( RJ 2007, 6298) y 56/2006 de 25.1 ( RJ 2006, 1038) pretende una revisión de esta valoración de la actividad probatoria, sustituyendo la realizada por el tribunal por otra, la que proporciona en el recurso, que estima mas adecuada a la prueba practicada en el enjuiciamiento. Esa pretensión no puede ser atendida al carecer esta Sala de la precisa inmediación en la práctica de la prueba. En parecidos términos se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por todas STS 170/2005, de 20 de junio ( RTC 2005, 170) , que reproduciendo la STC 167/2002, de 18 de septiembre ( RTC 2002, 167) , ha precisado "la doctrina en relación con la exigencia de respetar las garantías de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de las pruebas en la segunda instancia penal, adaptando la interpretación constitucional del derecho a un proceso con todas las garantías a las exigencias del art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades públicas ( RCL 1979, 2421) , en la interpretación que de él viene haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las facultades que el art. 795 de la Ley de enjuiciamiento criminal ( LEG 1882, 16) (LECivrim) otorga al Tribunal ad quem en el recurso de apelación (que le atribuyen plena jurisdicción y desde luego le permiten revisar y corregir la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez a quo y modificar los hechos probados) deben respetarse las garantías constitucionales del art. 24.2 CE ( RCL 1978, 2836) , lo que se traduce en la exigencia de publicidad, inmediación y contradicción para proceder a una nueva valoración de la prueba en segunda instancia, si bien ello no implica en todo caso la necesidad de nueva práctica de pruebas o la celebración de vista pública en la segunda instancia, sino que ello dependerá de las circunstancias del caso y de la naturaleza de las cuestiones a juzgar.

En efecto, tanto la STC 167/2002 como las Sentencias posteriores que han apreciado la vulneración del derecho al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) en aplicación de esta doctrina y que la han ido perfilando, resuelven supuestos en los que, tras una Sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y sustituida por una Sentencia condenatoria, después de realizar una diferente valoración de la credibilidad de testimonios (declaraciones de los acusados o declaraciones testificales) en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la conclusión condenatoria, medios de prueba que, por su carácter personal, no podían ser valorados de nuevo sin inmediación, contradicción y publicidad, esto es, sin el examen directo y personal de los acusados o los testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción (entre otras, SSTC 197/2002, de 28 de octubre [ RTC 2002, 197] , F. 4; 198/2002, de 28 de octubre [ RTC 2002, 198] , F. 2; 200/2002, de 28 de octubre [ RTC 2002, 200] , F. 6; 212/2002, de 11 de noviembre, F. 3; 230/2002, de 9 de diciembre, F J 8; 47/2003, de 27 de febrero [ RTC 2003, 47] , F. 5; 189/2003, de 27 de octubre, F. 5; 10/2004, de 9 de febrero, F. 7; 12/2004, de 9 de febrero [ RTC 2004, 12] , F. 4; 40/2004, de 22 de marzo [ RTC 2004, 40] , FF. 5 y 6; 111/2005, de 9 de mayo [ RTC 2005, 111] , FF. 1 y 2)".

En esta jurisprudencia se admite que el tribunal de la revisión puede formar su convicción contraria a la de la primera instancia absolutoria cuando el material probatorio que valora se concreta en una prueba no sujeta a la percepción inmediata, como la prueba personal, o cuando la discrepancia es sobre un aspecto eminentemente jurídico. La Ley procesal ya recogía esta doctrina en el art. 741 al referir la valoración de las pruebas practicadas en el juicio oral, es decir, con inmediación.

El recurrente solicita una nueva valoración de la prueba practicada. Concretamente fija su pretensión revisora sobre lo que considera deducciones erróneas de las declaraciones del acusado y sus testigos, sobre las que plantea unas deducciones que entiende mas acordes con una valoración razonable de la prueba, expresando sus dudas sobre las realizadas por el tribunal al tiempo que expresa lo que considera mas razonable, para la participación de la acusada en el tráfico ilícito.

La desestimación es procedente por lo anteriormente expuesto.

La credibilidad de la prueba personal es valorada por el órgano jurisdiccional que con percepción inmediata ha presenciado su desarrollo, pues solo este Tribunal ha cumplido con las exigencias del art. 741 LECrim. ( LEG 1882, 16) "las pruebas practicadas en el juicio oral", y en esta versión casacional se constata que dicho Tribunal ha realizado una valoración razonada que expresa en la fundamentación de su convicción. La valoración del Ministerio Fiscal que también pueda ser razonable, no alcanza a desvirtuar la expresada por el Tribunal de instancia, sin que en este supuesto, en el que se pretende una condena contra una persona absuelta pueda ser atendida la doctrina de la alternativa razonable ( STS 1027/2005 de 28.9 [ RJ 2005, 8775] ). La jurisprudencia de esta Sala ha señalado que, en estos supuestos, la posibilidad de una alternativa a la declarada por el Tribunal que fuera igualmente razonable, daría lugar al planteamiento de una duda de hecho ( STS 390/2003 de 18.3 [ RJ 2003, 2670] ), es decir, la alternativa razonable posibilita la actuación del "in dubio pro reo", y en consecuencia la absolución de la imputación.

QUINTO

Dado el tenor de la siguiente resolución las costas se declaran de oficio (art. 901 LECrim. [ LEG 1882, 16] ).

III. FALLO

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, contra sentencia de 26 de mayo de 2007 ( PROV 2007, 303495) , dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Segunda, que absolvió a la acusada Paloma del delito contra la salud publica de que venia siendo acusada.

Comuníquese esta resolución al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Carlos Granados Pérez D. Joaquín Giménez García D. Julián Sánchez Melgar D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre D. José Antonio Martín Pallín

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010).

 

Por último por favor si le ha parecido correcto el asesoramiento prestado por este letrado, ruego acepte esta respuesta.

R. Gómez

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Como ve somos dos lo expertos recomendandole lo mismo, que siga el consejo de su abogado y que negocie con fiscalia

 

Si la he ayudado, por favor acepte

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.
No se aporta nada nuevo, además se confunde al usuario al recoger en la contestación inicial que puede ser sancionada administrativa y penalmente cuando eso es imposible - principio non bis in idem- , máxime cuando ya hay diligencias penales con lo que la sanción administrativa es inviable. Por lo tanto, en ningún momento se ha manifestado lo mismo por los dos expertos. Por parte nuestra se le ha facilitado más información y se le ha aportado sentencias con las que poder hacerse una composición de lugar a la hora de tomar una decisión, sin limitarnos a "pegar" artículos y recomendar hacer lo que diga su abogado... por lo tanto discrepamos del otro experto, Usted puede decidir quien considera que le ha ayudado más con sus respuesta.Atentamente,R. Gómez

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