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Pulmasina S.L, dedicada a la compraventa de solares, ha tomado

Pregunta del cliente

Pulmasina S.L, dedicada a la compraventa de solares, ha tomado la decisión de modificar las funciones de determinados trabajadores. Tal modificación de funciones ha sido justificada por la empresa por motivos presupuestarios, dado que la empresa se ha visto muy afectada por la actual crisis inmobiliaria. En particular, los cambios afectan los siguientes trabajadores:

—Julia M., con formación de enseñanza secundaria obligatoria (ESO) y 10 años de experiencia profesional es oficial administrativo de 1ª (grupo profesional 5º). La empresa desea que realice funciones superiores, concretamente de jefe de 2ª administrativo (grupo profesional 4º). El convenio colectivo aplicable exige el nivel de Bachillerato para acceder al grupo profesional 4º.

—Marcos J. es conserje (grupo profesional 6º). La empresa desea que realice funciones inferiores pasando a desempeñar tareas de ordenanza (grupo profesional 7º).

—Andrés L., diplomado en ciencias empresariales y es jefe de 1ª (grupo profesional 3º). La empresa desea que realice funciones superiores, concretamente, de graduado social (grupo profesional 2º).






1. ¿Qué límites tiene la empresa para cambiar las funciones de Julia M.?

2. ¿Qué derechos económicos disfrutará la trabajadora?

3. Por el momento no hay previsión de que regrese a su anterior categoría, si la trabajadora prestase servicios en dicha categoría superior durante seis meses, ¿tendría alguna posibilidad de consolidar esa categoría profesional?, ¿debe la empresa proceder a la reclasificación automática una vez transcurrido dicho periodo?

4. ¿Qué límites tiene la empresa para cambiar las funciones de Don Marcos J.? ¿Qué derechos económicos disfrutará el trabajador?

5. Si el trabajador Andrés L. pasase a realizar las funciones de graduado social, ¿qué derechos económicos tendría el trabajador?, por otra parte ¿dicha movilidad sería ajustada a derecho?


CADA RESPUESTA EN SU PREGUNTA
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

1. ¿Qué límites tiene la empresa para cambiar las funciones de Julia M.?

 

El art. 35.1 CE reconoce el derecho a «la libre elección de profesión y oficio» ( art. 35.1 CE), pero ello no es obstáculo para que el legislador exija una determinada titulación profesional, ni para que en este ámbito concreto de la movilidad funcional -aun siendo voluntaria- se requiera una habilitación profesional para realizar las funciones que a raíz de la misma se puedan encomendar. Se trata de un límite de orden público, del que las partes no pueden disponer.

El art. 35.1 CE admite que los poderes públicos, para garantizar los intereses generales, intervengan «en el ejercicio de ciertas actividades profesionales, sometiéndolas a la previa obtención de una autorización administrativa o a la superación de ciertas pruebas de aptitud (...)» ( art. 35.1 CE); la intensidad de dicha intervención habrá de graduarse en función de los intereses concurrentes en cada momento, pues el art. 35.1 CE admite «diversos grados de control estatal de las actividades profesionales según sea la mayor o menor importancia constitucional de los intereses que con su ejercicio se ponen en juego. De manera que cuanto más relevancia social tuvieran dichos intereses, mayor sería el nivel de conocimientos requeridos para el desempeño de la actividad profesional que sobre ellos incidieran; y, lógicamente, mayor habría de ser el grado de control estatal sobre los mismos, y más grave la sanción imponible en caso de desempeño de los «actos propios» de dicha profesión por quienes no estuvieran oficialmente capacitados para ello» ( STC 111/1993, 25-3-1993 [RTC 1993, 111] ; en el mismo sentido, STC 122/1989, 6-7-1989 [RTC 1989, 122] ).

Cuando la exigencia detitulación académica o profesionalpara desempeñar un determinado trabajo viene impuesta por lalegislación estatal o autonómica, suele fundamentarse en una referencia general al orden público ( STS 30-9-1992 [RJ 1992, 6828] ; STS 3-6-1992 [RJ 1992, 4517] ), lo cual, aunque no se especifique, remite en última instancia a un intento de atender los intereses generales del usuario del servicio, de quienes lo ofertan, o de quienes intervienen o median entre un punto y otro (como el sistema educativo). Es, pues, un límite de orden público con naturaleza compleja. En ocasiones se atiende de manera explícita y directa a la calidad del servicio prestado ( STSJ Andalucía 19-4-1993 [AS 1993, 1761] ), a la protección del propio sistema educativo ( STS 20-1-1994 [RJ 1994, 357] ; STS 30-3-1992 [RJ 1992, 1887] ), o a la necesidad de evitar el intrusismo profesional ( STSJ Andalucía 11-5-1993 [AS 1993, 2348] ).

Cuando la exigencia de latitulación académica o profesionalviene dispuesta por lanormativa convencionalel interés protegido suele ser el sistema de promoción profesional, para «mantener un nivel cultural y técnico que resulte más adecuado en una actividad profesional determinada» ( STS 20-1-1994 [RJ 1994, 357] ; STSJ Castilla-La Mancha 5-2-1993 [AS 1993, 1107] ), o las «conveniencias organizativas o laborales de la empresa» ( STS 25-3-1994 [RJ 1994, 2638] ).

La exigencia de título habilitante suele entenderse referida no tanto a la posesión del documento formal que lo acredite, como al hecho de haber finalizado los estudios y estar en condiciones de obtenerlo. Hay que tener en cuenta, no obstante, que para determinadas prestaciones de servicios la habilitación para su realización efectiva sólo se satisface desde la obtención del título formal, no desde la mera terminación de los estudios que dan derecho a solicitar y obtener tal titulación.

El caso más claro es el de todas aquellas actividades que precisen la conducción de un vehículo.

El límite jurídico de las titulaciones académicas o profesionales en el ámbito de la movilidad funcional horizontal tiene una trascendencia relativa. Si la configuración del grupo profesional sólo puede realizarse desde una perspectiva estrictamente profesional, de forma que agrupe prestaciones equivalentes, y si la equivalencia entre categorías profesionales (importante en ausencia del grupo) puede darse aun cuando sea necesaria la realización de procesos simples de formación y adaptación, es difícil que la modificación de funciones dentro de un mismo grupo profesional (o entre categorías profesionales equivalentes) entrañe la exigencia de una titulación distinta para desarrollar las funciones de origen y las de destino. Con todo, si así se produjese, adquiriría plena eficacia el límite jurídico analizado.

«La exigencia de título puede constituir no sólo requisito inexcusable para la realización de una actividad profesional -en cuyo caso sólo se puede adquirir la categoría si ostenta la titulación requerida- sino también impedimento para que puedan realizarse, aun accidentalmente, las funciones correspondientes, en cuanto la norma imperativa prohíbe el ejercicio profesional sin la debida titulación y su violación puede ocasionar infracciones de otro orden. Ahora bien, en otros casos el título no constituye elemento legal necesario para ejercitar una actividad laboral, sino que su imposición por convenio colectivo tiene el designio de mantener el nivel cultural y técnico que resulte más adecuado para una actividad profesional determinada» ( STS 24-7-2000 [RJ 2000, 8200] ).

Cuando el título se configura legalmente como requisito ineludible para el desempeño de una determinada función o categoría no es posible acceder a los niveles salariales de la misma por parte de quienes no lo acreditan ( STS 4-6-2001 [RJ 2001, 5464] y STS 25-6-2002 [RJ 2002, 8931] ), ambas a propósito del título de maestra especialista en educación infantil).Incidiendo en el tema la STS de 18-9-2004 [RJ 2004, 7672] viene a señalar que cuando se realizan funciones de categoría superior el trabajador tiene como regla general derecho a la retribución correspondiente a las funciones efectivamente realizadas, salvo que una disposición legal imperativa exigiera para ellas una titulación no acreditada por el trabajador; no obstante, la mera exigencia en convenio colectivo de un título habilitante no es obstáculo para el cobro de dicha retribución, pues en tal caso no concurre el interés general que se presume en la norma imperativa.

En principio, la transgresión del límite de las titulaciones profesionales o académicas conlleva la nulidad de la movilidad funcional. Cabe plantearse, no obstante, si, como efecto añadido, se produce o no la pérdida de aquellas retribuciones no percibidas que sean reclamadas por el trabajador afectado. Para ello hay que valorar si el límite de la titulación se impone por convenio colectivo o si, por el contrario, se establece legalmente.

Según lajurisprudencia, los efectos de la trasgresión del límite de las titulaciones académicas o profesionales exigidas convencionalmente son: por un lado, la nulidad de la decisión empresarial y, consiguientemente, en su caso, la reposición del trabajador a su anterior puesto de trabajo ( STS 20-1-1994 [RJ 1994, 357] ; STS 3-6-1992 [RJ 1992, 4517] ); por otro, el reconocimiento de las diferencias salariales entre el puesto de destino y el de origen que se hubiesen dejado de percibir ( STS 25-3-1994 [RJ 1994, 2638] ; STS 20-1-1994 [RJ 1994, 357] ). En consecuencia, la pérdida de las retribuciones dejadas de percibir no es un efecto añadido en la declaración de invalidez de la decisión empresarial; son retribuciones exigibles.

Sin embargo, y a diferencia del anterior supuesto, cuando tiene lugar una movilidad funcional que infrinja la titulación académica o profesional exigida legalmente la respuesta jurisprudencial es mucho más contundente: no sólo se impide que se reconozca la categoría profesional pertinente ( STS 3-6-1992 [RJ 1992, 4517] ): «no pueden realizarse, ni siquiera accidentalmente, esas funciones, pues la norma imperativa prohíbe el ejercicio profesional sin la debida titulación», sino que a ello se añade que no se tiene derecho a exigir las retribuciones dejadas de percibir como consecuencia de esta movilidad ( STS 7-3-1995 [RJ 1995, 1750] ; STS 27-1-1995 [RJ 1995, 521] ). La diferencia de trato se justifica por la diferente extensión que tiene el control estatal sobre las actividades profesionales, en función de la trascendencia de los intereses en juego.

«... cuanto más relevancia social tuvieran dichos intereses, mayor sería el nivel de conocimientos requeridos para el desempeño de la actividad profesional que sobre ellos incidieran; y, lógicamente, mayor habría de ser el grado de control estatal sobre los mismos, y más grave la sanción imponible en caso de desempeño de los "actos propios" de dicha profesión por quienes no estuvieran oficialmente capacitados para ello» ( STC 111/1993, 25-3-1993 [RTC 1993, 111] ).

Así pues, los efectos del incumplimiento de la exigencia de titulación legal o convencional deberán ser diferentes según el interés que se trate de preservar: el orden público, el nivel cultural y técnico que resulte más adecuado en una actividad profesional determinada, o las conveniencias organizativas o laborales de las empresas. No obstante, ello no debería originar un perjuicio añadido al trabajador afectado, negándole la retribución correspondiente al trabajo efectivamente realizado.

El derecho a la retribución puede extraerse del art. 9 ET, que mantiene el salario por el trabajo prestado en caso de nulidad total del contrato de trabajo. La movilidad funcional que transgrede la exigencia legal de titulación debe considerarse causa de nulidad total del contrato, con el consiguiente reconocimiento en favor del trabajador afectado del derecho a las remuneraciones dejadas de percibir. Si el objeto del contrato es laprestación de servicios, la imposibilidad legal o convencional de llevarla a cabo es causa de invalidez del mismo, sin que a ello obste que siga vigente la anterior relación contractual.


2. ¿Qué derechos económicos disfrutará la trabajadora?

El derecho a la retribución puede extraerse del art. 9 ET, que mantiene el salario por el trabajo prestado en caso de nulidad total del contrato de trabajo. La movilidad funcional que transgrede la exigencia legal de titulación debe considerarse causa de nulidad total del contrato, con el consiguiente reconocimiento en favor del trabajador afectado del derecho a las remuneraciones dejadas de percibir. Si el objeto del contrato es laprestación de servicios, la imposibilidad legal o convencional de llevarla a cabo es causa de invalidez del mismo, sin que a ello obste que siga vigente la anterior relación contractual.

 


3. Por el momento no hay previsión de que regrese a su anterior categoría, si la trabajadora prestase servicios en dicha categoría superior durante seis meses, ¿tendría alguna posibilidad de consolidar esa categoría profesional?, ¿debe la empresa proceder a la reclasificación automática una vez transcurrido dicho periodo?

En primer lugar, ha de ser por «el tiempo imprescindible» ( art. 39.2 ET). La indeterminación inicial de este concepto jurídico habrá de solventarse, o bien mediante la negociación colectiva, o bien mediante la interpretación judicial.

Por otra parte, el art. 39.4 ET establece que cuando la asignación al trabajador de funciones pertenecientes a un grupo profesional superior o, en su defecto, a una categoría profesional no equivalente y también superior, sobrepasando los seis meses en un período de un año o los ocho meses en un período de dos años, el trabajador afectado podráreclamar el ascensosi a ello no se oponen las normas de promoción del convenio colectivo y en virtud de las reglas que sobre cobertura de la vacante sean exigibles en la empresa.

Así cuando los trabajadores acreditan que desempeñan labores de categoría superior, impropias de la categoría que tienen reconocida, el artículo 39.4 ET establece claramente el derecho del trabajador a exigir el pago de la retribución propia de la labor realizada. Y no condiciona el precepto, el devengo de esas cantidades a la existencia de plazas en plantilla, o a que alguna de ellas esté servida por otros trabajadores que sí ostenten esa categoría. Subordinar el devengo de la retribución superior, a la existencia de plaza, además de ser una imposición no establecida legalmente, constituiría un fraude, cual sería la cobertura de una necesidad de trabajo con trabajador menos cualificado y retribución inferior ( STS 31-1-2005 [RJ 2005, 2960] ). Tampoco se condiciona a que se hayan realizado durante un período mínimo de seis mese en un año u ocho meses en dos años ya que esta exigencia específica está prevista únicamente para promocionar y ascender de categoría, pero no para percibir la retribución correspondiente a las funciones efectivamente realizadas ( STS. 4-7-2008 [RJ 2008, 4454] ).

No se prevé, pues, unareclasificación automáticadel trabajador en función de su puesto de destino, sino un derecho a reclamar o solicitar dicha reclasificación. Salvo que lo prevea el convenio colectivo, el único que podrá iniciar este proceso dereclasificación profesionales el trabajador afectado.

Este apartado fue incorporado al ET (RCL 1995, 997) en la Reforma laboral de 1994, y tiene su origen en una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo ( STS 25-1-1993 [RJ 1993, 268] ; STS 27-12-1991 [RJ 1991, 9105] ). Con anterioridad a la citada Reforma, algún sector doctrinal había defendido que en tales casos se imponía la promoción automática del trabajador, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno (Italia).

El último párrafo del apartado 4 del art. 39 ET dispone que «mediante la negociación colectiva se podrán establecer períodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de las vacantes» ( art. 39.4 último párrafo ET).

Cabe la posibilidad de que establecer esos plazos alternativos se refiere sólo a los efectos de la reclamación de la cobertura de la vacante, o también a la reclamación del ascenso. Para una interpretación estrictamente literal del precepto sólo cabría la primera de las opciones apuntadas, aunque desde una interpretación sistemática de la norma pueden abrirse ambas posibilidades.

El art. 39.4 in fine ET establece un mecanismo de garantía adicional: en los supuestos en los que el empresario se niegue a iniciar talprocedimiento, el trabajador podrá acudir a lajurisdicción social( art. 138 LPL), previo informe de la representación unitaria de los trabajadores.

Aunque nada dice sobre ello el art. 39 ET (ni, consiguientemente, sobre posibles plazos de preaviso), la efectividad de la medida empresarial depende necesariamente de que se informe al trabajador sobre la decisión de modificar sus funciones.

La situación normativa contrasta con lo dispuesto para los casos de modificación sustancial de condiciones de trabajo ( art. 41.3 ET), traslado ( art. 40.1 ET) y desplazamiento ( art. 40.4 ET), que exigen notificación al trabajador con una antelación mínima, o con una antelación «suficiente». También en numerosos supuestos de suspensión y extinción del contrato de trabajo se exige comunicación o notificación previa al trabajador ( arts. 47 , 51 y 52 ET). La razón de esa diferencia quizá estribe en la menor entidad, y menor repercusión en la situación del trabajador, de la movilidad funcional en comparación con esas otras medidas.

Lanegociación colectivapuede, desde luego, ocuparse de estas cuestiones. En ausencia de previsión pactada, parece exigible una comunicación con carácter previo a la puesta en práctica de la decisión empresarial, que en principio no deberá revestir forma escrita, pues esta exigencia formal tan sólo se suele disponer para aquellas medidas que implican suspensión o extinción de la relación laboral.

Cabe, no obstante, una interpretación en favor de laforma escrita, a raíz de lo dispuesto en el art. 8.4 ET y los arts. 2 y 4 RD 1659/1998, de 24 de julio, que exigen información escrita al trabajador cuando se produzcan determinados cambios en las condiciones de la relación laboral y, en particular, cuando dichos cambios afecten a la categoría o puesto de trabajo, o a la caracterización o descripción de sus funciones.

La información deberá extenderse a todos aquellos aspectos del trabajo que sean necesarios para conocer el nuevo contenido de la prestación de servicios, y, al menos, a lo siguiente:fechade efectividad de la decisión empresarial; objeto de la decisión empresarial(nuevas funciones), ycausaque justifica la decisión empresarial (así como la debida adecuación o proporcionalidad entre las razones de la actuación y la medida adoptada).

La información deberá extenderse también a los riesgos profesionales y a las medidas de protección en el nuevo puesto de trabajo ( art. 18 LPL).


4. ¿Qué límites tiene la empresa para cambiar las funciones de Don Marcos J.? ¿Qué derechos económicos disfrutará el trabajador?

 

La dignidad del trabajador como límite a la movilidad funcional se ha enlazado habitualmente con la noción de «dignidad profesional» o de «status profesional del trabajador», es decir, tomando en consideración la posición profesional del trabajador en su calidad de prestador de servicios en régimen de dependencia. La llamada «degradación profesional» es, entonces, el paradigma del trato indigno del trabajador en la empresa. Tal degradación puede darse en supuestos y circunstancias muy variadas.

En una aproximación «objetiva», se han considerado degradatorias las siguientes situaciones: a) movilidad funcional que significa la no realización o realización insuficiente de las funciones propias de su prestación de servicios ( STSJ Madrid 12-1-1993 [AS 1993, 280] ), cuando la habitualidad en ellas es indispensable para mantener la plenitud de facultades ( STS 3-12-1990 [RJ 1990, 9748] ); b) movilidad funcional que conlleva pérdida de responsabilidad ( STS 29-1-1990 [RJ 1990, 229] ); c) en general, movilidad funcional descendente ( STSJ Madrid 8-2-1996 [AS 1996, 313] ); d) movilidad funcional que comporta una falta de ocupación efectiva ( STSJ Cataluña 16-2-1996 [AS 1996, 1096] ). Desde una perspectiva «subjetiva», se ha llegado a esa misma conclusión si la movilidad provoca un perjuicio en el prestigio profesional, social o económico del trabajador ( STS 29-1-1990 [RJ 1990, 229] ; STSJ Castilla y León 7-1-1993 [AS 1993, 31] ), aunque en ocasiones se ha exigido también una voluntad empresarial en ese sentido ( STSJ Cataluña 4-5-1993 [AS 1993, 2476] ).

La dignidad profesional del trabajador es unlímite jurídico relativo (no absoluto) de la movilidad funcional, por lo que es posible una actuación empresarial que altere las funciones -a nivel colectivo o individual- y que pueda ser considerada lícita aunque vulnere la dignidad de algunos de los trabajadores afectados, que podrán acudir a lo dispuesto en el apartado a) del art. 50.1 ET.

 

El art. 39.3 ET establece que «la movilidad funcional se efectuará (...) teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen» ( art. 39.3 ET). Se trata de un límite del poder empresarial que al mismo tiempo actúa como garantía del trabajador afectado.

Se trata de un límite común a todas las decisiones de movilidad funcional, incluso a las de movilidad ordinaria u horizontal; en estos casos entrará en juego, obviamente, cuando se encarguen funciones que pertenezcan a un mismo grupo profesional o, en su defecto, a categorías equivalentes, pero que se retribuyan diferente.

Según el apartado tercero del art. 39 ET, se deberáretribuiral trabajador en base a las funciones de destino cuando éstas tengan reconocida una remuneración superior a las de origen; en cambio, cuando la movilidad funcional implique la realización de funciones peor retribuidas, deberá mantenerse la retribución de origen. Estas reglas plantean sobre todo dos problemas: el de la titulación requerida y el de los complementos salariales.

Respecto de lo primero, ha de tenerse en cuenta que cuando el título se configura legalmente como requisito ineludible para el desempeño de determinadas funciones no es posible acceder a los niveles salariales del mismo por parte de quienes no lo acreditan ( STS 4-6-2001 [RJ 2001, 5464] y STS 25-6-2002 [RJ 2002, 8931] , ambas a propósito del título de maestra especialista en educación infantil).

Además del «tiempo imprescindible», que es común a todos los tipos de movilidad vertical, el art. 39.2 ET establece para la movilidad descendente un requisito añadido desde esa misma perspectiva temporal, dado que la medida sólo puede tomarse por necesidades«perentorias», lo cual da idea de que ha de ser tan breve como sea posible o necesario ( art. 39.2 ET).

Con esta exigencia el legislador excluye implícitamente las necesidades organizativas consustanciales al período productivo, o que sean estructurales o inherentes al mismo. En cualquier caso, la perentoriedad es un concepto jurídico indeterminado, que deberá ser aclarado a la vista de cada proceso productivo.

Losconvenios colectivosinciden -en un porcentaje considerable- en la limitación temporal expresa de la movilidad funcional extraordinaria descendente. En ocasiones ésta se limita a un tiempo máximo deseis mesesen el período de un año, oa tres meseso incluso aun mes. A modo de ejemplo, el convenio colectivo de la empresa «Uniprex, Sociedad Anónima», dispone, por ejemplo, que «si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes a categoría inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por un tiempo máximo de seis meses en el transcurso de un año, manteniéndole la retribución y demás derechos derivados de su categoría profesional y comunicándolo a los representantes legales de los trabajadores» (art. 17 Convenio Colectivo Uniprex).

Aunque tampoco aquí hay una previsión legal expresa, la decisión de movilidad funcional descendente deberá ser comunicada al trabajador, en los términos que ya se expusieron para la de tipo ascendente.

Para este caso, además, el art. 39.2 ET dispone que «el empresario deberá comunicar esta situación a los representantes de los trabajadores» ( art. 39.2 ET). Se trata de un mecanismo de control en manos de las instancias colectivas de representación de los trabajadores sobre decisiones empresariales que tienen dimensión y proyección individual.

Aunque el art. 39.2 ET plantea las consiguientes dudas interpretativas, parece claro que esta exigencia es aplicable tan sólo a la movilidad descendente (no a la ascendente), dado que se trata de una medida más incisiva para la profesionalidad del trabajador y que el apartado cuarto in fine de ese artículo concede a los representantes la facultad de informe previo a la reclamación del trabajador con vistas al ascenso o la cobertura de vacante, en caso de realización de funciones de nivel superior durante un tiempo mínimo. Con todo, algún convenio colectivo amplía ese deber de información a la movilidad ascendente; por ejemplo, el de la empresa «Información y Moda, Sociedad Anónima», o el de la empresa «G y Publicaciones Internacionales, Sociedad Limitada» y «Cía., S. en C».

No aclara el art. 39.2 ET el tipo derepresentantes de los trabajadoresa los que se refiere. Aunque caben diversas interpretaciones, la amplitud del término permite incluir tanto a los representantes unitarios como a los representantes sindicales, lo cual, además, guarda más coherencia con lo dispuesto legalmente para los casos de traslado y modificación sustancial de condiciones de trabajo ( arts. 40 y 41 ET).

No exige el art. 39.2 ET que la comunicación a los representantes sea previa (a diferencia de lo que se dispone para el traslado, la modificación sustancial, la suspensión o la extinción del contrato), seguramente para facilitar la adopción de esas decisiones empresariales. Aunque no se explicita en el precepto, la comunicación deberá hacer referencia no sólo a la decisión adoptada, sino también al trabajador afectado, a la causa operativa y a la duración de la medida.


5. Si el trabajador Andrés L. pasase a realizar las funciones de graduado social, ¿qué derechos económicos tendría el trabajador?, por otra parte ¿dicha movilidad sería ajustada a derecho?

El art. 39.3 ET establece que «la movilidad funcional se efectuará (...) teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen» ( art. 39.3 ET). Se trata de un límite del poder empresarial que al mismo tiempo actúa como garantía del trabajador afectado.

Se trata de un límite común a todas las decisiones de movilidad funcional, incluso a las de movilidad ordinaria u horizontal; en estos casos entrará en juego, obviamente, cuando se encarguen funciones que pertenezcan a un mismo grupo profesional o, en su defecto, a categorías equivalentes, pero que se retribuyan diferente.

Según el apartado tercero del art. 39 ET, se deberáretribuiral trabajador en base a las funciones de destino cuando éstas tengan reconocida una remuneración superior a las de origen; en cambio, cuando la movilidad funcional implique la realización de funciones peor retribuidas, deberá mantenerse la retribución de origen. Estas reglas plantean sobre todo dos problemas: el de la titulación requerida y el de los complementos salariales.

Respecto de lo primero, ha de tenerse en cuenta que cuando el título se configura legalmente como requisito ineludible para el desempeño de determinadas funciones no es posible acceder a los niveles salariales del mismo por parte de quienes no lo acreditan ( STS 4-6-2001 [RJ 2001, 5464] y STS 25-6-2002 [RJ 2002, 8931] , ambas a propósito del título de maestra especialista en educación infantil).

 

 

 

 

 

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Experto:  jaiter escribió hace 5 año.

1.- Los límites que tiene la empresa para cambiar de funciones a Julia son las siguientes:

a) Según el Art 39.1 ET, Julia en este caso debe de tener las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional. Es decir, en este caso concreto debe de tener el Bachillerato realizado.

b) Según Art. 39.2 ET, el cambio de funciones para Julia debe de estar motivado en que existan razones técnicas u organizativas que lo justifiquen, y debe de ser solo por el tiempo imprescindible para su atención.

c) Según Art. 39.2 ET, el empresario deberá comunicar esta situación a los representantes de los trabajadores.

d) ) Según Art. 39.3 ET, se tiene que tomar esta medida sin menoscabo de la dignidad de Julia y sin perjuicio de su formación y promoción profesional; y no cabe el despido objetivo de Julia alegando la ineptitud de la trabajador para el desarrollo de las nuevas funciones.

e) Caso de que el empresario se extralimite en los anteriores límites del artículo 39 del E.T., entrañará una modificación de funciones que requiere, necesariamente, una novación contractual o el procedimiento de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo regulado en el art. 41 E.T.

 

2.- Según Art. 39.3 ET, Julia tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, al estar realizando funciones superiores a las inicialmente pactadas en el contrato.

3.- Esta pregunta la resuelve el punto 39.4 ET, es que si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional o a las de categorías equivalentes por un período superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso. No tendrá derecho a ese ascenso si lo impide lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, si se está cubriendo la vacante correspondiente a las funciones por el trabajador realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa.

 

La empresa, tiene esa obligación de reconocer esa categoría superior si se ha cumplido los anteriores plazos, y no se da algunas de las excepciones; según el artículo 39.4 ET, contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción competente ese ascenso ganado.

 

4.- Los límites son:

a) Según Art. 39.2 ET, el cambio de funciones para Marcos deberá estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva. El empresario deberá comunicar esta situación a los representantes de los trabajadores.

b) Debe de ser solo por el tiempo imprescindible para la atención de esas necesidades perentorias e imprevisibles.

c) Según Art. 39.2 ET, el empresario deberá comunicar esta situación a los representantes de los trabajadores.

d) ) Según Art. 39.3 ET, se tiene que tomar esta medida sin menoscabo de la dignidad de Marcos y sin perjuicio de su formación y promoción profesional.

e) Caso de que el empresario se extralimite en los anteriores límites del artículo 39 del E.T., entrañará una modificación de funciones que requiere, necesariamente, una novación contractual o el procedimiento de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo regulado en el art. 41 E.T.

 

En cuanto a las percepciones salariales, según el artículo 39.3 ET, Marcos mantendrá sus retribuciones de origen, es decir, las correspondientes a la categoría profesional superior que tenía antes del cambio de funciones

 

5).- Andrés tendría los mismos derechos salariales que Julia, es decir, derecho a percibir el salario correspondiente a esa nueva categoría profesional superior, tal y como ordena y manda el Art. 39.3 ET.

 

No obstante, Andrés no tiene la titulación adecuada para el desarrollo de esas funciones que se le quieren encomendar, por no tener la titulación de graduado social, y ser licenciado en empresariales, lo que no le capacita para esas funciones de graduado social; es decir, que se esta incumpliendo el primer requisito de la primera pregunta, pues según el citado Art 39.1 ET, Andrés en este caso debería de tener las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional, y no las tiene. Recordar que incluso el graduado social tiene además su propio colegio profesional, al que nunca podrá tener acceso un licenciado en empresariales.

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  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
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  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

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  • eduardolm

    eduardolm

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    Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
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    Abogado3044

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    Alberto

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    Fernando Cantalapiedra

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    Abogado colegiado ejerciente
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    Jesús

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    Abogado colegiado ejerciente /LEGAL GENERAL
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    Mariatf19

    licenciada en derecho

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    MÁSTER EN DERECHO CON DESPACHO PROFESIONAL PROPIO
 
 
 

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