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en un camino rural que pertenece al municipio de sant antoni

Pregunta del cliente

en un camino rural que pertenece al municipio de sant antoni de portmany (07820), se quiere vallar una finca. El consell dice que se deben dejar 3 mts. de camino, mientras que el ayuntamiento estipula 7 mts. (3.5 desde la mitad del camino, para la persona que lo quiera vallar), lo que supone una pérdida del terreno de 1.5 mts. aun así el camino ahora tiene tres metros de ancho. Mi pregunta es: Cual de las dos leyes es la que prevalece´?En caso que sea la del ayuntamiento, se puede apelar a la del consell? Muchas gracias. Saludos.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.


Buenas tardes,

En primer lugar, en cuanto a la normativa aplicable, hay que estar siempre a lo que señalen las ordenanzas municipales o el plan de ordenación urbanística municipal en caso de existir uno para el concreto Ayuntamiento donde está sita la finca.

Las sobre la distancia que han de existir para cerramientos desde la vía pública es una competencia municipal. Sucede que existen normativas (Código Civil, normativa autonómica, normas complementarias del planeamiento municipal, etc) que son dictadas con carácter subsidiario. Es decir, una norma como la del Consell sólo es aplicable en defecto de una ley municipal, por tanto, si existe normativa municipal referente, debe aplicarse de modo preferente. Además, según comenta usted se trata de un camino y no de una carretera de carácter nacional o local, por lo que el Municipio es el encargado de la gestión administrativa de esa vía.

Siento no portar mejores noticas pero entiendo que la competencia en materia de ordenación del territorio corresponde siempre a los Municipios y prevalerá por esto la normativa del Ayuntamiento de Sant Antoni.




Espero que mi respuesta le haya resultado útil y si es así ruego la acepte. Quedo a su disposión para ulteriores dudas.

Reciba un cordial saludo.


Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

En contestación a su consulta,

El municipio de Sant Antoni de Portmany puede regular el uso de los caminos rurales, siendo por el principio de especialidad, aplicable la ordenanza sobre la normativa comunitaria.

No existe una jerarquia entre comunidad autónoma y ayuntamiento en esta materia, por lo que se atiende a este principio.

Para que lo entienda mejor, es como en el ambito laboral, el estatuto trabajadores puede disponer que son 15 días el permiso por matrimonio y un convenio mejorarlo, en ningún caso empeorarlo.

Pues aquí igual , el municipio puede dictar ordenanza con límite minimo 3 metros de protección.

 

Al respecto le adjunto sentencia en la que se analiza la cuestión de los caminos rurales y el uso normativo de los ayuntamientos en materia de tráfico rodado.

 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª).Sentencia núm. 2154/2010 de 18 noviembre

JUR\2011\96149

ADMINISTRACION LOCAL: Ayuntamientos: ordenanza municipal reguladora de los caminos rurales: impugnación: restricción ilegítima del derecho de propiedad: existencia: nulidad procedente.

 

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso contencioso-administrativo núm. 406/2009

Ponente: IIlma. Sra. elvira adoración rodríguez martí

 

El TSJ de Madrid estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo deducido contra Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Perales de Tajuña de 23-03-2009, que aprobó la Ordenanza Municipal reguladora de los Caminos Rurales.

 

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 02154/2010

RECURSO 406/2009

SENTENCIA NÚMERO 2154

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-----

Ilustrísimos Señores:

Presidente:

D. Francisco Gerardo Martínez Tristán.

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí.

Dña. Sandra González de Lara Mingo.

D. Marcial Viñoly Palop.

D. Francisco Bosch Barber.

-------------------

En la Villa de Madrid, a dieciocho de noviembre de dos mil diez.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 406/2009, interpuesto por la Sociedad "CAL DE CASTILLA, S.A.", representado por el Procurador D. Armando Pedro García de la Calle, contra la resolución dictada por el Pleno del Ayuntamiento de Perales de Tajuña en fecha 26-Marzo-2009 que aprobó la Ordenanza Municipal Reguladora de Los Caminos Rurales. Ha sido parte demandada el Excmo. Ayuntamiento de Perales de Tajuña, estando representado por la Procuradora Dª. Mª. Carmen Jiménez Cardona.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito de fecha 9 de septiembre de 2009, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

Solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 23 de Octubre de 2009 en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

TERCERO.- Que por auto de fecha 27 de Octubre de 2009 y, no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado; señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 18 de Noviembre de 2010 a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El recurrente "CAL DE CASTILLA S.A." representado por el Procurador D. Armando Pedro García de la Calle, impugna la resolución dictada por el Pleno del Ayuntamiento de Perales de Tajuña en fecha 26-Marzo-2009 que aprobó la Ordenanza Municipal Reguladora de Los Caminos Rurales.

En apoyo de su pretensión impugnatoria alega el recurrente Falta de competencia del Ayuntamiento para regular y ordenar el tráfico en caminos y vías rurales, así como el uso de los mismos, por ostentar sólo competencia en su conservación de acuerdo con el art. 25.2.d LBRL ( RCL 1985, 799, 1372) . Impugna en concreto, la Exposición de motivos, y los arts. 1, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, y 21.3 .h; sin que sea de aplicación el art. 84 de la Ley 33/2003 de 3 de Noviembre ( RCL 2003, 2594) que se refiere a la ocupación o utilización singular del dominio público que "exceda el derecho de uso que corresponde a todos". Conculca además la citada Ordenanza el art. 14 C.E . ( RCL 1978, 2836) por atentar al principio de igualdad al limitar el uso de los caminos rurales a los vehículos industriales pero no a los agrícolas; falta de proporción entre el fin que persigue la Ordenanza y las limitaciones contenidas en la misma; Finalmente, alega irregularidades procedimentales en la tramitación y aprobación de la Ordenanza, por faltar el informe preceptivo de la correspondiente Comisión Informativa y porque al no existir un "Inventario Municipal de los caminos rurales de Perales de Tajuña", el anexo I de la Ordenanza supone una infracción del derecho de propiedad.

SEGUNDO

Dispone el art. 9 de la C.E . ( RCL 1978, 2836) , que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico. "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionatorias no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Dicha norma, asume los principios generales de derecho y garantiza su cumplimiento por parte de todos los poderes del Estado, como rasgo característico del Estado de Derecho.

Por lo que respecta a los distintos ámbitos competenciales entre el Estado, Las Comunidades Autónomas y la normativa local propia de los Ayuntamientos, les son de aplicación las reglas establecidas sobre jerarquía normativa que es el principio general sobre el que hemos de centrar el análisis del presente recurso. Conviene recordar que el ámbito natural o inherente al Reglamento, a las Ordenanzas, y demás disposiciones inferiores a la Ley, es el de las cuestiones administrativas que corresponden el ámbito organizativo de la Administración, estando en las restantes cuestiones, subordinado a la Ley por tener un carácter secundario y complementario de ésta. Constituye el Reglamento y la ordenanza un instrumento de ejecución de la Ley, que, por tanto, no puede sustituirla o suplirla. Cualquier extralimitación tanto material como formal en dicha función, constituye un "Reglamento ilegal", que será nulo de pleno derecho, pudiendo declararse su nulidad en cualquier momento a instancia de parte, o de oficio por la propia Administración o por los Tribunales, lo cual produce efectos en cadena ya que se comunica a los actos y normas subsiguientes de forma automática porque afecta al orden público. La vigencia de una Ley no puede quedar extinguida por ningún Reglamento ni norma inferior, contraria a la misma, pues ello implicaría negar eficacia a la Ley infringida por el Reglamento.

Uno de los medios técnicos de reacción activa, contra un Reglamento u Ordenanza ilegal, viene constituido por el recurso contencioso-administrativo, por lo que la Ley 29/98 de 13 de Julio ( RCL 1998, 1741) , establece la impugnación directa de disposiciones generales en su art. 26 , estando asimismo prevista la impugnación indirecta; lo cual no constituye sino la plasmación práctica del art. 106. 1 de la C.E . que expresamente determina que "los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa", debiendo decidir todas las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones de categoría inferior a la Ley. Por ello, la sentencia que anula un Reglamento u Ordenanza ilegal, tiene efectos "erge omnes", por lo que el art. 107 de la LJCA establece como requisito de la misma, que sea publicada en el plazo de 10 días desde su dictado, en el diario oficial correspondiente. El recurso directo, que es el que nos ocupa, cumple una finalidad purgativa del Ordenamiento jurídico, pues mediante aquél se eliminan las normas que obstaculizan o impiden la aplicación de normas de valor superior, que son las Leyes formales infringidas por la Administración.

La sentencia dictada en el recurso directo, cumple una función de economía procesal, porque al declarar la nulidad de la norma impugnada, evita multitud de litigios con ocasión de su aplicación, ya que los Reglamentos afectan directamente a todos los ciudadanos como sujetos de Derecho. Sin embargo, la oportunidad del control judicial no está sólo justificada en las garantías de los ciudadanos frente al poder administrativo, sino también en garantía de la Constitución y de las Leyes Formales, que son las que padecen si no se anulan los Reglamentos y Ordenanzas que los infringen y se deja seguir su perturbador curso a preceptos no sujetos al sistema legal de fuentes, que pretenden gobernar a los ciudadanos en contradicción con sus derechos básicos y con el sistema entero del Ordenamiento Jurídico. Concluyendo pues, la articulación de las relaciones entre Ley y Reglamentos y demás normas de inferior rango, consiste en una colaboración entre una y otra norma siempre que se respete la primacía absoluta vertical y piramidal de la Ley como expresión de la voluntad general, sobre las normas administrativas que son la expresión de la voluntad subordinada de la Administración de acuerdo con lo dispuesto en el art. 103 de la C.E ., y que no es exclusiva de las materias reservadas constitucionalmente a la Ley, ya que existiendo Leyes en el ámbito de la organización y funcionamiento de la Administración (materia característica del Reglamento), y en el ámbito competencial de los Municipios, mediante Ordenanzas municipales en desarrollo del art. 25 del Texto Refundido de la Ley de Bases de Régimen Local aprobado por Ley 7/85 de 5 de Abril ( RCL 1985, 799, 1372) , pese a no constituir en ningún caso, materia reservada constitucionalmente a la Ley, no podrán ser contradichas por normas de rango inferior en virtud del principio de "jerarquía normativa" o " congelación del rango". Por tanto, en ningún caso, las normas procedentes de la autonomía legislativa local, pueden invadir competencias atribuidas al Estado o a las Comunidades Autónomas, ni contradecir las Leyes existentes porque la actuación municipal está supeditada a toda la legislación de Régimen Local, que sólo puede ser derogada o modificada por normas con rango legal, pero nunca en virtud de una Ordenanza o de otra disposición general dictada en desarrollo del referido Texto Refundido.

TERCERO

Analizando en primer lugar la falta de competencia del Municipio para regular el uso de los caminos rurales, ha de ser rechazada por las razones siguientes:

Dispone el art. 25 .2.d del LRBRL 7/1.985 de 2 de Abril ( RCL 1985, 799, 1372) que "Los Municipios tienen competencias para la ordenación, gestión ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines; pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales"

Dicho precepto no debemos ponerlo en relación con los arts 36 a 41 de la Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de Julio ( RCL 1988, 1655, 2268) ; y el Real Decreto Legislativo 339/90 de 2 de Marzo ( RCL 1990, 578, 1653) que aprobó el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por cuanto éstas Normas tienen objeto y finalidad distinto de aquél.

Si bien ninguno de los preceptos anteriormente citados atribuye expresamente al Municipio competencia para la ordenación y el control del tráfico en los caminos rurales, aquella deriva directamente de la interpretación lógica del art. 3 RBCL ( RCL 1986, 2217) en relación con el art. 25.2,d) de la Ley 7/85 de 2 de Abril , que atribuyen a los municipios las funciones de conservación de dichos caminos. Toda conservación implica intrínsecamente la regulación del uso de aquello que se trata de conservar, mediante actos de tutela y defensa, porque sostener lo contrario sería llevar al absurdo la función de conservación, sin medios para ejercitarla. La laguna legal existente respecto de la competencia municipal para ordenar y regular el tránsito por caminos rurales, se debe sin duda a que tanto la Ley de Carreteras como la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial excluyen los caminos rurales por no estar destinados al tráfico ni a la circulación de vehículos a motor, ya que tradicionalmente los caminos rurales sirven para acceder a las fincas rústicas, sin que se circule por aquellos más que el tramo imprescindible desde la carretera hasta la entrada de cada predio. Por tanto, a falta de regulación legal específica hemos de acudir no sólo a la interpretación lógica sino además a la aplicación analógica de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 C.C . ( LEG 1889, 27) , y aplicar el art. 84 de la Ley 33/2003 de 3 Noviembre ( RCL 2003, 2594) reguladora del Patrimonio de las Administraciones Públicas a pesar de que se trate de precepto no incluido en la Disposición Final Segunda , de acuerdo con lo dispuesto en su art. 2 . Dicho precepto, literalmente dispone que:

"1. Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.

2. Las autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público vigilarán el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso, actuarán contra quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio público o se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos, a cuyo fin ejercitarán las facultades y prerrogativas previstas en el art. 41 de esta ley .

3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta ley".

De la redacción literal del párrafo 2 del transcrito precepto se deduce sin duda que las autoridades competentes para la conservación del dominio público, lo son asimismo, para la vigilancia y regulación de los usos comunes y de los aprovechamientos especiales, por lo que hemos de concluir la competencia del Municipio para regular los usos de los caminos rurales, que son distintos de la ordenación del tráfico rodado en carreteras. "Por la carretera se circula; el camino rural se usa". En conclusión hemos de rechazar la alegada falta de competencia municipal para la regulación del uso de los caminos rurales.

CUARTO

Por lo que se refiere a la vulneración del principio de igualdad establecido en el art. 14 C.E . ( RCL 1978, 2836) , ha de ser rechazado asimismo, toda vez que la igualdad consiste precisamente en tratar de forma desigual a quienes son desiguales; y por tanto, no constituye actuación discriminatoria exigir autorizaciones a quienes lleven a cabo un uso tan intensivo del dominio público, que exceda del normal, como preceptúan los arts. 75 y ss. del RBCL ( RCL 1986, 2217) en relación con el art. 8 RSCL que "autoriza a las Corporaciones a sujetar a los administrados al deber de obtener previa licencia en los casos previstos en la Ley y otras disposiciones generales".

"En la utilización de los bienes de dominio público se considerará:

Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados, y se estimará:

General, cuando no concurran circunstancias singulares.

Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante.

Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.

Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio público a que afecte.

Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.

El uso común general de los bienes de dominio público se ejercerá libremente, con arreglo a la naturaleza de los mismos, a los actos de afectación y apertura al uso público y a las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales.

El uso común especial normal de los bienes de dominio público se sujetara a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general.

Las licencias se otorgaran directamente, salvo si por cualquier circunstancia se limitare el número de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere posible, porque todos los autorizados hubieren de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo.

No serán transmisibles las licencias que se refieran a las cualidades personales del sujeto o cuyo número estuviere limitado; y las demás, lo serán o no según se previera en las ordenanzas."

En el supuesto que nos ocupa de uso de los caminos rurales, nos encontramos por una lado, el uso común que es el que generalmente se ejercita para las labores agrícolas que es el uso natural o tradicional para el que existen los caminos rurales; por tanto, entiende la Sala que la regulación de los distintos usos que lleva a cabo la Ordenanza impugnada es congruente y proporcional con su motivo y finalidad que no son otros que conservar los caminos rurales, por tratarse de una función encomendada por Ley; implicando dicha conservación, que se impongan condiciones, límites y restricciones a los usos de carácter industrial por no ser los propios y naturales de los caminos rurales implican un uso tan intensivo de los caminos, que excede el uso normal común de los mismos, y se convierte en un uso común especial, que como hemos visto, está sujeto a autorización administrativa, ajustada a la naturaleza de la intensidad del uso, que implica un mayor deterioro de los caminos, que conlleva necesariamente una mayor y costosa labor de conservación.

QUINTO

En cuanto a las irregularidades en la tramitación de la Ordenanza han de ser asimismo desestimadas, toda vez que el informe de la Comisión informativa del Área Económica establecido como preceptivo y no vinculante en el art. 126.1 en relación con el art. 123.1 Del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por RD 2568/86 de 28 de Noviembre ( RCL 1986, 3812 y RCL 1987, 76) , que aparece al folio 17 del Expte. Advo. cumple con los requisitos legalmente establecidos de procedimiento, sin que sea preciso en modo alguno, que en el propio dictamen se haga constar la composición de la Comisión informativa, constando la misma así como sus distintas reuniones en la documentación certificada por el Secretario municipal aportada con la contestación a la demanda; constando asimismo la publicación de las aprobaciones iniciales de la Ordenanza en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOCAM. Rechazamos asimismo la infracción del Derecho de Propiedad por parte del Anexo I que contiene el inventario de los caminos rurales pertenecientes al Ayuntamiento demandado, por tratarse de una alegación genérica carente de todo soporte jurídico, pues si alguno de los terrenos incluidos en el mismo, considera el recurrente que le pertenecen en propiedad, basta que acuda a la Jurisdicción Civil Ordinaria a ejercitar la acción reivindicatoria; sin que exista procedimiento reglado alguno para que los Municipios inventaríen sus bienes.

Concluyendo pues, de todos los preceptos impugnados en el presente recurso, la Sala entiende que sólo el art. 12 de la Ordenanza impugnada constituye una restricción ilegítima del Derecho de Propiedad, que sólo se puede llevar a cabo por Ley en virtud del Principio de Legalidad y de Congelación del rango; siendo los restantes preceptos ajustados a derecho.

Por todo ello, procede la estimación parcial del recurso.

SEXTO

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 LJCA ( RCL 1998, 1741) no se hace pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales.

VISTOS.- Los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por "CAL DE CASTILLA S.A." contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, debemos anular y anulamos el art. 12 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Los Caminos Rurales aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Perales de Tajuña, declarando los restantes preceptos impugnados ajustados a derecho y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

Procédase a la publicación del fallo de esta sentencia, en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid, en el plazo de los diez días siguientes a la firmeza de la presente Sentencia.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente Juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010).

 

 

Atentamente,

R. Gómez

 

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Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.

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