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R.Gomez
R.Gomez, Licenciatura
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 272
Experiencia:  DERECHO Y COLEGIADO EN ICAM
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Tengo dos hijos de un primer matrimonio, soy funcionaria de

Pregunta del cliente

Tengo dos hijos de un primer matrimonio, soy funcionaria de la Seguridad Social (mi nómina mensual es de 1400€,aprox.) y estoy casada desde 2009 con otro funcionario (1200€/mes). Mis ingresos me llegan justo para hacer frente a las facturas y él, desde febrero, no está aportando absolutamente nada en casa. Vivimos en un piso de mis padres. Compramos un coche antes de casarnos, el cual estoy pagando yo sola (está a mi nombre, aunque en el préstamos figuramos los dos). Él está pagando un préstamo personal, una tarjeta visa y otro préstamo de Cofidis. Yo, también pago un préstamo personal y todos los recibos de la casa. Llega todos los días bebido y aunque he tratado de que se fuese por las buenas, y cada uno con lo suyo, se niega a abandonar el piso, amenazándome con denunciarme si no le abro la puerta. Ha tenido durante muchos años, problemas con las drogas y el juego. Mi familia no sabe nada y prefiero mantenerlos al margen. ¿Qué puedo hacer? Las discusiones tienen un tono más elevado cada vez.
Gracias
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Letrado escribió hace 5 año.

Buenas tardes:

 

Lo lamento, pero en su situación, la mejor salida que le queda es el divorcio. Este se puede hacer de común acuerdo, que siempre es menos traumático y además resulta más económico, o si él no se aviene a ello, una demanda de divorcio contencioso y unilateral por su parte.

 

En el caso del común acuerdo, deben ustedes pactar el reparto de sus bienes comunes, y el régimen de visitas a los menores, si hubiera lugar. Porque respecto a la guarda y custodia de sus hijos seguro que es suya, y la vivienda familiar está claro que también es suya, y seguiria usted ocupándola, y él marchándose. En realidad, solo tienen que dividir los bienes y deudas que ahora tengan en común, y quizás, pactar una pensión transitoria, aunque no la veo probable en su caso. Pueden utilizar un mismo abogado y procurador para los dos.

 

En el divorcio contencioso, si ustedes no llegan a un acuerdo, lo solicita usted sola, y el juez decidirá sobre las medidas y cargas a repartir, en función de las solicitudes de los abogados de ambos, pero en principio, poco diferirá de lo ya comentado respecto a un acuerdo justo entre ambos.

 

Sus ingresos sobrepasan el límite para disfrutar de justicia gratuita, por lo que no tiene derecho a un abogado de oficio, y es necesario contratar a uno y a un procurador para presentar la demanda. Hay muchos y con muy diferentes tarifas, pregunte a varios diferentes, antes de contratar.

 

Siento decírselo, pero en estos casos no suele haber milagros, y el tiempo acostumbra a deteriorar cada vez más la relación.

 

Le deseo mucha suerte.

 

Si la respuesta le parece adecuada, por favor, no olvide ACEPTARLA.

 

Un cordial saludo,

 

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Interponga una demanda de divorcio y en el supuesto de ser victima de violencia de género acuda a una comisaría ( es más rapida la intervención que en juzgado) para interponer denuncia y solicitar orden de alojamiento con el fin de que así pueda estar viviendo en el domicilio con sus hijos y cambiar cerradura hasta que se celebre el juicio del divorcio.

Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 4ª).Auto núm. 250/2009 de 13 mayo

JUR\2009\456048

ORDEN DE PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMESTICA: Solicitud: concesión: procedencia: existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 197/2009

Ponente: Ilmo. Sr. D. maría cristina navares villar

 

La AP de Pontevedra desestima el recurso de apelación interpuesto contra Auto de fecha 02-04-2009 dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Pontevedra y lo confirma, declarando de oficio las costas de esta alzada.

 

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

PONTEVEDRA

AUTO: 00250/2009

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

SECCIÓN CUARTA

AUTO

Rollo Nº: RT 197/09

Órgano: Juzgado de Instrucción Nº 3 de Pontevedra

Procedimiento Origen: Diligencias Previas 1134/09

En Pontevedra, a trece de mayo de dos mil nueve.

hechos

HECHOSPRIMERO: En la causa de referencia, por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de los de esta Capital, en funciones de guardia, se dictó auto con fecha 2 de abril de 2009, resolviendo un recurso de reforma, cuya Parte Dispositiva determina "Que debo desestimar y desestimo el recurso de reforma interpuesto por la Letrada Dña. María Dolores Rey Díz en nombre de D. Luis Pedro contra el Auto de fecha catorce de marzo de dos mil nueve".

SEGUNDO: Notificada la anterior resolución, por la representación de Luis Pedro , se interpuso recurso de apelación, que fue admitido a trámite y puesta de manifiesto la causa a las demás partes personadas se han remitido las actuaciones a este Tribunal para la resolución del recurso.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO

Se viene a recurrir, en definitiva, ante esta alzada, y una vez intentada la reforma, el auto de la instructora que acordó la adopción de medidas de protección a favor de la víctima, Isidora , al imponer al recurrente, Luis Pedro , la prohibición de acercarse a aquélla en una distancia inferior a 200 metros en cualquier lugar que se encuentre mientras dure la tramitación de la causa, salvo que otra resolución la deje sin efecto, así como la de comunicarse con la misma por cualquier medio, argumentando, en síntesis, ausencia de situación objetiva de riesgo para la víctima, que fue el recurrente quien presentó denuncia ante la Guardia Civil y quien tiene objetivadas lesiones habiendo recibido una brutal paliza por parte de Isidora , y que, en definitiva, se trató de una discusión de pareja sin mayor alcance, interesando, al amparo de tales argumentos, la revocación de la medida.

Se han opuesto al recurso, tanto el Ministerio Fiscal como la propia perjudicada.

SEGUNDO

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 544 ter de la LECrim ( LEG 1882, 16) , el Juez de Instrucción, de oficio o a instancia de parte, puede acordar en el ámbito de la protección de víctimas de violencia doméstica, además de otras medidas, las medidas cautelares previstas en el Art. 544 bis, entre las que se encuentran las de alejamiento y prohibición de comunicación. Para que proceda la adopción de medidas es preciso no solamente la existencia de indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida o la integridad física o moral, libertad o seguridad, libertad sexual de cualquiera de las personas mencionadas en el Art. 173.2 Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , sino que el Juez ha de valorar y ponderar específicamente la proporcionalidad de la medida, lo que requiere la acreditación de una situación objetiva de riesgo que, además, pueda ser conjurado mediante su adopción.

Este conjunto de medidas, como cualesquiera medidas cautelares en el proceso penal, están caracterizadas por su instrumentalidad con el proceso principal en el que se imponen, por su homogeneidad y, finalmente, por su provisionalidad. Se trata, por lo tanto, y en primer lugar, de unas medidas conformes con la obligación general de dar protección a los perjudicados, contemplada en el Art. 13 LECrim . La afectación a derechos fundamentales de la persona a la que se imponen (como son los derechos a la libertad ambulatoria, y a la presunción de inocencia, en sus dos vertientes tradicionales -regla de juicio y de tratamiento-), requiere que cualquier decisión que se adopte por parte del Juez además de cumplir el deber general de motivación (expresivo de las razones jurídicas que le han movido a adoptar la decisión), pondere específicamente la adecuación de la medida desde la contemplación de los riesgos que con ella se quieren conjurar, lo que exige un análisis específico del fumus boni iuris de que el riesgo puede ser conjurado (teniendo en cuenta la proporcionalidad) mediante el alejamiento de la persona a quien se imputan indiciariamente unos hechos graves, de la persona o personas sobre las que se temen ataques a su vida, a su integridad física, a su libertad y al resto de los bienes jurídicos expuestos en la LECrim y en el Art. 57 Código Penal .

En el caso concreto, de los particulares remitidos a la consideración de la Sala, cabe sostener, primero, que efectivamente existen indicios de la posible comisión de alguno de los delitos incluidos en el ámbito de protección, desprendiéndose de las propias declaraciones de denunciantes-denunciados que ambos se agredieron, con independencia, a los efectos que ahora interesan, de cual fuera el concreto resultado de esa agresión; y, en segundo lugar, y en contra de lo que se sostiene en el recurso, este Tribunal, comparte con la instructora, la conclusión de que sí existe situación objetiva de riesgo para la víctima desde el momento en que, tanto ésta como el propio recurrente, admitieron que situaciones como la presente no era la primera vez que sucedían, extremo confirmado por el hijo de Isidora y por la hija de ambos, siendo consecuencia, en muchas ocasiones, del consumo abusivo de alcohol por parte de Luis Pedro . Tales circunstancias, que son las tenidas en cuenta por la instructora para adoptar la medida cuya revocación se pretende, no han sido desvirtuadas por los alegatos del recurrente que no deja de insistir en que él también denunció y que la vivienda es de su propiedad, argumentos, en definitiva, que en nada obstan al mantenimiento de la medida, lo que conlleva la desestimación del recurso interpuesto.

TERCERO

Se declaran de oficio las costas del presente recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala acuerda:

parte dispositiva

PARTE DISPOSITIVADesestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Luis Pedro , contra el auto de fecha 14 de marzo de 2009 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de los de esta Capital, confirmando, íntegramente, la resolución recurrida y aquélla de la que trae causa, con declaración de oficio de las costas del presente recurso.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, para cumplimiento de lo acordado, archivándose el rollo.

Este auto es firme y contra el mismo no cabe recurso.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. D. ANTONIO BERENGUA MOSQUERA (Presidente), Dª. NÉLIDA CID GUEDE y Dª CRISTINA NAVARES VILLAR (Ponente).

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

 

 

 

 

 

Atentamente,

R. Gómez

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