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HOLA, BUENAS TARDES. QUERIA CONSULTAR SOBRE UN INQUILINO. TENEMOS

Pregunta del cliente

HOLA, BUENAS TARDES. QUERIA CONSULTAR SOBRE UN INQUILINO. TENEMOS UN PISO ALQUILADO Y HACE DOS MESES QUE EL INQUILINO NO ME PAGA, ADEMÁS PARECE QUE SE HA MARCHADO Y YA NO ESTÁ EN EL PISO, ¿PUEDO CAMBIAR LA CERRADURA? ADEMAS LOS VECINOS SE ESTAN QUEJANDO POR MAL OLOR EN EL PISO.
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Hola:

 

Ud no puede entrar en el piso ni cambiar la cerradura.

Para poder hacerlo precisa una orden judicial y para conseguirla debe interponer demanda en el juzgado mediante su abogado.

Si Ud gana menos de 1288 euros brutos la mes puede solicitar abogado de oficio al colegio de su provincia en ejercicio a su derecho a la justicia gratiuíta

Los juicios de deshacio por impago son rápidos y su señoría le autorizará a entrar

Pero no entre sin autorización porque se le puede denunciar a Ud por allanamiento, aunque no pague el alquiler.

 

Busque abogado que inyterponga la demanda y podrá acceder al inmueble y si él tiene bienes o derechos embargables podrá incluso cobrar

 

 

Cliente: escribió hace 5 año.
Volver a incluir en lista: Respuesta imprecisa..
NECESITO SABER QUE RESPONSABILIDAD TENGO FRENTE AL VECINDARIO POR EL MAL OLOR Y QUE PUEDO HACER
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Hola

 

Ud no es responsable ante la comunidad por los malos olores ni la actuación del inquilino.

Cada persona es responsable de sus actos y Ud no es responsable por los de él

Ud no es responsable por haberse equivocado con la eleccion de ésta persona

Ud sólo puede comunicar a la comunidad que ha iniciado acciones para poder entrar

 

Si entra sin permiso se puede ver en problemas penales, le cito lo que reserva el código penal para esa conducta

 

Artículo 202.

1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

 

 

Debe buscar abogado que aclare el asunto con la comunidad e interponga demanda de deshaucio

 

Le insisto en que ni puede ni debe entrar en ese inmueble y que hacerlo puede ser especialmente grave para Ud

 

Mientras su señoría no lo autorice Ud no es responsable de nada. la comunidad no le puede obligar a nada a ud mientras no pueda acceder al inmueble

 

Una vez tenga Ud la posesión del inmueble dada por su señoría, entonces sí que será responsable y deberá limpiar y asear el inmueble. Pero no antes.

 

Ud es responsable subsidiario por la limpieza, pero sólo podrá hacerla cuando el juez le autorice a entrar. No puede limpiar antes. No puede entrar.

 

 

Sólo cuando se pueda demostar que ud puede entrar en su propiedad, pasará a ser Ud responsable por la limpieza

 

Los gastos de limpieza y desinfección, los podrá Ud también reclamar al inquilino moroso.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

No estoy deacuerdo con mi compañero... si el arrendatario abandona el piso usted puede cambiar la cerradura ya que ha habido una resolución de contrato de arrendamiento.

 

Le adjunto sentencia:

Audiencia Provincial de Guipúzcoa (Sección 1ª).Sentencia núm. 312/1998 de 29 septiembre

ARP\1998\3981

REALIZACION ARBITRARIA DEL PROPIO DERECHO: inexistencia: resolución del contrato del alquiler de mutuo acuerdo, por lo que el hecho de que la propietaria cambie las cerraduras de la vivienda alquilada, no supone que conociese que la denunciante no había abandonado definitivamente el piso.

 

Jurisdicción: Penal

Recurso de Apelación núm. 1118/1998

Ponente: Ilmo. Sr. D. josé luis barragán morales

 

El Juzgado de lo Penal núm. 1 de San Sebastián dictó sentencia condenando a Amadora V. P. como autora de un delito de realización arbitraria del propio derecho, a la pena de multa de seis meses con una cuota diaria de 500 ptas.Contra la anterior resolución recurrió la acusada en apelación.La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, estima el recurso interpuesto por Amadora V. P. y le absuelve del delito de realización arbitraria del propio derecho y coacciones que alternativamente había sido acusada por el Ministerio Fiscal.

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Sección Primera

Rollo Apelación Abreviado Núm.: 1118/1998

Procedimiento Abreviado Núm.: 61/1998

Juzgado de lo Penal Núm. 1 de Donostia-San Sebastián

Apelante: Amadora V. P.

Procurador: Santiago Tamés Alonso

Abogado: Angel Tormés Alberdi

Apelado: Ministerio Fiscal

SENTENCIA NUM. 312/1998

Ilmos. Sres.:

D. José Luis Barragán Morales

D.ª Yolanda Domeño Nieto

D.ª Ane Maite Loyola Iriondo

En Donostia-San Sebastián, a veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta capital, constituida por los Magistrados que al margen se expresan ha visto en trámite de apelación el Procedimiento Abreviado núm. 61/1998 del Juzgado de lo Penal Núm. 1 de Donostia-San Sebastián, seguido por un delito de realización arbitraria del propio derecho contra Amadora V. P. (apelante), nacida el 28 de febrero de 1940, hija de Lorenzo y Etelvina, natural de Villar de Argañán (Salamanca) y vecina de San Sebastián, con domicilio en C/ Arriberri ..., con DNI núm. ..., representada por el Procurador don Santiago Tamés Alonso y defendida por el Letrado don Angel Tormes Alberdi, en el que ha sido parte de la acusación pública el Ministerio Fiscal (apelado). Todo ello en virtud del recurso de apelación formulado por la representación procesal de la acusada contra la Sentencia dictada por el mencionado Juzgado el pasado 29 mayo 1998.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El Juzgado de lo Penal núm. 1 de Donostia-San Sebastián dictó Sentencia de fecha 29 mayo 1998 que contiene los siguientes hechos probados: «Unico.-Resulta probado y así se declara que la acusada, titular de la vivienda D, de la planta primera del núm. 16 del Grupo Arriberri, de la localidad de San Sebastián, arrendó la misma a doña Sagrario G. de la F., mediante contrato de 1 de diciembre de 1994 y hasta el 1 de diciembre de 1999. Debido a diversos retrasos en el pago de la renta acordada, la acusado decidió en un momento indeterminado anterior al 27 de noviembre de 1997, cambiar la cerradura de la vivienda, con el fin de impedir a la señora G. y a su familia el disfrute de la referida vivienda».

SEGUNDO.-Dicha sentencia contiene el siguiente

FALLO:

 

«Que debo condenar y condeno a doña Amadora V. P., como autora responsable de un delito de realización arbitraria del propio derecho, antes descrito, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de multa de seis meses, con una cuota diaria de 500 ptas., con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas insatisfechas y costas del procedimiento».

TERCERO.-El 23 de julio de 1998 la representación procesal de la acusada formuló recurso de apelación contra la sentencia interesando su revocación y libre absolución de su patrocinada. El 27 de julio de 1998 el Juzgado dictó propuesta de providencia admitiendo a trámite el recurso de apelación, y el Ministerio Fiscal presentó el 29 de julio de 1998 escrito de impugnación motivado en el que interesaba la íntegra confirmación de la sentencia apelada. El 22 de septiembre de 1998 tuvo entrada en la Oficina de Registro y Reparto de la Audiencia Provincial el Procedimiento Abreviado, siendo turnado a esta Sección, en la que se incoó Rollo de Apelación núm. 1118/1998, señalándose para votación y fallo la Audiencia del 29 de septiembre de 1998, a las 12 horas.

CUARTO.-En la tramitación de este recurso de apelación se han cumplido todas las formalidades prescritas por la ley.

QUINTO.-Ha sido Ponente en esta instancia el Presidente D. José Luis Barragán Morales.

HECHOS PROBADOS

No se acepta el apartado de hechos probados de la sentencia apelada.

1) El 1 de diciembre de 1994 la acusada Amadora V. P., mayor de edad y sin antecedentes penales, y María Sagrario G. de la F. firmaron un contrato de arrendamiento de vivienda del piso propiedad de la primera, sito en San Sebastián, Grupo Arriberri núm. 16, 1.º D, por un plazo de cinco años, y con una renta mensual de 60.000 ptas., pagadera por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días de cada mes, siendo de cuenta de la arrendataria los gastos de luz, teléfono, agua, saneamiento, servicio de basuras, recibos de la Comunidad de Propietarios e Impuestos sobre Bienes Inmuebles pactando igualmente el abono de una fianza de 120.000 pesetas. En dicho piso convivía con Alberto V. S., y sus tres hijos, Omar Ch. G., Joel V. G. y Cristian V. G.

2) El 13 de octubre de 1997 la dirección letrada de la acusada remitió a María Sagrario G. de la F. carta en la que le reclamaba la cantidad de 225.600 ptas., correspondiente a atrasos del contrato de arrendamiento del año 1996, atraso de parte de la renta de julio de 1997, rentas de agosto, septiembre y octubre de 1997, y recibos de basura correspondientes a los años 1996 y 1997.

3) El 21 de octubre de 1997, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de San Sebastián, don Diego María G. A., Alberto V. S. y María Sagrario G. de la F. compraron a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián el piso sito en Calzada de Oleta núm. 35, 4.º D por el precio de 5.000.000 de pesetas.

4) El 4 de noviembre de 1997 Sagrario G. de la F. abandonó el piso sito en Grupo Arriberri núm. 16, 1.º D, en San Sebastián, en el que había vivido hasta esa fecha.

5) El 26 de noviembre de 1997 la acusada, al no localizar a Sagrario G. de la F., pensando que había abandonado voluntaria y definitivamente el piso alquilado, abrió la puerta de entrada al piso y cambió la cerradura del mismo.

6) El 4 de diciembre de 1997, durante la tramitación de las Diligencias Previas, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Donostia-San Sebastián, en ejecución de acto dictado en la misma fecha, entregó a Sagrario G. de la F. las llaves de la nueva cerradura del piso sito en Grupo Arriberri núm. 16, 1.º D, en San Sebastián, puesta por la acusada, sin que conste que haya procedido a ocupar dicho piso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

El recurso de apelación formulado por la representación procesal de Amadora V. P. contra la Sentencia dictada el 29 de mayo de 1998 imputa a dicha sentencia: 1) Error en la valoración de la prueba, ya que la motivación del cambio de la cerradura no fue el retraso en los abonos de la renta, sino la convicción de que la arrendataria había abandonado el piso, tal y como se desprende de la declaración de la propia denunciante, del certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de San Sebastián, y de la nota simple informativa del Registro de la Propiedad, y que la finalidad de dicho cambio de cerradura fue garantizar la seguridad del piso; 2) Infracción del artículo 455 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL\1996\777) porque su representada no actuó fuera de las vías legales ni ejerció violencia, intimidación o fuerza; 3) Infracción del principio de intervención mínima del derecho penal y de la jurisprudencia que lo interpreta; 4) Infracción, por inaplicación, del artículo 14.1 del Código Penal. El Ministerio Fiscal impugna dicho recurso de apelación, sosteniendo que la conducta dolosa de la apelante ha quedado probada no sólo por su propia declaración, sino por la declaración del ertzaina que depuso como testigo en el acto del juicio oral; que no es cierto que se hubiese producido una previa resolución del contrato de arrendamiento, pues la propia denunciante manifestó que no tenía pensado abandonar el piso hasta el siguiente fin de semana y formuló la denuncia nada más tener conocimiento del cambio de cerradura; que no cabe apreciar un error de tipo porque la acusada cambio la cerradura sin avisar previamente a la inquilina, y sabía que la intención de ésta era la de continuar en la vivienda porque en su interior se encontraban objetos personales de la misma, y porque la propia acusada negó en su primera declaración ante el Juzgado haber procedido al cambio de cerradura; y, por último, que los hechos realizados por la acusada son plenamente incardinables en el art. 455 del Código Penal, citando en apoyo de su tesis las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 marzo 1985 y 26 febrero y 26 mayo 1982 ( RJ 1982\847).

SEGUNDO.-

La sentencia apelada, en su primer fundamento de derecho, considera probado que la acusada cambió la cerradura del piso alquilado con intención de impedir a la inquilina y su familia el disfrute del referido piso, por el reconocimiento de la acusada en el acto del juicio oral de haber procedido a dicho cambio de cerradura, y por la declaración de la inquilina en el sentido de que pensaba abandonar el piso el siguiente fin de semana y que en su interior quedaban objetos de uso personal de la misma, resaltando el hecho de que en su primera declaración ante el Juzgado de Instrucción hubiese negado haber procedido al referido cambio de cerradura, y que sólo reconoció haberlo efectuado cuando tuvo conocimiento del informe remitido por la Ertzantza al Juzgado, terminando por señalar que, si realmente consideraba que el contrato de arrendamiento había quedado resuelto, no tiene justificación el cambio de cerradura. Y, en su tercer fundamento de derecho, considera que en el cambio de cerradura concurren todos los elementos del delito de realización arbitraria del propio derecho tipificado en el artículo 455 del Código Penal.

TERCERO.-

El primer motivo del recurso de apelación formulado por la representación procesal de Amadora V. P. argumenta que la sentencia ha incurrido en error en la valoración de la prueba porque el cambio de cerradura no se debió a los retrasos en el pago de la renta, sino a que su representada consideraba que había quedado resuelto el contrato de arrendamiento. Al efecto, la Sala quiere poner de manifiesto que no existe prueba directa del efectivo abandono de la vivienda alquilada por parte de la arrendataria antes de que se produjese el cambio de cerradura pero que ha quedado acreditado que: 1) la inquilina adeudaba una importante cantidad a la arrendadora, como lo prueba la carta recibida por aquélla y en su propia declaración ante el Juzgado de Instrucción el 3 de diciembre de 1997 se puso de manifiesto que había procedido a sacar los muebles y enseres de la casa alquilada, habiendo declarado textualmente en el juicio oral que en el momento del cambio de cerradura «la casa estaba vacía prácticamente», lo cual indica que había decidido abandonar la vivienda alquilada; 2) La denunciante y su compañero adquirieron otro piso, mediante escritura pública, el 21 de octubre de 1997, lo que puede considerarse como un indicio de que efectivamente habían abandonado el piso alquilado, ya que no es lógico pensar que una pareja de reducido ingreso económico, como ha quedado acreditado por la propia declaración de la denunciante, por su condición de deudora de la arrendadora y por su condición de beneficiaria de un subsidio de la Diputación Foral, pudiese compatibilizar los gastos derivados del préstamo formalizado para la adquisición de dicho piso y los derivados del mantenimiento del contrato de alquiler; 3) La denunciante, su compañero y sus hijos se dieron de baja en el padrón municipal como domiciliados en el piso alquilado con efectos de 4 de noviembre de 1997, lo que también constituye un indicio de su abandono definitivo de la vivienda alquilada en esa concreta fecha; 4) La denunciante recibió en el Juzgado las llaves de la nueva cerradura el 4 de diciembre de 1997, sin que exista dato alguno que permita afirmar que utilizó dichas llaves para acceder nuevamente al piso, lo cual constituye también un indicio de que con anterioridad al cambio de cerradura, se había producido su abandono definitivo del piso, antes al contrario existe el dato acreditado de que la denunciante no fue encontrada por la Comisión Judicial al intentar darle traslado de la demanda de desahucio formulada en su contra y que dio lugar a la incoacción del Juicio Verbal de Desahucio 845/1997 del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Donostia-San Sebastián (folio 86). Es cierto que la denunciada negó, en su primera declaración ante el Juzgado de Instrucción, que hubiese procedido a cambiar la cerradura, pero esta circunstancia por sí sola no puede bastar para tipificar como delictiva su acción de cambiar la cerradura, sobre todo, si se tiene en cuenta que la denunciante no ha acreditado hallarse ocupando la vivienda en los días inmediatamente anteriores al que se produjo la denuncia y reconoció haber estado ingresada en tratamiento psiquiátrico durante unos dos meses inmediatamente antes de ocurrir los hechos denunciados, sin que se haya tomado declaración a la persona que convivía con ella en la vivienda alquilada. Incluso, debe resaltarse que la denunciante dijo en su denuncia que había dejado dentro del piso un sobre que contenía unas doscientas mil pesetas, y el Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento de lo relativo a dicha supuesta substracción, y que en el acto del juicio oral dijo que en el piso tan sólo había un chandal y dos destornilladores, aparte del indicado dinero.

CUARTO.-

Una de las posibilidades de resolución del contrato de arrendamiento es el mutuo acuerdo de los contratantes, supuesto en que no es necesario acudir al procedimiento judicial de desahucio, y la existencia de dicho acuerdo impide tipificar la conducta de la acusada como incluida en los artículos 455 y 172 del vigente Código Penal. Pues bien, la Sala llega a la conclusión, con base en la prueba practicada, de que no existe el más mínimo indicio, aparte de la denuncia formulada por la inquilina, de que no sea cierta la resolución consensual del contrato de arrendamiento. En todo caso, considera que no existe prueba suficiente de que ello no hubiese sido así, prueba que debería haberse obtenido a través del oportuno informe fotográfico de la vivienda arrendada, o de las declaraciones de los demás ocupantes de la misma. Nada de eso se hizo durante la instrucción del procedimiento, y a la hora de decidir únicamente pueden valorarse las declaraciones de arrendadora e inquilina -ya ha quedado expuesto más arriba que el Ministerio Fiscal no dio crédito a parte de su denuncia, al pedir el sobreseimiento en relación con la supuesta sustracción de 200.000 pesetas-, sin que de la puesta en relación de las dos versiones pueda llegarse a la conclusión de que no existió dicho acuerdo de resolución, en base a lo cual, teniendo en cuenta las pruebas indiciarías antes señaladas y, en todo caso, en aplicación del principio «in dubio pro reo», debe considerarse que no ha quedado probado que en el momento de proceder al cambio de cerradura la acusada conociese que la denunciante no había abandonado definitivamente el piso.

QUINTO.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal, y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben declararse de oficio las costas procesales causadas en ambas instancias.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía popular, y en nombre de SM el Rey.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Amadora V. P. contra la Sentencia dictada el 29 mayo 1998 por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Donostia-San Sebastián en el Procedimiento Abreviado 61/1998, revocamos dicha sentencia y, en su lugar, absolvemos a Amadora V. P. de los delitos de realización arbitraria del propio derecho y de coacciones de que, alternativamente, había sido acusada por el Ministerio Fiscal, con todos los pronunciamientos favorables y declarando de oficio las costas procesales.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes, previniéndoles que contra la misma no cabe recurso alguno, verificado lo cual se remitirá el Procedimiento Abreviado al Juzgado de lo Penal de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.-Dada y publicada fue la anterior sentencia por los Magistrados que la dictaron y leída por el Ponente, estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe.

 

En otro orden de cosas, le aconsejo acuda a la policía y que le acompañen a la vivienda por si dentro de ella hubiese algo que le pudiera comprometer......nunca entre solo sino es con policia al menos con testigos... presidente comunidad vecinos.

 

Por último, si esta conforme con consulta ruego que acepte respeusta como recompensa a nuestro trabajo.

Atentamente,

R. Gómez

 

 

 

Si Usted acepta esta respuesta percibié ingresos de just answer si acepta la respuesta de otro abogado percibirá el otro letrado y no yo, Usted decide

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Pero es obligación de Ud demostar ese abandono y si le denuncian Ud habrá en entrado en su casa.

 

En la sentencia queda probado el abandono y la posterior entrega de llaves.

 

La sentencia demuestra el abandono, si Ud no lo puede demostrar no debe entrar

 

No entre en el inmueble si no puede probar el abandono, si no esta abandonado y es denunciada se arriesga a ser denunciada.

 

No actúe sin conocimiento de su abogado, que revise todo el expediente, y las circunstancias del inmueble, los riesgos que Ud corre si entra son bastante peores que no cobrar.

 

Honestamente no le puedo recomendar que cambie esa cerradura sin conocer los datos concretos de su situación porque un error le puede costar a Ud una denuncia penal

En cualquier caso, si se decide a entar por considerar el abandono, le pido encarecidamante que recabe pruebas de que entra motivada por la necesidad de limpiar y asear el inmueble ante la presión de la comunidad y para evitar ulteriores problemas motivados siempre por ese abandono.

 

Pero debe saber que entrar y cambiar esa cerradura no esta exento de riesgos.

Ruego acepte la respuesta para poder cobrar del sitio por el asesoramiento.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

El riesgo que corre es una multa penal ..... usted valore.... no obstante remita una carta certificada al domicilio exponiendo resolución de contrato por impagos y abandono... así dejará constancia documental de su buena fe... e intente que la policía le acompañe digales que no sabe nada de los arrendatarios y que se quejan vecinos de malos olores....

Saludos,

R. Gómez

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Estimado cliente, Ud decide si acepta una respuesta y a quien, siendo éste experto quien cobre del sitio por su tiempo

Conoce las opciones, arriesgarse a entrar y a esa posible denuncia penal, ó acudir al juzgado en defensa de sus intereses.

 

Gracias XXXXX XXXXX en justanswer

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