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buenos días tengo una nueva pregunta, necesito elaborar un

Pregunta del cliente

buenos días tengo una nueva pregunta, necesito elaborar un comentario critico, desde el punto de vista eclesiastico de una Sentencia del Tribunal Constitucional, sobre el despido de una profesaora de religión por mantener una relación con un hombre que nomera su marido, Adjunto el texto
DE DOCENTES DE RELIGIÓN POR SU VIDA PRIVADA
El recurso trataba del caso de una mujer que vivía con un hombre que no era su marido
JUAN G. BEDOYA - Madrid - 23/02/2007
Que los obispos despidan a una profesora de catolicismo por vivir con un hombre distinto de su marido no debe tacharse de inconstitucional, según el pleno del Tribunal Constitucional en sentencia de la semana pasada conocida ayer. Su argumento es que la enseñanza religiosa va más allá de la transmisión de unos determinados conocimientos y, por tanto, la capacitación para impartirla "puede implicar exigencias" que desborden las limitaciones de una empresa al uso. La ponente de la sentencia ha sido la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas.
María del Carmen Galayo Macías, una de los 17.000 profesores contratados y pagados por el Estado a petición del episcopado español, prestó servicios como docente de Religión católica en diversos centros públicos de Primaria en Canarias desde el curso 1990 / 1991. En octubre de 2000, se le comunicó que no se le formalizaría nuevo contrato, por mantener una relación con un hombre distinto de su esposo, del que se había separado. El pleito que planteó en aquel momento no le devolvió su empleo y ha sido solventado ahora por el Tribunal Constitucional (TC) sólo en los aspectos doctrinales. Los magistrados dejan para otra ocasión entrar en su caso concreto si la docente despedida decide finalmente plantear un recurso de amparo.
Fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) quien planteó en 2002 al Constitucional una posible contradicción entre los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y la Constitución Española de 1978 en lo referente al régimen laboral de los profesores de Religión católica en la enseñanza pública. El TSJC estimaba que al menos tres artículos del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales podrían vulnerar seis artículos de la Constitución, en concreto el régimen laboral de los profesores de catolicismo, articulado en el convenio firmado en 1999 por el Gobierno de José María Aznar y la Conferencia Episcopal, frente a los derechos de igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva.
El Constitucional, en sentencia de la que ha sido ponente su presidenta, María Emilia Casas Baamonde, dice que, puesto que la enseñanza religiosa va más allá de la transmisión de unos determinados conocimientos, la capacitación para impartirla "puede, con toda probabilidad, implicar un conjunto de exigencias" que desborden las limitaciones propias de "una empresa al uso".
De este modo, para adquirir la citada idoneidad puede pedirse que "los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina y por el testimonio de su vida cristiana".
Pese a estar contratados y pagados por el Estado, la elección de los profesores de catolicismo ha de efectuarse entre los que han sido declarados "idóneos" por las autoridades eclesiásticas. Sin dicha idoneidad, no se puede llegar a ser profesor de religión, admite el Constitucional.
El recurso de inconstitucionalidad partía del hecho de que "la exclusiva y vinculante potestad de propuesta de profesores atribuida al episcopado determina que la adopción de decisiones de contratación se sustente en criterios de idoneidad de índole religiosa y confesional, definidos por un ordenamiento distinto al estatal (el Derecho canónico), que resultarían inatacables ante los órganos del Estado". El TC reconoce que eso "no implica, en modo alguno, que tal designación no pueda ser objeto de control por los órganos judiciales del Estado, a fin de determinar su adecuación a la legalidad", pero añade que "la facultad reconocida a las autoridades eclesiásticas para determinar quiénes sean las personas cualificadas para la enseñanza de su credo religioso" constituye "una garantía de libertad de las Iglesias para la impartición de su doctrina sin injerencias del poder público".
"La exigencia de la declaración eclesiástica de idoneidad para poder impartir enseñanzas de religión no puede estimarse irracional o arbitraria, sino que es coherente con los principios de aconfesionalidad y neutralidad religiosa del Estado", añade el TC.
El Constitucional advierte de que "nada puede decir" sobre el despido concreto de la profesora Galayo hasta que esta presente, "en su caso" un recurso de amparo. Parece evidente, sin embargo, por dónde va la doctrina. Cientos de profesores de religión se encuentran en la misma situación, algunos hasta con seis sentencias ganadas al
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Hola

 

En el caso vemos dos derechos completamente contrapuestos

 

Por un lado el derecho de quien contrata que puede exigir un comportamiento acorde a aquella doctrina que el profesor trata de impartir y tratar de imponer que éste predique con el el ejemplo de aquella doctrina que debe impartir.

 

Por otro lado los derechos de la persona y del trabajador constitucionalmente reconocidos, a su intimidad, y su dignidad, como persona y como trabajador. Derechos éstos reconocidos en nuestra constitución y en el estattuto de los trabajadores.

 

Después debemo sver un extremo curioso, y es que quien despide, y además es siempre condenado a readmitir o indmnizar, es el obispado de turno, pero quien asume las obligaciones de pago es el Ministerio de Eduación, extremos éste que de facto, esta llevando a que el Obispado, despida a muchos educantes por motivos similares al de caso que nos ocupa, estar divorciados, ser homosexuales, etc, con clara intromisiones ilejítimas en su vida privada, pero que quien realmente paga son lso contribuyentes, via presupuesto de educación.

 

 

 

 

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.
Son muchos los derechos como persona y como trabajador que sistematicamente se estan vulenerando por los obispados, intimidad, libertad de huelga, pero el obispado juega con ventaja, haciendo despidos discreccionales, pagando los platos rotos los contribuyentes.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

La gran mayoria de las sentencias recurridas dan por supuesto la razón al trabajador por el abuso del contratante a inmiscuirse en la vida privada del educante, pero como no es partícipe del gasto, reitera sistemáticamante en la conducta.

 

 

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Despido disciplinario

TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de 28 de enero de 2009

Despido disciplinario. Despido nulo. Vulneración de Derechos Fundamentales. Cese de una profesora de religión católica por participar en una huelga

Recurso nº 1576/2008

SUMARIO:

la falta de propuesta anual del Obispo no impide que se aprecie la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales. PROFESOR DE RELIGIÓN.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la sentencia del TSJ Canarias que desestima el recurso de suplicación formulado por aquél contra sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Las Palmas

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032400_9_208342__Sociedad-sentencias-anulan-despidos-diez-profesores-Religion

 

26 sentencias condenatorias ....

 

 

La llamada «cuestión religiosa» está bien resuelta en nuestro país, según se desprende de la lectura del artículo 16 de la CE. Bien es cierto que toda norma constitucional puede ser objeto de interpretación subjetiva por cualquier operador, pero al final se impone la objetiva o equilibrada establecida por su intérprete supremo, que es el Tribunal Constitucional (TC).

Este último tiene establecido que la idea de «colaboración con la Iglesia católica y las demás confesiones» ex art. 16.3 CE introduce la de aconfesionalidad o laicidad positiva, que permite la inserción de la religión en el itinerario educativo, como un cauce posible para la realización de la libertad religiosa. De tal suerte –añade– que a la luz de los actuales Acuerdos del Estado con la Santa Sede, no es cuestionable si es aceptable la enseñanza de la religión en los centros escolares, ni tampoco si la definición del credo religioso objeto de enseñanza ha de corresponder a las iglesias y confesiones o a la autoridad educativa estatal, pues el principio de neutralidad del referido art. 16.3 CE «veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales».

Esta juiciosa doctrina constitucional es la que va a ser tenida en cuenta, prioritariamente, por el TC para resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ de Canarias, a propósito del supuesto de hecho de una profesora de religión de educación infantil y primaria, a la que se comunicó por el Obispado de Canarias en el año 2000 que no se le formalizaría nuevo contrato por mantener una relación afectiva con un hombre distinto de su esposo, del que se había separado.

Para resolver el caso, el Tribunal Superior de Canarias consideró que debía cuestionar determinados aspectos del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscritos por el Estado con la Santa Sede en 1979 y una disposición de la LOGSE complementaria. Sintéticamente la línea argumentativa de la Sala de Canarias descansaba en la idea de que el despido laboral –al no renovarse el contrato de la profesora con las Administraciones públicas– era inconstitucional, al ser inmune al control judicial por estar incluida en los citados acuerdos internacionales. Aducía como vulnerados diversos preceptos constitucionales, entre otros, el relativo a la libertad religiosa y a la tutela judicial efectiva.

La respuesta que va a dar el TC –pese a cierta complejidad compresiva– es relativamente sencilla. Por un lado, considera que la llave para el ejercicio de la enseñanza religiosa y de los requisitos que deben poseer los docentes para la explicación del dogma católico la tiene el obispo, que es quien otorga la declaración de idoneidad. Así es porque está establecido en los Acuerdos con la Santa Sede, y forma parte de una interpretación de la libertad religiosa derivada del texto constitucional. Por ello, rechaza la inconstitucionalidad de los Acuerdos de la Santa Sede de 1979 cuestionados.

La res dubiae de la Sentencia de 15 de febrero 2007, y que no solventa definitivamente, tiene que ver con el carácter de la relación laboral de los profesores con las Administraciones públicas, introducidas a partir de 1998, y que abre el portillo para que los tribunales ordinarios entiendan contrarios al principio de igualdad, por discriminatorios, despidos como el más arriba señalado.

Son cuestiones técnicas no fácilmente discernibles, pero que se resumen en lo que sigue. La Iglesia puede y debe nombrar al profesor de religión, pero si se hace con arreglo a técnicas de contratación laboral, entra en juego el Derecho del Estado, que impide discriminaciones por razón religiosa. Cuestión, por tanto, abierta, y que deja a la ponderación por los tribunales ordinarios la resolución de casos como el planteado. Solución salomónica que salva el fuero eclesiástico, pero no el despido. La apostilla es que deberían buscarse otras fórmulas jurídicas para evitar el conflicto.

El TC ha logrado salir airoso del trance y ha puesto las cosas claras. Habrá que seguir la pista de lo que digan y resuelvan los tribunales ordinarios, puesto que aunque la cuestión está encauzada, no está definitivamente cerrada. La vía del amparo no está entornada.

 

http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/actualidad-juridica-aranzadi/727/comentario-jurisprudencia/acuerdos-con-la-santa-sede-y-los-profesores-de-religion

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

El Juzgado de lo Social número 3 de Almería ha condenado al Ministerio de Educación a readmitir a Resurrección Galera Navarro, la profesora de religión cuyo contrato no fue renovado en 2001 por decisión del Obispado de Almería tras casarse por lo civil con un divorciado, y a pagarle diez años de salario.

 

Si nececitas más ayuda pídela.

 

Por favor acepta sólo 1 respuesta.

Cliente: escribió hace 5 año.

Buenos días, te agradezco tu esfuerzo y la información facilitada, pero necesito una analisis , desde el punto de vista de la iglesia, sobre las alegaciones del Tribunal, que defiende el despido de la trabajadra, hay que defender la postura de la iglesia.

Muchas gracias

Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Apoyar la postura de la iglésia va a tener que ser desde la doctrina de la Iglesia y su catequesis doctrinal, en la que entiende que no es moral ni ético que alguien imparta conocimiento que no comprte y qu no predica con el ejemplo

 

la postura es clara, con independencia de su análisis legal, no quiero que alguien de clases de religión si en su vida privada esos requerimientos no los pone en práctica

 

Defender ésto desde la postura doctrinal católica es sencillo, legalmente no.

 

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