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R.Gomez
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Buenos días , necesito desarrollar un caso sobre el tema de

Pregunta del cliente

Buenos días , necesito desarrollar un caso sobre el tema de la objección de conciencia, desde un punto de vista de identificar la objeccion de conciencia y saber identificar en que casos hay objección de conciencia, y en que otros no cabe invocarla como excepción de la norma, centrarse en un caso q haya tenido repercusion, defender y sostener una opinión a favor o en contra de la objección, señalando jurisprudencia., fuentes jurídicas, noticias en los medios de comunicación, hay que realizar un analisis del tema, y defender la opinión desde un punto de vista critico fundada en argumentos jurídicos y no en apreciaciones
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Hola:

 

Te recomiendo dos casos muy manidos ultimamente al respecto:

 

Los farmaceúticos y la pildora del día después.

 

Los diferentes funcionarios de familia y la inscripción de los matrimonios homosexuales

 

A los farmacéuticos se les ha autorizado a alegar objeción de conciencia para no sumistrar esa píldora

 

A los funcionarios que se han negado a inscribir matrimonios homosexuales se les ha sancionado

 

La defensa del farmaceútico se plantea desde la posición que tiene su libertad religiosa y objección de conciencia en una materia sobre la que puede opinar

 

Es indefendible que lo funcionarios opinen sobre una norma legal y se nieguen a aplicarla alegando objección e conciencia como pretendieron al principio de la norma

 

El usuario puede cambiar de farmacia, de registro civil no.

 

Considero que solo debo darte unas ideas, y que te puedo ayudar a realizar el trabajo pero no hacértelo.

 

Por supuesto eres libre de aceptar o no la respuesta y de rechazar esta respuesta

 

http://blogs.periodistadigital.com/carloscorral.php/2011/11/14/libertad-de-conciencia-y-objecion-de-con

 

 

Cliente: escribió hace 5 año.
Gracias XXXXX XXXXX ayuda, dispones de alguna sentencia, o alguna repercusión mediatica sobre el primer tema que me expones relacionado con la pildora del dia después
Cliente: escribió hace 5 año.
no sé si es posible, me ayudaras a hacer un brebe planteamiento del tema
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Tomaremos como punto de partida la sentencia de 11 de abril de 1985 que señalaba: Por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia..., existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 C.E y, como este Tribunal ha indicado en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales

Tomar ese punto de partida no es casual, esa es la sentencia que será la piedra angular del derecho a la objección de conciencia para aquellos supuestos no regulados en normas específicas.

 

La objeción de conciencia parte siempre de un conflicto de interes entre libertad personal y poder jurídico estatal, y se debe buscar un equilibrio, donde predomine la capacidad de escoger del individuo, en el caso de conductas abstencionistas; es decir, aquellas que implican un no hacer frente al deber impuesto en la norma.

 

Aquí se encuadran, por ejemplo, las objeciones de conciencia al servicio militar, al aborto, a prestar juramento contra la propia conciencia, a formar parte de un jurado, etc., que han sido especialmente tuteladas por los ordenamientos jurídicos.

 

Sin embargo, los comportamientos activos ofrecen un nivel de peligrosidad social mayor. De ahí que su protección jurídica esté subordinada a que esas conductas individuales no resulten destructivas para la sociedad. Un ejemplo creo que aclarará lo que digo. El Tribunal Supremo norteamericano dictaminó, no hace mucho, que el interés de los Estados en la represión del uso de drogas exige limitar la pretensión de conciencia de determinadas sectas de utilizarlas en actos de culto. Declaró así improcedente la reclamación de la Native American Church (una secta que impone el deber a sus adeptos de consumir peyote, una droga blanda) contra la legislación de Ohio que prohibe el consumo de drogas.

 

Respecto de la objeción de conciencia del gremio de lo sfarmacéuticos destacaremos los autores que han estudiado el asunto (López Guzmán, Sieira, Bellver, Talavera, etc.) coinciden en que, en el caso de la píldora del día siguiente o similares, los farmacéuticos pueden negarse a expenderla basándose en razones de ciencia o de conciencia. En España, la Asamblea de Colegios de Farmacéuticos (14.XII.2000) —antes había elaborado otro la Real Academia de Farmacia— aprobó el Código Deontológico de la profesión, que estipula: La responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia, respetando la libertad y el derecho a la vida y a la salud del paciente. Este Código aún no está vigente, pues debe incorporarse al futuro Estatuto de la Profesión Farmacéutica. Sin embargo, la negativa de esos farmacéuticos a expender esa píldora —que en algunos supuestos tiene efectos abortivos— estaría protegida por la Constitución (art. 16) y por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia antes citada. Tenga en cuenta que la sanción que la Ley del Medicamento impone al farmacéutico que se niega a dispensar un fármaco, es sólo en los casos en que no haya causa justificada. Desde luego, esa expresión incluye tanto consideraciones profesionales como razones éticas o de conciencia. Una coacción sobre esas creencias —incluidas las que ejerza el poder constituido— constituiría una lesión de un derecho constitucional y fundamental.

Respecto del matrimonio homosexual el Catedrático de la Universidad Complutense y autor del libro «Las objeciones de conciencia» (escrito con el profesor Javier Martínez Torrón), que obtuvo para España el premio Arturo Carlo Jemolo, concedido por Italia al mejor libro sobre esta materia, nos qyuedaremos con lo mejor de estas resdpuestas.

--¿Por qué la objeción de conciencia es una institución en expansión?

--Rafael Navarro Valls: En materia de objeción de conciencia se ha producido un big-bang jurídico. Desde un pequeño núcleo --la objeción de conciencia al servicio militar-- se ha propagado una explosión que ha multiplicado por cien las modalidades de objeciones de conciencia. Así, han aparecido en rápida sucesión la objeción de conciencia fiscal, la objeción de conciencia al aborto, al jurado, a los juramentos promisorios, a ciertos tratamientos médicos, la resistencia a prescindir de ciertas vestimentas en la escuela o la Universidad, a trabajar en determinados días festivos y un largo etcétera. La razón estriba en el choque --a veces dramático-- entre la norma legal que impone un hacer y la norma ética o moral que se opone a esa actuación. Si a eso se une una cierta incontinencia legal del poder, que invade campos de la conciencia, se entiende la eclosión de las objeciones de conciencia. Recuérdese que, en España, la causa más de fondo que llevó a la instauración de un sistema de ejército profesional fue la cascada de objeciones de conciencia, que acabó dinamitando (con el aplauso de los partidos políticos) el sistema de servicio militar obligatorio.


--La posible aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo ha planteado también la posibilidad de la objeción de conciencia de los jueces encargados del registro civil y de los alcaldes y concejales llamados a autorizar esos matrimonios. ¿Tiene base legal esta posibilidad?

--Rafael Navarro Valls: La cobertura legal con la que cuentan estos hipotéticos objetores es abundante. El Tribunal Constitucional español ha dicho en su sentencia de 11 de abril de 1985 (fundamento jurídico 14): «la objeción de conciencia existe y puede ser ejercida con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida en el art. 16.1 de la Constitución».

A su vez, la Constitución europea (aprobada por España en referéndum) expresamente reconoce la objeción de conciencia a nivel de derecho fundamental en el artículo II-70. También el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 9) y un largo etcétera de leyes y sentencias. Por ejemplo, el Tribunal Federal Norteamericano ha denominado a la libertad de conciencia «la estrella polar» de los derechos.


--Antes de la objeción de conciencia, los funcionarios llamados a la celebración de esas uniones ¿tendrían alguna otra opción?

--Rafael Navarro Valls: Los jueces encargados del registro Civil (que son los que mayoritariamente intervienen en la celebración de matrimonios) pueden plantear, ante todo, la llamada objeción de legalidad ante el Tribunal Constitucional. No hay que olvidar que el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que cuando un juez considere que una norma con rango de ley aplicable al caso pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional. Así, pues, nos encontramos ante una primera objeción que parte del convencimiento por parte del juez de que tal norma (en este caso, la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo) no se adapta al marco de la Constitución. Esta posición no sería temeraria, si tenemos en cuenta que organismos de solvencia (Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Consejo del Poder Judicial y Consejo de Estado) han planteado, directa o indirectamente, dudas acerca de la constitucionalidad de la reforma legal en marcha. En concreto, la Real Academia de Jurisprudencia ha recalcado que la Constitución española establece una «garantía institucional» a favor del matrimonio heterosexual. La existencia de una garantía institucional determina la inconstitucionalidad de las eventuales normas que tuvieran por objeto suprimir la susodicha institución o la de aquellas que la vacíen de su contenido propio.


--¿Y tendrían derecho a plantear una verdadera objeción de conciencia?

--Rafael Navarro Valls: Además de la objeción de legalidad, cabría efectivamente la estricta objeción de conciencia. Es decir, la posición de quien comunica a su superior (ya sea juez encargado del registro civil, alcalde o concejal) los escrúpulos de conciencia respecto a la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo y la consiguiente negativa, por razones de conciencia, de intervenir en la celebración de esas uniones.

El derecho comparado conoce supuestos de objeción de conciencia de funcionarios, que han sido aceptados por el legislador o la jurisprudencia. Por ejemplo, en Norteamérica la Corte de Distrito de Columbia en el caso Haring resolvió el siguiente supuesto. Paul Byrne Haring, funcionario del Servicio Interno de Rentas Públicas (IRS) se negaba habitualmente a calificar las peticiones de exención de impuestos de organizaciones que practicaban el aborto, pasándolas a otros compañeros del Servicio. Cuando le correspondió ascender, el IRS se lo negó aduciendo que su ejemplo podría «seducir» a otros funcionarios. El Tribunal dio la razón a Haring estableciendo: 1) El IRS, como cualquier otra empresa, debe acomodarse a los disentimientos de sus empleados basados en razones de conciencia; 2) Tales conductas, cuando no son dañinas para el Estado, pues pueden llevarlas acabo otros funcionarios, han de ser protegidas, ya que «la libertad no está limitada a las cosas que parecen importantes: eso sólo sería una sombra de libertad».

En el concreto caso de uniones de homosexuales, Dinamarca ha introducido en su ley de «parejas de hecho» (prácticamente idéntica a las leyes que introducen el matrimonio entre homosexuales) cláusulas para defender la conciencia de concretas personas que pueden intervenir en esas uniones. Así, excluye a las uniones de homosexuales de la libertad de elección, vigente en Dinamarca para el matrimonio heterosexual, entre una celebración religiosa o civil. Precisamente para que los pastores de la iglesia luterana oficial (que tienen condición equiparable a los funcionarios) no se vean compelidos a intervenir en la celebración de esos matrimonios. Y en el proceso de divorcio entre parejas homosexuales, al que se aplica el mismo procedimiento que para el matrimonio heterosexual, no se puede solicitar (como expresamente se prevé en la disolución de matrimonio heterosexual por divorcio) la mediación de un clérigo luterano para intentar la reconciliación entre los partners. Son medidas que el propio legislador prevé, adelantándose a actitudes que, la oposición a la ley en el trámite de su elaboración, ha manifestado como muy posibles.

En todo caso, no es de recibo intentar disuadir a los objetores haciendo referencias amenazadoras «a la obligación de cumplir las leyes». Entre otras razones, como autorizadamente se ha dicho, «porque la ley, y su aplicación, están sujetos al respeto a los derechos fundamentales». Entre ellos el de libertad de conciencia. No se olvide que, cuando por estrictas razones de conciencia, se pone en marcha un mecanismo de base axiológica contrario a una ley, estamos ante planteamientos muy distintos de quien transgrede la ley para satisfacer un capricho o un interés bastardo. En el primer caso, el respeto al objetor paraliza los mecanismos represores de la sociedad. Por lo demás, siempre cabe la posibilidad de que celebre la unión objetada otro juez, alcalde o concejal otros funcionarios de idéntica condición cuya conciencia no se vea alterada ante esa celebración.

Si necesitas más ayuda, pídela.

Experto:  R.Gomez escribió hace 5 año.

Estimado usuario:

Te adjunto información al respecto con la que puedes realizar el trabajo.

 

I- Introducción.

Es decisión del Gobierno de la Nación permitir la venta libre en farmacias de la píldora poscoital. Está previsto que la medida entre en vigor en agosto de 2009, una vez que la Agencia Española del Medicamento incluya este producto en su lista de fármacos de venta sin receta.

Esta medida, de indudable trascendencia, que afectará a un importante colectivo de mujeres, muchas de ellas menores de edad (entre 14 y 18 años) 1, inmediatamente ha suscitado una viva polémica, no sólo en el ámbito político-social, sino también entre los profesionales sanitarios, médicos y farmacéuticos, así como entre las entidades que los representan (asociaciones científicas, colegios profesionales, etc.), que mantienen posiciones contrapuestas respecto de la bondad y pertinencia de la iniciativa. 1 Téngase presente, además, que, conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre( RCL 2002, 2650) , de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, las personas que han cumplido 16 años y los menores emancipados, deben prestar consentimiento por sí mismos, no siendo admisible su prestación por representación, salvo en los supuestos específicos de incapacidad física o mental previstos legalmente, y que, respecto de los menores de 16 años, el médico debe valorar su capacidad intelectual y emocional y decidir en consecuencia. A su vez, la STC 141/2000, de 29 de mayo( RTC 2000, 141) señaló que «desde la perspectiva del artículo 16CE( RCL 1978, 2836) los menores de edad son titulares plenos de sus derechos fundamentales, en este caso, de sus derechos a la libertad de creencias y a su integridad moral, sin que en el ejercicio de los mismos y la facultad de disponer de ellos se abandonen por entero a lo que al respecto puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia, como en este caso, su patria potestad, cuya incidencia sobre el disfrute por el menor de sus derechos fundamentales se modulará en función de la madurez del niño y los distintos estados en que la legislación gradúa su capacidad de obrar.»

 

1 Téngase presente, además, que, conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre( RCL 2002, 2650) , de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, las personas que han cumplido 16 años y los menores emancipados, deben prestar consentimiento por sí mismos, no siendo admisible su prestación por representación, salvo en los supuestos específicos de incapacidad física o mental previstos legalmente, y que, respecto de los menores de 16 años, el médico debe valorar su capacidad intelectual y emocional y decidir en consecuencia. A su vez, la STC 141/2000, de 29 de mayo( RTC 2000, 141) señaló que «desde la perspectiva del artículo 16CE( RCL 1978, 2836) los menores de edad son titulares plenos de sus derechos fundamentales, en este caso, de sus derechos a la libertad de creencias y a su integridad moral, sin que en el ejercicio de los mismos y la facultad de disponer de ellos se abandonen por entero a lo que al respecto puedan decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia, como en este caso, su patria potestad, cuya incidencia sobre el disfrute por el menor de sus derechos fundamentales se modulará en función de la madurez del niño y los distintos estados en que la legislación gradúa su capacidad de obrar.»

Actualmente, este fármaco, cuyo principio activo es el levonorgestrel, se facilita gratuitamente en los centros de salud, centros de planificación familiar o servicios de urgencia de once Comunidades Autónomas 2. En el resto de Comunidades Autónomas, por el contrario, sólo puede conseguirse en oficinas de farmacia y con receta, abonando, además, su costo. En cualquier caso, se trata de un fármaco incluido en el catálogo de prestaciones farmacéuticas, de obligada tenencia y dispensación por las oficinas de farmacia, ostentando la mujer un derecho subjetivo a recibir esta concreta prestación sanitaria pública convenientemente reglada, con receta o sin receta, según disponga dicha reglamentación 3. 2 Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, Baleares y País Vasco, facilitan gratuitamente la píldora poscoital.

 

2 Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, Baleares y País Vasco, facilitan gratuitamente la píldora poscoital.

3 El Anexo II del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre( RCL 2006, 1713, 1902) , por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, que explicita la Cartera de servicios comunes de atención primaria, incluye entre los servicios de atención a la adolescencia la «Promoción de conductas saludables en relación a la sexualidad, evitación de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual" (6.2.3.); y entre los Servicios de atención a la mujer la "Indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos no quirúrgicos y asesoramiento sobre otros métodos anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo" (6.3.2.). A su vez, el Anexo III, que enumera el contenido de la Cartera de servicios comunes de atención especializada, en el ámbito de la planificación familiar comprende la "información, indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos, incluidos los dispositivos intrauterinos" (5.3.7.2.). Mediante Orden 122/2005, de 3 de octubre( LARG 2005, 261) , Aragón reguló la prescripción y administración gratuita de la píldora poscoital en los centros sanitarios públicos del Sistema de Salud de Aragón. Impugnada esta Orden, el recurso fue desestimado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 24 de julio de 2008( PROV 2009, 95450) -.

No cabe duda de que, desde el punto de vista médico-sanitario, es muy conveniente el establecimiento de un protocolo o de unas pautas de dispensación (particularmente, facilitar suficiente información a las mujeres que demandan el fármaco, así como su seguimiento). Esto es posible cuando la píldora se suministra gratuitamente en centros de salud, de planificación familiar o servicios de urgencia. Por el contrario, las dificultades son mucho mayores en la dispensación libre por oficinas de farmacia en razón de la estricta aplicación de la legislación de protección de datos (el farmacéutico no puede crear un fichero con datos de clientes o usuarios ni facilitar su acceso a otros farmacéuticos, sin previa autorización expresa de los mismos).

Al margen de estos problemas técnico-sanitarios, otro importante obstáculo añadido es que un considerable colectivo de farmacéuticos se niega a dispensar este fármaco amparándose en «su» derecho a la objeción de conciencia 4. Es más, de un lado, los Colegios de Farmacéuticos en general proclaman el derecho a la objeción de conciencia de sus colegiados y, de otro, algunas Consejerías de Salud de Comunidades Autónomas han admitido públicamente el derecho de los farmacéuticos a no dispensar el fármaco por razones de conciencia, incluso no estando expresamente reconocido en su legislación autonómica 5. 4 Sobre esta temática, entre otros, VILLAREAL SUÁREZ DE CEPEDA, Paloma: "La objeción de conciencia del farmacéutico en la relación con los métodos anticonceptivos y el aborto", Derecho y Opinión, núm. 1, 1993, pp. 123-136; LÓPEZ GUZMÁN, J. y APARISI MIRALLES, A. «La píldora del día siguiente. Aspectos farmacológicos, éticos y jurídicos». Editorial La Caja, Madrid, 2002.

 

4 Sobre esta temática, entre otros, VILLAREAL SUÁREZ DE CEPEDA, Paloma: "La objeción de conciencia del farmacéutico en la relación con los métodos anticonceptivos y el aborto", Derecho y Opinión, núm. 1, 1993, pp. 123-136; LÓPEZ GUZMÁN, J. y APARISI MIRALLES, A. «La píldora del día siguiente. Aspectos farmacológicos, éticos y jurídicos». Editorial La Caja, Madrid, 2002.

5 Por ejemplo, la Consejera de Salud de Navarra.

En este contexto, las siguientes reflexiones tratan de aportar algo de luz jurídica al difícil asunto del ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios.

II- Naturaleza constitucional del derecho a la objeción de conciencia.

La Constitución Española de 1978( RCL 1978, 2836) , a parte de la objeción de conciencia al servicio militar y la cláusula de conciencia de los periodistas, no contempla expresamente un derecho general a la objeción de conciencia. Tal derecho tampoco se regula en la Declaración Universal de Derechos Humanos( LEG 1948, 1) , ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos( RCL 1977, 893) , ni en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales( RCL 1977, 894) , ni en el Convenio Europeo de Derechos Humanos( RCL 1999, 1190, 1572) . Igual ocurre con las Constituciones europeas, que a lo sumo contemplan la objeción de conciencia al servicio militar. En definitiva, como se puede constatar repasando el Derecho comparado, en ningún ordenamiento jurídico está sancionado un derecho general a la objeción de conciencia y cuando los ordenamientos incorporan concretos derechos a objetar, no los califican de derechos fundamentales. El ejercicio de esos concretos derechos a la objeción de conciencia (servicio militar, aborto, etc.), que reconocen diversos textos legales (Constituciones y Leyes 6), queda condicionado a la regulación que de los mismos hagan las leyes ordinarias. 6 Por ejemplo, regulan expresamente la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo: Ley de 1 diciembre de 1984 de Holanda; Ley de 17 enero 1975 de Francia; Ley de 24 de mayo de 1989 de Dinamarca; Ley de 22 mayo 1978 de Italia; Código Penal de 18 mayo 1976 de Alemania.

 

6 Por ejemplo, regulan expresamente la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo: Ley de 1 diciembre de 1984 de Holanda; Ley de 17 enero 1975 de Francia; Ley de 24 de mayo de 1989 de Dinamarca; Ley de 22 mayo 1978 de Italia; Código Penal de 18 mayo 1976 de Alemania.

No obstante, existe en la doctrina científica un consenso general en considerar que la libertad de conciencia es un derecho inherente a la persona, un derecho humano del que puede emanar la posibilidad de objetar respecto de determinadas prácticas. Donde surgen las discrepancias es sobre si la objeción de conciencia tiene o no la naturaleza o el carácter de derecho fundamental y sobre si existe un general derecho a la objeción de conciencia no necesitado de una concreta regulación para su ejercicio, o si, por el contrario, debe estar expresamente regulado para poder ejercerlo.

En nuestro sistema jurídico, la distinción entre derecho fundamental-derecho ordinario es importante pues los redactores de nuestra Constitución, desde una concepción iuspositivista, diferenciaron los derechos fundamentales de los ordinarios dándoles un nivel de protección diferente. Los derechos fundamentales strictu sensu son los regulados en los artículos 15 a 29 CE 7. Son derechos que no están afectados por la estructura autonómica del Estado, pues su desarrollo directo se hace por ley orgánica y gozan de la protección especial regulada en el artículo 53.2 CE. El resto de derechos constitucionales, denominados derechos ordinarios, no gozan de tal protección especial y su regulación se hace por ley ordinaria estatal y autonómica. 7 No significa esto que no existan o puedan existir otros derechos fundamentales así reconocidos por la dogmática y por otros ordenamientos jurídicos. No era esta la pretensión del constituyente. Simplemente, hace un listado de derechos humanos a los que califica de fundamentales al objeto de otorgarles un particular régimen jurídico de protección. Nótese que la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio ( art. 30CE[ RCL 1978, 2836] ), no está incluido en este listado, es decir, no es un derecho fundamental.

 

7 No significa esto que no existan o puedan existir otros derechos fundamentales así reconocidos por la dogmática y por otros ordenamientos jurídicos. No era esta la pretensión del constituyente. Simplemente, hace un listado de derechos humanos a los que califica de fundamentales al objeto de otorgarles un particular régimen jurídico de protección. Nótese que la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio ( art. 30CE[ RCL 1978, 2836] ), no está incluido en este listado, es decir, no es un derecho fundamental.

Es cierto que la STC 53/1985, de 11 de abril( RTC 1985, 53) , relativa a la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, afirmó que el personal sanitario puede oponer razones de conciencia para abstenerse de participar en las intervenciones dirigidas a la interrupción del embarazo. Pero también es cierto que dio respuesta a un caso muy singular y límite, por lo que, de la misma difícilmente puede intentar extraerse un principio general. Por lo demás, respecto a la cuestión de si es o no un derecho fundamental, nuestro Tribunal Constitucional, matizando convenientemente su doctrina anterior, en la sentencia 160/1987, de 27 de octubre( RTC 1987, 160) , ha precisado que la objeción de conciencia al servicio militar es un derecho constitucional, aunque no de carácter fundamental 8. En esta sentencia dijo que, precisamente, es su excepcionalidad lo que le caracteriza como derecho constitucional autónomo, pero no fundamental, y lo que legitima al legislador para regularlo por la ley ordinaria «con las debidas garantías», que, si por un lado son debidas al objetor, vienen asimismo determinadas por las exigencias defensivas de la comunidad como bien constitucional. Este razonamiento del Tribunal Constitucional, no ha sido rectificado sino reiterado en pronunciamientos posteriores 9. 8 No obstante, el Tribunal Constitucional admite su protección mediante el recurso de amparo constitucional.

 

8 No obstante, el Tribunal Constitucional admite su protección mediante el recurso de amparo constitucional.

9 En sentido análogo ATC 71/1993, de 1 de marzo( RTC 1993, 71 AUTO) , y STC 55/1996, de 28 de marzo( RTC 1996, 55) , entre otras.

Respecto a la cuestión central de si en nuestro sistema jurídico se ha positivizado o no un derecho general a la objeción de conciencia, conviene advertir que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 53/1985( RTC 1985, 53) no se pronunció al respecto 10, y que en su Sentencia 161/1987, de 27 de octubre( RTC 1987, 161) , expresamente afirma que en el artículo 16.1 CE no cabe reconocer un derecho general a la objeción de conciencia. Dice lo siguiente: 10 ROMEO CASABONA, C., «El derecho a la objeción de conciencia» en el libro colectivo Hector Gross Espiell Amicorum Liber, E. Bruylant S. A., 1997, Tomo II, p. 1324, destaca que en ningún momento dicha sentencia reconoce la objeción de conciencia como un derecho general.

 

10 ROMEO CASABONA, C., «El derecho a la objeción de conciencia» en el libro colectivo Hector Gross Espiell Amicorum Liber, E. Bruylant S. A., 1997, Tomo II, p. 1324, destaca que en ningún momento dicha sentencia reconoce la objeción de conciencia como un derecho general.

«La objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado. Lo que puede ocurrir es que sea admitida excepcionalmente respecto a un deber concreto».

No obstante este pronunciamiento, la sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de abril de 2005( RJ 2005, 6382) -, y la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 8 de enero de 2007( PROV 2007, 66688) , con apoyo en la STC 53/1985( RTC 1985, 53) , llegaron a reconocer a los farmacéuticos la objeción de conciencia como excepción personal derivada de un juicio de carácter ético o moral, ello a pesar de no estar contemplada más que en cuatro leyes autonómicas según veremos más adelante; resoluciones judiciales que, en mi criterio, hacen una extensión desmesurada y acrítica del singular pronunciamiento constitucional respecto al aborto. Empero, estos pronunciamientos han sido contrarrestados y neutralizados por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de febrero de 2009( RJ 2009, 1877) , en la que el Alto Tribunal, antes de entrar en el tema objeto del recurso (objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía), desarrolla una extensa y elaborada argumentación general en torno al contenido y alcance de la objeción de conciencia en nuestro ordenamiento jurídico, perfectamente aplicable por ello al tema que nos ocupa:

«... además de recordar que el único supuesto en el que la Constitución contempla la objeción de conciencia frente a la exigencia del cumplimiento de un deber público es el previsto en su artículo 30.2, hemos de reiterar que la doctrina del Tribunal Constitucional solamente ha admitido, fuera de ese caso, el derecho a objetar por motivos de conciencia del personal sanitario que ha de intervenir en la práctica del aborto en las modalidades en que fue despenalizado. Asimismo, es preciso añadir que ni las normas internacionales, ni la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo han reconocido en el ámbito educativo.

Desde luego, nada impide al legislador ordinario, siempre que respete las exigencias derivadas del principio de igualdad ante la ley, reconocer la posibilidad de dispensa por razones de conciencia de determinados deberes jurídicos. Lo que ocurre es que se trataría de un derecho a la objeción de conciencia de rango puramente legislativo -no constitucional- y, por consiguiente, derivado de la libertad de configuración del ordenamiento de que dispone el legislador democrático, que podría crear, modificar o suprimir dicho derecho según lo estimase oportuno.

Para sostener que, más allá de los específicos supuestos expresamente contemplados por la Constitución, de ésta surge un derecho a la objeción de conciencia de alcance general, que no podría ser ignorado por el legislador, suele invocarse -como se ha hecho en el caso ahora examinado- el artículo. 16 de la CE. La idea básica de quienes sostienen esta postura es que la libertad religiosa e ideológica garantiza no sólo el derecho a tener o no tener las creencias que cada uno estime convenientes, sino también el derecho a comportarse en todas las circunstancias de la vida con arreglo a las propias creencias. Pero ésta es una idea muy problemática, al menos por dos órdenes de razones.

En primer lugar, una interpretación sistemática del texto constitucional no conduce en absoluto a esa conclusión. Incluso, pasando por alto que la previsión expresa de un derecho a la objeción de conciencia al servicio militar en el artículo 30.2 no tendría mucho sentido si existiese un derecho a la objeción de conciencia de alcance general dimanante del artículo 16, es lo cierto que el tenor de este último precepto constitucional dista de abonar la tesis de que la libertad religiosa e ideológica comprende el derecho a comportarse siempre y en todos los casos con arreglo a las propias creencias. En efecto, la libertad religiosa e ideológica no sólo encuentra un límite en la necesaria compatibilidad con los demás derechos y bienes constitucionalmente garantizados, que es algo común a prácticamente todos los derechos fundamentales, sino que topa con un límite específico y expresamente establecido en el artículo 16.1 de la Constitución: "el mantenimiento del orden público protegido por la ley". Pues bien, por lo que ahora importa, independientemente de la mayor o menor extensión que se dé a la noción de orden público, es claro que ésta se refiere por definición a conductas externas reales y perceptibles. Ello pone de manifiesto que el constituyente nunca pensó que las personas pueden comportarse siempre según sus propias creencias, sino que tal posibilidad termina, cuanto menos, allí donde comienza el orden público.

En segundo lugar, en contraposición a la dudosa existencia en la Constitución de un derecho a comportarse en todas las circunstancias con arreglo a las propias creencias, se alza el mandato inequívoco y, desde luego, de alcance general de su artículo 9.1: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Este es un mandato incondicionado de obediencia al Derecho. Derecho que, además, en la Constitución española es el elaborado por procedimientos propios de una democracia moderna. A ello hay que añadir que el reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia de alcance general a partir del artículo 16, equivaldría en la práctica a que la eficacia de las normas jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual, lo que supondría socavar los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho.

(...)

La jurisprudencia constitucional española, en suma, no ofrece base para afirmar la existencia de un derecho a la objeción de conciencia de alcance general. Y, por lo que se refiere a instrumentos internacionales que satisfagan las características exigidas por el artículo 10.2 de la CE para ser guía de la interpretación en materia de derechos fundamentales, el único que puede traerse a colación es el artículo 10.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea( LCEur 2000, 3480) , que dispone: "Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio".

Es verdad que este precepto no limita el derecho a la objeción de conciencia a un ámbito material determinado. Y es probable que, tras la mención específica a la Carta en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2008( RCL 2008, 1437) , por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Lisboa, aquélla debe ya ser utilizada como canon interpretativo aun cuando el mencionado Tratado de Lisboa no haya todavía entrado en vigor. Ahora bien, la propia Carta circunscribe su eficacia a aquellos supuestos en que los Estados apliquen Derecho de la Unión Europea, lo que claramente no ocurre en el caso ahora examinado. El artículo 10.2 de la Carta, además, requiere expresamente una interpositio legislatoris para desplegar sus efectos, por lo que no admite un derecho a la objeción de conciencia en ausencia de ley que lo regule.»

En suma, de la doctrina jurisprudencial transcrita, se pueden extraer tres conclusiones inobjetables: a) la Constitución Española de 1978 no reconoce un derecho general a la objeción de conciencia, b) el legislador ordinario puede reconocer el derecho a la objeción de conciencia en determinados supuestos, pero regulándolo convenientemente, de manera que el derecho sólo podrá ser ejercido en los términos que fije el legislador ordinario; c) esos derechos legalmente reconocidos a la objeción de conciencia no son derechos fundamentales, sino derechos ordinarios.

Situándonos en el ámbito de la dogmática, bastantes tratadistas, tanto desde la óptica del la Filosofía del Derecho como del Derecho Eclesiástico, afirman que la objeción de conciencia es un derecho fundamental 11. Sin embargo, tras comentar críticamente, no todos, la doctrina del Tribunal Constitucional, se limitan a afirmar su carácter de fundamental, sin más, como si fuese algo per se, algo connatural a la persona y a la dignidad del ser humano. Así, desde una fundamentación ética sostienen la existencia de un derecho general y fundamental a la objeción de conciencia como una necesaria concreción de las libertades garantizadas en el artículo 16.1 CE (libertades ideológica y religiosa), no necesitando para su calificación de fundamental de una mayor justificación o argumentación jurídico-constitucional. Basta con una valoración del tema desde la ética e, incluso, desde una perspectiva religiosa, para alcanzar tal conclusión. Por el contrario, los tratadistas que enfocan el tema desde la óptica del Derecho Constitucional, esto es, únicamente desde el plano de la exégesis jurídica, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional tienden a negar que la objeción de conciencia sea un derecho fundamental, a la par que niegan la existencia de un derecho a la objeción de conciencia de carácter general derivado del artículo 16.1 CE 12. 11 Así, por todos, NAVARRO-VALLS, R. y MARTÍNEZ-TORRON, J. Las objeciones de conciencia en el derecho español y comparado. Editorial Mc. Graw Hill, Madrid, 1997, SIEIRA MUCIENTES, S, La objeción de conciencia sanitaria, Editorial Dykinson, Madrid, 2000, y MARTÍN SÁNCHEZ, I, « La objeción de conciencia del personal sanitario», en el libro colectivo Libertad Religiosa y Derecho Sanitario, Editorial Fundación Universitaria Española, Madrid, 2007, pp. 49 a 110.

 

11 Así, por todos, NAVARRO-VALLS, R. y MARTÍNEZ-TORRON, J. Las objeciones de conciencia en el derecho español y comparado. Editorial Mc. Graw Hill, Madrid, 1997, SIEIRA MUCIENTES, S, La objeción de conciencia sanitaria, Editorial Dykinson, Madrid, 2000, y MARTÍN SÁNCHEZ, I, « La objeción de conciencia del personal sanitario», en el libro colectivo Libertad Religiosa y Derecho Sanitario, Editorial Fundación Universitaria Española, Madrid, 2007, pp. 49 a 110.

12 Por todos, véase GARCÍA HERRERA M. A., La objeción de conciencia en materia de aborto, Gobierno Vasco, 1991; PECES-BARBA, G. Reflexiones sobre la sentencia andaluza, El País, de 7 de abril de 2008, donde recuerda que el Tribunal Constitucional exige para que exista objeción de conciencia una norma autorizante, Constitución, Ley o Jurisprudencia del mismo Tribunal Constitucional; ENÉRIZ OLAECHEA, F. J., quien en su reciente tratado La protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución Española, Editorial Universidad Pública de Navarra, 2007, p. 96, afirma que «el mencionado derecho a la objeción de conciencia (art. 30) no debe calificarse como un derecho fundamental. Es un derecho ordinario, situado allende la sección que regula los derechos fundamentales y las libertades públicas, por lo que su regulación no requiere de ley orgánica ( SSTC 160/1987[ RTC 1987, 160] y 161/1987[ RTC 1987, 161] , ambas de 27 de octubre, y ATC 71/1993, de 1 de marzo[ RTC 1993, 71] AUTO ), pero que, a pesar de su condición de derecho ordinario, goza en cuanto a su protección del amparo del Tribunal Constitucional; DÍEZ-PICAZO JIMÉNEZ, L. M., «Las libertades de la conciencia en el ordenamiento español.»( BIB 2003, 244) , en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 2/2003, Thomson-Aranzadi, 2003, quien afirma que de la Constitución difícilmente puede extraerse un derecho a la objeción de conciencia más allá del supuesto excepcional del artículo 30.2CE( RCL 1978, 2836) , por lo que nada impide que el legislador otorgue tal derecho cuando lo estime oportuno, aunque se tratará siempre de decisiones constitucionalmente libres del legislador, que podrá dar y quitar tal derecho a la objeción de conciencia, así como dotarlo de la extensión que mejor le parezca; y Sistema de derechos fundamentales( BIB 2005, 1970) , Aranzadi/Thomson, 2003, pp. 226 a 229, donde niega la existencia de un derecho a la objeción de conciencia general derivado del art. 16.1 CE; MACEIRAS RODRÍGUEZ, P. «La objeción de conciencia en relación con los tratamientos e intervenciones médicas»( BIB 2008, 1310) , Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 756/2008.

III- Necesidad de regular el ejercicio de la objeción de conciencia.

En cualquier caso, la generalidad de los tratadistas coinciden en que no puede darse una prevalencia total y absoluta a la ética privada sobre la ética pública; ética pública que se concreta en las normas aprobadas por mayoría en las sociedades democráticas, esto es, en el ordenamiento jurídico de un Estado democrático y de Derecho. La objeción de conciencia no puede ser ejercida directamente por cualquier ciudadano y en cualquier ámbito desobedeciendo dicho ordenamiento jurídico y sin norma legal que la ampare. Ello, como ha dicho el Tribunal Constitucional, implicaría la negación del Derecho y del Estado. La obediencia al Derecho también es un imperativo ético, además de jurídico 13. Y cualquier desobediencia u oposición al cumplimiento de un deber legal precisa de una norma que la legitime. Cierto que el Tribunal Constitucional en el caso del aborto ha admitido su ejercicio sin mediar legislación ( STC 53/1985[ RTC 1985, 53] ). Pero también es cierto que el máximo intérprete de la Constitución postula, no ya la conveniencia, sino la necesidad de su regulación. En similares términos, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 11 de febrero de 2009( RJ 2009, 1877) , ya comentada. 13 El artículo 9 de la CE( RCL 1978, 2836) establece que los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

 

13 El artículo 9 de la CE( RCL 1978, 2836) establece que los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Esta misma exigencia de regulación la contempla la Unión Europea. Así, en el artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000( LCEur 2000, 3480) 14, con la rúbrica «Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión», declara en su apartado 2º que «Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio». 14 DOC, núm. 364, de 18 de diciembre. Es bien conocido que esta Carta no tiene valor jurídico vinculante al no haberse incorporado al ordenamiento jurídico comunitario. Este mismo texto se había incorporado al frustrado proyecto de Constitución europea.

 

14 DOC, núm. 364, de 18 de diciembre. Es bien conocido que esta Carta no tiene valor jurídico vinculante al no haberse incorporado al ordenamiento jurídico comunitario. Este mismo texto se había incorporado al frustrado proyecto de Constitución europea.

Y es que, en efecto, tal regulación resulta imprescindible para compatibilizar la ética individual con la ética pública. El ejercicio de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario implica una colisión de derechos y deberes (el derecho del objetor a ejercerla colisiona con su deber legal de dar una prestación sanitaria y con el derecho subjetivo del usuario a recibir esa concreta prestación). Ante esta colisión de derechos y deberes no puede reconocerse y otorgarse una superioridad a la conciencia ética o religiosa individual, o de un grupo corporativo 15, sobre la ética pública, hasta el punto que impida el ejercicio y la efectividad de los otros derechos implicados, derechos de no menor valor. De ahí que, al objeto de lograr el necesario equilibrio entre ellos, sea preciso regular, mediante una adecuada ponderación de los intereses en conflicto, el contenido del derecho a la objeción de conciencia y los límites a su ejercicio, límites que han de ser proporcionales al fin con ellos perseguido, de manera que preservada la objeción de conciencia cuando el legislador democrático entienda lícito su ejercicio, sin embargo, tal ejercicio no repercuta negativamente sobre las previsiones legales ordenadas a la consecución de las condiciones establecidas constitucionalmente para el desarrollo de la vida individual y comunitaria, y resulte plenamente compatible con la conciencia social y democrática imperante en cada momento y con una convivencia social solidaria entre los ciudadanos. 15 En el año 2003, el Presidente de la Organización Médica Colegial llego a afirmar que «El código ético médico se encuentra por encima de la Ley». Véase Diario Médico de 23 de septiembre de 2003.

 

15 En el año 2003, el Presidente de la Organización Médica Colegial llego a afirmar que «El código ético médico se encuentra por encima de la Ley». Véase Diario Médico de 23 de septiembre de 2003.

Sentado lo anterior, esto es, su necesaria regulación legal, conviene dar un paso más y valorar si, en cuanto derecho ordinario, su regulación esta reservada sólo al Estado o también puede ser objeto de regulación por las Comunidades Autónomas en el ámbito de las materias sobre las que ostentan competencias (en nuestro caso la sanidad). Al objeto de dilucidar esta cuestión, importa manejar la doctrina o posición oficial del Tribunal Constitucional, que, como ya sabemos, es la de que se trata de un derecho constitucional, pero no fundamental, por lo que no precisa ser regulado por ley orgánica.

No cabe duda de que el Estado, utilizando los títulos competenciales derivados del artículo 149.1. 1ª y 16ª CE, puede y debe regular la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Las dos materias a que se refieren dichos apartados son, de un lado, «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales» y, de otro, las «bases de la sanidad».

Por su parte, las Comunidades Autónomas tienen competencia para tal regulación en base a su capacidad para legislar sobre derechos y deberes constitucionales al objeto de establecer, en el marco de las condiciones básicas fijadas por el Estado para cada derecho ( artículo 149.1.1º CE), el régimen jurídico del mismo, de acuerdo con el orden constitucional de competencias (entre otras, Sentencias del Tribunal Constitucional de 61/1997, de 20 de marzo[ RTC 1997, 61] y 188/2001, de 24 de septiembre[ RTC 2001, 188] ).

En efecto, en la relación norma básica-norma autonómica ha dicho reiteradamente el Tribunal Constitucional (por todas, sentencia 85/1984, de 26 de julio[ RTC 1984, 85] ) que las Comunidades Autónomas no necesitan esperar a que el Estado dicte la normación básica para disponer de inmediato de sus facultades normativas de desarrollo. Aquí cobra especial importancia el llamado efecto desplazamiento, que se produce cuando las leyes autonómicas contradicen la ley básica, bien por ser anteriores a esta, bien por ser posteriores pero incide en ellas una posterior modificación de la ley básica estatal. Entonces, en virtud de la cláusula de prevalencia del Derecho estatal, cuando son incompatibles se produce un desplazamiento de la ley autonómica anterior por la ley básica estatal posterior. Como ha dicho el Tribunal Constitucional se trata, no de una derogación, sino de una incompetencia sobrevenida ( STC 109/2003, de 5 de junio[ RTC 2003, 109] , entre otras).

Actualmente, cuatro leyes autonómicas, la Ley 8/1998, de 16 de junio( LLR 1998, 143) , de Farmacia, de La Rioja, ( art. 5.10), la Ley 5/1999, de 21 de marzo( LG 1999, 206) , de Farmacia, de Galicia, ( art. 6), la Ley 7/2001, de 19 de diciembre( LCTB 2001, 251) , de Farmacia, de Cantabria, (art. 3.2), y la Ley 5/2005, de 27 de junio( LCLM 2005, 180) , de Farmacia, de Castilla-La Mancha, ( art. 17), contemplan el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos, pero no regulan su ejercicio, sólo mandan a la Administración sanitaria garantizarlo.

Enumerada la legislación autonómica, una última cuestión conviene abordar y dilucidar en torno a la regulación de la objeción de conciencia. Cierto que el Código de Ética y Deontología de la profesión farmacéutica, aprobado el 14 de diciembre de 2000, declara en su artículo 28 que «La responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia respetando la libertad y el derecho a la vida y a la salud del paciente». Ahora bien, estos textos no poseen rango legal. Se trata de simples códigos éticos carentes de la juridicidad propia de las normas estatales y autonómicas. No cumplen, además, el elemental requisito de publicidad. No son, pues, ni leyes ni reglamentos, ni tienen un reconocimiento estatal o autonómico como fuentes de Derecho. Son, por tanto, «normas» ajenas al cuadro formal de fuentes del Derecho, por lo que no garantizan al farmacéutico la cobertura jurídica para el efectivo ejercicio del derecho a objetar 16. 16 La Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre de 2006( RJ 2007, 232) , recuerda que, por su contenido ético o moral, esos Códigos carecen en sí mismos de fuerza coercitiva.

 

16 La Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre de 2006( RJ 2007, 232) , recuerda que, por su contenido ético o moral, esos Códigos carecen en sí mismos de fuerza coercitiva.

IV- Sobre las propiedades y efectos de la píldora poscoital en relación con la objeción de conciencia.

La píldora poscoital está calificada como un medicamento de uso humano, no como un producto sanitario. La Organización Mundial de la Salud 17 describe la píldora (levonorgestrel) como un método anticonceptivo de emergencia, que las mujeres pueden usar en los primeros días después de un coito realizado sin protección para impedir un embarazo no deseado. En la misma línea, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 18 ha declarado que el fármaco no es un abortivo porque tiene efecto antes de la etapa más temprana de la implantación. La función del fármaco es provocar una descoordinación entren el óvulo y los espermatozoides, impidiendo así la fecundación. Entonces, no puede hablarse de aborto cuando no hay fecundación y no hay embrión. Si ha habido fecundación, se trata de que el óvulo no llegue a anidar en el útero y muera. Parte de los científicos consideran que en estos casos tampoco hay efecto abortivo al entender que el embarazo comienza con la anidación o implantación, no con la fecundación. Sin embargo, otros científicos, normalmente vinculados con la Iglesia Católica, entienden que el embarazo comienza con la fecundación, no con la anidación o implantación. 17 Organización Mundial de la Salud (WHO). Selected practice recomendations for contraceptive use. Second edition. Geneve, 2005, y Boletín informativo, octubre de 2005.

 

17 Organización Mundial de la Salud (WHO). Selected practice recomendations for contraceptive use. Second edition. Geneve, 2005, y Boletín informativo, octubre de 2005.

18 Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). Recommendations on ethical issues in obstetrics and gynecology bit the FIGO Committee for the ethical aspects of human reproductions and women´s health. London, 2003.

En cualquier caso, la píldora está concebida para ser utilizada como un anticonceptivo, no como un abortivo. La utilización propia y normal es la de impedir la fecundación del óvulo. En efecto, médicamente está indicada para ser utilizada en situaciones de emergencia, y en el prospecto que acompaña al fármaco se dice que para que sea ciertamente efectiva ha de ser ingerida dentro de las primaras 48 horas desde la realización del coito, a lo sumo 72 horas 19, por lo que, además, está diseñada como un anticonceptivo de uso ocasional. Y, en efecto, la Organización Mundial de la Salud recomienda usar este fármaco como emergencia, es decir, ha de utilizarse lo menos posible ya que no está concebido como un procedimiento habitual de contracepción. 19 La píldora debe tomarse pronto para que sea efectiva. Dentro de las 24 horas siguientes al coito tiene una efectividad del 95%. Entre 25 y 48 horas, baja a un 85%. Si se toma entre las 49 y 72 horas, la efectividad se reduce al 58%.

 

19 La píldora debe tomarse pronto para que sea efectiva. Dentro de las 24 horas siguientes al coito tiene una efectividad del 95%. Entre 25 y 48 horas, baja a un 85%. Si se toma entre las 49 y 72 horas, la efectividad se reduce al 58%.

V- Conclusiones.

Sabemos que, excepcionalmente, el Tribunal Constitucional ha admitido el ejercicio por el personal sanitario de la objeción de conciencia sin necesidad de regulación previa, respecto de los supuestos de práctica de abortos legales. Recordemos que la STC 53/1985, de 11 de abril( RTC 1985, 53) , afirmó que tal derecho «existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación» ¿Es extensible, sin más, este criterio a los farmacéuticos respecto de la dispensación de la píldora poscoital?

De entrada, ha de significarse que una declaración límite del Tribunal Constitucional para un supuesto singular con una gran carga ética y moral (el aborto), no puede extenderse a otros supuestos distintos que nada tienen que ver con el aborto, ni tan siquiera, en mi criterio, a algunos relativamente cercanos como la eutanasia. En suma, pretender su extensión generalizada, sin más, a cualquier supuesto que se pueda dar en el ámbito de la asistencia sanitaria, es algo que no se sostiene en Derecho, más aún cuando el propio Tribunal Constitucional posteriormente ha matizado mucho esa doctrina, como hemos visto. Por el contrario, la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de febrero de 2009( RJ 2009, 1877) , por estudiar la objeción de conciencia en abstracto antes de analizar el caso concreto, sí es aplicable a cualquier supuesto en el que se pretenda ejercer la objeción de conciencia.

Por tanto, sentado que la píldora poscoital no es abortiva sino anticonceptiva (impide la fecundación o la anidación), en razón de todo lo razonado hasta ahora, particularmente de la doctrina jurisprudencial expuesta, es plausible afirmar que no es posible extender el pronunciamiento hecho por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 53/1985, de 11 de abril( RTC 1985, 53) , a la dispensación por los farmacéuticos de la píldora poscoital. Las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés público y sujetos a planificación sanitaria y los farmacéuticos están obligados a dispensar el fármaco, con receta e, incluso, sin receta, si así se dispone legalmente. Así pues, sin mediar una habilitación legal, no podrán alegar el derecho a la objeción de conciencia para no dispensarla y, además, pretender no sufrir consecuencias por ello (las sanciones pertinentes 20). 20 El artículo 108.2.b.15 de la Ley del Medicamento( RCL 2006, 1483) , tipifica la negativa a vender un medicamento sin causa justificada como falta grave, y la reincidencia en la negativa, como falta muy grave.

 

20 El artículo 108.2.b.15 de la Ley del Medicamento( RCL 2006, 1483) , tipifica la negativa a vender un medicamento sin causa justificada como falta grave, y la reincidencia en la negativa, como falta muy grave.

Para poder hacer objeción de conciencia sin consecuencias adversas, deberá previamente reconocérseles este derecho expresamente, bien por el legislador estatal o bien por el legislador autonómico, regulando convenientemente su ejercicio. Recordemos que el Tribunal Constitucional exige una norma autorizante para el ejercicio de la objeción de conciencia: la Constitución, una Ley, o la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

De todos modos, haciendo abstracción de esta cuestión de legalidad, desde el punto de vista técnico-sanitario parece más conveniente, sin impedir la libre dispensación sin receta del fármaco, en todo caso generalizar y garantizar la dispensación gratuita en centros de salud, centros de planificación familiar y servicios de urgencia públicos. Ello, por cuanto los farmacéuticos difícilmente podrán hacer un seguimiento de los pacientes (no pueden abrir un fichero con datos de los pacientes ni intercambiarlo con otras farmacias sin previo consentimiento expreso de la paciente, por prohibirlo la legislación de protección de datos personales 21). Por el contrario, el asesoramiento y seguimiento de los pacientes es mucho más fácil de instrumentar desde los centros de salud, centros de planificación familiar y servicios de urgencias públicos. En estos centros, el médico puede verificar la identidad del paciente y ejercer un seguimiento y control sanitario, además de darle el asesoramiento sanitario conveniente. 21 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre( RCL 1999, 3058) , de protección de datos de carácter personal, y Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre( RCL 2008, 150) .

 

21 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre( RCL 1999, 3058) , de protección de datos de carácter personal, y Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre( RCL 2008, 150) .

 

 

Un saludo,

R GÓMEZ

 

 

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