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Me pueden solicitar una comisión de investigación en mi trabajo

Pregunta del cliente

Me pueden solicitar una comisión de investigación en mi trabajo de mis Correos privados?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Hola:

 

La respuesta a su pregunta es clara, NO, no pueden. Nunca sin su consentimiento

Entre el derecho del empresario a fiscalizar el trabajo efectivo del empleado y el derecho a la intimidad del empleado y su dignidad profesional, siempre se va a supeditar el primero en aras de éstos últimos.

 

El correo es una herramienta que pertenece al ámbito privado, protegida por el secreto a las comunicaciones y el derecho a la intimidad aún en la escena laboral

 

Cualquier violación de su intimidad por la empresa puede ser objeto de una demanda por su parte que Ud ganaría porque el derecho a la intimidad esta muy por encima del derecho de la empresa a fiscalizar su trabajo. Incluso puede ser objeto de denuncia penal por divulgación de secretos.

 

Siempre que han confrontado el derecho del empresario a fisclaizar las herramientas a disposición del trabajador y el tiepo de trabajo con el derecho a la intimidad siem pre se ha valorado éste segundo aspecto, además de que podemos confrontar con el derecho penal y la prohibición de revelar secretos, lo que no puede en ningun caso hacer un empleador

 

Si bien la herramiento de correo es bien de la empresa que el trabajador debe usar con lealtad y fidelidad a la empresa, no se puede fiscalizar esa herramienta vulnerando los derechos básicos del tarbajador a su intimidad.

 

Otro punto de vista para la proteccion del trabajador que pueda ver violentado su derecho a la intimidad y dignidad en el tarbajo por un acoso del empresario hacia ese estudio de sus correos personales es la propia ley orgánica de proteccion de datos LO 15/1999 que exige que la recogida de datos por el empresario siempre se supedite a fines concretos y legítimos y prohibe que se usen para fines diferentes de los que le son propios Art 13 de la ley y el artículo 6.2 exige que el uso de esos datos prcise del conseentiemiento expreso del afectado.

 

Consulte dudas 1 aceptación es suficiente

Experto:  R.Gomez escribió hace 4 año.

djuntamos sentencias recientes de su interés en el asunto consultado:

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 6390/2004 de 21 septiembre

AS\2004\2880

DERECHOS FUNDAMENTALES: derecho a la intimidad personal: vulneración: registro del ordenador y control del correo electrónico, en ausencia del operario: falta de garantías durante el procedimiento.

DESPIDO PROCEDENTE: ofensas verbales o físicas: insultos a superior jerárquico; calificación: forma de efectuarla: adecuación entre la falta y la sanción: interpretación: supuestos.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 2650/2004

Ponente: Ilmo. Sr. D. emilio de cossío blanco

 

El TSJ estima el recurso interpuesto por la empresa demandada contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona, de fecha 27-11-2003, dictada en autos promovidos en reclamación de despido, que es revocada en el sentido reseñado en la fundamentación jurídica.

 

En Barcelona a 21 de septiembre de 2004

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos./as. Sres./as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 6390/2004

En el recurso de suplicación interpuesto por Imagina Comunicació SA frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Barcelona de fecha 09/12/2003 dictada en el procedimiento Demandas núm. 660/2003 y siendo recurrido Luis Manuel. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Emilio de Cossio Blanco.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 28-08-2003 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido disciplinari, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 09/12/2003 que contenía el siguiente Fallo:

«Que estimando la demanda presentada por Luis Manuel en reclamación de despido contra la empresa Imagina Comunicació, SA, debo declarar y declaro improcedente el despido producido, condenando a la empresa Imagina Comunicació, SA, a que readmita al trabajador en su puesto, en las mismas condiciones que regían, o bien le indemnice con 24.322,39 euros pudiendo optar la empresa dentro del plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia entre la readmisión o la indemnización. Así mismo la empresa, sea cual sea el sentido de su opción deberá proceder al abono de los saldos de tramitación desde la fecha del despido 24/07/03 hasta la notificación de esta sentencia a razón de 170,69 euros diarios».

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

«I.- Sr. Luis Manuel inicio su relación laboral con la empresa Imagina Comunicació, SA, en fecha 23/06/00, ostentando la categoría de DIRECCION000 y percibiendo un salario bruto mensual con prorrateo de pagas extras de 5.191,73 euros. No es ni ha sido legal representante de los trabajadores. (No controvertido).

II.-El día 22-4-03 el actor fue despedido verbalmente, remitiéndole la empresa así mismo en fecha 06/05/03. Por sentencia del Juzgado de lo Social núm. 31 de Barcelona de fecha 08/07/03 se declaró la improcedencia del despido como consecuencia de la inexistencia de la carta de despido de fecha 06/05/03 pueda suponer subsanación (fundamento de derecho 3º).La sentencia fue notificada a la empresa en fecha 17/07/03 y el 21/07/03 la misma optó por la readmisión del actor. La empresa comunicó al actor su readmisión. (De los folios 357 a 371 de los autos).

III.-El día 24/07/03 la empresa le comunicó un escrito de dicha fecha mediante el cual procede a su despido disciplinario indicándose en la misma los siguientes extremos:

"Don Luis Manuel

Casp, 53 pral.

08010 Barcelona

En Barcelona, a 24 de julio de 2003.

Muy Sr. nuestro:

Por medio de la presente, y en base a las facultades que me confiere el artículo 49.1.k), en relación con el artículo 54, ambos del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , le comunico que esta dirección empresarial, ha tomado la decisión de despedirle con efectos del día de hoy, por haber incurrido Vd. en diversos incumplimientos contractuales, y que los calificamos de muy graves

, y merecedores de despido por razones disciplinarias. Esta comunicación se efectúa, al amparo de lo previsto en el artículo 110, apartado 4 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , como subsanación del despido verbal de fecha 22-4-2003, el cual fue declarado improcedente por defecto de forma mediante sentencia 307 de fecha 8 de julio de 2003, autos 408/2003. Sirven de base a esta decisión de despido, los siguientes hechos:

El pasado día 22 de abril mantuvo Vd. una reunión en las oficinas de la empresa con el DIRECCION001 Sr. Lucio, en la que éste le recriminó que enviase Vd. directamente a un cliente, el Ayuntamiento de L'Hospitalet, un vídeo sin la preceptiva supervisión del equipo directivo. Ello motivó una discusión, en la cual Vd. insultó gravemente al Sr. Lucio, llamándole a gritos 'hijo de puta', palabras que fueron oídos por la trabajadora de la empresa, Concepción, además de por los dos DIRECCION001 de la empresa.

Por mucho que Vd. tenga un carácter difícil, un insulto de tal naturaleza supera en mucho lo que cualquier superior jerárquico puede admitir, ya que las discusiones de trabajo no justifican en modo alguno la falta de respeto. Más aún, teniendo en cuenta que Vd. como DIRECCION000, ocupa un puesto de responsabilidad y su comportamiento debe ser ejemplar para el resto de empleados de la empresa. Por ello, a nuestro juicio, este hecho supone por parte de Vd. una ofensa verbal hacia un directivo de la empresa, falta que entendemos muy grave

, a los efectos del art. 54.2.c) del ET, por suponer un mal trato de palabra y una falta de consideración y un desprecio manifiestos. Tal hecho está igualmente tipificado en el artículo 59 del Convenio Colectivo de Publicidad ( RCL 2002, 532) , en su artículo 59.4, que considera falta muy grave 'los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave al respeto y consideración a los jefes, compañeros o subordinados'. Estos hechos son sancionados también, tanto en el ET, como en el Convenio Colectivo, con el despido disciplinario.

Con independencia de lo anterior, días antes, a la vista de su extraño comportamiento y su petición en el sentido de que deseaba abandonar la empresa formulada a principios de abril, se efectuaron unas averiguaciones y una comprobación del trabajo que venía Vd. realizando. Fruto de ello, se constató en fecha 16 de abril y se corroboró en los días siguientes que, sin autorización ni conocimiento de esta empresa, había estado Vd. realizando actividades para terceras personas, en horario de trabajo y aprovechando nuestros medios, cuyo objetivo o beneficiarios final desconocemos, pero que, en cualquier caso, no han sido en nuestro beneficio ni se corresponden con los cometidos que tiene Vd. encomendados. Pasamos a relacionarle los hechos, de los cuales tuvimos conocimiento de los días indicados, y la calificación que nos merecen:

El día 14 de enero de 2003 constituyó Vd. una empresa denominada Digital Developement Studio, SL; junto con otros dos socios, y en la que ostenta Vd. la mayoría del capital social, concretamente el 60%, cuyo DIRECCION001 es el Sr. Cristobal. El objeto social de dicha compañía es, entres otros, el siguiente: 'Fabricación, comercialización y distribución y todo lo que directa o indirectamente se relacione con la computación o informática, el diseño o el marketing electrónico y la publicidad (...). La comercialización de los productos y el ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos y el asesoramiento para la organización, y servicio relacionado con la computación o informática, el marketing y la publicidad'.

Dicho objeto social es coincidente en diversos aspectos con las actividades de nuestra empresa. Vd. nunca nos ha comunicado la constitución de dicha sociedad ni ha pedido autorización para dedicarse a actividades concurrentes con las nuestras. Nos consta que dicha empresa se dedica, cuando menos a actividades relacionadas con servicios multimedia, Internet, y servicios de marketing y publicidad.

El día 13 de marzo de 2003 envió Vd. desde el ordenador de nuestra empresa por correo electrónico un Plan de Comunicaciones del Instituto Universitario Dexeus Sr. Cristobal, a su dirección de correo electrónico DIRECCION002. El 14 de marzo envía Vd. nuevo correo a este Sr. aludiendo a un guión para BCN Activa, y recibe Vd. correo del mismo sobre estos temas. Como Vd. debe saber, un plan de comunicación es un documento altamente confidencial, porque define la estrategia de comunicación de un cliente. Vd. ha argumentado que los trabajos realizados para esta empresa eran por cuenta de Imagina Comunicació, SA. Se da la circunstancia que nunca nos ha informado de tal proyecto, ni hemos facturado nada por él y, en todo caso, si fuese un proyecto para nosotros, Vd. nunca hubiese podido enviar a otra agencia de publicidad un documento confidencial de esta naturaleza, por lo que, o bien estaba Vd. trabajando para su propia empresa al enviar esos documentos, o bien si era un proyecto nuestro, estaba Vd. entregando información confidencial a un competidor sin estar autorizado.

El 24 de marzo de 2003 envio Vd. un correo electrónico a Lourdes con diversas preguntas sobre un plan de comunicación para poder elaborar un presupuesto, y el 26 de marzo envía otro a Mari Jose aludiendo a que está trabajando en un Plan de Comunicación NIUD. Ningún comercial de nuestra empresa ha tenido conocimiento de este asunto, ni se ha presupuestado nada. Se da la circunstancia de que Vd. como DIRECCION000, no tiene entre sus cometidos realizar presupuestos, trabajo que, en todo caso no esta realizando en nuestro nombre.

Los días 3 y 4 de abril envió Vd. al Sr. Carlos Alberto, un colaborador habitual de nuestra empresa, unas imágenes, tipografías y logos de USP, y se los reenvía Vd. a su propia dirección de correo particular. Nadie en la empresa sabe nada de este trabajo, y Sr. Carlos Alberto nunca nos ha facturado nada relacionado con este proyecto.

El día 8 de abril envía Vd. Sr. Carlos Alberto y al Sr. Benito, información y un guión para un spot de USP, Hospitalet de Santa Teresa, de La Coruña. Como en las anteriores ocasiones, nadie en nuestra empresa sabe de que se trata.

El 14 de abril envía Vd. a su socio, Sr. Cristobal, un breefing para un programa de acogida de la 3º edad. Como en los casos anteriores, nadie sabe en nuestra empresa de qué se trata, y carece de ninguna explicación lógica que envíe Vd. un documento de este tipo al DIRECCION001 de una empresa de la competencia, y en la que Vd. tiene el 60% de participación.

Por último, el mismo día en que insultó Vd. al DIRECCION001 de la empresa Sr. Lucio y fue Vd. despedido verbalmente, recibió Vd. un correo Sr. Cristobal en el que se le indica: 'Arriba ese ánimo. Recuerda que 'no hay mal que por bien no venga' y que, por lo general, las cosas suceden por algo. Ahora nos queda mirar hacia delante, trabajar tanto o más que antes, con el mismo o un mayor esfuerzo. Pero lo más importante, ahora será para y por nosotros. ¿No es acaso una buen noticia?'.

Todos estos hechos están relacionados aparentemente con proyectos para empresa USP. Vd. manifestó, con motivo del juicio por despido verbal celebrado con anterioridad, que éstos eran trabajos para nuestra empresa y que USP era un cliente nuestro. Tras analizar esta documentación y nuestros antecedentes, hemos constado lo siguiente:

La única relación que hemos tenido con esta empresa ha sido un trabajo que se facturó en 9 de abril de 2003, por la realización de un vídeo sobre el asunto "creciendo contigo". Ni antes ni después hemos facturado nada para esta empresa, ni a nadie de nuestro personal le consta haber llevado a cabo o que se esté trabajando en ningún proyecto relacionado con ella, ni conocen a la Sra. Lourdes o Mari Jose. Especialmente nunca hemos recibido ningún encargo para realizar trabajos relacionados con el Instituto Universitario Dexeus, el Hospital de Santa Teresa de La Coruña, o programas de acogida de la Tercera Edad, o NIUD. Entre los cometidos que le corresponden a Vd. como DIRECCION000, ni en nuestro organigrama ni por convenio Colectivo no están elaborar presupuestos, ni Planes de comunicación, ni enviar a otras empresas estos planes. Ni Digital Development Studio, SL, ni el Sr. Cristobal son clientes o proveedores de nuestra empresa, y en todo caso son competidores nuestros, por lo que el envío de documentos de trabajo a este Sr. perjudica directamente nuestros intereses, bien sea porque se le entrega documentación confidencial o porque está trabajando en la captación o realización de trabajos concurrentes para clientes de nuestra empresa, potenciales o reales.

Asimismo, y en relación con los trabajos realizados por Vd. para la empresa Abatext SL, hemos podido constatar lo siguiente:

El día 4 de marzo de 2003 a las 16.39 horas y a las 19.39 horas se envió Vd. dos correos electrónicos desde la dirección de nuestra empresa a la suya particular (DIRECCION003) varias páginas de textos e imágenes para la confección de para una página Web de Aba Text SL, que había Vd. realizado en nuestra empresa y con nuestros medios, y que son coincidentes con los que en la actualidad tiene esta empresa en Internet. Esta empresa nunca ha sido cliente nuestro ni nadie de Imagina Comunicació, SA, salvo Vd. aparecer, conoce a nadie Aba Text, SL, por lo que en todo caso este trabajo no realizado en nuestro beneficio.

Vd. ha reconocido haber realizado este trabajo, pero argumentó en el acto de juicio por despido verbal que en realidad eran trabajos que llevó a cabo para nosotros, cuando como queda dicho, nunca hemos tenido contacto alguno con ellos ni les hemos facturado nada, ni conocemos a nadie de Aba Tet. Vd ha manifestado asimismo que en realidad este trabajo fue realizado para Impacte Comunicació Imatge I Disseny, SL, empresa con la que compartimos oficinas y cuya dirección tiene vínculos familiares con el DIRECCION001 de Imagina. Sin embargo, hemos podido constatar que la única relación de Impacte con Aba Text se remonta a una factura emitida el 28 de junio de 2001 (hace ya dos años), por la elaboración de una página de presentación. La página que se confeccionó en su día y que corresponde a dicha factura nada tiene que ver con la que actualmente consta en INTERNET que, como queda dicho, corresponde a dicha factura nada tiene que ver con la que actualmente consta en Internet, que como queda dicho, corresponde al trabajo que Vd. realizó en marzo de este año, según la documentación hallada en su ordenador. Ninguna otra vinculación han mantenido ambas empresas, por lo cual sus afirmaciones de que los textos e imágenes en que Vd. estaba trabajando en marzo de 2003 eran un trabajo para IMPACTE y que por ello debían ser conocidos por Sr. Lucio no son ciertas y que han sido hechas con deliberado propósito de engañar a nuestra empresa.

Tales hechos constituyen, a nuestro juicio, una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza en el desempeño del trabajo, consideradas como incumplimiento contractual muy grave

, por el art. 54.2.D) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , demostrándose claramente que Vd. está perjudicando clara e intencionadamente a esta empresa, incurriendo presumiblemente en competencia desleal y dedicando su tiempo de trabajo, al menos en las fechas indicadas, a llevar a cabo laborales ajenas a nosotros. Con independencia del beneficio económico que Vd. extraiga de todo esto, existe un perjuicio económico evidente para nosotros, concretado en el sueldo que se le paga por unas horas de trabajo que Vd. invierte en fines ajenos a nuestra empresa, y en los servicios que se han dejado de facturar por esos trabajos.

En resumen, los hechos relatados, más teniendo en cuenta el puesto de responsabilidad que Vd. ocupa en esta empresa como DIRECCION000, constituyen evidentes, graves y culpables incumplimientos contractuales que justifican adopción de esta medida disciplinaria.

Lo que pongo en su conocimiento, con el ruego de que firme una copia de esta carta de despido en señal de notificación, sin que ello suponga conformidad con el contenido de la misma, y advirtiéndole, que, si Vd. se negara a la recepción de la misma darán fe de ellos dos testigos.

Fdo. Imagina Comunicació, SA

Recibí no conforme el trabajador -día- hora- Fdo. Testigos"

(del folio 57 a 69 de los autos)

IV.-Las mercantiles Digital Developement Studio, SL y Aba Text, SL, no son clientes ni proveedores de la empresa Imagina Comunicació, SA, durante los ejercicios contables del 2001 al 2003 (hasta la fecha actual), ni se ha emitido o recibido facturas de las mismas. (De la pericial practicada y del folio 70 de los autos)

V.-A la mercantil United Surgical Partners Europe SL, la empresa Imagina Comunicació, SA le emitió una factura, la 56/2003, en fecha 09/04/2003 por un importe de 23.965,84 euros por la realización del vídeo "Creciendo contigo", siendo el único contacto mercantil que han tenido entre ambas empresas, sin que posteriormente a dicha fecha o con anterioridad se hubiera procedido a realizar ningún nuevo encargo a Imagina Comunicació SA.

(De la pericial practicada y de los folios 50 a 53 y folios 70 y 71 de los autos y del interrogatorio y testifical practicada)

VI.-El actor es socio de la empresa Digital Developments Studio, SL, siendo el objeto social de la misma la "Investigación, y desarrollo de los métodos, procedimientos, instrumentos, materiales, tiempos, formas y demás elementos y condiciones relacionadas con el servicio y capacitación de la computación e informática etc". siendo el DIRECCION004 de la misma el Sr. Cristobal. La empresa se constituyó en fecha 13/01/03. (De las manifestaciones del actor y de la información del Registro Mercantil).

VII.-El día 22/04/03 en una reunión en las oficinas de la empresa entre el DIRECCION001 de la misma Sr. Lucio y el actor Sr. Luis Manuel se produjo una discusión motivada por el hecho de que el DIRECCION000 (el actor) había procedido a remitir a un cliente de la empresa, el Ayuntamiento de L'Hospitalet, un vídeo de una campaña publicitaria sin que el mismo hubiera sido previamente supervisado por el equipo directivo. La campaña fue aceptada por el Ayuntamiento sin que hubiera provocado ningún perjuicio para la empresa. Era frecuente últimamente que existieran enfrentamientos entre el Sr. Lucio y el Sr. Luis Manuel, reconociéndose por la empresa el carácter difícil del Sr. Luis Manuel. Nunca antes, con anterioridad a dicha situación el actor había sido sancionado. En el fragor de la discusión el Sr. Luis Manuel le dijo al Sr. Lucio "hijo de puta".

(Del análisis conjunto del interrogatorio de las partes y de la testifical practicada)

VIII.-En fecha 16/04/03 la empresa demandada comprobó que el actor había procedido a remitir desde el ordenador que el utilizaba en empresa a través de correo electrónico durante el mes de marzo del 2003, los días 13, 14 y 24, de un Plan de Comunicación del Instituto Dexeus y un guión para BCN Activa al Sr. Cristobal, o un Plan de Comunicación de NIUD.

Los Planes de Comunicación son documentos confidenciales en los que se define la estrategia de comunicación de un cliente. En el mes de abril, los días 3, 4, 8 y 14 hay remisión por parte del actor de imágenes, tipografias y logos de USP, de un guión para un spot de USP del Hospital de Santa Teresa de La Coruña o de un breefing para un programa de acogida de la 3ª edad. Nadie de la empresa Imagina tenía conocimiento de dichos contactos, ni de que hubiera que realizar dichos trabajos.

(Del análisis conjunto del interrogatorio de las partes y de la testifical practicada y de la pericial practicada y de los folios 234 a 345 de los autos)

IX.-Los cometidos de un DIRECCION000 no comportan la elaboración de presupuestos, ni planes de comunicación. Las relaciones con los clientes son realizadas por los ejecutivos de cuentas. En la presentación de las campañas los ejecutivos de cuentas acompaña a los creativos. No obstante en algunos momentos puntuales es posible que el DIRECCION000 pueda tener algún contacto con el cliente ante alguna situación imprevista o urgente. (Del análisis conjunto del interrogatorio de las partes y de la testifical practicada).

X.-La empresa Imagina Comunicació, SA comparte oficinas con la empresa Impacte Comunicació, Imatge I Disseny, SL, siendo la DIRECCION005 de esta empresa la esposa del Sr. Lucio. En el mes de junio del 2001 la empresa Impacte realizó un trabajo para la empresa Aba Text SL, sin que a partir de dicha fecha haya existido más contacto comercial con Aba Text SL. El actor ha procedido a realizar una serie de trabajos consistente en la confección de una pagina WEB para Aba Text SL, habiéndose desarrollado dichos trabajos en las oficinas de Imagina Comunicació, SA, y con los medios de esta, trabajos que el actor se envió desde el ordenador de la empresa a su correo electrónico particular en fecha 04/03/03. Ni la dirección de la empresa Imagina Comunicació, SA ni la ejecutiva de cuentas tenían conocimiento de esta operación mercantil, ni habían recibido encargo alguno.

(Del análisis conjunto del interrogatorio de las partes y de la testifical practicada y de los folios 234 a 356 de los autos y de la pericial practicada).

XI.-El Sr. Plácido es técnico de mantenimiento de sistemas informáticos, el cual viene realizando desde octubre del 2002 el servicios de mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa Imagina Comunicació, SA. Los equipos informáticos de la empresa demandada constan de una serie de ordenadores personales conectados entre sí por una red mediante un concetrador y conexión permanente a Internet, existiendo en dicha red un sistema de carpetas compartidas que permite la utilización de la información de los empleados de la empresa, disponiendo cada ordenador un sofware genérico necesario para el desarrollo de una actividad laboral general incluyendo internet, un programa de gestión de correo electrónico y una cuenta de correo asignada a cada empleado para su utilización en las comunicaciones con el exterior.

Con posterioridad al 22 de abril de 2003 y a petición de Imagina el Sr. Plácido realizó una supervisión de la configuración y actividad del ordenador asignado al Sr. Luis Manuel dando como resultado los siguientes datos relevantes:

-El acceso al ordenador se había restringido con una contraseña sin la intervención del técnico.

-El programa de gestión de correo tenía operativas, además de la cuenta asignada ignasi a) imagina.es., dos cuentas más de correo ajenas a las que gestionó dentro dicha empresa.

-La bandeja de entrada donde se archivan los correos recibidos en ese ordenador estaba vacía.

La bandeja de salida donde se archivan los correos enviados desde ese ordenador contenía los correos enviados que la empresa imprimió en 111 páginas y que se acompañan en los folios 235 a 345. Entre dichos correos aparecen los siguientes:

El día 13 de marzo de 2003 consta enviado desde el ordenador de la empresa por correo electrónico un Plan de Comunicaciones del Instituto Dexeus al Sr. Cristobal, a su dirección de correo electrónico DIRECCION002.

El día 14 de marzo consta enviado un nuevo correo a este Sr. aludiendo a un guión para BCN Activa, y la recepción de un correo del mismo sobre estos temas.

El 24 de marzo de 2003 consta enviado un correo electrónico a Lourdes, con diversas preguntas sobre un plan de comunicación para poder elaborar un presupuesto, y el 26 de marzo consta otro envío a Mari Jose aludiendo a que está trabajando en un Plan de Comunicación NIUD.

El 26 de marzo consta recibido un e-mail del Sr. Cristobal para verse a las 18.30 en "nuestras oficinas" respondiendo OK.

Los días 2, 3, y 4 de abril, constan envíos Sr. Carlos Alberto, uno de ellos de imágenes, tipografías y logos de USP, así como un reenvío a la dirección privada del Sr. Luis Manuel.

El día 8 de abril se envía Sr. Carlos Alberto y Sr. Benito, información y un guión para un spot de USP, Hospital de Santa Teresa de La Coruña.

El 14 de abril consta el envío al Sr. Cristobal de un breefing para un "programa de acogida de la 3ª edad".

El día 4 de marzo de 2003 a las 16.39 horas y a las 19.39 horas consta dos envíos de correos electrónicos, desde la dirección de correo del Sr. Luis Manuel a la cuenta DIRECCION003 de varias páginas de textos e imágenes para la confección de un página Web de Aba Text SL

Que las direcciones de correo que aparecen tras los nombres de Lourdes y Mari Jose son DIRECCION006 y DIRECCION007, respectivamente (De la pericial y de la documental que consta en los folios 234 a 345 de los autos)

XII.-Se realizó el acto de conciliación en fecha 17/09/03 con el resultado de intentado sin efecto por incomparecencia de la demandada que había sido citada».

TERCERO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia de instancia estimó la demanda del actor, y declaró improcedente el despido del mismo producido el día 24-7-2003, con las consecuencias inherentes a tal declaración.

Frente a ella se alza el recurso de suplicación interpuesto por la empresa demandada, con amparo en la previsión del art. 191 c) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, formulando la censura jurídica de la misma, a la que atribuye infracción de normas sustanciales o de jurisprudencia, por incaplicación del art. 20-3 del Texto Refundido de la Ley Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo y aplicación indebida de los art. 18 y 20-1 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) ; se denuncia asimismo la inaplicación del art. 6-2 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058) , sobre protección de datos de carácter personal, en relación con los arts. 20-3 y 18 del Estatuto de los Trabajadores reseñado y aplicación indebida del art. 90-1 del Real Decreto-ley 2/95 referenciado.

Se argumenta en orden a justificar las infracciones denunciadas, pues después de declarar probados unos hechos que coinciden sustancialmente con los atribuidos en la carta de despido se rechazan las pruebas encaminadas a acreditarlos.

El motivo no puede acogerse. Lo que realmente hace el Juzgador de instancia no es rechazar las pruebas que se aportan por la empresa demandada, sino negarles valor probatorio en razón precisamente a su obtención sin cumplir unas garantías mínimas para conseguirlas.

Para la validez de la prueba de hechos que puedan afectar a derechos fundamentales y particularmente al de la intimidad del trabajador, es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional ( s.s 98/2000 de 10 de abril [ RTC 2000, 98] y 186/2000 de 10 de junio [ RTC 2000, 186] ) «que el recorte de aquél se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y en todo caso sea respetuoso con el contenido esencial del derecho. El Alto Tribunal ha terminado por concluir afirmando que los controles que pueda establecer el empresario en uso de su derecho a controlar la actividad de los trabajadores serán lícitos mientras no produzca resultados inconstitucionales y que para poder afirmar si ese aspecto se entiende producido o no habrá que establecer en cada caso si la medida empresarial adoptada se acomodó a la exigencia de proporcionalidad entre el fin pretendido con ella y la posible restricción de aquel derecho fundamental de los trabajadores para lo cual «es necesario constatar si dicha medida cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si además es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios, sobre otras bases o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

Del examen de tal doctrina se deduce que en estos supuestos colisionan el derecho de la empresa al control de la actividad del trabajador (arts. 18 y 20 del Estatuto de los Trabajadores) con el derecho a la intimidad personal del mismo, garantizado, por el artículo 18-1 de la Constitución española, implicando un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, que no se pierde cuando se realicen trabajos por cuenta ajena ( s.TS de 5-12-2003 [ RJ 2004, 313] ) como lo ponen de manifiesto los art. 4-2 e) y 20-3 del citado Estatuto de los Trabajadores. Reflejo de este último derecho es el secreto de las comunicaciones y en concreto cuando éstas se produzcan por medio de correo electrónico a través de ordenador puesto a disposición del trabajador como herramienta o instrumento de trabajo por el empresario y su utilización se lleva a cabo con fines estrictamente personales o extraproductivos en horario de trabajo. Que sobre esa parcela de actividad puede ejercer control el empresario es indudable, más lo que se ha de establecer para la validez probatoria del resultado obtenido es en qué forma y con qué garantías para la dignidad e intimidad del trabajador se ha de producir.

SEGUNDO

Es difícil afirmar que existe al respecto una doctrina uniforme en las sentencias de las diversas Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o de la propia Sala del Tribunal Supremo en recurso de casación para unificación de doctrina, por lo casuístico de los supuestos, por la parcela personal o estrictamente productiva sobre el que el control empresarial se lleva a cabo, límites de tolerancia, advertencia previa, contenido del mensaje, previsión en convenio colectivo o contrato individual de trabajo, configuración del programa informático, etc.

Lo que sí parece existir es una cierta corriente que prevalece sobre cualquier casuística disidencia es en que «para que el empresario pueda verificar si el trabajador cumplió con sus obligaciones o las infringió, hasta el punto de justificar una decisión extintiva, debe efectuarse teniendo en consideración el respeto a la dignidad del trabajador, es decir, la actividad de control empresarial se encuentra limitada por el derecho a la dignidad del trabajador (art. 1 de la CE [ RCL 1978, 2836] ), el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18 CE). De forma específica, de Estatuto de los trabajadores ( RCL 1995, 997) contempla el respeto a la intimidad y la consideración debida en los art. 4-2 e), 18 y 20-3 del Estatuto de los Trabajadores» ( s.s de 20 [ AS 2004, 443] y 23-2-2004 [ AS 2004, 444] del Tribunal Superior de Cantabria).Tal doctrina equipara el control de los ordenadores al de las taquillas, en cuanto aquél se configura como instrumento de trabajo propiedad de la empresa y que no puede ser utilizado para otros fines distintos o ajenos a la actividad laboral ( S. Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia, sede en Málaga de 25-2-2000 [ AS 2000, 626] y en las antes citadas que recogen a su vez la del Tribunal Supremo de 8-10-1988 [ RJ 1988, 7550] ). En definitiva se impone la necesidad que el control del correo electrónico de que ha hecho uso el trabajador, se realice con las mínimas garantías establecidas en el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores, en presencia del afectado por aquél, un representante de los trabajadores o en ausencia de éste del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa. Esta misma exigencia se recoge en la sentencia de esta Sala de 11.6.2003 ( AS 2003, 2516) en que se destacan las condiciones necesarias para que el resultado de tal control pueda aportarse como medio de prueba y surtir plenos efectos de validez: a) necesidad de un propósito específico, explícito y legítimo (elemento de causalidad), b) que la supervisión sea una respuesta proporcionada sobre un patrón de riesgo elemento de indispensabilidad, c) mínima referencia sobre los derechos a la intimidad del trabajador o trabajadores afectados/elemento de proporcionalidad) y d) presunción del trabajador y de su representante en el momento de apertura del correo (elemento garantista). Como quiera que en el caso de autos tales exigencias no se cumplieron, fue correcta la solución adoptada por el Juzgador de instancia rechazando su eficacia probatoria.

TERCERO

Por el mismo conducto y amparo procesal se denuncia por la recurrente inaplicación del art. 54-2 d) del Texto Refundido de Ley Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo ( RCL 1995, 997) , en relación con el 105 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , pues según el relato histórico se han acreditado los hechos que se imputaban en la carta de despido así como el perjuicio irrogado a la empresa de forma clara e intencionada, habiendo incurrido el trabajador en competencia desleal.

Tampoco este motivo puede alcanzar éxito. Aun cuando es cierto que el Juzgador de instancia declara la realidad de los hechos imputados en la carta de despido, no lo es menos que ha de examinar si los medios de prueba a través de los cuales se ha hecho aquélla, han sido obtenidas con las exigencias y garantías legales, de tal suerte que no vulneren derechos fundamentales, produzcan indefensión o su producción se realice en desacuerdo con la regulación legal, norma pactada colectiva o individualmente y en el supuesto de autos aquél entendió que el control del correo electrónico del trabajador se llevó a cabo sin cumplir las garantías mínimas del art. 18 del Estatuto de los Trabajadores.

CUARTO

Denuncia por último la recurrente infracción por inaplicación del art. 54-2 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) en relación con el art. 105-2 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) y jurisprudencia, citando al respecto varias sentencias de esta misma Sala; ya que el hecho séptimo de la sentencia reconocida da como probado que el día 22-4-03 el trabajador se dirigió al DIRECCION001 de la empresa llamándole «hijo de puta» y un insulto de tal naturaleza es siempre merecedor de la sanción de despido.

El Magistrado de instancia aplicó la teoría gradualista valorando el alcance de la expresión dentro del contexto de circunstancias en que tuvo lugar una discusión entre ambos y que en el acaloramiento de la misma se produjo aquélla, entendió que si bien sería contra otra sanción no existía base para la adopción de la más drástica, cual es el despido.

El motivo ha de acogerse si se tiene en cuenta los criterios asumidos jurisprudencialmente como determinantes para valorar la gravedad de las faltas; a) intención con las que se cometen; b) importancia del incumplimiento; c) trascendencia del hecho y d) reincidencia, sirviendo de guía el que en los supuestos ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa, atenten a los deberes mínimos de convivencia y cuando se trata de ataque al honor de la persona ofendida si es de suficiente entidad como para entender razonablemente que la convivencia entre insultante e insultado no resulte ya posible en el seno de la empresa ( STSs. de 9-11-1998 [ RJ 1998, 8917] ).

En el supuesto de autos según se declara probado, existía una falta de sintonía ostensible entre el DIRECCION001 insultado y el trabajador ofensor. Que éste ocupaba un puesto relevante en la empresa como DIRECCION000. Que la discusión surgió porque éste había procedido a remitir a un cliente un vídeo de una campaña publicitaria sin que el ahora actor hubiera presentado el mismo para supervisión por el equipo directivo, es decir, que el DIRECCION001 estaba ejerciendo funciones que son propias de su cargo (arts. 1 y 20 del Estatuto de los Trabajadores) y sin que conste mediara provocación por su parte, el trabajador le llama «hijo de puta», expresión que trasciende a otros empleados de la empresa. La conducta ofensiva es grave considerada objetivamente y se produce con ánimo de injuriar. La consecuencia debe ser la de su incardinación en el art. 54-2 c) del Estatuto de los Trabajadores, que debe conducir a la declaración de procedencia del despido con las consecuencias inherentes a la misma.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Imagina Comunicació, SA contra la Sentencia de 27 de noviembre de 2003 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona en los autos núm. 660/2003 seguidos a instancia de D. Luis Manuel contra dicho recurrente, que revocamos y desestimando la demanda, interpuesta por D. Luis Manuel contra Imagina Comunicació, SA declaramos el despido producido el 24-7-03 como procedente, declarando extinguida la relación laboral sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación.

Devuélvase a la recurrente el depósito prestado para recurrir y la cantidad consignada objeto de condena una vez gane firmeza esta sentencia.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) .

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo./a. Sr./a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

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Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia de 6 noviembre 2007

AS\2008\1556

 

DERECHO A LA INTIMIDAD: alcance: ámbito laboral: medidas de vigilancia y control por el empresario: requisitos: medida idónea para la finalidad pretendida, necesaria y equilibrada; vulneración: obtención de datos de forma ilegítima y desproporcionada en el ordenador de un compañero que llevan a intervenir el ordenador de la trabajadora, descubriendo la utilización del mismo para el envío de correos electrónicos personales, estando prohibido por la empresa: control empresarial ilícito; despido nulo.

 

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 2055/2007

Ponente: Ilmo. Sr. D. jaime segales fidalgo

 

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de los de Bilbao de fecha 17-04-2007, dictada en autos promovidos sobre despido, confirmando lo resuelto en la misma.

 

En la Villa de Bilbao, a seis de noviembre de dos mil siete.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los Ilmos. Sres. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI y D. JAIME SEGALES FIDALGO, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por SUPERMERCADOS ERCORECA, SA contra la sentencia del Jdo. de lo Social núm. 5 (Bilbao) de fecha diecisiete de abril de dos mil siete, dictada en proceso sobre DSP, y entablado por Marí Trini frente a SUPERMERCADOS ERCORECA, SA.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./ña. JAIME SEGALES FIDALGO, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

Primero.- La actora Dª Marí Trini, prestó servicios por cuenta de la empresa demandada Supermercados Ercoreca SA, dedicada a la actividad de comercio de alimentación con antigüedad de 23/05/1998, categoría profesional de secretaria y salario bruto mensual con prorrata de pagas extraordinarias de 1.792,16 e.

Segundo.- La demandante se integró en la plantilla de la empresa demandada el 1/01/2005 por subrogación como consecuencia de la transmisión de la actividad de su anterior empresa CEAL Logis SL, a Supermercados Ercoreca SA.

Tercero.- El 20/11/06 la empresa demandada notificó a la actora comunicación escrita del tenor literal del documento núm. 2 del ramo de prueba de la primera de ellas, por la que con efectos desde el mismo día se procedía a su despido disciplinario, imputándole la comisión de una falta tipificada en el apartado 3.14 en relación con el apartado 2.2. y en el apartado 3.3. del art. 36 del convenio colectivo del sector, concurriendo reiteración, imputándole los siguientes hechos:

Haber desobedecido el comunicado remitido por la empresa el 28 de septiembre 2006, en el que se hacía constar la absoluta prohibición de utilizar el PC con todas sus herramientas y aplicaciones, así como el correo electrónico que eran propiedad de la empresa para usos ajenos a los estrictamente profesionales, indicando así mismo que la empresa tenía instalados medios técnicos que permitían comprobar el uso que se estaba haciendo del equipo informático, del acceso a internet, y del correo electrónico, así como de los contenidos materiales de dichos usos. Y, desoyendo tal prohibición, a pesar de no tener asignada por la empresa cuenta de correo electrónico, en horas de trabajo haber remitido mensajes mayoritariamente a su compañero D. José Augusto, referentes a cuestiones absolutamente ajenas a su cometido profesional, mediante la instalación en el equipo informático proporcionado por la empresa a través de Internet de una cuenta personal para poder remitir mensajes vía e-mail, en las siguientes fechas: 26 de octubre a las 9.30; 31 de octubre a las 11.48, 12.07 y 12.49; 2 de noviembre a las 12.29, 12.51 y 13.42; 3 de noviembre a las 9.53, 10.22, 18.05 y 18.14; 7 de noviembre a las 12.33 y 13.04; 8 de noviembre a las 12.02, 12.20 y 12.30; 9 de noviembre a las 10.19, 10.36, 12.26, 12.45, 13.05, 13.16, 13.17, 13.23 y 13.43; 10 de noviembre a las 9.47, 9.55, 10.36, 10.47, 12.45, 13.27 y 13.29; 13 de noviembre a las 13.15, 16.24 y 16.43; 14 de noviembre a las 10.19; 15 de noviembre a las 9.41 y a las 10.15; 16 de noviembre a las 11.55, 12.09, 12.15 y 18.52 y 17 de noviembre a las 11.40.

Cuarto.- La actora forma parte del personal de administración y para el desempeño de su trabajo tiene asignado un PC pero carece de cuenta de correo electrónico habilitada por la empresa, no obstante lo cual la misma a través de una página de internet ha enviado por € mail durante su jornada de trabajo, los días y a las horas que se indican en la carta de despido mensajes relativos a cuestiones personales y extrañas a su actividad profesional a la cuenta de correo facilitada por la empresa a su compañero de trabajo Sr. José Augusto, cuyo contenido es el que se recoge en los documentos acompañados a la carta de despido.

Quinto.- En la empresa demandada existe expresa prohibición de utilizar los equipos informáticos y sus aplicaciones para fines ajenos al trabajo.

La actora fue informada de dicha prohibición cuando ingresó en la empresa.

A finales de septiembre 2006 la Dirección de la empresa remitió a la administrativa del Departamento de Ventas una comunicación para que la hiciese llegar a todos los usuarios de ordenador de la empresa solicitando la confirmación de su recepción.

En la indicada comunicación se indica textualmente:

"Se os quiere recordar que el PC con todas sus herramientas y aplicaciones, así como el e-mail son una herramienta de trabajo y son de propiedad exclusiva de la empresa, por lo que su uso solo puede ser para los asuntos o gestiones exclusivamente relacionados con las funciones de vuestras categorías profesionales, quedando terminantemente prohibido la utilización del PC, sus aplicaciones, acceso a Internet y el E-Mail para uso distinto a los estrictamente relacionados con las tareas y funciones de vuestra categoría profesional.

Se os recuerda que dada la propiedad exclusiva de la empresa sobre los antedichos elementos, la empresa tiene instalados medios técnicos que permiten comprobar el uso que se está haciendo del PC, del acceso a Internet y del E-Mail, así como de los contenidos materiales de esos usos".

Uno de los destinatarios de dicho comunicado que fue remitido por correo electrónico fue la superior jerárquica de la actora, Sra. Dolores, la cual tras su recepción informó de su contenido al personal de su departamento, entre ellos la actora, y les entregó una copia del comunicado.

Sexto.- El día 20 de octubre 2006 la empresa demandada procedió al despido disciplinario del Sr. José Augusto, por haber incurrido en un uso indebido del equipo informático y sus aplicaciones, siendo los hechos imputados los que se detallan en el documento núm. 5 del ramo de prueba de Supermercados Ercoreca SA, cuyo contenido se da por reproducido.

Impugnada la decisión extintiva por el trabajador en vía judicial, por el Juzgado de lo Social núm. 7 (autos 912/06) se dictó sentencia de 19 de febrero 2006 por la que se declaró la improcedencia del despido, en la que se efectúan las siguientes consideraciones:

A) En el plano fáctico se declaran probados los siguientes hechos:

1) El Sr. José Augusto tenía habilitada por la empresa una cuenta de correo electrónico.

2) En el mes de julio 2006 se advirtió un descenso del margen en la sección de charcutería de la que como jefe del departamento administrativo estaba encargado el Sr. José Augusto, lo que motivó que el director mantuviese una reunión con la responsable del Departamento de compras, la cual le manifestó que tenía sospechas de que D. José Augusto utilizaba el ordenador para fines distintos del de programa de gestión.

A instancias del director la responsable del departamento de compras mantuvo una reunión con el Sr. José Augusto reconociendo ese último que utilizaba indebidamente el ordenador y que no volvería a realizarlo.

3) Ante la falta de recuperación de los márgenes y después de haber mantenido la responsable del Departamento de compras una nueva reunión en el mes de agosto con el personal a su cargo, para explicarles la situación € instarles a que "se pusieran las pilas y se dejasen de correos", ya en el mes de agosto se decidió realizar un seguimiento del operativo informático del Sr. José Augusto, encargando el director al informático de la empresa que imprimiera aquellos mensajes que no correspondieran a determinadas cuentas prefijadas de clientes y proveedores.

4) En la empresa demandada existe un sistema que guarda copias de seguridad, durante cuarenta días, de los mensajes que se reciben en las cuentas de correo electrónico creadas por el administrador del sistema para los empleados que por su trabajo, requieran de dicha herramienta de comunicación. Dicho sistema solo registra los mensajes recibidos o los reenvíos.

5) El día 18 de noviembre se produjo una caída del sistema informático como consecuencia de la introducción de un virus en el mismo que tenía su origen en un mensaje remitido a la cuenta de correo electrónico del Sr. José Augusto el anterior día 16, no constando que el mismo lo abriera.

A la vista de dichos acontecimientos el director decidió que se procediera al despido del Sr. José Augusto así como de la Sra. Marí Trini que aparecía como emisora o receptora de algunos mensajes de correo electrónico a D. José Augusto desde su cuenta personal.

B) En el plano jurídico se concluye que no se había producido vulneración alguna del derecho a la intimidad personal del Sr. José Augusto en la obtención de la prueba de los hechos motivadores de su despido disciplinario, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1) La existencia de los medios informáticos de seguimiento era conocida por el trabajador que había sido advertido de la limitación profesional del uso del ordenador y sus aplicaciones y de la existencia de los instrumentos técnicos de control de su utilización.

2) Existían sospechas de una utilización indebida del ordenador por parte de D. José Augusto, y se le había apercibido por ello, lo cual justificaría la medida de seguimiento que resultaría idónea a la finalidad pretendida, y no resultó ser desproporcionada al haberse adoptado con confidencialidad y conocimiento limitado a la dirección.

Séptimo.- A través del seguimiento informático realizado al Sr. José Augusto, la empresa demandada obtuvo copia impresa de los mensajes de correo electrónico que el Sr. José Augusto había recibido en la cuenta de correo habilitada por la empresa por remisión de la Sra. Marí Trini desde la cuenta personal que la misma tenía en el ordenador de la empresa, así como de las respuestas de aquel a esta última que han dado lugar a su despido disciplinario.

Octavo.- Con posterioridad al cese de la demandante a presencia notarial, así como de un miembro del comité de empresa se procedió a obtener del disco duro del ordenador que utilizaba en el trabajo la Sra. Marí Trini una copia de los archivos "Cookies", " Historial" y "Archivos Temporales Internet" para su análisis por un experto informático.

El examen por dicho técnico de una empresa informática puso de manifiesto que en el período comprendido entre enero y noviembre 2006 había habido acceso a internet y servicios derivados siendo la página más visitada la de Yahoo.com, y el servicio más utilizado el de correo de dicha página, así como que por parte del usuario se habían eliminado archivos.

Noveno.- En el Departamento de Administración de Supermercados Ercoreca se integraron un total de 28 trabajadores procedentes de CEAL, con las circunstancias profesionales que se describen en el documento núm. 8 de la empresa demandada, cuyo contenido se da por reproducido.

Además de la actora y el Sr. José Augusto, otros trece de los citados trabajadores vieron extinguida la relación laboral entre diciembre 2004 y octubre 20005, 3 por baja voluntaria, uno por fallecimiento y los restantes por baja no voluntaria.

Además de los 13 empleados procedentes de CEAL que continúan prestando servicios en el Departamento de Administración, en el mismo están integrados los trabajadores que se detallan en el documento núm. 9 de la empresa demandada, cuyo contenido se da por reproducido.

Décimo.- Con fecha 5/12/06 la demandante presentó papeleta de conciliación, celebrándose el acto el día 20 de diciembre, con resultado sin avenencia, formalizando su demanda el día 28 de diciembre.

SEGUNDO

La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

Que ESTIMANDO la demanda de despido interpuesta por Dª Marí Trini contra SUPERMERCADOS ERCORECA, SA, debo declarar y declaro improcedente el despido de la actora, condenando a la empresa demandada, a su elección, a su inmediata readmisión en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquél, o a abonarle una indemnización de 22.850,04 €, con satisfacción en ambos casos de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (20/11/06) hasta la notificación de la sentencia al empresario, o hasta que la trabajadora hubiese encontrado otro empleo, si tal colocación fuese anterior a la sentencia y se acreditase por el empresario lo percibido para su descuento de los salarios mencionados a razón de 59,74 € día, entendiéndose en caso de no ejercitar la opción que procede la readmisión.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia en la secretaría de este Juzgado en los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia sin esperar a que la misma adquiera firmeza.

TERCERO

Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La parte demandada recurre la sentencia, sirviéndose de dos de los tres cauces que permite la LPL. El escrito de formalización del recurso articula un motivo de revisión fáctica, a los que se añade otro de censura jurídico sustantiva, mediante los que someter a crítica el pronunciamiento en la instancia, que estimó la demanda por despido entablada por la actora, Dña Marí Trini. El recurso ha sido impugnado.

SEGUNDO

En cuanto a las modificaciones de los hechos probados postuladas, conviene recordar que es doctrina constantemente aplicada por esta Sala, y a título de ejemplo cabe citar las sentencias de fecha 30 de octubre ( PROV 2002, 81129) , 18 de septiembre ( PROV 2002, 79095) , 5 de junio, 24 de abril de 2001, 3 de octubre ( PROV 2001, 42120) , 30 ( AS 2000, 1747) y 16 de mayo ( AS 2000, 1864) , 18 de abril, 29 ( AS 2000, 645) y 8 de febrero, 18 de enero de 2000, 9 de diciembre, 5 de julio, 22 de junio, 11 ( AS 1999, 1924) y 4 de mayo ( AS 1999, 2137) , 30 de marzo, 2 de febrero ( AS 1999, 5615) , 26 y 12 de enero de 1999 o las de 8 de diciembre, 24 de noviembre de 1998, recursos 1988/01, 1.277/01, 679/01, 163/01, 1.777/00, 562/00, 520/00, 3.133/99, 2.977/99, 2.721/99, 2.627/99, 2.193/99, 857/99, 908/99, 330/99, 275/99, 3.363/98, 2.898/98, 2.841/98, 2.163/98, 2.497/98 y 2.452/98, que nuestro ordenamiento jurídico no configura el recurso de suplicación como un remedio para el Tribunal pueda examinar con libertad de criterio el modo en que el Magistrado de instancia, con base en los medios de prueba obrantes en el proceso, ha obtenido su convicción sobre los hechos controvertidos entre los litigantes, sino que ha limitado su capacidad de revisar su relato a aquellos extremos que resulten evidenciados con base exclusiva en prueba documental o pericial válidamente practicada en el proceso y sean trascendentes en orden a cambiar el pronunciamiento final del litigio.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 191, b) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) en relación con su artículo 97.2.

De lo expuesto se deduce:

a) La necesidad de que el recurrente precise la versión que el Magistrado debió recoger en los hechos probados y, en su caso, la parte de su relato a la que sustituye;

b) La inadmisibilidad de las modificaciones que se apoyen en otro medio de prueba distinto a esos dos, bien entendido a que no obsta a que si un precepto legal atribuye a algún otro medio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, pueda alcanzarse esta consecuencia, pero sólo si se denuncia la infracción de dicha norma.

c) La insuficiencia del apoyo en documento o pericia, si este carece -por sí sólo, o en virtud de otros medios de prueba practicados en el proceso que la contrarresten- de fuerza de convicción suficiente como para mostrar a la Sala de manera patente, sin dejar resquicio a la duda, el error sufrido por el Magistrado.

d) La inoperancia práctica, en orden al éxito final del recurso, de las revisiones que, reveladas por medio hábil, no sean suficientes para cambiar la resolución del litigio que éste ha efectuado, sin perjuicio de que hayan de tomarse en consideración en orden a razonar sobre las denuncias que el recurrente efectúa al Derecho aplicable, para solventarlo.

TERCERO

Desde tal prisma se ha de valorar la procedencia o no de las modificaciones instadas.

La alteración propuesta desea incorporar al relato de hechos uno de los incumplimientos imputados a la trabajadora desde la carta de despido y que, a juicio del recurrente, no habría sido considerado por la juzgadora a quo en el momento de configurar su sentencia. Se trata, según su propuesta, de utilizar "equipos informáticos de la empresa para usos ajenos a su actividad profesional". El cambio resulta intrascendente porque, al contrario de lo sugerido, la instancia sí que ha partido de esa hipótesis en el momento de enjuiciar el caso. Así, el F.J. 5º de la sentencia menciona a "la utiliza

Experto:  R.Gomez escribió hace 4 año.

TERCERO

Desde tal prisma se ha de valorar la procedencia o no de las modificaciones instadas.

La alteración propuesta desea incorporar al relato de hechos uno de los incumplimientos imputados a la trabajadora desde la carta de despido y que, a juicio del recurrente, no habría sido considerado por la juzgadora a quo en el momento de configurar su sentencia. Se trata, según su propuesta, de utilizar "equipos informáticos de la empresa para usos ajenos a su actividad profesional". El cambio resulta intrascendente porque, al contrario de lo sugerido, la instancia sí que ha partido de esa hipótesis en el momento de enjuiciar el caso. Así, el F.J. 5º de la sentencia menciona a "la utilización en diversas y continuadas ocasiones del ordenador proporcionado por la empresa para la ejecución del trabajo para enviar mensajes referentes a temas personales por correo electrónico". Cierto que no existe completa coincidencia entre ambos enunciados, pero la productividad que el recurrente asigna a la remoción hace las diferencias intrascendentes. Se trata en todo caso de analizar si el empleo de recursos informáticos propiedad de la empresa para uso personal constituye o no ilícito laboral sancionable con el despido.

Por lo que no procede la inclusión propuesta.

CUARTO

El motivo de censura jurídico sustantiva planea sobre el art. 54 ET ( RCL 1995, 997) , apartado primero y letras b) y d) del su apartado segundo, así como el art. 36 del Convenio Colectivo del Comercio de Alimentación.

El pleito viene determinado por la utilización que la trabajadora habría hecho de los sistemas informáticos propiedad de la empresa y dispuestos para la actividad laboral. Los incumplimientos imputados derivan de una previa intromisión de la empleadora en el disco duro del terminal utilizado por la actora y, más en concreto, en una cuenta de correo electrónico de que aquélla habría dispuesto para comunicarse con otro de los compañeros de la empresa. Este procedimiento de obtención de evidencias ha sido objeto de reflexiones en clave constitucional dentro de la sentencia en la instancia, forzadas por las peticiones incluidas dentro de la demanda de despido, que postulaba la nulidad del mismo en amparo a sus derechos fundamentales. La instancia resolvió la inexistencia de intromisión ilegítima, derivando el entendimiento del caso a un contexto de mera legalidad ordinaria.

La actora no ha mantenido sus peticiones en este grado, lo que reduce el debate calificatorio a dos de las tres posibilidades reconocidas en el art. 55.3 ET. Ahora bien, el escrito de recurso pretende que la inacción de la trabajadora tenga como efecto añadido la vinculación de la Sala a la calificación jurídico-constitucional preferida por la instancia. Ello no puede ser así, ya que el efecto de la cosa juzgada formal, que asegura la intangibilidad de los pronunciamientos no combatidos, no alcanza a las premisas jurídicas del caso, máxime cuando éstas se implican en la resolución del problema planteado en este grado, relativo al ajuste a derecho de la extinción disciplinaria promovida por la empresa. Esto es, no le resulta vedado a esta Sala el analizar si la empresa trazó de forma jurídicamente correcta cada uno de los pasos conducentes a su decisión extintiva, toda vez que este análisis entra de lleno en el fondo del litigio planteado. Cualquier error en la aplicación del derecho por parte de la instancia en el momento de calificar cualquier antecedente de despido resulta relevante en este trance, sin que la Sala deba vincular su juicio a premisas anómalas, viniendo ello impuesto por la regla iura novit curia, en modo alguno limitada por el principio dispositivo ni por los márgenes extraordinarios en lo que se contiene el recurso de suplicación, aun más si la duda concierne al ejercicio de un derecho fundamental.

QUINTO

Así, considera la Sala necesario plantearse el ajuste jurídico constitucional de los antecedentes del despido, por cuanto que los incumplimientos imputados derivan de una intromisión en la cuenta de correo electrónico de dos de sus trabajadores, una de ellos la actora en este pleito.

Tal y como refiere el relato de hechos, la empresa habría sometido a control el disco duro así como la cuenta de correo del Sr. José Augusto, ex compañero de trabajo la actora y también despedido. Las razones para la intromisión se justificaban en cierta rutina, amparada en una previa advertencia, dirigida por la empresa a sus empleados, así como en un suceso extraordinario, cual es un descenso en los márgenes dentro de la sección charcutería (a cuyo cargo estaba el mencionado Sr. José Augusto). Así, la falta de recuperación de los esos márgenes (comerciales) llevó a la empresa a la intervención del ordenador del referido Sr. José Augusto.

Con ocasión de esa intervención, que afecta también a la cuenta de € mail de que el empleado dispone, la empresa accede a varios correos electrónicos aparentemente remitidos por la actora, Dña. Marí Trini, y cuyo contenido se califica de personal y desconectado de la actividad de la empresa. Añade el relato de hechos que "el día 18 de noviembre se produjo una caída en el sistema informático, como consecuencia de la introducción de un virus en el mismo que tenía su origen en un mensaje remitido a la cuenta de correo del Sr. José Augusto, no constando que el mismo lo abriera". En cualquier caso, la empresa también justificó la intromisión en el ordenador del Sr. José Augusto tanto en la advertencia general dirigida a los empelados, como en fundadas sospechas de que el trabajador hacía un uso indebido del mismo.

La obtención de esos datos a partir de la referida intromisión estimula a la empresa a realizar otro examen singular, esta vez sobre el terminal empleado por la trabajadora, Sra. José Augusto. Así, tras la lectura de los € mail remitidos al Sr. José Augusto, se dispone lo necesario para intervenir el ordenador de la actora, revisando las carpetas "Historial", "Cookies" y "Archivos temporales de Internet". Las conclusiones obtenidas de dicho examen se concretan en que la sra. Marí Trini habría accedido al portal "Yahoo" de Internet, a fin de utilizar los servicios de € mail que el mismo proporciona; también se imputaría a la trabajadora el haber eliminado archivos.

SEXTO

El conjunto de las actuaciones que acaban de referirse en modo alguno pueden tenerse por un ejercicio ponderado y razonable de las medidas de control empresarial. Sólo un desprecio absoluto por los derechos a la intimidad y al secreto en las comunicaciones, amparado en la consideración de que aquellos derechos no pueden por definición afectarse a causa del control de un sistema que es propiedad del empleador, podría viabilizar tales conductas. Y desde luego, esa no es la premisa mayor de la que debe partirse, dado que la necesaria integración del ciudadano dentro de la empresa, a fin de obtener medios para su subsistencia, no significa renuncia a los derechos que le significan como tal, siendo éste un punto de partida inaplazable para todos los pronunciamientos encargados de tratar los enfrentamientos entre poderes directivos (libertad de empresa) y derechos fundamentales ya desde la STC 88/1985 ( RTC 1985, 88) . La propia sentencia a quo parte de este planteamiento, siendo, no obstante, su modo de aproximación y conclusiones inadecuadas a juicio de esta Sala.

Debe ponerse de manifiesto en primer lugar que el canon constitucional implicado no sólo es el determinado por el derecho a la intimidad, sobre el que planea la sentencia en su fundamento jurídico tercero. La intercepción del € mail del trabajador Sr. José Augusto, así como su lectura, que lleva a analizar el terminal de la Sra. Marí Trini, constituye una intromisión en el secreto de las comunicaciones, siendo éste un derecho cuya tutela merece aun mayores exigencias que la exigida por el respeto a la intimidad del trabajador (ex STS 5-12-2003 [ RJ 2004, 313] ), cuanto más la propia CE ( RCL 1978, 2836) establece en su art. 18.3 que el mismo solo habrá de ceder ante la autorización judicial.

En cualquier caso, la proyección del principio de proporcionalidad al caso que nos ocupa, método sólo "teóricamente" utilizado por la instancia, reporta resultados también reprobatorios para el procedimiento instructor empleado por la empresa. Así, las STC 98 ( RTC 2000, 98) y 186/2000 ( RTC 2000, 186) , referencias inaplazables en la aplicación de este canon, gravan toda afectación al derecho a la intimidad con el respeto a tres exigencias. La primera impone que la intromisión resulte eficaz para la defensa de un interés legítimo de la empresa; la segunda, que aquélla resulte indispensable para alcanzar el resultado legítimo pretendido; finalmente, es preciso que el acceso se opere de forma lo más liviana posible a fin de evitar mayores daños sobre el derecho del trabajador (principio de proporcionalidad en sentido estricto).

Los accesos operados sobre el terminal del Sr. José Augusto se justifican tanto en una advertencia general como en un suceso extraordinario cual fue un descenso en los márgenes en charcutería, sección a cargo del trabajador vigilado. Tales motivos, sin embargo, se muestran inoperantes para justificar la idoneidad de la medida. Esto es, no ha quedado acreditada la relación de causalidad entre el descenso en los márgenes comerciales y el empleo de una cuenta de correo para comunicarse con terceros, tanto más cuanto los factores conducentes al alegado descenso, de ser imputables al trabajador, habrán de sostenerse en otros elementos probatorios (falta de indispensabilidad también, por tanto), como la desatención del puesto de trabajo o la adquisición de mercancías a precio mayor del razonable. En efecto, no se aprecia necesidad (indispensabilidad) ni idoneidad en la intromisión con apoyo en ese descenso en los márgenes.

Si se toma como referencia otro elemento de los propuestos por la empresa, cual es el relativo al uso indebido del ordenador, es preciso interrogarse previamente sobre si tal prohibición constituye un medio eficaz para proceder a la intromisión. Esto es, la posibilidad de utilizar el ordenador para un uso personal, o, mejor dicho, el que aquel instrumento resulte o no ajeno a los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones no depende de una mera decisión libérrima de la empresa, pues ello sería tanto como resolver el enfrentamiento entre los dos valores en conflicto de la mano de un "reglamento de régimen interno". En efecto, la decisión sobre si el trabajador puede proyectar su autonomía y libertad sobre un elemento propiedad de la empresa (como el teléfono, el ordenador o las taquillas) depende de un debate constitucional y no se resuelve de forma expeditiva con un acto unilateral ni con una advertencia. No hay más que proyectar esta ilusoria solución a otros escenarios para obtener resultados que la intuición y la jurisprudencia constitucional rechaza de plano (imaginemos cualquier resolución empresarial que indicara a los empleados cómo manejarse con su libertad de expresión, de información, con su derecho a la tutela judicial efectiva, con sus derechos sindicales o con los implicados en la defensa de la igualdad y no discriminación dentro de las relaciones laborales).

No obstante, el respeto a la intimidad y, eventualmente, al secreto de las comunicaciones, no impediría a la empresa operar una intromisión en el ordenador cuando su uso por parte del trabajador trajere consecuencias dañinas (desatención de obligaciones, inutilización del terminal, costes añadidos por acceso a sitios web de tarificación adicional.), pero para ello deberá la empresa proporcionar un indicio que justifique su control implicado con esos presuntos daños, siempre conectado con los resultados que habrán de obtenerse a partir de la intromisión. No cabe considerar que este elemento concurra en el supuesto de autos, ya que la empresa no ha precisado cuál era el uso inadecuado que el actor estaría dando al terminal. La sospecha genérica no sirve para sostener la intromisión, ya que ello vaciaría de contenido la exigencia de excepcionalidad propia del test de proporcionalidad. Máxime cuando en este supuesto parece evidente que la empresa ya monitorizaba de forma general los terminales, al disponer de acceso a los mismos (así era advertido a sus empleados).

Tampoco parece idónea la medida en orden a acreditar el daño causado, cuanto el acceso al terminal resulta franco para la empresa en cualquier momento. Ello impide aportar evidencias que imputen un ilícito de forma singular € indubitada a quien normalmente lo habrá de utilizar. Así, el virus informático que provoca la caída del sistema el día 18 de noviembre deriva, según el relato, de un € mail remitido al Sr. José Augusto, pero nada se sabe en cuanto a su remitente, ni consta que aquél lo abriera, provocando los daños referidos, lo que confirma las anotadas conclusiones.

Ya finalmente, el acceso al texto de los e-mail remitidos al trabajador revela una intromisión desproporcionada, toda vez que la mera existencia de ciertos destinatarios o remitentes ya podría servir para imputar un uso disconforme con las previsiones empresariales (ello a salvo de la opinión que merezca este punto de partida, y que esta Sala ya advierte que no comparte), no resultando preciso acceder a su texto.

A estas alturas, el procedimiento instructor protagonizado por la empresa resulta inaceptable en términos constitucionales. Si se deseaba comprobar el descenso en los márgenes comerciales de la sección charcutería, el examen del ordenador no podía proporcionar evidencias operativas, más aun cuando el mismo puede intervenirse desde la propia empresa, lo que limita su capacidad adveratoria. Si lo que se pretendía era controlar un uso indebido, éste debió acreditarse, sin que resulte suficiente a tales efectos la mera intención y deseo de la empresa de proclamar ilícito lo que merece un tratamiento en clave constitucional.

El siguiente paso dado por la empresa, a raíz de los datos obtenidos de forma ilegítima desproporcionada € innecesaria, consiste en intervenir el ordenador de la trabajadora. De este examen se comprueba que aquélla había remitido desde un Host una serie de € mail al Sr. José Augusto. Las razones para la intervención no se ponen de manifiesto; al fin y al cabo, si se quería comprobar que esos mensajes habían sido remitidos por la Sra. Marí Trini no habría de bastar el acceso a un terminal franco para la empresa, ya que cualquiera podía haberlo hecho por ella (inidoneidad de la intromisión). El examen del ordenador pone de manifiesto un hecho también intrascendente, cual es el que la trabajadora habría borrado archivos, siendo esta maniobra absolutamente común para cualquiera que conozca el manejo de estos instrumentos. Distinto sería el que la empresa acreditare, algo muy dificultoso -dado el hecho de que dispone de libre acceso al terminal- el tipo de archivos eliminados y las consecuencias que tendría su borrado. En definitiva, todo lo anterior apunta a una secuencia de intromisiones ilegítimas sobre la intimidad y el secreto en las comunicaciones de los trabajadores mencionados, a fin de obtener evidencias conducentes a su despido, resultando las mismas inidóneas, al menos por lo que a la trabajadora se refiere, al no poder acreditar la empleadora un empleo exclusivo del terminal por parte de aquélla.

SÉPTIMO

Aún más, y abundando en las consideraciones hechas por la instancia, los comportamiento alegados, consistentes en el uso del Terminal para fines no permitidos por la empresa, no determinan una desobediencia significativa en términos sancionatorios. Aunque tales usos pudieren ser contrarios a las indicaciones empresariales, es preciso elucidar previamente si éstas son legítimas, lo que no concurre cuando responden no más que a una particular forma de concebir el uso de los instrumentos informáticos. En efecto, tanto en este grado como en la instancia se entiende que la referida orden debe defender un interés legítimo, lo que no abriga cualquier determinación empresarial sobre el uso de cierto instrumento, ya que las implicaciones de éste con los derechos ciudadanos no resultan disponibles ni evitables gracias a resoluciones unilaterales emitidas por quien ha de soportarlas.

El interés legítimo en el caso de autos habría de denunciar un uso perjudicial para la empresa, consistente en una desatención de las tareas ordinarias de la trabajadora o en la generación de un perjuicio objetivo (o su razonable posibilidad). Nunca sobre referencias ya periclitadas por nuestro ordenamiento, como la lealtad o la obediencia debida a las instrucciones omnímodas del empresario, que no constituyen referente para medir el incumplimiento, ni el abuso de confianza, de no venir justificadas por un ejercicio correcto y racional de la Libertad de empresa («ex» art. 38 CE [ RCL 1978, 2836] ).

Por todo lo cual debe rechazarse el motivo sustantivo propuesto y con ello el recurso.

OCTAVO

Lo anterior conlleva el que se hayan de imponer las costas del recurso a la vencida, de conformidad con el artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , incluidos los honorarios del letrado impugnante, en cuantía que fijamos en cuatrocientos euros, dadas las particulares circunstancias del caso.

FALLAMOS

VISTOS los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación.

Que desestimamos el recurso de suplicación formulado por SUPERMERCADOS ERCORECA SA frente a la sentencia de fecha 17 de ABRIL de 2007, dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de los de Bilbao en el proceso 77/07, y que, en su consecuencia, confirmamos. Se imponen las costas del recurso a la parte recurrente, incluidos los honorarios del letrado impugnante, que se fijan en cuatrocientos euros. Se acuerda la pérdida del depósito necesario realizado para recurrir, cantidad a la que se le dará el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) cta. número 4699-000-66-2055/07 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la entidad de crédito grupo Banesto (Banco Español de Crédito) c/c 2410-000-66-2055/07 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.

 

Un cordial saludo,

R. Gómez

 

Si esta conforme con asesoramiento rogamos acepte respuesta como recompensa a nuestro trabajo.

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Como ve en las sentencias traídas por el compañero se sustancia exactamente lo indicado, que es lo mentenido por doctrina y jurispridencia, y es que sin su consentimiento esa investifgación es ilegal y puede Ud èrfectamente oponerse

Somos varios expertos en JA puede Ud decidir si acepta y a quien, siendo el experto cuya respuesta Ud acepte quien cobre del sitio por su tiempo

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