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Vivo en un piso de segunda mano desde el año 2000. Hace seis

Pregunta del cliente

Vivo en un piso de segunda mano desde el año 2000. Hace seis meses pasó por casa un contador de agua y me vi sorprendido por ello, a lo cual le pregunté que quería. Me respondió que hacer la lectura del consumo. Y cual fue mi sorpresa !. Me entero que estoy viviendo en una situación irregular pues yo nunca he pagado agua, ya que tales gastos han sido comunitarios en cuantos sitios he vivido exceptuando una vivienda unifamiliar en la que estuve diez meses y que consideraba normal a tales efectos por por vivir solo.
Deseo regularizar mi situación, pero me surgen dudas en cuanto a la penalizacion que se me pueda imputar a tales efectos por 11 años de consumo.
El piso me lo vendieron tal y como está. Con el agua conectada mediante un latiguillo.
¿ Que me puede pasar ?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Buenas tardes,


Efectivamente por los datos que nos da, su situacion parece del todo irregular.


Si lleva 11 años sin pagar el agua que consume, entonces lo que podría ocurrir es que le cobren las cantidades atrasadas, pero no de los 11 años ya que la accion para exigir el cumplimiento de las obligaciones cuyos pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves prescribe por el transcurso del plazo de 5 años, a no ser que exista un plazo especifico que podría ser mas corto para la infraccion administrativa correspondiente.


Si usted regulariza su situacion podría reclamarle las cantidades que debe por el consumo de los años que no han prescrito todavía y ponerle una sanción fijada en la normativa local.

Debería en primer lugar hablar con el presidente de la comunidad para que le explique de que modo está hecho el suministro del agua a los demas inmuebles de la comunidad.


Lo extraño es que no le hayan reclamado nada desde hace 11 años.
DiegoAbogado, Licenciatura
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Cliente: escribió hace 4 año.

Es muy extraño que no se me haya reclamado nada. Es por eso que me encuentro en esta tesitura en estos momentos.

¿ De que cantidad estariamos hablando si me reclaman los ultimos 5 años como entiendo que me dice ?

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Depende de los consumos que se puedan acreditar por la empresa suministradora.


Pero si tiene el suministro conectado mediante un latiguillo, habrá que ver si usted tiene un contador o hay alguna forma de determinar la cantidad de agua consumida.


Entiendo que no es posible decirle una cantidad, porque depende del consumo y de si se puede acreditar. Además, la normativa sobre consumos e infracciones suele ser a nivel local, con lo que no es posible determinarla sin mas datos.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Si no hace nada se le puede acusar del delito de defraudación

Si Ud regulariza su situacion, la imputación del delito será sobreseída

 

 

 

AP Valladolid, Sec. 2.ª, 303/2011, de 12 de septiembre Recurso 127/2011. Ponente: MIGUEL ANGEL DE LA TORRE APARICIO. EXTRACTOS Los intentos del acusado por regularizar su situación con la empresa gestora del agua impiden apreciar dolo en su conducta "... Por lo que se refiere al delito de defraudación de fluido, hemos de partir necesariamente de que el grado de credibilidad (insuficiente para asentar en ellos un pronunciamiento de condena) que merecen a la Juzgadora las declaraciones prestadas en el juicio por los testigos no pueden ser aquí alterados en perjuicio del acusado, ya que este órgano de apelación ha carecido de la inmediación sobre dicha prueba, efectos de los que sí se aprovechó la Juez de instancia. Los restantes elementos probatorios, que son las documentales, tampoco llegan a demostrar que la Juzgadora se haya equivocado en sus conclusiones ni que las mismas sean ilógicas o irrazonables. Lo que se desprende de esas documentales es que efectivamente Aqualia es la empresa adjudicataria de la gestión del servicio municipal de aguas en Boecillo desde el mes de septiembre de 2007 (folios 36 y siguientes); así como la existencia de un expediente por el Ayuntamiento de Boecillo de liquidación tributaria contra Jose Miguel por consumo de agua de riego sin contador a lo largo de determinado tiempo, con resolución de 20-1-2009 (folios 29 y 30). Desde estos elementos probatorios en sí mismos no se llega a demostrar una actuación dolosa tendente a la defraudación efectiva de agua de riego por este vecino. A su vez, frente al dato objetivo de que existía ese by-pass o conexión del agua de riego con el potable en la instalación del inmueble que ocupa el acusado sin contador para dicho agua de riego, se contrapone el que esta situación es previa a la regulación y concesión del servicio de aguas por el municipio a Aqualid, lo que implica también la ordenación de estado de cosas preexistente sobre la colocación de contadores en el agua de riego en el municipio, y el que la detección de la situación irregular se produjo precisamente por una llamada del acusado a dicho servicio municipal para que revisaran dicha instalación porque tenía conchas en el agua de riego. Este dato es favorable al argumento de que no tenía intención de ocultar o de defraudar. Por otro lado, a partir de la revisión de Aqualid en la que le indica que ese by-pass es irregular debiendo colocar un contador también de agua de riego, el acusado instala un reloj contador para dicho suministro, si bien se trata de un aparato no homologado e instalado por otro profesional distinto a la empresa concesionaria del servicio. Esto también puede representar un indicio de que no obraba con dolo penal de defraudar dicho consumo pues colocó un aparato medidor y no consta -según razona la Juez- se le instruyera de forma clara y concreta que ese contador sólo podía proporcionarlo e instalarlo la empresa concesionaria del servicio de aguas en Boecillo de forma exclusiva y excluyente. Así pues los datos objetivos y elementos documentales son excesivamente abiertos y no permiten acreditar de forma segura e inequívoca la concurrencia de un dolo de defraudación en la conducta del acusado, respecto a los hechos exclusivamente aquí enjuiciados, por lo que procede mantener la absolución en esta vía penal del delito previsto en el artículo 255 del Código Penal en aplicación del principio "in dubio pro reo". Estos concretos hechos, por lo tanto, han de reconducirse al ámbito administrativo, dentro del cual se ha seguido el correspondiente expediente/s y adoptado medidas que se consideraron oportunas ante el eventual incumplimiento por dicha persona de la normativa sobre el servicio de aguas. ..." No se prueba la realidad de la adulteración de las aguas ni el grado de nocividad, no entrando en el tipo penal por la necesaria gravedad de la situación "... En cuanto al delito de adulteración de aguas por imprudencia grave (art. 367 en relación con el artículo 365 del C. Penal), hemos de recordar que en esta vía penal no puede operarse con meros juicios hipotéticos o probabilidades, sino el pronunciamiento de condena ha de basarse en un juicio de certeza que surja de las pruebas practicadas en el proceso con todas las garantías. El simple hecho de tener conectado el agua de riego junto con la potable en la instalación de su inmueble no es suficiente para entender cumplidas las exigencias de dicho tipo penal, incluso en sus aspectos más objetivos. Falta una prueba pericial que demuestre no sólo la realidad de la adulteración sino también la grave nocividad requerida por el artículo 365 del Código Penal , sin que la manifestación del Sr. Fermín pueda suplir esa carencia probatoria dado que simplemente habla de una mezcla de aguas en la instalación del acusado y al no tener válvula de retención el agua con mayor presión va donde hay menos presión y ello puede generar peligro de alcanzar a otros habitantes, pero no se han hecho pruebas de que afectase a alguno de ellos en el caso concreto y tampoco se determina el grado de nocividad que ello representó, con lo que tampoco es suficiente para integrar el elemento valorativo "gravemente" que delimita la conducta típica para separarla de otras infracciones administrativas. ..." El acusado trató de obedecer lo requerido, si bien no lo hizo correctamente: no se prueba el dolo del incumplimiento para integrar el delito de desobediencia "... Respecto del delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal , compartimos los argumentos reflejados en la sentencia relativos a la no apreciación de prueba suficiente sobre una orden explícita y clara en relación a quien debía colocar el contador en esa toma de aguas y sobre la conducta exclusiva a seguir con apercibimiento de las consecuencias delictivas de su omisión. Lo que se deriva de la prueba practicada, tanto de la testifical del Sr. Fermín como de la documental, es que se detectó en un primer momento por el servicio de aguas de Boecillo la irregularidad de que el acusado tenía instalado en el inmueble que ocupaba (era de alquiler) un by-pass que conectaba el agua de riego con el de agua potable sin contador del agua de riego y se le instruye de que ello es incorrecto y debe proceder a la instalación de las tomas de agua potable y agua de riego con el contador correspondiente. En una visita posterior (acompañado por la policía municipal) se observa que seguía sin tenerlo en condiciones exigidas pues se había conectado el agua de riego y se había puesto un reloj contador no homologado, ante lo cual se le cortó nuevamente el suministro. De ahí lo que se observa es la indicación de una determinada obligación administrativa y la adopción de consecuencias en dicho orden -corte del suministro- al no haberse cumplido aquella en los términos normativamente exigidos, sin que la Juez haya apreciado un dolo de denigrar a la autoridad, ni a agentes de la autoridad, ni a la función pública como tal, en esos momentos a que se refiere el enjuiciamiento, pues el acusado -como se ha dicho- instaló un reloj contador si bien por otra empresa y que no resultaba el homologado para satisfacer las exigencias administrativas, sin que conste tuviera una información precisa de que el único que podría instalarle esos contadores, con carácter exclusivo, era el servicio municipal concedido a Aqualia en Boecillo. La prueba esencial en que se sustenta la probabilidad del delito de desobediencia es la testifical del Sr. Fermín. Y al respecto la Juez no le otorga suficiente fiabilidad probatoria indicando que ha incurrido en contradicciones. Esta valoración ha de respetarse en esta alzada por efecto del principio de inmediación en virtud de la doctrina constitucional citada. Desde los elementos documentales estrictamente no se descubre de forma inequívoca ese dolo de desobedecer sino la existencia de una irregularidad administrativa frente a la que se sigue expediente/s administrativo/s y se adoptan las medidas que se estiman adecuadas en ese mismo orden. No se han practicado las testificales de los policías municipales que acompañaron al empleado del servicio de aguas en las visitas a la casa del acusado, pues ellos podrían haber dado testimonio claro de lo que realmente ocurrió así como de la conducta concreta del acusado frente al empleado del servicio de aguas. Y no es ilógica la apreciación que se contiene en la sentencia en el sentido de que tales agentes de haber advertido una conducta constitutiva de infracción penal debían haber formulado el correspondiente atestado poniéndolo en conocimiento de la autoridad competente, y no consta que esto se hiciera. Téngase en cuenta, por lo demás, que no cabe elevar a la categoría de infracción penal la inobservancia e incumplimiento de toda disposición o acuerdo administrativo de la autoridad, pues entonces el precepto penal adquiriría un alcance desmesurado con vulneración del principio de intervención mínima. Por lo tanto, respetando el criterio de la Juzgadora, no advertimos que los hechos probados integren la desobediencia a autoridad, agentes o funcionarios públicos, tipificada en el Código Penal. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La Magistrada Juez del JUZGADO DE LO PENAL nº2 de VALLADOLID, con fecha 16-12-2010 dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos: "Son hechos que se declaran probados que el acusado Jose Miguel, mayor de edad y carente de antecedentes penales, avisó a los técnicos del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Boecillo de que tenía falta de presión de agua de riego en el inmueble situado en la calle DIRECCION000 nº4 de Boecillo (Valladolid), que ocupa como inquilino, debido a que había "conchitas" que obstruían la tubería. Como consecuencia de ese aviso de presenta en la propiedad Fermín , empleado de la empresa "Aqualia Gestión integral del Agua"concesionaria del servicio de aguas de Boecillo el cual comprueba que no tiene contador para el agua de riego y que tampoco aparece dado de alta en este servicio. Dentro ya de la propiedad comprueba que hay c9olocado en la instalación interior un by-pass entre el agua potable y el agua de riego lo que provoca la mezcla de esas aguas. El empleado informa al acusado de estas irregularidades y de que debe legalizar la situación colocando un contador. El empleado da cuenta a su jefe procediéndose a quitar por ellos el enganche ilegal y a cerrar la llave de paso municipal de la acera. En una visita posterior se percatan de que el acusado ha vuelto a hacer el enganche y que ha abierto nuevamente la llave de la acera y que ha sido instalado un contador por lo que se retira el contador, entregándoselo al acusado tras su retirada y se corta nuevamente el suministro. Después de esto el acusado no ha vuelto a conectar el agua de riego. SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "Que debo absolver y absuelvo a Jose Miguel del delito de defraudación de fluido de que venía siendo acusado declarando de oficio las costas causadas por su enjuiciamiento, absolviéndole igualmente de los delitos de desobediencia y adulteración de aguas por imprudencia por los que venía siendo acusado por la acusación particular. Imponiéndola a esta las costas derivadas de su enjuiciamiento." Por auto de 22-12-2010, se aclaró dicha sentencia en el sentido de "Rectificar el error material existente en el párrafo quinto del fundamento de derecho primero de la Sentencia, declarando que donde dice: "la falta de prueba acerca de si se le indicó que sólo la empresa concesionaria podría hacerlo impide dictar una sentencia absolutoria por este delito", debe decir "la falta de prueba acerca de si se le indicó que sólo la empresa concesionaria podría hacerlo impide dictar una sentencia condenatoria por este delito". TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación procesal del Ayuntamiento de Boecillo, personado como acusación particular; y por el Ministerio Fiscal, que fueron admitidos en ambos efectos y, practicados los traslados oportunos, se presentó escrito de impugnación por la representación del acusado. Elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiéndose propuesto diligencias probatorias, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación. Se admiten y esta Sala hace propios los hechos declarados probados por la sentencia de instancia. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La sentencia absuelve a Jose Miguel del delito de defraudación de fluido de aguas (art. 255 del C. Penal), del delito de desobediencia (art. 556 del C. Penal) y del delito de adulteración de aguas por imprudencia (art. 367 en relación con el artículo 365 del C. Penal) de los que venía siendo acusado. La acusación particular, ejercitada por el Ayuntamiento de Boecillo, formula recurso de apelación solicitando la revocación de dicha sentencia y se dicte otra por la que se condene al citado Jose Miguel como autor de los delitos objeto de acusación, antes mencionados, en los términos interesados en conclusiones definitivas. El Mº Fiscal también apela dicha sentencia manteniendo su petición de condena para el acusado respecto del delito de defraudación de fluido del artículo 255 del C. Penal, entendiendo que existe un error en la interpretación jurídica realizada por la Juzgadora en este punto, al concurrir indicios suficientes para atribuir la autoría de dicho delito al acusado. Hemos de señalar, con carácter previo, que este análisis debe centrarse en los hechos básicamente relatados en el auto de imputación, sin que pueda incluirse el hecho posterior de septiembre de 2009 (al que alude la acusación particular) pues la imputación no versó sobre esto último y, por lo tanto, no se tomó declaración al imputado en la instrucción acerca de ese nuevo hecho, con lo que no puede formar parte del objeto del presente enjuiciamiento, pues de lo contrario se vulnerarían las garantías constitucionales que deben presidir un juicio justo (art. 24 de la Constitución). SEGUNDO.- Tratándose de un recurso de apelación contra una sentencia absolutoria, debemos recordar la importante sentencia 167/02 de 18 de septiembre, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional , la cual establece que cuando "nos hallamos ante una sentencia absolutoria en primera instancia que resulta revocada en apelación y sustituida por una sentencia condenatoria (...) existe vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, al haber procedido la Audiencia Provincial a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y contradicción". Así "en la apelación de sentencias absolutorias, cuando aquella se funda en la apreciación de la prueba, si en apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia cuando por la índole de las mismas es exigible inmediación y contradicción". Y más claramente, refiriéndose a la prueba testifical, como aquí acontece, dice este Tribunal en la sentencia 197/2002 : " teniendo en cuenta que la única prueba con la que enervar la presunción de inocencia era la tan repetida testifical, y si la Audiencia Provincial, por impedírselo los principios de inmediación y contradicción no podía por sí misma valorar dicha prueba al no haberse producido ante ella, es visto que su sentencia condenatoria carece del soporte probatorio preciso para enervar la presunción de inocencia del apelado absuelto, por lo que la sentencia recurrida en amparo vulnera el derecho fundamental de los demandantes". En este sentido señala la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 que la prueba producida en el juicio oral es inmune a la revisión en vía de recurso, en lo que depende de la inmediación ( SS.TC. 37/88, de 3 de marzo ; 12/02, de 28 de enero y 212/02, de 11 de noviembre ; y STS 23 de marzo de 1999 ). En el segundo de sus fundamentos de derecho se indica: "En definitiva, no puede revisarse la sentencia de instancia, en atención a las declaraciones de acusado y testigos, a que se refiere el Ministerio Fiscal en su recurso, ya que una nueva valoración de las mismas se llevaría a cabo sin la percepción sensorial derivada de la inmediación, que sí dispuso el Juzgado de instancia". En consecuencia, "se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando el Tribunal que ha de resolver un recurso frente a una sentencia absolutoria revisa y corrige la valoración y ponderación realizada por el Juez de primera instancia de las declaraciones sin respetar los principios de inmediación y contradicción, siendo ello necesario para pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia, vulnerándose paralelamente el derecho a la presunción de inocencia en la medida en la que, a consecuencia de ello, la condena carezca de soporte probatorio" ( STC de 9 de febrero de 2004 ). Es claro, pues, que la Audiencia Provincial no puede considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado, inicialmente absuelto en un juicio de faltas o en el ámbito del procedimiento abreviado, en tanto no presencia las pruebas personales que fundaran aquella declaración absolutoria. El Tribunal de apelación puede valorar la prueba, coincidiendo o no con la apreciación del Juez de primera instancia, pero tratándose de la declaración del acusado o de prueba testifical o pericial que exigen inmediación, sólo puede llevar a cabo una nueva y distinta valoración si se cumplen las exigencias aludidas de haberse practicado tales pruebas en su presencia y en condiciones de inmediación y contradicción. Este criterio jurisprudencial supone la prohibición de revocar la sentencia absolutoria dictada en la instancia basada en la apreciación de pruebas personales cuando no se hayan realizado este tipo de pruebas en la alzada. Ni tan siquiera mediante el visionado de la grabación del acto del juicio, es posible revisar en segunda instancia la valoración de las pruebas de carácter personal efectuadas por el Juez a quo (STC de 18 de mayo de 2009). No ocurre lo mismo cuando el debate planteado en el recurso sea de naturaleza estrictamente jurídica, o cuando la nueva valoración de la prueba se reduzca a la de naturaleza documental, porque entonces no está en juego el principio de inmediación. En base a la jurisprudencia antedicha sólo cabe la confirmación de la resolución impugnada puesto que las pruebas practicadas fueron eminentemente de carácter personal, sin que pueda modificarse en esta alzada la valoración que de las mismas ha realizado la Juez a quo, al ser lógica y razonable y no existir pruebas de carácter objetivo que permitan su modificación por una sentencia condenatoria, según lo que a continuación exponemos. TERCERO.- Por lo que se refiere al delito de defraudación de fluido, hemos de partir necesariamente de que el grado de credibilidad (insuficiente para asentar en ellos un pronunciamiento de condena) que merecen a la Juzgadora las declaraciones prestadas en el juicio por los testigos no pueden ser aquí alterados en perjuicio del acusado, ya que este órgano de apelación ha carecido de la inmediación sobre dicha prueba, efectos de los que sí se aprovechó la Juez de instancia. Los restantes elementos probatorios, que son las documentales, tampoco llegan a demostrar que la Juzgadora se haya equivocado en sus conclusiones ni que las mismas sean ilógicas o irrazonables. Lo que se desprende de esas documentales es que efectivamente Aqualia es la empresa adjudicataria de la gestión del servicio municipal de aguas en Boecillo desde el mes de septiembre de 2007 (folios 36 y siguientes); así como la existencia de un expediente por el Ayuntamiento de Boecillo de liquidación tributaria contra Jose Miguel por consumo de agua de riego sin contador a lo largo de determinado tiempo, con resolución de 20-1-2009 (folios 29 y 30). Desde estos elementos probatorios en sí mismos no se llega a demostrar una actuación dolosa tendente a la defraudación efectiva de agua de riego por este vecino. A su vez, frente al dato objetivo de que existía ese by-pass o conexión del agua de riego con el potable en la instalación del inmueble que ocupa el acusado sin contador para dicho agua de riego, se contrapone el que esta situación es previa a la regulación y concesión del servicio de aguas por el municipio a Aqualid, lo que implica también la ordenación de estado de cosas preexistente sobre la colocación de contadores en el agua de riego en el municipio, y el que la detección de la situación irregular se produjo precisamente por una llamada del acusado a dicho servicio municipal para que revisaran dicha instalación porque tenía conchas en el agua de riego. Este dato es favorable al argumento de que no tenía intención de ocultar o de defraudar. Por otro lado, a partir de la revisión de Aqualid en la que le indica que ese by-pass es irregular debiendo colocar un contador también de agua de riego, el acusado instala un reloj contador para dicho suministro, si bien se trata de un aparato no homologado e instalado por otro profesional distinto a la empresa concesionaria del servicio. Esto también puede representar un indicio de que no obraba con dolo penal de defraudar dicho consumo pues colocó un aparato medidor y no consta -según razona la Juez- se le instruyera de forma clara y concreta que ese contador sólo podía proporcionarlo e instalarlo la empresa concesionaria del servicio de aguas en Boecillo de forma exclusiva y excluyente. Así pues los datos objetivos y elementos documentales son excesivamente abiertos y no permiten acreditar de forma segura e inequívoca la concurrencia de un dolo de defraudación en la conducta del acusado, respecto a los hechos exclusivamente aquí enjuiciados, por lo que procede mantener la absolución en esta vía penal del delito previsto en el artículo 255 del Código Penal en aplicación del principio "in dubio pro reo". Estos concretos hechos, por lo tanto, han de reconducirse al ámbito administrativo, dentro del cual se ha seguido el correspondiente expediente/s y adoptado medidas que se consideraron oportunas ante el eventual incumplimiento por dicha persona de la normativa sobre el servicio de aguas. CUARTO.- En cuanto al delito de adulteración de aguas por imprudencia grave (art. 367 en relación con el artículo 365 del C. Penal), hemos de recordar que en esta vía penal no puede operarse con meros juicios hipotéticos o probabilidades, sino el pronunciamiento de condena ha de basarse en un juicio de certeza que surja de las pruebas practicadas en el proceso con todas las garantías. El simple hecho de tener conectado el agua de riego junto con la potable en la instalación de su inmueble no es suficiente para entender cumplidas las exigencias de dicho tipo penal, incluso en sus aspectos más objetivos. Falta una prueba pericial que demuestre no sólo la realidad de la adulteración sino también la grave nocividad requerida por el artículo 365 del Código Penal , sin que la manifestación del Sr. Fermín pueda suplir esa carencia probatoria dado que simplemente habla de una mezcla de aguas en la instalación del acusado y al no tener válvula de retención el agua con mayor presión va donde hay menos presión y ello puede generar peligro de alcanzar a otros habitantes, pero no se han hecho pruebas de que afectase a alguno de ellos en el caso concreto y tampoco se determina el grado de nocividad que ello representó, con lo que tampoco es suficiente para integrar el elemento valorativo "gravemente" que delimita la conducta típica para separarla de otras infracciones administrativas. QUINTO.- Respecto del delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal , compartimos los argumentos reflejados en la sentencia relativos a la no apreciación de prueba suficiente sobre una orden explícita y clara en relación a quien debía colocar el contador en esa toma de aguas y sobre la conducta exclusiva a seguir con apercibimiento de las consecuencias delictivas de su omisión. Lo que se deriva de la prueba practicada, tanto de la testifical del Sr. Fermín como de la documental, es que se detectó en un primer momento por el servicio de aguas de Boecillo la irregularidad de que el acusado tenía instalado en el inmueble que ocupaba (era de alquiler) un by-pass que conectaba el agua de riego con el de agua potable sin contador del agua de riego y se le instruye de que ello es incorrecto y debe proceder a la instalación de las tomas de agua potable y agua de riego con el contador correspondiente. En una visita posterior (acompañado por la policía municipal) se observa que seguía sin tenerlo en condiciones exigidas pues se había conectado el agua de riego y se había puesto un reloj contador no homologado, ante lo cual se le cortó nuevamente el suministro. De ahí lo que se observa es la indicación de una determinada obligación administrativa y la adopción de consecuencias en dicho orden -corte del suministro- al no haberse cumplido aquella en los términos normativamente exigidos, sin que la Juez haya apreciado un dolo de denigrar a la autoridad, ni a agentes de la autoridad, ni a la función pública como tal, en esos momentos a que se refiere el enjuiciamiento, pues el acusado -como se ha dicho- instaló un reloj contador si bien por otra empresa y que no resultaba el homologado para satisfacer las exigencias administrativas, sin que conste tuviera una información precisa de que el único que podría instalarle esos contadores, con carácter exclusivo, era el servicio municipal concedido a Aqualia en Boecillo. La prueba esencial en que se sustenta la probabilidad del delito de desobediencia es la testifical del Sr. Fermín. Y al respecto la Juez no le otorga suficiente fiabilidad probatoria indicando que ha incurrido en contradicciones. Esta valoración ha de respetarse en esta alzada por efecto del principio de inmediación en virtud de la doctrina constitucional citada. Desde los elementos documentales estrictamente no se descubre de forma inequívoca ese dolo de desobedecer sino la existencia de una irregularidad administrativa frente a la que se sigue expediente/s administrativo/s y se adoptan las medidas que se estiman adecuadas en ese mismo orden. No se han practicado las testificales de los policías municipales que acompañaron al empleado del servicio de aguas en las visitas a la casa del acusado, pues ellos podrían haber dado testimonio claro de lo que realmente ocurrió así como de la conducta concreta del acusado frente al empleado del servicio de aguas. Y no es ilógica la apreciación que se contiene en la sentencia en el sentido de que tales agentes de haber advertido una conducta constitutiva de infracción penal debían haber formulado el correspondiente atestado poniéndolo en conocimiento de la autoridad competente, y no consta que esto se hiciera. Téngase en cuenta, por lo demás, que no cabe elevar a la categoría de infracción penal la inobservancia e incumplimiento de toda disposición o acuerdo administrativo de la autoridad, pues entonces el precepto penal adquiriría un alcance desmesurado con vulneración del principio de intervención mínima. Por lo tanto, respetando el criterio de la Juzgadora, no advertimos que los hechos probados integren la desobediencia a autoridad, agentes o funcionarios públicos, tipificada en el Código Penal. SEXTO.- Lo expuesto conduce a la desestimación del recurso, sin que haya motivos para hacer imposición de costas en esta alzada, pues no se observa temeridad o mala fe en la interposición de los mismos y las circunstancias que rodean el caso hace que consideremos justificado el interés de las partes en agotar la vía jurisdiccional ordinaria, sin perjuicio de que no hayan prosperado sus postulados por las razones referidas. Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación FALLAMOS QUE DESESTIMANDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Ayuntamiento de Boecillo, representado por el procurador Sr. Tejerina Sanz de la Rica y asistido por el letrado Sr. Velasco Velasco, y el formulado por el Mº Fiscal, se confirma la sentencia de 16 de diciembre de 2010 con el auto de 22 de diciembre de 2010, dictada en el PA 80/2010 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid , declarándose de oficio las costas de esta alzada. Notifíquese la presente Sentencia a las partes, haciéndoles saber que La presente resolución es firme y contra la misma NO CABE INTERPONER RECURSO ALGUNO. Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos, para su cumplimiento, y una vez se reciba su acuse archívese el presente, previa nota en los libros. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que doy fe

 

 

 

Regularice su situación, no se arriesgue más

Cliente: escribió hace 4 año.

Entiendo pues, que al no poderse contavilizar ningun consumo, un experto determinaría una cantidad a pagar por lo que me responde. ¿ No es así ?

Por lo que he visto, en cada puerta es independiente.

 

No se cada cuanto tiempo se pasa al cobro el agua en valencia. Ni tampoco cuanto cuesta.

 

¿ Alguna aproximación ?

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

A diferencia de lo que le comentaba Diego, la prescripción de acciones de consumos que deben faturarse periódicamente, NO son 4 años, es 1 año

1 Año de agua no serían más de 150 euros

 

No cabe recargo de apremio porque Ud paga voluntariamente

No cabe delito SOLO si Ud solicita el contador

 

Arriesga 150 euros contra la comisionn de 1 delito, más elñ dinero con recargo de apremio

 

Artículo 255.

Será castigado con la pena de multa de tres a 12 meses el que cometiere defraudación por valor superior a 400 euros, utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:

  1. Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

  2. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

  3. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

SOLICITE CONTADOR Y PAGAR 1 AÑO POR BUROFAX

Cliente: escribió hace 4 año.

No quisiera ser reiterativo, pero de ahí la siguiente pregunta para quedar tranquilo:

 

¿ Si yo solicito el contador y regularizo mi situación, por lo que he leido, la cuantía de recargo sería mínima por lo que entiendo ?

 

Que yo sepa, ninguna reclamación me ha llegado en estos años. Por eso mi situación actual. Por lo cual, si regularizo mi situación, no se me imputaria ningun tipo de defraudación por lo que dice mas arriva. ¿ No es así ?

 

 

 

 

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Efectivamente, Ud debe solicitar fehacientemente regularizar su situación

Si se le reclama mayor pago de 1 año, procede interponer recurso por prescripción

No cabe delito solicitandolo Ud según jurisprudencia aportada

 

Ruego acepte 1 de mis respuestas

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Yo no estoy tan seguro de que prescriban en 1 año y entiendo que el plazo de prescripcion es de 5 años, establecido en el art. 1966 del Código Civil:


Artículo 1966.

Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

  1. La de pagar pensiones alimenticias.

  2. La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.

  3. La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves.



Le dejo una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia en la que no se declaran prescritas las acciones para reclamar los consumos de los ultimos 4 años por la empresa Aguas de Valencia a un particular.


En negrita la parte mas relevante para usted.



Audiencia Provincial de Valencia
Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 65/1999


ANTECEDENTES DE HECHO

 

 

PRIMERO

La sentencia apelada, pronunciada por el señor Juez de Primera Instancia núm. 19 de Valencia en fecha 2 de noviembre de 1998, contiene el siguiente: Fallo: «Que estimando íntegramente la demanda promovida por las entidades Aguas de Valencia, SA y Omnium Ibérico, SA, representadas ambas por la Procuradora de los Tribunales doña Gloria B. S. contra don Juan M. L.-R. A., representado por el procurador de los Tribunales don Julio J. V., debo declarar y declaro resuelto el contrato de abono de agua y conservación del contador suscrito entre las partes el 14 de octubre de 1972, determinándose en ejecución de sentencia las medidas necesarias para el cese efectivo del suministro de agua; y debo condenar y condeno al demandado a que abone a la parte actora la cantidad de cincuenta y cinco mil doscientas sesenta y nueve pesetas (55.269 ptas.), más los intereses legales desde la fecha de la demanda y costas procesales».


FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

 

PRIMERO

Por las mercantiles «Aguas de Valencia, SA» y «Omnium Ibérico, SA» se formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra don Juan L.-R. A., solicitando en el suplico del escrito de demanda se declare resuelto el contrato de suministro de agua y arrendamiento y conservación de contador, suscrito en su día por los demandantes y el demandado relativo a la vivienda sita en la Gran Vía de Fernando el Católico núm. ... de esta ciudad de Valencia, acordando el cese efectivo del suministro de agua, y condenando al demandado al pago de la cantidad de 55.269 pesetas: alegando, en base a su pretensión, que el demandado suscribió con las demandantes el día 14 de octubre de 1972 un contrato de suministro de agua potable y de arrendamiento y conservación de contador para la vivienda que ocupa el demandado, habiendo dejado de satisfacer el demandado 22 facturas emitidas por las actoras y referentes al consumo de agua y alquiler y conservación de contador que ascienden a la cantidad de 55.269 pesetas.

La sentencia de instancia estimó íntegramente la demanda formulada y contra dicha sentencia recurre en apelación el demandado interesando su revocación y en su lugar se desestime la demanda.

Segundo

 

 

TERCERO

Alega el recurrente que se le pretende cobrar por la parte actora un consumo de agua superior al realmente recibido, lo que le causa un evidente perjuicio, ya que las tasas y cánones de saneamiento se calculan en proporción al agua consumida. Sin embargo, y como pone de manifiesto acertadamente la sentencia apelada, la pretensión de la actora se dirige al cobro del agua suministrada y mantenimiento de contador, excluyendo de su reclamación las referidas tasas y cánones, y si bien en alguna factura se incluyó un consumo de agua superior al real, ello fue motivado por el hecho de estar instalado el contador en el interior de la vivienda, por lo que se calculó el consumo aproximadamente, sin perjuicio, como habitualmente se realiza por las compañías suministradoras, de rectificar dicha cuantía en la siguiente factura, una vez comprobado el contador medidor del agua, como así se ha hecho en el presente caso. Habiendo quedado acreditado, por la prueba pericial practicada en esta alzada, que el contador instalado en la vivienda del demandado no registra consumo aun cuando se utiliza el servicio de agua, debido a que se paró el contador por desgaste, de marzo a noviembre de 1997, como lo demuestra que en la última factura reclamada por la parte actora no figurara consumo alguno de agua (folio 42 de los autos), por lo que el perjuicio lo está sufriendo la empresa demandante al estar suministrando agua a la vivienda del hoy recurrente sin que pueda reclamar el importe al no registrarlo el contador.

Se alega por la parte recurrente que las tres primeras facturas reclamadas por la actora se hallan prescritas, y en consecuencia no pueden ser objeto de reclamación, sin especificar cuál es el plazo prescriptivo.



El plazo de prescripción aplicable a la acción de reclamación ejercitada por la parte actora es el de cinco años conforme establece el número 3 del artículo 1966 del Código Civil: al determinar dicho precepto que prescriben por el transcurso de cinco años las acciones para exigir el cumplimiento de aquellas obligaciones cuyos pagos deban hacerse por años o en plazos más breves.

Las tres primeras facturas que acompaña a su escrito de demanda son de fecha 5 de noviembre de 1993, 21 de abril de 1994 y 13 de julio de 1994: habiéndose presentado la demanda iniciadora de este proceso el día 26 de diciembre de 1997, es visto que no habían transcurrido esos cinco años, por lo que no deben estimarse prescritas como pretende la parte apelante, por lo que en definitiva el demandado debe satisfacer la cantidad reclamada de 55.269 pesetas

Cuarto

 


FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por don Juan M. L.-R. A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Valencia, en los autos núm. 830/1997, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha sentencia, imponiendo al apelante las costas devengadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes y, a su tiempo, devuélvanse los autos principales al Juzgado de Primera Instancia de origen, con oficio y certificación literal del presente para su ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo acordamos, mandamos y firmamos.

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Fe de errores: Diego tiene razón

Son 5 meses los que la empresa tiene para FACTURAR, si no factura es su problema, y sólo puede retroceder 5 meses

Y la sanción por fraude va de 10 a 15 salarios DIARIOS mínimos interprofesionales, conforme a la gravedad de la defraudación.

 

En el peor de los casos es 21,38 por 15 que son 320 euros

 

 

 

Cliente: escribió hace 4 año.

Estoy un poco confuso ahora:

 

En el caso que cita Diego, entiendo que es por un recurso que se hizo a Aguas de Valencia, por otros motivos que creo que no tiene que ver con mi caso.

 

En el caso que cita Apam, entiendo que son recibos, si ?

 

¿ Pueden aclararme un poco mas ? .. Es decir, en mi caso, si boy y regularizo voluntariamente mi situación ... ¿ Cabe o no cabe juicio contra mi ?

 

La cantidad que cita Diego en sentencia es bastante alta para la epoca en que se produce la sentencia en contra del recurso.

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Yo lo veo así

 

Ud envía burofax, solicita el contador porque no lo tiene

La sanción que le pueden cobrar máxima es 320 euros

Paga el alta y todo resuelto

 

Cliente: escribió hace 4 año.

Tengo una duda en relación a la primera respuesta.

Hace como 30 años ya, les llegó a unos familiares una reclamación de una deuda mediante juzgado. Estos no estaban en ese momento y quien la llevó a casa del juzgado, pidio a un vecino que firmase la recepción, por lo que entendí en ese momento que cualquiera puede dar fé de la entrega del requerimiento a un tercero mediando le persona que lo recoge.

El caso es que nunca llegó a sus manos y les juzgaron por "caso omiso"-No se como llamarlo-- en dicho requerimiento.

DiegoAbogado dice que le extraña que en 11 años no se me haya reclamado nada y es logico pensar así.

Hace unos días estuve en una oficina de recaudación preguntando si devía algo o tenía algo pendiente. Me salieron dos cosas que siempre se me olvida pagar. Pero por lo demás nada.

¿ Podría ser que me encuentre en la situación que describo anteriormente y se me haya requerido sin que yo lo sepa ?

Gracias

 

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Efectivamente, hay vías de notificación al alcance de la Administrición para notificar, desde publicaciones en boletines oficiales a edictos en tablones de anuncios

Y así se le puede juzgar en rebeldía o no personado en la causa, o simplemente sancionarsele

Cliente: escribió hace 4 año.

Entonces ¿ Como puede uno cumplir con lo que se le requiere, si no llega a conocimiento del encausado ? Si la persona no está enterada de una citación, ¿ Como es posible cumplir con ella ? ¿ No es mas lógico que a la parte reclamante se le exija que le llegue la notificación a sus manos mediante acuse de recivo ?

Podriamos estar incumpliendo normas que ni savemos que existen.

Estoy muy confundido ahora. Lo siento.

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Legalmente TODOS tenemos la opción de leer los boletines oficiales y la publicación en ellos es válida como forma subsidiaria de notificación

Es muy habitual en sanciones de todo tipo

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-19618

 

Incluso puede ud poner en Google apellidos y nombre de personas y vera como muchas tienen sanciones publicadas en BOE ....

Cliente: escribió hace 4 año.

Entonces ¿ Que me recomienda si deseo saber sobre mi caso, o sobre mi en general ?

Tenga en cuenta el periodo transcurrido y el BOE es de "tirada" diaria.

No se como actuar en mi caso.

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Para saber si tiene embargos pendientes puede solicitar información a Hacienda, sección ejecutiva

Allí le dirán si hay expedientes de cualquier tipo abiertos contra ud pendiente de cobro

Cualquier expediente del que sea ud deudor frente Aministración pasa por hacienda.

Cliente: escribió hace 4 año.

Pero aqui estamos tratando un tema que tiene que ver con ayuntamiento o comunidad autónoma, pues el tema de aguas me suena que es competencia de estas. Cada una tiene su propia forma de actuar y su propio BOE.

No obstante gracias XXXXX XXXXX información ... iré a hacienda tambien.

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

A HAcienda llega TODO requerimiento de cualquier administración, juzgado, etc de que a ud se le embargue por deudas.

Si hay algo contra Ud en términos económicos estará allí

Cliente: escribió hace 4 año.

Cuando solicite el contador ... ¿ Deveré previamente a la instalación quitar el condicto que me suministra el agua, O daria igual que lo vieren ? Es obio a la vista que por algun medio me ha llegado el suministro.

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Ud debe actuar de buena fe, decir que esta en una situación irregular, que quiere regularizar y que se le ponga contador.

Es probable que incluso se le pongan, le den de alta, y se olviden de lo anterior.....

Cliente: escribió hace 4 año.

Pienso igual que Ud. Hay que actuar de buena fe. Pero conociendo como se ba a desarrollar las cosas un poco de algun modo. La vida me ha dado muchas sorpresas desagradables y quiero estar preparado.

 

Hoy he ido a hacienda como me comentó en artículos anteriores, y me he sentido incomprendido cuando les he explicado que quería saver si havía requerimientos de años anteriores.

 

Tras pasar por varios departamentos ejecutivos, entre ellos uno llamado "notificaciones", no ha salido nada. Pero tampoco se han esmerado mucho en encontrar cosas de años anteriores.

 

Tampoco he visto mi nombre en el DOGV. ¿ Podría ser que no sepa buscar bien ?

Como digo, no me gustan las sorpresas. ¿ Como podría buscar mi nombre de forma segura en un boletin oficial ? Pues ya lo he puesto y me salen un sinfin de convinaciones que no corresponden a mi configuración nominal.

Gracias

Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Buenos días:

Responde a su última consulta Jesús, abogado colegiado ejerciente.

 

En mi opinión no hay forma segura de buscar su nombre por usted mismo en un BO.

 

Tampoco es ninguna forma segura de actuar solicitar información verbalmente a los empleados de las Administraciones Públicas.

 

Todas sus relaciones con las Admistraciones, incluso solicitudes de información, debe hacerlas por escrito, y por escrito deben de responderle.

 

Los derechos básicos de los administratos se recogen en la Ley de Procedimiento Administrativo, y esos tenemos que conocerlos personalmente todos para no caer en estas situaciones. Estos son:

Artículo 35. Derechos de los ciudadanos.

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:
A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.
B) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
C) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.
D) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.
E) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
F) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.
G) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
H) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes.
I) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
J) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda

legalmente.
K) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.

 

Y Particularmente ...

Artículo 37. Derecho de acceso a Archivos y Registros.
1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.

 

Le copio enlace al texto completo de sus normas básicas de referencia, para que las lea:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t4.html

 

Conviene tenerlas siempre a mano, a la hora de cualquier relación con las Administraciones Públicas.

Toda relación con las Administraciones, si queremos que haya garantías jurídicas, debe ser por escrito y con copia sellada tanto de lo que les decimos nosotros a ellos como de lo que ellos nos dicen a nosotros.

 

Solicite la información que necesita por escrito, la Administración dispone del plazo de tres meses para resolver su consulta y notificarsela también por escrito a su domicilio.

 

No olvide usted aceptar mi respuesta si ha sido conveniente a su última pregunta.
Así quedo a su disposición para cualquier aclaración de la misma.
Atentamente,

Cliente: escribió hace 4 año.

En cualquier caso, ya he tramitado Cedula de Habitabilidad. Hablado con Emivasa para la puesta de contador cuando obtenga dicha cedula. Hablado con un inspector que Emivasa dice que tiene que venir a mi vivienda para ver la instalación del agua. Y todo para la semana próxima.

 

En estos años he realizado algunas mejoras en la vivienda, como poner gas natural y calefaccion y nadie ma ha pedido cedula de habitabilidad para lo dicho.

 

Espero que no me crucifiquen.

Cliente: escribió hace 4 año.

En el reglamento de servicios de aguas en valencia dice entre otras cosas:

 

-Se considera fraude utilizar agua del servicio sin haber suscrito contrato de abono.

-La entidad suministradora formulará liquidación del fraude cuando no existiera contrato alguno de suministro.

-La liquidación de dicho fraude se hara haciendo un computo de consumo de tres horas seguidas a 0.5m3 / seg. diarias con un maximo de 18 meses.

 

¿ Cabe recurso contra esto en mi situación descrita ?

Experto:  Jesús escribió hace 4 año.

Buenas noches:

 

Usted ha aceptado la respuesta del compañero Diego, que le responderá en cuanto esté en línea.

 

Atentamente,

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Una cosa es que en el Reglamento se considere como fraude una situacion de ese tipo y otra distinta es que usted pueda reclamar si le sancionan en ese sentido.


Usted tiene muchos argumentos para poder reclamar, desde que la comunidad de propietarios no le hizo referencia a la situacion del suministro de agua en su piso cuando lo adquirio ni posteriormente hasta que cuando usted lo adquirió el propietario no le avisó de que el servicio o suministro estaba indebidamente o irregularmente conectado.


Si usted fuera sancionado tiene derecho a interponer recursos en via administrativa y una vez agotada esta via si persiste la sancion puede interponer un contencioso administrativo contra la sancion y para ello tiene derecho a solicitar un Abogado de Oficio en el Colegio de Abogados si sus ingresos no superan los 1288 euros mensuales.
Cliente: escribió hace 4 año.

En la ecritura de compraventa hay un apartado enel que el vendedor manifiesta que vende la vivienda "LIBRE DE TODA CARGA" Supongo que podría ser un buen argumento tambien, pues la irregularidad con la que me encuentro, ya supone una carga en si.

 

En cuanto a la comunidad de vecinos no se que responsabilidad tendría, pues son viviendas independientes en este caso aunque esten en una misma escalera.

 

En las viviendas anteriores en que he residido, el agua -comunitaria- entraba directamente en las viviendas y supongo que tendrían un contador general centralizado en un caso. Y en el otro agua de manantial, transportado a algibes en los tejados, y distribuidos por todas las viviendas.

 

En cuanto solicitar abogado de oficio, los ingresos que me piden son por debajo de los 1.060 € brutos mensuales mas o menos.

 

Para la cedula de H. la empresa de aguas me hace un papel en el que declara que hay contrato de suministro dado de baja.

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Si el contrato de suministro habia sido dado de baja antes de que usted comprar la vivienda tambien seria un elemento que podria aprovechar a su favor.


El caso es que usted podrá recurrir en via administrativa y alegar todo lo que le convenga y finalmente podrái acudir a un contencioso administrativo.
Cliente: escribió hace 4 año.
Para recurrir por via administrativa ¿ Necesito la actuación de un letrado ?
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Para los recursos en via administrativa no necesita obligatoriamente la intervencion de un Letrado, sino que usted mismo tiene derecho a realizar las alegaciones.


Pero efectivamente la redaccion de los recursos por un Abogado sería recomendable.

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