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Viajes Iberia nos ha dejado abandonados en el aeropuerto de

Pregunta del cliente

Viajes Iberia nos ha dejado abandonados en el aeropuerto de Gatwik en Londres sin ningún tipo de aviso, sabiendo donde me podían encontrar pues tenía contratado con ellos
un paquete cerrado completo de vuelo a Londres ida y vuelta más hotel.
Tenían mi teléfono, el teléfono del hotel y mi correo eléctronico y no me comunicaron que el vuelo de Air Europa se había cancelado por huelga de pilotos (tengo documentación que la compañía aérea se lo comunicó a ellos) encontrándome al llegar allí que el vuelo no existía.
Donde puedo denunciar y que responsabilidad económica les puedo exigir.
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Buenas noches,

Lamento su situación, porque además todos alguna vez hemos vivido en nuestras propias carnes situaciones similares con las compañías aéreas.

Mi consejo es que interponga, antes de nada, la oportuna queja en las oficinas de Iberia, a fin de que le efectúen una propuesta de indemnización por los perjuicios causados.

Como mínimo, usted puede reclamar el precio correspondiente la viaje de avión y a la estancia. También, si fuera una viaje especial, podría intentar reclamar los eventuales daños morales.

Además de esto, existen unas tarifas para calcular la indemnización que le correspondería (aparte de lo dicho anteriormente). Son estas:

En estos casos, los usuarios afectados tendrían derecho a:

1.- Compensación económica de:

250€ (vuelos hasta 1500 Km.)
400€ (vuelos intracomunitarios de más de 1500 Km. y los demás entre 1500 y 3500 Km.)
600€ (el resto)

Por lo tanto, mi consejo es que interponga la oportuna reclamación en la compañía aérea, EN EL PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS. Posteriormente la compañía debe remitirle una propuesta de indemnización que habrá de abarcar los conceptos que antes le indiqué, a fin de resarcirle, en la medida de lo posible, del perjuicio creado.

Para más exactitud le indico que si la compañía no efectúa una propuesta de reclamación en un plazo prudencial, la otra vía es interponer un procedimiento ante arbitraje de consumo, a fin de que se le obligue a la compañía aérea a indemnizarle mediante la resolución de un árbitro. Si ni aun así lo consigue porque no le resulta favorable la reclamación, le quedaría la vía judicial para efectuar esa reclamación indemnizatoria.

De todas formas, si no lo ha hecho ya, le recomiendo que la queje la efectúe por escrito y no sólo telefónicamente, a través de hoja de reclamaciones que encontrará en las oficinas de atención al usuario de la entidad y que se quede con hoja sellada, a los efectos de poder acreditar que realizó en plazo la reclamación.

POR FAVOR, NO OLVIDE ACEPTAR LA RESPUESTA Y SOLICITARME MÁS ACLARACIONES SI DESEA. Saludos cordiales.
eduardolm, Licenciatura
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Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Hola

 

Les recomiendo documentar cada gasto originado, hotel, vuelo, etc y contactar con un abogado que interponga demanda contra IBERIA

Via consumo conseguirán menos

Les dejo sentencia que les dirá que pueden reclamar y las habilitaciones legales para ello

Si gana menos de 1288 euros brutos al mes puede solicitar abogado de oficio al colegio de su provincia en ejercicio a su derecho a la justicia gratuíta para interponer la demanda

 

  • SP/SENT/637147

AP Madrid, Sec. 28.ª, 161/2011, de 13 de mayo

Recurso 461/2010. Ponente: GREGORIO PLAZA GONZALEZ.

EXTRACTOS

Las indemnizaciones por denegación de embarque, retraso y cancelación del Rgto 261/2004 no limitan la responsabilidad del transportista aéreo sino que son mínimos

"... Debemos en primer lugar hacer referencia a las normas aplicables al caso, que no son otras que el Reglamento (CE) nº 261/2004, de 11 de febrero , en la reclamación relativa al derecho de compensación por cancelación de vuelo y el Convenio de Montreal (no el de Varsovia, al que se refiere la demanda) en lo que respecta al retraso en la entrega del equipaje. Ambas normas resultan plenamente compatibles.

El Reglamento (CE) nº 261/2004 establece un régimen compensatorio de mínimos aplicable a los supuestos de denegación de embarque y de cancelación o de gran retraso de los vuelos -artículo 1 - y que comprende, según los casos, el derecho a una compensación, derecho al reembolso o a un transporte alternativo y el derecho a atención. Lo anterior significa que su existencia no excluye cualesquiera otros derechos reconocidos a los pasajeros aéreos por la normativa internacional o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea que resulten aplicables. Consecuentemente, el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece en su apartado 1 que el Reglamento se aplicará "sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria". Por tanto, las indemnizaciones reconocidas para los casos de denegación de embarque, retraso y cancelación en el Reglamento (CE) nº 261/2004 no deben en ningún caso interpretarse como límites a la responsabilidad de los transportistas aéreos en dichos supuestos, sino como indemnizaciones mínimas ..."

"... Como señala dicha resolución, las medidas estandarizadas e inmediatas no impiden por sí mismas que los pasajeros afectados, en el caso en que el mismo retraso les cause también daños que den derecho a una indemnización, puedan ejercitar, además, las acciones de indemnización de dichos daños en las circunstancias previstas en el Convenio de Montreal. ..."

El cierre del aeropuerto es una circunstancia extraordinaria que no puedo haberse evitado incluso tomando todas las medidas razonables

"... Es evidente que el día 9 de enero concurrieron circunstancias extraordinarias que dieron lugar a la cancelación, como es el cierre del aeropuerto de Barajas a consecuencia de un temporal de nieve. El art. 5.3 del Reglamento nº 261/2004 , para el caso de cancelación de vuelos, establece que el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al art. 7 si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. ..."

La cancelación del vuelo alternativo es indemnizable porque el cierre de Barajas duró cinco horas reanudándose los vuelos y ofreciendo la transportista el billete alternativo pudiendo prever las circunstancias

"... Sin embargo, hay una segunda cancelación, que se refiere al vuelo alternativo con destino Ginebra y conexión a Copenhage previsto para el día 10 de enero. Pese a que IBERIA manifestó al contestar a la reclamación efectuada por la Sra. Encarna que el cierre del aeropuerto provocó retrasos y cancelaciones en los días sucesivos no podemos considerar que opere en este caso la exención del art. 5.3 del Reglamento . En primer lugar, porque las exenciones deben apreciarse con carácter excepcional. En segundo lugar, porque el cierre del aeropuerto, según las informaciones obrantes en autos (f. 49), se produjo durante algo más de 5 horas, quedando reanudadas las operaciones sobre las 17 h. del día 9 de enero, y es la propia transportista la que, valorando la situación generada, ofrece el vuelo alternativo y emite el billete, de manera que no puede admitirse que se trate de circunstancias que no pudo prever, debiendo asumir las consecuencias de tal imprevisión. ..."

IBERIA debe indemnizar por el retraso en la entrega de equipaje con un límite sólo transpasable cuando existe declaración de valor salvo intencionalidad o temeridad

"... Ninguna prueba ofrece en este caso IBERIA que permita excluir su responsabilidad por el retraso en la entrega del equipaje.

En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista queda limitada a 1.000 derechos especiales de giro, salvo declaración especial de valor (art. 22.2 CM ).

Atendiendo a lo expuesto, el límite de responsabilidad del transportista solo puede ser traspasado cuando existe declaración de valor. No obstante el apartado 5 del art. 22 del CM 1999 contempla otro supuesto: XXXXX XXXXX de intencionalidad o temeridad en la actuación del transportista. Establece dicho apartado lo siguiente:

"Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agentes, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño; siempre que, en caso de una acción u omisión de un dependiente o agente, se pruebe también que éste actuaba en el ejercicio de sus funciones".

No se acreditan aquí circunstancias que excluyan la aplicación del límite indemnizatorio previsto en el Convenio de Montreal. ..."

La viajera tardó cuatro días en disponer de su equipaje y sin asistencia alguna para disponer de su medicación constatándose el daño moral "... En el caso que nos ocupa nos encontramos ante un retraso en la entrega del equipaje considerable, no por el hecho de no haber podido disponer del mismo desde que se facturó, puesto que la reclamación se fundó en el retraso de cuatro días en la entrega (f. 16), sino por este mismo hecho, es decir, en cuanto se efectuó el vuelo finalmente el día 12 de enero y no le fue entregada la maleta a la demandante hasta el día 16 de enero, permaneciendo desde la llegada a destino en Copenhage sin equipaje. Todo ello se produjo sin asistencia alguna y sin poder disponer de los medicamentos que la demandada venía utilizando, según dejó constancia en su reclamación (f. 16). Concurre, por las circunstancias expuestas, una afectación a la esfera psíquica que excede de lo que puedan considerarse simples molestias, desprendiéndose de este modo la existencia de daño moral.

En su cuantificación debemos apreciar dos aspectos. El primero es que las indemnizaciones no pueden establecerse en función del valor del billete, como si se tratara de un límite no consagrado legal ni jurisprudencialmente. No solo tal limitación carece de base en las normas supraestatales o convencionales aplicables al transporte aéreo, sino que el propio Tribunal de Justicia ha rechazado la ponderación en función del valor del billete. ..."

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Encarna , debo condenar y condeno a IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. al pago de la suma de 90 euros a favor de aquella parte actora, cantidad que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda, hasta su completo pago, interés que se incrementará en dos puntos porcentuales desde la fecha de esta sentencia.

Debo declarar y declaro que no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes litigantes".

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día doce de mayo de dos mil once.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Los hechos en que se sustenta la demanda interpuesta son los siguientes:

Dª Encarna tenía previsto viajar desde Madrid a Copenhage el día 9 de enero de 2009, a las 11.50 h., en vuelo operado por la compañía IBERIA. El vuelo fue cancelado por circunstancias meteorológicas cuando ya disponía de tarjeta de embarque. La cancelación vino motivada por el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas a consecuencia de un temporal de nieve, reiniciándose las operaciones de tráfico aéreo durante la tarde del día 9 de enero de 2009, como consta en las informaciones de prensa aportadas por la parte demandada (ff. 41 a 51). A las 2 h. del día 10 de enero, es decir, durante esa noche, IBERIA expide a la demandante un nuevo billete, vía Ginebra, con enlace posterior a Copenhage, con salida el mismo día 10, a las 12.50 h. Sin embargo este vuelo sufrió retraso, lo que suponía perder la conexión a Copenhage, cancelándose después definitivamente. Finalmente, a la 1.00 h. del domingo 11 de enero consigue que la compañía emita un billete para el día 12 de enero a las 11.50 h. en vuelo directo Madrid-Copenhague.

A la llegada a Copenhage no pudo recuperar su maleta, que fue inicialmente facturada para el primer vuelo, de la que no dispuso hasta el día 16 de enero, y en la que guardaba algunos medicamentos, y así consta en su reclamación (f. 16). Según la contestación de la compañía a la reclamación efectuada, el cierre del aeropuerto provocó suspensiones y retrasos no solo en el día 9 de enero, sino también en los días 10 y 11 de enero, realizando un esfuerzo material y humano para recuperar la normalidad del servicio (f. 18).

La pretensión ejercitada contempla dos conceptos. El primero se basa en el derecho a compensación previsto en el art. 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo. Se reclama por este concepto un importe de 400 euros. El segundo se basa en el retraso en la entrega del equipaje -una maleta de 22 kg- por lo que se reclama la suma de 374 DEG (333,35 euros según cambio a fecha 9 de enero de 2009) conforme a lo dispuesto en el art. 22 del Convenio de Varsovia.

La Sentencia dictada en la primera instancia resultó parcialmente estimatoria de la pretensión. En relación al derecho de compensación ejercitado al amparo del Reglamento nº 261/2004 considera que concurren circunstancias extraordinarias para la cancelación del vuelo lo que excluye la aplicación del citado derecho previsto en el art. 7 del Reglamento. No obstante concede 50 € en concepto de gastos menores de estancia aeroportuaria y manutención, sin que se pueda determinar a qué gastos concretos que fueran reclamados se refiere, ya que la reclamación comprende dos conceptos bien definidos, según se ha expuesto, ni en qué norma se ampara tal cantidad. Tiene en cuenta que el pasajero tenía su residencia en Madrid. Por cuanto se refiere al retraso en la entrega del equipaje contempla la indemnización máxima prevista en el Convenio de Montreal (1.000 DEG) y reconoce la existencia de daño moral, pero reduce la suma reclamada (333,35 euros) a 40 euros, teniendo en cuenta que el precio del billete rondaba los 100 euros, a fin de que la indemnización no resulte desproporcionada en relación al importe del billete.

SEGUNDO. Frente a la Sentencia dictada se alza el recurso alegando que no se hace referencia en la misma a aspectos relevantes en relación a la demanda y los hechos en que se funda, considerando que los elementos fácticos no han resultado controvertidos. Un primer aspecto es que las circunstancias meteorológicas afectaron a los vuelos del día 9 de enero, y lo cierto es que se emite nuevo billete con destino a Ginebra y conexión a Copenhage para el día 10 de enero, que también fue cancelado. Por otra parte la demandante no tiene su residencia en Madrid, sino en León, como se desprende de los documentos acompañados a la demanda (doc. núm. cinco), lo que la obligó a permanecer en el aeropuerto. Por lo que se refiere al retraso de la maleta, ésta fue entregada en facturación el día 9 de enero y no se recuperó hasta el día 16 de enero. El daño moral, añade el recurso, quedaba acreditado con el propio documento núm. cinco de la demanda (ff. 14 a 16) en donde se exponen las circunstancias padecidas, y el importe a indemnizar no puede quedar limitado por el coste del billete. Se reitera, en definitiva, la reclamación por los dos importes en que se basaba la demanda: 400 euros en concepto de compensación y 333,35 euros por retraso en la entrega de la maleta.

La oposición al recurso formulada por la apelada IBERIA reitera los fundamentos de la sentencia y la concurrencia de circunstancias excepcionales, y añade que la cantidad a la que resultó condenada se aproxima al importe del billete, considerando que la reclamación efectuada resulta excesiva.

TERCERO. Debemos en primer lugar hacer referencia a las normas aplicables al caso, que no son otras que el Reglamento (CE) nº 261/2004, de 11 de febrero , en la reclamación relativa al derecho de compensación por cancelación de vuelo y el Convenio de Montreal (no el de Varsovia, al que se refiere la demanda) en lo que respecta al retraso en la entrega del equipaje. Ambas normas resultan plenamente compatibles.

El Reglamento (CE) nº 261/2004 establece un régimen compensatorio de mínimos aplicable a los supuestos de denegación de embarque y de cancelación o de gran retraso de los vuelos -artículo 1 - y que comprende, según los casos, el derecho a una compensación, derecho al reembolso o a un transporte alternativo y el derecho a atención. Lo anterior significa que su existencia no excluye cualesquiera otros derechos reconocidos a los pasajeros aéreos por la normativa internacional o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea que resulten aplicables. Consecuentemente, el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 261/2004 establece en su apartado 1 que el Reglamento se aplicará "sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria". Por tanto, las indemnizaciones reconocidas para los casos de denegación de embarque, retraso y cancelación en el Reglamento (CE) nº 261/2004 no deben en ningún caso interpretarse como límites a la responsabilidad de los transportistas aéreos en dichos supuestos, sino como indemnizaciones mínimas que no impiden el derecho del pasajero a exigir indemnizaciones suplementarias en función de los daños y perjuicios que hayan sufrido a consecuencia de la conducta del transportista aéreo (salvo el supuesto previsto en el art. 12.2 de renuncia voluntaria del pasajero a su reserva a cambio de determinados beneficios, en las condiciones señaladas en el artículo 4.1 del citado Reglamento comunitario). Del mismo modo, cabe que la normativa convencional internacional contemple otros supuestos no previstos en el citado Reglamento, resultando las indemnizaciones también plenamente compatibles.

La STJUE de 10 de enero de 2006 , IATA et al., as. C-344/2004, a raíz de la cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice británica, señala que el Convenio de Montreal, firmado por la Comunidad el 9 de diciembre de 1999 sobre la base del artículo 300 CE, apartado 2, fue aprobado por decisión del Consejo de 5 de abril de 2001 y entró en vigor, en lo que se refiere a la Comunidad, el 28 de junio de 2004. Resulta de lo anterior que, de acuerdo con una jurisprudencia reiterada, las disposiciones de este Convenio forman parte del ordenamiento jurídico comunitario a partir de esta última fecha ( sentencias de 30 de abril de 1974, Haegeman, 181/73 , apartado 5 , y de 30 de septiembre de 1987, Demirel, 12/86 , apartado 7). En España, la publicación de la ratificación se produjo por medio de BOE 122/2004, de 20 mayo, entrando en vigor el día 28 de junio de 2004.

Como señala dicha resolución, las medidas estandarizadas e inmediatas no impiden por sí mismas que los pasajeros afectados, en el caso en que el mismo retraso les cause también daños que den derecho a una indemnización, puedan ejercitar, además, las acciones de indemnización de dichos daños en las circunstancias previstas en el Convenio de Montreal. Sobre la relación entre el Reglamento (CE) nº 261/2004 y el Convenio de Montreal, la sentencia aclara lo siguiente:

48. Estas medidas, que mejoran la protección de los intereses de los pasajeros y las condiciones en que se les aplica el principio de reparación, no pueden, por tanto, considerarse incompatibles con el Convenio de Montreal.

73. En segundo lugar, las medidas estandarizadas e inmediatas previstas en el artículo 6 del Reglamento núm. 261/2004 no se encuentran entre aquéllas cuyas condiciones de ejercicio fija el Convenio de Montreal y no son incompatibles con ese Convenio. Resulta de lo anterior que las disposiciones de este Reglamento que regulan así determinados derechos de los pasajeros en los casos de grandes retrasos en los vuelos no pueden sujetarse a condiciones diferentes de las que fija dicho Convenio respecto de otros derechos. En consecuencia, no son en absoluto contrarias a las que contiene el Reglamento núm. 2027/97 y que han sido adoptadas, conforme a su artículo 1 , para aplicar las disposiciones pertinentes del Convenio de Montreal.

CUARTO. Determinadas las normas aplicables y su compatibilidad hemos de referirnos en primer lugar a la cantidad reclamada en concepto de compensación por cancelación de vuelo. Es evidente que el día 9 de enero concurrieron circunstancias extraordinarias que dieron lugar a la cancelación, como es el cierre del aeropuerto de Barajas a consecuencia de un temporal de nieve. El art. 5.3 del Reglamento nº 261/2004 , para el caso de cancelación de vuelos, establece que el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al art. 7 si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. El considerando 14 del preámbulo del Reglamento contempla, a título de ejemplo, los casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones del transportista.

Bien es cierto que tales supuestos deben analizarse a la luz del caso concreto, sin que sean admisibles automatismos en su aplicación, más teniendo en cuenta que no se contienen en el texto articulado, sino en el citado preámbulo del Reglamento.

El TJUE, en su sentencia de 10 de enero de 2006 , señaló que no existe incoherencia entre los arts. 5 y 6 del Reglamento nº 261/2004 y los considerandos decimocuarto y decimoquinto , destacando lo siguiente (76):

Por otra parte, ciertamente, el tenor literal de esos considerandos da a entender que, de forma general, debería eximirse al transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo de todas sus obligaciones en el supuesto de que concurran circunstancias extraordinarias, y crea una cierta ambigüedad entre la intención así expresada del legislador comunitario y el propio contenido de los artículos 5 y 6 del Reglamento núm. 261/2004 ( LCEur 2004\637 ), que no reconocen un carácter tan general a esta eximente de responsabilidad. Sin embargo, tal ambigüedad no tiene suficiente envergadura como para hacer incoherente el dispositivo establecido en virtud de esos dos artículos, que carecen en sí mismos de toda ambigüedad.

Y en la aplicación de la exención del transportista de la obligación de pagar una compensación añade (91):

En séptimo lugar, en cuanto a la compensación prevista en el artículo 7 del Reglamento núm. 261/2004 , a la que pueden aspirar los pasajeros en virtud del artículo 5 , cuando se les ha informado demasiado tarde de la cancelación de un vuelo, los transportistas aéreos pueden eximirse del pago de esta compensación si demuestran que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Habida cuenta de la existencia de esta eximente y de las condiciones restrictivas de la aplicación de esa obligación, que pueden eludir los transportistas aéreos si la información es suficientemente precoz o viene acompañada de un ofrecimiento de transporte alternativo, dicha obligación no parece manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido.

El TJUE en su Sentencia de 22 de diciembre de 2008 , as.Wallentin-Hermann, C-549-07, se refiere también a la forma en la que han de apreciarse las circunstancias de exoneración:

21. A este respecto, el legislador comunitario ha indicado, según se recoge en el decimocuarto considerando del Reglamento núm. 261/2004 , que tales circunstancias pueden producirse, en particular, en casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo. .

22. De esta afirmación incluida en la exposición de motivos del Reglamento núm. 261/2004 se deduce que el legislador comunitario ha querido dar a entender, no que dichos acontecimientos -cuya lista es por lo demás meramente indicativa- constituyen en sí circunstancias extraordinarias, sino únicamente que pueden dar lugar a circunstancias de esta índole. De ello se deduce que no todas las circunstancias que acompañan a tales acontecimientos constituyen necesariamente causas de exoneración de la obligación de compensación establecida en el artículo 5, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento .

Es evidente que el cierre del aeropuerto era una circunstancia imposible de prever, y que el transportista encargado del vuelo no podía evitar de ningún modo, no solo por quedar al margen de su poder de decisión, sino por estar motivada por las condiciones climatológicas. Está justificada en consecuencia la exención de la obligación de pagar una compensación conforme al art. 7 del Reglamento en lo que respecta a la cancelación del vuelo programado para el día 9 de enero. Sin embargo, hay una segunda cancelación, que se refiere al vuelo alternativo con destino Ginebra y conexión a Copenhage previsto para el día 10 de enero. Pese a que IBERIA manifestó al contestar a la reclamación efectuada por la Sra. Encarna que el cierre del aeropuerto provocó retrasos y cancelaciones en los días sucesivos no podemos considerar que opere en este caso la exención del art. 5.3 del Reglamento . En primer lugar, porque las exenciones deben apreciarse con carácter excepcional. En segundo lugar, porque el cierre del aeropuerto, según las informaciones obrantes en autos (f. 49), se produjo durante algo más de 5 horas, quedando reanudadas las operaciones sobre las 17 h. del día 9 de enero, y es la propia transportista la que, valorando la situación generada, ofrece el vuelo alternativo y emite el billete, de manera que no puede admitirse que se trate de circunstancias que no pudo prever, debiendo asumir las consecuencias de tal imprevisión. Como quiera que tampoco concurren los supuestos que excluyen el derecho a compensación (art. 5.1 .c), o que permitan reducir en un 50% la compensación (art. 7.2 .), lo que no se ha planteado, debe reconocerse a la demandante el derecho a recibir una compensación por importe de 400 euros, teniendo en cuenta la distancia del vuelo y que para determinarla debe tomarse en consideración el último destino (art. 7.1 ), en este caso Copenhage.

QUINTO. Nos referiremos a continuación a la cantidad reclamada en concepto de indemnización por el retraso en la entrega del equipaje.

La entrada en vigor del Convenio de Montreal de 1999 (CM 1999 ) no suprime el sistema derivado del Convenio de Varsovia de 1929 (CV 1929), aunque la ratificación del primero por los principales países que participan en la aviación comercial dará lugar a su práctica desaparición. De hecho, el Reglamento (CE) 809/2002 destaca que el Convenio de Varsovia seguirá coexistiendo con el Convenio de Montreal durante un tiempo indeterminado.

En los contratos de transporte aéreo de personas en los que el punto de partida y destino se sitúan en el territorio de dos Estados Parte en el CM 1999 y el transportista es una compañía aérea comunitaria, según la definición que ofrece el Reglamento (CE) 2027/97, como es el caso, es de aplicación el CM 1999 y las normas imperativas que establece el citado Reglamento, modificado por el Reglamento (CE) 889/2002. Así, en su artículo 1, según la modificación operada por el Reglamento (CE) 889/2002 , se establece que el mismo desarrolla las disposiciones pertinentes del Convenio de Montreal en relación con el transporte aéreo de pasajeros y su equipaje y establece determinadas disposiciones complementarias. También hace extensiva la aplicación de dichas disposiciones al transporte aéreo en el interior de un Estado miembro. El art. 3.1 dispone que la responsabilidad de una compañía aérea comunitaria en relación con el transporte de pasajeros y su equipaje se regirá por todas las disposiciones del Convenio de Montreal relativas a dicha responsabilidad.

Según los considerandos 12 y 13 del segundo Reglamento citado, el establecimiento de unos límites de responsabilidad uniformes para la pérdida, daño o destrucción del equipaje y para los perjuicios ocasionados por los retrasos, aplicables a todos los desplazamientos efectuados por compañías comunitarias, garantizarán unas normas simples y claras tanto para los pasajeros como para las compañías aéreas y permitirán que los pasajeros sepan cuándo resulta necesario contratar un seguro adicional. Resultaría poco práctico para las compañías aéreas comunitarias y desorientador para sus pasajeros que se aplicasen regímenes de responsabilidad distintos en itinerarios distintos de sus redes.

La STJUE de 10 de enero de 2006 , antes citada, confirma que las disposiciones de este Convenio forman parte del ordenamiento jurídico comunitario.

El CM 1999 prescinde de la calificación de la acción, quedando en todo caso sometida a un mismo régimen procesal y sustantivo, como se desprende de lo dispuesto en el art. 29 de la norma convencional. Conforme establece dicho precepto, en el transporte de pasajeros, de equipaje y de carga, toda acción de indemnización de daños, sea que se funde en el Convenio, en un contrato o en un acto ilícito, sea en cualquier otra causa, solamente podrá iniciarse con sujeción a condiciones y a límites de responsabilidad como los previstos en el Convenio, sin que ello afecte a la cuestión de qué personas pueden iniciar las acciones y cuáles son sus respectivos derechos, naturalmente siempre en supuestos que entren dentro del ámbito de aplicación del Convenio. En ninguna de dichas acciones se otorgará una indemnización punitiva, ejemplar o de cualquier naturaleza que no sea compensatoria. En consecuencia, con independencia de las normas generales de responsabilidad contractual o extracontractual que pretendan aplicarse, el Convenio establece un sistema de responsabilidad en el transporte aéreo que impide considerar aplicables cumulativa, subsidiaria o alternativamente otras reglas. La acción, cualquiera que ésta sea, queda sometida a las condiciones del Convenio y la pretensión indemnizatoria sujeta a su régimen sustantivo y a los límites de responsabilidad establecidos.

El art. 19 del Convenio establece que el transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas.

Ninguna prueba ofrece en este caso IBERIA que permita excluir su responsabilidad por el retraso en la entrega del equipaje.

En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista queda limitada a 1.000 derechos especiales de giro, salvo declaración especial de valor (art. 22.2 CM ).

Atendiendo a lo expuesto, el límite de responsabilidad del transportista solo puede ser traspasado cuando existe declaración de valor. No obstante el apartado 5 del art. 22 del CM 1999 contempla otro supuesto: XXXXX XXXXX de intencionalidad o temeridad en la actuación del transportista. Establece dicho apartado lo siguiente:

"Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agentes, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño; siempre que, en caso de una acción u omisión de un dependiente o agente, se pruebe también que éste actuaba en el ejercicio de sus funciones".

No se acreditan aquí circunstancias que excluyan la aplicación del límite indemnizatorio previsto en el Convenio de Montreal. En su Sentencia de 5 de mayo de 2010 el TJUE ha declarado que el término daño, subyacente al artículo 22, apartado 2, del CM 1999 , que fija el límite de responsabilidad por el daño resultante, debe interpretarse en el sentido de que incluye tanto el daño material como el moral.

Las acciones indemnizatorias, cualquiera que sea su fundamento, quedan sometidas en consecuencia a los límites del Convenio de Montreal (art. 29 ).

Hay que tener en cuenta que el citado límite de 1.000 DEG (hoy 1.131 DEG) no supone una cantidad fija de indemnización en el caso de pérdida del equipaje, sino la suma máxima de responsabilidad del transportista por pasajero, lo que no excluye la necesaria acreditación del daño y su cuantificación. La modificación en el CM 1999 de la fórmula del límite indemnizatorio, no en función de los kilogramos de peso del equipaje sino estableciendo un límite determinado, hace que las compañías aéreas cifren con frecuencia el importe de las indemnizaciones en función del peso del equipaje facturado, aplicando los límites del CM 1999 para el transporte aéreo de mercancías (17 DEG por Kg), hasta el máximo del peso autorizado, o manteniendo para la cuantificación el régimen previsto en el Sistema de Varsovia.

El citado límite previsto en el Convenio de Montreal ha sido revisado por la Organización de Aviación Civil Internacional, conforme a lo dispuesto en el art. 24 del Convenio, con efecto desde el 30 de diciembre de 2009 , lo que ha dado lugar a la modificación de los requisitos mínimos de seguro establecidos para las compañías aéreas respecto a la responsabilidad por los pasajeros, equipaje y carga -Reglamento (UE) 285/2010-. Dicho límite se ha incrementado a 1.131 DEG.

Con arreglo a lo expuesto, la suma reclamada como indemnización por retraso en la entrega del equipaje no supera el límite de 1.000 DEG aplicable al caso por razones temporales.

En consecuencia, debemos analizar la existencia de daño moral, dado que la reclamación se funda en este aspecto, no en concretos daños materiales.

En su Sentencia de 31 de mayo de 2000 , el Alto Tribunal declaró lo siguiente en relación a la apreciación de la concurrencia de daño moral: "La temática planteada, aunque relacionada con la doctrina general sobre la carga de la prueba del daño, presenta ciertas peculiaridades, sobre todo por la variedad de circunstancias, situaciones o formas (polimorfia) con que puede presentarse el daño moral en la realidad práctica, y de ello es muestra la jurisprudencia, que aparentemente contradictoria, no lo es si se tienen en cuenta las hipótesis a que se refiere. Así se explica que unas veces se indique que la falta de prueba no basta para rechazar de plano el daño moral ( S. 21 octubre 1996 ), o que no es necesaria puntual prueba o exigente demostración ( S. 15 febrero 1994 ), o que la existencia de aquél no depende de pruebas directas ( S. 3 junio 1991 ), en tanto en otras se exija la constatación probatoria ( S. 14 diciembre 1993 ), o no se admita la indemnización -compensación o reparación satisfactoria- por falta de prueba ( S. 19 octubre 1996 ). Lo normal es que no sean precisas pruebas de tipo objetivo ( S. 23 julio 1990 , 29 enero 1993 , 9 diciembre 1994 y 21 junio 1996 ), sobre todo en relación con su traducción económica, y que haya de estarse a las circunstancias concurrentes, como destacan las Sentencias de 29 de enero de 1993 y 9 de diciembre de 1994 . Cuando el daño moral emane de un daño material ( S. 19 octubre 1996 ), o resulte de unos datos singulares de carácter fáctico, es preciso acreditar la realidad que le sirve de soporte, pero cuando depende de un juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, que justifica la operatividad de la doctrina de la «in re ipsa loquitur», o cuando se da una situación de notoriedad ( SS. 15 febrero 1994 y 11 marzo 2000 ), no es exigible una concreta actividad probatoria."

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante un retraso en la entrega del equipaje considerable, no por el hecho de no haber podido disponer del mismo desde que se facturó, puesto que la reclamación se fundó en el retraso de cuatro días en la entrega (f. 16), sino por este mismo hecho, es decir, en cuanto se efectuó el vuelo finalmente el día 12 de enero y no le fue entregada la maleta a la demandante hasta el día 16 de enero, permaneciendo desde la llegada a destino en Copenhage sin equipaje. Todo ello se produjo sin asistencia alguna y sin poder disponer de los medicamentos que la demandada venía utilizando, según dejó constancia en su reclamación (f. 16). Concurre, por las circunstancias expuestas, una afectación a la esfera psíquica que excede de lo que puedan considerarse simples molestias, desprendiéndose de este modo la existencia de daño moral.

En su cuantificación debemos apreciar dos aspectos. El primero es que las indemnizaciones no pueden establecerse en función del valor del billete, como si se tratara de un límite no consagrado legal ni jurisprudencialmente. No solo tal limitación carece de base en las normas supraestatales o convencionales aplicables al transporte aéreo, sino que el propio Tribunal de Justicia ha rechazado la ponderación en función del valor del billete. Así, en su Sentencia de 10 de enero de 2006 destaca lo siguiente:

88. En quinto lugar, las consecuencias perjudiciales provocadas por el retraso y que el Reglamento núm. 261/2004 trata de remediar no tienen ninguna relación con el precio pagado por el billete. Por esta razón, no cabe acoger la alegación de que las medidas adoptadas para minimizar estas consecuencias hubieran debido determinarse en proporción al precio del billete.

98. Para finalizar, los perjuicios que sufren los pasajeros de los transportistas aéreos en caso de cancelación o de gran retraso de los vuelos son análogos, cualquiera que sea la compañía aérea con la que han contratado y no tienen relación con la política de precios practicada por ésta. En consecuencia, correspondía al legislador comunitario tratar de forma idéntica a todas las compañías aéreas, so pena de vulnerar el principio de igualdad en relación con la finalidad perseguida por el Reglamento núm. 261/2004 de aumentar la protección de todos los pasajeros de los transportistas aéreos.

Estas consideraciones efectuadas en relación al Reglamento nº 261/2004 son trasladables a las indemnizaciones que pueda percibir el pasajero en virtud del Convenio de Montreal, cuyos límites hemos expuesto anteriormente y entre los cuales no figura el precio del billete o la política de precios de la compañía responsable.

Un segundo aspecto que debe valorarse en la cuantificación es que la cantidad reclamada es notablemente inferior al límite máximo de responsabilidad establecido en el Convenio de Montreal (1.000 DEG en el momento en que ocurrieron los hechos), por lo que se pondera adecuadamente la valoración del daño moral en relación a otros supuestos que puedan considerarse más graves.

SEXTO. En consecuencia de lo expuesto debe ser estimado el recurso, reconociendo a la demandante su derecho a percibir la compensación derivada de cancelación del vuelo (en concreto, el segundo vuelo de los previstos) y la indemnización por retraso en la entrega del equipaje, cantidades que devengarán los intereses moratorios desde la reclamación extrajudicial, según se solicitaba en la demanda. En lo que se refiere a los intereses procesales, la cantidad por la que se incrementa la indemnización en esta alzada devengará dichos intereses desde la fecha de la presente resolución -art. 576 LEC -.

Dada la estimación del recurso las costas de la primera instancia deben ser impuestas a la parte demandada por aplicación de lo dispuesto en el art. 394 LEC , sin que proceda la imposición de las costas derivadas del recurso de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 LEC .

FALLAMOS

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por Dª Encarna contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Ocho de Madrid en el proceso del que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia, REVOCAMOS dicha resolución y, en su lugar, estimamos íntegramente la demanda interpuesta por Dª Encarna contra IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., condenando a la demandada a que abone a la actora la cantidad de setecientos treinta y tres euros con treinta y cinco céntimos (733,35 €), más los intereses legales de dicha suma desde la reclamación extrajudicial efectuada a la demandada, con expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia. La cantidad por la que se incrementa la cuantía reconocida en la primera instancia devengará intereses procesales a partir de la fecha de la presente resolución.

No se efectúa expresa imposición de las costas del recurso.

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Le dejo otra sentencia en que sacar datos para su reclamación

 

SP/SENT/489984 AP Barcelona, Sec. 15.ª, 290/2009, de 7 de septiembre Recurso 555/2008. Ponente: DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA. EXTRACTOS El pasajero al que le cancelen un vuelo tendrá derecho, salvo que fuera por causa de fuerza mayor, a una indemnización por los daños morales y economicos que se le hayan ocasionado "... El Reglamento 261/2004 establece un régimen compensatorio de mínimos aplicable a los supuestos de denegación de embarque y de cancelación o de gran retraso de los vuelos y en tal sentido, el artículo 1 del Reglamento (CE) Nº 261/2004 precisa que su objeto es establecer los derechos "mínimos" e indisponibles (art. 15 ) que asistirán a los pasajeros en caso de denegación de embarque contra su voluntad, cancelación o retraso de su vuelo y que son, según los casos, el derecho a una compensación, derecho al reembolso o a un transporte alternativo y el derecho a atención. Como ya declaramos en la Sentencia de esta Sala de 8 de Enero del 2007 (ROJ: SAP B 3/2007 ) y 2 de Julio del 2008 (ROJ: SAP B 12393/2008 ) las indemnizaciones reconocidas para los casos de denegación de embarque, retraso y cancelación en el Reglamento 261/2004 no deben en ningún caso interpretarse como límites a la responsabilidad de los transportistas aéreos en dichos supuestos, sino como indemnizaciones mínimas que no impiden el derecho del pasajero a exigir indemnizaciones suplementarias en función de los daños y perjuicios que hayan sufrido a consecuencia de la conducta del transportista aéreo (salvo el supuesto previsto en el art. 12.2 de renuncia voluntaria del pasajero a su reserva a cambio de determinados beneficios, en las condiciones señaladas en el artículo 4.1 del citado Reglamento comunitario). Consecuentemente, el artículo 12 del Reglamento (CE) Nº 261/2004 establece en su apartado 1 que el Reglamento se aplicará "sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria" y será posible, por tanto, que en atención al carácter mínimo y complementario de las indemnizaciones previstas en el Reglamento 261/2004 (STJCE 10 de enero de 2006 asunto c-344/04 ) el pasajero pruebe que ha sufrido perjuicios por el retraso de su vuelo contratado de los que deba ser resarcido con base en lo previsto en el Convenio de Montreal de 1999, un incumplimiento contractual (art. 1101 y siguientes del C.C ., art 128 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), extracontractual (art. 1902 C.C .) o por aplicación de las disposiciones de la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea (específicamente el art. 94 que establece que cuando el vuelo se suspenda o retrase por causa de fuerza mayor o razones meteorológicas que afecten a la seguridad del mismo el transportista quedará liberado de responsabilidad devolviendo el precio del billete). Conforme establece el artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 261/2004 , en caso de cancelación, el pasajero tendrá como mínimo el derecho a una compensación en los términos del art. 7 que variará en función del carácter intracomunitario o no intracomunitario del vuelo y de la distancia del mismo, con posibilidad de reducirse en un 50% bajo ciertas condiciones (ofrecimiento al pasajero de la posibilidad de ser conducido hasta el destino final en un transporte alternativo con unos límites de diferencia entre la hora de llegada respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado -art. 7.2 -). También tendrá derecho al reembolso del coste íntegro del billete o, alternativamente y a su elección, a un transporte alternativo (art. 8 ) y a que el transportista aéreo les ofrezca gratuitamente: 1. Comida y refrescos suficientes en función del tiempo que sea necesario esperar; 2. Alojamiento en un hotel en los casos en que sea necesario pernoctar una o varias noches o en que sea necesaria una estancia adicional a la prevista por el pasajero; 3. Transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento (hotel u otros); 4. Dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de faxes o correos electrónicos (art.9 ). ..." La invasión imprevista de las pistas de aterrizaje por el personal del aeropuerto se puede calificar como un caso de fuerza mayor "... Llegados a este punto, es un hecho admitido y además notorio que el día 28 de julio de 2006 se suspendieron las actividades del aeropuerto de Barcelona al invadir los trabajadores de los servicios de asistencia en tierra de IBERIA las pistas de despegue y aterrizaje de los aviones sin haber una convocatoria anticipada de huelga. Tal hecho lo calificamos como extraordinario como resulta de la afectación a todas las operaciones aéreas, no solamente de la compañía demandada, sino de todas las que operaban en el aeropuerto. Se produjo un bloqueo de todas las pistas que motivaron incluso la apertura de diligencias penales y que al faltar un anuncio o convocatoria previa por parte de los trabajadores no pudo ser previsto por IBERIA a fin de adoptar medidas o actuar con una diligencia exigible. Este excepcional alcance de este bloqueo de las pistas del aeropuerto, imprevisto, sorpresivo e ilegal, fue reconocido al respecto por la Resolución de 1 de septiembre de 2006 de la Dirección General de Aviación Civil, BOE de 6 de septiembre, y en la que siguiendo el Acuerdo del Consejo de Ministros se adoptaron medidas "extraordinarias para facilitar el ejercicio de los derechos y acciones que pudieran ostentar los pasajeros" y ello ante "los sucesos excepcionales derivados de la invasión de las pistas" que "causaron graves perjuicios al funcionamiento del aeropuerto de Barcelona y también a un gran número de pasajeros". Así, si bien el conflicto laboral que la compañía IBERIA mantenía con el personal de servicio de tierra fue seguramente el marco en el cual se produjeron los referidos hechos del 28 de julio de 2006, la situación imprevista de bloqueo de todas las pistas del aeropuerto de Barcelona, con la completa paralización de las operaciones no sólo de IBERIA sino de todas las compañías, no puede sino calificarse como un supuesto extraordinario, imprevisible, de fuerza mayor, de los previstos en el art. 5.3 del Reglamento 261/2004 y art. 1105 C.C. tal y como certeramente apreció la sentencia de primera instancia. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: "Con estimación parcial de la demanda interpuesta por el procurador Sr. Anzizu Furest, en nombre y representación de Isaac debo condenar y condeno a IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. al pago a favor de aquella parte actora del precio de su billete del trayecto Barcelona-Madrid, de fecha 28 de julio de 2006, cantidad que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda, hasta su completo pago, interés que se incrementará en dos puntos porcentuales desde la fecha de esta sentencia. No procede imponer condena en costas procesales para ninguna de las partes del presente litigio." SEGUNDO.- La representación procesal de la parte actora, Isaac , interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia, que fue formalizado en tiempo y forma. La representación de la parte demandada, IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A., presentó escrito de oposición al recurso. TERCERO.- Recibidos los autos fue formado en la sala el Rollo correspondiente y se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado día 29 de abril de 2009. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DANIEL IRIGOYEN FUJIWARA. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La sentencia de primera instancia recurrida estimó parcialmente la demanda interpuesta y condenó a IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. (en adelante, IBERIA), a pagar a la parte actora únicamente el precio del billete con trayecto Barcelona-Madrid y ello porque apreció la concurrencia de una fuerza mayor en la invasión de las pistas del aeropuerto de Barcelona el día 28 de julio de 2006 por parte de los trabajadores de tierra. La parte actora formuló el recurso de apelación y alegó al respecto que de conformidad con el art. 217 LEC no ha acreditado IBERIA la concurrencia de la causa de fuerza mayor, en particular, la imprevisibilidad e inevitabilidad de la huelga de sus trabajadores encargados del servicio de asistencia en tierra. Asimismo, puso de manifiesto que la sentencia condenó a IBERIA al reembolso del precio del billete correspondiente al trayecto Barcelona-Madrid, cuando el mismo no existió. En consecuencia, solicita la revocación de la sentencia y en su lugar, se estime la indemnización que reclamó consistente en 1.200 euros por daño moral, más 1.200 euros por el coste del transporte alternativo (taxi de Barcelona a Madrid) y 1.578,67 euros por la parte proporcional de las noches perdidas de alojamiento pagadas por anticipado. Por parte de IBERIA se impugna el recurso de apelación y solicita la confirmación de la sentencia recurrida al considerar que, en efecto, el día 28 de julio de 2006 concurrieron circunstancias extraordinarias que le exoneran de la indemnización por daños y perjuicios que reclama la parte actora. SEGUNDO.- No son discutidos los hechos que el Sr. Magistrado tuvo en cuenta en su resolución, fijados con precisión y que, admitidos por las partes, se sintetizan en los siguientes: 1.- Isaac contrató con IBERIA el vuelo de Barcelona-Madrid-Nueva York con salida prevista el día 28 de julio de 2006. 2.- El día 28 de julio de 2006, los trabajadores de IBERIA encargados del servicio de asistencia en tierra ocuparon las pistas del aeropuerto de Barcelona, provocando la cancelación de la práctica totalidad de las operaciones aéreas. 3.- IBERIA ofreció a Isaac un vuelo alternativo con salida prevista el día 30 de julio de 2006, informándole que respecto del trayecto Barcelona-Madrid existían dudas acerca de su salida con problemas de denegación de embarque por exceso de pasajeros (overbooking) por el gran caos existente en el aeropuerto. 4.- Ante lo anterior, Isaac junto con sus acompañantes, contrató un taxi con destino Madrid por un coste de 1.200 euros pudiendo despegar desde allí hacia Nueva York el día 30 de julio de 2006. Estos hechos del día 28 de julio de 2006, que motivaron el retraso del transporte aéreo contratado por el actor, fueron calificados por la sentencia como constitutivos de fuerza mayor a los efectos de reducir la indemnización por daños y perjuicios a que fue condenada la demandada, pronunciamiento que es impugnado por la apelante que consideró que no se ha probado dicha circunstancia. TERCERO.- El Reglamento 261/2004 establece un régimen compensatorio de mínimos aplicable a los supuestos de denegación de embarque y de cancelación o de gran retraso de los vuelos y en tal sentido, el artículo 1 del Reglamento (CE) Nº 261/2004 precisa que su objeto es establecer los derechos "mínimos" e indisponibles (art. 15 ) que asistirán a los pasajeros en caso de denegación de embarque contra su voluntad, cancelación o retraso de su vuelo y que son, según los casos, el derecho a una compensación, derecho al reembolso o a un transporte alternativo y el derecho a atención. Como ya declaramos en la Sentencia de esta Sala de 8 de Enero del 2007 (ROJ: SAP B 3/2007 ) y 2 de Julio del 2008 (ROJ: SAP B 12393/2008 ) las indemnizaciones reconocidas para los casos de denegación de embarque, retraso y cancelación en el Reglamento 261/2004 no deben en ningún caso interpretarse como límites a la responsabilidad de los transportistas aéreos en dichos supuestos, sino como indemnizaciones mínimas que no impiden el derecho del pasajero a exigir indemnizaciones suplementarias en función de los daños y perjuicios que hayan sufrido a consecuencia de la conducta del transportista aéreo (salvo el supuesto previsto en el art. 12.2 de renuncia voluntaria del pasajero a su reserva a cambio de determinados beneficios, en las condiciones señaladas en el artículo 4.1 del citado Reglamento comunitario). Consecuentemente, el artículo 12 del Reglamento (CE) Nº 261/2004 establece en su apartado 1 que el Reglamento se aplicará "sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria" y será posible, por tanto, que en atención al carácter mínimo y complementario de las indemnizaciones previstas en el Reglamento 261/2004 (STJCE 10 de enero de 2006 asunto c-344/04 ) el pasajero pruebe que ha sufrido perjuicios por el retraso de su vuelo contratado de los que deba ser resarcido con base en lo previsto en el Convenio de Montreal de 1999, un incumplimiento contractual (art. 1101 y siguientes del C.C ., art 128 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), extracontractual (art. 1902 C.C .) o por aplicación de las disposiciones de la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea (específicamente el art. 94 que establece que cuando el vuelo se suspenda o retrase por causa de fuerza mayor o razones meteorológicas que afecten a la seguridad del mismo el transportista quedará liberado de responsabilidad devolviendo el precio del billete). Conforme establece el artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 261/2004 , en caso de cancelación, el pasajero tendrá como mínimo el derecho a una compensación en los términos del art. 7 que variará en función del carácter intracomunitario o no intracomunitario del vuelo y de la distancia del mismo, con posibilidad de reducirse en un 50% bajo ciertas condiciones (ofrecimiento al pasajero de la posibilidad de ser conducido hasta el destino final en un transporte alternativo con unos límites de diferencia entre la hora de llegada respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado -art. 7.2 -). También tendrá derecho al reembolso del coste íntegro del billete o, alternativamente y a su elección, a un transporte alternativo (art. 8 ) y a que el transportista aéreo les ofrezca gratuitamente: 1. Comida y refrescos suficientes en función del tiempo que sea necesario esperar; 2. Alojamiento en un hotel en los casos en que sea necesario pernoctar una o varias noches o en que sea necesaria una estancia adicional a la prevista por el pasajero; 3. Transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento (hotel u otros); 4. Dos llamadas telefónicas, télex o mensajes de faxes o correos electrónicos (art.9 ). Ahora bien, dejando de lado el supuesto de que la compañía aérea hubiera informado al pasajero de la cancelación de su vuelo (art. 5.2 ), el Reglamento exonera totalmente al transportista encargado de efectuar el vuelo del pago de las compensaciones establecidas en el artículo 7 del Reglamento si prueba que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables (art. 5.3 ) y el considerando 14 alude a título de ejemplo a casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo. En el mismo sentido, el art. 1105 C.C . establece que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables. Llegados a este punto, es un hecho admitido y además notorio que el día 28 de julio de 2006 se suspendieron las actividades del aeropuerto de Barcelona al invadir los trabajadores de los servicios de asistencia en tierra de IBERIA las pistas de despegue y aterrizaje de los aviones sin haber una convocatoria anticipada de huelga. Tal hecho lo calificamos como extraordinario como resulta de la afectación a todas las operaciones aéreas, no solamente de la compañía demandada, sino de todas las que operaban en el aeropuerto. Se produjo un bloqueo de todas las pistas que motivaron incluso la apertura de diligencias penales y que al faltar un anuncio o convocatoria previa por parte de los trabajadores no pudo ser previsto por IBERIA a fin de adoptar medidas o actuar con una diligencia exigible. Este excepcional alcance de este bloqueo de las pistas del aeropuerto, imprevisto, sorpresivo e ilegal, fue reconocido al respecto por la Resolución de 1 de septiembre de 2006 de la Dirección General de Aviación Civil, BOE de 6 de septiembre, y en la que siguiendo el Acuerdo del Consejo de Ministros se adoptaron medidas "extraordinarias para facilitar el ejercicio de los derechos y acciones que pudieran ostentar los pasajeros" y ello ante "los sucesos excepcionales derivados de la invasión de las pistas" que "causaron graves perjuicios al funcionamiento del aeropuerto de Barcelona y también a un gran número de pasajeros". Así, si bien el conflicto laboral que la compañía IBERIA mantenía con el personal de servicio de tierra fue seguramente el marco en el cual se produjeron los referidos hechos del 28 de julio de 2006, la situación imprevista de bloqueo de todas las pistas del aeropuerto de Barcelona, con la completa paralización de las operaciones no sólo de IBERIA sino de todas las compañías, no puede sino calificarse como un supuesto extraordinario, imprevisible, de fuerza mayor, de los previstos en el art. 5.3 del Reglamento 261/2004 y art. 1105 C.C. tal y como certeramente apreció la sentencia de primera instancia. CUARTO.- Por otro lado, la parte apelante alegó que la sentencia recurrida condenó al reembolso del precio del billete correspondiente al trayecto Barcelona- Madrid, cuando el mismo no existió, proponiendo que se establezca en su lugar el precio del transporte alternativo de Barcelona a Madrid en taxi (1.200 euros). Como precisó el Sr. Magistrado mercantil, no resultan alcanzados por el efecto exonerador de la fuerza mayor los deberes asistenciales del art. 9 y el derecho de reembolso o transporte alternativo del art.8 del Reglamento 261/2004 ya que constituyen medidas reparadoras, estandarizadas e inmediatas que sirven al fin de evitar la causación de un daño. En este sentido, la parte demandada no ha puesto en duda que no había garantía del vuelo que ofertó al Sr. Isaac como alternativa a la cancelación del vuelo contratado con el riesgo de perder todo el trayecto cuyo destino final era Nueva York, escala Madrid. En consecuencia, como razonó la sentencia recurrida, no se ha cumplido por IBERIA el deber de reembolso o transporte alternativo del art. 8 letra b) del Reglamento 261/2004 que ordena al transportista ofrecer al pasajero la conducción hasta el destino final en condiciones de transporte comparables, lo más rápidamente posible, por lo que en buena lógica, como acordó la sentencia recurrida, debe abonar el precio del transporte alternativo de Barcelona a Madrid. Ahora bien, ese precio está ya determinado porque el Sr. Isaac ha acreditado documentalmente que ascendió a 1.200 euros, sin que la sentencia se lo haya reconocido, por lo que estimamos en este punto el recurso de apelación en el sentido de que la condena a la demandada al pago del precio del transporte alternativo lo es en la suma de 1.200 euros. QUINTO.- Al ser estimado parcialmente el recurso de apelación, no ha lugar a imponer las costas de conformidad con el art. 398.2 LEC . FALLAMOS ESTIMAMOS parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Isaac contra la sentencia de 28 de abril de 2008 en los autos de los que dimana este Rollo, cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución que modificamos en el sentido de que la condena a IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. al pago a la parte actora del precio de su billete del trayecto Barcelona-Madrid asciende a la suma de 1.200 euros, manteniendo el resto de pronunciamientos. Todo ello sin que proceda hacer expresa condena en costas en esta alzada. Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, , con testimonio de la misma para su cumplimiento. Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.

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