Cómo funciona JustAnswer:

  • Preguntar a un Experto
    Los expertos tiene muchos conocimientos valiosos y están dispuestos a ayudar en cualquier pregunta. Credenciales confirmadas por una empresa de verificación perteneciente a Fortune 500.
  • Obtener una respuesta profesional
    Por correo electrónico, mensaje de texto o notificación mientras espera en su sitio.
    Haga preguntas de seguimiento si lo necesita.
  • Garantía de satisfacción plena
    Garantizamos tu satisfacción.

Formule su propia pregunta a Abogado3044

Abogado3044
Abogado3044, Abogado
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 5735
Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS. I speak english
54639574
Escriba su pregunta sobre Legal aquí...
Abogado3044 está en línea ahora

Me puedo defender de una multa que me han puesto en agosto

Pregunta del cliente

Me puedo defender de una multa que me han puesto en agosto del 2009 , por pasarme del tiempo en zona azul y retirada del vehiculo, me han embargado la cuenta y me retiraron de la misma 457€
¿cuanto me costaria?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Buenos días,


Desgraciadamente usted ya no se puede defender contra esa sanción, puesto que usted no efectuó alegaciones en el momento oportuno y esa sanción ya ha sido ejecutada, pues ya le han embargado la cantidad correspondiente por no haberla pagado o no haber recurrido en plazo contra la misma.


En el año 2009 usted debió haber seguido los trámites establecidos en el Real Decreto 1398/1993 que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. En este se establece que usted tuvo un plazo de 15 dias para hacer alegaciones contra la sanción que le tuvo que ser notificada.


Posteriormente al no haberlas hecho tuvieron que notificarle una propuesta de resolucion y finalmente la resolucion del procedimiento con la sancion correspondiente, indicandole los plazos para recurrirla, primero en vía administrativa mediante recursos de alzada y de reposición, para luego acudir a la via judicial contencioso administrativa, una vez agotada la primera.


Sin embargo, ya han transcurrido todos los plazos posibles para recurrir contra esa sanción, por lo que ya no puede atacarla si no lo ha hecho antes en los debidos plazos. Lo único que podría hacer es recurrir contra el embargo si no se adecúa a la sanción que le fue impuesta.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Hola:

 

Ud no debe admitir un NO por respuesta sin solicitar datos, partiendo de que debe pagar, reclame el expediente y estudielo

Al estar ya en vía ejecutiva NO tiene la posibilidad de presentar recurso por la legalidad de la sanción, sólo es admisible defecto en la tramitación del ejecutivo

 

Puede reclamar a la administración todo el expediente pero si están las notificaciones hechas en tiempo y forma no le queda más remedio que pagar

 

Un recurso contra el origen de la sanción NO será admitido al estar en via ejecutiva, pero puede solicitar todo el expediente y estudiarlo para saber si encontramos vicios o defectos de anulabilidad de actuaciones

 

No es sencillo, pero dado que ya esta obligado a pagar, puede reclamar todo el expediente, y estudiarlo. Si no encuentra nada en que basar el recurso, entonces no lo interponga, pero si tiene derecho a reclamar copia de TODO el expediente para estudiarlo.

 

Si hay vicios de anulabilidad, cabe interponer recurso en base a ese vicio que haría nulo todo lo anterior, incluido el embargo

 

No es sencillo, pero es su derecho, y no le cuesta más que solicitarlo por escrito

 

Le dejo sentencia de error en la forma de notificacion, es un ejemplo

 

 

SP/SENT/639485
TSJ Baleares, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 505/2011, de 27 de junio
Recurso 1/2010. Ponente: ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRIGUEZ.
EXTRACTOS
La notificación de la providencia de apremio deberá ser declarada nula ya que la Administración debió practicar indagaciones para averigüar el domicilio antes de acudir a los edictos para notificar la sanción de tráfico
"... En el presente caso, como ha quedado acreditado en las actuaciones y se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, la entidad recurrente fue objeto de diversos procedimientos administrativos sancionadores en materia de tráfico cuyas incoaciones y resoluciones sancionadoras fueron notificadas por edictos. Estas notificaciones edictales se produjeron tras intentarse sin resultado las notificaciones personales en un domicilio social que, aun siendo el que figuraba en el Registro de Vehículos, ya había cambiado, habiéndose inscrito la modificación del domicilio social más de dos años antes de la incoación de dichos procedimientos tanto en el Registro Mercantil como en los censos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Este nuevo domicilio social, además, fue al que, con la mayor normalidad y sin realizar ninguna averiguación de paradero, se dirigió la notificación de la providencia de apremio, primer acto administrativo del que tuvo conocimiento la entidad recurrente. En atención a lo expuesto hay que concluir, conforme también interesa el Ministerio Fiscal, que se ha vulnerado a la entidad recurrente su derecho a la defensa y a ser informado de la acusación (art. 24.2 CE ). En efecto, es cierto que, como se señala en la Sentencia recaída en la vía judicial previa, el Ayuntamiento de Madrid cumplió con la obligación formal de dirigir las diversas notificaciones a que daban lugar los procedimientos sancionadores al domicilio de la entidad recurrente que figuraba en el Registro de Vehículos y que fue la recurrente la que incumplió su obligación, como titular de un vehículo, de notificar a dicho Registro el cambio de domicilio.
Ahora bien, más allá de ello, una vez frustradas las posibilidades de notificación personal a la entidad recurrente por ser ignorado su paradero en ese domicilio, la Administración sancionadora no podía limitarse a proceder a la notificación edictal sin desplegar una mínima actividad indagatoria en oficinas y registros públicos para intentar determinar un domicilio de notificaciones alternativo en que pudiera ser notificada personalmente. Ello le hubiera llevado, sin mayor esfuerzo, a una correcta determinación del domicilio social de la recurrente, tal como se verifica con la aparente normalidad con la que en vía de ejecución se accedió a dichos datos para la notificación da la providencia de apremio. Para el restablecimiento de los derechos vulnerados resulta necesaria la anulación de las resoluciones administrativas sancionadoras, de las resoluciones administrativas dictadas en vía ejecutiva para hacer efectiva la liquidación de las multas y de la resolución judicial impugnada, en la medida que no reparó los derechos vulnerados".
Por consiguiente, la notificación de la sanción cuyo pago se trata de obtener mediante la providencia de apremio recurrida se produjo de forma incorrecta, vulnerando el derecho fundamental de defensa de la entidad recurrente, siendo nula en virtud del artículo 62.1 a) LPAC , y conllevando la nulidad de la providencia de apremio, debiendo estimarse el recurso contencioso, dejando sin efecto el acto impugnado. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Interpuesto el recurso contencioso-administrativo, se le dio traslado procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo.
SEGUNDO. Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser contrario al ordenamiento jurídico, el acto administrativo impugnado.
TERCERO . Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma, oponiéndose a la misma y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.
CUARTO . No habiéndose solicitado el proceso a prueba ni tampoco el trámite para formular conclusiones escritas se ordenó traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia. Se ha señalado para la votación y fallo del recurso el día 23 de junio de 2011.
.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Como hemos descrito en el encabezamiento, la representación procesal de la mercantil "SIXT RENT A CAR, S.L.U." dirige el presente recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional en Illes Balears de 28 de octubre de 2009, por la que se desestimaba la reclamación económico-administrativa número 334/09, ante la correcta notificación de la providencia de apremio con clave de liquidación K1610108133694280.
La citada providencia de apremio fue dictada en ejecución de una resolución dictada por la Jefatura Central de Tráfico, por la que se impuso a la mercantil "SIXT RENT A CAR, S.L.U." una sanción de multa de 310 euros, por la comisión de una infracción consistente en no identificar al conductor de un vehículo del cual es titular la actora, habiendo sido debidamente requerida para ello, tipificada en el artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo , por el que se regula el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
La resolución sancionadora fue intentada notificar sin efecto el 28 de febrero de 2008, en el domicilio de la entidad actora que figuraba en el Registro de Tráfico, sito en la Calle Santiago Rossinyol 12, de Palma de Mallorca, figurando como desconocida, siendo notificada mediante edictos publicados en el BOP de Córdoba nº 71, de 17 de abril de 2008 y expuestos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Palma desde el 28 de mayo al 13 de junio de 2008.
La providencia de apremio dictada el día 18 de agosto de 2008 por el Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación fue notificada a la entidad recurrente, a través de un empleado, en el Camino Son Fangos nº 100 de Palma de Mallorca .
La actora formuló recurso de reposición frente a la mencionada providencia de apremio, alegando que no se le había notificado previamente la resolución sancionadora, provocándole indefensión, debiendo haber intentado la comunicación en el domicilio fiscal.
Tras la desestimación del recurso de reposición, la sociedad actora interpuso reclamación económico administrativa, en la que alegó la falta de notificación de la resolución sancionadora como motivo de nulidad de la providencia de apremio, argumentación que fue desestimada por el TEAR en el acto administrativo impugnado ante esta Sede, constituyendo su objeto.
En su demanda, el recurrente interesa que se declare nula la resolución impugnada, al ser radicalmente nulo el procedimiento ejecutivo dirigido frente a la recurrente.
SEGUNDO. El acto administrativo impugnado en sede económico administrativa, esto es, una providencia de apremio por impago de una sanción de multa, reviste la naturaleza de resolución dictada en el seno de la ejecución forzosa de una resolución sancionadora en materia de tráfico, la cual fue dictada por un órgano de la Administración Estatal (Jefatura Central de Tráfico).
Estas actuaciones realizadas en vía ejecutiva, se rigen por el Reglamento General de Recaudación "y demás normas de aplicación" , en virtud de la remisión efectuada por el artículo 84.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo , por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, en cuya virtud:
"3. Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la Administración del Estado, los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación y demás normas de aplicación. En los demás casos, serán los establecidos en la legislación aplicable por las Autoridades que las hayan impuesto" (correlativamente, artículo 21.3 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero , por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial).
El Reglamento General de Recaudación (RGR), aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, respecto de las providencias de apremio, reguladas en los artículos 71 y 72, establece que este tipo de acto constituye el inicio de la actuación ejecutiva contra el patrimonio del obligado, señalando, entre otros extremos, su contenido y el órgano competente.
Como quiera que resulta incontrovertido que la resolución por la que se impuso al actor una sanción de multa por la comisión de una infracción adquirió firmeza en sede administrativa, las cuestiones discutidas se concentran en analizar la conformidad a derecho de la actuación efectuada en la ejecución de la sanción de multa que le fue impuesta, concretamente, si la notificación de la providencia de apremio se realizó en la forma normativamente prevista.
TERCERO. La sociedad recurrente sustenta su impugnación contra la providencia de apremio en la ausencia de notificación de la resolución sancionadora cuyo cobro se trata de obtener por ejecución forzosa, subsumiendo su causa de recurso en el punto c) de los supuestos tasados en el artículo 167-3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT ), precepto que limita los supuestos de oposición al apremio:
"Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada".
Al plantearse la cuestión de si la limitación de motivos de oposición en fase de apremio podría ser inconstitucional, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 73/1996, de 30 abril , ha declarado que el anterior artículo 137 (en concreto su apartado d) relativo a la notificación de la liquidación) no es inconstitucional.
El artículo 137 entonces -como ahora el 158 LGT/2003 - se limitaba a regular los motivos de oposición frente a una providencia de apremio, de naturaleza puramente ejecutiva, que ciertamente sólo cabe impugnar por una serie de motivos tasados, pero ello, por sí mismo, no afecta a los medios de defensa de que se disponga frente a la liquidación que a través del procedimiento de apremio se ejecuta. Como ya se afirmó en la sentencia del mismo Tribunal 168/1.987, de 29 octubre , el régimen de impugnación de este tipo de providencias viene a suponer una lista tasada de motivos de impugnación. En suma, la providencia de apremio puede hallarse incluso desconectada de la firmeza de la liquidación, siendo una pura consecuencia del impago de la misma y de la ejecutividad inmediata del acto administrativo.
El Tribunal Supremo, por su parte, tiene declarado en Sentencia de 8 julio de 2004 , que habiendo sido apremiada la liquidación practicada, por haberla dejado firme y consentida el deudor, a partir del apremio no puede impugnarse la liquidación inicial por los motivos que afecten a ésta, sino que solamente se podrá impugnar por los únicos motivos oponibles en la vía de apremio, los cuales mencionaba el artículo 137 de la LGT/63 (en la época a que se contraen los hechos examinados por el TS). El TS considera que todos los demás motivos por los que en su día pudo impugnarse la liquidación apremiada debieron ser opuestos en su momento, pero no cuando ya la vía de apremio se inició y como consecuencia de ello se embargaron bienes del deudor. Pues, como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo: «Un elemento principal de seguridad jurídica impide la posibilidad de debatir indefinidamente las discrepancias que puedan suscitarse entre los sujetos de la relación jurídica tributaria y, en particular, conlleva como lógica consecuencia que, iniciada la actividad de ejecución en virtud de título adecuado, no pueden trasladarse a dicha fase las cuestiones que debieron solventarse en fase declarativa, por lo que el administrado no puede oponer frente a la providencia de apremio motivos de nulidad afectantes a la propia liquidación practicada, sino sólo los referentes al cumplimiento de las garantías inherentes al propio proceso de ejecución y, en definitiva, los motivos tasados de oposición que establece el artículo 137 de la Ley General Tributaria y el 95.4 del viejo Reglamento General de Recaudación aplicable al efecto, en el marco del denominado recurso ante la Tesorería».
CUARTO. El régimen de notificaciones en materia tributaria (aplicable al presente asunto, al tratarse de la ejecución forzosa de una sanción pecuniaria en materia de tráfico, realizada por órganos de recaudación de la AEAT) se rige por lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT ).
Con independencia de que el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) dispone en el apartado 2º párrafo 2º la necesidad de un segundo intento de notificación cuando en el primero "nadie pudiera hacerse cargo de la notificación" , sin embargo, el artículo 112 de la LGT establece que en el caso de que el domicilio fuere desconocido no precisa ese segundo intento. La misma regulación se contempla el Reglamento de Servicios Postales aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre en el que distingue los supuestos de notificación con dos intentos, regulados en el artículo 42 , y los supuestos del artículo 43 en los que se exige un solo intento de notificación, en cuyo apartado c) se contempla el supuesto de que el notificado fuere desconocido en ese domicilio.
El cartero indicó en el intento de notificación practicado a las 10'30 horas del día 26 de febrero de 2008 en el domicilio de la Calle Santiago Roosinyol nº 12 de Palma que el notificado era desconocido en ese domicilio, y esa información llevó a la administración a no ordenar un segundo intento, publicándose por Edictos en el BOP de Córdoba de 17 de abril de 2008 y en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento de Palma.
Sin embargo, a pesar de la aparente corrección de la notificación edictal, resulta que la sociedad recurrente modificó el emplazamiento de su domicilio social mediante escritura pública otorgada el 18 de enero de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil desde el 7 de febrero de 2008, antes de la práctica de la notificación de la resolución sancionadora.
Como expresa la sociedad demandante, la práctica de la notificación edictal tras haber intentado la notificación personal en un domicilio que ya no era el de la mercantil en la fecha de su realización, ya que había alterado su domicilio social, dato que figuraba en los Registros Públicos, le produjo indefensión, al no poder conocer la existencia del acto administrativo por el cual se le impuso una sanción pecuniaria en materia de tráfico, hasta el momento en el que se le comunicó la providencia de apremio, esta vez sí, en el domicilio social vigente.
Como trae a colación la mercantil recurrente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/2008, de 25 de febrero , otorga el amparo constitucional a una sociedad a la cual se le notificó mediante edictos varias sanciones de tráfico, tras intentar infructuosamente su comunicación en el domicilio que figuraba en los registros de tráfico, cuando constaba que se había modificado su domicilio social, imputando la ausencia de notificación personal a la falta de diligencia de la Administración, de no comprobar otros lugares de localización de la interesada:
"SEGUNDO.- Este Tribunal ha reiterado que entre las garantías del art. 24 CE que son de aplicación al procedimiento administrativo sancionador están los derechos de defensa y a ser informado de la acusación, cuyo ejercicio presupone que el implicado sea emplazado o le sea notificada debidamente la incoación del procedimiento, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa previa a la toma de decisión y, por ende, que la Administración siga un procedimiento en el que el denunciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y de alegar lo que a su derecho convenga ( STC 226/2007, de 22 de octubre , FJ 3 ). A esos efectos, siendo de aplicación directa lo afirmado en relación con los procedimientos judiciales, este Tribunal ha destacado la exigencia de procurar el emplazamiento o citación personal de los interesados, siempre que sea factible, por lo que el emplazamiento edictal constituye un remedio último de carácter supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento previo de las modalidades aptas. para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por el destinatario de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales, de manera que la decisión de notificación mediante edictos debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o al menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación (por todas, STC 158/2007, de 2 de julio , FJ 2 ).
Más en concreto, por lo que se refiere a supuestos de notificación edictal de personas jurídicas en procedimientos sancionadores en materia de tráfico este Tribunal ya ha puesto de manifiesto que, incluso en los casos en que resulte frustrada la posibilidad de notificación personal en el domicilio que figure en el Registro de Vehículos, responde a la diligencia mínima exigible a la Administración sancionadora, antes de acudir a la vía edictal, el intentar la notificación en el domicilio social que aparezca inscrito en el Registro Mercantil y al que, con la mayor normalidad, se dirigen después las actuaciones en vía ejecutiva administrativa ( SSTC 54/2003, de 24 de marzo, FJ 4 ; 145/2004, de 13 de septiembre, FJ 4 ; y 226/2007, de 22 de octubre , FJ 4 ). 3. En el presente caso, como ha quedado acreditado en las actuaciones y se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, la entidad recurrente fue objeto de diversos procedimientos administrativos sancionadores en materia de tráfico cuyas incoaciones y resoluciones sancionadoras fueron notificadas por edictos. Estas notificaciones edictales se produjeron tras intentarse sin resultado las notificaciones personales en un domicilio social que, aun siendo el que figuraba en el Registro de Vehículos, ya había cambiado, habiéndose inscrito la modificación del domicilio social más de dos años antes de la incoación de dichos procedimientos tanto en el Registro Mercantil como en los censos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Este nuevo domicilio social, además, fue al que, con la mayor normalidad y sin realizar ninguna averiguación de paradero, se dirigió la notificación de la providencia de apremio, primer acto administrativo del que tuvo conocimiento la entidad recurrente. En atención a lo expuesto hay que concluir, conforme también interesa el Ministerio Fiscal, que se ha vulnerado a la entidad recurrente su derecho a la defensa y a ser informado de la acusación (art. 24.2 CE ). En efecto, es cierto que, como se señala en la Sentencia recaída en la vía judicial previa, el Ayuntamiento de Madrid cumplió con la obligación formal de dirigir las diversas notificaciones a que daban lugar los procedimientos sancionadores al domicilio de la entidad recurrente que figuraba en el Registro de Vehículos y que fue la recurrente la que incumplió su obligación, como titular de un vehículo, de notificar a dicho Registro el cambio de domicilio.
Ahora bien, más allá de ello, una vez frustradas las posibilidades de notificación personal a la entidad recurrente por ser ignorado su paradero en ese domicilio, la Administración sancionadora no podía limitarse a proceder a la notificación edictal sin desplegar una mínima actividad indagatoria en oficinas y registros públicos para intentar determinar un domicilio de notificaciones alternativo en que pudiera ser notificada personalmente. Ello le hubiera llevado, sin mayor esfuerzo, a una correcta determinación del domicilio social de la recurrente, tal como se verifica con la aparente normalidad con la que en vía de ejecución se accedió a dichos datos para la notificación da la providencia de apremio. Para el restablecimiento de los derechos vulnerados resulta necesaria la anulación de las resoluciones administrativas sancionadoras, de las resoluciones administrativas dictadas en vía ejecutiva para hacer efectiva la liquidación de las multas y de la resolución judicial impugnada, en la medida que no reparó los derechos vulnerados".
Por consiguiente, la notificación de la sanción cuyo pago se trata de obtener mediante la providencia de apremio recurrida se produjo de forma incorrecta, vulnerando el derecho fundamental de defensa de la entidad recurrente, siendo nula en virtud del artículo 62.1 a) LPAC , y conllevando la nulidad de la providencia de apremio, debiendo estimarse el recurso contencioso, dejando sin efecto el acto impugnado. QUINTO. En materia de costas de conformidad con el artículo 139 de la Ley 29/98 de 13 de Julio , no procede hacer especial imposición de costas a ninguna de las partes.
Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
1º) ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo.
2º) Declaramos no conforme al ordenamiento jurídico el acto administrativo impugnado y, en consecuencia, lo ANULAMOS.
3º) No se hace expresa declaración en cuanto a costas procesales.
Contra la presente sentencia no cabe recurso ordinario alguno.
Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrada de esta Sala Ilma. Sra. Dª Alicia Esther Ortuño Rodríguez que ha sido ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El Secretario, rubricado.
PUBLICACIÓN : En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA : Seguidamente se procede a cumplimentar la no tificación de la anterior resolución. Doy fe.
Abogado3044, Abogado
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 5735
Experiencia: ABOGADO ICA BURGOS. I speak english
Abogado3044 y otros otros especialistas en Legal están preparados para ayudarle

JustAnswer en los medios:

 
 
 
Sitios web de consulta médica: Si tiene una pregunta urgente puede intentar obtener una respuesta de sitios que afirman disponer de distintos especialistas listos para proporcionar respuestas rápidas... Justanswer.com.
JustAnswer.com...ha visto como desde octubre se ha disparado el número de consultas legales de nuestros lectores sobre despidos, desempleo e indemnizaciones por cese.
Los sitios web como justanswer.com/legal
...no dejan nada al azar.
El tráfico en JustAnswer ha aumentado un 14 por ciento...y hemos recibido 400.000 visitas en 30 días...las preguntas relacionadas con el estrés, la presión alta, la bebida y los dolores cardíacos han aumentado un 33 por ciento.
Tory Johnson, colaboradora de GMA sobre temas relacionados con el lugar de trabajo, habla sobre el "teletrabajo", como JustAnswer, en el que expertos verificados responden a las preguntas de las personas.
Le diré que... las pruebas que hay que superar para llegar a ser un experto son muy rigurosas.
 
 
 

Opiniones de nuestros clientes:

 
 
 
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

Conozca a los expertos:

 
 
 
  • eduardolm

    eduardolm

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    917
    Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/ED/eduardolm/2011-9-12_172832_Recorte.64x64.jpg Avatar de eduardolm

    eduardolm

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    917
    Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/JO/JoseMagadan/2013-6-27_16279_IMG6290copia.64x64.JPG Avatar de Abogado3044

    Abogado3044

    Abogado

    Clientes satisfechos:

    2239
    ABOGADO ICA BURGOS. I speak english
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/albergiud/2010-12-12_105447_mi_cuchi.jpg Avatar de Alberto

    Alberto

    Abogado

    Clientes satisfechos:

    116
    Abogado especializado en laboral , reclamaciones de indemnizaciones ( tráfico) y deudas
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/fcantalapiedra/2010-11-9_1466_Dibujo.jpg Avatar de Fernando Cantalapiedra

    Fernando Cantalapiedra

    Abogado

    Clientes satisfechos:

    17
    Ejerciendo desde hace cinco años
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/DI/DiegoLM/2011-3-28_102522_DSCN0258copia.64x64.JPG Avatar de DiegoAbogado

    DiegoAbogado

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    746
    Abogado colegiado ejerciente
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/EQ/EquiteLex/2011-12-4_12815_Jesús6.64x64.jpg Avatar de Jesús

    Jesús

    Licenciatura/Derecho

    Clientes satisfechos:

    52
    Abogado colegiado ejerciente /LEGAL GENERAL
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/AR/ariatf/2015-7-28_102459_.64x64.png Avatar de Mariatf19

    Mariatf19

    licenciada en derecho

    Clientes satisfechos:

    972
    MÁSTER EN DERECHO CON DESPACHO PROFESIONAL PROPIO
 
 
 

Preguntas relacionadas con Legal