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hola, hace 7 años me operé de una mastopexia con un cirujano

Pregunta del cliente

hola, hace 7 años me operé de una mastopexia con un cirujano plástico de barcelona. Los resultados no han sido buenos y tengo cicatrices además psicológicamente esto me ha causado y me causa muchos problemas, llevo años en psicólogos.
Puedo hacer una denuncia??? ha prescrito??? tengo muchas dudas. La verdad es que la denuncia seria por dinero (porque no lo tengo) y así podría hacerme una segunda operación para que me arreglaran lo que me hizo ese seños.
Muchas gracias
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Buenos días,


Si hace siete años que contrató con ese cirujano o con la clínica en la que trabaja la realización de esa intervención y la misma le ha producido una serie de daños y perjuicios, entiendo que la vía penal habría prescrito y ya no la podría utilizar, aunque sí puede ejercitar acciones civiles contra aquel.


El plazo para ejercitar acciones en vía civil aplicable a su caso es de 15 años
, por lo que usted estaría en plazo para interponer una demanda para que le indemnicen por los daños y perjuicios esteticos que le han causado en esa operación que por otra parte le han provocado problemas psicológicos que usted puede acreditar.


Si usted tiene informes de los psicólogos que le han tratado a raiz de la operación, su abogado podrá aportarlos para demandar al cirujano y solicitar la indemnizacion correspondiente. Además estos profesionales cuentan con seguros de responsabilidad civil para cubrir este tipo de daños causados por negligencias profesionales.


Si usted tiene ingresos inferiores a 1288 euros mensuales tiene derecho a solicitar un Abogado de Oficio en el Colegio de Abogados de su localidad para que interponga la demanda y pueda tratar de llegar a un acuerdo con el cirujano y su aseguradora. Si no se logra acuerdo será el Juez quien decidirá a la vista de las pruebas.



Le dejo una sentencia sobre un caso muy similar donde se aplica el plazo de prescripcion de 15 años, y en su caso solo han pasado 7 años.


Civil

Recurso de Casación núm. 1524/1993

Ponente: Excmo Sr. Xavier O'Callaghan Muñoz

 

Los antecedentes necesarios para el estudio de la sentencia se resumen en el primer párrafo del segundo fundamento de derecho.

El Instituto Nacional de la Salud interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada el 16-3-1993 por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Oviedo confirmando la pronunciada el 10-6-1992 por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de Gijón.

El TSdeclara no haber lugaral recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Una vez más llega a esta Sala el tema de la responsabilidad médica , que tanta trascendencia tiene en la sociedad, tanta doctrina ha producido y a tanta jurisprudencia ha dado lugar. Dicha responsabilidad no es sino expresión de la más amplia de la responsabilidad profesional y tiene especiales caracteres, pero no especiales prerrogativas. Puede ser una responsabilidad contractual , cuando se ha producido un daño por incumplimiento total o parcial de un contrato que contempla el artículo 1101 del Código Civil («para que surja la responsabilidad contractual es preciso que la realización del hecho dañoso acontezca dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como preciso desarrollo del contenido negocial», dice literalmente la Sentencia de 11 octubre 1991 [ RJ 1991\8230 ], que reitera la de 5 julio 1994 [ RJ 1994\5602 ]), o «extracontractual» cuando el daño no deriva de la ejecución del contrato, sino que se ha producido al margen de la relación contractual o el profesional no ha contratado con la víctima, como es el caso del médico dependiente del Instituto Nacional de la Salud, cuya responsabilidad extracontractual u obligación derivada de acto ilícito (principio «alterum non laedere») se contempla como principio en el artículo 1902 del Código Civil y se desarrolla en la jurisprudencia; o, por último, responsabilidad civil derivada de delito cuando se ha atentado a la convivencia mínima en la sociedad, se ha incurrido en un tipo delictivo y la responsabilidad civil deriva de éste, como prevén el artículo 1092 del Código Civil y los artículos 116 y siguientes del Código Penal ( RCL 1973\2255 y NDL 5670) (Sentencias de 17 diciembre 1985 [ RJ 1985\6592 ] y 2 julio 1990 [ RJ 1990\5766 ]).

No son opuestos entre sí los conceptos de esta triple responsabilidad sino que tienen una unidad dogmática, aunque no pragmática al estar prevista en distintas normas. Lo que conviene destacar es la cuestión de la prueba de la culpa: la responsabilidad por delito o falta deberá probarse plenamente en proceso penal y de ella deriva la responsabilidad civil; la responsabilidad contractual por incumplimiento, probado éste, presume la culpa, sufriendo el incumplidor la carga de probar que ha sido por caso fortuito o fuerza mayor, como se desprende del artículo 1183 y se expresa en las Sentencias de 20 septiembre 1989 ( RJ 1989\6326 ) y 30 noviembre 1994 ( RJ 1994\8639 ); en la responsabilidad extracontractual se presume la culpa, invirtiéndose la carga de la prueba, desde la Sentencia de 10 julio 1943 ( RJ 1943\856 ) y se aproxima a la objetivación cada vez más, desde 1981.

Concretando lo anterior a la responsabilidad del médico y haciendo abstracción de la responsabilidad derivada de delito, es preciso partir de la naturaleza de su obligación , tanto si procede de contrato (contrato que, en principio, es de prestación de servicios, ya que sólo excepcionalmente es de obra, como puede ser en cirugía estética, odontología o vasectomía) como si deriva de una relación extracontractual, es una obligación de actividad (o de medios), no de resultado, en lo que es reiterada la jurisprudencia: entre otras muchas, Sentencias de 8 mayo 1991 ( RJ 1991\3618 ), 20 febrero 1992 ( RJ 1992\1326 ), 13 octubre 1992 ( RJ 1992\7547 ), 2 febrero 1993 ( RJ 1993\793 ), 7 julio 1993 ( RJ 1993\6112 ), 15 noviembre 1993 ( RJ 1993\9096 ), 12 julio 1994 ( RJ 1994\6730 ), 24 septiembre 1994 ( RJ 1994\7313 ), 16 febrero 1995 ( RJ 1995\844 ), 23 septiembre 1996 ( RJ 1996\6720 ) y 15 octubre 1996 ( RJ 1996\7112 ).

La idea que se mantiene es que la obligación no es la de obtener un resultado (en este caso, la salud del paciente), sino la de prestar el servicio más adecuado en orden a la consecución de un resultado. El resultado siempre está presente en la obligación; en la de actividad, ésta es el objeto de la obligación; en la de resultado, su objeto es el resultado mismo. Ello implica dos consecuencias: la distribución del riesgo y el concepto del incumplimiento, total o parcial, siendo este último el llamado también cumplimiento defectuoso. El deudor de obligación de actividad ejecuta la prestación consistente en tal actitud y cumple con su ejecución adecuada y correcta; el deudor de obligación de resultado , ejecuta la prestación bajo su propio riesgo, ya que tan sólo hay cumplimiento si se produce el resultado. A su vez, lo anterior se relaciona con el cumplimiento; en la obligación de actividad , la realización de la conducta diligente basta para que se considere cumplida, aunque no llegue a darse el resultado: lo que determina el cumplimiento no es la existencia del resultado, sino la ejecución adecuada y correcta, es decir, diligente, de la actividad encaminada a aquel resultado. El cumplimiento de la obligación de resultado , por el contrario, requiere la satisfacción del interés del acreedor consistente en la obtención del resultado. En consecuencia, en la obligación de resultado , la no obtención de éste, que implica incumplimiento de obligación, hace presumir la culpa; en la obligación de actividad , es precisa la prueba de la falta de diligencia, para apreciar incumplimiento, tal como ha reiterado esta Sala en múltiples Sentencias, como la de 29 julio 1994 ( RJ 1994\6937 ) que dice: «una doctrina reiterada de esta Sala subordina a la previa acreditación de una clara negligencia por parte de quien presta tales servicios, calificados como originadores de una obligación de medios, independiente de los resultados que con ello se obtengan...». Sin perjuicio, claro está, de que la falta de diligencia en la actividad se deduzca de la producción del daño, en relación de causalidad con la actividad del profesional médico.

SEGUNDO.-

El recurso de casación se ha formulado por el Instituto Nacional de la Salud contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo que confirma y ratifica íntegramente las conclusiones fácticas y los razonamientos jurídicos de la del Juzgado de 1.ª instancia núm. 2 de Gijón que había estimado la demanda y condenando al médico don Santiago B. A. y al Instituto Nacional de la Salud, a satisfacer solidariamente al demandante don Jorge Luis M. S., la cantidad de diez millones de pesetas. El fundamento de la estimación de la demanda y condena solidaria a los demandados es la actuación negligente del médico en base al artículo 1902 y la culpa «in vigilando» o «in eligendo» del Instituto en base al artículo 1903, párrafo cuarto del Código Civil como empresario individual.

El segundo de los motivos que, por referirse al fondo del asunto conviene analizar primero, se ha formulado al amparo del número 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 1902 del Código Civil y se alega que la operación del médico codemandado siguió la técnica habitual y se produjo el daño por las especiales características que concurrieron en el caso presente. Pero con ello no se hace otra cosa que pretender cambiar la relación fáctica que expone con detalle la sentencia de instancia (la Audiencia hace suyas las conclusiones fácticas que declara acreditadas de la sentencia del Juzgado): el demandante, don Jorge Luis M., beneficiario de la Seguridad Social, fue sometido, en el «Hospital de la Cruz Roja» de Gijón, el día 14 de marzo de 1990, a intervención quirúrgica, practicada por don Santiago B. A., médico de cirugía general, con el fin de proceder a eliminación de varices de la extremidad izquierda practicándosele ligadura de cayado de safena interna y colaterales; fleboextracción de safena interna; ligadura de perforantes y extirpación de colaterales insuficientes. Al practicarse la fleboextracción surgió hemorragia importante por rotura de comunicante safeno femoral baja que se resolvió ligando el vaso sangrante. Como consecuencia, dos años después se acredita un cuadro clínico de secuela flebostática en miembro inferior izquierdo, con aumento global de la extremidad de unos tres centímetros. Lo que acredita una falta de diligencia en el cumplimiento de la obligación de actividad (o de medios) del médico, que da lugar a su responsabilidad extracontractual , tal como se ha expuesto en el fundamento de derecho anterior, según el artículo 1902 del Código Civil y su interpretación jurisprudencial, y a la del Instituto Nacional de la Salud, según el párrafo cuarto del artículo 1903 , indiscutido en casación este último extremo.

El primero de los motivos de casación, formulado también al amparo del núm. 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega infracción del artículo 1968, núm. 2 del Código Civil al no haberse apreciado la prescripción. Este motivo se basa también en una relación fáctica que no coincide con la que exponen las sentencias de instancia: en éstas (la del Juzgado ratificada por la de la Audiencia) se fija «en todo caso», el día inicial del cómputo de la prescripción el 20 de junio de 1990 (la demanda se presentó el 15 de junio de 1991) fecha del informe del «Hospital General de Asturias», que dictamina las secuelas vigentes y en evolución, constando que éstas aún no están definitivamente consolidadas. Está claro, pues, que antes de aquella fecha no podía computarse la prescripción anual que el artículo 1968, núm. 2, Código Civil establece para la responsabilidad extracontractual. El artículo 1969 Código Civil dispone, en efecto, que el cómputo comenzará, «dies a quo», el día en que la acción pudo ejercitarse y, en casos como el presente, tal como dicen las Sentencias de 15 julio 1991 ( RJ 1991\5384 ), 4 noviembre 1991 ( RJ 1991\8140 ), 15 marzo 1993 ( RJ 1993\2284 ) y 14 febrero 1994 ( RJ 1994\1474 ), «el momento del comienzo del cómputo» -tal como dice literalmente esta última- del plazo prescriptivo ha de referirse siempre, cuando de lesiones causadas por culpa extracontractual se trate, al día en que, producida la sanidad, se conozcan de modo definitivo los efectos del quebranto padecido determinado en el correspondiente dictamen pericial ».

Por ello, deben desestimarse los dos motivos de casación y al no dar lugar al recurso, aplicando el artículo 1715.2 condenar en costas a la parte recurrente y decretar la pérdida del depósito constituido.

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Jurisdicción: Civil

Rollo de Apelación núm. 116/1998


Rollo Núm.: 116/1998

Juzgado de Instrucción 1.ª Instancia de Toledo 2

Juicio de Cognición Núm.: 320/1997

SENTENCIA NUM. 136


SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección 116/1998, contra la sentencia dictada por Juzgado de Instrucción y 1.ª Instancia de Toledo 2 , en el Procedimiento de Cognición núm. 320/1997, sobre reclamación de cuantía, en el que ha actuado como apelante David G. R. , designando a efectos de oír notificaciones el del Procurador don Juan B. López Rico y defendido por el Letrado don Juan Antonio Galán Fuentes ; y como apelado Juan T. H.-H. , designando a efectos de oír notificaciones la Procuradora doña Belén Basaran Conde y defendido por la Letrada doña Carmen Conde Peñalosa .

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. Eduardo Saiz Leñero , quien expresa el parecer de la Sección, y son

ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO. -Por el señor Juez del Juzgado de Instrucción y 1.ª Instancia de Toledo 2, se dictó Sentencia en los referidos autos, con fecha 16 enero 1998, cuya parte dispositiva literalmente copiada dice así:

«Que desestimando la demanda formulada por el procurador don Juan Bautista López Rico, en nombre y representación de don David G. R., contra don Juan T. H.-H., debo absolver y absuelvo a dicho demandado de las pretensiones en su contra deducidas, con expresa imposición al actor de las costas causadas en este proceso».

SEGUNDO. -Contra la anterior resolución, y por el demandante, dentro del término establecido se interpuso recurso de apelación formulando por escrito sus motivos de impugnación, recurso del que se dio tratado al resto de las partes, que le contestaron por escrito, los que fueron unidos al correspondiente procedimiento, y efectuado se remitió a esta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo y nombrado Ponente, quedaron pendientes de deliberación y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

No son idóneos los argumentos que se aducen en la primera de las alegaciones del recurso para, con arreglo a ellos, concluir decretando la nulidad de la sentencia del Juzgado. Porque:

A) Las anomalías procesales que se denuncian, consistentes en las que se reputan como manifestaciones fácticas y jurídicas llevadas a cabo extemporáneamente en el curso del proceso, durante la tramitación de éste en la primera instancia, ninguna relación guardan con lo que es objeto del mandato imperativo dirigido a Juzgados y Tribunales en el art. 11.2 de la LOPJ ( RCL 1985\1578 , 2635 y ApNDL 8375). Y, por otro lado, ninguna indefensión material se ha causado al ahora apelante con tales anomalías; pues es en la sentencia donde el juzgador ha de estimar, o no, el resultado probatorio que le ofrezca la introducción, procesalmente heterodoxa, de tales elementos de juicio. Sin que, en el caso, la resolución judicial se haya servido para nada de ellos, sino que, con independencia de ciertos razonamientos «obiter dictum» (u «obiter dicta»), la desestimación de la demanda se ha basado en la prescripción de la acción entablada por el actor. B) Dado el sentido de este pronunciamiento, la sentencia del Organo «a quo» cuenta con la motivación suficiente, sin que en su redacción háyase vulnerado el art. 120.3 de la CE ( RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) (en relación con el art. 248.3 de la LOPJ y art. 372 de la LECiv); ya que la amplitud de la motivación de las sentencias ha venido siendo matizada por la doctrina constitucional (cfr. entre otras, SSTC 27 enero 1994 [ RTC 1994\28 ] y 27 febrero 1996 [ RTC 1996\32 ]), indicando que no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la «ratio decidendi» que ha determinado aquélla. C) Por último, lo razonado en el recurso acerca de la ausencia de hechos probados en la propia sentencia carece de apoyatura legal; puesto que el art. 248.3 de la LOPJ, es un precepto referido a toda índole de sentencias, no sólo a las recaídas en procedimientos civiles, como se expresa con la locución «hechos probados, en su caso »; y sólo las sentencias penales han de contener esa relación factual necesariamente; porque en las emanadas del orden jurisdiccional civil los hechos no son sino el mero relato de las vicisitudes procesales; y los fundamentos de derecho están destinados a la apreciación de los puntos jurídicos fijados por las partes, con expresión de las razones fundamentadoras que se estimen procedentes para el fallo (cfr. art. 37.2.º y 3.º de la LECiv, precepto específico para este orden jurisdiccional, cuya virtualidad no ha sido, por supuesto, derogada).

SEGUNDO.-

No existe duda alguna (o, mejor, no debería existir) acerca de que la relación que hubo entre el actor y el facultativo demandado fue la propia de un contrato de arrendamiento de servicios (cfr., entre otras muchas, SSTS 25 abril 1994 [ RJ 1994\3073 ], 31 enero 1996 [ RJ 1996\546 ], 10 febrero 1996 [ RJ 1996\866 ] y 11 febrero 1997 [ RJ 1997\940 ], por no citar sino las resoluciones más recientes). Por lo que la acción ejercitada en la demanda, fundada, en definitiva, en el art. 1101 del Código Civil, no se encuentra sometida al tiempo de prescripción de un año , del art. 1968.2.º (en relación con el art. 1902) del Código Civil, sino al plazo de los 15 años señalado en el art. 1964 del propio Código. Yerra, por tanto, el juzgador tanto en la incardinación jurídica de aquella relación, como, consecuentemente, al estimar prescrita la referida acción del demandante. Tampoco son validos los argumentos del propio juzgador (siquiera sea expresados como «obiter dictum») relativos a la minoría del ahora apelante cuando se originó aquella relación de servicios; porque esa circunstancia no impidió «ipso iure», que el contrato produjera sus efectos propios, sino que se trató, en todo caso, de una imperfección menor enérgica, propia para una acción de nulidad o impugnación (anulabilidad, o nulidad relativa). Sin que, en el caso, el médico demandado, como persona capaz hubiera podido aducir la incapacidad de su paciente, como menor de edad para contratar aquellos servicios. Y la mera interposición de la demanda cuando el actor había alcanzado ya su mayoría de edad, implica, obviamente, una plena confirmación, por su parte, de la relación contractual que sostuvo con el demandado, al solicitar ser indemnizado como consecuencia de la aducida negligencia del facultativo en el cumplimiento de las obligaciones profesionales de éste (cfr. los arts. 1300 a 1317 del Código Civil).

TERCERO.-

La expresada relación de servicios, que impone al médico una obligación de medios, no pierde su carácter, aunque se aproxime al arrendamiento de obra (como expresión de la llamada «cirugía satisfactiva», en locución rechazable, identificada con la «locatio operis»), aunque genere un plus de responsabilidad, en atención a que propicia la exigencia de una mayor garantía en la obtención del resultado perseguido; pues el paciente acude al médico, no para la curación de una dolencia patológica, sino para el mejoramiento de su aspecto físico o estético (cfr. STS 11 febrero 1997 y las allí citadas). Pero ese plus de responsabilidad, ni supone la consecución, a ultranza, del resultado pretendido, ni, como responsabilidad contractual que es, produce el desplazamiento del «onus probandi» en beneficio de quien reclama, y, por tanto, como carga atribuible al agente, quien, para exonerarse, ha de justificar haber procedido con la diligencia (cfr. SSTS 5 diciembre 1994 [ RJ 1994\9409 ], 15 febrero 1995 [ RJ 1995\839 ], 28 febrero 1995 [ RJ 1995\1140 ] y 10 febrero 1996, entre otras muchas). Y, así, aparte de la frustración habida en la obtención del resultado, con la subsiguiente necesidad, para el cliente interesado, de acudir a otro facultativo con el fin de lograr la corrección definitiva de su aspecto físico o estético (como tantas veces ocurre, aun en los supuestos de curación de dolencias propiamente patológicas), no ha sido acreditado en los autos que el médico, o cirujano, demandado conculcara, con su proceder negligente, y, por ello, culposo, la llamada «lex artis ad hoc». Basta, para tal conclusión, con las especificaciones contenidas en el dictamen pericial emitido en el proceso, que las respuestas al interrogatorio formulado por la parte actora no han logrado desvirtuar. Se aprecia, en definitiva, aquella frustración de lo pretendido mediante la intervención quirúrgica, es decir, la ausencia del resultado buscado con ella, pero que, por sí, como fallo técnico o científico no implica la necesidad de un juicio valorativo negativo acerca de la conducta del médico. Porque lo decisivo, bajo el punto de vista jurídico, no es el error, sino la causa de ese error. Causa no mostrada en el caso, como expresiva de una actividad profesional negligente, y generadora de la obligación de resarcir al perjudicado.

CUARTO.-

Debe confirmarse, por tanto, la sentencia absolutoria del Juzgado; pero por las razones que preceden, no por los argumentos contenidos en ella. Y las costas de esta alzada serán a cargo del apelante, por lo dispuesto en el art. 62 del D. 21 noviembre 1952 ( RCL 1952\1612 y NDL 18642), en relación con el art. 736, primer párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra ella, debemos confirmar, y confirmamos , la Sentencia, de fecha 16 enero 1998, dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 2 de Toledo, en los Autos de Juicio de Cognición núm. 320/1997, a que se refiere el presente rollo; con imposición, al apelante, de las costas de esta alzada.

Publíquese esta resolución en audiencia pública y notifíquese a las partes, con la advertencia de que es firme y que no cabe recurso alguno contra ella, y con testimonio de la resolución, remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia, para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sección, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION. -Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó D. Eduardo Saiz Leñero , hallándose el Tribunal celebrando audiencia pública, a presencia de mí, el Secretario que doy fe en Toledo a 25 de marzo de 1998.

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Gracias XXXXX XXXXX la respuesta.


No olvide solicitar aclaraciones si le queda alguna duda, no siendo necesario que acepte mas respuestas si no quiere.


Un saludo y gracias XXXXX XXXXX en Just Answer.
Cliente: escribió hace 4 año.
prescripcion de lo penal?
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Esta aun en plazo para ejercitar acciones en vía civil y solicitar una indemnizacion por los daños y perjuicios que le han provocado con la intervención.


Pero no está en plazo para presentar una denuncia o querella en vía penal contra el cirujano pues habría prescrito la falta al transcurrir 6 meses y tambien el hipotetico delito de lesiones cometido al transcurrir mas de 5 años.


Pero lo importante, es que en vía civil usted esta en plazo para reclamar una indemnizacion y aun puede demandar al cirujano y a su aseguradora.

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