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Alberto
Alberto, Abogado
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la empresa de recogida de basuras el ayuntamiento le recinde

Pregunta del cliente

la empresa de recogida de basuras el ayuntamiento le recinde el contrato por irregularidades previo informe del servicio de consultin,ahora quieren subrogarnos a otra empresa que recoge el servicio,pero con un reducion del 30% de la masa salrial que podemos hacer gracias
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Buenas tardes,


Si se le rescinde el contrato a la empresa que tiene contratada la recogida de basura en el ayuntamiento y los subrogan a otra empresa que se hace cargo del servicio, la nueva empresa tiene que mantenerles obligatoriamente los mismos derechos salariales que disfrutaban hasta este momento.


La nueva empresa a la que sean subrogados no puede reducirles el sueldo un 30% ni modificar el resto de los derechos que disfrutaban en la anterior empresa.


Si hacen esto, ustedes tienen derecho a reclamar contra la nueva empresa mediante una conciliacion ante el SMAC (Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación). La papeleta de conciliacion debe redactarla un Abogado o un Graduado Social.


Y si no hay acuerdo con la empresa, debe interponer demanda ante el Juzgado de lo Social y para ello tiene derecho a solicitar un Abogado de Oficio en el Colegio de Abogados de su localidad al ser trabajador por cuenta ajena.


Según el Convenio Colectivo General del sertor de limpieza publica y recogida y tratamiento de residuos:

"En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se trate, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a adscribirse a la nueva empresa o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa sustituida".


Por lo tanto, USTEDES TIENEN UNOS DERECHOS QUE TIENE QUE RESPETAR LA NUEVA EMPRESA Y NO LES PUEDEN REDUCIR EL SALARIO.


Y contra esa situacion pueden reclamar del modo que le he explicado.


Le dejo además una sentencia que que declara ilegal rebajar los derechos de trabajadores subrogados a una nueva empresa:



Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 412/2002

Ponente: Ilmo. Sr. D. Víctor Cubero Romeo

 

El TSJdesestimael recurso de suplicación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Navarra, en el procedimiento núm. 123/2002, dictada en autos promovidos sobre reconocimiento de derechos, confirmando lo resuelto en la misma.

En la Ciudad de Pamplona, a treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación interpuesto por don José Ignacio U. N., en nombre y representación de don Juan Francisco A. A. y nueve más, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de los de Navarra, sobre derecho ; ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Víctor Cubero Romeo, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de lo Social núm. Dos de los de Navarra, se presentó demanda por don Juan Francisco A. A. y 9 más, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dictara sentencia por la que por la que se reconozca el derecho de los actores a reintegrarse en sus puestos de trabajo en la empresa Aceralia bajo la dependencia de ésta con todas las consecuencias legales a ello inherentes. Subsidiariamente, se reconozca el derecho de los demandantes para el caso de que tuvieran que seguir en la codemandada IBM a que se les apliquen todas las mejoras salariales y sociales que se les vayan aplicando a los trabajadores de Aceralia, condenando a las demandadas a estar y pasar por tal declaración.

SEGUNDO

Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio oral en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada según consta en el acta extendida a tal efecto por el señor Secretario. Recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

TERCERO

Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice: «Que tras desestimar las excepciones de defecto legal en el modo de interponer la demanda y de prescripción interpuestas por la representación legal de IBM Global Services España, SA, y entrando a conocer del fondo del asunto, debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por José G. C., Pedro María S. Z., Francisco Javier A. M., José Luis S. M., Juan Francisco A. A., Juan L. A. U., Angel Ramón D. A., Alberto Martín L. A., Ignacio L. Z., José María J. B., frente a las empresas Aceralia Transformados, SA e IBM Global Services España, SA, absolviendo a los demandados de los pedimentos frente a ellos deducidos».

CUARTO

En la anterior sentencia se declararon probados:

«I.–Los demandantes, cuyas circunstancias personales aparecen recogidas en el escrito que da inicio a las presentes actuaciones, vinieron prestando sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa Aceralia Transformados, SA, perteneciendo al Departamento Informático de la empresa mencionada. Los actores, iniciaron la prestación de servicios para la empresa Aceralia Transformados, SA en las fechas que a continuación se detallan:

Don Juan Francisco A., el día 1 de marzo de 1972.

Don Francisco Javier A., el 7 de febrero de 1972.

Don Juan L. A., el 7 de junio de 1976.

Don Angel Ramón D., el 17 de junio de 1974.

Don José G., el 17 de octubre de 1972.

Don José María J., el 17 de junio de 1974.

Don Alberto M., el 4 de noviembre de 1976.

Don Ignacio L., el 25 de mayo de 1973.

Don Pedro María S., el 14 de noviembre de 1972.

Don José Luis S., el 3 de noviembre de 1966.

II.–En el mes de noviembre de 1999, se produce en la empresa Aceralia Transformados, SA, una externalización de los servicios informáticos de la empresa, motivo por el cual, los demandantes fueron transferidos de la empresa Aceralia Transformados a la empresa IBM Global Services España, SA también codemandada. La externalización de los servicios informáticos, se produjo tras un proceso que derivó en un acuerdo de la empresa con el comité.

III.–El acuerdo al que se refiere el numeral anterior, se alcanzó el 25 de octubre de 1999, y fue alcanzado por la representación de Aceralia Transformados, de IBM, del Comité de Empresa de Aceralia Transformados y de representantes del Departamento de Informática. En el mencionado acuerdo se decía que el proceso de externalización de la unidad productiva autónoma constituida por el Departamento de Informática de Aceralia Transformados, SA, a IBM Global Services España, SA, tendría efectos a partir del día uno de noviembre del año 1999, lo que produce, en aplicación del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , la subrogación de IBM GSE en los contratos laborales, del personal integrado en dicha unidad. La finalidad de externalizar la unidad productiva, no es otra sino posibilitar un mejor servicio a coste más competitivo así como una ampliación de los servicios informáticos de GSE en el mercado de la Industria Siderometalúrgica.

IV.–En el acuerdo mencionado, se establecía de forma expresa lo siguiente: “Que una vez formen parte de la plantilla de GSE (1 de noviembre de 1999), serán acreedores de las mismas condiciones económicas y sociales que disfrutan en la actualidad en Aceralia Transformados, SA ya que aquélla se subroga en los derechos y obligaciones laborales de ésta”.

V.–En dicho acuerdo se establecía igualmente que GSE garantizará el empleo mientras dure la vigencia del contrato mercantil en los siguientes términos: durante el período anteriormente indicado, no se procederá a la extinción del contrato por circunstancias objetivas no imputables al trabajador que estuvieran basadas en circunstancias específicas del servicio prestado a Aceralia Transformados. La limitación establecida al uso de la libertad empresarial en materia de extinción de contratos laborales, no será de aplicación cuando ésta sea por cuestiones disciplinarias. En caso de resolución o rescisión anticipada del contrato de Out Sourcing, los trabajadores que procedan de Aceralia Transformados, recibirán una oferta de empleo por parte de ésta. En el acuerdo se garantizaba además la formación de los trabajadores implicados en las materias específicas y necesarias para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo, e igualmente, en el capítulo correspondiente a la movilidad geográfica, se garantizaba el mantenimiento de la adscripción de los trabajadores de Aceralia Transformados a los servicios contratados por la misma durante el período de duración del contrato de Out Sourcing. En caso de una imperiosa necesidad de movilidad por cualquier circunstancia, se limitaba a un máximo de 50 km desde el domicilio de la persona trasladada.

VI.–El contrato de Out Sourcing entre Aceralia Transformados y GSE afectaba a los 19 miembros del Departamento de Informática, y se establecía igualmente en el acuerdo, que no obstante, Aceralia Transformados podrá solicitar a GSE, que alguna persona perteneciente al actual Departamento de Informática, retorne en función de circunstancias excepcionales, siempre y cuando no se cause perjuicio a ninguna de las partes. GSE se subrogaba en la posición de Aceralia Transformados por lo que se mantenían todos los derechos y obligaciones que tuvieran los trabajadores en ésta.

VII.–No ha quedado acreditado, que haya pasado a la plantilla de Aceralia Transformados, SA, personal procedente de Altos Hornos de Vizcaya.

VIII.–El día 14 de febrero de 2002, se celebró el preceptivo acto de conciliación, concluyendo éste sin que se alcanzara acuerdo alguno».

QUINTO

Anunciado recurso de Suplicación por la representación letrada de los demandantes, se formalizó mediante escrito en el que se consigna un único motivo, amparado en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, denunciando infracción 44 del Estatuto de los Trabajadores.

SEXTO

Evacuado traslado del recurso fue impugnado por las empresas demandadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El presente Recurso trae causa del Acuerdo suscrito el 25 de octubre de 1999 entre Aceralia, SA e IBM Golobal Services España, SA en el que se pacta la externalización de la unidad productiva autónoma constituida por el Departamento de Informática de Aceralia Trasformados, SA a favor de IBM Global Services España, SA, subrogándose esta última en los contratos laborales del personal integrado en dicha unidad (los diez demandantes). En el mentado Acuerdo se decía lo que sigue: «Que una vez formen parte de la plantilla de GSE (1 de noviembre de 1999), serán acreedores de las mismas condiciones económicas y sociales que disfrutan en la actualidad en Aceralia Transformados, SA, ya que aquélla se subroga en los derechos y obligaciones laborales de ésta».

También se establecía en dicho Acuerdo –conforme la inmutable por incombatida versión judicial de los hechos– que GSM garantizará en empleo mientras dure la vigencia del contrato mercantil en los siguientes términos: Durante el período anteriormente indicado no se procederá a la extinción del contrato por circunstancias objetivas no imputables al trabajador que estuvieran basadas en circunstancias específicas del servicio prestado a Aceralia Transformados. La limitación establecida al uso de la libertad empresarial en materia de extinción de contratos laborales, no será de aplicación cuando eésta sea por cuestiones disciplinarias. En caso de resolución o rescisión anticipada del contrato de Out Sourcing, los trabajadores que procedan de Aceralia Transformados, recibirán una oferta de empleo por parte de ésta.

En este Acuerdo se garantizaba además la formación de los trabajadores implicados en las materias específicas y necesarias para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo, e igualmente, en el capítulo correspondiente a la movilidad geográfica, se garantizaba el mantenimiento de la adscripción de los trabajadores de Acaralia Transformados a los servicios contratados por la misma durante el período de duración de Out Sourcing. En caso de una imperiosa necesidad de movilidad por cualquier circunstancia, se limitaba a un máximo de 50 km desde el domicilio de la persona trasladada.

SEGUNDO

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Dos de Navarra que con desestimación de la demanda interpuesta por los diez actores, absolvió a los demandados de las pretensiones formuladas frente a ellos, es recurrida en Suplicación por la representación Letrada de los demandantes, mediante la alegación de un solo motivo que, correctamente amparado en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563) , denuncia infracción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) ; aclarando el recurrente que el objeto del presente recurso se ciñe a combatir la desestimación por el Juzgador de instancia de la petición subsidiaria deducida en la demanda, consistente en la aplicación a los actores, en tanto se mantenga su vinculación con IBM, de todas las mejoras salariales y sociales que se vayan aplicando a los trabajadores de Aceralia, toda vez que, a la vista del contenido de la sentencia, se aquietan al pronunciamiento habido respecto a la petición principal.

Debe comenzarse diciendo que para la realización de determinadas actividades, la empresa delega en otra u otras la comisión de las mismas mediante el acudimiento de colaboración externa, dando lugar a la llamada externalización o descentralización productiva, que constituye una forma de adaptación de las empresas al entorno cambiante caracterizado por la globalización tanto de la tecnología como de la economía; y aun cuando este proceso no es nuevo, sin embargo su rápido desarrollo, su extensión a sectores en los que tradicionalmente no se empleaba, las múltiples formas que adopta y la pluralidad de causas que lo justifican hacen que esta figura, conocida con el término anglosajón de outsourcing o externalización sea uno de los modos de producción que viene adquiriendo un gran protagonismo en la actualidad. Y ello es así porque la contratación y subcontratación de obras y servicios entre empresas constituye una de las manifestaciones más características del proceso de descentralización productiva y cuya estrategia empresarial pone de relieve que la subcontratación se viene utilizando en el marco de dos sistemas diferentes de producción descentralizada, uno de ellos, el llamado sistema de empresas externalizadas, y el otro el sistema territorial de empresas. El primero, que constituye el modelo más extendido, se caracteriza por el hecho de externalizar determinadas parcelas de su ciclo productivo a otras empresas auxiliares, y que últimamente ha dejado de ser un modelo de producción de determinados sectores para convertirse en una estrategia empresarial que se identifica, como antes se ha dicho, con el vocablo anglosajón de Outsourcing, que se ha definido como la acción de recurrir a una agencia exterior para operar una función que anteriormente se realizaba por una compañía.

Esta técnica descentralizadora predomina en las Administraciones Públicas mediante la gestión indirecta de servicios y actividades encomendados a empresas privadas.

El artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores –en su nueva redacción dada por el artículo 2 de la Ley 12/2001, de 19 de julio ( RCL 2001, 1674) –, dispone que: «El cambio de la titularidad de la empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma de la misma, no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente». Y el número 3 dice que «Sin perjuicio de lo establecido en la Legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos intervivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieren sido satisfechas». Y su número 6 expone que «El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad de los siguientes extremos: a) Fecha prevista de la transmisión; Motivos de la transmisión: c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la transmisión, y d) Medidas previstas respecto a los trabajadores».

El precepto legal transcrito –como sus antecedentes– artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo ( RCL 1944, 274) y artículo 18 de la Ley de Relaciones Laborales ( RCL 1976, 766) , constituye una firme garantía de la estabilidad del empleo y, en consecuencia, del derecho constitucional al trabajo que proclama el artículo 35.1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) , siendo ésta su «ratio legis» según ha sido constantemente interpretado por la doctrina del Tribunal Supremo en sentencias, entre otras, de 7 de julio de 1978 ( RJ 1978, 2743) , 27 de marzo ( RJ 1980, 1543) y 19 de diciembre de 1980 ( RJ 1980, 4956) , 12 de mayo de 1981, 15 de marzo y 16 de junio de 1983, 18 de julio de 1986, 26 de enero ( RJ 1987, 292) , 3 y 9 de marzo, 9 de julio y 6 de octubre de 1987 ( RJ 1987, 6834) , 25 de febrero ( RJ 1988, 948) y 12 de julio de 1988 ( RJ 1988, 5809) , puesto que la empresa mercantil como entidad que busca con aportaciones plurales, capital y trabajo o trabajo y capital, una ganancia, tiene, en principio y salvo excepciones que por serlo confirman la regla, una vocación de duración indefinida sin que le afecten, al menos decisivamente, los cambios de titularidades subjetivas, incluidas, por supuesto, la del empresario o empresarios, dato que en el Derecho del Trabajo alcanza una cuota de efectividad importante, en cuanto que ese cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma, no extinguirá por sí mismo, de acuerdo con el artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones del anterior. Ha de destacarse, como afirma la última citada sentencia, que esta doctrina legal está en línea con las sentencias que viene dictando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en varias cuestiones prejudiciales sobre interpretación de la Directiva 187/77 ( LCEur 1977, 67) del Consejo, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, en relación con el mantenimiento de los derechos de los trabajadores caso de transmisión de empresa, establecimiento o parte de establecimiento. Y actualmente representada por la Directiva Europea 2001/23/CE del Consejo de fecha 12 de marzo de 2001 ( LCEur 2001, 1026) , sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativos al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas o de centros de actividad (art. 7); y con anterioridad, la Directiva 98/50/CE del Consejo de 29 de junio de 1998 ( LCEur 1998, 2285) por la que se modifica a la vez la Directiva 77/187/CE, ambas sobre la aproximación de la legislación de los Estados miembros relativos al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en casos de traspasos de empresas o de centros de actividad.

En la Directiva de 12 de marzo de 2001 se dispone que el cedente y cesionario deberán informar a los representantes de los trabajadores afectados por un traspaso de los puntos siguientes:

1) La fecha o fechas prevista del traspaso.

2) Los motivos del mismo.

3) Las consecuencias jurídicas, económicas y sociales del traspaso para los trabajadores y las medidas previstas respecto de los mismos, estando el cedente obligado a comunicar estas informaciones a los representantes de los trabajadores, con la suficiente antelación antes de la realización del traspaso.

4) Hay que tener en cuenta que, como acertadamente entiende el Juzgador, las empresas dieron puntual cumplimiento de lo ordenado por la Directiva habiendo llegado aquél a tal conclusión, expresada en el ordinal fáctico Tercero.

La transmisión o sucesión empresarial requiere, según la Jurisprudencia, la concurrencia de dos elementos: uno, subjetivo, representado por el cambio de titularidad o transferencia del antiguo al nuevo empresario, y otro objetivo, consistente en la entrega efectiva del total conjunto operante de los elementos esenciales de la empresa que permita la continuidad empresarial – sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero y 3 de marzo de 1987 ( RJ 1987, 1321) , 10 de mayo ( RJ 1988, 3592) y 12 de septiembre de 1988 ( RJ 1988, 6875) –.

La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado los siguientes criterios, que resultan útiles a efectos decisorios:

A) En cuanto al elemento subjetivo: La norma que se estudia sólo hace referencia para integrar el presupuesto de hecho previsto por ella, al cambio de titularidad de la empresa como hecho, por encima de la causa o forma en que éste tenga lugar, de manera que para la aplicación de aquélla no es «conditio sine qua non» el que se opere una verdadera transmisión o circulación de empresa en sentido técnico de uno a otro titular protagonistas de la sucesión en la titularidad del ejercicio de la empresa.

Así, la transmisión de un titular a otro, en la medida que podrían quedar afectadas las relaciones laborales caso de no entrar en juego el artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores, ha de entenderse referida, según criterio reiterado por doctrina del Tribunal Supremo, tanto a la que lo sea en virtud de sucesión «mortis causa», como por actos o negocios «inter vivos», comprendiendo tanto la transmisión directa como la indirecta, incluso cuando entre el anterior titular y el posterior se interpone un tercero, y también si ese tercero es un órgano de la Administración que hubiera contratado, con carácter administrativo, en momentos sucesivos y sobre el mismo objeto con el primer titular y luego con el segundo; supuesto al que se refieren las sentencias de 19 de noviembre de 1968 ( RJ 1969, 35) , 2 de noviembre de 1973 ( RJ 1973, 4384) , 28 de diciembre de 1978 ( RJ 1978, 4596) , 27 de marzo de 1980, 16 de junio de 1983, 18 de junio de 1985 ( RJ 1985, 3250) , 26 de enero, 3 de marzo y 9 de julio de 1987 ( RJ 1987, 5123) , 25 de febrero de 1988 ( RJ 1988, 948) y 19 de junio de 1989 ( RJ 1989, 4813) . La razón fundamental de esta tesis es la consideración de que lo determinante es que el empresario anterior y el nuevo se hagan sucesivamente cargo de la actividad empresarial, pues lo que se pretende es que no haya solución de continuidad en la misma, y ello aunque la sustitución se hubiera operado a través de tercera persona interpuesta, pública o privada, entendido el requisito de no solución de continuidad en el sentido de que no se haya producido con anterioridad al cambio de titularidad una previa extinción o cesación de la empresa.

B) Por lo que se refiere al elemento objetivo, el precepto de referencia se extiende a tres supuestos de sucesión empresarial: el cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo de una unidad productiva autónoma de la empresa, conceptos que han sido delimitados por la jurisprudencia partiendo de la idea básica de que las realidades empresariales son para el Derecho del Trabajo, ante todo, el soporte o marco del desarrollo de las relaciones de trabajo, no asimilables a otras categorías jurídicas ( sentencias del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1955 [ RJ 1955, 2334] , 21 de diciembre de 1956 [ RJ 1956, 5488] y 29 de enero de 1988 [ RJ 1988, 56] ).

Así, la empresa ha venido siendo considerada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y por el Tribunal Central de Trabajo, aisladamente de su titular jurídico, como «una organización de bienes, actividades y relaciones de muy variada condición, constitutiva de un todo único susceptible de ser objeto de negocios jurídicos»; «unidad socioeconómica de producción» constituida por «factores técnicos, organizativos y patrimoniales» ( sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero [ RJ 1987, 292] y 3 de marzo de 1987); «organización económica de elementos productivos, encaminada a la producción de bienes o servicios» (sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1988); «organización de medios personales y materiales encaminada a la realización de la actividad que constituye su objeto» (sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1987). Así, lo que caracteriza a la empresa no es tanto los elementos materiales o patrimoniales como la existencia de una actividad organizada, de manera que cabe la existencia de una empresa que carezca de elementos materiales y tenga solamente organización. Hasta tal punto es así, que en el Estatuto de los Trabajadores, la empresa se concibe, ante todo, como el marco organizativo de la relación de trabajo; no otra cosa significa «el ámbito de organización y dirección» a que alude su artículo 1.1. Ese carácter de la empresa como unidad socioeconómica de producción de bienes o servicios se constituye en presupuesto de aplicación de la normativa sucesoria, de forma que el elemento objetivo de la sucesión consiste en la entrega efectiva del total conjunto de los elementos esenciales de la empresa (centro de trabajo o unidad productiva autónoma de la misma) que permita la continuidad de la actividad empresarial, es decir, la permanencia de ésta como unidad organizativa de producción que configura la identidad del objeto transmitido, lo que excluye de la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores los supuestos de transmisión de aislados elementos materiales o instrumentales integrantes, junto con otros, de la industria o negocio, como han venido señalando las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1984 ( RJ 1984, 5263) , 29 de marzo ( RJ 1985, 1454) y 13 de junio de 1985 ( RJ 1985, 3403) , 27 ( RJ 1986, 5902) y 30 de octubre de 1986 ( RJ 1986, 5940) y 12 de enero de 1989, entre otras muchas.

Asimismo, el Tribunal Supremo, en múltiples sentencias entre las que cabe citar las de 22 de enero ( RJ 1990, 180) ; 13 de enero de 1990; 9 de julio de 1991 ( RJ 1991, 5879) ; 21 de marzo de 1992 ( RJ 1992, 1860) ; 5 de abril, 30 de diciembre de 1993; 23 de febrero, 14 de diciembre de 1994 ( RJ 1994, 10093) ; 23 de enero de 1995; 12 de marzo y 25 de octubre de 1996; 6 de febrero, 17 de julio [ RJ 1997, 5869] , 27 ( RJ 1997, 9639) y 29 de diciembre de 1997 ( RJ 1997, 9641) , ha declarado que:

1.–Constituye requisito esencial en la sucesión de empresas regulada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) , la transmisión de la titularidad, entendiendo por tal concepto traslativo no sólo el cambio en la titularidad nominativa de empresa, sino también la transmisión al cesionario en el supuesto enjuiciado al concedente a quien revierte la actividad contratada de los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica de la explotación.

2.–Existe una excepción a lo dicho anteriormente, cual es que opera la subrogación, en aquellos casos en que la autonomía colectiva en su ámbito de aplicación, establezca la obligación de subrogación en los supuestos, sin más, de un cambio en la titularidad de la empresa, o en aquellos otros en que el pliego de condiciones así lo imponga como deber jurídico del nuevo contratista. De no ser así, y siguiendo la anterior argumentación lo que únicamente acaece es la finalización de una contrata, que se extingue por el transcurso del plazo de concesión o adjudicación y la entrada de un nuevo empleador sea un nuevo contratista o el empresario principal a quien revierte el servicio o actividad, no ligada con el anterior por ningún título traslativo respecto los elementos materiales y organizativos de la empresa.

3.–La misma conclusión se alcanza por aplicación de la disposición undécima del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores; norma que excluye del ámbito del artículo 44.1 del mismo los casos de ventas judiciales de empresas, cuando el objeto de la compraventa no comprenda los elementos necesarios, que «per se» sean suficientes al efecto de continuar la actividad empresarial.

4.–Finalmente, lo anteriormente sentado no contradice la normativa contenida en el artículo 14 de la Directiva Comunitaria 187/1977 ( LCEur 1977, 67) . La jurisprudencia comunitaria cuando contempla, en interpretación de este precepto, los supuestos de traspaso de empresa y, consecuente subrogación entre antiguo y nuevo empresario, se está refiriendo a empresas en el sentido de explotación o actividad con identidad económica propia, y ya se ha dicho que en el objeto de una contrata no concurre dicha circunstancia. Más concretamente, la Sentencia de 19 de septiembre de 1995, del Tribunal Europeo, asunto C, 48/1994 ( TJCE 1995, 154) , dictada en aplicación de la citada normativa, declaró que «no hay transmisión, en el sentido del número 1.1 de la Directiva [...] en un caso en que una empresa prosiguió hasta su total ejecución y con el acuerdo del comitente, una obra comenzada por otra empresa, incluso habiéndose hecho cargo de dos aprendices y un empleado que habían trabajado en la obra y del material que se encontraba en las mismas». Prediciones, predicables al contenido de la actual Directiva Europea 2001/23/CE ( LCEur 2001, 1026) , que en su artículo 7, hace referencia a esta cuestión.

TERCERO

Pues bien, solicita la parte recurrente que al tratarse en el caso de una subrogación , el Pacto litigioso cuando dice «que una vez formen parte de la plantilla de GSE (1 de noviembre de 1999), serán acreedores de las mismas condiciones económicas y sociales que disfrutan en la actualidad en Aceralia Transformados, SA, ya que aquélla se subroga en los derechos y obligaciones laborales de ésta», debe ser interpretado en el sentido de no limitar el respeto de condiciones económicas y sociales por parte de IBM-GSE a las que existían en el momento concreto del pase de los trabajadores de una a otra empresa , sino que realmente el compromiso debe ir más allá, en el sentido de respetar y aplicar todas las mejoras, tanto económicas como sociales, que pudieran disfrutar el conjunto de trabajadores en Aceralia Transformados, SA.

Al tratarse, también, de un problema hermenéutico, debe hacerse referencia a las reglas propias de la interpretación de los contratos, que primordialmente se recogen en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil ( LEG 1889, 27) .

Así el artículo 1281 del Código Civil dispone que «si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas».

Las reglas básicas de interpretación literal y sistemática son similares para la Ley y para el contrato, aquélla ha de ser interpretada «según el sentido literal de sus palabras» –artículo 3 del Código Civil–, como en éste ha de estarse «al sentido literal de sus cláusulas», si éste es claro en cuanto a la intención de los contratantes –el ya trascrito artículo 1281 del Código Civil–; y tanto el precepto legal como las cláusulas contractuales deben interpretarse «en relación con el contexto» el primero, y «las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del cómputo de todas» las segundas –artículo 1285 del Código Civil–.

La doctrina científica viene distinguiendo dos tipos de interpretación de los contratos: La «subjetiva», que pretende la averiguación de la voluntad real o intención (interna) común de los contratantes, y la «objetiva», que atribuye a las declaraciones de intención (externa) de las partes un sentido y alcance objetivo, incluso con independencia de la intención subjetiva o voluntad interna de los contratantes. El Código Civil mantiene en los artículos 1281 a 1283 una interpretación «subjetiva», mientras que en los artículos 1284 a 1289 se inclina por una interpretación «objetiva», de donde se deduce que la interpretación subjetiva tiene carácter prioritario, y que la objetiva se aplicará cuando no sea posible averiguar la intención común o ésta no se haya producido verdaderamente.

Además de las pautas hermenéuticas antes citadas conforman también, elementos integrantes de toda labor interpretativa, las llamadas Exposiciones de Motivos de las normas jurídicas mediante las que el propio legislador manifiesta la «ratio essendi» de las mismas; y así sucede con la que afecta a la Ley 11/1994, de 19 de mayo ( RCL 1994, 1422, 1651) , por la que se modificaron determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1980, 607) , en la que la progresiva internacionalización de la economía, expresada en fenómenos como el acceso al mercado y a la competencia mundial de países hasta el momento actual alejados del escenario económico, las exigencias de convergencia económica en el contexto europeo, la aceleración del proceso de innovación tecnológica, o los efectos de las fases bajas del ciclo económico, constituyen las motivaciones que dieron lugar a la mentada reforma estatutaria en la que se pasó de un sistema de rigidez en las relaciones jurídico-laborales a otro de flexibilidad, entendiéndose por tal la capacidad de adaptación a los cambios de circunstancias, que se identifican con las fluctuaciones del mercado en que las empresas tienen que competir. Como ha puesto de manifiesto la doctrina científica –R. P.– esta flexibilidad explicita claramente su matriz económica pasando a adquirir la fisonomía de una condición permanente a medida que los períodos de crisis económica extienden su duración incidiendo sobre la oferta de empleo y que las nuevas tecnologías remodelan la organización del trabajo; de este modo, la predominante función tuitiva del ordenamiento laboral se ve transformada, pues ahora habrá de compatibilizarse con otra función no secundaria: asegurar al mismo tiempo la eficacia económica de la empresa y del sistema de empresa, función que ahora se hace más evidente, y que acentúa el carácter intrínsecamente contradictorio de las normas del derecho del trabajo (Sentencia de esta Sala de 30 de diciembre de 2002).

Pues bien, de toda esta contextualidad de las directrices interpretativas, resulta que en el caso ahora sometido a enjuiciamiento, la interpretación correcta es la sostenida por el Magistrado de instancia, puesto que si las partes hubiesen acordado el mantenimiento de condiciones económicas y sociales que en el futuro puedan disfrutar los trabajadores de Aceralia, así lo podían haber manifestado al no existir impedimento alguno para ello, y sin embargo, lo pactado y querido fue precisamente que aquel derecho quedara limitado al mantenimiento de las condiciones económicas y sociales que los demandantes disfrutaban al momento de producirse la figura de la externalización, deteniéndose ahí los efectos realmente pretendidos en dicho Acuerdo; interpretación, además, coincidente –como con todo acierto jurídico afirma el Magistrado de instancia– con la doctrina jurisprudencial respecto al artículo 44 del Estatuto Laboral , al declarar que sucesión empresarial no supone para el nuevo empresario mantener indefinidamente las condiciones de trabajo previstas en un concreto Convenio Colectivo, sino que esa obligación se limita a respetar las condiciones existentes en el momento de procederse a la subrogación , mientras mantenga su vigencia el Convenio Colectivo de la empresa cedente. Todo lo anteriormente expuesto conduce, pues, a la desestimación del Recuso interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Navarra, que debe confirmarse en su integridad.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Suplicación formulado por la representación letrada de don Juan Francisco A. A. y nueve más, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Dos de los de Navarra, en el Procedimiento núm. 123/2002, seguido a instancia de dicho recurrente, contra el Aceralia Transformados, SA y IBM Global Services España, SA, sobre derechos , confirmando la sentencia recurrida.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo social de procedencia con certificación de la misma, dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala.

Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Experto:  Alberto escribió hace 4 año.
Hola buenos días, en contestación a su concreta consulta debo manifestarles que tiene usted que tener en cuenta que el empleador no es la Administración Pública sino una empresa privada. Lo que sucede es que, en ocasiones, aquella externaliza determinados servicios mediante la contratación de proveedores externos que se encargan de realizar los mismos con sus propios medios, tanto materiales, como personales.

La Administración Pública utiliza la modalidad del concurso público, publicando en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente unos Pliegos de condiciones donde se fijan los requisitos y obligaciones de los contratantes para acceder a la adjudicación de dicho contrato.

Después del correspondiente procedimiento, se adjudica la realización de ese contrato a alguno de los licitadores participantes en el concurso. Cuando el plazo de duración previsto para dicho contrato expira, la Administración puede ofrecer nuevamente, mediante concurso público, la contratación externa de esos servicios, publicando un nuevo Pliego de Condiciones.

En dicho Pliego de Condiciones, seguramente se fijaba también la obligación de la empresa que resultase adjudicataria de hacerse cargo del personal que con anterioridad estaba prestando esos servicios y pasar el mismo a su sucesora. En el momento en el que cesa en la contrata la originaria empleadora , la prestación del servicio se adjudica a la nueva empresa, pasando a subrogarse en la contratación laboral que tienen con ustedes.

Dicha subrogación es simplemente un cambio en la figura jurídica del empleador. No obstante, el contrato no debería de cambiar , sino que debe mantenerse , con todos sus condicionantes tales como antigüedad, jornada, etc.

Lo que ocurre es que una vez se produzca la ciatada subrobgacción si quieren reducir su masa salarial , lo pueden hacer con la nueva reforma Laboral con la posibilidad de realizar un pacto de Reducción Salarial. No se trata únicamente de un descuelgue salarial, sino de una auténtica Reducción Salarial. No obstante, la propia Reforma Laboral establece que la misma debe realizarse de acuerdo con los trabajadores, mediante el procedimiento específico de las modificaciones sustanciales y cuando la no aplicación de la misma pueda afectar a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la empresa (art. 82.3 párrafo 2º del Estatuto de los Trabajadores, redactado por la reciente Reforma Laboral).

Hasta el día de hoy existían dudas acerca de la posibilidad de aplicar dicha medida en el supuesto de que no hubiese acuerdo con los trabajadores. No obstante, una muy reciente sentencia de la Audiencia Nacional, de 14 de abril de 2011, permite la reducción salarial de un 10% A PESAR DE NO HABER ACUERDO CON LOS TRABAJADORES. La modificación que nos comenta no sería una decisión arbitraria de su empleador, si obedece a causas organizativas derivadas del cumplimiento del Pliego de condiciones que rigen el contrato alcanzado entre su empleadora y la Administración Pública.

En ese caso, entenderíamos que la modificación de las condiciones laborales de usted se ajustaría a la legalidad vigente (en cuanto a modificación del salario si no supera el 10% dicha reducción ), siempre y cuando las mismas se adecuen a lo previsto en el Pliego de Condiciones y al contrato suscrito con la Administración Pública, y la modificación se produzca cumpliendo con los requisitos formales, legalmente establecidos.Al sobreparar la reducción el 10% , entendemos pues que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo , que no tendrán más remedio que impugnar judicialmente.

Alberto, Abogado
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Cliente: escribió hace 4 año.
En la cactualidad el ayuntamiento esta realizando la recogida con otros camiones cedidos por otro ayuntamiento, cuanto tiempo puede estar en esta situacion sin que se nos diga a donde vamos nosotros pues desde el dia de cese del contrato con la empresa nos dieron de baja de la segurodad social saludos XXXXX XXXXX
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Si les han dado de baja en la Seguridad Social deben enviar un burofax a la empresa solicitándole que procedan a darles de nuevo de alta inmediatamente y que los repongan en sus puestos de trabajo.


Si no lo hacen deben presentar una conciliacion ante el Servicio de Mediacion Arbitraje y Conciliacion (SMAC) y si no se llega a un acuerdo con la empresa, interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social, para lo cual tienen derecho a solicitar Abogado de Oficio en el Colegio de Abogados de su localidad.

Experto:  Alberto escribió hace 4 año.

Hola buenas tardes, su situación concreta es verdaderamente extraña, en el pliego de las condiciones del contrato adjudicado a la nueva empresa debe establecer una fecha de comienzo del servicio, y si en dicha fecha, no empieza ea prestar los servicios la nueva empresa, puede ser causa de resolución del contrato por parte de la administración. Sin tener el pliego de condiciones , no podemos saber cuando debe estar dado de alta. Con la subrogación le harán firmar un nuevo contrato, y en el mismo estipulará la fecha en que inicia sus servicios en la nueva empresa, y por lo tanto la obligación de la empresa de tenerlo de alta. La nueva empresa subrogada debe notificar el alta antes de comenzar la prestación de servicios del trabajador , o como muy tarde el primer día hábil siguiente a que comienza el trabajador a prestar los servicios en la nueva empresa.

Si no está dado de alta y está prestando servicios, debe denunciarlo a la Inspección de Trabajo y es sancionable y la empresa responsable será sancionado por un infracción muy grave.

 

Cliente: escribió hace 4 año.
le aclaro algunos terminos el ayuntamiento una vez que recindio el contrato a la primera empresa se lo ajudico a otra por via de urgencia durante un periodo de seis meses mientras se preparada el pliego de condiciones pero esta empresa sobre la marcha renuncio ya que habia una deuda con la seguridad social muy elevada de la empresa saliente y ahora se llama a la segunda empresa en presupuesto y esta es la que dice que con el presupuesto que tiene le ayuntamo nos dice que para coger el servicio seria a cambio de la brutal rebaja de salrios (30 %)Y estos dias que estamos dados de baja en la seguridad social y mientras se adjudique el servicio a quien corresponde pagarnos estos dias y cuantos puede esta esta situacion gracias XXXXX XXXXX
Experto:  Alberto escribió hace 4 año.

Hola buenos días en contestación a su consulta le diré , que la responsable de sus salarios es la empresa adjudicatoria del servicio por vía de urgencia indepedietemente no le hayan dado de alta y de forma subsidiaria el ayuntamiento. Yo demandaría por reclcamación de salarios a estas dos entidades. La primera , la empresa que se le adjudicó por vía de urgencia , porque estuvisteis un tiempo trabajando para ellos hasta que renunció, y la segunda entidad,El Ayuntamiento, porque sin tener el servicio adjudicado a ninguna empresa, ustedes estais efectuando un servicio directamente al ayuntamiento, por lo que la entidad contratatante es el ayuntamiento.

 

La suya es una situación complicada, pero estas son las entidades res

ponsables de daros de alta en la seguridad social y de pagaros los salarios hasta que se le adjudique el servicio a una nueva empresa.

 

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JustAnswer.com...ha visto como desde octubre se ha disparado el número de consultas legales de nuestros lectores sobre despidos, desempleo e indemnizaciones por cese.
Los sitios web como justanswer.com/legal
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El tráfico en JustAnswer ha aumentado un 14 por ciento...y hemos recibido 400.000 visitas en 30 días...las preguntas relacionadas con el estrés, la presión alta, la bebida y los dolores cardíacos han aumentado un 33 por ciento.
Tory Johnson, colaboradora de GMA sobre temas relacionados con el lugar de trabajo, habla sobre el "teletrabajo", como JustAnswer, en el que expertos verificados responden a las preguntas de las personas.
Le diré que... las pruebas que hay que superar para llegar a ser un experto son muy rigurosas.
 
 
 

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