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como puedo demonstrar que mi novio era en espana antes de junio

Pregunta del cliente

como puedo demonstrar que mi novio era en espana antes de junio 2011?para obtener la autorization de trabajo? jo estoi en regla con papeles con piso alquilao pero no estamos casados?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Buenas tardes,


Para demostrar que su novio se encuentra en España desde antes de Junio de 2011, puede aportar todo tipo de pruebas, ya sean documentos como por ejemplo, biletes de avión, billetes de transporte, documentos bancarios, recibos de pago de cualquier servicio o suministro, facturas de cualquier tipo a su nombre, recibos bancarios, documentos del ayuntamiento, cualquier contrato (telefonico o por cualquier servicio), una suscripcion gratuita, incluso hasta un atestado policial o cualquier otro documento que pruebe que se encontraba en España desde el mes de Junio.


Su novio puede utilizar cualquier documento emitido en España como los que le he mencionado que acreditarían que se encontraba en España en el momento en que se emitió.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Hola

 

Hay que acreditar que estuvo por todos los medios admitidos en derechos, desde el billete de viaje de entrada en España, el empadronamiento, las visitas médicas, testigos, trabajos realizados, facturas de hoteles, facturas de alquileres de coches etc

El empadronamiento por se no basta

Las declaraciones de los dueños de los hostales también sirven

Aporte testigos, facturas, todo aquello que mantenga que éll ha estado aqui

Muy importante informes médicos

 

Dejamos sentencia al efecto

 

 

  • SP/SENT/643311

TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 4.ª, 63/2011, de 11 de marzo

Recurso 36/2011. Ponente: FAUSTO GARRIDO GONZALEZ.

EXTRACTOS

Puesto que el empadronamiento no conlleva el reconocimiento de arraigo si no se acreditan otros vínculos sociales, resulta proporcionada la sanción de expulsión adoptada contra extranjero con permanencia irregular en el país

"... Ahora bien, por el contrario en el presente caso consta la falta de arraigo alguno del apelante en territorio español, y ha sido recogido específicamente la resolución administrativa objeto de impugnación, sin que la parte recurrente haya desplegado suficiente actividad probatoria sobre el particular. Para poder apreciar arraigo debe concurrir en la persona afectada un cúmulo de circunstancias personales, familiares, laborales y económicas que permitan llevar a la convicción de una cierta estabilidad del extranjero en territorio español, pues según el Diccionario de la Lengua Española, arraigar significa establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas. En efecto, sólo acredita el empadronamiento, el pasaporte, y varios envíos de dinero, pero debe decirse que el empadronamiento desde 2008 no equivale a arraigo alguno, pues se limita a constatar administrativamente la residencia de una persona en un municipio concreto, pero no que se haya generado los vínculos a personas y cosas en los términos antes utilizados, ya que no acredita la convivencia con aquellas y que tenga unos vínculos laborales o de trabajo de entidad suficiente para constituir arraigo suficiente.

CUARTO.- Finalmente debe señalarse que como se ha dicho la potestad de aplicar la expulsión del territorio español en lugar de la sanción de multa, en los casos en que, como el que nos ocupa, el infractor es extranjero y se encuentra irregularmente en España, se concede por el legislador y sin condicionar la decisión a adoptar a la concurrencia de requisito adicional alguno. Nos encontramos ante una potestad de carácter discrecional, que podrá ejercitarse por la autoridad sancionadora siempre que se compruebe la concurrencia del hecho habilitante para ello y no nos encontremos en algunos de los supuestos legalmente exceptuados (artículo 57.5 de la Ley Orgánica ).

En el presente supuesto, la sanción impuesta no puede considerarse desproporcionada a la vista de la situación irregular en la que se encuentra el interesado, unida a la falta de intento de regularización de dicha situación, así como la ausencia de cualquier tipo de arraigo del mismo en territorio español, puesto que no posee vínculos familiares y económicos y laborales supongan una especial relación con España.

En este sentido debe señalarse si bien el juzgador de instancia y la sentencia ahora apelada aprecio, que el recurrente aportó prueba documental de la que se desprende arraigo suficiente en territorio nacional, lo cierto es que la actividad probatoria contenida en los autos se limita a incluir los siguientes documentos: copia del certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de Madrid. Copia de pasaporte en la que no consta sello de entrada en España a través de puesto fronterizo habilitado a tal efecto. Copia de la historia clínica de la asistencia sanitaria que se le ha prestado al recurrente en territorio nacional como consecuencia de un accidente con arma blanca y del que se derivó la necesidad de practicarle una intervención quirúrgica.

De los documentos enunciados no se desprende una mínima vinculación especial del recurrente con el territorio nacional, más allá de una mera presencia en el mismo por un determinado período de tiempo.

En cuanto al empadronamiento es la propia ley de bases del régimen local de 2 abril 1985 la que evita todo género de dudas al respecto estableciendo en su artículo 18.2 que" la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni le atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España"; de acuerdo con esta norma es imposible considerar empadronamiento como indicio de algún tipo de arraigo. ..."

Habiéndose considerado la circunstancia de la necesidad de intervención quirúrgica del recurrente, si esta era la vinculación con el territorio nacional, una vez practicada la operación, la razón de su permanencia desaparece

"... Por lo que se refiere al historial clínico y a la necesidad de que el demandante se le practique una operación quirúrgica, la cual por otro lado ya ha debido tener lugar puesto que se indica que la fecha de la misma era el 3 febrero del año 2010 , son elementos que han sido tenidos en cuenta a la hora de adoptar el fallo de la resolución, ya que en el párrafo cuarto del Fundamento Jurídico cuanto se manifiesta que "se trata de un extranjero pendiente de una nueva intervención quirúrgica en España el 3 febrero 2010 ,lo que ha de tenerse específicamente en cuenta, además de las restantes circunstancias de arraigo recogidas en dicho acto previo." El hecho de haber sido perceptor de servicios de la sanidad española únicamente acredita la excelente cobertura sanitaria de la que dispone España de modo que afortunadamente pueden disfrutar de la misma todas las personas que se encuentren en el territorio nacional con independencia de la situación jurídica en la que se encuentre.

En cualquier caso, y aplicando "a sensu" contrario el razonamiento contenido en la sentencia apelada, deberíamos concluir que si la vinculación de la parte demandante con el territorio nacional se basa en la necesidad de que se le practique determinada cirugía, habiéndose realizado la misma y no teniendo ninguna grave enfermedad, la razón de su permanencia en España desaparece. ..."

No pudiéndose alegar el desconocimiento de la legislación española sobre inmigración, es innegable la presencia de culpabilidad por el recurrente al no contar con la documentación habilitante de estancia

"... En virtud de lo expuesto es evidente que en el recurrente el hecho constitutivo de la infracción grave denota su innegable grado de culpabilidad de voluntad de incumplimiento de la norma, dado que es perfectamente conocedor de la inevitable obligación de contar con la oportuna documentación habilitante. Habiendo superado el período de estancia legal, no puede alegarse desconocimiento de la legislación española sobre inmigración pues resulta claro al respecto que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.

Por otra parte, atendiendo a la perspectiva de la finalidad perseguida por la regulación de la entrada y estancia en el territorio español de las personas extranjeras y al bien jurídico protegido por la infracción, la acción cometida por el recurrente tiene una notable trascendencia en la medida que frustra o pone en riesgo la finalidad perseguida por la norma de que los extranjeros se encuentren en España con la documentación o las autorizaciones legalmente exigidas, no cabiendo apreciar vulneración del principio de proporcionalidad de la sanción de expulsión ni el grado en que se impone que es la mínima, al impedir la entrada en el territorio "Schengen" por período de tres años, por lo que la resolución recurrida es ajustada a derecho, debiendo, en consecuencia, ser revocada la sentencia impugnada. ..."

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Dictada la mencionada Sentencia estimatoria en parte, la parte demandante interpone contra aquella el presente recurso de apelación mediante escrito en el que formuló las correspondientes alegaciones impugnatorias.

SEGUNDO: La representación procesal del demandado presentó su escrito de oposición a la apelación haciendo igualmente sus propias alegaciones.

TERCERO: Elevadas a este Tribunal las actuaciones y estando conclusas se señaló para deliberación y fallo del recurso el día 10 de marzo de 2011.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr./a D./ña. FAUSTO GARRIDO GONZALEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del recurso de apelación la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 28 de Madrid, de fecha 15 noviembre 2010, recaída en el Procedimiento Abreviado 135/2010 , que estimó el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por don Gumersindo nacional de Bolivia, representado y asistido por el letrado don Segundo Vejarano Saavedra, sentencia que estimó en parte el recurso planteado contra la resolución de uno de febrero de 2009 de la Delegación del Gobierno de Madrid, por la que se le impuso al demandante la sanción de expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en España por un periodo de tres años, por incurrir en la causa de expulsión del artículo 53 a), en relación con el artículo 57.1, ambos de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por leyes posteriores, revocando la referida sanción de expulsión del territorio nacional por la sentencia de instancia, por la de multa en la cuantía de 301 €.

La sentencia recurrida, con cita de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 febrero 2008 , declara que por la Administración se ha incumplido el artículo 53. a) de la ley orgánica 4/2000 , dado que la sanción legalmente prevista es la de multa y no la de expulsión, y que tratándose de supuestos en que la causa de expulsión es pura y simplemente la permanencia ilegal, sin otros hechos negativos, la administración habrá de motivar de forma expresa por qué acude a la sanción de expulsión. Pero en los supuestos en que el expediente administrativo consten, además de la permanencia ilegal, otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias, y esos datos sean de tal entidad que, unidos a la permanencia ilegal, justifiquen la expulsión, no dejará esta de estar motivada porque no se haga mención de ellos en la propia resolución sancionadora..

Que con base en estos argumentos, el propio Tribunal Supremo ha declarado que son hechos o circunstancias que constituyen motivación suficiente para justificar la imposición de la sanción de expulsión y no la de multa en los casos de estancia irregular en España, los siguientes: estar indocumentado el extranjero y por tanto sin acreditar su identificación y filiación, ignorándose cuando y por donde entró en territorio español ( sentencia de 30 junio 2006 , 31 octubre 2006 y 29 marzo 2007 ); haber sido detenido por su participación un delito, hecho por el que se siguieron diligencias penales ante un juzgado de instrucción(sentencia de 19 diciembre 1006), carecer de domicilio y arraigo familiar y estar además indocumentado(sentencia de 28 febrero 2007); dictarse con carácter previo a la expulsión una orden de salida obligatoria del territorio nacional que tendría que haberse hecho efectiva sin haber intentado legalizar su situación en España( sentencia de 22 febrero 2007 )". Continúa diciendo la sentencia apelada que" en nuestro caso la administración, en consideración exclusivamente en realidad, conforme a la propia orden de expulsión, la mera detención por estancia irregular, lo que atendiendo a jurisprudencia reciente y ya consolidada, no permite optar sin más por la expulsión decretada sin mayor motivación y/o justificación en dicho expediente o en autos. La existencia previa de un expediente de expulsión caducado, cual se recoge el expediente-folio uno-, no altera lo anterior, habiéndose aportado a estos autos prueba documental de la que se desprende el arraigo suficiente del interesado en territorio español, cual se recoge expresamente en sede cautelar (auto de 19 abril 2010, traído a autos, cuya fundamentación no es preciso reiterar aquí), así como su entrada regular en territorio español, que no cuestiona el acto impugnado, ni resulta del expediente. Se trata de un ciudadano extranjero pendiente de nueva intervención quirúrgica en España a 3 febrero 2010, lo que ha de tenerse en cuenta específicamente, además de sus restantes circunstancias de arraigo recogidas en dicho auto previo.

Así pues, no procede aquí, al hilo de otras sentencias incluso posteriores a las ya citadas, sustentar la expulsión, cual defiende la abogacía del estado, por la exclusiva circunstancia en realidad de la permanencia ilegal, cual señala, entre otras muchas, por citar ejemplos cercanos, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sección Tercera, de 14 enero 2008 (recurso de apelación 793/2007) y Sección Novena , de 17 julio de 1008 (recurso de apelación 176/2008 ), esta última en su puesto con antecedentes policiales por robo. Ello pues no permite la adopción de la medida de expulsión, lo que lleva al éxito de la pretensión principal actora ".

Por su parte, por el abogado del estado se alega en su escrito interponiendo el recurso de apelación que" resulta claramente del propio expediente administrativo que su situación en territorio nacional era a todas luces irregular y por tanto susceptible de ser sancionada con la expulsión, tal y como se dispone en la resolución administrativa que se impugnó el instancia. A la vista del Expediente Administrativo se encuentra plenamente acreditado que el interesado, en la fecha de incoación del expediente sancionador, carecía de la documentación preceptiva para residir en España, ya que consultar de la base de datos de extranjeros no consta que sea titular de autorización de residencia o haya obtenido prórroga de estancia en España, por lo que la misma tanto en territorio nacional como en el espacio Schengen, es irregular. No acredita intento alguno de regularización en España ni acredita circunstancia alguna de arraigo en territorio español, económico, familiar y social tampoco constan la existencia de medios económicos que le permitan sustentarse en territorio español. En este caso procede valorar de conformidad a derecho de una resolución por la que se acuerda la expulsión del recurrente a la vista de su situación ilegal en territorio español, circunstancia que no ha sido desvirtuada de contrario".

SEGUNDO.- La resolución administrativa impugnada fundamenta la expulsión en la inexistencia de arraigo y en la previa tramitación de un procedimiento de expulsión, ya caducado, procedimiento del que no consta la notificación de caducidad al demandante, así como en la falta de intento de regularización de la situación del demandante en España.

Al efecto, debemos traer a consideración que el artículo 53.3 de la ley orgánica 4/2000 tipifica como infracción grave" encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente", disponiendo a su vez el artículo 57.1 de la citada ley que" cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53 de esta ley orgánica, podrá el lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo".

A este respecto, es lo cierto que el recurrente no acredita situación de estancia o residencia legal en España, según resulta de lo actuado en autos.

TERCERO.- Para la adecuada resolución del presente recurso se ha de tener en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en la sentencia de 31 octubre 2006 conforme a la cual " en la ley orgánica 7/1985, de uno de julio , la expulsión del territorio nacional no era considerada una sanción, y así se deduce de una interpretación conjunta de sus artículos 26 y 27, al establecerse como sanción para las infracciones de lo dispuesto en la ley la de multa y prescribirse que las infracciones que den lugar a la expulsión no podrían ser objeto de sanciones pecuniarias. Quedaba, pues, claro aquella normativa que los supuestos en que se aplicaba la multa no podían ser castigados con expulsión La ley Orgánica 4/2000, 12 enero , en regulación mantenida por la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 diciembre , cambia esa concepción de la expulsión, y prescribe que en el caso de infracciones muy graves y graves de las letras a) , b), c), d) y f) del artículo 53 " podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español", e introduce unas previsiones a cuyo tenor" para la graduación de las sanciones, el órgano competente para imponerlas se ajustará, a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad, y en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia".

De esta regulación se deduce: 1º.- Que el encontrarse ilegalmente en España (una vez transcurridos los 90 días previstos en el artículo 30.1 y2 de la ley 4/2000 , reformada por la ley 8/2000 , ya que durante los primeros 90 días no procede la expulsión sino la devolución), repetimos ese encontrarse ilegalmente en España, según el artículo 53 .a), puede ser sancionado o con multa o con expulsión. No sólo se deduce esto del artículo 53 .a) sino también del artículo 63.2 y 3 , que expresamente admite que la expulsión puede no ser oportuna (artículo 63.2 ) o puede no proceder (artículo 63. Tres ), y ello tratándose, como se trata, del caso del artículo 53 .a), es decir, de la permanencia ilegal.

Por su parte, el reglamento 864/2001, de 20 julio , expresamente habla de la elección entre multa o expulsión, pues prescribe en su artículo 115 que" podrá acordarse la expulsión del territorio nacional, salvo que el órgano competente para resolver determine la procedencia de la sanción de multa",(dejemos de lado ahora el posible exceso del reglamento, que en este precepto y en contra de lo dispuesto en la ley, parece imponer como regla general la expulsión y como excepción la multa). Lo que importa ahora es retener que en los casos de permanencia ilegal, la Administración, según los casos, puede imponer o bien la sanción de multa o bien la sanción de expulsión.

2º.- En el sistema de la ley la sanción principal es la de multa, pues así se deduce de su artículo 55.1 y de la propia literalidad de su artículo 57.1 , a cuyo tenor, y en los casos, entre otros, de permanencia ilegal," podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio nacional".

3º.- En cuanto sanción más grave y secundaria, la expulsión requiere una motivación específica, y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal, ya que ésta es castigada simplemente, como hemos visto, con multa. Según lo que dispone el artículo 55.3 , (que alude a la graduación de las sanciones, pero que ha de entenderse que resulta aplicable también para elegir entre multa y expulsión,) la administración ha de especificar, se impone la expulsión, cuáles son las razones de proporcionalidad, de grado de subjetividad, de daño o riesgo derivado de la infracción, y en general, añadimos nosotros, cuáles son las circunstancias jurídicas o fácticas que concurren para la expulsión o prohibición de entrada, que es una sanción más grave que la de multa..

4º.- Sin embargo, resultaría en exceso formalista despreciar esa motivación por el hecho de que no conste en la resolución misma, siempre que conste el expediente administrativo.

En efecto: A). Tratándose de supuestos en que la causa de expulsión es, pura y simplemente, la permanencia ilegal, sin otros hechos negativos, es claro que la administración habrá de motivar de forma expresa por qué acude a la sanción de expulsión, ya que la permanencia ilegal, en principio, como veíamos, se sanciona con multa.

B). Pero en los supuestos en que el expediente administrativo conste, además de la permanencia ilegal, otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias, y esos datos sean de tal entidad que, unidos a la permanencia ilegal, que justifiquen la expulsión, no dejará de estar motivada porque no se haga mención de ellos en la propia resolución sancionadora".

Por lo tanto, como se ha visto, la expulsión requiere una motivación específica distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal, por lo que la administración ha de especificar, si impone la expulsión, cuáles son las razones de proporcionalidad, de grado de subjetividad, de daño o riesgo derivado de la infracción y, en general, cuáles son las circunstancias jurídicas o fácticas que concurren para la expulsión y prohibición de entrada, que es una sanción más grave que la de multa, admitiendo el Tribunal Supremo en los supuestos en que en el expediente administrativo consten, además de la permanencia legal, otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias, y esos datos sean de tal entidad que unidos a la permanencia ilegal, y justifiquen la expulsión, no dejarán de estar motivada porque no se haga mención de ellos en la propia resolución sancionadora.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa no cabe tachar de inmotivada la resolución de la Delegación del Gobierno de Madrid impugnada por la que se ordena la expulsión del territorio español del recurrente, con prohibición de entrada durante un período de tres años por haber cometido la infracción prevista en el artículo 53.a) de la ley orgánica 4/2000 , reformada por la Ley Orgánica 8/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. En efecto, la expresada resolución recoge con claridad la indicación de "dada la ausencia de excepcionales circunstancias de arraigo o pendencia de regularización".

Por tanto la resolución administrativa impugnada se encuentra debidamente motivada, siendo cuestión distinta la posible infracción del principio de proporcionalidad, que es el que considera vulnerado la sentencia apelada.

Así las cosas, resulta que la resolución administrativa destaca la falta de arraigo y la pendencia de regularización, y a este respecto se ha de recordar lo señalado por la sentencia del Tribunal Supremo de 22 diciembre 2005 , que con cita de la anterior 14 del mismo mes y año, señala que "el arraigo, como causa que podría moderar la sanción, no puede deducirse de modo alguno por la pura permanencia ilegal en España. Hubiera requerido una prueba de las actividades y relaciones del actor en España, que no se ha hecho, sin que tampoco haya acreditado intento de regularización en España; esto es, sus manifestaciones sobre arraigo, sostenimiento familiar intento de regularización ha carecido de soporte probatorio, como comprobó la sala de instancia".

Asimismo, ha de traerse a colación las recientes sentencias del Tribunal Constitucional 140/2009, de 15 junio , que tras señalar entre otros extremos que" por lo que se refiere al régimen sancionador en materia de extranjería y a la posibilidad prevista legalmente en el artículo 57 de la ley orgánica 4/2000, 12 enero , sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, de que en los casos de Comisión de determinadas acciones se puede imponer, en lugar de la pena de multa, la sanción de expulsión del territorio nacional, este Tribunal ha reiterado que la imposición de la sanción de expulsión no depende de la absoluta discrecionalidad de la administración, sino que la ley establece unos presupuestos objetivos y subjetivos, así como unos criterios de aplicación que condicionan normativamente a la Administración, como son los previstos en el artículo 55.3 de la ley orgánica 4/2000 , al establecer criterios para la aplicación de dicha sanción, y en el artículo 50 de esa misma norma, que remite a lo establecido en el artículo 131 de la ley 30/1992 , en concreción del principio de proporcionalidad y de los criterios de graduación de la sanción a aplicar en el curso de un procedimiento administrativo que deberá acomodarse a las exigencias del artículo 20.2 de la citada ley orgánica 4/2000 , (por todas sentencia del Tribunal Constitucional 260/2007, de 20 diciembre ) que declara igualmente que..." baste recordar a esos efectos, teniendo presente que por mandato del artículo 10.2 de la constitución española, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconocen deben ser interpretados de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España, que el artículo 39.1 de la Constitución Española establece que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica, y jurídica de la familia, y que, en relación con ello, la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos ha reiterado que en los supuestos de expulsión, tanto cuando son consecuencia de una infracción penal como en aplicación de la normativa administrativa de extranjería, el arraigo familiar puede actuar dar como límite a la expulsión, porque la ejecución de la misma podría no resultar proporcionada al fin legítimo perseguido por la medida, esto es, la garantía del orden público, vulnerando de ese modo el derecho a la vida privada al millar reconocido por el artículo 8.1 del convenio europeo de derechos humanos".

Ahora bien, por el contrario en el presente caso consta la falta de arraigo alguno del apelante en territorio español, y ha sido recogido específicamente la resolución administrativa objeto de impugnación, sin que la parte recurrente haya desplegado suficiente actividad probatoria sobre el particular. Para poder apreciar arraigo debe concurrir en la persona afectada un cúmulo de circunstancias personales, familiares, laborales y económicas que permitan llevar a la convicción de una cierta estabilidad del extranjero en territorio español, pues según el Diccionario de la Lengua Española, arraigar significa establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas. En efecto, sólo acredita el empadronamiento, el pasaporte, y varios envíos de dinero, pero debe decirse que el empadronamiento desde 2008 no equivale a arraigo alguno, pues se limita a constatar administrativamente la residencia de una persona en un municipio concreto, pero no que se haya generado los vínculos a personas y cosas en los términos antes utilizados, ya que no acredita la convivencia con aquellas y que tenga unos vínculos laborales o de trabajo de entidad suficiente para constituir arraigo suficiente.

CUARTO.- Finalmente debe señalarse que como se ha dicho la potestad de aplicar la expulsión del territorio español en lugar de la sanción de multa, en los casos en que, como el que nos ocupa, el infractor es extranjero y se encuentra irregularmente en España, se concede por el legislador y sin condicionar la decisión a adoptar a la concurrencia de requisito adicional alguno. Nos encontramos ante una potestad de carácter discrecional, que podrá ejercitarse por la autoridad sancionadora siempre que se compruebe la concurrencia del hecho habilitante para ello y no nos encontremos en algunos de los supuestos legalmente exceptuados (artículo 57.5 de la Ley Orgánica ).

En el presente supuesto, la sanción impuesta no puede considerarse desproporcionada a la vista de la situación irregular en la que se encuentra el interesado, unida a la falta de intento de regularización de dicha situación, así como la ausencia de cualquier tipo de arraigo del mismo en territorio español, puesto que no posee vínculos familiares y económicos y laborales supongan una especial relación con España.

En este sentido debe señalarse si bien el juzgador de instancia y la sentencia ahora apelada aprecio, que el recurrente aportó prueba documental de la que se desprende arraigo suficiente en territorio nacional, lo cierto es que la actividad probatoria contenida en los autos se limita a incluir los siguientes documentos: copia del certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de Madrid. Copia de pasaporte en la que no consta sello de entrada en España a través de puesto fronterizo habilitado a tal efecto. Copia de la historia clínica de la asistencia sanitaria que se le ha prestado al recurrente en territorio nacional como consecuencia de un accidente con arma blanca y del que se derivó la necesidad de practicarle una intervención quirúrgica.

De los documentos enunciados no se desprende una mínima vinculación especial del recurrente con el territorio nacional, más allá de una mera presencia en el mismo por un determinado período de tiempo.

En cuanto al empadronamiento es la propia ley de bases del régimen local de 2 abril 1985 la que evita todo género de dudas al respecto estableciendo en su artículo 18.2 que" la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni le atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España"; de acuerdo con esta norma es imposible considerar empadronamiento como indicio de algún tipo de arraigo.

Por lo que se refiere al historial clínico y a la necesidad de que el demandante se le practique una operación quirúrgica, la cual por otro lado ya ha debido tener lugar puesto que se indica que la fecha de la misma era el 3 febrero del año 2010 , son elementos que han sido tenidos en cuenta a la hora de adoptar el fallo de la resolución, ya que en el párrafo cuarto del Fundamento Jurídico cuanto se manifiesta que "se trata de un extranjero pendiente de una nueva intervención quirúrgica en España el 3 febrero 2010 ,lo que ha de tenerse específicamente en cuenta, además de las restantes circunstancias de arraigo recogidas en dicho acto previo." El hecho de haber sido perceptor de servicios de la sanidad española únicamente acredita la excelente cobertura sanitaria de la que dispone España de modo que afortunadamente pueden disfrutar de la misma todas las personas que se encuentren en el territorio nacional con independencia de la situación jurídica en la que se encuentre.

En cualquier caso, y aplicando "a sensu" contrario el razonamiento contenido en la sentencia apelada, deberíamos concluir que si la vinculación de la parte demandante con el territorio nacional se basa en la necesidad de que se le practique determinada cirugía, habiéndose realizado la misma y no teniendo ninguna grave enfermedad, la razón de su permanencia en España desaparece.

QUINTO.- En virtud de lo expuesto es evidente que en el recurrente el hecho constitutivo de la infracción grave denota su innegable grado de culpabilidad de voluntad de incumplimiento de la norma, dado que es perfectamente conocedor de la inevitable obligación de contar con la oportuna documentación habilitante. Habiendo superado el período de estancia legal, no puede alegarse desconocimiento de la legislación española sobre inmigración pues resulta claro al respecto que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.

Por otra parte, atendiendo a la perspectiva de la finalidad perseguida por la regulación de la entrada y estancia en el territorio español de las personas extranjeras y al bien jurídico protegido por la infracción, la acción cometida por el recurrente tiene una notable trascendencia en la medida que frustra o pone en riesgo la finalidad perseguida por la norma de que los extranjeros se encuentren en España con la documentación o las autorizaciones legalmente exigidas, no cabiendo apreciar vulneración del principio de proporcionalidad de la sanción de expulsión ni el grado en que se impone que es la mínima, al impedir la entrada en el territorio "Schengen" por período de tres años, por lo que la resolución recurrida es ajustada a derecho, debiendo, en consecuencia, ser revocada la sentencia impugnada.

SEXTO.- Las costas procesales causadas en esta segunda instancia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ,no son de expresa imposición a la parte apelante.

Vistos los preceptos legales citados y demás general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española.

FALLAMOS

Que debemos de estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 28 de Madrid, de fecha de diciembre de 2010 , recaída en Procedimiento Abreviado 135/2010 , que estima en parte el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto contra la resolución de fecha 16 de febrero de 2009 de la Delegación del Gobierno de Madrid, debemos revocar la referida sentencia de 15 noviembre 2010 , y, en consecuencia, declaramos conforme a derecho la resolución administrativa recurrida, sin condena en costas procesales causadas esta segunda instancia.

Así por esta nuestra Sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Cualquier documento emitido por una administracion publica española o por cualquier empresa privada, profesional, etc, podría ser utilizado para acreditar su estancia en España.


Si él solicitó alguna vez ayudas publicas de cualquier tipo, pagó algun servicio por el que recibió factura, o tiene cualquier otro documento de pago o que justifique un ingreso realizado a su nombre podría servirle para ello.


No existe un listado de documentos que se puedan utilizar y otros que no. Cualquier documento como los que le hemos expresado podría ser utilizado para ello.
Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Recuerde ACEPTAR una de las respuestas para que el experto veo recompensado su trabajo, y sepa que solo el experto al que acepte la respuesta recibirá una cantidad de Just Answer sin coste adicional para usted.


Y por supuesto, no olvide que si le han quedado dudas puede solicitar las aclaraciones que necesite en este mismo hilo.



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JustAnswer.com...ha visto como desde octubre se ha disparado el número de consultas legales de nuestros lectores sobre despidos, desempleo e indemnizaciones por cese.
Los sitios web como justanswer.com/legal
...no dejan nada al azar.
El tráfico en JustAnswer ha aumentado un 14 por ciento...y hemos recibido 400.000 visitas en 30 días...las preguntas relacionadas con el estrés, la presión alta, la bebida y los dolores cardíacos han aumentado un 33 por ciento.
Tory Johnson, colaboradora de GMA sobre temas relacionados con el lugar de trabajo, habla sobre el "teletrabajo", como JustAnswer, en el que expertos verificados responden a las preguntas de las personas.
Le diré que... las pruebas que hay que superar para llegar a ser un experto son muy rigurosas.
 
 
 

Opiniones de nuestros clientes:

 
 
 
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

Conozca a los expertos:

 
 
 
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    Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
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