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Que procedimiento se debe seguir para inhabilitar a un familiar

de cualquier gestión;debido al padecimiento... Mostrar más
de cualquier gestión;debido al padecimiento esquizofrénico que tiene,con cambios frecuentes de personalidad,negación al tratamiento recetado por el psiquiátra y por orden del juez,pués ya estubo varias veces internado por los trastornos que la enfermedad le causa,vive con nuestra madre pero ella es ya de avanzada edad y está ya muy quemada por la vida y soportar a éste hijo treinta y tantos años,con tantos trastornos que le lleva causado,y nadie se quiere hacer cargo de él y se lo devuelven para casa a los pocos días del ingreso en el psiquiátrico ya que allí si pueden obligarle a tomar el tratamiento y consiguen calmarlo muy pronto,pero al venír para casa;como está solo con la madre que además es analfabeta,lo cual implíca una cierta dependencia de él,que si sabe leer,pero como muy poco margen de conocimiento y gestión,con lo cual la gente que tiene negocios le vende y luego al quedar en rojo la cuenta bancaria,parece ser que les retienen las pensiones para pagar deudas y no tienen con que subsistir y esto es muy penoso y lamentable para el resto de la familia,ya que nosotros tenemos bastante con nuestras respectívas familias y problemas,para tener que estar a cada momento pendientes de sus locuras.Ellos tienen un piso en propiedad y el miedo que tenemos nosotros es que lo pierdan con empeños y que luego se queden tirados en la calle y en exclusión social.me gustaría que ustedes nos aconsejaran de la mejor manera para buscarle la mejor y menos traumática solución al asunto,y también les quiero hacer saber que a nosotros no nos mueve ningún ánimo de lucro y que si algún ente público o privado de garantias sociales y legales les arregla éste asunto y les asesora correctamente no nos importaría que al fallecer nuestra madre y acogiéndolo a él,se quedaran con el piso en propiedad.
Espero su respuesta y les doy las gracias XXXXX XXXXX saludo.José
Enviada: hace 4 año.
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DiegoAbogado, Licenciatura
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escribió hace 4 año.


Buenas tardes,


Ustedes pueden iniciar un procedimiento judicial para incapacitar a ese familiar. Este procedimiento se regula en los arts. 756 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil y para ello tienen derecho a solicitar un Abogado de Oficio en el Colegio de Abogados de su domicilio o contratar uno de su confianza. Y tambien pueden solicitar judicialmente su internamiento en un centro adecuado a su trastorno segun el art. 763.



Le dejo la referencia legal:


Artículo 756. Competencia.

Será competente para conocer de las demandas sobre capacidad y declaración de prodigalidad el Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se solicite.

 

Artículo 757. Legitimación en los procesos de incapacitación y de declaración de prodigalidad.

1. La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz.

2. El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado.

3. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

5. La declaración de prodigalidad sólo podrá ser instada por el cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos. Si no la pidieren los representantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal.

 

Artículo 758. Personación del demandado.

El presunto incapaz o la persona cuya declaración de prodigalidad se solicite pueden comparecer en el proceso con su propia defensa y representación.

Si no lo hicieren, serán defendidos por el Ministerio Fiscal, siempre que no haya sido éste el promotor del procedimiento. En otro caso, el Tribunal designará un defensor judicial, a no ser que estuviere ya nombrado.

 

Artículo 759. Pruebas y audiencias preceptivas en los procesos de incapacitación.

1. En los procesos de incapacitación, además de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 752, el tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por si mismo y acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda y demás medidas previstas por las leyes. Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial médico, acordado por el tribunal.

2. Cuando se hubiera solicitado en la demanda de incapacitación el nombramiento de la persona o personas que hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él, sobre esta cuestión se oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, a éste, si tuviera suficiente juicio, y a las demás personas que el tribunal considere oportuno.

3. Si la sentencia que decida sobre la incapacitación fuere apelada, se ordenará también de oficio en la segunda instancia la práctica de las pruebas preceptivas a que se refieren los apartados anteriores de este artículo.

 

Artículo 760. Sentencia.

1. La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763.

2. En el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, si el tribunal accede a la solicitud, la sentencia que declare la incapacitación o la prodigalidad nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él.

3. La sentencia que declare la prodigalidad determinará los actos que el pródigo no puede realizar sin el consentimiento de la persona que deba asistirle.

 

Artículo 761. Reintegración de la capacidad y modificación del alcance de la incapacitación.

1. La sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.

2. Corresponde formular la petición para iniciar el proceso a que se refiere el apartado anterior, a las personas mencionadas en el apartado 1 del artículo 757, a las que ejercieren cargo tutelar o tuvieran bajo su guarda al incapacitado, al Ministerio Fiscal y al propio incapacitado.

Si se hubiera privado al incapacitado de la capacidad para comparecer en juicio, deberá obtener expresa autorización judicial para actuar en el proceso por si mismo.

3. En los procesos a que se refiere este artículo se practicarán de oficio las pruebas preceptivas a que se refiere el artículo 759, tanto en la primera instancia como, en su caso, en la segunda.

La sentencia que se dicte deberá pronunciarse sobre si procede o no dejar sin efecto la incapacitación, o sobre si deben o no modificarse la extensión y los límites de ésta.

 

Artículo 762. Medidas cautelares.

1. Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación.

2. El Ministerio Fiscal podrá también, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación de una persona, solicitar del tribunal la inmediata adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior.

Las mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del procedimiento de incapacitación.

3. Como regla, las medidas a que se refieren los apartados anteriores se acordarán previa audiencia de las personas afectadas. Para ello será de aplicación lo dispuesto en los artículos 734, 735 y 736 de esta Ley.




Además, en el art. 763 se regula el internamiento del presunto incapaz:


Artículo 763. Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.

 

1. El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento.

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.

En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento. Dicho tribunal deberá actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la presente Ley.

 

2. El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor.

 

3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por si mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente Ley.

En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de recurso de apelación.

 

4. En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente.

Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo inferior.

Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso, de las actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente.

Abogado3044, Abogado
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escribió hace 4 año.

Hola

 

Debe interponerse demanda, requiere aboigado, en juzgado de familia, en base a

 

 

Solicitaremos la prueba adelantada de informe psiquiátrico, para que se tomen medidas cautelares, y en base a dicho informe como prueba adelantada

 

Interpuesta la demanda su señoría decidirá, sobre la procedencia de las medidas que solicitamos, y el nombramiento de un tutor, que supervisará cada acto de disposición del incapaz

 

Le dejo modelo de demanda

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE _____

DON/DOÑA __________, Procurador/a de los Tribunales, colegiado nº ______ en nombre y representación de DON/DOÑA __________, como se acredita mediante la escritura de poder general para pleitos que se acompaña, bajo la dirección del letrado/a DON/DOÑA __________, colegiada nº __ ; ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito, y en la representación que ostento, formulo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 756 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil DEMANDA DE INCAPACITACIÓN de DON/DOÑA __________ , con domicilio en _____ , calle _____ .

Se basa la demanda en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO.-La presente demanda la interpone el/la hijo/a del demandado/a, Don/Doña __________, que es quién se ha venido ocupando de ella desde el comienzo de su enfermedad. A efectos de prueba del parentesco, se aporta Partida Literal de Nacimiento como Documento nº __.

SEGUNDO.-Que Don/Doña __________, comenzó a mostrar, desde hace años, alteraciones de personalidad, pérdidas de memoria, alteraciones de la percepción, incoherencia en la comunicación, descontrol emocional, baja agudeza visual y de audición, y, en definitiva, síntomas de demencia senil, que, lamentablemente, lejos de remitir, se han agudizado hasta el extremo de que en la actualidad, Don/Doña __________ precisa ayuda permanente para cuidar de su persona, y carece absolutamente de capacidad para gobernarse por sí mismo/a.

Se aportan, como Documentos núms. __ a __ los informes médicos correspondientes al curso de su enfermedad, estado actual y situación clínica.

TERCERO.-Que el agravamiento del estado del/a demandado/a, así como el carácter degenerativo de la enfermedad que padece, y los múltiples problemas asistenciales que su estado requiere, hace imposible que mi representado/a continúe atendiéndole como ha hecho hasta ahora.

Mi representado/a necesita cuidados de forma permanente pues dada la enfermedad psíquica que padece y el diagnóstico de diabetes mellitus y deterioro cognitivo vascular, no puede valerse por sí misma. Evidentemente, mi representado/a no puede dispensarle la atención constante que su madre necesita al tener un trabajo diario que le impide estar con el/la. Por ello, ha intentado contratar a una persona de atención a mayores que pueda atenderle constantemente oponiéndose a ello el hermano/a de mi representado/a.

CUARTO.-Tal como hemos indicado mi representado/a tiene un hermano/a, Don/Doña __________.

En justificación se acompaña Certificación Literal de Nacimiento como Documento nº __ .

El hermano/a de mi mandante además de oponerse a la contratación de una persona que cuide de _____, tampoco se ocupa del cuidado de éste, aún cuando es él/la quien tiene la autorización y control del dinero y patrimonio de _____ . Por ello, cuando mi mandante ha indicado a su hermano/a que sería necesario contratar alguna persona que se hiciera cargo del cuidado de _____ , éste/a ha evitado la conversación. Como la situación se ha agravado en estos últimos tiempos, ello supone un elevado riesgo el que Don/Doña __________ permanezca a diario completamente solo en su domicilio.

QUINTO.-El/la presunto incapaz contrajo matrimonio con Don/Doña __________ habiendo fallecido éste.

Acompañamos como Documento nº __ certificado literal de matrimonio.

SEXTO.-Don/Doña __________ es propietario/a por adjudicación con carácter ganancial de la vivienda sita en _____ , calle _____ .

Se adjunta nota simple informativa del Registro de la Propiedad como Documento nº __.

SÉPTIMO.-Desde el fallecimiento del esposo/a del presunto/a incapaz, el hijo/a de éste, Don/Doña __________ , viene haciéndose cargo de los ingresos y patrimonio del presunto/a incapaz presentándole la declaración de IRPF e IVA correspondiente a las rentas que el/la Sr/Sra __________ percibe en concepto de alquileres.

En justificación, se adjuntan copias de la declaración de IRPF e IVA como Documentos núms., __ y __ .

OCTAVO.-Que a los efectos de la audiencia prevenida en el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se relacionan a continuación los parientes más próximos del demandado/a:

- DON/DOÑA __________ Nota .

- DON/DOÑA __________ Nota .

A los hechos referidos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) PROCESALES:

I

JURISDICCIÓN: Es competente la jurisdicción civil, con arreglo a lo establecido en los artículos 9.2 y 21.1 de la LOPJ.

II

CAPACIDAD: Mi mandante ostenta la capacidad procesal necesaria, conforme al artículo 6.1º de la Ley de Enjuiciamiento civil.

III

REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA: En aplicación de lo establecido en el artículo 750.1 Nota , la parte demandante actúa representada por Procurador legalmente habilitado para actuar ante este Juzgado, y asistida por Abogado.

IV

LEGITIMACIÓN: Está legitimada mi representado/a, por aplicación del artículo 757.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en calidad de hijo/a del demandado/a.

V

COMPETENCIA: Es competente el Juzgado al que nos dirigimos según lo establecido en el artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al ser el de lugar de residencia de la demandada.

VI

PROCEDIMIENTO: El procedimiento adecuado para tramitar las demandas de incapacitación es el juicio verbal, conforme a lo establecido en el artículo 753 Nota de la Ley de Enjuiciamiento Civil, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos. 756 y siguientes, especialmente el artículo 759.1, todos ellos de la misma Ley procesal civil.

VII

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL: Conforme a lo establecido en el artículo 749.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal.

VIII

DICTAMEN PERICIAL MÉDICO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 759.1 de la LEC, procede previamente a la declaración de incapacidad, que el Tribunal designe médico que elabore dictamen pericial.

IX

B) DE FONDO:

a) Derecho sustantivo:

Se invocan los artículos 199 y 200 del Código Civil, ya que el demandado sufre una enfermedad psíquica que le impide gobernarse por sí mismo, debiendo ser incapacitado, en consecuencia, por sentencia firme.

Y, asimismo, en cuanto al nombramiento de una persona que, con arreglo a la ley, se encargue de asistir y representar al demandante, son de aplicación, los artículos que conforman el Título X del Libro I del código civil, relativas a la tutela, curatela, guardia y custodia de menores e incapaces, en relación con el artículo 759.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé para estos casos la audiencia, entre otras personas posibles, de los parientes más próximos del presunto incapaz.

b) Jurisprudencia:

Nota

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, con sus documentos y copias de todo ello, se sirva de admitirlo, y por interpuesta DEMANDA DE INCAPACITACIÓN frente a DON/DOÑA __________ , se le dé el trámite correspondiente, con intervención del Ministerio Público y previa audiencia de los parientes designados en el cuerpo del presente escrito, examen del presunto incapaz por su Señoría y dictamen pericial médico designado por el Tribunal, se dicte Sentencia en la que se acuerde:

1º.-La incapacitación Nota de Don/Doña __________ para gobernar su persona y sus bienes, estableciendo, en su caso, la extensión de la incapacitación, y el régimen tutelar que proceda.

2º.-Designar a Don/Doña __________ como tutor y persona encargada de representar y amparar, en adelante, los intereses del incapaz.

3º.-Oficiar al registro civil correspondiente a efectos de la inscripción de la Sentencia.

OTROSÍ DIGO: Que de conformidad con lo establecido en los artículos 293 y 294 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitamos la anticipación de los siguientes medios de prueba a fin de que el día que seamos citadas las partes para la celebración del juicio dispongamos de las mismas a los efectos de práctica de las pruebas que se quieran hacer valor en el acta del juicio:

1º.-Se requiera a Don/Doña __________ para que aporte al Juzgado certificaciones de los números de cuentas bancarias y saldo de las que sea titular el/la presunto/a incapaz.

2º.-Se requiera a Don/Doña __________ para que aporte o indique al Juzgado las viviendas sobre las que percibe rentas por alquileres el/la presunto/a incapaz, así como sus cuantías.

SUPLICO AL JUZGADO: Acuerde la anticipación de la prueba de conformidad con lo interesado.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que siendo general para pleitos el poder que se acompaña, y necesitándolo para otros usos,

SUPLICO AL JUZGADO: Acuerde ordenar su desglose y devolución a esta parte, dejando el mismo constancia suficiente en Autos.

Es Justicia que pido en _____ a, __ de _____ de ____ .

Fdo: Fdo:.

Colegiado/a nº__ . Colegiado/a nº __ .

Nota Nota

 

DiegoAbogado, Licenciatura escribió hace 4 año.

Le dejo a modo de ejemplo una sentencia de incapacitacion de una persona con trastornos similares a los que usted ha expresado tras haberse seguido el procedimiento que le he indicado.



Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 427/2005

Ponente: Ilmo. Sr. D. José Antonio San Millán Martín

 

La Audiencia Provincial de Valladoliddeclara no haber lugaral recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia de fecha24-04-2005dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Valladolid.

En Valladolid, a siete de diciembre de dos mil cinco.

Vistos por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos de proceso sobre capacidad núm. 459/04 del Juzgado de 1ª Instancia núm. Tres de Valladolid, seguido entre partes, de una como demandantes apelados D. Cosme mayor de edad y vecino de Valladolid y Dª Carina mayor de edad y vecina de Valladolid, representados por el Procurador D. Fernando Toribios Fuentes y defendidos por el Letrado D. Jesús Lozano Blanco, y como demandada apelante Dª Elisa mayor de edad y vecina de Valladolid, representada por la Procuradora Dª Mª Dolores Díaz-Alejo Rodríguez y defendida por el Letrado D. Carlos Ricardo Bernardo Redondo, y, como demandado apelado el Ministerio Fiscal; sobre declaración de incapacidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO

Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 24 de abril de 2005, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: «Estimando la demanda de incapacidad formulada por el Procurador D. Fernando Toribios Fuentes, en nombre y representación de D. Cosme y Carina contra Dª Elisa, representada por el Procurador Sra. Díaz Alejo, procede efectuar los siguientes pronunciamientos: 1º.– Declarar a Dª Elisa incapaz para regir su persona y bienes. 2º.– Constituir a la demandada en estado civil de incapacitación parcial, tanto a nivel personal (para todo lo que exceda de la vida ordinaria pero sin afectar al derecho de sufragio), y patrimonial, para todo lo que exceda de la administración y disposición del "dinero de bolsillo", por tanto, actos comprendidos en los números 2 a 10 del art. 271 del CC ( LEG 1889, 27) . 3º.– Se rehabilita la Patria Potestad sobre la incapaz en la persona de sus padres D. Cosme y Dª Carina.– No se hace expresa declaración sobre costas.– Firme que sea esta resolución, procédase a comunicar de oficio al Encargado del Registro Civil correspondiente a los fines de inscripción al margen de la inscripción de nacimiento de la incapaz, haciendo constar expresamente que la incapacidad afecta al derecho de sufragio. Librándose oficio a la Oficina Provincial del Censo Electoral.– Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, dejando el original en el libro».

TERCERO

Notificada a las partes la referida sentencia, por la Procuradora Sra. Díaz Alejo en representación de la demandada se preparó recurso de apelación que fue interpuesto dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para celebración de Vista el día 30 de noviembre pasado, en que ha tenido lugar lo acordado. recogiéndose el acto en el correspondiente soporte informático.

Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jose Antonio San Millán Martin.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Promovida la incapacitación de Dª Elisa, por sus propios padres Dª Carina y D. Cosme, con el apoyo del propio Ministerio Fiscal, se dicta Sentencia de fecha de 22-4-05, por la que se declara su incapacidad, parcial, en el orden personal para todo aquello que exceda de la vida ordinaria (sin afectar al derecho de sufragio) y en la esfera patrimonial, para todo aquello que exceda de la administración y disposición del llamado dinero de bolsillo, es decir, actos comprendidos en los números 2 a 10 del art. 271 del Código Civil ( LEG 1889, 27) . Lo que es objeto de recurso, por la propia declarada incapaz, parcial, que considerándose plenamente capaz de regir su persona y bienes sin limitación alguna, expone la paradoja de la situación creada por la presente declaración, en tanto en cuanto desde hace algún tiempo vive completamente sola, al tiempo que de forma subsidiaria interesa la revocación de la rehabilitada patria potestad sobe la misma a favor de sus padres, para que, en su caso, se active el mecanismo tutelar, con sometimiento a curatela a favor de institución pública, y que se limite la intervención en su gobierno personal a los actos de administración económica extraordinarios.

SEGUNDO

Como ya ha tenido ocasión de reflexionar este Tribunal ( Sentencias de fecha de 26-9-03 [ JUR 2004, 74625] , 28-11-05, ...) en materia de incapacidad el Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que, respecto de la realización de los actos económicos que siendo de entidad superior a la autoadministración personal y familiar, impliquen cierta complejidad económica, los enumerados en el art. 271, núm. 2 a 8 del Código Civil ( LEG 1889, 27) . ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20-5-94 [ RJ 1994, 3723] , 19-2-96 [ RJ 1996, 1413] , 19-5-1998 [ RJ 1998, 3378] , que, «desarrollan aquel precepto –el artículo 200 del Código civil–), objeto de restricción en situaciones de incapacidad parcial declarada, que no obstante ser la capacidad de las personas físicas, atributo de la personalidad, cabe su restricción y control, por disposición expresa de la Ley mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, pues los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva y patrimonial». Porque, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 1999 ( RJ 1999, 6938) «implicando la incapacitación la decisión judicial de carecer de aptitud una persona para autogobernarse (así, SSTS 31 de diciembre de 1991 [ RJ 1991, 9483] y 31 de octubre de 1994 [ RJ 1994, 8004] ) respecto a su persona y patrimonio, debe regir el principio de protección al presunto incapaz, como trasunto del principio de la dignidad de la persona, lo que debe inspirar aquella decisión judicial; ésta siempre se deberá apoyar en la realidad fáctica de la persona del presunto incapaz, comprobada por la prueba que exige el art. 208 CC ( LEG 1889, 27) y todo aquello que sea preciso, y siguiendo siempre un criterio restrictivo; la situación, pues, de in idoneidad natural para regir su persona y administrar y disponer de sus bienes, debe quedar claramente acreditada y correctamente valorada, aplicando el art. 210 en el sentido de fijar adecuadamente la extensión y los límites de la incapacitación. La sentencia de 11 de junio de 2004 ( RJ 2004, 4428) , matiza que, «la incapacitación, como privación de la capacidad de obrar de la persona física, estado civil que tan sólo se constituye por sentencia, como dice el artículo 199 del Código civil y destacan las sentencias de 31 de diciembre de 1991 ( RJ 1991, 9483) y 31 de octubre de 1994 ( RJ 1994, 8004) y por las causas establecidas por Ley, que, como concreta el artículo 200, son las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma, enfermedad que ha de ser constante, entendida como permanencia hacia el futuro, como dice la sentencia de 19 de febrero de 1996 ( RJ 1996, 1413) y en el mismo sentido, matizando el concepto, la de 26 de julio de 1999 ( RJ 1999, 7845) ; en todo caso, supone la carencia de aptitud para autogobernarse, como dice textualmente la sentencia citada de 31 de diciembre de 1991 y reitera la de 9 de mayo de 2002 ( RJ 2002, 4051) .

TERCERO

Pues bien, en el caso de autos, sólo cabe concluir en la pertinencia y toda procedencia de la impugnada declaración de incapacidad, parcial, pese a las argumentaciones del recurso promovido, que fundamentalmente se concentran y quieren fundamentar en al circunstancia de que la incapacitada, vive sola desde hace algún tiempo, en vivienda alquilada, lo que a juicio de esa defensa, implica la palmaria demostración de su plena capacidad para regir su persona y bienes. Pero tal circunstancia resulta a juicio de este Tribunal, un error, porque no puede desconocerse el dato objetivamente científico y no contradicho en forma alguna de que Dª Elisa está diagnosticada de un transtorno afectivo bipolar o de Psicosis maniaco depresiva, actualmente en fase mixta, hipertímica inestable (F31 3) de personalidad hiperemotiva, sensitiva y psico-rígida con rasgos histrionarcisistas y conductas instintivas contradictorias (F63 9) con alteraciones en la conducta alimentaria. Dª Elisa nació en fecha de 19-11-68, es enfermera y como tal ha trabajado en Centros Públicos hospitalarios, tiene antecedentes de tratamiento psiquiátrico con episodios de internamientos en instituciones psiquiátricas. Anterior cuadro psicótico, que reúne todas las características de resultar persistente, sin perjuicio de que se registren episodios de mayor o menor intensidad y manifestación, y que indica una suficiente gravedad como para merecer a criterio de los profesionales una limitación en sus facultades de autogobierno, si bien que en modo alguno, y tiene interés este propio Tribunal que la propia interesada, (que conserva plenas sus facultades intelectivas), interprete bien esta reflexión, de forma total o plena, sino tan solo una limitación en algunas de sus facultades, principalmente las orientadas al orden patrimonial, más allá de la administración ordinaria cotidiana; una limitación ciertamente atenuada y restringida cual la postulada en la propia Sentencia al declarar su situación de incapacidad parcial, que sólo refiere limitaciones para los concretos actos referidos en el art. 271, núm. 2 a 10, es decir, y en concreto: realización de los actos económicos que siendo de entidad superior a la autoadministración personal y familiar, impliquen cierta complejidad económica, en particular: enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, celebración de contratos de carácter dispositivo y susceptibles de inscripción, renunciar derechos, aceptar sin beneficio de inventario herencias o repudiarlas o realizar liberalidades, acometer gastos extraordinarios en los bienes, ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años, dar y tomar dinero a préstamo, disponer a título gratuito de bienes y derechos, ceder a terceros créditos que ostente, ceder a terceros créditos.

Y la circunstancia de que Dª Elisa viva sola tampoco determina o contradice anterior situación en su diagnóstico, si se advierte además que tal independencia, por el solo hecho de vivir sola en vivienda alquilada, es cuando menos relativa, porque, además en el caso de autos Dª Elisa mantiene una fuerte dependencia económica con sus padres y aun afectiva con los mismos y demás hermanos, y tampoco sería, ese hecho por sí solo, demostrativo de una plena capacidad. Dª Elisa, perdió su independencia económica cuando de forma voluntaria abandona el ejercicio de su profesión, la que venía ejerciendo, al parecer con total normalidad, incluso en concretos destinos de cierta responsabilidad, sin que hasta el momento haya subvenido al ejercicio de cualquiera otra actividad, incluso la orientada a la vertiente artística como ella misma manifiesta. Por tanto, se dan en el caso de autos, todos los requisitos necesarios para la declaración impugnada: patología de suficiente entidad para la parcial incapacitación, carácter persistente de la misma y consiguiente apreciación jurídica de que su patología determina una, aun leve, parcial, capacidad de autogobierno de su persona.

En cuanto a la cuestionada rehabilitación de la patria potestad, estima, en efecto, este Tribunal, correcta la solución escogida, por cuanto que, pese a que no se ignoran las fricciones habidas entre Dª Elisa con sus padres, y partiendo de la relativizada independencia en su formas de vida de la misma, dadas sus actuales dependencias, no resulta aconsejable introducir, para el desempeño de esas muy concretas parcelas de actuación de Dª Elisa, para las que necesita asistencia, la irrupción de otra persona extraña al ámbito familiar en que todavía se desenvuelve, ni mucho menos a cargo de un organismo o institución, cuando sus propios padres se encuentran en actuales condiciones de idoneidad para su desempeño, tal y como lo viene haciendo en la actualidad, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir en el futuro. La tutela de las personas físicas, sobre todo las más queridas o cercanas, es siempre más idónea que la de las personas jurídicas siempre abstractas), pese a la existencia de algunas fricciones, lógicas en toda convivencia o relación, por otra parte que no cuestiona la presunción de mejor desempeño del cargo (art. 234 del Código Civil [ LEG 1889, 27] ).

CUARTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts 394 y 398, de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual y vigente, Ley 1/00, de 7 de enero ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , y por solicitud expresa de ambas partes, sobre las costas procesales causadas en este recurso de apelación, no cabe pronunciamiento alguno.

Vistos : los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Desestimando el recurso de apelación , promovido por la representación procesal de, Dª Elisa, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia, núm. 3, de Valladolid, de fecha de 22-4-05, dictada en los autos de juicio sobre incapacidad, promovidos por Dª Carina y D. Cosme, debemos confirmar íntegramente , referida resolución recurrida.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. –Seguidamente ha sido leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que se indica en la misma, estando constituida en audiencia pública esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, lo que como Secretario certifico.

PUBLICACIÓN. –En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr./a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

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