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Hola, alquile un piso el 1 de enero del 2009, hasta dia de

Pregunta del cliente

Hola, alquile un piso el 1 de enero del 2009, hasta dia de hoy no me habia subido el IPC correspondiente, ahora lo va a actualizar, pero cobrandome los atrasos. Cuanto tendre que pagarle de atrasos?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Hola:

 

Su arrendador carece de habilitación legal de pedirle unas actualizaciones de rentas que pudiendole haber pedido no lo ha hecho, lo cual le inhabilita a solicitarlas fuera de plazo

 

Es decir que le puede actualizar la renta, tomando el IPC o el indicador que al efecto usen en su contrato, notificando esta intención con un mes de preaviso, y ésto le faculta a solicitar la renta actualizada desde el mes siguiente a la notificación.

 

Pero Ud no tiene porque pagar atrasos.

 

Eso sí, le puede actualizar de golpe los ejercicios no actualizados, pero no cobrar lo que no cobró por dejadez propia

 

Le dejo sentencia aclaratoria

 

 

AP Badajoz, Sec. 2.ª, 112/2011, de 31 de marzo Recurso 146/2011. Ponente: FERNANDO PAUMARD COLLADO. EXTRACTOS El arrendador no puede reclamar rentas anteriores a la actualización de las que no consta existiera notificación alguna "... Por tanto, no puede, en el supuesto hoy enjuiciado, el arrendador reclama diferencias de rentas anteriores a la revisión, sin perjuicio de efectuarla a partir de la del mes siguiente a la notificación, como señala el Art. 18.3 citado; es posible, pues, calcular los índices de modo acumulativo respecto a las anualidades anteriores en que no se hubiera efectuado la revisión, como ya era jurisprudencia anterior bajo la vigencia de la L.A.U. de 24/12/1964 . Así, pues, la revisión no opera de manera automática, sino que exigen la previa notificación por escrito, si bien no necesariamente fehaciente, con expresión del porcentaje de alteración aplicado y, acompañado, si el arrendatario lo exige certificado del I.N.E., o haciendo referencia al Boletín Oficial en que se publicó. Y la actualización será exigible a partir del mes siguiente a aquel en que se realice la notificación (que puede ser verbal, en un marco de reciproca confianza entre las partes), pero en todo caso debe haber constancia de la recepción por el arrendatario. TERCERO.- Reconoce el apelante que el criterio unánime, respecto de las actualizaciones, es que se produzca la manifestación de voluntad por el arrendador al arrendatario y que, en el supuesto enjuiciado, esta notificación se había producido como así lo declara el testigo D. Humberto . Pero he aquí que, dicho testigo, que es el contable de los demandantes, por tanto, persona dependiente laboralmente de los actores -lo que permite dudar de su imparcialidad-, sin embargo, declaró que las únicas comunicaciones sobre actualización de las rentas son las que constan referidas a mayo de 2009 y agosto de 2009, no habiéndose producido ninguna otra notificación de la actualización que correspondía. En conclusión, pues, que sólo son admisibles las actualizaciones que se han producido conforme al procedimiento del Art. 18.3 de la LAU ; pero no las anteriores; habiendo sido atendidas por el arrendatario, las actualizaciones debidamente notificadas. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada. SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el Juzgado de 1ª Instancia Nº 1 de BADAJOZ, por el mismo se dictó sentencia con fecha 17/01/2011 , cuya parte dispositiva dice: "Desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Mallén Pascual, en nombre y representación de D. Argimiro y Dña. Tania (comuneros de DIRECCION000 , C.B.), frente a GRUPO EL ARGOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMECADOS, S.A.U., representada por el Procurador Sr. Pérez Pavo, ABSUELVO a AGRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMECADOS, S.A.U. de la pretensión deducida frente a ellos. Se imponente las costas del procedimiento a la parte actora." Notificada dicha resolución a las partes, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en y cumplidos los trámites correspondientes, se remitió a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida. TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El recurso que se examina no puede prosperar porque, según la interpretación jurisprudencial unánime del Art. 18.3 de la Ley de arrendamientos Urbanos de 24/12/1994 , aplicable al supuesto examinado -que es arrendamiento, no de vivienda, sino de local de negocio- por mor de la cláusula 12ª.1º del propio contrato que vincula a las partes de 1/7/2003 , la actualización no es obligatoria, ni opera de forma automática, sino que exige un previo requerimiento, y, en el supuesto de que las partes dejasen transcurrir una primera anualidad sin actualizar la renta y se ejercitase esa facultad al cumplirse el segundo año, se discute, en la doctrina, si esa actualización debía comprender todo el incremento de los dos años anteriores o bien si debía entenderse que se había producido una renuncia a la actualización del primer año. Pues bien, la doctrina más autorizada y mayoritaria, es partidaria de considerar que la revisión de la renta ha de alcanzar todo el periodo transcurrido, aunque el arrendador no pueda reclamar los aumentos anteriores al ejercicio de su facultad de actualización; pues mientras no prescriba el derecho del arrendador a reclamar las rentas, no puede entenderse impedido su ejercicio. En el mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia,(así en SS.T.S. de 7/7/1972 ; 18/4/1990 ): (el hecho de no pedir la revisión correspondiente a un tiempo determinado no implica renuncia o abandono de tal facultad; ni el retraso en su ejercicio, una conducta contraria a la buena fe; al contrario se estima un beneficio para el arrendatario que ha estado pagando una renta no actualizada durante varios años, pero esto no ha de impedir que el arrendador actualice la renta y se determine la que se debe en el futuro, teniendo en cuenta la eficacia de los índices o porcentajes correspondientes a periodos no prescritos); (y según SS. 13/05/1986 ; 25/11/1987 ): (no hay ejercicio abusivo del derecho, ni se falta a la buena fe por el hecho de no revisar la renta durante siete años y después de estar cobrando, en todo ese tiempo, la correspondiente a 1978, realizar la revisión partiendo de ella la primera vez y, sobre la actualizada, en las restantes, dado que sólo así se consigue la finalidad perseguida con las cláusulas de estabilización de mantener el carácter no aleatorio, sino conmutativo que a propio del contrato de arrendamiento y que debe manifestarse en la equivalencia de las prestaciones mediante corrección del nominalismo monetario, lo que implica un beneficio para el arrendatario que durante 7 años ha pagado menos de lo pactado). Por otra parte, los efectos de la actualización no puede tener efecto retroactivo, sino que la revisión se realiza ex nunc; así las SS.T.S. 28/03/1990 y 31/01/1998 ; declaran que (la cláusula de estabilización incorpora al contrato la facultad de que las partes emanen la declaración recpticia dirigida a la contraria, originadora de una modificación (el precio, en el caso del arrendamiento) de la relación negocial básica, pero con efectos "ex nunc", o sea, sólo desde que se produce y se recibe la declaración modificativa y no "ex tunc" o sea desde el tiempo en que pudo efectuarse). Tambien la jurisprudencia menor entiende que la renta puede revisarse con todos los índices de los años anteriores que no se pasaron, porque el arrendatario ya se ha beneficiado de la pasividad del arrendador; pero esa actualización será sin efectos retroactivos. ( S.A.P. Granada, 4ª, 23/5/2005 ; Valencia, 11ª, 8/3/2004 ; Barcelona, 13ª, 19/10/2004 ). SEGUNDO.- Por tanto, no puede, en el supuesto hoy enjuiciado, el arrendador reclama diferencias de rentas anteriores a la revisión, sin perjuicio de efectuarla a partir de la del mes siguiente a la notificación, como señala el Art. 18.3 citado; es posible, pues, calcular los índices de modo acumulativo respecto a las anualidades anteriores en que no se hubiera efectuado la revisión, como ya era jurisprudencia anterior bajo la vigencia de la L.A.U. de 24/12/1964 . Así, pues, la revisión no opera de manera automática, sino que exigen la previa notificación por escrito, si bien no necesariamente fehaciente, con expresión del porcentaje de alteración aplicado y, acompañado, si el arrendatario lo exige certificado del I.N.E., o haciendo referencia al Boletín Oficial en que se publicó. Y la actualización será exigible a partir del mes siguiente a aquel en que se realice la notificación (que puede ser verbal, en un marco de reciproca confianza entre las partes), pero en todo caso debe haber constancia de la recepción por el arrendatario. TERCERO.- Reconoce el apelante que el criterio unánime, respecto de las actualizaciones, es que se produzca la manifestación de voluntad por el arrendador al arrendatario y que, en el supuesto enjuiciado, esta notificación se había producido como así lo declara el testigo D. Humberto . Pero he aquí que, dicho testigo, que es el contable de los demandantes, por tanto, persona dependiente laboralmente de los actores -lo que permite dudar de su imparcialidad-, sin embargo, declaró que las únicas comunicaciones sobre actualización de las rentas son las que constan referidas a mayo de 2009 y agosto de 2009, no habiéndose producido ninguna otra notificación de la actualización que correspondía. En conclusión, pues, que sólo son admisibles las actualizaciones que se han producido conforme al procedimiento del Art. 18.3 de la LAU ; pero no las anteriores; habiendo sido atendidas por el arrendatario, las actualizaciones debidamente notificadas. CUARTO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición de costas al apelante (Art. 398 LEC : principio del vencimiento objetivo). Vistos los artículos citados y los de general y pertinente aplicación. FALLAMOS Que, desestimando como desestimamos, el Recurso de Apelación deducido por la representación procesal de Argimiro y Tania , contra la Sentencia nº 4/2011, de 17 de enero, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Badajoz, en el Juicio Verbal nº 1.553/2010 , DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente, dicha resolución, con imposición de costas al apelante. Contra esta resolución no cabe ulterior recurso. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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Cliente: escribió hace 4 año.

yo he estado pagando la comunidad sin que me correspondiera por contrato, tampoco puedo reclamarlo?, es que el tema de la actualizacion a salido a raiz de este tema y segun la arrendataria, sus asesores estan haciendo las cuentas para pagos y descuentos

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Si Ud está pagando algo fuera de contrato, puede reclamar dejar de hacerlo, incluso reclamar lo indebidamente abonado.

 

Pero aqui ya no es algo pacífico puesto que nos pueden aplicar la teoría de los actos propios, es dcir la consolidación del derecho por haber estado pagando

 

Le aconsejo dejar de pagar esa comunidad, sin reclamar lo anteriormente abonado.

 

También es cierto que en su caso no se discute que Ud no deba pagarlo desde el contrato, lo cual le ayuda mucho a dejar de pagarlo

 

Lo que encuentro más complicado es reclamar lo indebidamente pagado

 

Si no lo ha hecho ya envíe burofax diciendo que a partir de un mes despues de la recepción no pagará ese gasto.

 

Hecho esto deje de pagarlo

 

Al igual que antes le avalo mi tésis con jurisprudencia al efecto

 

AP Madrid, Sec. 20.ª, 344/2010, de 11 de mayo Recurso 98/2009. Ponente: PURIFICACION MARTINEZ MONTERO DE ESPINOSA. EXTRACTOS Aplicando la doctrina de los actos propios y al haber satisfecho el IBI en anualidades anteriores esta obligado el inquilino a satisfacerlo "... Ello es así dado que, no se puede fijar la parte apelante para desvirtuar la valoración conjunta que de la prueba ha realizado el Juez de primer grado en una carta de fecha 14 de marzo de 2007 , cuando ya había surgido la polémica entre ellas por razón de la renta que debía satisfacer; sino que hemos de atenernos, como con acierto efectuó el Juzgador "a quo", entre otras pruebas, a la carta que el demandante remitió al arrendador, de fecha 9 de febrero de 1998 - folios 185 y 186 de los autos- en la que se expresa, en definitiva, que no puede acceder a sus deseos de pagar el IBI de una sola vez, sino que lo efectuará en doce mensualidades. A lo que se ha de añadir, el hecho cierto de haber venido haciendo frente al pago del mismo sin polémica, cuando menos, hasta octubre de 2002; así como por haber reconocido el demandante en el acto del juicio que desde 1998 viene pagando el IBI, sin que, por el contrario haya acreditado que ello haya sido debido a una defectuosa información previa del arrendador; lo que determina que haya de ser rechazado este primer motivo de recurso. ..." Aplicando la doctrina de los actos propios y al haber satisfecho los gastos de comunidad en anualidades anteriores esta obligado el inquilino a satisfacerlo "... En cuanto al segundo motivo de recurso resaltar que, siempre ha venido haciendo frente al pago de los gastos de comunidad ordinarios, en los que estaba incluido el seguro de la finca y todos aquellos otros necesarios para el mantenimiento de la misma, sin salvedad alguna, excepción hecha de las derramas por obras y demás gastos que se repercutían en el tanto por ciento pactado; habiendo reconocido en el acto del juicio que el administrador "buzoneaba" , es decir, depositaba en el buzón, la información correspondiente a la comunidad de propietarios, relativa a cuentas, convocatorias de las juntas etcétera; contando también la Urbanización con salones sociales, piscinas y zonas ajardinadas de las que disfruta. Lo que no puede pretender ahora el arrendatario es que, trayendo causa su contrato de otro anterior, de fecha 30 de junio de 1.982, tal y como figura en la estipulación segunda del mismo, y habiéndose reconocido expresamente como sometido a la prorroga forzosa del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 , acogerse, según le convenga, a la interpretación que efectúa de su clausulado, según estén o no sometidos a la prorroga forzosa prevista en el mencionado precepto. Es decir, si el arrendatario se obligó a pagar los gastos de la comunidad de propietarios, sin salvedad alguna y con referencia expresa al pago también de las derramas, siempre que éstas no superen el 30 por 100 de los gastos normales de la comunidad considerados en su cómputo anual, de cuyo exceso se hará cargo el arrendador y, además, así lo ha venido haciendo desde la firma del mismo, lo que no puede sostener ahora es que, por estar sometido su contrato a dicha prorroga, se vea excluido, con carácter general, de los gastos que se generan por la prestación de nuevos servicios en la comunidad, como la vigilancia, de la que disfruta; pues, como acertadamente sostiene la parte demandada, se originaria un claro desequilibrio en las prestaciones, por estar obligada ella a consentir la prorroga del contrato hasta que el inquilino tenga por conveniente; amén de haberse comprometido, como se ha dicho, sin salvedad alguna, no sólo al pago de los gastos de comunidad, sino también, hasta el 30 por 100 del gasto ordinario de la comunidad en un año, en concepto de derrama. Pues no cabe olvidar tampoco que se trata de una vivienda en una urbanización en la que se cuenta con club social, piscinas, amplias zonas ajardinadas, etcétera, en claro beneficio del usuario de la vivienda integrada en ella. ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Majadahonda, en fecha 12 de septiembre de 2.008, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda presentada por la representación procesal de Jose Antonio contra Luis Francisco y Bernardino ha lugar a hacer los siguientes pronunciamientos, sin especial imposición de costas: 1º Que el contrato de arrendamiento que al día de hoy vincula a Jose Antonio y Bernardino ha de regirse por lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera Apartado 1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1.994 , como contrato celebrado a partir del 9 de mayo de 1.985, no siéndole aplicable por pacto expreso lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Ley de 30 de abril de 1.985 sobre medidas de política económica.- 2º.- Que NO ha lugar a declarar que la parte actora no está obligado a pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda arrendada.- 3º Que el arrendador tiene obligación de acreditar debidamente al arrendatario todos y cada uno de los gastos de Comunidad que pretenda repercutir al amparo de la cláusula tercera del contrato de 19 de julio de 1.985 , debiendo aclarar si dichos gastos están incluidos en la cuota mensual ordinaria de la Comunidad o en derrama extraordinaria.- 4º Que, a los efectos de la cláusula tercera , por "gasto normal" se ha de entender los incluidos en la cuota mensual ordinaria de la comunidad; y, por "derrama" los pagos eventuales aprobados para una necesidad concreta no cubierta por la cuota ordinaria, y ello con independencia que sea destinada a la implantación, conservación, reparación o mantenimiento, de obras, bienes, elementos, instalaciones, servicios o suministros existentes en el momento de la fecha del contrato o implantados con posterioridad; siendo indiferente del mismo modo que se refiera a la implantación o no de servicios o suministros de lujo u ostentación.- 5º Que una vez cuantificados los gastos normales de la comunidad anualmente, por la suma de las cuotas ordinarias mensuales, el arrendatario únicamente está obligado a pagar, por concepto de derrama, una cantidad que no supere el 30% de aquella cuantificación anual (entendiendo por ésta el año natural), siendo de cuenta del arrendador, el exceso, independientemente de las diferentes anualidades en que excediéndose de una, sea ejecutado o pagado el importe del gasto que provoca la derrama. A estos efectos, en el caso que existan simultáneamente varios gastos que originen derramas, para la cuantificación correcta se deberá tomar la suma de todas ellas, anualmente consideradas.". Con fecha 26 de septiembre de 2.008, se dictó auto aclaratorio de la anterior sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que ha lugar a aclarar la Sentencia de 12 de septiembre de 2.008 en el sentido expresado en el Fundamento de Derecho Único". SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta Sección. TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO Se aceptan los de la sentencia recurrida PRIMERO.- Por el Juez "a quo" se ha dictado sentencia por la que se ha estimado parcialmente la demanda promovida por Don Jose Antonio contra Don Luis Francisco y Don Bernardino y ha acordado: "1º Que el contrato de arrendamiento que al día de hoy vincula a Jose Antonio y Bernardino ha de regirse por lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera Apartado 1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1.994 , como contrato celebrado a partir del 9 de mayo de 1.985, no siéndole aplicable por pacto expreso lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Ley de 30 de abril de 1.985 sobre medidas de política económica.- 2º.- Que NO ha lugar a declarar que la parte actora no está obligado a pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda arrendada.- 3º Que el arrendador tiene obligación de acreditar debidamente al arrendatario todos y cada uno de los gastos de Comunidad que pretenda repercutir al amparo de la cláusula tercera del contrato de 19 de julio de 1.985 , debiendo aclarar si dichos gastos están incluidos en la cuota mensual ordinaria de la Comunidad o en derrama extraordinaria.- 4º Que, a los efectos de la cláusula tercera , por "gasto normal" se ha de entender los incluidos en la cuota mensual ordinaria de la comunidad; y, por "derrama" los pagos eventuales aprobados para una necesidad concreta no cubierta por la cuota ordinaria, y ello con independencia que sea destinada a la implantación, conservación, reparación o mantenimiento, de obras, bienes, elementos, instalaciones, servicios o suministros existentes en el momento de la fecha del contrato o implantados con posterioridad; siendo indiferente del mismo modo que se refiera a la implantación o no de servicios o suministros de lujo u ostentación.- 5º Que una vez cuantificados los gastos normales de la comunidad anualmente, por la suma de las cuotas ordinarias mensuales, el arrendatario únicamente está obligado a pagar, por concepto de derrama, una cantidad que no supere el 30% de aquella cuantificación anual (entendiendo por ésta el año natural), siendo de cuenta del arrendador, el exceso, independientemente de las diferentes anualidades en que excediéndose de una, sea ejecutado o pagado el importe del gasto que provoca la derrama. A estos efectos, en el caso que existan simultáneamente varios gastos que originen derramas, para la cuantificación correcta se deberá tomar la suma de todas ellas, anualmente consideradas.". Contra dicha resolución sólo se ha alzado la parte actora, por lo que los pedimentos acogidos por la sentencia apelada han pasado por la autoridad de la cosa juzgada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207.4 de la Ley 1/2000, de siete de enero, de Enjuiciamiento Civil , al haber sido consentidos por los demandados a quienes perjudica. El actor solicita que se dicte sentencia por la que se revoque en parte la sentencia apelada y que se dicte otra por la que se acoja íntegramente su demanda, dado que, según considera, el Juzgador de instancia ha incurrido en error al apreciar la prueba practicada, puesto que: 1º.- Respecto del IBI, no procede por ser de aplicación la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos , y no la Segunda, que contempla en su número 10.2 la repercusión del mismo si expresamente se ha pactado. Además de ello, no puede considerarse que el pago efectuado haya sido un acto propio, sino que se ha realizado ad cautelam, 2º.- La sentencia hace una distinción equivocada en cuanto a gasto normal = cuota mensual ordinaria, y derrama = pago eventual para una necesidad concreta, sin que en muchas comunidades se haga tal distinción, por lo que, de acuerdo con lo pactado en el contrato sólo deben incluirse los gastos provocados por el uso, mantenimiento y reparación de bienes, elementos y servicios y suministros existentes a la fecha del contrato u ordenados por la autoridad pública, que son los repercutibles; habiendo dentro de éstos unos ordinarios y otros extraordinarios, siendo estos últimos repercutibles sólo en el 30 por 100 conforme a lo pactado, y 3º.- tampoco lo serían los derivados del pago de intereses de préstamos financieros, gastos de administración del edificio y gastos de seguro, por ser de mera conveniencia del propietario, no necesarios para el mantenimiento de la Comunidad. El recurso ha sido expresamente impugnado de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida por sus propios fundamentos, que estima no desvirtuados por las alegaciones de la parte apelante puesto que, respecto del primer punto, ha quedado acreditado que las partes llegaron a un acuerdo verbal sobre el pago del IBI, y, en cuanto al segundo y el tercero, ya que olvida lo estrictamente pactado en la cláusula tercera del contrato, asumiendo los gastos de la comunidad de propietarios como elemento equilibrador de sus recíprocas prestaciones; lo mismo que sucede con los servicios o suministros creados con posterioridad al contrato, puesto que, a pesar de ser de fecha 19 de julio de 1.985, se pactó la prorroga forzosa para el arrendador, siendo evidente que en el futuro se podrían crear nuevos servicios y suministros, a pesar de lo cual no se excluyeron y, de no ser satisfechos por el arrendatario, se originaría un enriquecimiento injusto y un desequilibrio en las prestaciones, al no contribuir al pago de aquello de lo que disfruta, como el reciente servicio de vigilancia acordado por la comunidad. SEGUNDO.- Centrado los precedentes términos el objeto del recurso, en relación al primer motivo planteado se ha de decir que, en ningún error ha incurrido el Juzgador de instancia al apreciar la prueba practicada; pretendiendo la parte sustituir su criterio, sostenido en lógica defensa de sus particulares intereses, por el más objetivo e imparcial del anterior. Ello es así dado que, no se puede fijar la parte apelante para desvirtuar la valoración conjunta que de la prueba ha realizado el Juez de primer grado en una carta de fecha 14 de marzo de 2007 , cuando ya había surgido la polémica entre ellas por razón de la renta que debía satisfacer; sino que hemos de atenernos, como con acierto efectuó el Juzgador "a quo", entre otras pruebas, a la carta que el demandante remitió al arrendador, de fecha 9 de febrero de 1998 - folios 185 y 186 de los autos- en la que se expresa, en definitiva, que no puede acceder a sus deseos de pagar el IBI de una sola vez, sino que lo efectuará en doce mensualidades. A lo que se ha de añadir, el hecho cierto de haber venido haciendo frente al pago del mismo sin polémica, cuando menos, hasta octubre de 2002; así como por haber reconocido el demandante en el acto del juicio que desde 1998 viene pagando el IBI, sin que, por el contrario haya acreditado que ello haya sido debido a una defectuosa información previa del arrendador; lo que determina que haya de ser rechazado este primer motivo de recurso. TERCERO.- En cuanto al segundo motivo de recurso resaltar que, siempre ha venido haciendo frente al pago de los gastos de comunidad ordinarios, en los que estaba incluido el seguro de la finca y todos aquellos otros necesarios para el mantenimiento de la misma, sin salvedad alguna, excepción hecha de las derramas por obras y demás gastos que se repercutían en el tanto por ciento pactado; habiendo reconocido en el acto del juicio que el administrador "buzoneaba" , es decir, depositaba en el buzón, la información correspondiente a la comunidad de propietarios, relativa a cuentas, convocatorias de las juntas etcétera; contando también la Urbanización con salones sociales, piscinas y zonas ajardinadas de las que disfruta. Lo que no puede pretender ahora el arrendatario es que, trayendo causa su contrato de otro anterior, de fecha 30 de junio de 1.982, tal y como figura en la estipulación segunda del mismo, y habiéndose reconocido expresamente como sometido a la prorroga forzosa del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 , acogerse, según le convenga, a la interpretación que efectúa de su clausulado, según estén o no sometidos a la prorroga forzosa prevista en el mencionado precepto. Es decir, si el arrendatario se obligó a pagar los gastos de la comunidad de propietarios, sin salvedad alguna y con referencia expresa al pago también de las derramas, siempre que éstas no superen el 30 por 100 de los gastos normales de la comunidad considerados en su cómputo anual, de cuyo exceso se hará cargo el arrendador y, además, así lo ha venido haciendo desde la firma del mismo, lo que no puede sostener ahora es que, por estar sometido su contrato a dicha prorroga, se vea excluido, con carácter general, de los gastos que se generan por la prestación de nuevos servicios en la comunidad, como la vigilancia, de la que disfruta; pues, como acertadamente sostiene la parte demandada, se originaria un claro desequilibrio en las prestaciones, por estar obligada ella a consentir la prorroga del contrato hasta que el inquilino tenga por conveniente; amén de haberse comprometido, como se ha dicho, sin salvedad alguna, no sólo al pago de los gastos de comunidad, sino también, hasta el 30 por 100 del gasto ordinario de la comunidad en un año, en concepto de derrama. Pues no cabe olvidar tampoco que se trata de una vivienda en una urbanización en la que se cuenta con club social, piscinas, amplias zonas ajardinadas, etcétera, en claro beneficio del usuario de la vivienda integrada en ella. CUARTO.- Como se desestima el presente recurso, se imponen las costas causadas en esta alzada a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 , al que expresamente nos remite el artículo 398.1, ambos de la Ley 1/2000, de siete de enero, de Enjuiciamiento Civil . Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLAMOS Se desestima el recurso de apelación interpuesto por D. Jose Antonio contra la sentencia dictada el día 12 de septiembre de 2.008 en los autos nº 428/07 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Majadahonda, y, en consecuencia, se confirma la expresada resolución, condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada. Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción procesal, en los supuestos previstos en los artículos 477 y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma Ley , a preparar en el plazo de cinco días ante este mismo órgano jurisdiccional, en los términos y con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J . aprobada por la Ley Orgánica 1/09 de 3 de noviembre . Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.

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