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A quién corresponde pagar la comunidad de propietarios en caso

Pregunta del cliente

A quién corresponde pagar la comunidad de propietarios en caso de divorcio, cuando la propiedad correspon exvlusivamente a mi ex, aún cuando yo viva en el domicilio familiar con mis hijos?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  abogadoalonso escribió hace 4 año.
Estimado cliente, los gastos de comunidad de la vivienda son a cargo de quien la disfrute, salvo pacto en contrario, sin embargo, los gastos de tributos e hipoteca corresponderán a sus propietarios según la cuota

Acepte la respuesta si ha sido de su interés y reciba un cordial saludo
Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Los gastos los debe pagar Ud como se le ha comentado en la respuesta previa

Ruego acepte la respuesta para poder cobrar del sitio

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

Le dejo sentencia que lo aclara

 

AP Madrid, Sec. 24.ª, 1238/2009, de 3 de diciembre Recurso 800/2009. Ponente: MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ. EXTRACTOS El cónyuge que ocupa la vivienda familiar, tras el divorcio, está obligado a soportar las cuotas ordinarias mensuales de la Comunidad por tratarse de gastos comunes que le benefician directamente como usuario "... es criterio constante de las Secciones de Familia de esta Audiencia, coincidente con el sentir del de otras Audiencias Provinciales, que haga frente por sí y en exclusiva, el ocupante a quien, como progenitor custodio, viene atribuido el uso al amparo del artículo 96 del Código Civil , como único que se beneficia con la utilización, a cuantos gastos ordinarios y comunes origine el empleo de la vivienda familiar, desembolsos entre los que se incluyen las cuotas mensuales ordinarias de comunidad de propietarios, en cuanto derivan y son propias del mantenimiento y conservación (no así las derramas, cargas y tributos que afecten directamente al derecho de propiedad), siendo dicho usuario del inmueble el final beneficiario de los servicios que se sufragan con cargo a la mensualidad, superando la aplicación mera y automática de la vigente Ley de Propiedad Horizontal, y en la perspectiva del contenido de los artículos 491 a 512 y 523 a 529, así como concordantes, todos ellos del Código Civil, donde se regulan las obligaciones del usufructuario, así como el uso y la habitación. En este sentido se puede mencionar la sentencia de esta misma Sala, de 12 de marzo de 2.008 , en la que se expresa: "Cierto es que, conforme declara el Tribunal Supremo (vid Sentencias de 25 de mayo de 2.005 y 1 y 20 de junio de 2.006 ), el artículo 9-5º de la Ley de Propiedad Horizontal, de 1.960, al igual que el 9º.1 f de la vigente de 1.999, impone al propietario, de una forma clara e inequívoca, el pago de los gastos de comunidad, lo que, en dichas resoluciones, conduce a considerar que el abono de los mismos realizado por uno solo de los cónyuges cotitulares de inmueble, al que, en la litis matrimonial, se le atribuyó su uso, constituye un crédito de este contra la sociedad de gananciales en liquidación. No podemos, sin embargo, olvidar que las cuotas ordinarias de comunidad tienen por objeto cubrir económicamente una serie de servicios, tales como los de portería, limpieza, luz o, en general, mantenimiento de zonas comunes que, en supuestos como el presente, tan solo benefician de modo directo y personal a uno de los cotitulares, esto es aquel que ostenta el derecho exclusivo y excluyente de uso. En lógica y justa correspondencia, según viene de modo reiterado manteniendo esta Sala, ha de recaer sobre el beneficiario de tales servicios el gasto inherente a la ocupación del inmueble, en cuanto originado por quienes moren en el mismo, redundando en su exclusivo beneficio ..." ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada. SEGUNDO.- Que en fecha de 29 de septiembre de 2008, por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Majadahonda, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " SE ESTIMA PARCIALMENTE la demanda presentada a instancia de Dñª. María Antonieta , representada por el procurador Sr. Muñoz Nieto y en la que es parte demandada D. Plácido , representado por el procurador Sr. De Benito Martín y se DECLARA el DIVORCIO de las partes al haber transcurrido el tiempo legal, con todos los efectos legales. Se mantienen como MEDIDAS, las acordadas en el Auto de 14 de Noviembre de 2007 , en todo lo que no se oponga a la presente resolución. Las cargas inherentes a la propiedad serán del 50%; si las abona el padre serán por cuenta de su derecho de propiedad, sin perjuicio de que liquiden el bien y garanticen al menor un hogar digno y de acuerdo con sus posibilidades. La pensión de alimentos del menor se mantiene, sitien los gastos extraordinarios serán al 50%. La pensión compensatoria, de 350 E. tendrá un plazo de caducidad de un año. Las visitas intersemanales podrán ser alteradas si se comunican a la madre al menor con 48 h. de antelación y se ejercen dentro de los dos días hábiles siguientes al prefijado. Si hay acuerdo entre las partes, prevalecerá éste. No se hará pronunciamiento en costas. Firme que sea la presente, líbrese exhorto al Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio de las partes a los efectos de dejar constancia de este hecho.". TERCERO.- Notificada la mencionada sentencia a las partes, contra la misma se interpuso Recurso de Apelación por la representación de Dª. María Antonieta , mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2008, en base a las alegaciones contenidas en el mismo, que en aras a la brevedad damos aquí por reproducido. CUARTO.- Asimismo por la representación procesal de D. Plácido , se interpuso recurso de apelación contra la citada resolución por las razones expresadas en su escrito de fecha 23 de diciembre de 2008 al que nos remitimos. QUINTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado y cumplido las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Los dos litigantes en proceso de divorcio, interponen recurso de apelación frente a la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2.008 , concluyendo la representación procesal de Dª. María Antonieta , el suplico de su escrito de 2 de enero de 2.009, con las siguientes pretensiones: 1.- Eliminar la limitación temporal del derecho de uso de la vivienda familiar a favor de la hija común y la esposa bajo cuya custodia queda, establecido en la sentencia de instancia hasta el momento de la liquidación de gananciales, el cual debe extenderse hasta el momento de la independencia económica de la menor. 2.- Fijar una pensión alimenticia favor de la hija común y a cargo del padre de mil trescientos euros mensuales (1.300,00 €), pagaderos en los primeros cinco días de cada mes y que deberá ser actualizada anualmente conforme a las variaciones que experimente el Indice de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo que pudiera sustituirle en el futuro, previsión actualizadora obviada en la sentencia de instancia. 3.- Establecer la obligación del Sr. Plácido de abonar la totalidad del préstamo hipotecario, seguro e impuestos que gravan la propiedad de la vivienda familiar hasta el momento en que la Sra. María Antonieta disponga de un empleo que le permita abonar los gastos por su cuota de propiedad, declarando que la disolución de la sociedad de gananciales se produce con la sentencia firme de divorcio y por ello que los pagos efectuados hasta ese momento son de carácter ganancial, sin generar crédito a favor de ninguno de los litigantes. 4.- Declarar el derecho de la esposa a pensión compensatoria de manera indefinida por importe de 350,00 € mensuales con la misma actualización y obligación de pago de la pensión alimenticia. 5.- Atribuir a la esposa el derecho de uso del vehículo marca Mazda MX3. 6.- Declarar la obligación del Sr. Plácido de solicitar de la compañía para la que trabaja los billetes de familiares para la hija común y la esposa, cuando ésta se los solicite. Por su parte, la representación procesal de Dº. Plácido , solicita de la Sala se reduzca la cuantía de la pensión de alimentos a favor de la hija común menor de edad, desde 800 € al mes, a 500 o 600 € mensuales a su cargo, se suprima la pensión compensatoria por desequilibrio reconocida a la esposa, y, finalmente, se vincule a la ocupante al pago de las cuotas de comunidad de propietarios de la vivienda familiar de carácter ganancial, cuyo uso viene atribuido a la hija común menor de edad, y a su progenitora femenina como custodio, todo con imposición de las costas de la alzada a la adversa. SEGUNDO.- Como se ha visto, la cuantía de la pensión alimenticia establecida en beneficio de la hija de los litigantes, menor de edad, es un motivo común de recurso. En este punto, la Sala a la vista de los antecedentes obrantes en autos, atendido el resultado de la prueba practicada y tras un examen detallado de las actuaciones, considera atendible la pretensión del recurrente, y estima el importe de pensión alimenticia por el ofrecida, de 600 € al mes a su cargo, abonables y a actualizar en la forma fijada en la instancia, más ponderada a las circunstancias concurrentes que la fijada por la Juez "a quo" y que la reclamada por la contraparte, como más proporcionada a la capacidad económica del obligado y necesidades de la alimentista, ello de conformidad con la doctrina legal y jurisprudencial en la materia, reiterada en señalar: "Que para la fijación de la pensión de alimentos a favor de los hijos en supuestos de crisis matrimoniales deben tenerse en cuenta los ingresos de cada uno de los litigantes, los cuales permitirán fijar la proporcionalidad"; y en atención a lo dispuesto en los artículos 142, 144, 146 y 147 del Código Civil , la cuantía de los alimentos tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quién los da y a las necesidades de quién los recibe"; normativa que no suscita ningún problema teórico de interpretación y alcance, sino que implica solamente una cuestión de hecho consistente en determinar de una manera efectiva y real esa proporcionalidad con los medios de uno y las necesidades del otro (vid: S.S.T.S. de 14 de Febrero de 1976 y 5 de Noviembre de 1983 ); cuantía de la deuda alimenticia que será fijada según el prudente arbitrio del órgano de instancia y cuyo criterio solo puede evitarse cuando se demuestre que se desconocieron notoriamente las bases de proporcionalidad indicadas. En efecto, por lo que a las necesidades de la hija común, María Antonieta , respecta, hoy de 5 años de edad, como nacida a 6 de julio de 2004, hemos de entender estas en los términos del artículo 142 del Código Civil , a cuyo tenor: Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Conforme a dicho precepto, las necesidades que nos ocupan no resultan por ningún motivo superiores a las de cualquier persona de su misma edad, pues no trasluce ninguna razón para ello, médica por ejemplo, no viniendo en autos acreditados otros gastos exclusivos de la niña que los de escolaridad, al mes, por diez mensualidades, de 130 €, por transporte 109,80, y 131 € de comedor escolar (recibo de 2 de octubre de 2.007, según resulta de extracto bancario del día 31 del mismo mes y año), y que probablemente se haya reducido en la actualidad, al constar solicitada para el siguiente curso escolar, plaza para esta niña en centro educativo sostenido con fondos públicos. En consecuencia, la totalidad de estos costes vienen englobados en la aportación paterna, comprendiendo esta también en la debida proporción, y en atención al concepto de alimentos visto, los derivados del alojamiento en un sentido más amplio, que comprendería el importe del mantenimiento de la vivienda que se ocupa, así como energías consumibles o suministros, los diversos del hogar a su prorrata y en promedio, en función del número de moradores, desembolsos a los que se habrían de añadir los propios de alimentación, calzado, ocio, vestido, o médico farmacéuticos, conforme al estatus de la familia, del que ha de hacerse participe a la hija, si bien procurando no descienda notoriamente su nivel de vida, si teniendo en consideración la situación de patología matrimonial en la que nos encontramos, que en la generalidad de las familias impone un descenso de la disponibilidad económica de cada miembro de la misma. Resulta así modulada la aportación económica del padre que fijamos, como proporcionada a las necesidades vistas, próxima, por cierto, al salario mínimo interprofesional vigente para este año, considerándose inadecuada por exceso la de 800 € al mes que se fijo en la instancia, que no obedece a necesidades de María Antonieta , y a todas luces desorbitada la de 1.300 € al mes que insta la madre, sin justificar en modo alguno sea imprescindible a esta niña dicho desembolso mensual, que no impone las necesidades, techo ultimo de las pensiones alimenticias. No cabe duda de que esta cantidad puede ser sufragada por el padre sin entrar en colisión con el sustento propio, y sin grandes sacrificios, es evidente que se lo permiten sus ingresos, al ser la que el mismo ofrece, el mero hecho de que pudiera abonar un importe superior, no nos determina sin más a la fijación de cantidades más elevadas de contribución, pues, reiteramos, ello no viene justificado en las necesidades de esta niña, que no son tantas como la madre pretende hacernos ver. Finalmente, la progenitora femenina, deberá igual que el padre, contribuir de manera efectiva a los alimentos de su hija, incluso si ello es preciso, trabajando, dando así cumplimiento al derecho deber que a todo español impone el artículo 35 de la Constitución Española, dado que se encuentra en plena edad laboral y disfruta de total capacidad para el trabajo, así como de tiempo disponible para ello, pues para la niña se recurre a los servicios de comedor escolar, luego puede suplir cualquier carencia, si es que la hubiera, que dejara al descubierto la contribución del padre, cuando tal obligación proporcional de contribuir, al ser dos los obligados, le viene impuesta por lo dispuesto en los artículos, entre otros, 110, 143 y siguientes, y 154, todos ellos del Código Civil , de aplicación al supuesto de autos. Por lo expuesto, procede estimar parcialmente el recurso, con revocación en este punto de la sentencia de instancia. TERCERO.- Es otro motivo común de recurso el relativo a la pensión compensatoria por desequilibrio reconocido a favor de la esposa al amparo del artículo 97 del Código Civil . En la resolución disentida se establece en tal concepto un importe de 350 € al mes por el periodo de un año. Pretende Dª. María Antonieta la supresión del límite temporal al beneficio, al tiempo que Dº. Plácido , postula se declare no haber lugar a pensión compensatoria por inexistencia de desequilibrio. En atención a las concretas circunstancias concurrentes, ha de anticiparse la procedencia de desestimar ambos motivos de recurso, con confirmación en este aspecto de la sentencia apelada, que es correcta, como conforme al ordenamiento jurídico y al criterio reiterado que en la materia se viene siguiendo en esta Sala, sin que sus razonamientos se desvirtúen en la alzada, donde no se acredita error en la valoración del material probatorio obrante en autos, o de aplicación o interpretación de la norma en vigor. Es evidente en este caso el desequilibrio que a la esposa ha generado la ruptura de su matrimonio, dado el apartamiento efectivo del mundo laboral constante el mismo, por razón de la dedicación a la familia y a la hija común de los litigantes, lo que determina la desestimación del recurso deducido por el esposo. No obstante ello, es lo cierto que la escasa duración del matrimonio y de la convivencia, que no ha llegado siquiera a los 6 años, o la verdadera dedicación a la prole, cuando solo hay una hija común, para la que, por cierto, y como ya se ha dicho, se emplean los servicios de comedor escolar y transporte, no determinan un derecho a pensión compensatoria indefinido o de mayor duración a la que se fija en la instancia, en las condiciones que concurren en Dª. María Antonieta , en situación de plenitud, tanto por edad laboral, como por juventud y estado de salud, al no venirle reconocida discapacidad ni minusvalía, ni padecer enfermedad invalidante, contando además con titulacion superior, figurando colegiada, aún no ejerciente, y siendo conocedora del mundo laboral. Por todo ello, en el plazo de un año, de mostrar el esfuerzo y adecuada actitud al respecto, se habrá adaptado a las actuales circunstancias del mercado y sector, lo que la permitirá atender con autonomía y dignidad el propio sustento, sin necesidad de contribución del ex marido, con quien ya no la une vínculo alguno. Así, en dicho periodo temporal, se habrá enjugado totalmente el efectivo desequilibrio que reconocemos, si esto no fuera así, y tras repetido año persistieran aún diferencias entre los ex consortes, estas ya no serían debidas al matrimonio, a la familia, a la necesidad de dedicación a la hija, al marido o a la quiebra o ruptura, sino a factores ajenos a estos, como la aludida falta de esfuerzo o dedicación en el trabajo, o las específicas características del mercado laboral, o del sector seleccionado para desempeñarlo, o al azar o suerte personal, a título de ejemplo. Una mayor extensión temporal de la pensión compensatoria en este caso, no obedecería a las previsiones que se contemplan en el artículo 97 del Código Civil , en cuanto el destino de este beneficio, no es otro que colocar al consorte desfavorecido con la quiebra del matrimonio, en igual situación frente al empleo en que se encontraba antes de contraerlo, situación en la que se encontrará la apelante en el tiempo dicho de un año, recordando que, conforme reiterada doctrina jurisprudencial, la pensión compensatoria no es de automática concesión a la separación o al divorcio, ni un mecanismo igualatorio de economías dispares, ni un derecho absoluto, vitalicio e indefinido o incondicional, siendo su finalidad evitar, en la medida relativa que se infiere de las medidas cuantificadoras que tal precepto contempla, que la separación o la disolución por divorcio, del matrimonio, origine a uno de los consortes una situación de desequilibrio que se reputa injusto, en méritos a la concurrencia de dos índices condicionantes comparativos, uno temporal en su naturaleza, pues el que postula tal derecho ha de estar en posición de inferioridad económica respecto de la que disfrutaba antes en el matrimonio, y de carácter personal la otra, cuando además es imprescindible que la posición económica del beneficiario en potencia, sea de inferior nivel a la del otro consorte, debiendo influir ambos condicionamientos, y sin que pueda bastar uno solo para el nacimiento del derecho regulado en el respectivo precepto; condicionantes o presupuestos que no pueden presumirse, por cuanto los mismos han de quedar sometidos a la doctrina general del onus probandi, sin alteración ni privilegio alguno (artº. 217 de la L.E.Civil, anterior 1214 del C.Civil). Es a todas luces razonable la limitación temporal que establece la Juez "a quo", conforme al criterio seguido por esta Sala, en la misma línea de las modernas orientaciones del Tribunal Supremo, sentencia de la Sala 1ª de 10 de febrero de 2.005, recaída en el recurso 1876/202 , en la que se expresa por dicho alto Tribunal: ".- La regulación del Código Civil, introducida por la Ley 30/1981, de 7 de julio , regula la pensión compensatoria con características propias -"sui generis"-. Se quiere decir que está notoriamente alejada de la prestación alimenticia -que atiende al concepto de necesidad-, pero ello no supone caer en la órbita puramente indemnizatoria, que podría acaso suponer el vacío de los arts. 100 y 101 , ni en la puramente compensatoria que podría conducir a ideas próximas a la "perpetuatio" de un "modus vivendi", o a un derecho de nivelación de patrimonios. Como consecuencia de ello procede decir, además de que no resulta excluida por el art. 97 CC -el que no la recoja no significa que la prohíba-, que la pensión temporal no afecta a la regulación de los arts. 99, 100 y 101 CC , y nada obsta a que, habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada." En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las separaciones y los divorcios tienen una incidencia negativa en la economía de ambos cónyuges y es imposible equilibrar aritméticamente la situación de uno y otro con la tenida en periodo de convivencia, por ello, la mayoría de la doctrina al hilo de lo que antecede afirma que el reequilibrio no tiene que suponer una igualdad entre los patrimonios de los dos, sino hallarse cada uno de ellos de forma autónoma en la posición económica que le corresponde según sus propias actitudes y capacidades para generar recursos económicos. Por todo lo expuesto, han de ser desestimados los motivos de recurso de uno y otro litigante en esta materia de pensión compensatoria, con confirmación anunciada en este punto de la sentencia de instancia. CUARTO.- Se contrae el primero de los motivos de recurso de Dª. María Antonieta , a la pretensión de que se suprima el límite temporal establecido al momento de la liquidación de la sociedad legal de gananciales, a la atribución del uso de la vivienda familiar a favor de la hija común y la progenitora custodio. Este motivo de recurso no puede prosperar. En primer lugar, con la liquidación de la sociedad legal de gananciales se extingue la atribución de uso, que se efectúa, siempre con carácter temporal, al amparo del artículo 96 del Código Civil , al momento de la crisis de la pareja, a fines de mero asentamiento, con destino a la ocupación, y en base a presunciones de interés necesitado de mayor protección. En segundo lugar, por su preparación, es factible a la esposa acceder a ingresos que le permitan adquirir la exclusiva titularidad de la vivienda familiar, indemnizando en su parte al ex marido, caso este en que solo de ella dependería mantener a la menor en el uso, ocupación que no puede interferir en la liquidación de la sociedad ganancial, máxime cuando a cada uno de los litigantes le resulta sacrificado atender y sufragar los costes del inmueble. Es además ahora excesivo este para dar cobertura a la propia necesidad de vivienda del núcleo monoparental conformado por la niña y su madre, dadas las características del mismo, y es factible que con el producto de la venta, ambas partes puedan adquirir una vivienda para cada uno, si bien de inferior cabida, igualmente digna para dar cobertura a la propia necesidad de ella, lo que, por otra parte, no es preceptivo hacer en una en propiedad, pues puede llevarse a cabo también en régimen de alquiler. QUINTO.- Interesa Dª. María Antonieta se vincule al Sr. Plácido a abonar la totalidad del préstamo hipotecario, seguros e impuestos que gravan la propiedad de la vivienda familiar, hasta tanto la recurrente a quien nos venimos refiriendo acceda a un empleo que se lo permita. Esta pretensión ha de correr igual suerte desestimatoria que la anterior, toda vez que, ostentando una y otra parte por igual la titularidad del inmueble, no hay razón alguna que justifique se anticipen cuotas por el esposo, en mayor o menor periodo de tiempo, cuando es bien previsible y altamente probable que Dª. María Antonieta acceda a un empleo en plazo breve, si muestra el comportamiento que indicamos, para lo que dispone de tiempo libre suficiente, sin que pueda dejarse a su voluntad el momento en que comience a contribuir ella misma al levantamiento de cargas. Añade en el escrito de recurso, al formular este motivo, la petición de que se declare que la disolución de la sociedad legal de gananciales se produce con la sentencia firme de divorcio, y por ello los pagos efectuados hasta ese momento son de carácter ganancial, sin generar crédito a favor de ninguno de los litigantes. Esta solicitud a ningún pronunciamiento nos determina, toda vez que es un pedimento absolutamente impropio del proceso de divorcio en el que nos encontramos, a formular en el correspondiente de liquidación de la sociedad legal de gananciales. A mayor abundamiento, se deduce extemporáneamente en momento en mucho posterior al en que quedo la litis trabada, yéndose contra los propios actos y variando el objeto del proceso, contraviniendo el contenido del artículo 412 de la L.E.Civil , en cuya virtud se prohíbe el cambio de demanda y se establecen las modificaciones admisibles, proscribiendo la mutatio libelli, al expresar en su número primero que establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente. SEXTO.- Dos motivos finales de recurso de la representación procesal de Dª. María Antonieta , van referidos a la atribución del uso de un turismo de carácter ganancial, el Mazda MX3 concretamente, y a la petición de que se declare la obligación del progenitor masculino, de solicitar de la empresa para la que presta sus servicios, billetes de familiares para la hija común y la esposa, cuando esta los solicite. Ninguno de estos dos motivos puede obtener favorable acogida, al carecer de toda apoyatura legal, base fáctica o jurisprudencial, siendo cuestiones exorbitantes al derecho de familia, que no ampara este tipo de pronunciamientos. A mayor abundamiento, por lo que respecta al uso del vehículo, la única atribución que el Código contempla, es la del domicilio familiar, en su artículo 96 , debiendo estarse por ende a resultas de la liquidación de la sociedad legal de gananciales. Otra cosa hubiera sido la administración de repetido vehículo, más ello no integra petición de ninguna de las partes litigantes, de donde se ha de respetar el principio dispositivo, así como el de rogación e igualdad de armas en el proceso, pero es más, aún cuando se hubiera solicitado esta administración, no existe una completa identificación entre dicha facultad y el uso que se pretende, máxime cuando no se advierte en el presente caso razón alguna para asignar en exclusiva la administración de cualquier bien a uno solo de los consortes, aquí ambos condóminos del automóvil en cuestión. SÉPTIMO.- Resta por examinar el final motivo de recurso articulado por la representación procesal de Dº. Plácido . Entiende la Juez "a quo" que ambos litigantes, como titulares registrales, están obligados al abono por mitad de las cuotas de comunidad de propietarios de la vivienda familiar, de carácter ganancial, atribuida en su uso, como se ha dicho, a la hija común menor de edad y a la progenitora a quien se confía la guarda. Esta Sala no comparte el criterio decisorio de la instancia. Quiere precisarse que es criterio constante de las Secciones de Familia de esta Audiencia, coincidente con el sentir del de otras Audiencias Provinciales, que haga frente por sí y en exclusiva, el ocupante a quien, como progenitor custodio, viene atribuido el uso al amparo del artículo 96 del Código Civil , como único que se beneficia con la utilización, a cuantos gastos ordinarios y comunes origine el empleo de la vivienda familiar, desembolsos entre los que se incluyen las cuotas mensuales ordinarias de comunidad de propietarios, en cuanto derivan y son propias del mantenimiento y conservación (no así las derramas, cargas y tributos que afecten directamente al derecho de propiedad), siendo dicho usuario del inmueble el final beneficiario de los servicios que se sufragan con cargo a la mensualidad, superando la aplicación mera y automática de la vigente Ley de Propiedad Horizontal, y en la perspectiva del contenido de los artículos 491 a 512 y 523 a 529, así como concordantes, todos ellos del Código Civil, donde se regulan las obligaciones del usufructuario, así como el uso y la habitación. En este sentido se puede mencionar la sentencia de esta misma Sala, de 12 de marzo de 2.008 , en la que se expresa: "Cierto es que, conforme declara el Tribunal Supremo (vid Sentencias de 25 de mayo de 2.005 y 1 y 20 de junio de 2.006 ), el artículo 9-5º de la Ley de Propiedad Horizontal, de 1.960, al igual que el 9º.1 f de la vigente de 1.999, impone al propietario, de una forma clara e inequívoca, el pago de los gastos de comunidad, lo que, en dichas resoluciones, conduce a considerar que el abono de los mismos realizado por uno solo de los cónyuges cotitulares de inmueble, al que, en la litis matrimonial, se le atribuyó su uso, constituye un crédito de este contra la sociedad de gananciales en liquidación. No podemos, sin embargo, olvidar que las cuotas ordinarias de comunidad tienen por objeto cubrir económicamente una serie de servicios, tales como los de portería, limpieza, luz o, en general, mantenimiento de zonas comunes que, en supuestos como el presente, tan solo benefician de modo directo y personal a uno de los cotitulares, esto es aquel que ostenta el derecho exclusivo y excluyente de uso. En lógica y justa correspondencia, según viene de modo reiterado manteniendo esta Sala, ha de recaer sobre el beneficiario de tales servicios el gasto inherente a la ocupación del inmueble, en cuanto originado por quienes moren en el mismo, redundando en su exclusivo beneficio. Así, dentro de la regulación del derecho de uso y habitación, figuras que guardan evidente similitud con la del artículo 96 del Código Civil , el artículo 500, por la remisión genérica efectuada en el 528 , previene que el usufructuario (en este caso el usuario) está obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo; y se añade que se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros o desperfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean indispensables para su conservación. Obvio es que si uno solo de los cónyuges está percibiendo una utilidad económica derivada del derecho de uso, que le otorga la posesión del inmueble a los fines de cubrir en el mismo sus necesidades cotidianas de alojamiento, ha de entenderse que las cuotas de comunidad forman parte de los gastos que derivan del mantenimiento y uso del inmueble que dicho consorte, con exclusión del otro, hace del mismo y de sus instalaciones comunes, por lo que no parece forzado incluir aquellos gastos dentro de las obligaciones que incumben al usuario, bajo la cobertura del artículo 504, en relación con el 500 , dentro del concepto de contribuciones que recaigan sobre los frutos o utilidades." En consecuencia, procede la estimación de este motivo de recurso, con parcial revocación en este aspecto, de la resolución de instancia. OCTAVO.- Al ser estimado parcialmente el recurso de Dº. Plácido , no ha lugar a condenar a ninguno de los litigantes al pago de las costas de la alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 de la L.E.Civil . Vistos, además de los citados, los artículos de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que, DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Dª. María Antonieta , representada por la Procuradora Dª. PILAR PEREZ CALVO y ESTIMANDO parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D. Plácido representado por el Procurador D. JUAN MANUEL CALOTO CARPINTERO, contra la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2008, del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Majadahonda , en autos de Divorcio número 363/08; debemos REVOCAR y REVOCAMOS también en parte la expresa resolución ACORDANDO: 1º.- Se fija en 600 € mensuales, la cuantía de pensión alimenticia a cargo del padre y a favor de la hija común, abonables y a actualizar en la forma acordada en la instancia. 2º.- Las cuotas ordinarias de comunidad de propietarios de la vivienda familiar, deberán ser abonadas por Dª. María Antonieta , por quien se viene ocupando, siendo por mitad las derramas, el I.B.I., hipoteca y cualesquiera otras cargas o tributos inherentes al derecho de propiedad. Se confirma en lo restante la sentencia apelada, todo ello sin condenar a ninguno de los litigantes al pago de las costas de la alzada. Notifíquese la presente resolución, conforme a lo dispuesto en la L.O.P.J. con expresión de sus derechos a las partes. Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Experto:  DiegoAbogado escribió hace 4 año.

Buenos días,

Si la vivienda familiar es titularidad exclusiva de uno de los cónyuges, corresponde a este el abono de los gastos de comunidad de propietarios. Muchas resoluciones judiciales han establecido que debe ser el titular registral quien debe haerse cargo de ese gasto.


Así lo ha dicho el Tribunal Supremo:

"sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2005 cuando, entre otros, extremos afirma que "según el artículo 9.5 (actual 9.1.e)) de la Ley de Propiedad Horizontal , la contribución al pago de los gastos generales constituye una obligación impuesta no a los usuarios de un inmueble, sino a sus propietarios".


Si a usted le reclaman cantidades por ese concepto y le condenan a abonarlas podría entablar el correspondiente recurso ante el órgano judicial superior.


Le dejo extracto de sentencia 169/2010 de la Audiencia Provincial de Málaga que así lo entiende:


"SEXTO


Por último, en relación con los gastos derivados del uso y disfrute de la vivienda que fuera hogar conyugal y familiar, se viene resolviendo por este tribunal "ad quem" que si bien por algún sector de la jurisprudencia menor, sin establecer distinción en la naturaleza ganancial o privativa del inmueble, al dictado de alguna de las resoluciones a que se refieren los artículos 91 y 103 del Código Civil, en relación con el 453 del mismo Cuerpo legal, acerca de la atribución del uso y disfrute de la vivienda conyugal , resuelve que sea el cónyuge ocupante al que corresponde abonar los gastos comunitarios, pues lo contrario supondría un enriquecimiento injusto a favor del ocupante -SS. de las Audiencias Provinciales de Asturias (Sección 5ª) de 31 de enero de 2006, de Toledo (Sección 2ª) de 16 de diciembre de 2005 y de Santa Cruz de Tenerife (Sección 3ª) de 24 de noviembre de 2006 -, no ésta la línea que se sigue por este tribunal, habida cuenta que si el inmueble tuviera naturaleza ganancial, conforme a lo prevenido en los artículos 1362.2 y 1385.2 del Código Civil , de ello surge la obligación de soportar la carga de abonar los controvertidos gastos comunitarios, sin que el cónyuge usuario exclusivamente pueda convertirse frente a la Comunidad de Propietarios en responsable del pago a que se refiere el artículo 9.1.e) de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal , dado que en el marco de esta normativa legal especial la obligación recae sobre el "propietario", de manera que si el abono lo efectuara el usuario, su licitud podría derivar de la norma contenida en el artículo 1158 del Código Civil referido al pago por tercero , de manera que si no lo hiciera, la Comunidad de Propietarios habría de dirigir su reclamación contra quien aparezca como propietario, por lo que procede, en su consecuencia, que la obligación debatida recaiga sobre quienes son titulares registrales, a la sazón el matrimonio, encontrando esta conclusión cobertura en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2005 cuando, entre otros, extremos afirma que "según el artículo 9.5 (actual 9.1.e)) de la Ley de Propiedad Horizontal , la contribución al pago de los gastos generales constituye una obligación impuesta no a los usuarios de un inmueble, sino a sus propietarios, y, además, su cumplimiento incumbe a éstos no sólo por la utilización de sus servicios sino también para la atención de su adecuado sostenimiento -se estima porque la participación en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una de las obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la conservación de los bienes y servicios comunes no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos, sin distinción entre los comunes por naturaleza y por destino, que sean necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble, de manera que la no utilización de un elemento común no exime del pago de los gastos generados en su mantenimiento, salvo acuerdo de la Junta, determinación en el título constitutivo o en los propios Estatutos", de lo que se extrae como exégesis que sean los titulares dominicales de la vivienda atribuida en uso a la esposa los que abonen al 50% no solamente los gastos de comunidad , sino también, por idénticas razones, los gastos de IBI, corriendo a cargo de la usuaria los restantes derivados de su utilización (suministros de luz, gas, teléfono, etc.), procediendo la revocación de la sentencia en este apartado".

Experto:  Abogado3044 escribió hace 4 año.

En absoluto es asi en caso de divorcio o separacion, debiendo ser el conyugue custodioo quien usa el inmueble quien pague los gastos ordinarios de uso, con independencia de la titularidad del mismo

 

La doctrina mayoritaria considera que los gastos derivados de la utilización del inmueble, como pueden ser agua, luz y los gastos de la comunidad, serán asumidos por aquel de los cónyuges que tenga atribuido el uso de la vivienda conyugal.

Son numerosas las sentencias que se pronuncian en este sentido. Ejemplo de ello es la SAP Madrid, Sección 24.ª, 365/2006, de 23 de marzo (SP/SENT/88388), al establecer que las cuotas de la Comunidad de Propietarios serán abonadas por el cónyuge que se queda en el uso de la vivienda familiar y no formarán parte del pasivo ganancial.
En este mismo sentido, se pronuncian las Sentencias dictadas por la AP Lleida, Sección 1.ª, 65/2005, de 26 de septiembre (SP/SENT/80617) y AP Asturias, Sección 7.ª, 507/2003, de 9 de septiembre (SP/SENT/64559), donde se dispone que el impuesto que grava la propiedad lo abonarán ambos cónyuges mientras que los gastos de la Comunidad de Propietarios los deberá pagar el que tenga atribuido el uso.

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